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Etiqueta: fascismo

La ley de Empleo Público en el marco político y social actual. ¿Hacia la estructuración fascista del Estado costarricense?

Vladimir de la Cruz

La discusión que se ha venido dando con la llamada Ley de Empleo Público en realidad es sobre toda la institucionalidad del Estado costarricense, sobre el número de sus instituciones y órganos estatales, sobre sus sistemas de funcionamiento, sobre sus formas de contratación y de pago de salarios, e indirectamente sobre la calidad de vida y de trabajo de los costarricenses.

El meollo de este asunto ha sido llevar la discusión, de manera solapada, para valorar el tamaño del Estado costarricense, con todas sus instituciones, y de manera especial, la parte de ese Estado que se concentra en la Administración Central, y las instituciones descentralizadas, incluso a las que la Constitución Política les confiere “independencia” y “autonomía” en el amplio y estricto sentido de estos términos, tanto en sus valores políticos como jurídicos, para acabar con algunas o muchas de estas, las que sea posible, y para ejercer mayor y mejor control político desde el Gobierno, sobre ellas, los trabajadores y la ciudadanía.

Meten en esa discusión a las Universidades públicas, que a todos los efectos por sus alcances constitucionales, gozan de la condición de “independencia” concepto que las iguala per se en rango a los Poderes Públicos.

Así, el objetivo político es disminuir el tamaño institucional de la estructura estatal e institucional del país, ejercer mayor control político, desde el Gobierno, del manejo general de esas instituciones, y tener la capacidad de nombrar y de ejercer control de todos los nombramientos de funcionarios públicos, desde su selección. El objetivo político derivado es trasladar al sector privado de la economía y la política nacional el manejo amplio de los servicios públicos que se disminuyen, y encarecerlos como parte de la tasa de ganancia a favor del sector privado.

En algunos casos hasta se pretende, muy finamente, actuar al interior de esas instituciones hasta en sus objetivos específicos de funcionamiento, como se ha dicho sobre el trabajo de las universidades, en sus nombramientos y el pago de sus funcionarios.

En mi opinión, es una modalidad finamente elaborada de un Estado fascista, en su estructura y organización, que se está tratando de instaurar en Costa Rica con esta Ley y este modelo de control público. El carácter fascista está en el Super Poder centralizado, con capacidad regulatoria, y absoluta de su propia cobertura, que cubre prácticamente toda la vida estatal e institucional del país, bajo la rectoría de la Dirección General del Servicio Civil, que en la Ley se dice “debe establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público y que gozará de independencia en el ejercicio de su cargo y será dirigida por un Director General.”

Me parece que el papel de las competencias que se le asigna en la Ley a la Dirección General del Servicio Civil es lo más tenebroso, lo “fascista”, lo “autoritario” y lo “dictatorial” de este Proyecto de Ley, dándole la potestad prácticamente de definir qué es empleo público y qué no lo es.

El Capítulo de Garantías Sociales, especialmente, aprobado e incorporado a la Constitución de 1871, en la Administración Calderón Guardia, al amparo del Pacto realizado por esa Administración, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, que resultado de ese Pacto cambio de nombre a Vanguardia Popular, fue incorporado, con una ligera ampliación, a la Constitución de 1949, en la gestación y discusión de este Texto Constitucional, que está vigente.

Este Capítulo de Garantías Sociales es el que fundamenta política e institucionalmente el desarrollo del Estado Social de Derecho que tenemos, que se acompañó con el desarrollo institucional que impulsaron los Gobiernos que siguieron a la Junta Fundadora de la Segunda República, especialmente hasta 1978, con algunas leyes que posteriormente se aprobaron, especialmente en las Administraciones Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Chinchilla Miranda y Solís Rivera.

Este Estado Social de Derecho exigió la formación del personal capacitado, de alto nivel, para atender, en calidad y especialidad las distintas funciones, en todo el país, al pueblo costarricense y a los trabajadores en especial.

En el Proyecto de Ley se definen 8 categorías de puestos en toda la Administración Pública, con lo cual se fortalece ese Estado Fascista que pareciera querer construirse, por lo demás autoritario y altamente tecno burocrático. Uso el concepto de burocracia para señalar a aquellos que en la función pública tienen capacidad de tomar decisiones. Burócrata así no es cualquier empleado del Estado, ni lo son todos, solo aquellos que pueden tomar decisiones administrativas o de gestión.

La crisis fiscal, el déficit fiscal, el gasto público, la reducción del Estado, y los altos salarios que se añaden en la discusión del Proyecto de Ley de Empleo Público son solo las hojas del tamal. El tamal es el conjunto de instituciones, valores y alcances del Estado Social de Derecho que se ha estado atacando en todas dimensiones y direcciones, que se quiere acabar, sobre lo que ya se han venido aprobando leyes disminuyendo, debilitando y limitando Derechos constitucionales, especialmente en el campo laboral y social, establecidos por los Diputados Constituyentes originales, con lo cual violan la Constitución, puesto que no pueden ser modificados negativamente.

Del mismo modo, el ataque a las Universidades públicas, para ver cómo las controlan políticamente, desde el control de sus fondos públicos, que por mandato constitucional, tienen que asignárseles, para que las Universidades, en ejercicio de su autonomía e independencia dispongan de conformidad a sus planes, proyectos y objetivos académicos.

El ataque y el debilitamiento del Estado Social de Derecho es a la vez un ataque, un quebranto al régimen institucional, sus instituciones y entes, y al sistema democrático nacional.

El golpe está dirigido a todas las autonomías existentes constitucionalmente, en los distintos servicios públicos, como el Derecho, que por el principio de Autonomía Universitaria, tienen las Universidades para autogobernarse, para darse las normas por sí mismas, principio que está señalado por los Art. 84, 88 y 188, de la Constitución Política, con lo que se enfatiza en la independencia en materia de gobierno y administración y en la independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para “darse su organización y su gobierno propio”.

A diferencia de las otras instituciones autónomas del Estado, la Universidad es una institución sui generis, sin que el Poder Político tenga ningún derecho. La Autonomía Universitaria por su origen, su naturaleza, su historia y su función política e institucional es diferente a las otras autonomías establecidas en la Constitución Política.

La Declaración de Quezaltenango, del CSUCA claramente establece como misión de los centros universitarios la lucha de velar por su inviolabilidad, que consiste en defender que no se produzcan actos de fuerza contra la voluntad de la Universidad.

Socialmente el ataque a la institucionalidad del Estado Social de Derecho, y de todos los problemas del Estado y la institucionalidad, se han hecho caer en los empleados públicos. Empresarios, políticos y algunos medios de comunicación se han alineado en este ataque. La discusión del tamaño del Estado, que necesitamos, no se ha hecho, está pendiente. Debe hacerse.

Los servicios públicos estratégicos, principalmente, como salud, educación, electricidad, seguridad ciudadana, asistencia social, de regulación de actividades, entre otros, deben permanecer en manos de Estado.

No se puede avanzar en el desarrollo nacional liquidando el Estado, disminuyéndolo, fortaleciendo los negocios privados y empobreciendo a los trabajadores. La pobreza no la hacen lo pobres. La pobreza es resultado de la riqueza. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional disminuyendo ingresos, salarios y pensiones de los trabajadores. Ni se puede avanzar en el desarrollo nacional desprestigiando instituciones, trabajadores, sistemas sociales de protección. Ni se puede activar el proceso económico reduciendo salarios y capacidad de consumo.

La democracia política impone un sistema de pesos y contrapesos políticos, pero también sociales. Cámaras empresariales y Sindicatos en general son esenciales en esta discusión, y en este equilibrio de pesos y contrapesos, en igualdad de condiciones, sin estigmatizaciones de ellas, sin parcializar a favor de una de ellas.

El Proyecto de Ley sobre Empleo Público por sí no resuelve el problema del déficit ni de la crisis fiscal, porque el déficit y la crisis no descansa en los salarios ni en las pensiones.

Son las instituciones del Estado, las que desde 1950, han ayudado a resolver el desempleo y el trabajo informal, y con sus políticas de salarios han contribuido a distribuir la riqueza social, son las que han permitido la movilidad social como colchón de la estabilidad social y política que ha tenido el país.

El modelo de Estado fascista, a la tica, es lo que se impulsa con esta Ley de Empleo Público, que intenta igualar a la baja a todos los trabajadores públicos, reducirles sus salarios, pensiones e ingresos, empobrecerlos más, acabar con la clase media, aumentar la pobreza extrema y la pobreza en general como parte de un gran negocio económico. Institucionalmente es privatizar hasta donde se pueda todas las instituciones de servicios públicos, incluso las estratégicas.

En el caso de la Autonomía Universitaria que se quiere debilitar es porque la Autonomía surgió históricamente como un grito de Libertad y Democracia, como un retén contra el golpismo político, que culmina cuando se toman las Universidades, no los cuarteles o las instituciones militares. Para avanzar hacia un Estado de características fascistas hay que limitar y si es posible eliminar la Autonomía Universitaria.

La Autonomía Universitaria es una defensa moral y política contra todo abuso del Poder Político, por ello la campaña negativa y de desprestigio que hay contra las Universidades públicas, sus profesores, su personal, sus salarios e ingresos.

Los impactos sociales de la Ley de Empleo Público los veo en esto:

-empobrecimiento del nivel y condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses,
-desempleo creciente, afectando las mujeres cabeza de familia,
-subempleo y trabajo informal creciente,
-congelación de salarios, ingresos y pensiones de los trabajadores por los próximos dos o tres años, como se ha propuesto,
-disminución de estudiantes en el sector público y privado de la educación,
-aumento de la deserción escolar en todos sus niveles,
-encarecimiento de los servicios públicos básicos, agua, electricidad, transporte,
-encarecimiento de los alimentos básicos,
-disminución importante de la clase media,
-imposibilidad real de ascenso social para los sectores que han estado en condición de pobreza extrema y pobreza,
-fuerte empobrecimiento de la clase media, especialmente la media media y la media baja,
-disminución y desaparición de programas de asistencia social,
-encarecimiento del nivel de vida en alimentos, medicinas, y recreación,
-disminución de la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación,
-privatización de servicios públicos básicos, su encarecimiento,
-debilitamiento de las instituciones públicas educativas y de salud,
-debilitamiento de las organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas,
-se aumentarán las brechas e inequidades sociales, así como la desigualdad social,
-se concentrará más autoritariamente el Poder Político,
-se ejercerá un mayor control social, institucional y político de los ciudadanos y trabajadores. Probablemente la UPAD estaba en la lógica de la estructuración fascista que se quiere hacer del Estado costarricense,
-se tenderá a mayor penalización de las relaciones laborales,
-aumentarán las protestas sociales en diversas formas, espontáneas y organizadas, al amparo de la legislación o al margen de ella. La lucha social se mantendrá mientras haya condiciones e injusticias sociales que la fomenten y activen.

En este año electoral veo peligrosamente las posibilidades de que surjan tendencias populistas de diverso signo político.

Urge, me parece, cada vez más, un nuevo Acuerdo Nacional Social y Político, quizá una Nueva Asamblea Constituyente, que redefina de mejor forma el futuro de Costa Rica y de los costarricenses.

(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el Foro sobre Autonomía Universitaria, organizado por el Consejo Nacional de Rectores, el lunes 1 de marzo del 2021. Participantes: Dra. Sandra León Coto, ex rectora de la UNA, Dra. Yamileth González García, ex rectora de la UCR, Lic. Gastón Baudrit Ruiz, asesor legal de CONARE, Dr. Luis Baudrit Carrillo, catedrático y ex director de la Oficina Jurídica de la UCR, Lic. Vladimir de la Cruz Lemos, historiador. Moderador: Med. Francisco González Alvarado, presidente de CONARE y Rector de la UNA).

¿Fascismo en Argentina?

José Luis Callaci

Los extremos a lo que está llegando parte de la oposición en Argentina al colocar bolsas mortuorias frente a la Casa Presidencial con nombres de autoridades de Gobierno y personalidades constituye una muestra más de la pésima interpretación de lo que es la práctica democrática.

Es un grave error tomar ese lamentable hecho como un simple, aunque indignante acto de “libre expresión” y no una clara incitación al odio y la violencia. Algo no solo censurado sino sujeto a acciones punitivas en las democracias más desarrolladas del mundo.

Vivir en democracia implica derechos y deberes dentro de una estricta observancia de las reglas de convivencia pacífica y civilizada que le son propias y la caracteriza. Reglas que se inscriben en disposiciones y normas nacionales e internacionales de las cuales el país es signatario.

Tolerar estas ignominiosas conductas es sumamente reprochable, al menos en una democracia.

¿Cuánto tiempo más hará falta para que se entienda que la democracia no es solo ir a escoger a los gobernantes cada cierto tiempo sino mucho más, mucho más que eso?

Es algo que se vive y practica en cada momento, día a día. ¿Se tendrá claro que ese Nunca Más significa no solo el repetirlo todo el tiempo sino impedir, con todo lo que la democracia proporciona, la incubación de un nuevo “huevo de la serpiente”? … Tan bien descrita en una de las obras cinematográficas del famoso director sueco Ingmar Bergman.

El avance del fascismo en Estados Unidos, ¿Se ha interrumpido con la derrota electoral de Trump?

Vladimir de la Cruz

El fascismo, el nazismo y el nazi fascismo se desarrolla y ubica en tiempo histórico, en términos generales, a partir del inicio de la década de 1920, con el ascenso de Benito Mussolini al Poder en Italia, y luego con el ascenso, desde finales de esa misma década, de Adolfo Hitler en la Alemania.

Su etapa de fortalecimiento, y visión expansionista sobre el mundo, fue la década de 1930 y de avance sobre Europa, proyectado a acabar con la Unión Soviética, entonces la única región que construía un modelo político y económico alterno al capitalismo.

El surgimiento de este modelo político, de este ideario político ideológico, repercutió organizacionalmente, y por simpatías e identificaciones con esos movimientos políticos, especialmente en Alemania, y en Italia, en otros países, continentes y regiones. En Costa Rica, proyectado a Centroamérica, a finales de la década de 1920 se constituyó el Comité Fascista de Costa Rica y de Centro América, bajo el impulso de la Embajada de Italia.

La década del 30, con el desarrollo de la República Española, y la situación causada por las elecciones de 1936, que originan la Guerra Civil Española, con brigadas internacionales en defensa de la República Española, su derrota en 1939, y el ascenso de Francisco Franco al poder, quien fuese aliado estratégico de Hitler y Mussolini, en el desarrollo de la II Guerra Mundial, fortalecieron esos movimientos fascistas en diversas partes del mundo.

Las relaciones diplomáticas entonces existentes con Italia como con Alemania, hacían que sus Delegaciones tuvieran influencia activa en los gobiernos y en los gobernantes, sobre todo cuando con motivo de las relaciones económicas, especialmente con Alemania, habían lazos fuertes, como en el caso de Costa Rica, que Alemania ocupaba el tercer lugar en esas relaciones, y repercutía para que el Gobierno de León Cortés, 1936-1940, fuera en la práctica un aliado, simpatizando con Hitler, y con la Alemania Nazi.

Aparte de estos movimientos fascistas o nazistas, desde 1917, con motivo del triunfo de la Revolución Rusa y luego de la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, surgieron a escala planetaria movimientos y organizaciones anticomunistas, que a los efectos prácticos, se convertían en aliados estratégicos del movimiento ascendente del fascismo y el nazismo cuando sus objetivos se clarificaron en avanzar hacia la Unión Soviética y acabar con su sistema económico político.

Estados Unidos no fue la excepción a este tipo de movimientos y organizaciones, amparados a una tradición de organizaciones racistas que venían desde el siglo XIX, como la sociedad terrorista Ku-Klux-Klan.

En vísperas de la II Guerra Mundial ya actuaban en Estados Unidos las organizaciones fascistas Camisas Plateadas, el Bund Germano Norteamericano, el Frente Cristiano, que dirigía el pastor Cougling, y la organización America First, que dirigía Gerald Smith, éste muy similar al movimiento que impulsó Donald Trump.

Al iniciar la II Guerra Mundial hubo en Estados Unidos quienes plantearon la posibilidad de establecer una “dictadura fascista disfrazada”.

Este fascismo estadounidense tendría sus propias características y particularidades.

En 1962 el periodista norteamericano Mike Newberry enfatizaba que eso había surgido con el fortalecimiento de los militares en la política norteamericana, con “guerras de guerrillas racistas”, avaladas por el Gobierno y la CIA, por el fortalecimiento del Poder Ejecutivo de poder declarar la guerra de manera unilateral, por la eliminación, en ese momento, de ciertas prerrogativas del Congreso, las medidas que se tomaron de restricción de libertades públicas, como la de expresión, y de las libertades civiles, como las establecidas en las leyes Smith y McCarran, la famosa Comisión de Actividades Antinorteamericanas, del Senador McCarthy, que originó la persecución más grande de ciudadanos norteamericanos, en la década de 1950, llevándolos incluso a la pena de muerte, estableciendo de esa manera un régimen dictatorial vestido de democracia, lo que sigue siendo una clave para entender mucho de lo que sucedió bajo el gobierno de Donald Trump, con el apoyo tácito que daba a organizaciones racistas y a actuaciones policiales altamente represivas en ese sentido, estimulando las acciones salvajes y desmedidas de sus seguidores, de calificar negativamente y como delincuentes a quienes se le oponían o criticaban.

En la década de 1930 hubo tendencias en Estados Unidos de interrumpir las relaciones internacionales, y las de tipo cultural, así como Trump tendió a sacar a Estados Unidos de instituciones internacionales, y de romper su presencia en la globalización económica que también habían impulsado a construir.

Como en la década del 30, Trump concentró su interés en fortalecerse en los Estados más atrasados políticamente de los Estados Unidos, con población bastante analfabeta en lo político, conservadora por su militancia en el Partido republicano y por la influencia de las corrientes religiosas no católicas, especialmente las pentecostales.

Trump a diferencia de Hitler ya tenía un Estado, el de la Unión, unificado en todo sentido, en cierta forma un Estado Autoritario, militarizado, policialmente fuerte, con mecanismos aptos para desarrollar formas terroristas y despóticas del ejercicio de Gobierno. Desde 1961, cuando el Presidente Eisenhower, dejó el Gobierno, advirtió del surgimiento del llamado complejo industrial militar, advirtiendo en cierta forma el peligro que eso podía contener para el Estado norteamericano, en cuanto a la alianza de los sectores productivos para el Ejército y las guerras con los grupos o camarillas gobernantes en Estados Unidos. El Senador Ralph Flanders, en esa época, llamó la atención sobre el sacrificio que se estaba haciendo de “perder” la libertad y de convertir el modo de vida norteamericano en un “modo de vida de un Estado cuartel”.

A los radicales políticos de la derecha en Europa y en otras partes del mundo les llaman fascistas, mientras en Estados Unidos, tan solo radicales de derecha, o la derecha. Lo vimos en las últimas campañas electorales, desde Hillary Clinton, usando el término de derecha para acusar a Trump o al Partido Republicano, mientras Trump acusaba fuertemente al Partido Demócrata de Socialistas y a los demócratas hasta de “comunistas”, procurando construir ese escenario de guerra fría interno y de revivir esas tradiciones fascistas en los Estados Unidos.

Para Trump socialista o comunista, en esta campaña electoral, fueron aquellos que se oponían a su ideal de americanismo, de Estados Unidos Primero, de los que podían amenazar la integración y la inviolabilidad de la Suprema Corte, de allí su urgencia de nombrar la última magistrada electa, de los que cuestionaban la salida que había hecho de organismos internacionales de la ONU, de los que se oponían a las formas despectivas y racistas de referirse a comunidades de personas, de trabajadores, de inmigrantes, de los que se oponían a la construcción de Muro en la frontera, de los que se oponían a la forma de denigrar a quienes no eran norteamericanos blancos, a los que defendían los programas sociales, especialmente el de salud, que se había tratado de impulsar desde la Administración Obama, o los que reclamaban la mala política seguida por el gobierno Trump para atender la pandemia del COVID 19, que de alguna manera su desinterés era a la vez una forma de llevar una limpieza étnica, en el interior de los Estados Unidos, por la afectación hacia los grupos más vulnerables para contraer el virus, latinos, negros, afrodescendientes, inmigrantes, pobres, personas excluidas en la realidad de sistemas y asistencias de salud.

Quienes así actuaban, desde el pasado hasta Trump, habían copado también las estructuras de la economía y de los negocios en Estados Unidos, lo que les daba presencia, legitimidad y hasta respetabilidad. Por ello la presencia de Trump, y su continuismo, era no solo un grave peligro sino una gran amenaza a la propia dinámica de la vida democrática en Estados Unidos.

Con Trump el extremismo racista cobró fuerza, se avivó. El odio y la intolerancia se izaron con fuerza, se metieron en toda la sociedad norteamericana, en todos los Estados, con distintos grados de intensidad, resquebrajando la estructura del edificio político e institucional de los Estados Unidos. Por ello no son tan casuales los discursos, desde la toma de posesión, que ha hecho y ha venido haciendo el Presidente Biden, para enfrentar esta tendencia y estos movimientos fascistas y racistas en la sociedad norteamericana.

Con la decisión del Senado norteamericano, negándose a enjuiciar a Trump, le envalentonó, lo fortaleció en su liderazgo personal sobre la masa de 70 millones de personas que votaron por él, más que por el Partido Republicano, convirtiéndolo en un líder, que no ha dejado de valorar la posibilidad de seguir actuando en política para volver a luchar la Presidencia en el 2024, salvo que los juicios, al margen de los escenarios políticos del Congreso y del Senado, le puedan causar algún grado de inhabilitación política.

El extremismo político trumpista es la nueva forma del neonazismo y del neofascismo en Estados Unidos. Las repercusiones de su movimiento tendrán sus alcances en otras latitudes y países. Este no es un movimiento exclusivo de los Estados Unidos, mientras Donald Trump lo aliente. La amenaza fascista sobre Estados Unidos nos amenaza a todos, especialmente a los que estamos más cerca, como países, de los Estados Unidos. Ya en Europa hay movimientos fascistas bien desarrollados, en distintos países. La tendencia peligrosa en este sentido es la constitución de una Organización Internacional neofascista que impulse esos movimientos a nivel mundial, cuando las fuerzas democráticas mundiales, y sus partidos políticos principalmente, están dispersas y desunidas en ese mismo sentido.

Si el fascismo acarrea la guerra el neofascismo en Estados Unidos es igualmente una grave amenaza para estimular las guerras. El retorno al hegemonismo mundial militar de los Estados Unidos por Biden podría ser una peligrosa manifestación de esos intereses neofascistas incrustados en el aparato militar norteamericano, y el complejo industrial militar que sigue teniendo una gran fuerza y presencia en Estados Unidos. El fortalecimiento de la OTAN y su retorno a ese organismo, por parte de Estados Unidos, presagia posibilidades de conflictos en la disputa por áreas de influencia en Europa, como las disputas con la República Popular China, por su presencia en las relaciones económicas internacionales, por la proyección de su nueva ruta de la seda, por su cada vez mayor proyección en Asia, y en el Mar de China, o las disputas con Rusia que se tratan de estimular, poniendo tensión en las relaciones internacionales. De esa forma el trumpismo tiene sus vasos comunicantes con la actual Administración Biden.

Los bloques militares, las bases militares, las provocaciones militares para crear conflictos artificiales, que favorezcan la industria de la guerra, la presencia militar norteamericana allí donde están, Afganistán, Siria, Irak o Guantánamo, las agresiones de diversa manera a los puntos sensibles existentes como, Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Nicaragua, dentro de la óptica de las relaciones de Estados Unidos, seguirán. El rearme nuclear del actual gobierno norteamericano ha obligado a Rusia a mantener la producción de misiles de largo alcance.

Lo más importante es el desplazamiento de los Estados Unidos del escenario internacional, y de las relaciones económicas, que va a ser la clave en la definición de este panorama que empieza a perfilarse hacia los próximos cuatro años.

Con Trump presionando en el interior de los Estados Unidos, se alimentarán estas tendencias fascistas, de derecha y conservadoras, como también gustan llamarlas, en Estados Unidos. Dentro del Partido Republicano la lucha interna de Pro Trump y Anti Trump se agudizará. Por ahora Trump tiene su presencia bien ganada.

Con Biden no se ha acabado el peligro de la existencia de movimientos fascistas importantes en Estados Unidos. Está empeñado en derrotarlos, en golpearlos, en limitarlos, en reducir su influencia. ¿Cuánto? Ya veremos.

Si a Kennedy lo mataron los fascistas y ultraderechistas de su época, su asesinato mostró la forma, en ese momento, de dar un cambio de timón en el Gobierno, de dar un golpe de estado a lo gringo. Algo así quiso hacer Trump con su Marcha sobre Washington, al estilo fascista de la de Mussolini, el pasado 6 de enero.

Ese golpe de estado a lo Trump sigue vigente mientras él mantenga que su triunfo electoral le fue robado y que el gobierno de Biden es ilegítimo por su origen fraudulento. Desde la finalización de la II Guerra Mundial el fascismo en Estados Unidos empezó a desarrollarse y a crecer.

Trump, como un Frankenstein actual, encarna esta figura monstruosa del nuevo líder fascista de los Estados Unidos.

Después de Trump

Arnoldo Mora

La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.

El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.

Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.

Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…

Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.

Declaración de la Asociación Americana de Juristas tras el intento de golpe en los EE.UU.

La AAJ repudia los actos de violencia del 6 de enero en Washington DC, que resultaron en la muerte de cinco personas, lo cual pudiera repetirse durante o antes del acto de toma de posesión del presidente electo Joseph Biden. La insurrección ejecutada en el Capitolio fue impulsada por Trump esa mañana, mintiendo sobre un presunto fraude electoral. Una turba ultraderechista, fascista, antisemita y neonazi, y de supremacistas blancos, irrumpió y ocupó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y varios edificios del Capitolio estatal en un intento de interrumpir el proceso de certificación de las elecciones, encontrar, agredir, o inclusive secuestrar y asesinar a legisladores y legisladoras, aparentemente con la complicidad de efectivos de las fuerzas del orden y colaboración de legisladores como Ted Cruz y muchos otros. Así lo reflejan los medios de prensa. Incluso se documentó que algunos agentes de policía abrieron barricadas para dejar pasar a las turbas y se retrataron en “selfies”. Además, se informó que el Departamento de Defensa no dio aprobación para la entrada de guardias nacionales de otros estados hasta horas después. Resulta significativo que un buen número de los insurrectos fueron integrantes de las fuerzas armadas de los EE. UU.

La AAJ considera que los hechos acaecidos confirman una tentativa de golpe de estado con el objetivo de anular los resultados de las elecciones, certificados por el Colegio Electoral. El fracaso de la tentativa posibilitó la decisión de la Cámara de Representantes del 13 de enero, promoviendo un segundo proceso de destitución de Trump por incitación, y no pueden descartarse nuevos intentos.

Hay que analizar seriamente el comportamiento y complicidad de las fuerzas del orden al tratarse de manifestantes supremacistas y compararlo cuando se trata de manifestantes negros, latinos, progresistas, LGBTQ, naciones originarias, mujeres, y de quienes luchan contra la discriminación y el racismo.

Un ejemplo, es el del pasado mayo y posteriormente: la policía de Washington DC actuó con fuerza excesiva y detenciones masivas de miembros de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y grupos en solidaridad, por protestar contra el racismo y la violencia policial a raíz del asesinato de George Floyd. Así mismo fue el comportamiento de las fuerzas policiales en eventos similares en todo el país.

Otro ejemplo es la respuesta policial a la violencia de la supremacía blanca en Charlottesville, VA en 2017, cuando operativos de extrema derecha y fascistas se congregaron con antorchas, símbolos del nazismo, para revertir la decisión de remover los monumentos racistas. La policía, en otra demostración de racismo, tuvo una actitud complaciente hacia los supremacistas, que tomaron represalias e irrumpieron en medio de una contra protesta anti racista, hiriendo a decenas y matando a la joven Heather Heyer.

Por tanto,

La AAJ llama a una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente de los hechos, sancionar a los responsables y garantizar su no repetición tomando las medidas necesarias para desmantelar toda forma de racismo institucional y estructural.

16 de enero de 2021

Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Compartido con SURCOS por Walter Antillón.