El pasado 29 de agosto de 2017 se firmó el Fondo Especial para la Educación Superior entre el gobierno y CONARE, que según denuncian sectores del movimiento estudiantil universitario, esa firma se hizo “a puertas cerradas, dejando como saldo un decrecimiento en el presupuesto para la educación superior en un 1,37% del PIB destinado a educación”, lo cual, (de paso), incumpliría el mandato constitucional de otorgar un 8% del PIB para el sector educativo.
Por esta razón, parte del movimiento estudiantil ha venido realizando acciones directas en diferentes puntos del país para que se escuchen sus peticiones. El pasado viernes 1° de setiembre de 2017, estudiantes universitarios tomaron el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) con el fin de que se informe claramente la forma en que se distribuirá el presupuesto, así como la rendición de cuentas de la Rectoría sobre las razones que dieron a la baja el presupuesto a la educación superior; así como asegurar la integridad de quienes participan en estas Acciones Directas, incluida la Toma del Edificio citado.
Las organizaciones, abajo firmantes, manifestamos nuestra preocupación por las denuncias que realiza el movimiento estudiantil, relacionadas con los Acuerdos “a puerta cerrada“, a espaldas de las comunidades universitarias, así como por el posible recorte del presupuesto a la Educación Superior Pública, establecido en la Constitución Política de Costa Rica como un derecho humano, asignándole incluso un porcentaje del PIB, como garantía directa a ese Derecho.
De igual manera, instamos a las Autoridades Universitarias y al Gobierno a responder las solicitudes de este movimiento estudiantil universitario del cual son parte los/as participantes de la Toma del edificio de Ciencias Sociales de la UNA, como acción directa no violenta y que tienen que ver con la justa preocupación de sus futuros universitarios inmediatos y de largo plazo.
Rechazamos como una acción represiva, el corte de los servicios básicos de agua y electricidad y el impedimento de ingreso de alimentos al edificio citado, así como la limitación a la libertad de tránsito de las personas para ingresar a la sede universitaria; pues no sólo violentan en sí, derechos humanos, sino que no contribuyen a una salida pacífica y negociada al conflicto; que de no actuarse con prontitud puede adquirir niveles inmanejables e inconvenientes, por las partes involucradas, siendo que, podemos a tiempo prevenirlas y resolverlas de manera alternativa, como bien lo predica esta misma Casa de Enseñanza Superior, en sus fines y en sus Maestrías de Derechos Humanos y Manejo Alternativo de los Conflictos. Rechazamos cualquier acción represiva tanto Universitaria como del Gobierno, porque implicaría agravar la situación de Conflicto y provocar acciones violentas injustificadas, tenemos suficientes recursos para el diálogo y la solución NO –Violenta. Todo en resguardo de la Autonomía Universitaria y del Movimiento Estudiantil.
Ofrecemos nuestros esfuerzos como organizaciones de Derechos Humanos, Paz y No Violencia en buscar salidas oportunas y alternativas a esta situación; permanecemos vigilantes; atentamente:
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ Costa Rica
Centro de Amigos para la Paz – CAP
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU
Adhieren este comunicado organizaciones sociales, indígenas; eclesiales ecuménicas; juristas y ecologistas entre otras.
Colectivo Derecho a la Protesta Social
Justicia Paz e Integridad de la Creación (Claretiana) – JPIC
Con la consigna ¡Nuestro presupuesto no es un juego!, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) convocó a todos los universitarios a asamblea abierta sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), hoy lunes 4 de setiembre a las 11 a.m. en la Plaza de la Diversidad de la Universidad Nacional (UNA).
La asamblea contará con la presencia del rector de la UNA, Alberto Salom, quien manifestó que se sumó al llamado de los estudiantes de la Feuna, e invitó también a los funcionarios de la Institución a participar de esta convocatoria, tomando en cuenta la importancia que del tema del presupuesto de la educación superior tiene para todos los integrantes de la comunidad universitaria.
***Más información con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna 8758-7762.
Ante la reciente acción de fuerza de un grupo de estudiantes de difusa composición, que este viernes 1 de setiembre de 2017 tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, en el Campus Omar Dengo de la UNA-Heredia, la Rectoría comunica lo siguiente:
La postura, insistentemente sostenida por la Rectoría en la Comisión de Enlace, conformada por la representación de Gobierno y por los miembros del CONARE y cuyo propósito ha sido negociar el presupuesto de las universidades estatales para el 2018, ha sido clara en sostener la primacía en el cumplimiento de los principios constitucionales.
En ese sentido, esta Rectoría siempre sostuvo y así dejó constancia en la firma del documento del FEES, que debió llegar a la meta del 8% del PIB para la educación, del cual el 1,5% debería ser asignado a las universidades estatales en el 2018. Ahora bien, considerando la grave situación fiscal que enfrenta el Gobierno, por falta de una reforma fiscal integral y progresiva, la base de cálculo, sobre la cual no hay ningún principio comprometido, sería la del PIB 2017. Esto sería así por los tres años siguientes, hasta el 2020, en los que se estaría tomando como base de cálculo el PIB del año anterior al de ejecución del presupuesto proyectado. De esta forma, el aumento en la asignación presupuestaria, garantizaría tanto el cumplimiento de las metas del Planes de CONARE, y en lo específico del presupuesto 2018 de la UNA, esta podría atender ajustadamente todos sus compromisos laborales y de operación, así como los servicios estudiantiles en su integridad.
Con ese panorama, y para no llegar al escenario que se quería evitar, esta Rectoría acordó acuerpar el acuerdo, bajo protesta de su posición, de lo cual ha quedado nota en el mismo texto del documento.
Finalmente, el acuerdo se firmó el pasado martes 29 de agosto de 2017 por parte de la delegación gubernamental y los demás rectores. Este servidor, firmó el día miércoles 30 de agosto, lo cual demuestra que no se ha tratado en ningún momento de un pacto secretista, como se ha querido presentar de forma malintencionada.
Este viernes 1 de setiembre de 2017 algunos estudiantes universitarios que manifestaron su disconformidad por los términos presupuestarios en que se firmó el FEES, tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales-Campus Omar Dengo-Heredia, impidiendo el ingreso de 480 personas postulantes para realizar el examen de admisión.
Esta situación se agrava con la suspensión del examen colegiado de matemática, igualmente programado para este día, de 2:00 a 6:00 PM, siendo afectados más de 700 estudiantes.
Todo esto ha significado, en términos económicos, una pérdida considerable para la universidad y, sobre todo, la afectación emocional que se haya podido producir en las personas postulantes que vieron frustrada su intención de cumplir con sus exámenes ante la acción de este grupo de manifestantes.
El grupo que ha tomado el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA es de diversa composición, entre ellos se encuentran estudiantes de la UNA que no gozan de ninguna representatividad legítimamente acordada por la comunidad estudiantil. Este es un grupo de jóvenes que se autolegitima en la acción de fuerza y desconoce cualquier intervención de los personeros de los cuerpos legítimos del movimiento estudiantil.
A la vez, los reclamos que este grupo formula no se refieren, en lo sustancial, a cuestiones que a la universidad ni sus autoridades les correspondan resolver. Más bien, al parecer, se dirigen a otras instancias gubernamentales y legislativas. Sin embargo, la afectación la están realizando en la UNA y a su población.
Tampoco, dicho grupo ha presentado ninguna solicitud de comunicación para conversar con las autoridades universitarias, de forma que se pudieran atender sus inquietudes, como siempre se ha hecho con quien lo solicite. No obstante, hemos abierto todos los canales de comunicación, para comprender el contenido de sus reclamos y para llegar a una solución y término pacífico de su acción de fuerza y arbitrariedad.
Ante lo expuesto:
Repudiamos las acciones de fuerza, que obstruyen el libre tránsito, y que ha significado la postergación de la realización del examen de admisión a más de 480 postulantes y el examen de matemática a cerca de 700 estudiantes regulares, debido a la toma del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Ratificamos nuestro compromiso de dialogar y preservar la sana convivencia, el diálogo social y la integridad de la hacienda universitaria, la oportuna prestación de los servicios, la garantía de la accesibilidad del derecho a la educación, y el mantenimiento del orden en estrictos parámetros de respeto y reconocimiento.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
Situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR
Andrea Marín Castro,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con este acuerdo para el FEES 2018 todavía no se llega a lo establecido en la Constitución Política que dicta un 8% del PIB para la educación pública y un 1,5% del PIB para la educación superior pública (foto archivo ODI).
Los miembros de la Comisión de Enlace firmaron este martes 29 de agosto el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES) para el 2018.
Las partes acordaron establecer el monto del FEES para el próximo año en ₡496.266,72 millones y la transferencia de la UTN en ₡33.853,32 millones, lo cual corresponde a un incremento del 3,7% en relación con el monto del 2017.
Sonia Marta Mora, Ministra de Educación Pública, declaró que, a pesar de la compleja situación fiscal y económica del país, se evidencia un gran compromiso con la educación.
“Las universidades públicas son un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país. Este acuerdo reafirma los logros alcanzados para la educación universitaria, lo cual reviste una enorme importancia para Costa Rica”, manifestó Mora.
Ya el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR se había referido al tema y había enfatizado que nunca será aspiración de la institución avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen. Dijo que no se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, si no de compromiso social y solidaridad.
“No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados”, acotó Jensen.
Así mismo aseguró que esta situación no afectará las labores sustantivas ni el sistema de becas de la UCR, ya que desde hace varios años la institución ha implementado distintas medidas de contención del gasto que le permitirán afrontar este acontecimiento.
Para Luis Guillermo Carpio, presidente de CONARE “al negociar tuvimos en cuenta la situación de la educación en general y de la educación superior en particular. En este acuerdo privó el reconocimiento de la compleja situación fiscal del país, como se evidencia en el hecho de que se mantiene en el mínimo que establece el artículo 85 de la Constitución de la República. Los rectores somos conscientes de la coyuntura presupuestaria y de los esfuerzos gubernamentales que se han realizado por enfrentar esta realidad. El convenio suscrito garantiza la operación normal de las universidades sin afectar aspectos sustantivos, becas y otros beneficios estudiantiles”.
En el acuerdo, las instituciones de educación superior estatal reiteran su compromiso de continuar las acciones de revisión y análisis, que ya se llevan a cabo, tendientes a la optimización de sus gastos operativos, la identificación de las oportunidades de mejora y la racionalización en el uso de los recursos.
También, se reafirma como principio asegurar un crecimiento equilibrado de los componentes del sector educación, para alcanzar el 1,5% del PIB nominal para el FEES en el tanto se alcance el 8% del PIB nominal para el sector educación en su conjunto.
La falta de liquidez comunicada por el Poder Ejecutivo coloca a las universidades públicas – y en particular a la Universidad de Costa Rica (UCR) – en una incógnita financiera de cara al presupuesto del próximo año, el cual deberá presentar la Rectoría al Consejo Universitario el próximo 26 de agosto.
Según el gobierno central, como ha trascendido en la prensa nacional, la escasez de recursos puede complicar el cumplimiento del mandato constitucional, el cual establece el 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educación. Esta incertidumbre ha provocado que no exista al día de hoy ningún planteamiento específico sobre el FEES del próximo año, lo cual causa inquietud en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que espera una pronta definición del presupuesto para 2018.
«No tenemos un avance concreto en la negociación del FEES. Estamos en incertidumbre financiera. No contamos aún con una oferta clara por parte del gobierno, por lo que esperamos que se intensifiquen en frecuencia y profundidad las negociaciones en la Comisión de Enlace. El Poder Ejecutivo ha sido transparente al mencionar que se encuentra en una situación de bajos ingresos que dificulta hacer los giros correspondientes», explicó el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen.
Estos atrasos en el giro del FEES ya han golpeado las finanzas actuales de las instituciones públicas de educación superior. La UCR reporta una demora tanto de los recursos provenientes del fondo como de otras fuentes de financiamiento procedentes del Ejecutivo, según informó el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya.
«De acuerdo con lo establecido en el convenio del FEES, este se gira en treceavos: en el mes de enero se giran dos cuotas y después uno por mes. La costumbre es que los treceavos se giren el día 10 de cada mes. Hacemos el flujo de caja con proyecciones de esa fecha. Hemos tenido pequeños atrasos de un día, pero en julio tuvimos una demora de cuatro días por parte de la Tesorería Nacional, que posteriormente solicitó cuatro días más. Además hemos sufrido atrasos en el depósito de recursos más allá del FEES, como los establecidos por ley para el recinto de Paraíso», expresó el Dr. Araya.
El vicerrector además subrayó que ante estos atrasos, la Tesorería Nacional ha establecido algunas regulaciones a cambio del envío de esos fondos, como la solicitud de información financiera hecha a nuestra institución. Ante esto, la UCR ha respondido que estos recursos deben enviarse de manera paralela y simultánea al FEES, sin requisitos nuevos adicionales.
Una de las instancias universitarias afectadas por esos atrasos de presupuestos fuera del FEES ha sido el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual lleva varios meses a la espera de la cancelación proveniente del porcentaje que por ley le corresponde del impuesto a los combustibles. A la fecha, el gobierno ha dicho que girará los fondos de manera parcial, de acuerdo con el director del Lanamme, M.Sc. Alejandro Navas.
«Tenemos compromisos adquiridos y estos atrasos complican nuestras obligaciones financieras para el resto del año, aunque esto depende de cuánto se prolongue la demora. Nos han ofrecido girarnos solo el monto de planillas, de esta forma no comprometemos al personal, pero no podríamos seguir ejecutando las tareas que por ley le corresponde al Lanamme (como la fiscalización de las carreteras, ndr*); mientras tanto, el gobierno sí recauda el impuesto a los combustibles con cada vehículo que pasa por una gasolinera. Necesitamos una entrevista con el tesorero nacional para que nos explique cuáles serán las medidas por tomar», comentó el director de Lanamme.
La definición del monto para el FEES 2018 es básica para que el gobierno central defina el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario 2018, el cual debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre por la Asamblea Legislativa.
Analistas encuentran serios problemas en informe elaborado por la Academia de Centroamérica
Gabriela Mayorga López,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) respondió de forma contundente a las críticas que se realizaron a la gestión de las universidades públicas en el marco de los resultados de estudio de la Academia de Centroamérica sobre el costo de la educación superior en Costa Rica.
El análisis realizado “tiene problemas serios, parte de premisas erradas y por tanto construye información errada”, señaló la M.Sc. Gabriela Arguedas dando inicio a la mesa redonda, que abordó el tema este 23 de junio.
La economista e investigadora del Estado de la Nación, Marcela Román Forastelli; la investigadora de la Unidad de Análisis de Registro de la Universidad Nacional (UNA), Magaly Rodríguez Pineda y la profesora de la Escuela de Filología e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gabriela Arguedas Ramírez, fueron las voces que evidenciaron las falencias.
Universidades públicas evidencian su aporte en acción social e investigación para contrapesar estudio que invisibilizó estas áreas del quehacer universitario. En la fotografía: representantes de la Universidad de Costa Rica ayudan a pobladores de Upala a enfrentar el impacto del Huracán Otto, 2016. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
El estudio de la Academia de Centroamérica
Por parte de la Academia de Centroamérica, los economistas Edna Camacho y Miguel Loría abrieron el debate recordando que su análisis buscaba reconocer dos aspectos de la educación pública superior de Costa Rica: los productos que genera (dónde unicamente valora diplomados y matrícula) y los gastos.
Los resultados de ese estudio titulado: “¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?”, evidenció que en los últimos 15 años hay una creciente matrícula, cobertura y cantidad de graduados para sumar en la actualidad casi 6.000 por año, pero que proporcionalmente la población más adinerada del país es la que más acceso tiene a la educación superior.
Por el lado de los gastos critica que la educación pública dependa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que la venta de servicios ha decrecido, que el financiamiento crece mucho más que la cantidad de graduados y que entre universidades la distribución del financiamiento no ha variado.
En la mesa redonda: «Análisis de los resultados del estudio sobre educación superior estatal de la Academia de Centroamérica» participaron Miguel Loría, Marcela Román, Isabel Román, Gabriela Arguedas, Magally Rodríguez y Edna Camacho. Fotografía de: Conare.
No analizaron impacto en acción social e investigación
El debate permitió evidenciar que las “universidades de investigación” como se catalogan a las universidades públicas de Costa Rica, tienen funciones distintas a lo que son las “universidades de docencia”, que se dedica exclusivamente a esa práctica central o las “universidades corporativas”.
Las universidades de investigación aportan al país, mucho más allá que la cantidad de graduados anuales, a esta se suma el quehacer por ejemplo, del Instituto Clodomiro Picado de la UCR que tiene impacto a nivel global con su investigación y producción de suero antiofídico, o que el hecho de que Costa Rica destaque a nivel mundial como el país que elevó el tema de la violencia obstétrica a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que exista capacidad científica para determinar que el arroz y los frijoles que consumimos todos están contaminados con micotoxinas que causan cáncer.
Con esos ejemplos Gabriela Arguedas dejó en claro que un estudio limitado a la matrícula y diplomado, no puede determinar el qué produce la univeridad pública en Costa Rica.
Por su parte Marcela Roman y Magally Rodríguez evidenciaron que la crítica que se hace sobre el porcentaje de la población más adinerada (V quintil) que tiene acceso a la educación superior pública, no es más que un reflejo claro de la población costarricense que se gradúa de quinto año de colegio y que aprueba el examen de bachillerato.
Sin embargo, el panel sí estuvo de acuerdo en la necesidad de tener datos más estandarizados y más disponibles, que permitan investigar y dar seguimiento al quehacer de las universidades públicas, y a la educación superior en general, pues también quedó claro que las universidades privadas son las que más contribuyen a la nebulosa.
El Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington, el Rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) Marcelo Prieto Jiménez y el Rector del TEC Julio Calvo Alvarado, participaron de la mesa redonda desde la audiencia.
Consejo Nacional de Rectores, Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior – FEES –
CONARE informa a las comunidades universitarias y la comunidad nacional que, siempre en defensa de la autonomía universitaria y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hoy 19 de octubre, compartió con un grupo de diputados, su compromiso y voluntad de revisar estructura, monto y distribución del Fondo del Sistema, de manera que garantice equidad en la asignación de estos recursos entre las universidades que lo conforman.
Este compromiso considera:
Revisar la estructura y el monto del Fondo del Sistema para favorecer a las universidades con menor porcentaje del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)
Revisar la distribución del Fondo del Sistema, para garantizar su finalidad de equidad y solidaridad con las universidades con menor porcentaje del FEES
Apoyar solidariamente a la Universidad Técnica Nacional (UTN) para obtener un crédito similar al del Banco Mundial para atender sus necesidades de inversión
Apoyar que la UTN sea homologada con las otras universidades en cuanto al impuesto de la renta
Concurrir a la Comisión Especial de Ingreso y Gasto Público para analizar el déficit o superávit de cada universidad
Los señores Rectores manifiestan su complacencia de que estas señoras y señores diputados reconocieran, al igual que lo hicieron desde un principio otros legisladores, los principios constitucionales que norman la fijación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y con ello ratificaran el acuerdo logrado entre CONARE y el Gobierno, así como la competencia constitucional del CONARE para acordar la distribución del FEES.
19 de octubre de 2016.
Alberto Salom Echeverría
Rector, Universidad Nacional
Presidente de CONARE
Henning Jensen Pennington
Rector, Universidad de Costa Rica
Julio César Calvo Alvarado
Rector, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Luis Guillermo Carpio Malavasi
Rector, Universidad Estatal a Distancia
Marcelo Prieto Jiménez
Rector, Universidad Técnica Nacional
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Librerías UNED – WordPress.com
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El Consejo de Área de Sedes Regionales publicó en el Semanario Universidad una declaración en la cual denuncia los ataques contra la universidad estatal.
El documento, -que puede leerse también en la página 20 de la edición de esta semana del medio informativo universitario-, señala que esos ataques son organizados por ciertos espacios de difusión con el apoyo de “intereses espurios”. El escrito detalla las circunstancias nacionales e internacionales que motivan los ataques.
El siguiente es el documento publicado por el Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica y que fue enviado a SURCOS:
El Consejo de Área de Sedes Regionales: frente a los ataques contra la universidad estatal costarricense
MANIFIESTA:
Ante la sistemática campaña de ataque contra de la universidad estatal costarricense, y en especial, contra la Universidad de Costa Rica, organizada por ciertos medios de comunicación colectiva y apoyada desde intereses espurios, es importante que las y los costarricenses, hagamos uso de las herramientas del análisis crítico y de aquellas acciones, encaminadas a romper con la desinformación y las intenciones que implementan dichos medios.
Es necesario destacar que esta situación, antes que un hecho aislado, responde a un interés estratégico geopolítico, tendiente al debilitamiento del Estado y de sus más importantes instituciones. Esto es común en diversos países de América Latina, donde las universidades estatales han sufrido el embate de los medios de información, en algunos casos, distorsionando hechos y, en otros, difamando el quehacer de estas casas de estudio, afectándolas negativamente y, consecuentemente, deteriorando el desarrollo científico y profesional de las sociedades.
Costa Rica no es excepción, la campaña organizada contra la universidad estatal forma parte de esta estrategia de carácter internacional. Obviamente en nuestro país, existen personas pertenecientes a los grupos dominantes minoritarios, que actúan de esa forma “disconformes” con la labor que realizan las universidades estatales en el marco de un quehacer académico solidario y de transformación social democrático, en un accionar comprometido con el bienestar de la mayoría de los y las costarricenses, en el caso de nuestra Alma mater, a través de sus tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social, y con la atención humanística e integral concretada para con la población estudiantil.
Estas personas “disconformes”, en confabulación con los medios de comunicación y utilizando los poderosos recursos con que cuentan, tienen como objetivo, convencer a la opinión ciudadana de que la educación superior no es un bien público, que se debe de condicionar el actuar de las universidades y reducir el presupuesto, violentando la autonomía de las mismas. Tales medidas van encaminadas a negar a miles de jóvenes el ingreso a la universidad y expulsar a muchos otros que se encuentran en ella, por su origen económico, cultural, regional. Si permitimos que esta situación se dé, se destruiría el principio de equidad, sostén de una educación democrática, inclusiva y no discriminadora socialmente.
La Universidad de Costa Rica en cumplimiento con observando el mandato de su Estatuto Orgánico, cumple con el propósito de fomentar la conciencia crítica de la ciudadanía costarricense y pone en alerta a la población en relación con los diversos problemas que afectan la justicia social, económica, cultural y ecológica de las mayorías de este país. La condición dialógica y la misión crítica de nuestra universidad, son elementos imprescindibles para formar profesionales de conciencia lúcida, solidarios y seres humanos integrales.
Para algunos intereses, este tipo de educación es un privilegio e incluso un peligro y no debería ser un derecho. Al parecer más convendrían masas de ciudadanos sin nivel crítico y sin formación integral.
Si consideramos seriamente lo anterior, la campaña mediática que hace uso del amarillismo periodístico, ya no es una sorpresa y pierde sus efectos, pues la distorsión, la hiperbolización y la descontextualización de la información sobre situaciones de la vida interna de las universidades, quedan al desvelo por sus pretensiones nefastas y profundas. En todo caso, tampoco se debe pecar de ingenuidad y hay que tener la claridad suficiente para comprender las aristas de esta situación, entre ellas, el hecho que esta campaña se realiza en la coyuntura de la negociación presupuestaria del FEES.
Debe recordarse que el financiamiento de la universidad estatal costarricense, es un mandato constitucional, cuyo porcentaje aun no se cumple, y que corroer la imagen universitaria, para justificar simultáneamente una reducción del presupuesto, no debe ser aceptado desde ninguna perspectiva. Si ello sucediera, se pone particularmente en peligro la regionalización, con lo que se debilitaría el más importante programa democratizador.
El desfinanciamiento de las universidades estatales, afectaría sensiblemente el crecimiento y desarrollo de la regionalización y su labor de ampliación de la oferta académica, en respuesta a las necesidades de cada zona y el país en general.
Ante tan detestable contexto, corresponde a todos los universitarios defender al unísono y sin escatimar esfuerzo a nuestra “Casa de Estudios”, así como su autonomía y su hacienda, y los principios más auténticos de la universidad estatal costarricense. Es por ello, que el Consejo de Área de Sedes Regionales, conformado por Directores y Directoras de Sedes Regionales, manifiesta su preocupación y condena cualquier acción que, desde dentro de la propia institución, se preste a maniobras que ponen entredicho la autonomía universitaria y dañen la imagen del Alma mater, confabulándose con los intereses externos.
Reafirmar los derechos de nuestra ciudadanía implica en este contexto, defender un pilar fundamental de nuestra democracia: la universidad estatal costarricense; baluarte de la formación democratizadora, equitativa, humanística, creativa y transformadora, por lo que hacemos un llamado, a la comunidad universitaria y a la ciudadanía costarricense, a sumarse sin tregua en esta lucha y participar en el movimiento por la defensa universitaria.
Licda. Roxana Salazar Bonilla, Directora Sede de Occidente
Dr. Razziel Acevedo Álvarez, Director Sede de Guanacaste
Dr. Alex Murillo Fernández, Director Sede del Atlántico
Lic. Ricardo Wing Argüello, Director Sede del Caribe
Lic. Miguel Alvarado Arias, Director Sede del Pacífico
Mag. Georgina Morera Quesada, Directora Recinto de Golfito
Universidades y gobierno visualizan objetivos de próxima negociación del FEES
Pablo Mora Vargas, Periodista de Rectoría
Rocío Marín González, Periodista Oficina de Divulgación e Información
En las próximas reuniones de la Comisión de Enlace podría definirse cómo y cuándo se podrían destinar el 8% del presupuesto del PIB para la educación nacional y el 1.5% de ese porcentaje para el FEES, en el transcurso de los próximos cinco años. (foto archivo ODI).
A pesar del panorama económico del país, afectado sobre todo por el déficit fiscal, en la primera reunión de la Comisión de Enlace sus miembros visualizaron tres objetivos a cumplir durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES): primero, definir el FEES para el quinquenio; segundo, establecer los mecanismos para cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la Educación en los próximos cinco años; y tercero, alcanzar el 1.5% del PIB para el FEES en ese mismo lapso de tiempo.
Así lo definieron en la cita que tuvo lugar la tarde de este martes 31 de mayo, en la sede del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). En el grupo negociador, participaron además de los rectores y vicerrectores de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y Universidad Estatal a Distancia (UNED), los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Planificación.
De acuerdo con el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, en este primer acercamiento entre el gobierno y las universidades públicas, el vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Lic. Helio Fallas Venegas, se refirió a las previsiones macroeconómicas que se tienen para el país, en momentos en que el déficit fiscal afecta seriamente la economía nacional, el cual no es posible de solventar solo mediante la contención del gasto, sino que requiere de recursos adicionales.
Según lo explicó Fallas, el gobierno espera un crecimiento de la economía superior al 5% para este 2016 (en el 2015 este rubro llegó al 2,8%). Esto repercutiría en un aumento de la inflación que, Hacienda estima, podría superar el 4% este año, despegándose del 0% que reinó durante todo el año pasado. No obstante, esta leve mejora no se traducirá en resultados inmediatos para solventar el mal pronóstico fiscal.
Al respecto, Fallas aseveró, que aún si la Asamblea Legislativa aprueba la reforma tributaria este año, sus efectos en la economía estatal se verán reflejados a mediano plazo.
En ese sentido, dijo Jensen, el gobierno no se está comprometiendo a alcanzar el 1,5% del FEES para el 2018, pero sí a lograr una aproximación escalonada hacia ese porcentaje. “Considero que el de ayer fue un paso importante en la negociación para definir sus objetivos, sin dejar todavía establecido definitivamente cómo y cuándo serán cumplidos en el transcurso del próximo convenio”, explicó el Dr. Jensen.
Precisamente, esos temas serán tratados en las próximas reuniones de la Comisión de Enlace del mes de junio, con el fin de definir el FEES del 2017 y el de los próximos cuatro años.
