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Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Escrito en 22/05/2026. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.
Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.
Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.
Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia
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Térraba Brörán

MACABRO proyecto en el Cementerio Calvo

Escrito en 01/11/2023. Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

HACE 6 AÑOS, en La Gaceta, nada menos que del 2 de noviembre (del 2017) se publicó una despreciable ley, promovida por Johnny Araya y su vicealcalde Mario Vargas, secundada por los diputados «cristianos» Gonzalo Ramírez y Fabricio Alvarado, y otros, que miraron hacia el techo a la hora de votar. ¡Veamos parte de la historia!

1 – DESPUÉS de más de tres meses de solicitar a Jorge Vargas Espinoza, entonces presidente del Concejo Municipal de San José, permiso para revisar LOS HISTÓRICOS LIBROS en que se lleva el récord de los enterramientos hechos en el CEMENTERIO CALVO, hasta el 2008, sucedió algo insólito.

2- Con muchos rodeos, el encargado de los cementerios de la Municipalidad (Gustavo Salazar Artavia) nos NEGÓ, a nosotros y al presidente municipal, el acceso a esos invaluables libros históricos. Primero con su silencio y luego con el «argumento» de que, pese a que se trataba de «información pública», ésta podría ser «CONFIDENCIAL», pues esa información (las anotaciones de MILES de inhumaciones) podría ser solo accesible a familiares de difuntos allí enterrados. Ese fue el primer round, con el púgil entrenado por Johnny.

3- ASÍ, sin negar la existencia de esos libros bajo su responsabilidad, le comunicó al presidente municipal y a Johnny Francisco Araya, alcalde y su superior jerárquico, que había que solicitar una opinión de la Asesoría Jurídica, obviamente innecesaria. Segundo round.

4- ANTE ese pretexto «hablado», ya ustedes se imaginan con quién, acudimos a la Sala IV, para que se nos diera acceso a dicha INFORMACIÓN PÚBLICA, mediante un recurso de amparo contra el presidente y el Concejo Municipal. Recurso que fuere ampliado por la misma Sala, contra el alcalde Araya y el encargado de los cementerios de la Municipalidad. Tercer round ya a favor nuestro.

5- EN VISTA de ello, y en proceso el recurso de amparo contra Araya y el resto de la «banda municipal, insólitamente nos comunicaron QUE LOS LIBROS QUE, ANTES NOS NEGABAN POR POSIBLEMENTE TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ¡SE HABÍAN QUEMADO EN UN INCENDIO! Fuego que, por lo visto, habían mantenido ¿en secreto? Round nuestro. O sea, que los libros que nos habían negado por más de tres meses, ¡NO EXISTÍAN! Que solo nos estaban, quizá, “vacilando», pues de ellos no quedaban ni las cenizas.

6- PERO resulta que la condición más importante que la ley estipula, y la Defensoría de los Habitantes reafirmó ante los diputados, como requisito fundamental antes de proceder A LAS MILES DE EXHUMACIONES, ES LA DE INFORMAR A LOS DEUDOS DE LOS ALLÍ ENTERRADOS en el Cementerio Calvo, el de «Los Pobres», el de los miserables que no tienen ni donde caer muertos, que sus venerados difuntos irían a ser desenterrados con maquinaria de construcción y sin aval del ministerio de Salud. Y así era, puesto que la Alcaldía estaba «empeñada» en exhumar los miles de cadáveres ahí descansando en el subsuelo, para un proyecto urbanístico «muy raro», que hace seis años fuere tramitado como «urgente», pese a que solo se dio a conocer su cambiante nombre. Exhumación masiva que ejecutarían con maquinaria pesada, pues desde los años de la heroica Campaña Nacional, a través de más de 150 años, se habían enterrado en los 17.000 m2, donde Araya quiere construir «algo», que finalmente llamó «centro de emprendedurismo local».

7- Al resolver positivamente los señores magistrados mi recurso de amparo, quedamos ante la IMPOSIBILIDAD MATERIAL de que, gracias a ese «MUY OPORTUNO» INCENDIO, no se podrá verificar la identidad de ninguno de los difuntos enterrados en el CEMENTERIO CALVO, desde los años terribles de la epidemia del cólera, que acabó con la vida de muchos héroes costarricenses allí enterrados, merecedores del más agradecido respeto.

8 – Con la resolución de la Sala IV, ordenándole a Araya darme acceso a los libros, acudí a ver, por lo menos, los que quedaban. Pero ¡oh sorpresa!, encontré un ÚNICO libro de actas de inhumación, en pésimo estado, con los enterramientos hechos solo de 1989 en adelante. El incendio en que supuestamente se quemaron los históricos libros, habría sucedido en abril de 1980, dijo Johnny, por lo que NO hay constancia de ningún entierro hecho antes de esa fecha, pero ¡tampoco los realizados ENTRE 1980 y 1989! Libros, incómodos libros, que no se quemaron pero que «no aparecen», por gracia del alcalde…

9 – Así, a SEIS AÑOS de que se publicara en La Gaceta del Día de los Santos Difuntos, la ley que la Asamblea Legislativa, entonces presidida por Gonzalo Ramírez, esposo de la vicealcaldesa de San José (de entonces y ahora) mediante la cual se sacó del ámbito demanial esas casi dos hectáreas del CEMENTERIO CALVO, para que el alcalde las negociada y jugara de «constructor». Pero que, sin embargo, no se pueden profanar, puesto que no se pueden identificar. Por ello, esa anticristiana iniciativa de Araya al final solo ha servido para disminuir significativamente el área disponible para entierros en el «Cementerio de los Pobres», y para que unos vehículos municipales tengan un estacionamiento de lastre sobre los allí enterrados, cual si se tratare de restos de animales domésticos, sin derechos humanos que respetar.

PROYECTO MACABRO matizado de mentiras, que no es más que ¡UNA CHAMBONADA MÁS DE JOHNNY ARAYA!

Proyecto, ¡esto para tomar en cuenta!, que de persistir la presencia de Johnny como asesor del alcalde (si triunfara el candidato puesto por él), renacería en unos meses más, pues su «genial argumento», es que, al no contar con el récord de los entierros, no puede hacer lo imposible que manda la ley, por lo que ordenaría la exhumación sin el aval de los deudos.

Atacar para no perder el tercer lugar

Escrito en 18/01/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marcos Chinchilla Montes

Los grandes partidos políticos han optado por una campaña política defensiva, no entrar en mayor conflicto con el adversario y cuidar el limitado feudo electoral que tienen en el marco de la atomización partidaria de más de 20 candidaturas para las elecciones que se nos vienen encima.

El corto publicitario de ayer domingo de Fabricio Alvarado contra José María Villalta, más pareciera que se corresponde a uno de los guiones implementados por la CIA y otras agencias de inteligencia de los EUA contra el fantasma ya occiso del comunismo internacional.

Ante su falta de inteligencia y claridad política, a Alvarado no le queda otra más que optar por la mentira, el ataque, instrumentalizar la democracia, e intentar asustar con fantasmas en los que una buena parte de la ciudadanía ya no cree.

La situación es compleja para él y su agrupación religiosa; si finalmente el Frente Amplio llegara el tercer lugar en las intenciones de voto a la presidencia, quedaría aún más asentado el declive de su partido y proyecto neoconservador evangélico y antiderechos.

Nótese que sin pena alguna Fabricio y su partido se hacen de la vista gorda de los actos de corrupción que se le achacan a José María Figueres, a la sospechosa “falta de posición” política de Lineth Saborío, o a los casos de acoso sexual de Rodrigo Chaves. Al neoliberalismo, proyecto sociocultural y económico que postró a nuestro país, no tiene la menor intención de enfrentarlo, sea por falta de conocimiento o porque es parte de él.

A lo largo de estos años Alvarado ha demostrado una amplia ignorancia intelectual, adosada con la discriminación y el oportunismo en nombre de una fe. Estudió en la universidad pública, pero la esencia del pensamiento crítico y humanista no pasó por él; incluso tengo la hipótesis que olvidó todo lo que pudo haber visto en el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica.

Por dicha Alvarado no alcanzará la presidencia, pero lamentablemente y en nombre de dios, acogió visiones y prácticas sociales relacionadas con el fascismo, la discriminación, el rechazo a los Derechos Humanos, la mentira, y la manipulación mediática. Su lugar en la historia será a la par de personajes como Bolsonaro, Jimmy Swaggart y otras figuras de mal recuerdo para el desarrollo de la humanidad.

Proyección para el 1 de abril con base en datos del CIEP

Escrito en 27/03/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Mi Arado.

Héctor Ferlini-Salazar

El 6 de marzo, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR circuló los resultados de una encuesta realizada los días 27 y 28 de febrero.

Según la publicación del CIEP, “La cantidad de votos que cada uno de ellos (los candidatos en segunda vuelta) obtuvo en la primera ronda es el más bajo en 65 años y requieren del respaldo de quienes votaron por otros candidatos. En ese sentido, del total de personas que votaron por el PLN, un 33% se inclina por el PAC y un 23% por RN, mientras que una cuarta parte se declara indeciso. Por otra parte, entre quienes respaldaron al PUSC, casi la mitad dice apoyar al PAC, un 18% a RN y el 24% dice estar indeciso. En cuanto a los que apoyaron al PIN, un tercio (30%) afirma que votará por el PAC, el 16% lo hará por RN y el 39% no sabe por quién votar. Finalmente, de las personas que dijeron no haber votado en febrero, el 14% apoya al PAC, el 27% a RN y el 31% no sabe si irá a votar”.

Con base en esos datos, elaboré la siguiente proyección en la cual se asignan en la línea inicial los votos que cada uno de los candidatos obtuvo el 4 de febrero y luego se hace la distribución de los votos de los otros partidos según los porcentajes del párrafo anterior y la información oficial del TSE de los resultados electorales:

Como se puede observar, para los casos en los cuales el CIEP no da datos, utilicé mi mejor criterio asignando por ejemplo el total de votos de la candidata del partido Renovación Costarricense a Fabricio Alvarado. Lo mismo para los votos logrados por Mario Redondo. El sector indeciso lo distribuí siguiendo la tendencia mostrada por las personas seguidoras de otros partidos. Dado que los votos de los partidos minoritarios resultan en alguna medida de una especulación, es evidente que el centro de la decisión de ubica en el sector llamado “indeciso”.

Ahora bien, entre los días del 19 al 21 de marzo el CIEP aplicó una nueva encuesta y en el informe se dice lo siguiente:

“Según los datos de este último estudio, del total de personas que afirman que votaron por el PLN, un 49% se inclina por el PAC y un 28% por RN, mientras que una cuarta parte se declara indecisa. Por otra parte, entre quienes respaldaron al PUSC, el 61% dice apoyar al PAC, un 15% a RN y el 21% dice estar indeciso. Además, aquellas personas que apoyaron al PIN, la mitad (53%) afirma que votará por el PAC, el 24% lo hará por RN y el 22% no sabe por quién votar. Finalmente, de las personas que dijeron no haber votado en febrero, el 16% apoya al PAC, el 20% a RN y el 64% no sabe si irá a votar”.

Como puede apreciarse, entre una y otra encuesta hubo cambios en los comportamientos de las personas que el 4 de febrero votaron por candidaturas distintas a las que están en segunda ronda. Estos son los cambios observados en cuanto a la candidatura de Carlos Alvarado solamente para los partidos incluidos por el CIEP en su estudio:

Apoyo para Carlos Alvarado desde otros partidos

	CIEP 6/03	CIEP 23/03
PLN	33%	49%
PUSC	47%	61%
PIN	30%	53%

En todos los casos, en ambas encuestas, el apoyo logrado por Fabricio Alvarado fue menor al de Carlos Alvarado, y como se puede observar en este cuadro, una parte del sector “indeciso” se movió hacia Carlos Alvarado aumentando sus porcentajes de apoyo proveniente de otras candidaturas de la primera vuelta.

Según estos datos de la última encuesta del CIEP, esta sería la nueva proyección tomando como invariable el caudal de votos obtenidos el 4 de febrero por cada candidato y teniendo presente que no se incluye la votación de los partidos minoritarios (unos 198 mil votos en total) ni al sector indeciso del cual podría preverse un movimiento similar al ya observado en el cuadro anterior:

	PAC	PRN
Votos 04/02	466120	538502
PLN	196733	112419
PUSC	210199	51688
PIN	108968	49344
Total votos proyectados	982020	751953

Como se ve, la diferencia es de 230,067 votos a favor de Carlos Alvarado, esto, reitero, sin considerar los 198,000 votos de los partidos que obtuvieron menos votos que el PIN (incluido por el CIEP en el análisis) en la primera vuelta.

En conclusión, la proyección favorece a Carlos Alvarado, siempre y cuando, se logre que el resto del sector “indeciso” le apoye mayoritariamente.

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Los datos y cálculos electorales… y la conciencia

Escrito en 08/02/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Mi Arado.

Héctor Ferlini-Salazar

Desde cualquier punto de vista que se mire, el proceso electoral 2018 en Costa Rica ha significado un socollón político. El ascenso de una opción de gobierno con marca religiosa no estaba contemplada. En mi artículo “Cuatro claves para una elección”, publicada en SURCOS el 26 de enero, comenté que los temas de la corrupción y de los derechos humanos habían disparado las candidaturas de Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado respectivamente; a la postre este último resultó ganador de la primera vuelta.

Los datos obtenidos, las declaraciones que provienen de representantes de las opciones electorales descartadas para la segunda ronda, y especialmente, el renacimiento de un compromiso ciudadano que se expresa en redes digitales con la creación de múltiples grupos con tono pluralista y en el activismo palpable que busca evitar un gobierno dirigido por una religión altamente conservadora, augura un gane amplio de Carlos Alvarado para otorgar cuatro años nuevos de gobierno al PAC.

Será, muy probablemente (si ese compromiso ciudadano se mantiene y aumenta conforme se acerque el 1 de abril), un triunfo contundente de Carlos Alvarado que enviará al país al menos dos mensajes: a) las opciones fundamentalistas no tienen hoy viabilidad política para llegar al Poder Ejecutivo en Costa Rica, b) las bancadas del PLN y del PUSC tendrán que tener mucho cuidado con las alianzas que hagan con Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa si desean renacer como opciones electorales, pues habrá una ciudadanía que ya no estará atada a sus partidos. Tendrán que asumir con responsabilidad los grandes temas como el problema fiscal, el sistema de seguridad social (incluye educación, salud, recreación y otros), la protección de los derechos humanos, el agua, para citar los más apremiantes y que concentran la mirada ciudadana.

¿Pero qué ocurrirá si este compromiso ciudadano que hoy observamos en redes digitales se acaba el 1 de abril? Para responder quiero comentar tres experiencias vividas recientemente en mis constantes actividades en comunidades para trabajar el tema de la construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa. En la Zona Sur, durante un taller en setiembre, un participante dirigente sindical del sector de pequeña agricultura, aprovechó su comentario sobre el tema del encuentro para arremeter contra “la ideología de género y las guías de educación sexual”. En la Zona Norte, en octubre, en otra actividad, una compañera de larga lucha y compromiso con los derechos de las mujeres campesinas habló también contra las guías para promover la afectividad y la sexualidad integral. En Limón, en las semanas finales de 2017, otro participante de las actividades que promuevo en torno al tema de construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa, dirigente comunal de larga trayectoria y participante de muchas organizaciones comunitarias, igualmente se pronunció en contra de los temas relacionados con la sexualidad. En esas fechas no se conocía el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del matrimonio igualitario. Como vemos, todas son personas comprometidas con su gente y sus comunidades, ninguna tenía una argumentación consistente para sus discursos, pero los asumen plenamente y los defienden a viva voz porque los mensajes difundidos desde fuerzas políticas y medios de persuasión no son inocentes y están diseñados para ser incorporados. El compromiso social no siempre implica conciencia política.

¿Es suficiente entonces si se gana esta elección de Carlos Alvarado? ¿Se rendirán las fuerzas que impulsan esos temas y otras ideas como que el problema del déficit fiscal está en los programas sociales que gastan mucho y no en la evasión, la elusión y un sistema tributario injusto? ¿Qué vendrá después? Como lo propuse en el texto “La fuerza nace desde las comunidades” (2011), la construcción de una fuerza social transformadora que oriente al país por una ruta de justicia social, implica dos ingredientes claves: – Elevar la conciencia del pueblo, esto es, desarrollar un proceso educativo para lograr una clara comprensión de los problemas, sus causas profundas, y las soluciones. – Elevar la calidad organizacional, lo cual implica, más gente participando conscientemente en las organizaciones sociales y comunitarias con ánimo plural, y mejor articulación entre los grupos.

Esta tarea, que es la tarea de construir una sociedad nueva basada en la justicia y el respeto a los derechos de cada persona, no se hace desde las redes digitales que si son útiles como medios de difusión, pero la construcción de conciencia política implica un cara a cara, una comunicación directa para palpar la realidad de cada comunidad y de cada persona, desentrañar ideas, percepciones y vibraciones para comprender por qué una persona acepta y divulga determinadas ideas y estar en capacidad de construir una respuesta inteligente a partir de la credibilidad que provee la cercanía humana. Esas ideas, percepciones y vibraciones solo se comprenden en la vivencia concreta, no por la vía digital, y en esa vivencia concreta, se descubre los elementos que pueden generar rupturas culturales y construir, primero, conciencia social, y luego, conciencia política, es decir, reconocimiento del rol o papel que se tiene en la dinámica de poder y definir si se desea seguir con ese papel o se quiere transformar en unión con las personas cercanas. Por eso la fuerza nace desde las comunidades. No hay que ver esta frase con dramatismo y argumentar que “no tengo tiempo”, pues todas las personas tenemos una o varias comunidades: habitacional, laboral, familiar, deportiva, artística, estudiantil… donde podemos sembrar con inteligencia la semilla de la conciencia y cuidar que germine y se multiplique.

Hay que ganar esta elección porque se reconoce la calidad del candidato, porque se siente identificación con el programa, o porque se quiere evitar el triunfo del fundamentalismo religioso, pero luego la tarea sigue… desde las comunidades.

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