Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones exigen proteger a las comunidades de las fumigaciones agrícolas
Alertan sobre intención del oficialismo de archivar proyecto de ley
Bloque Verde. Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes, comunidades e instituciones suscribieron un comunicado en el que solicitan a las diputadas y los diputados no archivar el expediente N.º 25.391, iniciativa que busca prevenir intoxicaciones, proteger las fuentes de agua y fortalecer la responsabilidad por los daños derivados de las fumigaciones agrícolas.
Entre las personas y organizaciones firmantes se encuentran representantes de organizaciones ambientales, agroecológicas, campesinas, comunitarias, indígenas, feministas, sociales, académicas, culturales, estudiantiles, políticas, turísticas y productivas, así como personas de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras zonas afectadas por las fumigaciones y el uso de agroquímicos.
Dada la pretensión de la bancada oficial de archivar el proyecto, las personas y organizaciones señalaron: “Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua.”
El comunicado agrega: “El expediente N.º 25.391 aborda un problema que requiere una respuesta legislativa: los riesgos de que los agroquímicos utilizados en fumigaciones alcancen viviendas, lugares de trabajo, fuentes de abastecimiento de agua y otras zonas sensibles. Su objetivo es fortalecer las medidas de prevención y los mecanismos de atención y reparación cuando se produzcan daños.”
Las personas y organizaciones firmantes también advierten sobre las implicaciones de archivar la iniciativa: “Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades. Las observaciones técnicas formuladas durante su estudio deben servir para mejorar la iniciativa y construir acuerdos que permitan responder a los riesgos identificados”.
El expediente recoge criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, así como del Centro Científico Tropical. Según el comunicado, estos criterios reconocen la importancia de proteger la salud, el recurso hídrico y el ambiente frente a los riesgos asociados a la aplicación de agroquímicos.
En particular, las personas y organizaciones destacan: “La Defensoría vincula la iniciativa con el principio precautorio: la protección de las personas y del ambiente exige adoptar medidas preventivas ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre científica sobre la magnitud del daño”.
Sobre los alcances de la iniciativa, el comunicado señala: “El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad por los daños ocasionados durante las fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de las personas afectadas y contemplar la reparación de los sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten perjudicados.”
El comunicado señala: “La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua.”
Finalmente, hicieron un llamado ‘al oficialismo a reconsiderar su intención de archivo y a las demás fracciones legislativas a impulsar la continuidad del expediente N.° 25.391. La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”.
Comunicado completo con adhesiones: https://docs.google.com/document/d/1oVRypfsWvdxee06iSHJN4THnCpKXizMD/edit?usp=sharing&ouid=118278187804590108810&rtpof=true&sd=true