Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad. A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.
El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.
Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.
Reflexionamos sobre la situación que atraviesa el Río Zapote en Upala ante la actividad de las represas hidroeléctricas ¿Qué implicaciones tiene en la vida comunitaria? ¿Qué impactos ambientales representa?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.
Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:
“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)
En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.
La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.
La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.
La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.
Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien”
Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El Trabajo Comunal Universitario TCU-590 invita a la comunidad a participar en las sesiones informativas del proyecto «(TC-590) Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales». Estas sesiones se llevarán a cabo el lunes 11 de marzo a las 2 p. m. y el martes 12 de marzo a las 10 a.m. a través de la plataforma Zoom.
El TC-590 se ha comprometido con el acompañamiento de organizaciones comunitarias que enfrentan conflictos socioambientales desde un enfoque crítico y político. Esta iniciativa busca promover la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, así como fortalecer las organizaciones comunitarias para hacer frente a los desafíos socioambientales que enfrentamos.
Durante las sesiones informativas, se brindará información detallada sobre el proyecto TC-590, sus objetivos, metodologías de trabajo y cómo participar en él. Además, se abrirá un espacio para responder preguntas y discutir ideas con los participantes interesados en sumarse a esta importante labor de defensa comunitaria.
¡No te pierdas esta oportunidad de involucrarte en la protección de nuestro entorno y en la lucha por un futuro más sostenible!
¡Esperamos contar con tu participación activa en estas sesiones informativas! Juntos, podemos marcar la diferencia en la defensa de nuestro territorio y medio ambiente.
Los extractivismos están entramados desde muy diversas dimensiones a lo largo de América Latina y el Caribe. Normalmente los reconocemos como la explotación minera, petrolera, la ganadería intensiva o la agroindustria. La tendencia que observamos es que cada vez se expanden hasta alcanzar los rincones más alejados en búsqueda de maximizar sus ganancias.
En primera instancia, estas actividades extractivas se presentan narrativas y justificaciones a través de los beneficios económicos y éxitos tecnológicos que supone se articulan a su implementación.
A pesar de los trayectos históricos que unen nuestros territorios con estas actividades extractivas, entra las dudas sobre sus aportes económicos, y es evidente el cambio del paisaje y el trastorno de las relaciones comunitarias.
Además, siguen siendo presentes las denuncias por sus impactos ambientales, centrados en la degradación y contaminación de la naturaleza, vinculadas directamente a sus prácticas extractivas y productivas.
Este documento pretende, invitar a repensar el momento actual de los extractivismos, problematizando esas promesas de bienestar ante las formas y modos que adquiere en nuestras sociedades.
El crimen organizado es un actor presente en nuestros territorios, el cual, tiene diversas estrategias para afianzar su presencia e imponer las condiciones para la gestión de las relaciones de poder. Por estar razón, es una dimensión más, que debemos tener en cuenta para cuando reflexionamos sobre los desafíos que representa nuestros contextos actuales.
Es por esta razón, que les compartimos la siguiente infografía, que nos permite exponer estos conceptos para contribuir a nuestras reflexiones personales y colectivas en torno a este actor que cada vez más, representa una dimensión determinante en nuestros territorios.
Participamos en el Encuentro contra Quebradores (30 junio y 1 julio del 2023 en Chomes, Puntarenas) organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, el TCU 590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales y el Programa Kioscos Socioambientales, donde participaron personas de organizaciones provenientes de Judas de Chomes, Guacimal, Buenos Aires y Maquengal. En este espacio se reflexionó sobre las implicaciones que tienen los Quebradores en la vida comunitaria sus tensiones y desafíos para el sostenimiento de esos tejidos de vida que son los ríos en nuestros territorios. Por esta razón, aprovechamos y conversamos con las personas participantes para compartir sus inquietudes y reflexiones.
(Bloqueverde- OilwatchCosta Rica, 26-4-23). La ruta de ‘bienestar económico y calidad de vida’ propuesta el día de ayer por la UCCAEP evidencia la atrasada mentalidad de una generación empresarial anclada en desangrar a la tierra y los seres humanos para hacer dinero y además profundiza su tendencia contra la vida evidenciada en posiciones retrogradas contra el Acuerdo de Escazú o hablar de “acoso ambiental.”
Mientras las nuevas generaciones se aprestan a dar una de las batallas más trascendentales para la Humanidad, otros -los que ya vivieron la mayoría de su vida- quieren precipitar la debacle climática del planeta al insistir en reactivar la explotación petrolera en Costa Rica.
Es una clara propuesta de testamento para la salud del clima del planeta. De concretarse semejante retroceso, mataríamos nuestra verdadera gallina de los huevos de “oro”, ya que la verdadera riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad y en la gente que la resguarda. La propuesta señalada nos llevaría a lapidar la inspiración que ha generado Costa Rica a nivel internacional en ser libre de este tipo de extractivismos. Estas añejas y cavernarias propuestas de acabar con el futuro en un momento en el que hay que apostar por las nuevas energías y la protección de la biodiversidad solo pueden ser ocurrencias oscurantistas y desfasadas.
La propuesta está asentada sobre una posibilidad remota: la improbable existencia de petróleo en Costa Rica. Ni siquiera los impulsores de esta falacia pueden asegurar de forma certera que hay petróleo en este país. Todo se basa en números y datos de compañías que los inflaban en al son de la especulación para vender el proyecto y sacarle plata demandando al Estado.
Se presentan la misma colección de números alegres que se puede hacer con cualquier calculadora y que acompañaron las intenciones de pasados intentos de explotación petrolera, todos rechazados mediante estudios científicos, dictámenes técnicos, recursos legales y con organización social.
Todos estos números alegres lo que no nos muestran son los costos ambientales que traería esta industria para la sociedad, los ecosistemas y la maltrecha atmósfera. Precisamente las anteriores intenciones para esta actividad arrojaron mayores costos socio ambientales que los mentados y supuestos beneficios.
La sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Este consenso fue ratificado por una moratoria petrolera en la administración de Abel Pacheco. Óscar Arias se negó a firmar el contrato con la Mallon Oil. Laura Chinchilla amplió el decreto de moratoria hasta el 2021 y la moratoria también fue ratificada durante la administración Solís y por la pasada administración extendiéndola hasta el 2050.
El actual gobierno en campaña dijo no al petróleo y si al gas, pero estudiando costo beneficio como combustible de transición, sin saber muy bien técnicamente que eso no es posible, es decir el gas y el petróleo vienen asociados. Que transición puede ser hacer más extractivismo y seguir calentando el planeta.
Imagínense a los turistas viendo plataformas de explotación petrolera en la costa y sus típicas mareas negras de brea tapizando de inmundicia la arena blanca del Caribe… ¿Acaso se les olvida cuál es la principal fuente de divisas que tiene nuestra economía?
Al tiempo que el resto del mundo discute como reducir la quema de petróleo y migrar hacia otras alternativas, en Costa Rica se salieron de las cavernas retrógrados trasnochados irrespetando algo que ya fue discutido y acordado. Costa Rica ya decidió dejar el petróleo bajo tierra y liderar en temas ambientales. Esto no lo va cambiar toda la agenda desregulatoria y regresiva ambientalmente impulsada por el actual gobierno.
Es urgente dejar los combustibles fósiles bajo tierra, dejar que el planeta se enfrié, dejar de quemar combustibles fósiles. Ya no hay tiempo para devolverse a este tipo de discusiones estériles y que retardan las decisiones y acciones que se necesitan para ayer.
Con esta propuesta a la borda la cumbre del clima, convenios internacionales, leyes, resoluciones y planes para reducir la dependencia del carbono esta propuesta es una invitación a volver a la barbarie y al pasado. Ya se sabe que la tierra es redonda y no plana, y ya se sabe que, de seguir quemando petróleo, no habrá futuro. Llamamos a las nuevas generaciones a organizarse y a pelear por su futuro. A los que ya jugaron y no aportaron en su momento les decimos que no sean tan inconscientes y dejen a las futuras generaciones las posibilidades y las condiciones para la sobrevivencia.
Dos preguntas claves de exploración petrolera
¿Hay beneficio nacional?
En el Artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos No. 7399 queda claro que el contratista venderá al Estado a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril (gas) a precio de mercado. Del análisis del contrato firmado a nombre del Estado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez a favor de MKJ-XPLORATION 8-1999 (que más tarde cedería sus derechos a Harken) queda claro que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa pagando una regalía en dinero o especie (petróleo) y el impuesto sobre la renta. En este contrato se establecía solamente reinvertir “un 5% de sus utilidades netas en el desarrollo de programas sociales y ambientales”. En la industria petrolera, las compañías generalmente no reportan ganancias. Además, la actividad petrolera afectaría negativamente las actuales actividades económicas más importantes del país que es el turismo y la agricultura (Alvarez, 2015).
¿Por qué se rechazó la exploración petrolera en 2002?
Primero, se firmó una concesión sin estudio de impacto ambiental y posterior se firma el contrato con un Estudio de Impacto Ambiental de reflexión sísmica. Luego en marzo del 2002 un segundo Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Perforación de Pozo Exploratorio Petrolero en Mohín” fue declaró al proyecto “no viable ambientalmente” por la SETENA. Esto abrió toda una discusión nacional sobre la legalidad o vigencia del contrato con Harken Costa Rica Holdings firmado sin aprobar un verdadero e integral Estudio de Impacto Ambiental. El contrato lo incumplió la empresa al no poder aprobar el Estudio de Impacto Ambiental. A finales del 2003, Harken exigió una compensación de US$ 57.000 millones, mediante un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial. En el 2005 como la demanda internacional no tenía sustento demando al Estado en el ámbito contencioso administrativo y bajo su pretensión a trece millones de dólares ($13.000.000,00) por los daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005). En 2014 es decir 9 años después el Tribunal Contencioso da la razón al Estado la sentencia No. 1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo asegura que“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por HARKEN COSTA RICA HOLDINGS L.L.C. (Alvarez, 2014).
Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas
Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.
Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.
Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz.
Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra.
Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir.
El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.
La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.
La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos y la articulación de redes institucionales.
En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles.
En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha:
Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja.
Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.
Este miércoles 16 de noviembre en el programa Voces y Política se hablará sobre: “Extractivismos al descubierto: Maquencal y la minería no metálica”, con la participación del Comité de Vecinas y Vecinos de la comunidad de Maquencal de Guatuso.
Puede escucharlo a través de la 96.7 FM en Radio Universidad, a partir de las 5 p.m. o verlo a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.