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Etiqueta: familias campesinas

Denuncian intención de desalojar familias campesinas en Zona Norte

  • Familias del asentamiento campesino de Paraíso de Marsella de San Carlos denuncian fuertes presiones de ex – diputado Humberto Arce Salas para que los desalojen
  • Autoridades ceden a las presiones y tuercen los procedimientos

 

8 de agosto del 2018. El PARAISO DE MARSELLA DE VENECIA DE SAN CARLOS, Costa Rica. Si bien las familias que integran este asentamiento han tenido que convivir desde el año 2007 con el fantasma de ser desalojadas un día cualquiera de sus parcelas, durante los últimos días la angustia y el terror de las familias ha aumentado ante las visitas a sus parcelas por parte de funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Don Genaro Baldi Camacho, vocero de la Asociación de productores del Paraíso, asegura que a partir de reuniones que han celebrado con funcionarios de la oficina de Legal de la Regional de la Fuerza Pública de San Carlos, se han enterado de que oficiales del Ministerio de Seguridad están “torciendo los procedimientos” ante las presiones ejercidas por el finquero HUMBERTO ARCE SALAS, dueño de la finca en disputa, ( El finquero ARCE SALAS fue ex – diputado y fundador del gobernante PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC) )

El señor BALDI CAMACHO precisó que el día martes 7 de agosto del año en curso, fueron informados por funcionarios de La Fuerza Pública de San Carlos «que a partir de hoy podemos ser desalojados en cualquier día sin notificación previa», precisamente en estos días de lluvias intensas y poderosas rayerías…

Don Genaro indicó que “les duele en el alma conocer que el cuestionado ex – diputado Humberto Arce Salas, presiona para torcer los procedimientos establecidos y vigentes, en momentos que estamos consternados por una ola de criminalidad… ¡Asesinatos de turistas, asaltos y crímenes que desvelan y alarman a toda la Sociedad.¡¡¡ ¡En esta noche oscura, nuestra patria está de duelo!

Don Royner recordó además que existe un Acuerdo de EXPROPIACION DE LA FINCA FRANK FARAH adoptado por la Junta directiva de la anterior administración del INSTITUTO DE DESARROLLO RURARL (INDER) cuya validez y eficacia se está discutiendo ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GOICOCHEA, bajo el Expediente No. 16-004561-1027-CA, demanda presentada por las familias campesinas contra el INDER y el estado costarricense. Incluso el dirigente precisó que el acuerdo de EXPROPIACION se publicó en el Diario oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio del 2014.

Don Royner indicó que después de QUINCE AÑOS DE OCUPACION de la llamada FINCA FRANK FARAH, que ha transformado una finca abandonada de 100 manzanas en una prospera, fecunda y soñadora comunidad campesina y del hecho de que ha sido evidente y ampliamente conocido por la opinión pública nacional e internacional, la existencia de este añejo y complejo conflicto agrario, al día de hoy el gobierno costarricense no le busque una salida negociada.

Más aún sorprende el hecho de que la actual Administración de Don Carlos Alvarado, que durante la Campaña levantó la bandera de los derechos humanos y la reivindicación del campesinado costarricense y las minorías, privilegie los intereses particulares del finquero Don HUMBERTO ARCE SALAS sobre los intereses y derechos colectivos y ejecute el desalojo de nuestras familias violentando el debido proceso y en derecho a la defensa.

Baldí Camacho concluyo diciendo que están convencidos de que prevalecerá el interés general sobre los intereses de los finqueros particulares y que Don Carlos Alvarado, que está en deuda con el millón y medio de ciudadanos que lo eligieron abra las compuertas de la negociación y el dialogo con las familias campesinas y renuncie a la fuerza y a la represión.

 

Para más información comunicarse con Don Genaro Baldí Camacho al teléfono 8336 2623 y Don Royner Jimenez Alvarado al teléfono 8437 2524.

 

Ilustración tomada del documental Botas con Machete.

Enviado por Fredy Vargas Chavarría.

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El Frijol Tapado de ASPROFRIJOL, ejemplo de solidaridad

El Frijol Tapado5

Carlos Alberto Hernández Porras nos comparte el video co-producido por Consumo y Comunicación Alternativa -COKOMAL- Democracia Audiovisual, Asociación de Productores de Frijol de Bijagual-Aserrí. Con el apoyo del Decanato de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, y la Vicaría Episcopal de la Tierra.

En esta producción se explica de la voz de las familias campesinas, la producción de Frijol Tapado, una forma tradicional, solidaria, responsable y saludable de producir este alimento esencial en la dieta costarricense.

Para ver el video ingrese en el siguiente enlace:

https://www.google.com/appserve/mkt/p/Hk4Z2NlE4fGvOcoMhpd5Y87WuDkCDikVtHOcXMHH7MlEF-y_4E9hu-Dp16aYbatISTNn-I4kuA==

El Frijol Tapado2

 

Imágenes tomadas del video.

 

Enviado a SURCOS por Carlos Alberto Hernández.

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A la conciencia. Carta segunda: La justicia Social debe ser el “Alma Mater de la ley”

Por Juan Almendares

 

“No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad”… La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad humana… La paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).

Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los pueblos es el camino de la justicia y la libertad.

La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.

En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.

Honduras es un país singular donde se ha concentrado el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información y vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.

El experimento no solo es de inteligencia (orejas y cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.

Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.

El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que el golpe de Estado Militar no sólo son fenómenos locales sino están articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y megaproyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y de la Madre Tierra: si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este monstruoso sistema.

La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es convertido en forma ilegal e ilegítima en victima de tortura psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre Tierra.

Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes campesinos ni ha sido develada porque en la practica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la impunidad.

Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y defensor de los derechos humanos Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con estigmas a las víctimas con los cliché de ‘pelea de territorios’, ‘pleito entre maras’ o capturando a cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.

En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la impunidad e injusticia social.

Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica. Las categorías legales están separadas del contexto y de los valores morales.

Por consiguiente en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a las oligarquía locales.

La responsabilidad de los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida, los derechos humanos y de la Madre Tierra.

Lo único que tenemos es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.

Hagamos concreta esta realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del mexicano Gustavo Castro que está detenido arbitrariamente en Honduras.

Tegucigalpa 28 de marzo 2016

 

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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