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Etiqueta: fallo

Hipocresía ambiental y el fallo de la CIJ sobre Isla Portillo

  • ¡Feliz Día Internacional de los Humedales!

 

Mientras el país peleaba en la Corte Internacional de Justicia por la deforestación de 5,75 ha causadas por el vecino país Nicaragua, también en suelo tico empresas piñeras registradas en Costa Rica destruyeron mil veces más área.

Estas empresas deforestaron lo equivalente a 5.566 ha en zonas de protección (Mocup, 2016) e invadieron 1112 ha (SNIT, 2017) en los Refugios de Vida Silvestre Maquenque, Corredor Fronterizo y Barra del Colorado.

Según datos del Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT-CONARE) y publicado en el Estado de la Nación en la Región Huetar Norte se incrementa el cultivo de piña en 31.346 ha, deforestando 3200 ha. Lo que significa que el 9,7% del cultivo de la piña, entre los años 2000 y 2015, se realizó sobre los humedales de Medio Queso, Caño Negro y ecosistemas de yolillo.

El falló de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso de Isla Portillo cierra uno de los capítulos más racistas e hipócritas de la historia ambiental costarricense, que es alimentado por un lado del un oportunismo político de Laura Chinchilla y luego de Luis Guillermo Solis pero también el morbo xenófobo de los medio de comunicación comerciales. Aunque justa la causa, el caso de Isla Portillo representa un ejemplo hipocresía ambiental institucionalizada si lo contextualizamos.

La disputa de cerca de 25 hectáreas de humedal por parte de Nicaragua y Costa Rica, la construcción de un dique y la deforestación producida por un caño 200metros de largo y 20 de ancho y que, según datos de Neotropica, provocó la deforestación de 5,75 ha (1,67 que contenía árboles y 4,8ha de sotobosque) causó uno de los mayores operativos policiales de la administración de Laura Chinchilla por cierto caracterizada por su tendencia militaristas. Pero poco han avanzado el gobierno en materia de acabar con la impunidad del sector piñero en materia ambiental.

De recursos públicos se destinaron un estimado 2 millones de dólares anuales en gastos propios del caso legal en la CIJ según el ex-ministro René Castro . El experto en legislación ambiental estiman que estos procesos cuestan entre 6 y 9 millones de dólares (Boeglin, 2016). Según estimaciones de Dr. Allan Astorga el daño ambiental ascendía a 12 millones dólares (Nación, 2011), monto muy alejado de lo dispuesto por la CIJ en la sentencia del 2 de febrero donde estipula una indemnización a Costa Rica de parte de Nicaragua de 378, 890 dólares.

¿Qué hubiera pasado si se destinara tan sólo la mitad de ese dinero invertido en el caso de Isla Portillo para hacer que se cumpla la ley y parar la destrucción del agronegocio piñero?

Esta violación de los límites del territorio costarricense despertó un malestar nacional tan enquistado en la idiosincrasia costarricense. Es un reto para el país, encontrar la fuerza y el valor para afrontar un problema que tienen una magnitud mil veces más grande que Isla Portillos, la expansión piñera.

Federación Para la Conservación del Ambiente- 2 de febrero 2018

 

Contacto:

Henry Picado 8760 9800.

Foto Adjunta: Fabiola Pomareda.

 

Enviado por FECON.

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Universidad Bíblica Latinoamericana celebra fallo de CIDH

Universidad Biblica Latinoamericana celebra fallo de CIDH

“Como institución teológica basada en los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, nos sumamos a la celebración por el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Corte IDH en el que se resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.

Creemos que las prácticas concretas de amor y justicia deben regir la vida cristiana, y que el respeto a los derechos humanos es fundamental para seguir construyendo sociedades más igualitarias libres de violencias.

La opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones más allá de Costa Rica porque resulta de acatamiento obligatorio para los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del tribunal internacional, algunos de los cuales ya reconocen el derecho al matrimonio igualitario”.

Universidad Bíblica Latinoamericana

 

Enviado por Alejandro García Valerio.

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Caja deberá informar sobre ingresos de candidatos

Carlos Manuel Vega
Carlos Manuel Vega

Carlos Manuel Vega secretario de UNPROBANPO (Sindicato de Profesionales Técnicos y Similares del Banco Popular) presentó un recurso para que, la Sala Constitucional exigiera a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informar sobre los ingresos que reportaron los 13 candidatos a la Presidencia de la República, que participaron en la pasada contienda electoral, esto desde la inscripción de la candidatura, hasta la celebración de la primera y segunda ronda.

Según el fallo, “Se advierte que de no acatar las órdenes dichas, se podría incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir”.

 

Enviado a SURCOS Digital por Carlos Manuel Vega Bolaños.

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Fundación Neotrópica expresa su opinión sobre participación del Ministro del Ambiente y Energía, en la protesta pública relacionada al fallo en el juicio por el homicidio del Ambientalista Jairo Mora Sandoval

Comunicado Oficial

Fundación Neotrópica

En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.

En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.

Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.

Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.

El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.

Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”

De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.

Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).

 

Enviado a SURCOS Digital por Tony Villalobos.

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