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Etiqueta: expansión piñera

FECON: Investigación de la UCR en la Zona Norte evidencia expansión piñera descontrolada y sus impactos socioambientales

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  • Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
  • Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada

La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.

El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”

Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada3

Enviado por Presidencia FECON.

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La piña que se importa de Costa Rica está siendo denunciada por su impacto ambiental, social y económico en los territorios

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La piña costarricense esconde una serie de impactos que van desde la destrucción del bosque tropical a la violencia machista y laboral. La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica llegando a ocupar alrededor de 60 mil hectáreas. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen. Tanto así que se ha formado un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera la cual lleva 10 años trabajando el tema.

Uno de los casos más preocupantes presentados por casos de contaminación de agua se dio en comunidades como El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia del cantón de Siquirres, comunidades que son abastecidas por tres organizaciones comunitarias de acueductos (ASADAS) encargadas de abastecer de agua a 1.751 abonados, de fuentes provenientes de las cuencas de los ríos Peje y Destierro, afluentes del río Parismina. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) desde el año 2003 documentó la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas por el uso de bromacil y diurón y el fungicida triadimedón. Estas poblaciones reciben una cantidad reducida de agua potable semanalmente por porte de la institución nacional de Acueductos y Alcantarillados en una cisterna.

¿Sabemos cuánto le cuesta al país la actividad piñera? Lamentablemente es necesario investigar mucho más para responder esta pregunta con exactitud. Pero ya tenemos datos suficientes para decir, en lenguaje económico, cuánto cuesta aproximadamente al país producir piña. Importante mencionar que estos cálculos son realizados a partir de un escenario deseado donde las empresas piñeras tendrían que cumplir la ley nacional vigente, nada más.

Mediante la metodología de Análisis de Escenarios Objetivo (TSA por sus siglas en ingles) el Programa de Naciones Unidas para Pequeñas Donaciones (PNUD) en 2016 estimó los costos generados por los impactos sociales y ambientales de la actividad piñera en el país. Este documento es necesario complementarlo con otra investigación reciente generada por el mismo PNUD titulada: “Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo del Paisajes Productivo” (MOCUP) donde demuestra mediante Sistemas de Información Geográfica que la pérdida de bosque por deforestación ilegal por parte de la industria piñera acede a 5.568 hectáreas. Esto en uno país en el que los bosques tienen un valor cultural y económico importante.

Según el TSA los costos asociados a la actividad que no pagan las empresas piñeras (externalidades) contemplan cuatro aspectos: perdida de cobertura forestal, perdida de bosque y biodiversidad, pérdida de calidad de agua y erosión se suelos.

 

  1. La pérdida de cobertura forestal se estima en 10 millones de euros por año
  2. La pérdida de bosque y biodiversidad suma un total de 12 millones de euros por pérdida de biodiversidad
  3. La pérdida de calidad de agua se ha registrado para este aspecto de 8 millones de euros al año
  4. Erosión de suelo llega a 1 millón de euros por año

 

Además de estas afectaciones ambientales, la mala gestión de los desechos de la piña ha afectado y sigue afectando a pequeñas familias ganaderas que tienen sus fincas en las cercanías ya que se genera una mosca que ataca fuertemente al ganado, disminuyendo su producción de leche, generando debilidad y hasta muerte. Esta situación ha obligado a varias familias a tener que vender sus tierras a las mismas compañías piñeras que siguen expandiéndose. En lugares donde se producían granos básicos y ganado para los mercados nacionales y locales, se está substituyendo por piña.

La mano de obra contratada en zonas fronterizas es mayoritariamente extranjera y bajo contratos temporales, sin pago de la seguridad social, en condiciones de trabajo abusivas y con persecución y despido a quienes se organicen en sindicatos.

Faltan datos aún para cuantificar el impacto sobre salud humana y animal, la explotación laboral y el desplazamiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Organizaciones campesinas, ecologistas y de Economía Social Solidaria se han manifestado las últimas semanas para solicitar una moratoria ante la expansión piñera y controles eficientes del impacto ambiental y social de las piñeras existentes, como una forma casi desesperada ante los impactos que se están viviendo en las comunidades y ante la creciente demanda de piña de Costa Rica en los mercados internacionales. Las personas consumidoras deben de conocer el impacto de la producción de la piña y solidarizarse en las demandas que realizan las organizaciones de la sociedad civil denunciando y generando comunicados de apoyo. Ponemos nuestros contactos por si desean mayor información o expresar su solidaridad mediante cartas de sus organizaciones.

 

-Frente Nacional De Sectores Afectados por la Expansión Piñera

frenasappcr@gmail.com / FB: Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

-Bloque Verde

bloqueverde@gmail.com / FB: Bloque Verde

-Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

ess.redcr@gmail.com / FB: Redess Costa Rica

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Alberto Hernández Porras, COKOMAL S.C. / Comisión Dinamizadora – RedESS.

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Comunidades y ecologistas celebran prohibición del Bromacil

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  • Un logro alcanzado luego de 14 años de pedir la prohibición del bromacil
  • Es necesario sacar otros químicos del país que son incluso aún más contaminantes y peligrosos que el bromacil

 

El decreto 40423-MAG-MINAE-S recién publicado en la Gaceta prohíbe el uso de bromacil en Costa Rica. Hace más de 14 años se supo que este químico contaminaba acueductos comunitarios, razón por la cual las comunidades han protestado y después de un largo camino de lucha se ganó esta importante reivindicación colectiva, que no es la única en la lucha comunitaria en defensa del agua.

Sin duda la prohibición del bromacil es avance importante pero insuficiente para remediar la emergencia ambiental que vive Costa Rica por causa de la expansión piñera.

Celebramos la prohibición del bromacil, pero las comunidades y ecologistas exigimos que esa medida se extienda a otros agrovenenos utilizados en las piñeras como los herbicidas Diuron, Hexazinona y Ametrina que han aparecido en constantes análisis de agua en pozos, nacientes y aguas superficiales (Estado de la Nación, 2012). También se han encontrado en nacientes el Metalaxyl y Triadimefon los cuales son urgentes de regular. Además, estamos preocupados por nematicidas como Etoprofo ligados al cultivo de banano.

En el río Volcán en la Zona Sur estudios entre 2011 y 2013 del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) encontraron la presencia del insecticida diazinón en el aire, usado en el cultivo de piña. Por lo que debería regularse de la misma forma que el bromacil.

Es urgente la prohibición del Paraquat, cuyo uso fue prohibido en sentencia firme de la Corte de la Unión Europea por ser altamente toxico desde julio del 2007 (ver nota de la Corte de Justicia de la UE) a raíz de este fallo donde la transnacional Dole decretó moratoria en todo el mundo con relación al uso del Paraquat en sus operaciones, con una sola excepción: Costa Rica (ver comunicado Dole).

¿Qué es el bromacil y porque se prohíbe? El bromacil es un herbicida para control de malezas permanentes como gramíneas. Es usado en el cultivo de piña al inicio de la siembra en combinación con otros “quemantes”. Estos químicos matan las malezas antes que crezcan. La sustancia presenta una alta capacidad de infiltración o “tránsito” en el agua y ha sido detectada en acuíferos subterráneos. En Europa se ha eliminando el bromacil en la mayoría el uso de este herbicida desde los años 90 por su alto riesgo de contaminar las aguas subterráneas.

Está prohibido en varios países, como Alemania (1993), Belice (1990), Eslovenia (1997) y Suecia (1990), debido a las consecuencias en la salud y el ambiente que puede tener la presencia de este agroquímico en el agua.

En Costa Rica el caso emblemático es el de los acueductos que abastecían a Milano, Cairo, Luisiana y La Francia ubicados en la provincia de Limón. Desde el año 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas utilizados en la actividad piñera en estas comunidades.

Durante 2009 los piñeros intentaron legalizar la contaminación presionando para que se permitiera una concentración de 5 μg/L de Bromacil en al agua potable siguiendo los parámetros la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidas -conocida por sus siglas como EPA-. Pero la realidad es otra, por ejemplo en Buenos Aires de Puntarenas se hay evidencias que señalan existencia de casi cuatro veces más Bromacil en el agua (19,9 μg/L).

En 2008 la lucha de Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) evitó la legalización de la contaminación mediante un reglamento del Ministerio de Salud (a cargo de Maria Luisa Ávila) el cual proponía un máximo de 5 μg/L de agua. (FECON, 20-10-2008).

Incluso en algún momento la CANAPEP querían utilizar máximos mucho mayores, incluso llegaron a decir que se podía permitir hasta 90μg/L de agua, sin embargo, FRENASAPP sostuvo que es un derecho básico de las comunidades y una obligación del Estado vigilar porque el agua no tenga ningún grado de contaminación (FECON, 7-8-2008).

Informes: Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Ver decreto en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/06/05/ALCA124_05_06_2017.pdf

Comunidades y ecologistas celebran prohibicion del Bromacil

Enviado por presidencia FECON.

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Este 5 de junio, defendamos el humedal Terraba Sierpe

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Este 5 de junio defendamos el humedal Terraba Sierpe

En un video difundido en página de Facebook de Bloque Verde, que invita a manifestarnos a favor de la protección del humedal Terraba Sierpe, la escritora y ecologista Ana Cristina Rossi, manifiesta que “en el Pacífico Sur de Costa Rica se encuentra el humedal más grande de Centroamérica, el Humedal Térraba Sierpe, En estos tiempos inciertos de cambio climático los humedales son armas maravillosas para defendernos y para luchar.

Sin embargo, este humedal está siendo amenazado por 500 hectáreas de expansión piñera que lo van a afectar directamente, y estas hectáreas han sido aprobadas sin estudio de impacto ambiental.

Debemos manifestarnos este 5 de junio, Día del Ambiente, para proteger este maravilloso humedal que representa en estos momentos nuestra esperanza de vida.

El 5 de junio a las 12 m.d. en el Parque Nacional para ir a decirle al Presidente, al país a la SETENA, que nuestros humedales son vida, no muerte, que no queremos píña, que queremos agricultura para los costarricenses”.

Vea el video en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/1304893686274792/

5 junio Alto a la expansion pinera

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Tomado de la página de Bloque Verde.

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Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

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La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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Dos acciones de inconstitucionalidad en el Día de las Agricultoras y los Agricultores de Costa Rica

Publicado el . Publicado en Derechos.

En el marco de la marcha contra la expansión piñera de este lunes 15 de mayo de 2017 se interpondrán dos acciones legales contra dos decretos que para personas ecologistas, agricultoras, apicultoras, pueblos indígenas y demás firmantes lesionan la agricultura indígena y campesina en beneficio de grandes compañías y empresarios de la agroindustria.

Los decretos en cuestión son el N°40300 para registro de variedades de semillas y el otro es el decreto N° 40059-MAG-MINAE-S para el registro de agroquímicos.

Sobre las semillas. Al respecto del primero las personas demandantes lo consideran inconstitucional por cuanto entra en contradicción con el Convenio N° 169 de la OIT que vela por los derechos de los pueblos indígenas, ya que existiría una afectación directa sobre los mismos en el tanto se podría estar exigiendo la inscripción de sus variedades locales, tradicionales y criollas en un registro de variedades comerciales como requisito para el ejercicio del intercambio de semillas que por siglos han venido realizando de forma libre. A pesar de esta afectación directa, el Decreto no fue consultado a los pueblos indígenas.

Además, el decreto N°40300 abriría un portillo para que las semillas criollas sean inscritas a nombre de la Oficina Nacional de Semillas, lo que implica perder o violar el derecho de propiedad intelectual colectivo “sui generis” para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Sobre los agroquímicos. En cuanto al decreto N° 40059-MAG-MINAE-S lo demandantes lo consideran inconstitucional porque permite el registro de agroquímicos sin que se realice una evaluación previa en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud. Además, elimina el mecanismo de participación ciudadana que hoy se aplica antes de otorgar un permiso y admite que se presente información sobre la toxicidad de los agroquímicos en inglés, cuando el idioma oficial de nuestro país es el español.

El decreto N° 40059-MAG-MINAE-S es parte de un paquete de tres decretos que el gobierno aprobó en menos de un año para flexibilizar sus registros disminuyendo los controles ambientales y de salud (FECON, 17-1-2017). El primer decreto en ser firmado y publicado fue el Nº 39461-MAG “Registro de Ingrediente activo grado técnico importados al país para la formulación de plaguicidas químicos en formuladoras nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o similares con fines de exportación”.

El segundo es el Decreto N°39995 que legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud. Este reglamento es para los agroquímicos que se registraron en el pasado cuando no habían suficientes estudios científicos disponibles que demostraran que esas sustancias no terminarían en nuestros platos, agua, aire y el ambiente en general. Este fue impugnado en la Sala Constitucional en febrero pasado (FECON, 13-2-2017).

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez, FECON.

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No más piñeras en zona Sur: manifestación el lunes 15 de mayo a las 10 am frente al Museo Nacional

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  • 3000 mil nuevas hectáreas de cultivo de piña afectarían patrimonio arqueológico y Humedal Térraba Sierpe
  • Sospechan que fincas se destinarían a la siembra de piña transgénica

No mas pineras en zona Sur

Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas se manifestarán el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera, frente al Museo Nacional y llegando a MINAE donde se presentará una solicitud de nulidad a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la siembra de piña en Osa (FECON, 21-4-2017).

En la marcha participarán representantes de comunidades del Caribe, Zona Norte, Puntarenas y otras comunidades afectadas organizadas en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP).

El detonante para esta manifestación ha sido el Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco al cual SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.

La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.

Las organizaciones manifestantes presentarán ante la UNESCO una solicitud para que evalúe el impacto que este proyecto tendría en el sitio arqueológico. Además, personas ecologistas y campesinas aprovecharán la jornada presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos de reglamento de agroquímicos aprobado por el Gobierno a inicio de año.

No mas pineras en zona Sur2

Este proyecto está incluido dentro de la evaluación arqueológica realizada por PINDECO para otros dos proyectos en Potrero Grande de Buenos Aires, uno es la Finca Los Ángeles Superior de unas 1200 hectáreas donde PINDECO determinó la presencia al menos 12 yacimientos arqueológicos pero no se descarta la existencia de otros yacimientos. El otro proyecto es Finca Los Ángeles Inferior, de unas 1000 hectáreas y se determinó la presencia al menos de cinco yacimientos arqueológicos. (ver Licitación 02- 2017 GOP Servicios Profesionales Consultoría y Evaluación Arqueológica, Del Monte).

¿Piña transgénica? La Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado discute en este momento la aprobación de un protocolo para la exportación de piña genéticamente alterada (transgénica) llamada «Piña Rose»(Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011). Esta “investigación” fue aprobada por la CTNB para PINDECO en 2011 y ha implicado sembrar este tipo piña en Buenos Aires de Puntarenas bajo un permiso de “siembra semicomercial” y no para el consumo del producto, sin embargo ecologistas tienen fuertes sospechas que los proyectos en cuestión sean para el cultivo expansivo de este tipo de piña.

Quienes convocan a la marcha del 15 de mayo consideran que el MINAE y Museo Nacional deben accionar procesos legalmente establecidos para realizar una evaluación ambiental estratégica en la cuenca del Térraba-Sierpe y no facilitar la destrucción de sitios de importancia mundial, el cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas.

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Licitacion 02-2017 Servicios y Consultoria Arqueologica (2)

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por FECON.

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Los Chiles a la calle contra expansión de la piña

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  • Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA

 

La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales del cantón convocaron a una manifestación el pasado martes 2 de mayo a las 7 a.m.

En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acodó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La moratoria contemplaba el cese por cinco años el otorgamiento de permisos, sin embargo, meses después La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos.

Según el Informe del Estado de la Nación 2012 los cultivos de piña “causan problemas directos por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”. En el caso de los Chiles este ha sido una de las razones de mayor conflicto con los pequeños ganaderos y el sector piñero.

La piña ya es el principal cultivo del cantón según la comparación de datos del Censo Nacional Agropecuario 1984 y 2014, pasó de sembrar yuca, frijol y maíz sobre todo por pequeños o mediados propietarios a convertirse en extensas fincas de piña en manos de grandes empresas. En 2014 el censo registró unas 3000 hectáreas de piña en los Chiles, pero esos datos han sido cuestionados tanto por una investigación de la UCR (Valverde et al., 2016) y por un reciente estudio del PNUD (MOCUPP, 2016).

La investigación de la UCR incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte (Valverde et al., 2016 Estado de la Nación N° 22) que evidenció la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Contacto en los Chiles: Freddy Arias 8492 3310

Los Chiles a la calle contra expansion de la pina

Enviado a SURCOS por FECON.

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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