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Etiqueta: fauna silvestre

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Coalición por los pasos de fauna

Los pasos de fauna no pueden esperar

El Proyecto de Ley de Pasos de Fauna, expediente 23.166, enfrenta un momento decisivo. Aunque ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto podría archivarse si no se aprueba la moción de plazo cuatrienal presentada el día de hoy, necesaria para extender por cuatro años más la vigencia legislativa del expediente y permitir su avance hacia el segundo debate.

Permitir que este proyecto sea archivado sería un grave retroceso para Costa Rica y una nueva deuda con su biodiversidad. La falta de una legislación específica sobre pasos de fauna ya no puede verse como una omisión menor, sino como la ausencia de acciones concretas y la falta de voluntad frente a una problemática ampliamente documentada y prevenible.

Mientras esta ley continúa estancada, la fauna silvestre muere diariamente como consecuencia de la fragmentación de bosques, la tala y la falta de planificación ambiental en el desarrollo de infraestructura vial y urbana.

La magnitud del problema es alarmante:

A través de una recopilación de estudios realizados en Costa Rica, la Universidad Latina compiló más de 19.000 registros de atropellos de animales silvestres.

Solo en la Ruta 253, durante el 2019 en un tramo de 20 km, entre Comunidad y Papagayo, se tiene un estimado anual de 7.000 atropellos de vida silvestre.

Entre 2011 y 2025, la asociación SalveMonos registró 1.552 accidentes de fauna silvestre, de los cuales 994 corresponden a electrocuciones y 153 a atropellos. Del total, cerca del 85% involucra primates.

Asimismo, según datos de Vías Amigables con la Vida Silvestre, Centro de Rescate y Santuario Las Pumas y Panthera, entre 2012 y 2025 se registraron 676 atropellos de felinos silvestres en rutas nacionales, siendo el manigordo la especie más afectada, con 482 casos documentados.

Los pasos de fauna salvan vidas.

La asociación SalveMonos ha instalado 313 puentes de fauna arbórea en los cantones de Santa Cruz y Carrillo. Como parte de su implementación, se colocaron cámaras de monitoreo para evaluar su efectividad, generando amplia evidencia documental sobre su uso constante, en especial del mono aullador.

Registro de monos aulladores utilizando un paso de fauna aéreo en Guanacaste. Imagen cortesía de SalveMonos.

Además, el Protocolo de Monitoreo de Pasos de Fauna, elaborado por Panthera y el Banco Interamericano de Desarrollo, reporta a partir de 19 estudios realizados en Costa Rica entre el 2011 y el 2023, que se documentan 59 especies utilizando pasos de fauna, evidenciando su funcionalidad para reducir impactos sobre la fauna silvestre y restaurar la conectividad ecológica.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a las diputadas y diputados de todas las fracciones para que aprueben la moción de plazo y permitan que este proyecto continúe su camino hacia el segundo debate y su eventual aprobación como ley de la República.

También hacemos un llamado a la ciudadanía, organizaciones, comunidades y sectores comprometidos con la biodiversidad a comunicarse con las distintas fracciones legislativas y exigir que este proyecto no sea archivado.

La protección de la fauna silvestre no puede seguir postergándose.

Puede bajar desde SURCOS el documento Estado del Impacto Vial y Medidas Ambientales para la Vida Silvestre, Costa Rica

Organizaciones firmantes:

SalveMonos Costa Rica

Savage Lands

APREFLOFAS

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Verde Mar

Alianza Escazú

Bloque Verde

GuanaDefensoras

Corredor Biológico Paso de la Danta

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

● The Leatherback Trust

● Comité Punta Pelencho

Asociación Civil Pro Natura

Un Puerto Limpio

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

Asociación Nandamojo

Sol Sanctuary

Antigentrificación

Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito

Fundación Halfway Home Tamarindo

Mercado Bahía Ballena

Fundación Fogaus

Asociación de Desarrollo de Playa Potrero

Coalición Floresta

Colectivo Ecologista Liberiano

Fundación Orgánica

Asociación Sostenibilidad en Grande

Defensores de la Casa Común

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Organizaciones piden aprobar proyecto de ley sobre pasos de fauna y alertan sobre muerte masiva de animales en carreteras

Diversas organizaciones ambientales y personas defensoras de la vida silvestre solicitaron a la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de discusión y aprobar el proyecto de ley No. 23.166, orientado a garantizar la incorporación de pasos de fauna en obras de infraestructura vial en Costa Rica.

La solicitud fue impulsada por la Comisión Vías y Vida Silvestre de la UNED (CVVS-UNED), junto con sectores ecologistas vinculados al Frente Ambiental del Frente Amplio y organizaciones conservacionistas.

Según el pronunciamiento enviado a diputadas y diputados, la ausencia de pasos de fauna ha provocado una creciente mortalidad de animales silvestres en carreteras nacionales, situación que consideran ya constituye una amenaza para la biodiversidad y la conectividad ecológica del país.

El proyecto de ley busca incorporar medidas obligatorias de protección de fauna silvestre dentro de las obras de infraestructura vial, incluyendo pasos aéreos, subterráneos y otras soluciones de conectividad ecológica.

La Comisión Vías y Vida Silvestre recordó que actualmente “están muriendo más animales silvestres en nuestras carreteras que por la cacería”.

Como parte de la campaña, se compartieron materiales audiovisuales elaborados por la UNED sobre atropello de fauna silvestre y prevención en carreteras.

Además, las organizaciones insistieron en la necesidad de que el proyecto vial de ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón incorpore pasos de fauna desde sus etapas de diseño y evaluación ambiental.

En una carta enviada el 16 de abril de 2026 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al viceministerio y al CONAVI, la Comisión Vías y Vida Silvestre consultó formalmente si el proyecto contempla pasos de fauna aéreos, subterráneos y mixtos, y cuántas estructuras de este tipo se encuentran previstas.

La organización recordó que la Ruta 1 atraviesa importantes corredores biológicos y señaló que la Sala Constitucional ya había indicado anteriormente la necesidad de contemplar medidas de protección de fauna silvestre para esta vía.

Entre los antecedentes citados destaca la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el proyecto del corredor vial San José-San Ramón. En ella se reconoce que la Ruta 1 atraviesa tres corredores biológicos: Garcimuñoz, El Achiote y Montes de Aguacate.

La resolución también establece que el Estudio de Impacto Ambiental deberá determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto vial.

Asimismo, SETENA indicó dentro de los términos de referencia del estudio ambiental que deben evaluarse corredores biológicos, fragilidad de ecosistemas y medidas de protección asociadas a la conectividad ecológica.

Aunque la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso presentado en 2021 debido a que el proyecto aún se encontraba en una fase inicial, el tribunal dejó claro que los pasos de fauna deberán ser incorporados en el diseño del proyecto una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el país enfrenta un proceso creciente de “defaunización” de los bosques, producto de la expansión vial, incendios forestales, cacería y cambio climático. Por ello, consideran urgente aprobar legislación que garantice infraestructura amigable con la vida silvestre y reduzca la mortalidad animal en carreteras.

Desde el Frente Nacional Ecologista del Frente Amplio se respaldó la solicitud de ampliar el plazo legislativo del expediente 23.166 y se pidió su pronta aprobación “para proteger y conservar la vida silvestre”. También señalaron la necesidad de detener las muertes de animales tanto por atropellos como por electrocuciones.

Sala Constitucional pide informes por construcción de carretera en zona protegida de Barva

La Sala Constitucional acogió para trámite un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Municipalidad de Barva de Heredia por la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, dentro de una zona inalienable protegida por la Ley 65 de 1888 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso fue interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, quienes señalan que las obras se realizan sobre un antiguo camino rústico sin que se hayan efectuado estudios ambientales integrales ni contemplado medidas de mitigación para la fauna silvestre, pese a tratarse de un ecosistema de alta fragilidad ecológica.

Según el expediente, las personas recurrentes sostienen que el proyecto financiado mediante un convenio entre el INDER y la Municipalidad de Barva fue tramitado ante SETENA como una obra de bajo impacto ambiental, mediante una evaluación simplificada, cuando por las características ambientales y jurídicas de la zona debía requerirse un Estudio de Impacto Ambiental completo.

El recurso señala además que la intervención implica ensanchamiento del camino, remoción de vegetación y posibles afectaciones sobre corredores biológicos utilizados por especies como quetzales, dantas, pumas, ocelotes, monos carablanca y numerosas aves y reptiles.

Entre los cuestionamientos también se menciona la ausencia de pasos de fauna y la falta de autorización expresa del MINAE o del SINAC para intervenir el patrimonio natural del Estado en esa zona protegida.

La Sala Constitucional ordenó solicitar informes a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de Barva, otorgando un plazo de tres días hábiles para responder sobre los hechos denunciados.

El caso se relaciona con preocupaciones ambientales, que diversos sectores han venido planteando, sobre el impacto de obras viales y desarrollos en zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo y otros territorios protegidos del norte de Heredia, particularmente en áreas vinculadas con la recarga hídrica y corredores biológicos estratégicos para el Valle Central.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo de la resolución judicial:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

UCR invita a taller participativo sobre manejo de fauna silvestre y normativa ambiental

La Universidad de Costa Rica (UCR, a través de la Vicerrectoría de Acción Social y el programa Kioscos Socioambientales, invita al Taller participativo sobre manejo de fauna y reglamentos, un espacio orientado a promover el conocimiento y la convivencia responsable con la fauna silvestre.

La actividad se realizará el miércoles 15 de abril, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales (primer piso), en la Ciudad de la Investigación.

Formación para la convivencia con la vida silvestre

El taller busca generar un espacio de diálogo y aprendizaje sobre las prácticas adecuadas para el manejo de fauna silvestre, así como sobre la normativa que regula su protección. La iniciativa parte de la premisa de que convivir responsablemente con la biodiversidad implica también conocer las leyes y reglamentos que resguardan estos ecosistemas.

En este sentido, la actividad pretende fortalecer capacidades en las comunidades para actuar de manera informada frente a situaciones relacionadas con la fauna, promoviendo el respeto por la vida silvestre y la conservación de los territorios.

Facilitación especializada

El taller será facilitado por Edgar Castrillo, de la Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA), quien aportará su experiencia en el manejo y rescate de fauna, así como en la aplicación de normativa ambiental.

Espacio abierto a la comunidad

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en temas socioambientales, estudiantes y comunidades que buscan fortalecer sus conocimientos y prácticas en relación con la protección de la fauna silvestre.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la UCR por promover la educación ambiental y el vínculo entre la academia y las comunidades en la defensa de la biodiversidad.

Cocodrilos en ríos y playas: lo que conviene saber antes de entrar

El agua se ve tranquila. A simple vista, no hay nada que alerte. La orilla parece segura, el paisaje invita a meterse sin pensarlo mucho. Pero en muchos puntos del país, esa calma puede ser engañosa.

En Costa Rica, los cocodrilos forman parte del entorno natural de numerosas zonas costeras. Pueden encontrarse no solo en grandes ríos o manglares, sino también en desembocaduras, esteros, lagunas, playas cercanas a ríos e incluso en cuerpos de agua pequeños que están conectados con estos sistemas. En el Pacífico, se han registrado hasta los 600 metros sobre el nivel del mar; en el Caribe, hasta los 250 metros.

Por eso, antes de entrar al agua o acercarse a la orilla, vale la pena hacer una pausa. No toma más que unos minutos: observe el entorno, fíjese en señales de riesgo y pregunte a quienes conocen la zona.

El investigador Iván Sandoval, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, insiste en que lo primero es informarse.

“Durante la época seca, la atención debe ser mayor. Al disminuir el caudal de los ríos, muchos cocodrilos se desplazan en busca de agua, lo que puede acercarlos a sitios donde hay presencia de personas”, detalló.

Hay prácticas que aumentan el riesgo y debe evitar:

· Entrar al agua en zonas donde se sabe que hay cocodrilos.
Permanecer en orillas con agua turbia o de baja visibilidad.

· Realizar actividades como natación, kayak, paddle o surf cerca de desembocaduras o esteros.
Pescar dentro del agua o limpiar pescado en la orilla, lo que puede atraer animales.
Permitir que las mascotas se acerquen a estos sitios.

Si observa un cocodrilo, aléjese, no intente interactuar con él ni alimentarlo.

Lo que debe saber antes de ir de paseo

La prevención también requiere entender qué son los cocodrilos, cómo se comportan y por qué aparecen en ciertos lugares.

Ante el aumento de encuentros entre personas y cocodrilos en zonas costeras, la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional desarrolló dos publicaciones con información científica y herramientas educativas.

Se trata de una guía metodológica sobre manejo de interacciones entre humanos y cocodrilos y de un libro dirigido al público general. Ambos materiales buscan responder preguntas frecuentes y ofrecer orientación práctica.

Sandoval explicó que el objetivo es reducir incidentes. “Son una guía práctica para educar a la población y dar respuesta a muchas de esas consultas que comúnmente se hacen”, comentó.

Uno de los aportes es explicar el comportamiento de la especie. Los cocodrilos no están “invadiendo” espacios humanos; ocupan hábitats donde siempre han estado. Lo que ha cambiado es la relación con las personas, marcada por el crecimiento urbano, las actividades productivas y la recuperación de sus poblaciones.

El libro aborda aspectos clave:

· ¿Dónde viven y por qué se desplazan?

· ¿Cómo se comportan en distintos momentos del año?

· ¿Qué situaciones aumentan el riesgo de encuentros?

· ¿Qué prácticas humanas los atraen, como alimentar fauna silvestre o dejar restos de pesca?

También se explica su papel ecológico: el cocodrilo es un depredador tope que regula poblaciones y mantiene el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

La guía metodológica, por su parte, está pensada para comunidades e instituciones y propone talleres y actividades que ayudan a reconocer riesgos y a modificar conductas.

Las publicaciones, aunque se desarrollaron con énfasis en la región Chorotega, aplican para todo el país y están disponibles en formato digital en el siguiente enlace. También incluye un libro para colorear: https://bit.ly/4rOChCZ

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Denuncian falta de respuesta de SINAC ante crueldad con patos en lago de Alajuela

La ciudadana Roxana Salazar reiteró, mediante un nuevo mensaje dirigido a autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras instancias del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), su preocupación por la crueldad con patos a los cuales se les niega alimento en un lago artificial en San Rafael de Alajuela.

Según expone, desde febrero de 2026 ha presentado diversas solicitudes para obtener respuestas y soluciones ante lo que califica como una situación de crueldad animal, sin haber recibido contestación ni propuestas concretas por parte de las autoridades.

De acuerdo con el mensaje, el problema se originó en octubre de 2025, cuando funcionarios del SINAC notificaron un apercibimiento que prohibía la alimentación de los patos, bajo el argumento de que se trataba de fauna silvestre.

Sin embargo, la denunciante señala que en ese momento no se aportó documentación que demostrara que los patos, anteriormente considerados domésticos, hubieran adquirido condición de fauna silvestre, ni se ofrecieron alternativas para evitar consecuencias negativas derivadas de la medida.


Señalan ausencia de soluciones

En su comunicación, Salazar indica que a la fecha no se cuenta con:

  • respuestas a las múltiples peticiones presentadas,

  • propuestas para resolver la situación,

  • evidencia técnica sobre el cambio de condición de los animales,

  • información sobre medidas para evitar la muerte de los patos,

  • acciones para prevenir posibles riesgos sanitarios derivados de la posible acumulación de animales muertos.

Afirma que, como resultado de la prohibición de alimentación, los patos y patitos estarían en riesgo de muerte por inanición, situación que, según indica, se mantiene de forma continua desde la emisión de la orden.


Antecedentes del caso

Este tema ha sido abordado en publicaciones previas, en las que se ha señalado que la orden de no alimentar a los patos fue emitida por autoridades del SINAC bajo la consideración de que se trataba de fauna silvestre.

Las denuncias ciudadanas han cuestionado esa clasificación y han advertido sobre las consecuencias que tendría la suspensión de la alimentación sin medidas alternativas, tanto en términos de bienestar animal como de salud pública.


Solicitan respuestas urgentes

La comunicación enviada a diversas autoridades ambientales y de control insiste en la necesidad de respuestas inmediatas y soluciones concretas para detener la situación descrita.

Asimismo, plantea la preocupación por la falta de información oficial sobre el manejo de estos animales y sobre las acciones que se implementarían para evitar mayores afectaciones.

Existencia de un zoológico privado en Santa Ana activa pedido de fiscalización urgente del SINAC

Organizaciones ambientalistas y personas defensoras de los animales solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ante informaciones que dan cuenta de la existencia de un zoológico privado ubicado en Santa Ana.

La gestión fue presentada por María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, tras la transmisión de un reportaje televisivo en el que se mostraron imágenes de animales en aparente estado de deterioro, incluyendo dos osos perezosos, un zopilote con una flecha incrustada y un caucel —felino silvestre— que, según la denunciante, presenta signos visibles de estrés y confinamiento prolongado.

En su comunicación dirigida al despacho ministerial y a instancias del Sinac, Fournier solicita información y acciones concretas, entre ellas:

  • El plan de manejo vigente del zoológico

  • El nombre del regente responsable

  • Fecha de la última inspección oficial

  • Informe detallado sobre las condiciones de todos los animales en cautiverio

  • Medidas correctivas inmediatas, incluyendo la eventual reubicación del felino o el cierre del establecimiento si se comprueban irregularidades

Antecedente: cierre de Fundazoo y debate sobre zoológicos privados

La denuncia revive el debate nacional que culminó con el cierre del zoológico Simón Bolívar y el centro de Santa Ana administrados por Fundazoo, tras décadas de cuestionamientos sobre bienestar animal y fiscalización estatal. En ese proceso, organizaciones ambientalistas y sectores académicos insistieron en la necesidad de fortalecer la supervisión del Sinac y revisar el modelo de zoológicos en el país.

En notas previas publicadas por SURCOS se ha documentado la discusión sobre el rol de los centros de rescate, la regulación de fauna silvestre y las obligaciones del Estado en materia de protección animal, así como denuncias sobre omisiones en fiscalización y aplicación de normativa.

La nueva gestión plantea que podrían persistir vacíos de control en establecimientos privados que operan bajo figuras de centro de rescate o exhibición, lo que ameritaría una revisión técnica por parte de las autoridades competentes.

Coadyuvancia y reclamo por otros casos

La denuncia fue respaldada mediante coadyuvancia por Roxana Salazar, quien además recordó que aún no se han atendido otras preocupaciones ciudadanas relacionadas con la protección animal, entre ellas el caso de los patos en un lago artificial en San Rafael de Alajuela, donde —según gestiones previas— se ordenó no alimentar a los animales sin medidas transitorias adecuadas.

Ambas gestiones coinciden en solicitar respuestas formales y actuaciones oportunas por parte del Minae y del Sinac, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre vida silvestre y bienestar animal.

Llamado a transparencia y fiscalización

Las organizaciones firmantes insisten en que la protección de fauna silvestre requiere no solo declaraciones normativas, sino fiscalización efectiva, informes públicos y medidas correctivas cuando corresponda. También recuerdan que el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de tutela de la biodiversidad están consagrados en la Constitución Política y en la legislación ambiental vigente.

Hasta el momento no se ha informado sobre una respuesta oficial del Minae o del Sinac ante las solicitudes planteadas.

Solicitan medida cautelar urgente al Minae por presunto maltrato de patos en condominio

Una gestión ciudadana fue presentada ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solicitando la adopción de una medida cautelar urgente para detener lo que se califica como maltrato animal contra patos en un lago artificial ubicado en el Condominio Campo Real, en San Rafael de Alajuela.

La petición fue dirigida al ministro Franz Tattenbach y a distintas instancias del Minae, incluyendo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con copia a otras dependencias institucionales. En el mensaje se solicita que se ordene de manera inmediata una medida cautelar que permita proteger a los animales mientras se analiza el fondo del asunto.

Según lo expuesto en el correo, Sinac habría ordenado no alimentar a los patos al considerar que se trata de fauna silvestre. No obstante, la persona remitente señala que no se habrían aportado pruebas concluyentes sobre la condición silvestre de los patos ni se habrían establecido medidas transitorias para evitar afectaciones a los animales.

La gestión afirma que la medida de no alimentación ha generado muertes de patitos y situaciones de agresión entre ellos por competencia de alimento. Asimismo, se indica que tanto Sinac como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no habrían intervenido de forma efectiva ante la situación denunciada.

En el mensaje se informa que se adjuntaron dos estudios técnicos elaborados por personas expertas, en los que se analiza la condición de los patos y la situación generada en el lago artificial.

Antecedentes del tema

Este caso se inscribe en una discusión más amplia sobre la gestión de fauna en espacios urbanos o privados con características artificiales, particularmente cuando existe controversia sobre si los animales deben considerarse fauna silvestre bajo competencia del Sinac o animales domésticos bajo la rectoría de Senasa.

En gestiones anteriores relacionadas con la administración ambiental y la protección de bienes públicos y naturales, organizaciones ciudadanas han planteado la necesidad de que las autoridades actúen con base en criterios técnicos claros, transparencia en la toma de decisiones y medidas proporcionales que eviten daños irreversibles mientras se resuelven los aspectos de fondo.

La solicitud actual plantea precisamente la adopción de una medida cautelar como instrumento preventivo, con el fin de evitar la muerte o sufrimiento de los animales mientras se determina su condición jurídica y el marco de competencia institucional correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución formal del Minae respecto a la petición planteada.

Sala Constitucional acoge gestión de desobediencia y reitera obligación de construir pasos de fauna en la Ruta 32

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió una gestión de desobediencia contra el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por incumplir lo ordenado en la sentencia N.° 2021001189, que dispuso la construcción y habilitación de pasos de fauna en la Ruta Nacional 32, en el marco del proyecto de rehabilitación y ampliación de esa vía.

Mediante la resolución N.° 2026006130, dictada el 20 de febrero de 2026, el Tribunal reiteró al Director Ejecutivo del CONAVI, o a quien ocupe ese cargo, la obligación de cumplir lo ordenado desde enero de 2021, en el sentido de construir y habilitar los pasos de fauna en los tramos ya intervenidos, así como diseñar, planificar y ejecutar la construcción de los restantes pasos en los sectores que serán intervenidos próximamente, conforme a lo previsto por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La Sala constató que, aunque la administración ha realizado diversas gestiones técnicas, administrativas y contractuales para atender esta obligación, el cumplimiento no ha sido integral, lo que motivó acoger la gestión de desobediencia presentada por el recurrente.

El Tribunal advirtió que el incumplimiento de lo ordenado puede dar lugar a la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios contra las autoridades responsables y al eventual envío del caso al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia, conforme a los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Antecedentes de la orden judicial

La sentencia original, emitida el 22 de enero de 2021, ordenó al CONAVI construir y habilitar los pasos de fauna en un plazo inicial de tres meses, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental de la ampliación de la Ruta 32 y garantizar la conectividad ecológica y la protección de la fauna silvestre.

Posteriormente, en junio de 2021, la Sala otorgó una ampliación del plazo por 36 meses, reconociendo las complejidades técnicas, administrativas y presupuestarias asociadas a la ejecución de estas obras, pero reiterando la obligación de informar periódicamente sobre el avance.

En octubre de 2024, el Tribunal rechazó una nueva solicitud de ampliación del plazo, señalando que no existían motivos suficientes para concederla y reiterando la obligación de cumplimiento.

Finalmente, en mayo de 2025 y nuevamente en febrero de 2026, la Sala acogió gestiones de desobediencia al constatar que el cumplimiento no había sido total.

Importancia de los pasos de fauna

Los pasos de fauna constituyen estructuras esenciales para garantizar el tránsito seguro de especies silvestres a través de carreteras, reduciendo la mortalidad por atropellos y preservando la conectividad ecológica entre hábitats fragmentados por infraestructura vial.

Su implementación forma parte de las medidas de mitigación ambiental obligatorias en proyectos de infraestructura que atraviesan zonas de alta biodiversidad, como es el caso de la Ruta Nacional 32, que conecta el Valle Central con el Caribe costarricense.

La resolución reafirma el carácter vinculante de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional y la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar su cumplimiento efectivo, particularmente cuando están en juego la protección ambiental y el interés público.