Asunto: Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Estimados miembros de la Comunidad Universitaria:
Como es bien sabido por todas las personas de la comunidad universitaria, pocos procesos tienen la relevancia y trascendencia a nivel institucional como la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta transferencia del Gobierno representa la principal fuente de ingresos para las universidades, dicha transferencia se ve impactada por múltiples variables de orden macroeconómico y fiscal, como lo evidencia la coyuntura actual que refleja un déficit fiscal del 7% y una deuda interna que consume el 55% del presupuesto nacional.
A instancia de la Comisión de Enlace, constituida por Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación y Ministerio de Ciencia y Tecnología, se inicia en el presente mes, la negociación con los Rectores de la Universidades estatales para la construcción colectiva de un acuerdo de financiamiento para la Educación Superior. En este espacio los señores Rectores hemos tenido siempre presente la defensa del principio constitucional que garantiza el presupuesto para la educación costarricense, dentro del cual se asegura el financiamiento para la educación superior.
En principio se reflexiona alrededor de dos diferentes posibilidades, la primera la de negociar un FEES ligado al Producto Interno Bruto (PIB) y la segunda ligada a la inflación, prevalece de manera consensuada negociar un FEES ligado a la inflación, dada la situación fiscal del país. Contar con una negociación que se ajuste a la inflación que proyecta el Banco Central para el año 2019, le permite a la UNA, de acuerdo a los escenarios elaborados, atender en un marco de austeridad y con responsabilidad sus compromisos institucionales.
Dada la condición general del país la Comisión de Enlace ha puesto como fecha límite el viernes 13 de julio del presente año, para la firma del acuerdo de Negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); de no ser así, le correspondería a la Asamblea Legislativa definir el monto del FEES, con las implicaciones que esto podría tener, particularmente porque la tendencia del Gobierno es que en esta coyuntura de déficit fiscal haya cero crecimiento.
Hacemos un llamado a la Comunidad Universitaria a comprender los esfuerzos que se han hecho en el seno de la Comisión de Enlace en procura de un financiamiento que permita el funcionamiento de las universidades públicas en un contexto fiscal complicado para el país. Además llamamos a toda la comunidad universitaria a mantener un alto nivel cívico de responsabilidad con el país, el desafío de luchar por un proyecto tributario de carácter progresivo, justo y equilibrado, en el mediano y largo plazo, solo así podremos impulsar un verdadero desarrollo sustentable e inclusivo.
Cordialmente,
Dra. Ana María Hernández Segura
Rectora Adjunta
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Las propuestas direccionadas a la atención del problema fiscal que enfrenta nuestro país, planteadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República, han generado un clima de incertidumbre y zozobra en los diferentes sectores sociales, debido a la potencial incidencia que se podría derivar de las diferentes medidas implementadas en el ámbito de los ingresos y los gastos.
En el caso particular de la formulación del presupuesto de la República para el año 2019, existe una directriz generalizada; pero también es importante rescatar que, en respuesta a la naturaleza intrínseca del pacto social histórico con el desarrollo de nuestro país, lo relativo a la educación y su tratamiento ha tenido una atención especial.
Esa actitud visionaria, precisamente, es lo que ha marcado una diferencia esencial en el plano regional costarricense, pues posibilita un ascenso social importante para la población, un desarrollo humano más equilibrado y la dotación de un recurso humano altamente calificado para atender las necesidades de los sectores privado y público.
En el marco de la incertidumbre señalada, se deberían estar negociando los recursos presupuestarios destinados a la educación en general y, en particular, los correspondientes a la educación superior.
Esta discusión ha sido llevada a cabo, tradicionalmente, con el Poder Ejecutivo en un marco de respeto y con el tiempo suficiente para participar de lo planteado a la comunidad universitaria y a las distintas instancias políticas con decisión sobre el quehacer universitario.
Genera preocupación que el viernes 22 de junio de 2018 se haya suspendido, sin mutuo acuerdo, la reunión convocada para discutir el presupuesto de la educación. Es por esto que solicitamos, de la manera más respetuosa, al Gobierno de la República y a quienes conforman la Comisión Enlace para el Financiamiento de la Educación y de la Educación Superior, convocar a una reunión de esta instancia lo antes posible para poder acceder a la información y llamar a la comunidad universitaria a iniciar la reflexión sobre la propuesta de financiamiento para el año 2019.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reitera la solicitud para que se inicie, con la mayor brevedad posible, la negociación en la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación y de la Educación Superior.
Representantes estudiantiles de las cinco universidades públicas –reunidos en la Confederación Estudiantil de Costa Rica- anunciaron su lucha por un presupuesto justo para la educación superior estatal
La Confederación Estudiantil de Costa Rica (CONFECR) –integrada por representantes de las federaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas –UNA, UCR, UNED, TEC y U Técnica- anunció su lucha “por un FEES justo y creciente”.
Como parte de los acuerdos tomados en una sesión celebrada en Heredia, los representantes de la organización estudiantil interuniversitaria enviaron, el 4 de junio, una carta a los rectores de las cinco instituciones de educación superior estatal reunidos en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), “para solicitar una reunión entre las partes -federaciones estudiantiles y rectorías- sobre el tema dela negociación del año presente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)”.
CONFECR plantea como fechas a convenir para la reunión la semana del 18 al 22 de junio.
Los líderes estudiantiles aseguraron que lucharán -como lo han hecho en negociaciones anteriores- para que se haga valer la participación de la representación estudiantil en la comisión de enlace, donde se realiza la negociación por el FEES entre el gobierno y las universidades.
Además, el pasado 31 de mayo, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) expresó su rechazo a declaraciones brindadas por la ministra de Hacienda Rocío Aguilar en el sentido de que se incorporen los recursos de la Red de Cuido, educación técnica y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para computar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública.
“Denunciamos ante la opinión pública que dicha intención podría justificar un recorte al presupuesto para la educación pública, que en apego al artículo 78 de la Constitución Política corresponde a la preescolar, primaria, secundaria y superior”, subrayaron en un comunicado Daniela Alpízar y Rodrigo Conejo, presidente de la Feuna y coordinador del Consejo de Asociaciones Estudiantiles (CAEUNA).
Añadieron los representantes estudiantiles que según la sentencia 2012-6416 de la Sala Constitucional, los recursos destinados al INA no pueden ser contemplados como parte del 8% del PIB destinado a la educación pública.
“Todo llamado a contemplar el presupuesto de la atención a la primera infancia, el INA y demás erogaciones asociadas a capacitaciones del sector público dentro del 8% del PIB para educación, es abiertamente inconstitucional”, expresaron.
En ese comunicado, los dirigentes universitarios afirmaron que son conscientes de la apremiante situación fiscal que atraviesa el país y anunciaron su compromiso de defender, desde una perspectiva autocrítica, el presupuesto de la educación pública resguardado por la Constitución Política.
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la FEUNA, 8758-7762 / Rodrigo Conejo 8658-3299 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Estudiantes de universidades públicas marcharán por el presupuesto de la educación superior, este martes 12 de setiembre a partir de las 10 a.m., desde la Avenida Central hasta la Asamblea Legislativa
Con el lema “La educación no se negocia”, alumnos de las universidades estatales marcharán por el presupuesto de la educación superior, este martes 12 de setiembre, a partir de las 10 a.m.
La marcha arrancará con un recorrido desde la Avenida Central –en las cercanías del Edificio Rofas- mañana martes a las 10 a.m., hasta la Plaza de la Cultura, donde se tomará la Avenida Segunda para culminar con una concentración frente a la Asamblea Legislativa, donde a partir de las 12 m.d. inicia la discusión del presupuesto nacional en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Los universitarios realizarán esta marcha pacífica por la reivindicación del presupuesto para la educación establecido en la Constitución Política; es decir, de 8% del Producto Interno Bruto, del cual un 1.5% correspondería al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Según el reciente acuerdo del FEES para el próximo año, suscrito por los ministros representantes del gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en 2018 las universidades públicas recibirán un incremento del 3,7% en el presupuesto, en comparación con 2017.
Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y otros grupos del movimiento estudiantil insistieron en que el artículo 78 de la Constitución Política se incumple al acordarse en la negociación del FEES un 1.37% en vez del 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que se ve afectada la asignación de recursos para la educación superior.
“Recordamos que el tema del presupuesto para las universidades ha sido un descontento para el estudiantado ya que se significa un continuo irrespeto a la Constitución Política de Costa Rica, que desde 1949 señaló la educación con no menos de 8% del Producto Interno Bruto, además de un modelo de desarrollo país impulsado desde la educación”, afirmó Daniela Alpízar, presidenta de la FEUNA.
La representante estudiantil añadió que la protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia.
“Les esperamos en las calles defendiendo nuestro país, nuestros derechos, nuestra Universidad”, subrayó.
En una circular dirigida a la comunidad universitaria, el rector de la UNA, Alberto Salom, manifestó su solidaridad con la convocatoria de los estudiantes, a la vez que aclaró que en las negociaciones del FEES, la Rectoría de esta universidad abogó por un 8% para toda la educación, del cual un 1.5% sería para las universidades públicas partiendo de una base PIB del año 2017.
Además, en respeto a los acuerdos suscritos con representantes del grupo “Asamblea Autónoma toma edificio de Ciencias Sociales”, los cuales culminaron con el desalojo de esas instalaciones y el restablecimiento de las actividades académicas y servicios en la Facultad, la Rectoría declaró un cambio de actividades para la comunidad universitaria de la UNA, con el fin de facilitar la asistencia voluntaria del estudiantado, así como de las personas académicas y administrativas de la institución.
En la circular, la Rectoría también instó respetuosamente a Decanos y Decanas de las diferentes Facultades, a valorar la suspensión de las evaluaciones durante el martes 12 de setiembre, tomando en cuenta la marcha convocada por el movimiento estudiantil.
***Mayores detalles con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna, 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de socialismohoy.com
Organizarán marcha hacia la Asamblea Legislativa el próximo martes 12 setiembre
El movimiento estudiantil de la UCR se reunió este martes 6 de setiembre para hacerle un llamado al país a defender la educación pública (foto: Tatiana Carmona Rizo, UCR).
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Este martes 6 de setiembre, el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica realizó una asamblea abierta en la plaza 24 de abril, en la acordaron exhortar a la comunidad universitaria y nacional a movilizarse para defender el acceso a la Educación Pública. El movimiento busca concientizar sobre qué es el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la importancia de su crecimiento.
Parte de los acuerdos tomados por la asamblea de estudiantes radica en informar y movilizar a la población estudiantil para exigirle al gobierno que cumpla con el presupuesto para la educación pública establecido por la constitución política. Es decir, que se destine el 8% del Producto Interno Bruto para el financiamiento de la educación en general y el 1,5% para las universidades estatales.
“Nosotros estamos conscientes de la crisis fiscal que vive el país, pero consideramos que esta crisis no la deben pagar los estudiantes, ni el país reduciendo el presupuesto de la educación pública, los que deben pagar son los evasores fiscales, por eso queremos exigirle a la Asamblea Legislativa una agenda fiscal progresiva que grave a los grandes capitales a través de impuestos como renta global y renta mundial” dijo Gregory Garro, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Por este motivo, el movimiento estudiantil realizará una marcha hacia la Asamblea Legislativa el próximo martes 12 setiembre con salida a las 10:00 a.m. del Pretil de la UCR. Al final de esta actividad el movimiento estudiantil presentará sus propuestas a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
A la asamblea abierta de este martes 6 de setiembre, también asistieron miembros de otros sectores, entre ellos estudiantes de la Universidad Nacional, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y el movimiento de personas interinas de la UCR.
El pasado martes 29 de agosto, los miembros de la Comisión de Enlace firmaron el acuerdo de financiamiento de la educación superior universitaria estatal para el 2018. La Comisión, presidida por la ministra de Educación Pública, y conformada por los ministros de Hacienda; Planificación Nacional y Política Económica; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y los cinco rectores de las universidades del Consejo Nacional de Rectores, acordaron establecer el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2018 en ¢496 266 720 000, lo cual corresponde a ¢18 361 millones más en relación con el monto del año 2017; es decir, un incremento del 3,7%.
El monto acordado representa un crecimiento menor al de años anteriores debido a la difícil situación económica que enfrenta el país, que imposibilita alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, y, por lo tanto, el 1,5% para el FEES. No obstante, la Universidad de Costa Rica (UCR) garantiza la continuidad de sus compromisos y actividades sustantivas, tales como las becas a los estudiantes, la infraestructura, la renovación de equipo científico y tecnológico, y los salarios de los funcionarios, entre otros. Esto será posible gracias a la adopción de medidas de contención que la Administración ha implementado en los últimos cinco años, tales como regresar en el 2018 a una anualidad del 3% según lo estipulado en la Convención Colectiva.
Entre estos compromisos se encuentra el Sistema de Becas Socioeconómicas para los estudiantes, que en el 2018 tendrá un crecimiento de 9,08% con respecto al presupuesto del año 2017. Asimismo, el presupuesto para el Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico será de un 4% del FEES institucional, lo que equivale a ¢10 700 millones. Esto permite cumplir lo estipulado por las «Normas Generales y Específicas para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la Universidad de Costa Rica».
En cuanto a la infraestructura, se incluyeron los recursos necesarios para la atención de las obras incluidas en el Programa de Inversiones Institucional, y se aseguró el presupuesto para atender los compromisos del Fideicomiso UCR/BCR 2011.
De igual manera se garantiza el desarrollo regional, como un compromiso para garantizar el progreso de las sedes y recintos universitarios de conformidad con sus necesidades, demandas e intereses.
Es necesario tomar en cuenta que, de aprobarse la reforma fiscal planteada por el gobierno durante este año, el monto del FEES 2018 se recalcularía para alcanzar el porcentaje acordado, según el Producto Interno Bruto Nominal (PIB + inflación). Además, si la inflación supera el 4% durante 2018, tanto el Ejecutivo como los rectores de las universidades públicas se reunirán para valorar la aprobación de ajustes.
Los integrantes de la Comisión de Enlace se comprometieron también a que el FEES alcance el anhelado 1,5% del PIB en 2020 como fecha máxima, y de paso, el porcentaje total asignado al 8% para la educación, cumpliendo así el mandato constitucional.
«Las universidades públicas no podemos tirar por la borda la responsabilidad, el compromiso social y la sensibilidad ante las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Esto ha sido el hilo conductor de la negociación del FEES. No podemos ver las cosas desde una perspectiva que solo priorice el monto presupuestario asignado. Para mí, esa sería una visión economicista que llegaría a obtener el repudio de la población nacional», comentó el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR.
El acuerdo del FEES también menciona que la Agenda de Cooperación entre el Estado y las universidades definió 129 proyectos con los que las instituciones públicas de educación superior colaborarán con ministerios y otras entidades de gobierno, para lo cual será necesaria una inversión de parte de las universidades públicas de ¢1300 millones.
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de la página oficial de la UCR.
El pasado 29 de agosto de 2017 se firmó el Fondo Especial para la Educación Superior entre el gobierno y CONARE, que según denuncian sectores del movimiento estudiantil universitario, esa firma se hizo “a puertas cerradas, dejando como saldo un decrecimiento en el presupuesto para la educación superior en un 1,37% del PIB destinado a educación”, lo cual, (de paso), incumpliría el mandato constitucional de otorgar un 8% del PIB para el sector educativo.
Por esta razón, parte del movimiento estudiantil ha venido realizando acciones directas en diferentes puntos del país para que se escuchen sus peticiones. El pasado viernes 1° de setiembre de 2017, estudiantes universitarios tomaron el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) con el fin de que se informe claramente la forma en que se distribuirá el presupuesto, así como la rendición de cuentas de la Rectoría sobre las razones que dieron a la baja el presupuesto a la educación superior; así como asegurar la integridad de quienes participan en estas Acciones Directas, incluida la Toma del Edificio citado.
Las organizaciones, abajo firmantes, manifestamos nuestra preocupación por las denuncias que realiza el movimiento estudiantil, relacionadas con los Acuerdos “a puerta cerrada“, a espaldas de las comunidades universitarias, así como por el posible recorte del presupuesto a la Educación Superior Pública, establecido en la Constitución Política de Costa Rica como un derecho humano, asignándole incluso un porcentaje del PIB, como garantía directa a ese Derecho.
De igual manera, instamos a las Autoridades Universitarias y al Gobierno a responder las solicitudes de este movimiento estudiantil universitario del cual son parte los/as participantes de la Toma del edificio de Ciencias Sociales de la UNA, como acción directa no violenta y que tienen que ver con la justa preocupación de sus futuros universitarios inmediatos y de largo plazo.
Rechazamos como una acción represiva, el corte de los servicios básicos de agua y electricidad y el impedimento de ingreso de alimentos al edificio citado, así como la limitación a la libertad de tránsito de las personas para ingresar a la sede universitaria; pues no sólo violentan en sí, derechos humanos, sino que no contribuyen a una salida pacífica y negociada al conflicto; que de no actuarse con prontitud puede adquirir niveles inmanejables e inconvenientes, por las partes involucradas, siendo que, podemos a tiempo prevenirlas y resolverlas de manera alternativa, como bien lo predica esta misma Casa de Enseñanza Superior, en sus fines y en sus Maestrías de Derechos Humanos y Manejo Alternativo de los Conflictos. Rechazamos cualquier acción represiva tanto Universitaria como del Gobierno, porque implicaría agravar la situación de Conflicto y provocar acciones violentas injustificadas, tenemos suficientes recursos para el diálogo y la solución NO –Violenta. Todo en resguardo de la Autonomía Universitaria y del Movimiento Estudiantil.
Ofrecemos nuestros esfuerzos como organizaciones de Derechos Humanos, Paz y No Violencia en buscar salidas oportunas y alternativas a esta situación; permanecemos vigilantes; atentamente:
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ Costa Rica
Centro de Amigos para la Paz – CAP
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU
Adhieren este comunicado organizaciones sociales, indígenas; eclesiales ecuménicas; juristas y ecologistas entre otras.
Colectivo Derecho a la Protesta Social
Justicia Paz e Integridad de la Creación (Claretiana) – JPIC
Con la consigna ¡Nuestro presupuesto no es un juego!, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) convocó a todos los universitarios a asamblea abierta sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), hoy lunes 4 de setiembre a las 11 a.m. en la Plaza de la Diversidad de la Universidad Nacional (UNA).
La asamblea contará con la presencia del rector de la UNA, Alberto Salom, quien manifestó que se sumó al llamado de los estudiantes de la Feuna, e invitó también a los funcionarios de la Institución a participar de esta convocatoria, tomando en cuenta la importancia que del tema del presupuesto de la educación superior tiene para todos los integrantes de la comunidad universitaria.
***Más información con Daniela Alpízar, presidenta de la Feuna 8758-7762.
Ante la reciente acción de fuerza de un grupo de estudiantes de difusa composición, que este viernes 1 de setiembre de 2017 tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, en el Campus Omar Dengo de la UNA-Heredia, la Rectoría comunica lo siguiente:
La postura, insistentemente sostenida por la Rectoría en la Comisión de Enlace, conformada por la representación de Gobierno y por los miembros del CONARE y cuyo propósito ha sido negociar el presupuesto de las universidades estatales para el 2018, ha sido clara en sostener la primacía en el cumplimiento de los principios constitucionales.
En ese sentido, esta Rectoría siempre sostuvo y así dejó constancia en la firma del documento del FEES, que debió llegar a la meta del 8% del PIB para la educación, del cual el 1,5% debería ser asignado a las universidades estatales en el 2018. Ahora bien, considerando la grave situación fiscal que enfrenta el Gobierno, por falta de una reforma fiscal integral y progresiva, la base de cálculo, sobre la cual no hay ningún principio comprometido, sería la del PIB 2017. Esto sería así por los tres años siguientes, hasta el 2020, en los que se estaría tomando como base de cálculo el PIB del año anterior al de ejecución del presupuesto proyectado. De esta forma, el aumento en la asignación presupuestaria, garantizaría tanto el cumplimiento de las metas del Planes de CONARE, y en lo específico del presupuesto 2018 de la UNA, esta podría atender ajustadamente todos sus compromisos laborales y de operación, así como los servicios estudiantiles en su integridad.
Con ese panorama, y para no llegar al escenario que se quería evitar, esta Rectoría acordó acuerpar el acuerdo, bajo protesta de su posición, de lo cual ha quedado nota en el mismo texto del documento.
Finalmente, el acuerdo se firmó el pasado martes 29 de agosto de 2017 por parte de la delegación gubernamental y los demás rectores. Este servidor, firmó el día miércoles 30 de agosto, lo cual demuestra que no se ha tratado en ningún momento de un pacto secretista, como se ha querido presentar de forma malintencionada.
Este viernes 1 de setiembre de 2017 algunos estudiantes universitarios que manifestaron su disconformidad por los términos presupuestarios en que se firmó el FEES, tomaron el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales-Campus Omar Dengo-Heredia, impidiendo el ingreso de 480 personas postulantes para realizar el examen de admisión.
Esta situación se agrava con la suspensión del examen colegiado de matemática, igualmente programado para este día, de 2:00 a 6:00 PM, siendo afectados más de 700 estudiantes.
Todo esto ha significado, en términos económicos, una pérdida considerable para la universidad y, sobre todo, la afectación emocional que se haya podido producir en las personas postulantes que vieron frustrada su intención de cumplir con sus exámenes ante la acción de este grupo de manifestantes.
El grupo que ha tomado el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA es de diversa composición, entre ellos se encuentran estudiantes de la UNA que no gozan de ninguna representatividad legítimamente acordada por la comunidad estudiantil. Este es un grupo de jóvenes que se autolegitima en la acción de fuerza y desconoce cualquier intervención de los personeros de los cuerpos legítimos del movimiento estudiantil.
A la vez, los reclamos que este grupo formula no se refieren, en lo sustancial, a cuestiones que a la universidad ni sus autoridades les correspondan resolver. Más bien, al parecer, se dirigen a otras instancias gubernamentales y legislativas. Sin embargo, la afectación la están realizando en la UNA y a su población.
Tampoco, dicho grupo ha presentado ninguna solicitud de comunicación para conversar con las autoridades universitarias, de forma que se pudieran atender sus inquietudes, como siempre se ha hecho con quien lo solicite. No obstante, hemos abierto todos los canales de comunicación, para comprender el contenido de sus reclamos y para llegar a una solución y término pacífico de su acción de fuerza y arbitrariedad.
Ante lo expuesto:
Repudiamos las acciones de fuerza, que obstruyen el libre tránsito, y que ha significado la postergación de la realización del examen de admisión a más de 480 postulantes y el examen de matemática a cerca de 700 estudiantes regulares, debido a la toma del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.
Ratificamos nuestro compromiso de dialogar y preservar la sana convivencia, el diálogo social y la integridad de la hacienda universitaria, la oportuna prestación de los servicios, la garantía de la accesibilidad del derecho a la educación, y el mantenimiento del orden en estrictos parámetros de respeto y reconocimiento.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Texto del rector de la UCR en relación con la negociación anual del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la UCR
El Dr Henning Jensen especificó que «no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad» (foto archivo ODI; UCR).
El compromiso de la UCR con la sociedad costarricense se manifiesta de múltiples maneras. Una de ellas – y de las más importantes – es la regionalización universitaria, en la cual es pionera, y constituye la vía regia de democratización de la educación superior. Mediante su presencia en prácticamente todo el país, no solo con sus sedes y recintos, sino también con cientos de proyectos de acción social e investigación, alcanza la UCR a muchas comunidades. Este legado, iniciado hace medio siglo, tiene el propósito de favorecer el bienestar y progreso de la colectividad.
La UCR ha tenido siempre detractores que han pretendido rebajarla, dando a entender que en ella prevalecen el elitismo, la corrupción y el despilfarro. Aunque tenemos problemas, y muchos muy serios, ellos no pervierten lo que podríamos llamar la sustancia de la institución. El buen nombre nos ha acarreado un especial aprecio por parte de la comunidad nacional, lo cual se debe a que nuestra universidad está totalmente inserta en el engranaje de la sociedad costarricense.
La educación superior se traduce en progreso de personas, familias y comunidades. Los resultados de la inversión en talento no son instantáneos, pues deben cultivarse a lo largo del tiempo, pero la cosecha, si se hace con esmero, tiende a ser fructífera. En una sociedad con desiguales oportunidades, la promoción de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo deben ser siempre una prioridad, aun en tiempos de crisis, puesto que precisamente las personas más vulnerables son las que mayor apoyo requieren del estado. Es a ellas a quienes, nunca, debemos darles la espalda.
Nuestro país enfrenta hoy serias situaciones económicas. Recientemente el gobierno calificó de «crisis de liquidez» la reducción del dinero disponible para honrar los compromisos existentes. En vista de la creciente desigualdad en nuestra población y la exigua reducción de la pobreza, esta «iliquidez» no puede menos que provocar una enorme preocupación.
La debilidad de las finanzas estatales no es un tema por tomar a la ligera. Más bien debe convocarnos, como ciudadanía responsable, a informarnos y tomar decisiones con sabiduría y rigurosidad. En el marco de las políticas económicas que este y los próximos gobiernos deberán revisar, implementar y fomentar, será indispensable considerar acciones para asegurar que el estado cuente con los recursos para salir adelante, y hacer frente a los compromisos adquiridos y a los problemas acuciantes, alejándonos de los círculos viciosos de deudas con malas inversiones y acercándonos a los círculos virtuosos de recursos bien empleados. Esto implica conocer muy bien la situación del estado, y con ello visualizar sus necesidades de transformación, así como tener visión de futuro y evaluar resultados.
Las alianzas son quizá una de las alternativas vitales para que un país como el nuestro logre prosperar, a pesar de la grave situación de las finanzas públicas, que el Estado de la Nación ha calificado de ‘insostenible’. Juntos, tanto el gobierno como la academia, los sectores sociales y la empresa privada, somos palanca y polea que realizaríamos un trabajo mucho mejor que muchas manos dispersas. Es ahí en donde el valor del trabajo en conjunto, la cooperación y la visión común de desarrollo juegan un papel esencial para acelerar soluciones y promover el talento, la innovación y la generación de empleos.
La UCR comparte esta visión desde su propia trinchera: la reducción de la desigualdad, el empuje a las fuerzas vivas de la sociedad, a los pequeños y medianos productores, y la promoción de la educación superior como medio de movilidad social, son los recursos con los que cada día demostramos el provecho que puede obtenerse de la ciencia, la tecnología, la innovación y el estudio de la sociedad. Somos una universidad que piensa y actúa en tres dimensiones: la docencia, la investigación y la acción social, y sobre estos ejes hemos constituido un quehacer integral que no solo prepara a las y los futuros profesionales que llevarán las riendas del país, sino que además podemos incidir desde ahora en situaciones actuales y urgentes.
Contamos con una población permanente de unos 40.000 estudiantes, distribuidos en todo el país; tenemos siete sedes y cinco recintos universitarios; ofrecemos 240 opciones académicas con diversos grados de titulación; publicamos más de 50 revistas académicas especializadas que han surgido con la generación de conocimientos; realizamos más de 1800 actividades de investigación; y aportamos prácticamente un millón de horas anuales a la comunidad nacional mediante la acción social.
Para preservar estos logros, los cuales reflejan historias de éxito y superación, en los últimos años hemos debido tomar medidas enfocadas en la reducción de gastos, así como la orientación de nuestros recursos hacia el fortalecimiento de nuestras actividades sustantivas. Esto es algo que, sin importar la crisis, nunca dejaremos de apoyar. Y hemos de tener en mente que la UCR, a pesar de las medidas de contención del gasto aplicadas durante los últimos cinco años, experimenta un gran florecimiento académico y goza de una reputación internacional inigualada en el pasado.
Creemos en la consolidación de condiciones propicias para que cada estudiante, cada investigador o investigadora, cada funcionario o colaborador de la UCR sienta la seguridad de encontrarse en una institución sólida, de renombre, que no mancillará sus derechos y será inclusiva y solidaria. Esto implica mantener nuestro sistema de becas; no escatimar en los recursos necesarios para el equipamiento de laboratorios e institutos de investigación; apoyar la construcción y remodelación de la infraestructura requerida para un estudio y trabajo dignos y de punta; respaldar aquellos acercamientos con las comunidades que permitan el progreso mutuo, y seguir estableciendo vínculos con prestigiosas universidades y centros de investigación de todo el mundo.
A pesar de que es prácticamente imposible el cumplimiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación el próximo año y, por lo tanto, tampoco será viable arribar al 1,5% para el FEES, hay que aclarar que este fondo tiene rango constitucional, y no será reducido en su monto. Sin embargo, tampoco está exento de sufrir las consecuencias de la situación fiscal que atraviesa el país.
En el caso hipotético de que el gobierno cumpliera con esa meta, en las condiciones actuales se produciría un crecimiento nulo en todas las demás áreas de atención social del Estado. Esto, desde todo punto de vista, iría contra los postulados humanistas de la UCR: nunca podríamos aceptar recortar programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables, a cambio de gozar de un FEES mucho mayor.
No olvidamos que existe una enorme evasión fiscal, a todas luces ilegal y antipatriótica que ofende a toda la ciudadanía. Tampoco ignoramos que deben mejorarse los mecanismos de recaudación tributaria. No perdemos de vista la obligación de cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para la educación, pero sabemos de la difícil situación que enfrenta el país, la cual no está en nuestras manos resolver, y de la cual tampoco somos causantes, pero no podemos eludir la responsabilidad de actuar solidariamente con quienes saldrán perjudicados. La primera medida, y que debemos tener muy presente, es recordar que no somos una institución aislada, sino plenamente inserta en el tejido social del país. Así, no será nunca nuestra aspiración avanzar sin que la sociedad, y especialmente los sectores menos favorecidos, avancen con nosotros, puesto que esto sería una contradicción hecha realidad. No se trata de resignación, ni de ceder ante el cinismo de algunos políticos, sino de compromiso social y solidaridad.
Es cierto que los atrasos en las transferencias del FEES han requerido nuestra observancia, pero, por el momento, no es una situación grave. Sin embargo, esas transferencias son un ingreso esencial para el trabajo de nuestra institución que, de no recibirse oportunamente, podría comprometer los aportes que brinda al país.
En síntesis, esperamos llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, y que a su vez nos permita seguir ofreciendo calidad en la formación profesional y en los aportes técnicos y de conocimientos, siempre y cuando este crecimiento no sea presupuestaria ni económicamente ofensivo para los sectores desfavorecidos de la población costarricense, ni suceda a costa de su bienestar. Si no avanzamos juntos, debemos unirnos para que sea una realidad: hoy, más que nunca, debemos estrechar nuestras manos con quienes ven en las universidades públicas una esperanza.
Por otro lado, no cabe duda de que, en momentos difíciles, es una virtud volver la mirada hacia adentro. Las universidades estatales debemos practicar una autocrítica sistemática, incluso descarnada, pero razonable y basada en realidades, no en distorsiones, mitos ni rumores.
Nos satisface saber que, pese a las adversidades, somos una institución cuyo renombre surca cielos y mares. Una institución de aportes, resultados y progreso.
