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Etiqueta: Expediente 23.414

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

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Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

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En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia

Expediente 23.414 y comunidades vulnerables: lo que el proyecto no contempla

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Elena Manzanarez Juárez
Técnica universitaria en Gestión Local Desarrollo Comunitario y Políticas Públicas con enfoque en zona Pacífico Central

Comparto esta información con la intención de que como líderes de las comunidades estemos informados sobre el Expediente 23.414, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y que podría votarse entre hoy y mañana en Plenario. Aún faltarían otras etapas antes de convertirse en ley.

Una de las principales preocupaciones que diversos sectores técnicos, institucionales y sociales han señalado es que el proyecto desarrolla ampliamente los cambios del sistema eléctrico y del mercado energético, pero aborda muy poco la realidad de comunidades con problemas de vivienda, escritura y regularización territorial.

En el texto actual no se observan mecanismos claros para atender situaciones de comunidades que tienen dificultades para acceder formalmente al servicio eléctrico debido a problemas de tenencia de tierras o falta de regularización.

El proyecto también plantea una nueva estructura de coordinación donde MINAE, ARESEP y la nueva entidad ECOSEN tendrían funciones importantes en la operación y regulación del sistema eléctrico. Durante el proceso legislativo, algunas observaciones técnicas han señalado preocupaciones sobre:

* capacidad operativa;

* complejidad administrativa;

* reglamentación futura;

* y claridad de competencias institucionales.

* Muchas de las reformas estarán bajo interpretación de terceros.

Además, algunos criterios técnicos y profesionales han advertido que el proyecto tiene un enfoque altamente técnico y orientado al mercado eléctrico, con menor desarrollo de aspectos sociales y territoriales. Esto pone en situación vulnerable a Pueblos Originarios, zonas costeras y barrios con problemas de tenencias de tierras.

En comunidades específicamente como Esparzol ubicado en el cantón de Esparza Puntarenas y estoy segura de que la situación se replica en otras zonas del país, muchas familias todavía enfrentan dificultades para obtener medidores o servicios formales debido a problemas de regularización de terrenos. Por eso preocupa que futuras reformas no contemplen soluciones sociales concretas para comunidades vulnerables.

Esto no significa que mañana se vaya a quitar la electricidad, pero sí que es importante que estos temas se discutan ahora, antes de que la ley quede aprobada.

La solución no depende únicamente del sistema eléctrico. También requiere:

* regularización de terrenos;

* proyectos de vivienda;

* apoyo institucional del BANHVI, MIVAH e INVU;

* y políticas públicas que garanticen acceso digno y seguro a servicios básicos.

Lo que no queda contemplado claramente en la ley y sus reglamentos posteriores puede terminar generando vacíos para las comunidades más vulnerables o que las instituciones no asuman su roll del Estado.

Y estás situaciones las hemos enfrentado los promotores, gestores y líderes de proyectos en la búsqueda del derecho a vivienda digna y estamos en posición de primera mano de dar fe de que así es como funciona lo que queda establecido por ley en Costa Rica.

Imagen de cabecera: Campamento del ICE en Buenos Aires de Puntarenas.

Convocan a movilización contra proyecto 23.414 y alertan sobre privatización del sistema eléctrico

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Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.

Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria se realiza bajo la consigna:

“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”

En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.

El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.

Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.

Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.

El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.

“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.

Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.

En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.

El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.

Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.

Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.

El movimiento por el derecho a la electricidad crece y se organiza

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Comunicado del Movimiento por el derecho a la electricidad

¡Electricidad para todos y todas!

En un espacio esperanzador de construcción colectiva, las organizaciones aquí firmantes nos hemos reunido para enfrentar unidas un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense. Entendemos que el momento amerita de nuestra unidad y convergencia a partir de los principios cívicos y democráticos que tenemos en común pues enfrentamos un momento clave para el futuro del país.

Una vez más las fuerzas del egoísmo pretenden destruir el modelo solidario eléctrico de Costa Rica dirigido por el ICE con el fin de darle el negocio a unas cuantas familias privilegiadas dueñas de generadores privados de electricidad. Con tal de enriquecer a unos cuantos, encarecerán los recibidos de luz de la población costarricense y nos conducirán por el camino de los apagones que el resto de Latinoamérica ya ha vivido resultado de modelos eléctricos privatizados. Este es el propósito del Expediente 23.414, mal llamado «Armonización del sistema eléctrico nacional», pero que deberían renombrarlo como «Destrucción del modelo eléctrico costarricense». Este proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves es fervientemente impulsado en la Asamblea Legislativa por el PUSC y ha contado con los votos afirmativos del PLP, Nueva República y el PLN.

Tal y como el bipartidismo intentó en el año 2000 con el Combo al ICE, nuevamente algunas fuerzas políticas buscan quedarse con el negociazo de la electricidad. Pero, una vez más, encontrarán en nosotros y nosotras, las fuerzas vivas de la sociedad, un brazo de lucha y resistencia que no les permitirá robarse la electricidad que le pertenece al pueblo. No queremos apagones, no queremos tarifazos eléctricos. Que las élites de este país se busquen otro negocio para lucrar, con nuestra electricidad no.

Llamamos a las organizaciones sociales del país y a la sociedad civil en general a sumarse al movimiento, manifestarse y organizarse para detener este nuevo intento de privatización eléctrica. «Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país» (Juan Rafael Mora Porras)

Movimiento por el derecho a la electricidad
Organizaciones firmantes: