Columna Libertarios y liberticidas (3). Tercera época. Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Cuando un lector no tan desaprensivo, y con una cierta dosis de agresividad indisimulada me dice, con respecto a algunas afirmaciones mías, que formulé hace poco tiempo, acerca del desdichado caso de Colombia, una nación donde el valor de la vida humana no existe o no tiene el relieve que debería tener, que si yo he vivido en ese país (o si lo he visitado alguna vez) para hacer las afirmaciones que hice o cualesquiera otras me digo a mí mismo, sólo me queda responderle por reducción al absurdo que, por mi parte he conocido a innumerables gentes que han vivido buena parte de su vida en el territorio colombiano, las que de manera paradójica se caracterizan por un desconocimiento oceánico acerca de lo que ocurre en ese país en los órdenes de lo social, político, económico y cultural. Es más, ni siquiera han abierto un libro referido a la historia reciente de dicha nación, o al menos sobre algunos aspectos de la increíble geografía de un inmenso país atravesado de norte a sur o viceversa por tres ramas de la cordillera de los Andes, entre las cuales corren dos gigantescos ríos: el Cauca y el Magdalena que se unen ya en las tierras bajas para formar un inmenso caudal de aguas que va a desembocar en el Mar Caribe, a un costado de la populosa ciudad de Santa Marta, y con un inmenso puente que permite atravesarlo de oeste a este y viceversa…”por el puente Pumarejo, tu nunca te pones viejo… Río Magdalena, de mi Colombia querida” como dice una canción popular del Caribe colombiano, esa exuberante tierra de “corronchos”, alegres y parranderos, bailadores y bebedores de anisados. En mi caso, mi interés por ese país es ya muy viejo, no diré cuanto, pero es anterior a mi primera llegada a Bogotá, hace ya más de cincuenta años, la que no he dejado de visitar en distintas épocas, desde entonces no he dejado de leer, conversar y preguntar (y preguntarme) sobre los más diversos temas que atañen a ese país y a sus gentes, lo que tal vez hubiera hecho aún sin haber puesto nunca un pie en esa urbe que parece una enredadera pegada al brazo oriental de la cordillera de los Andes, ese donde todavía en tiempos del libertador Bolívar caía nieve, y algunos autores afirman que tenía en sus cumbres un glaciar que desapareció ¿cosas del calentamiento global acaso?. El conocer sobre un país, una sociedad y sus gentes no incluye como condición sine qua non el haber vivido en sus tierras, ni sólo entre cachacos, no importa si rolos, santanderianos, boyacenses o paisas… como así, mis amigos… ¿O será que mi interés inconsciente viene de haber sabido, durante mi niñez, que mi abuelo chiricano peleó en la guerra colombiana de los mil días (1899-1902), en las filas del Partido Conservador o sea el bando equivocado para mí, cuando era un joven campesino, y fue instigado por los curas y los terratenientes para que expusiera su vida para defender sus intereses?, para después una vez derrotados los godos, atravesar la frontera hacia el oeste, o más bien sur costarricense, y no regresar jamás a esa tierra raptada por el imperio norteamericano para hacer un canal, la que después pasó a llamarse Panamá, una nación hija en principio de un despojo a Colombia, y una oscura negociación entre franceses y estadounidenses.
Ya pasaron más de 16 años desde que los Estados Unidos y Francia, diz que con el apoyo de la ONU, sacaron del poder al presidente Jean Bertrand Aristide por haberle exigido a Francia la devolución de los 21 mil millones de dólares (a valores actuales), esa desmesurada suma que los haitianos debieron de pagar durante más de un siglo por haber sacudido, en 1804, las cadenas del colonialismo y la esclavitud. Desde entonces, nadie o casi nadie habla de Haití, de esa nación que es el pariente pobre y olvidado de la francofonía, de esa nación que se cae a pedazos, donde unos mercenarios colombianos acaban de asesinar a uno de sus presidentes, mientras tanto en el parisino Palacio del Elíseo los presidentes guardan silencio, tanto como lo hacen en el Quai de Orsay los encargados de las relaciones exteriores de Francia… silence on ne écoute rien….desolés mes amis haïtiens la France n´a pas aucune responsabilité a cet égard.
Más allá de las vicisitudes del régimen revolucionario surgido en 1959 en Cuba, con el que podemos estar o no en desacuerdo, tener una visión, más o menos crítica o no, de la trayectoria histórica seguida por éste, lo cierto es que estamos seguros de los que los piratas de la Casa Blanca jamás indemnizarán al pueblo y a la nación cubana por los graves daños causados a su economía, tanto como a sus ciudadanos, los que han sufrido incontables pérdidas en todos los órdenes. Esos miles de millones de dólares escamoteados por los sucesivos gobiernos estadounidenses, a través del embargo, las sanciones y las leyes Helms Burton y Torricelli jamás serán devueltos al pueblo cubano. El colmo es que mucha gente piensa que debemos aplaudir semejante felonía.
Dentro de lo que debería ser visto como el colmo de la estulticia y de la maldad, tenemos que el grado de crueldad e insensibilidad de buena parte de la migración cubana (en especial el liderazgo de la ultraderecha que vive en La Florida, a la que hay que distinguir del exilio cubano democrático, o simplemente económico proveniente de toda América Latina) hacia los sufrimientos de sus compatriotas que habitan en la isla y fuera de ella (al no poder ayudar a sus familiares), en medio de la pandemia, y de innumerables carencias que se han visto agravadas por innumerables medidas que imposibilitan a Cuba hasta para adquirir respiradores, jeringas y medicamentos, un país al que luego atacan en términos de lo que llaman, con cinismo, en las redes sociales las “deficiencias” de la medicina cubana, lo que resulta ser una profecía autocumplida, al ser ellos los victimarios que actúan para que las cosas desmejoren, dentro de un continuo accionar despiadado del lobby cubano de La Florida, que raya en la maldad y la locura homicida, además de que asume, de manera ilegítima, la voz de todos los cubanos del exterior. Como apreciarán los lectores, estamos en un universo de innumerables paradojas y mucho más.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
Los EEUU, al igual que lo hizo Francia durante dos siglos con el pueblo y la nación haitiana, manipulan el destino de los cubanos, tanto el de los que habitan en la isla como el de los que tomaron los múltiples caminos de la emigración, por muy diversos motivos, pues a semejanza de lo que decía la letra de aquel viejo tango, ellos actúan “como juega el gato maula con el mísero ratón”, pues les importa un carajo la suerte de ese pueblo hermano.
De esta manera, seguimos presenciando sin entenderlo, y sin reaccionar en medio de nuestra estúpida perplejidad, cuando no indiferencia, ante el reiterado e insolente del colonialismo en la región del Caribe y las Antillas. Si en 1804 el pecado de los haitianos fue haberse liberado de la esclavitud y la explotación a que los tenían sometidos los franceses, a partir de 1959 los insulares de Cuba vienen siendo castigados por haberse salido del guion que tenían los EEUU, a partir de 1898, de convertir a Cuba en otro Haití, un país que hasta el presente no tiene ningún tipo de soberanía, y donde la miseria unida a la desesperanza hace su agosto.
Ya pasaron más de 16 años desde que los Estados Unidos y Francia, diz que con el apoyo de la ONU, sacaron del poder al presidente Jean Bertrand Aristide por haberle exigido a Francia la devolución de los 21 mil millones de dólares (a valores actuales), esa desmesurada suma que los haitianos debieron de pagar por haber sacudido las cadenas del colonialismo. Más allá de las vicisitudes del régimen revolucionario surgido en 1959 en Cuba, con el que podemos estar o no en desacuerdo, tener una visión, más o menos crítica o no, de la trayectoria histórica seguida por éste, lo cierto es que estamos seguros de que los piratas de la Casa Blanca jamás indemnizarán al pueblo y a la nación cubana por los graves daños causados a su economía, tanto como a sus ciudadanos, los que han sufrido incontables pérdidas en todos los órdenes. Esos miles de millones de dólares escamoteados por los sucesivos gobiernos estadounidenses, a través del embargo, las sanciones y las leyes Helms Burton y Torricelli jamás serán devueltos al pueblo cubano. El colmo es que mucha gente piensa que debemos aplaudir semejante felonía.
Dentro de lo que debería ser visto como el colmo de la estulticia y de la maldad, tenemos que el grado de crueldad e insensibilidad de buena parte de la migración cubana (en especial el liderazgo de la ultraderecha que vive en La Florida) hacia los sufrimientos de sus compatriotas que habitan en la isla y fuera de ella (al no poder ayudar a sus familiares), en medio de la pandemia, y de innumerables carencias que se han visto agravadas por innumerables medidas que imposibilitan a Cuba hasta para adquirir respiradores, jeringas y medicamentos, un país al que luego atacan en términos de lo que llaman, con cinismo, en las redes sociales las “deficiencias” de la medicina cubana, lo que resulta ser una profecía autocumplida, al ser ellos los victimarios que actúan para que las cosas desmejoren, dentro de un continuo accionar despiadado del lobby cubano de La Florida, que raya en la maldad y la locura homicida, además de que asume, de manera ilegítima, la voz de todos los cubanos del exterior.
Con tal de alcanzar sus objetivos político-militares no importa “negar a la dictadura todo tipo de apoyo significativo” dice el delirante plumífero ultraderechista Carlos Alberto Montaner (Diario La Nación, San José de Costa Rica 25/7/21), cuando en realidad se lo niegan a todo un pueblo. Se trata de gente que nunca estará por una democracia verdadera en Cuba, no la caricatura que había antes de la revolución sino una que supere los vacíos que dejaron estos sesenta y dos años, con las inmensas limitaciones y amenazas entre las que debió moverse, además de que estamos seguros que siempre de la ultraderecha mayamera estarán al servicio del colonialismo en esta parte del mundo. Se necesita un diálogo entre toda la familia cubana y que sean ellos, sin interferencias, quienes decidan su destino durante las próximas décadas.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones, como el nuevo presidente del Perú, para el período 2021-2026, ha sido la culminación de tenso proceso que duró más de cinco semanas, durante las que el más que evidente triunfo electoral, obtenido por su partido Perú Libre y su candidato presidencial, en los comicios de la segunda vuelta electoral, efectuados el domingo 6 de junio, recién pasado, estuvo sometido a una tensión constante, y a un intento sostenido de deslegitimar esos comicios por parte de la derecha fujimorista. El próximo miércoles 28 de julio de 2021, cuando se cumplirán doscientos años transcurridos desde la proclamación, en la ciudad de Lima, de la independencia de esa nación sudamericana, el nuevo presidente deberá jurar su cargo, y dará inicio a una difícil gestión gubernamental para lo que cuenta, principalmente con el apoyo de los sectores populares del Perú: el campesinado y artesanado de la Sierra Central, Sur y la Amazonía peruana que votaron de manera abrumadora por un giro histórico en la renovación de las élites del poder, pero también con el valioso concurso de un grupo de profesionales de todo el país. Por primera vez, un presidente serrano, en este caso alguien procedente de Cajamarca, ocupará el sillón presidencial en la vieja capital virreinal, hay grandes expectativas y tensiones por este hecho histórico, que lo es sobre todo por su singularidad y complejidad. Pedro Castillo ha dicho que gobernará para “todas las sangres”, parafraseando el título de la más famosa novela de José María Arguedas (1911-1969), el escritor y antropólogo peruano, nacido en Andahuaylas que encarnó en sí mismo toda la complejidad cultural de ese país, dentro de lo que fue una especie de dualismo entre el mundo andino, quechua y aymarahablante y las gentes de la larga costa del Océano Pacífico.
El elemento central de la geopolítica regional, el desiderátum o vector más importante de ella en estos momentos, es el desesperado y agresivo intento (à quitte ou double, como se dice en francés) de la superpotencia estadounidense por recuperar el control total de los países de la región o subcontinente latinoamericano, cueste lo que cueste, sin importar principios y olvidando hasta el más elemental sentido de humanidad.
El agravado embargo, y las sanciones impuestas desde hace décadas por los EEUU contra Cuba, no sólo constituyen un hecho criminal sino una sofisticada versión de las políticas extorsivas del colonialismo francés en contra de otro pueblo caribeño: el de Haití. Sí, estimados lectores Francia le impuso un bloqueo, y después un embargo al pueblo de Haití, chantajeando a la nación haitiana, con una criminalidad e inhumanidad sin límites, en el lejano año de 1825, como castigo por haberse liberado de las garras del colonialismo y la esclavitud, obligando a uno de los pueblos más pobres del continente, por ese “delito”, por haberse sacudido de esos males entre 1791 y 1804, a pagarle a la potencia colonial europea el equivalente de unos veinte mil millones de dólares, indexados a valores actuales, durante el resto del siglo XIX y hasta el año de 1947, con la amenaza de reocupar la isla y reestablecer la esclavitud, ahora ya sabemos dónde está el origen de la tragedia haitiana del presente, un pueblo cuya suerte a nadie parece importar. ¿cuándo empezará a pagar Francia la inmensa deuda que tiene con el pueblo haitiano? Hélas! nous l`avions déjà oublié, parecen decirnos desde París.
Mientras tanto, el imperialismo estadounidense (o le ponemos un nombre más bonito, para que nadie se enoje) que nunca le perdonó a Cuba el haberse salido de su regazo colonial, a partir de 1959, (el que se había iniciado con la intervencionista Enmienda Platt, establecida al devolverle la “independencia” a Cuba en 1902, después de habérsela arrebatado a España) le impuso un terrible embargo que ha tenido atroces efectos sobre la población, aunque mucha gente del exilio lo niegue, con despiadado y de suyo evidente cinismo.
En medio de todo este panorama sociopolítico latinoamericano, nos encontramos con que un cierto sector de la llamada izquierda regional, a veces estalinista o incluso trotskistizante, ha terminado por adoptar un extraño discurso (en estos tiempos todos parecen serlo) en contra de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al parecer culpables de todos los males universales, el que presenta distintos grados de intensidad, oportunidad e inoportunidad, en cada caso. Sin importar el grado de acuerdo/desacuerdo que tengamos con esos gobiernos y sus dirigencias políticas, no podemos dejar de reconocer que su sola presencia constituye un obstáculo para la hegemonía imperial en nuestra área continental, razón por la que no logro entender ¿de qué manera se pueden hacer o rehacer “revoluciones” en Nicaragua que recuperen el “sandinismo original” o alguna entelequia así con el “generoso” apoyo en dinero de la USAID, la CIA, la NED y la embajada estadounidense? Todavía no puedo olvidar que durante el golpe de estado, de noviembre de 2019, en Bolivia, contra el presidente Evo Morales, una serie de gentes de los sectores medios paceños, de esos “no me confundas con esos indios” de El Alto y el Altiplano circundante, de presunta filiación marxista, ora estalinista o trotskistizante, hablaban contra el Movimiento al Socialismo (MAS), y de su repudio a lo que llamaban el “castrochavismo” u otras entelequias indescifrables, similares voces se han oído en estas latitudes a raíz de las recientes manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, sobre todo en el caso de las llamadas “izquierdas”, cuya brújula parece andar un poco extraviada.
Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mejicano Excelsior, un artículo firmado por Esther Shabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título “¿Nuevo acuerdo con Irán? Las propuestas de Macron”.
En dicho artículo la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias del COVID, como de la historia del popularmente denominado Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA por sus siglas en inglés, para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo que no es otro sino el ofrecimiento “mediador” del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel.
Ciertamente el pasado 4 de febrero el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo junto con el Reino Unido y Alemania, dijo estar dispuesto a servir de mediador «honesto y comprometido» en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudita y el ente sionista.
La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante, y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos regímenes quedaran salvaguardados.
La pregunta es ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos; en absoluto para la República islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado, y siguen apostando todo, en favor de ese acuerdo.
Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los EE.UU. hizo varias alusiones a su intención de devolver a los EE.UU. al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los EE.UU., que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras “negociaciones” con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica.
Si el acuerdo nuclear en su momento para muchos iraníes fue un trago amargo obligado a tomar en pro de una esperanza de alivio de la situación económica que sufría del país como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas especialmente desde la presidencia del “demócrata” Bill Clinton, lo cierto es que pronto se pudo comprobar, antes incluso del abandono estadounidense, que todo lo relacionado con los compromisos de los países occidentales hacia Irán dentro de ese acuerdo era puro papel mojado, por no haber cumplido estos jamás ninguna de sus obligaciones.
Nada hizo la Francia de Macron, ni los otros países europeos firmantes del acuerdo ratificado por la Resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU, para salvar el pacto tras el abandono estadounidense, como hubieran podido hacer con la puesta en marcha del mecanismo Entidad con Cometido Especial (SPV, por sus siglas en inglés) y el mecanismo llamado Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés), con los cuales podría haberse avanzado en el desarrollo del JCPOA. Nada, salvo enredar e intentar ganar tiempo frente a la República Islámica con interminables conversaciones, al igual que hicieron durante la negociación del propio acuerdo y durante el corto periodo en el que este estuvo en teórico vigor, mientras al tiempo exigían que Irán cumpliera escrupulosamente con sus obligaciones, como así hizo y ha hecho hasta principios de este año 2021 cuando frente al continuo incumplimiento de los países occidentales desde que el acuerdo entró en vigor en enero de 2016, Irán comenzó a reducir de forma gradual y casi simbólica, a pesar del bombo dado en Occidente, sus compromisos con el acuerdo nuclear.
La postulación de Macron como negociador «honesto y comprometido» raya en lo cómico, habida cuenta la histórica animadversión de la República Francesa hacia la República Islámica de Irán, y los compromisos e intereses del régimen francés con sus homólogos árabes del Golfo Pérsico y por supuesto con el ente sionista, amén de lo ya mencionado respecto al comportamiento y la responsabilidad de Macron y su gobierno en la no implementación de los acuerdos plasmados en el Plan de Acción Integral Conjunto.
Más cómica aún es la pretensión de los EE.UU. y sus adláteres europeos de plantear una renegociación de lo ya pactado en el JCPOA para incluir en el hipotético nuevo acuerdo temas fundamentales para la seguridad de la República Islámica como son su capacidad de influencia regional y sobre todo el control de su industria militar, especialmente el programa misilístico de la misma.
Si el acuerdo nuclear fue un trago amargo a cambio de una esperanza que pronto se demostró falsa, y que no solo no fue capaz de eliminar las sanciones estadounidenses vigentes en 2015 sino que a 6 años vista desde la firma del acuerdo las mismas han sido considerablemente incrementadas con las lógicas consecuencias para la economía iraní y la vida de los iraníes, lo que ahora proponen los países occidentales firmantes del acuerdo, con el aliento del ente sionista y los regímenes monárquicos del Golfo, representaría un simple acta de rendición para la República Islámica que nadie en Irán, ni siquiera aquellos sectores más occidentalizados y que tanto siguen intentando vender las supuestas virtudes del JCPOA, podrá aceptar ni tan siquiera negociar.
De cierto que los EE.UU. y sus aliados europeos saben esto, luego esa vacía pretensión de renegociación del “acuerdo nuclear” solo puede perseguir dos cosas. Por una parte, prolongar la actual situación de presión máxima frente a Irán a la espera de que un colapso económico lleve a una inestabilidad social que ayude a su postergada intención desde hace 42 años de hacer claudicar a la República Islámica, culpando al tiempo a “la intransigencia iraní” de la situación creada ante la acomodada y acéfala opinión pública de sus países. Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, intentar que la brecha entre los sectores prooccidental y revolucionario en el seno de la política iraní se ensanche al punto de un enfrentamiento tal que igualmente contribuya a la destrucción de la República Islámica de Irán tal como hoy la conocemos.
Sin embargo, la República Islámica, para desesperación de sus enemigos, viene demostrando en los últimos 42 años una capacidad de resiliencia como pocos países han hecho en la historia moderna. El mundo unipolar referenciado a los EE.UU., a su poder militar y a su economía está cambiando poco a poco, abriéndose nuevos horizontes en el oriente más colaborativos y menos impositivos, a los cuales seguramente la República Islámica sabrá mirar salvaguardando como hasta ahora su independencia.
Seguramente veremos pasar a Macron y a sus ambiciones neocoloniales, o mejor dicho, las ambiciones neocoloniales de la República Francesa (tan entrometida por ejemplo en la situación libia, siria o libanesa); veremos pasar a Biden al igual que vimos pasar a Trump y a todos sus antecesores desde hace 42 años, y seguramente veremos que la República Islámica de Irán seguirá en su lugar. Por tanto, mejor harían los EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania en aceptar que la realidad histórica no siempre es la que ellos trazan, en aceptar que las relaciones entre países deben alejarse de las imposiciones unilaterales y la rapiña. Y sobre todo, mejor harían los países que componen la Unión Europea en dejar de ser perros falderos de la política e intereses de otros países que falsamente los llaman aliados, y que solo los utilizan como peones carne de cañón de su propia política, lo que muchas veces, como en el caso que nos ocupa, representa una importante pérdida de capacidad de negocio para estos países a cambio de nada, ya que esto “del negocio” es lo único que en el fondo parece pretender unir a esta “comunidad económica”.
El 02 de febrero, Chalecos Amarillos volvió a recuperar las principales ciudades de Francia, protestando contra la represión brutal que las fuerzas de seguridad han desplegado en los últimos 3 meses, contra las actividades de gilets jaunes
Además, salieron a protestar contra la ley que se aprobó la semana pasada, que penaliza las manifestaciones dentro del marco de la ley antiterrorista.
No somos “casseur” gritaban los manifestantes, que una vez más fueron reprimidos con armas convencionales de guerra, que ya son 11 personas fallecidas desde que empezó la protesta.
El sábado 02 de febrero, la represión salvaje, no fue la excepción, pero la fuerza de los amarillos es incontenible.
El pasado martes 05 de febrero se llevó a cabo la huelga general en Francia, apoyada por los sindicatos; que por fin se desmarcaron del gobierno y que, en definitiva, las circunstancias los obligaron a comprender que no le podían seguir dando la espalda al pueblo, que está luchando y jugándose el pellejo en las calles por una nueva República.
Foto de los actuales Jefes de Estado de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, extraída de nota del New York Post.
La operación militar realizada por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria el viernes 13 de abril del 2018, consistiendo en bombardear sitios estratégicamente escogidos en los que presuntamente Siria mantiene un arsenal de armas químicas, ha provocado una serie de reacciones oficiales por parte de la comunidad internacional, incluyendo a varios Estados de América Latina.
Como es sabido, estos bombardeos fueron realizados sin ninguna autorización previa por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Menos divulgado, en declaraciones dadas a conocer 24 horas antes de estos ataques aéreos, el mismo Secretario de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente no contar con ninguna prueba («evidence«) sobre el evento en Douma del 7 de abril, más allá de lo que se pudo leer en las redes sociales («social media indicators» según la expresión usada por el funcionario norteamericano): véase al respecto el video de su comparecencia ante una Comisión del Congreso, disponible en este enlace de twitter.
Comunicados oficiales de Estados de América Latina: breve reseña
Varios Estados de América Latina han repudiado esta acción militar unilateral no autorizada, recurriendo a diversas formulaciones plasmadas en su comunicado oficial para expresar a través de la riqueza del lenguaje, su preocupación al respecto (en algunos casos sin necesariamente condenar del todo esta acción militar). Cada uno, a su manera, ha modulado su texto y optado por expresiones que posiblemente, busquen evitar alterar sus relaciones con los tres Estados autores del bombardeo en Siria. Algunos han aprovechado la ocasión para desviar la atención al uso de armas químicas en Siria (un hecho público y notorio desde el pasado 7 de abril, sin que ello haya provocado reacción alguna de su parte desde esta dramática fecha).
Otros por el contrario, como Bolivia, han condenado sin contemplación y de forma vehemente esta acción militar unilateral. El comunicado oficial de Bolivia del 14 de abril se lee de la siguiente manera (véase sitio oficial):
«Bolivia condena los ataques contra el pueblo de Siria
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia manifiesta su más enérgico rechazo a los ataques unilaterales perpetrados en contra del pueblo de Siria.
Bolivia condena el uso ilegal de la fuerza y llama al cumplimiento de las normas internacionales que evitan las violaciones a la paz y seguridad e impiden que los Estados más poderosos ataquen con impunidad a los Estados más débiles.
El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, por la integridad territorial y la independencia política de los Estados, así como por el respeto al multilateralismo.
El Gobierno y pueblo de Bolivia expresan su solidaridad con el Gobierno y pueblo de Siria por las víctimas de estos violentos ataques perpetrados la noche de este viernes 13 de abril».
En el caso de Uruguay, su diplomacia ha optado por manifestar su preocupación sobre los mismos hechos, recurriendo no obstante a un tono distinto al de Bolivia. Leemos en su comunicado de prensa (véase enlace oficial) del 14 de abril, que:
«Situación en Siria
El Gobierno del Uruguay expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia en Siria, incluidos los bombardeos de la madrugada de hoy contra objetivos sospechados de producción de armas químicas, en el marco de un conflicto que envuelve una grave crisis humanitaria y constituye una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
El Uruguay reitera su más absoluto rechazo al uso de armas químicas en cualquier circunstancia y reafirma su apoyo al rol de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en la investigación de cualquier situación sospechosa de tales acciones.
El Gobierno del Uruguay hace un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto a actuar con máxima prudencia, respetando las normas y principios del derecho internacional humanitario y en el estricto marco de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, reitera su apoyo al rol de la Organización en la implementación y conducción de una transición política, de conformidad con la Res. 2254/2015 del Consejo de Seguridad y a los esfuerzos del Representante Especial del Secretario General, como la vía más adecuada para una salida política de la crisis.
El Gobierno del Uruguay concuerda plenamente con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para realizar una investigación exhaustiva sobre el reciente uso de armas químicas en Siria y la necesidad de llegar a un acuerdo para crear un nuevo mecanismo que actúe efectivamente en estos casos».
Otros Estados, como Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana han optado por no emitir ningún comunicado oficial con respecto a esta operación militar realizada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido: salvo error de nuestra parte, una consulta sostenida y reiterada de los respectivos sitios oficiales de sus cancillerías durante los últimos días no registra ningún texto, aviso, declaración o comunicado de prensa posteriores al 13 de abril del 2018.
Nótese que el único Jefe de Estado de América Latina en haber apoyado esta acción unilateral en Siria es el Presidente de Colombia(véase nota de prensa de El Espectador), pese a voces autorizadas (y valientes) en Colombia como la del Profesor Fabián Cárdenas haciendo ver que no hay argumentos para hacerlo (véase artículo publicado en El Espectador titulado: «¿Por qué el bombardeo a Siria es un acto ilegal?»).
Por su parte, Guatemala ha considerado oportuno emitir el 14 de abril un comunicado (véase enlace oficial) refiriéndose al uso de armas químicas en Siria únicamente, sin mencionar en lo más mínimo el bombardeo en Siria. En su comunicado del 14 de abril, se lee que para Guatemala:
Guatemala expresa su Condena por el uso de armas químicas en Siria
El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condena de manera enérgica el uso de armas químicas en Siria, así como la posesión, el desarrollo y el almacenamiento de las mismas.
Guatemala hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al empleo de este tipo de armamento que tiene consecuencias humanitarias graves, evitando acciones que generen una escalada de tensión.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a todos los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, a que cumplan con las obligaciones contraidas en virtud de la Convención y de la Carta de las Naciones Unidas«.
Como se puede observar, el abanico de posibilidades es extremadamente amplio para cada Estado. Criterios de oportunidad política, de conveniencia, así como otros factores son los que los han llevado a manifestarse mediante un comunicado oficial difundido por sus aparatos diplomáticos: el repudio, la condena, la profunda preocupación, el silencio, o bien el referirse a Siria sin mencionar este bombardeo, forman parte de las distintas opciones que tiene cada Estado.
Es la opción que escogió Costa Rica, en un comunicado oficial dado a conocer en horas de la mañana del 14 de abril (y redactado de una manera que evidencia la premura con la que fue elaborado). El título del comunicado es: «Costa Rica condena uso de armas químicas, rechaza el uso de la fuerza y aboga por el respeto irrestricto al derecho internacional«. No obstante, el contenido como tal se aboca únicamente a unos de los elementos señalados en el título, al leerse de la siguiente forma:
«Costa Rica expresa su más enérgica y firme condena por los ataques con armas químicas en Douma el pasado 7 de abril, por parte del régimen de Bashar Al Assad, en el cual murieron decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y cualquier ataque de este tipo no puede quedar impune.
Gobierno de la República apoya firmemente el multilateralismo, no puede respaldar el uso no autorizado de la fuerza y hace un llamado a todos los miembros de las Naciones Unidas a actuar conforma a la Carta de la Organización y el Derecho Internacional.
La situación humanitaria en Siria ha llegado a límites intolerables. Las armas químicas están prohibidas en el derecho internacional y su uso es una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
Costa Rica sigue creyendo firmemente en la institucionalidad internacional, y en ese sentido considera que en la crisis de Siria el Consejo de Seguridad debe actuar de forma imperativa y Costa Rica lamenta profundamente que no haya sido capaz, en particular sus miembros permanentes, de asumir sus responsabilidades ante la comunidad internacional para mantener la paz y seguridad internacional para lograr un consenso y evitar la escalada del conflicto. El aumento de la tensión militar en la zona es signo de alarma. “Hacemos eco del llamado de Staffan de Mistura, Enviado Especial del Secretario General, para que no se permita un escalamiento de la violencia y los civiles tengan seguridades de protección” manifestó el Canciller Manuel González Sanz. Desde que inició el conflicto en 2011, Costa Rica ha hecho un llamado vehemente a todas las partes en conflicto para que respeten el derecho internacional humanitario y a agotar todos los esfuerzos para finalizar este conflicto. Costa Rica renueva su llamado a la comunidad internacional para abogar por una solución pacífica para garantizar la paz y seguridad en la región y una plena protección de la población civil.
Siria contabiliza siete años de guerra, alrededor de 320.000 muertos y 10 millones de desplazados que demandan se garanticen los derechos humanos y, en especial, el derecho a la vida» (Nota 1).
Es de señalar que en su comunicado, Costa Rica da por un hecho que las actuales autoridades de Siria son directamente responsables por el uso de armas químicas en Douma. La ausencia de referencia expresa a la operación militar contra Siria en el comunicado costarricense dio lugar a una solicitud de aclaración por parte del Semanario Universidad, dilucidando a su manera el funcionario entrevistado la duda externada por este medio universitario (Nota 2).
La implicación directa de las actuales autoridades de Siria en el evento de Douma consignada en el comunicado de Costa Rica no se verifica en ninguno de los comunicados oficiales emitidos por Argentina (Nota 3), así como por Chile (Nota 4), por México (Nota 5) por Perú (Nota 6), por Venezuela (Nota 7), ni tampoco en los comunicados reproducidos con anterioridad por parte de Bolivia, de Uruguay y de Guatemala.
Cabe destacar que el primer comunicado oficial que fue emitido en América Latina, fue el difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el mismo día del ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (Nota 8).
La referencia al derecho internacional y al respeto «irrestricto» (Costa Rica, Uruguay) a sus normas constituye el denominador común de estas distintas manifestaciones oficiales. Y es que, pese a lo afirmado por las autoridades norteamericanas, francesas y británicas (y por algunos de sus aliados), esta acción militar constituye una violación a lo dispuesto en la misma Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza. A ello nos abocaremos en las líneas que siguen.
Una violación a una base fundacional del frágil edificio establecido desde 1945
¿Dónde encontrar algún fundamento jurídico para justificar este tipo de acción? ¿Cómo evitar a toda costa la sombra de la guerra en Irak del 2003 y descartar algunos de los argumentos (falaces) usados para justificarla? Es la tarea a la que posiblemente se aboquen desde ya algunos juristas en algunas cancillerías y en algunas otras entidades.
En efecto, ninguna norma internacional permite recurrir al uso unilateral de la fuerza en represalia a actos cometidos en el territorio de otro Estado contra su población, o en respuesta a sospechas de tenencia y de uso de armas de destrucción masiva por parte de un Estado inmerso en un conflicto interno (como el que vive Siria desde varios años). En el caso de la reciente explosión en Douma con sustancias químicas del pasado 7 de abril, ninguna investigación in situ ha permitido conocer la identidad de los responsables de este nuevo drama humano ni el origen de las sustancias químicas usadas. El equipo técnico de Naciones Unidas enviado a Siria llegó el mismo día que la fecha escogida para proceder a los bombardeos por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase nota oficial de la OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- del 14 de abril del 2018). ¿Simple coincidencia?
Como es sabido, las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza militar por parte de uno o de varios Estados contra otro Estado, las constituyen, según la misma Carta de Naciones Unidas:
– el Artículo 51 de la Carta (que prevé la figura de la legítima defensa y un mecanismo de notificación muy preciso para el (los) Estado (s) que justifiquen acciones militares recurriendo a esta figura) o bien;
– las acciones militares colectivas debidamente autorizadas por el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta.
Como se puede observar, no hay ninguna otra figura legal prevista para justificar legalmente el uso de la fuerza contra un Estado. Ante ello, la creatividad de algunos, beneficiados por un un sólido relevo en influyentes centros de investigación y medios de prensa, ha intentado sembrar algunas dudas en la opinión pública, como lo veremos a continuación.
Intentos de confusión pasados y recientes
La noción de «legítima defensa preventiva» o de «legítima defensa anticipada» ideada por los asesores legales del Departamento de Estado norteamericano después del 11 de setiembre del 2001 para justificar acciones armadas en diversos puntos del planeta y para darle una apariencia de legalidad a la funesta acción militar emprendida contra Irak en marzo del 2003 no es conforme a la letra del Artículo 51. Esta operación militar contra Irak constituyó una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, y su principal argumento (posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak) una burda maniobra para engañar a la opinión pública mundial, tal y como lo evidenciaron investigaciones recientes y declaraciones de responsables políticos norteamericanos y británicos de la época. El informe Chilcot publicado en el Reino Unido en el 2016 ilustra y documenta la sórdida complicidad existente entre estos últimos (véase nota del NYtimes). Los 12 volúmenes del informe Chilcot del 2016 titulado «The Report of the Iraq Inquiry«, pueden ser consultados en este enlace oficial del Reino Unido.
Foto de los mandatarios de Reino Unido, Estados Unidos y España durante el año 2003 en el que se justificó falazmente ante la opinión pública una agresión a Irak, extraída de nota de prensa titulada «El papel de Aznar en la invasión de Irak: 11 menciones en el ‘informe Chilcot”.
Por otra parte, la invocación de la legítima defensa para justificar acciones militares en territorio sirio sin contar con el consentimiento de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo ha sido objeto de fuertes críticas en la doctrina: a tal punto que, en julio del 2016, un manifiesto colectivo firmado por más de 200 especialistas en derecho internacional de las más diversas latitudes, denunció el carácter abusivo de esta invocación (véase nuestra nota publicada en DIpúblico, titulada «Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo» disponible aquí).
Finalmente, el argumento oído en los últimos días de una operación basada en consideraciones «humanitarias«, según externado por la siempre original diplomacia del Reino Unido (véase texto completo del comunicado oficial), constituye una nueva evidencia de la ausencia de argumentos válidos y creíbles desde el punto de visto jurídico.
Ante otro novedoso argumento encontrado por la diplomacia británica, leemos en The Guardian por parte de un connotado especialista en derecho internacional, el Profesor Philippe Sands que:
«There is no basis in international law for arguing that a UN member state is entitled to act in the face of an ‘unreasonable veto’ at the security council, or to act by way of reprisal,” he said on Monday. “Has the UK ever made this argument before?» (véase nota de The Guardian).
La reciente discusión en el seno del Consejo de Seguridad: la diferencia entre presunciones y pruebas fehacientes sobre el uso de armas químicas
En su sesión realizada el pasado10 de abril, el Consejo de Seguridad conoció tres proyectos de resolución para investigar el origen del estallido con sustancias químicas acaecido en Douma del 7 de abril pasado en Siria y para intentar dar con la identidad exacta de las personas que las usaron: mientras Estados Unidos, Francia y Reino Unido responsabilizaron directamente a las fuerzas armadas sirias, sin haberse realizado alguna investigación in situ, Rusia y Siria denunciaron la maniobra que consiste en responsabilizar sin prueba alguna a Siria como pretexto para justificar ante la opinión pública una acción militar contra Siria (véase debate contenido en el Acta PV.8228 – versión en español, y cuya lectura se recomienda). Por parte de América Latina, participaron en el debate del Consejo de Seguridad los delegados de Bolivia y de Perú, cuyas posiciones difieren sensiblemente.
Pese a lo divulgado en la mayoría de los medios de prensa sobre esta sesión, no fueron uno sino tres los textos sometidos a votación, elaborados en aras de investigar debidamente episodios recientes acaecidos en Siria en los que se presume que se usaron armas químicas (véase nota titulada «Syria: vote on competing drafts«, editada en el sitio jurídico especializado de Whatsinblue, y disponible aquí):
– el primer proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (S/2018/321), el cual fue vetado por Rusia, y contó con la abstención de China, logrando reunir 12 votos a favor (p.5 del Acta precitada).
– el segundo proyecto (S/2018/175) y el tercer proyecto de resolución (S/2018/322), presentados ambos por Rusia, que no lograron reunir la cantidad de votos necesarios, con 6 votos a favor, incluyendo el de Rusia y el de China (p. 9 y p.15 respectivamente).
Los textos de estas tres propuestas están disponibles en este enlace(en su versión en inglés) y la comparación entre cada uno de ellos arroja interesantes aspectos, poco discutidos y analizados en los medios de prensa. El primero de ello consta de 24 párrafos operativos, el segundo de 26 y el tercero de tan solo 7 párrafos operativos.
El jueves 12, Suecia procedió a circular una nueva propuesta: se lee en esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas que:
«Sweden, a non-permanent Council member, on Thursday circulated a new proposal that asks for four things. It condemns “in the strongest terms” any use of chemical weapons in Syria and expresses alarm at the alleged incident in Douma last weekend; demands full access and cooperation for the OPCW fact-finding mission; expresses the Council’s determination to establish a new impartial and independent attribution mechanism, based on a proposal by the Secretary-General; and requests the Secretary-General to dispatch immediately a high-level disarmament mission to Syria«.
Responsabilizar a las autoridades sirias: el objetivo de algunos
Recordemos que hay muchas dudas sobre quiénes pueden tener algún interés particular en endosar (sin mayor prueba, ni investigación) a las actuales autoridades de Siria el uso de armas químicas:
– por ejemplo, en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan secreto de la administración del Presidente Barack Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime”, retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y “capturado” por blogueros y algunos sitios como al que lo referimos en este enlace.
– por otra parte, en noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad no estatal que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
A raíz de un informe de inteligencia proporcionado por Estados Unidos en el caso de un episodio similar en abril del 2017 ocurrido en Siria, un reconocido académico del MIT de Massachusetts como el profesor Theodor Postol, denunció lo que denominó en sus conclusiones como:
«… an obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (véase informe completo titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, p.4). Como era de esperar, este tipo de disonancia en Estados Unidos no tuvo mayor eco en medios de prensa norteamericanos y/o internacionales.
Ante estas y muchas otras dudas existentes, el endoso sistemático del uso de armas químicas, sin ningún tipo de investigación, a las autoridades sirias despierta cada vez mayores sospechas, que solamente una investigación realizada in situ con expertos independientes, auspiciada por los entes técnicos de Naciones Unidas, podrá despejar.
En una interesante entrevista del programa radial «Hablando Claro» (Radio Columbia, Costa Rica) al Profesor Sergio Moya, se analizaron los diversos intereses existentes en Siria que buscan derrocar a sus actuales autoridades, próximas a recuperar su control en varias partes estratégicas del territorio sirio (véase programa del 19 de abril del 2018, disponible en este enlace).
Una legalidad internacional puesta peligrosamente en jaque
En un artículo publicado horas antes de la orden dada por el Presidente de Estados Unidos de iniciar los bombardeos en Siria, la Profesora Mary Ellen O’Connell (Universidad de Notre Dame) concluía sus reflexiones señalando que:
«In other words, he plans to violate the prohibition on the use of force to send the message of how important it is to comply with the law on chemical weapons. And he is doing so with relish as he tweets, ‘Get ready Russia, because [the missiles] will be coming, nice and new and “smart!”’. French President Macron has actually chosen to encourage Trump and Britain’s Prime Minister May is still considering options. There should, however, be only one option for States committed to the rule of law: Use the means available in international law to seek accountability for law violations. It is a dangerous moment in history to do anything else«.
(véase artículo titulado «Unlawful Reprisals to the Rescue against Chemical Attacks?«, publicado por EJIL-talk y disponible aquí).
Más recientemente, los Profesores Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) y Nabil Hajjami (Université de Nanterre), en su artículo titulado «Les frappes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie: quelles justifications juridiques?» (Disponible aquí), concluyen sus reflexiones alertando que:
«… à force de multiplier les précédents dans lesquels on écarte purement et simplement le droit international au nom d’impératifs moraux ou politiques que l’on définit et interprète soi-même, la norme elle-même tend à s’estomper, si pas à disparaître. En ce sens, l’enjeu de la crise syrienne va bien au-delà de l’opportunité ou de la légitimité des frappes limitées menées contre le régime syrien le 14 avril dernier».
Una leve sensación de «déjà vu»
A raíz de un episodio ocurrido en Siria en abril del 2017, habíamos tenido la oportunidad de analizar las distintas posiciones oficiales (véase nuestra breve nota titulada «Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos«). En aquella oportunidad, Estados Unidos consideró contar con información suficiente responsabilizando a Siria para lanzar un ataque aéreo pocos días después de forma solitaria, a modo de represalia: esta acción militar de Estados Unidos se dio en clara violación a la legalidad internacional: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk y disponible aquí. Este mismo académico publicó un artículo similar llegando a las mismas conclusiones luego de la reciente acción colectiva objeto de estas reflexiones, diferenciando no obstante la posición del Reino Unido con relación a la de Francia y de Estados Unidos:
«To conclude, the UK’s humanitarian intervention argument is so bad even on its own terms that it is clear why the US and France chose to stay silent – no legal argument is in their view a better option than a palpably bad one«.
(Véase su texto titulado «The Syria Strikes: Still Clearly Illegal«, publicado en EJIL-Talk y disponible aquí).
Con respecto a la discusión que se dio en aquel mes de abril del 2017 en el seno del Consejo de Seguridad, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Chemical weapons in Syria and UN Security Council: no resolution adopted. Would you like to know why?» y disponible aquí. En aquella ocasión, fueron tres las versiones de proyectos de resolución que circularon. Por parte de América Latina, los delegados de Bolivia y de Uruguay fueron los invitados a externar criterios sobre estas tres propuestas (véase el texto de las tres propuestas reproducidas en nuestra breve nota titulada «América Latina durante la discusión sobre armas químicas en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas» publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí).
Imagen satelital del ataque en Idlib del 2017, extraída de artículo titulado «The Chemical-Weapons Attack In Syria: Is There a Place for Skepticism? The American media have excluded dissenting expert opinions in their rush to embrace Trump’s war on Syria».
Con relación a un informe de los servicios franceses de inteligencia llegando a las mismas conclusiones que las de sus homólogos norteamericanos, y que fue dado a conocer a pocos días de la primera vuelta electoral en Francia en el 2017, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Syrie et armes chimiques : à propos du rapport des services secrets français«, publicada en Actualités du Droit, y disponible aquí.
Informes de servicios de inteligencia versus mecanismos internacionales de verificación: ¿hacia dónde es que vamos?
Más allá del juego político que se ha generado alrededor de la guerra civil imperante en Siria, resulta oportuno recordar que la producción, el almacenamiento y la destrucción verificada por expertos internacionales de armas químicas es objeto de una Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, suscrita en 1997 (véase texto completo en español). Este tratado establece un mecanismo de monitoreo y de verificación que aceptan los Estados Partes y un mecanismo de investigación internacional e independiente en caso de eventos en los que se sospecha el uso de armas químicas por parte de un Estado Parte. Este instrumento multilateral ha sido ratificado por 192 Estados, Siria incluida, con un solo Estado sin ratificarla: Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
En el caso específico de Siria, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – véase sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
Si hay sospechas de uso de armas químicas, el envío de una misión de investigación internacional y el trabajo de campo consumen varios meses: en el caso del evento ocurrido en Idlib de abril del 2017, el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas a cargo de la investigación in situ fue transmitido al Consejo de Seguridad tan solo el 26 de octubre del 2017 (véase carta con texto completo del informe). Nótese que en su comunicado del 10 de abril, Brasil refirió a la necesidad de investigar el estallido con sustancias químicas en Douma y evitó endosar alguna responsabilidad (Nota 9).
A modo de conclusión: el 13 de abril del 2018 o un viernes de luto para el derecho internacional
Más allá del lenguaje diplomático con el que varios Estados han manifestado en América Latina su preocupación o su repudio a este ataque realizado en Siria (o enviado con su pesado silencio una señal que consideramos en lo personal sumamente preocupante), desde la estricta perspectiva jurídica, este nuevo episodio constituye un notable debilitamiento del ordenamiento jurídico internacional y plantea una serie de interrogantes de cara al futuro: las sospechas de algunos Estados parecieran ser una base suficiente para desafiar la normativa internacional en materia de prohibición del uso de la fuerza.
La acción realizada el 13 de abril se puede calificar como un hecho sumamente grave. A diferencia del ataque norteamericano perpetrado en abril del 2017 en Siria en respuesta al presunto uso de armas químicas en Idlib (también basado en informes de inteligencia), esta acción del 13 de abril del 2018 fue concertada por tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: fragiliza, como raras veces, la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 y los principios básicos que contiene.
Desde la perspectiva ya no tanto jurídica sino política, no queda muy claro en qué este bombardeo puede ayudar al complejo proceso de negociación y pacificación en Siria. En la sesión urgente del Consejo de Seguridad que se reunió el mismo 14 de abril (véase Acta S/PV.8233 en español, cuya lectura integral se recomienda) se discutió y se votó un proyecto de resolución presentado por Rusia condenando el bombardeo en Siria, el cual solo contó con tres votos a favor (Bolivia, China y Rusia) y ocho en contra (incluyendo a Francia, Estados Unidos y Reino Unido). Conocido el resultado de la votación (p.23), el delegado de Siria anunció en su intervención final que:
«Algunos colegas que votaron en contra del proyecto de resolución de Rusia (S/2018/355) afirman que apoyan una solución política. Les decimos ahora, después de su voto vergonzoso en contra del proyecto del resolución, que los que votaron en contra ya no serán más interlocutores del Gobierno de Siria en ningún proceso político» (p. 26).
Notas
Nota 1: Véase el texto del comunicado oficial de prensa circulado por Costa Rica en este enlace.
Nota 2: Este comunicado de Costa Rica fue objeto de un primer artículo denunciando que Costa Rica no condenaba expresamente el ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase notadel Semanario Universidad), para luego ser completado por una «aclaración» posterior para los lectores del Semanario Universidad, difundida unas horas después (véase nota de prensa).
Nota 3: El comunicado oficial de Argentina circulado el mismo día que el de Costa Rica se lee así: «Situación en Siria. 14 Abril 2018 Información para la Prensa N°: 149/18 Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria. Igualmente condena la existencia de facilidades dedicadas a su fabricación y/o almacenamiento.
En la delicada coyuntura de estas horas, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y asimismo insta que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos internacionales existentes» (véase enlace oficial).
Nota 4: El comunicado de Chile se lee así: Comunicado de prensa sobre situación en Siria
“El Gobierno de Chile reitera su condena en los términos más enérgicos al criminal empleo de armas químicas en un ataque ocurrido el día 7 de abril, en Douma, República Árabe Siria.
Igualmente condena el uso de armas químicas en cualquier tiempo, lugar, circunstancias o acto, y recuerda que esta conducta atenta contra el derecho internacional y, en especial, contra los derechos humanos.
Tal como lo ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas es imprescindible que las potencias internacionales pacten un mecanismo que permita evitar el uso de armas químicas y establezca responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. En el cumplimiento de esta misión ningún país puede eludir su responsabilidad.
Debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que la crisis de Siria genere una escalada de violencia y se transforme en una crisis regional o global, que afecte a más seres humanos y debilite la paz. Hacemos por tanto un llamado a ejercer la mayor prudencia en estas acciones» (véase enlace oficial).
Nota 5: El comunicado oficial de México se lee de la siguiente manera: «Posición de Méxicorespecto a la situación en Siria Comunicado No. 94.- El Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias.
Con respecto a los acontecimientos de ayer por la noche en Siria, el Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
Asimismo, señaló que México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias» (véase enlace oficial).
Nota 6: El comunicado oficial de Perú del 14 de abril se lee así: «Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Siria MRELima, 14 de abril de 2018 Comunicado Oficial 010 – 18
En relación a las recientes acciones en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado a la moderación a todos los actores concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
El Perú condena el empleo de armas químicas y considera que toda respuesta a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional, por lo que apoya el despliegue de una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a Siria, y considera urgente que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo que permita la identificación y procesamiento de los responsables
El Perú, como presidente del Consejo de Seguridad, está trabajando por una solución política al conflicto en Siria, así como por la protección de civiles, de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El Perú apoya la disposición del Secretario General de las Naciones Unidas de interponer sus buenos oficios y considera necesario y urgente establecer un mecanismo de atribución de responsabilidades sobre la utilización de armas químicas en Siria» (véase enlace oficial).
Nota 7: El texto emitido por Venezuela el pasado 14 de abril se lee así: «Venezuela repudia ataque perpetrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Siria
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia y condena enérgicamente el hostil ataque militar perpetrado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, contra el territorio y el hermano Pueblo de la República Árabe de Siria.
Una vez más, Estados Unidos y algunos de sus aliados, desconocen los principios y normas más elementales del Derecho Internacional, al emprender una acción unilateral, sin su discusión y aprobación en el seno de los órganos facultados para ello de las Naciones Unidas. Con el uso unilateral e ilegal de la violencia, los países atacantes violan abiertamente la soberanía, el derecho a la vida y todos los derechos humanos del hermano Pueblo sirio.
La República Árabe Siria ha sido atacada a pesar de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), aún no ha enviado a sus equipos de expertos al terreno, para investigar el supuesto uso de armas químicas por parte del ejército sirio. La apresurada operación militar de Estados Unidos, recuerda la catastrófica invasión a Irak en 2003, justificada con el pretexto de la necesaria neutralización de armas de destrucción masiva que, tras meses de muerte y caos, reconocieron no haber localizado jamás.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del Pueblo y Gobierno venezolanos, expresa su absoluta solidaridad con el Pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas, heridos y daños materiales, como consecuencia de este ataque despiadado e injustificado«.
Nota 8: El texto emitido por Cuba (véase enlace oficial) el mismo 13 de abril se lee de la siguiente manera: «Declaración del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba
El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba expresa su más enérgica condena por el nuevo ataque perpetrado por los Estados Unidos y algunos de sus aliados, en la noche de este 13 de abril contra instalaciones militares y civiles en la República Árabe Siria, utilizando como pretexto el supuesto empleo por el Gobierno sirio de armas químicas contra civiles.
Esta acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de esa organización y constituye un atropello contra un Estado soberano, que agudiza el conflicto en el país y en la región.
Los Estados Unidos han atacado a Siria sin que se haya demostrado la utilización de armas químicas por parte del gobierno de ese país y a pesar de que la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), ha informado que desplegará en breve un equipo de la Misión de Investigación de Hechos para inspeccionar de inmediato la localidad de Duma, como habían solicitado Siria y Rusia.
Cuba, signataria original y Estado parte de la Convención sobre Armas Químicas, rechaza firmemente el empleo de esas armas y de otras de exterminio en masa, por cualquier actor y en cualquier circunstancia.
El Gobierno Revolucionario expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno sirios por las pérdidas de vidas y daños materiales, como consecuencia de este ataque atroz«.
Nota 9: El comunicado oficial circulado por el Palacio del Itamaraty en Brasil con fecha del 10 de abril (véase enlace oficial) se lee de la siguiente manera: Nota 86 «Noticias de uso de armas químicas contra civiles en Douma, Siria 10 de Abril del 2018 – 12:11 El Gobierno brasileño expresa su grave preocupación por las alegaciones de uso de armas químicas contra la población civil de Douma, Siria, el 7 de abril.
Al exhortar el establecimiento de investigación en el ámbito de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), el Gobierno brasileño reitera su repudio al uso de armas de destrucción masiva, cualquiera que sea su motivación«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto de los actuales Jefes de Estado de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, extraída de nota del programa radial Hablando Claro (Radio Columbia) en Costa Rica.
Las operaciones militares realizadas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en Siria el viernes 13 de abril del 2018, consistiendo en bombardear sitios estratégicamente escogidos en los que presuntamente Siria mantiene un arsenal de armas químicas, fueron realizadas sin autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Por ende, y pese a lo afirmado por las autoridades norteamericanas, francesas y británicas (y algunos de sus aliados), constituyen una clara y abierta violación a lo dispuesto en la misma Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del uso de la fuerza. En las líneas que siguen, nos centraremos en analizar esta acción militar desde la perspectiva del derecho internacional público.
Una violación a una norma fundacional del frágil edificio establecido desde 1945
¿Dónde encontrar fundamento jurídico alguno para justificar este tipo de acción? ¿Cómo evitar a toda costa la sombra de la guerra en Irak del 2003 y descartar algunos de los argumentos (falaces) usados para justificarla? Es la tarea a la que posiblemente se aboquen desde ya algunos juristas en algunas cancillerías y en algunas otras entidades.
En efecto, ninguna norma internacional permite recurrir al uso unilateral de la fuerza en represalia a actos cometidos en el territorio de otro Estado contra su población, o en respuesta a sospechas de tenencia y de uso de armas de destrucción masiva por parte de un Estado inmerso en un conflicto interno (como el que vive Siria desde varios años). En el caso de la reciente explosión en Douma con sustancias químicas del pasado 7 de abril, ninguna investigación in situ ha permitido conocer la identidad de los responsables de este nuevo drama humano ni el origen de las sustancias químicas usadas. El equipo técnico de Naciones Unidas enviado a Siria llegó el mismo día que la fecha escogida para proceder a los bombardeos por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase nota oficial de la OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- del 14 de abril del 2018).¿Simple coincidencia?
Como es sabido, las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza militar por parte de uno o de varios Estados contra otro Estado, las constituyen, según la misma Carta de Naciones Unidas:
– el Artículo 51 de la Carta (que prevé la figura de la legítima defensa y un mecanismo de notificación muy preciso para el (los) Estado (s) que justifiquen acciones militares recurriendo a esta figura) o bien;
– las acciones militares colectivas debidamente autorizadas por el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta.
Como se puede observar, no hay ninguna otra figura legal prevista para justificar legalmente el uso de la fuerza contra un Estado. Ante ello, la creatividad de algunos, beneficiados por un un sólido relevo en influyentes centros de investigación y medios de prensa, ha intentado sembrar algunas dudas en la opinión pública, como lo veremos a continuación.
Intentos de confusión pasados y recientes
La noción de «legítima defensa preventiva» o de «legítima defensa anticipada» ideada por los asesores legales del Departamento de Estado norteamericano después del 11 de setiembre del 2001 para justificar acciones armadas en diversos puntos del planeta y para darle una apariencia de legalidad a la funesta acción militar emprendida contra Irak en marzo del 2003 no es conforme a la letra del Artículo 51. Esta operación militar contra Irak constituyó una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, y su principal argumento (posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak) una burda maniobra para engañar a la opinión pública mundial, tal y como lo evidenciaron investigaciones recientes y declaraciones de responsables políticos norteamericanos y británicos de la época. El informe Chilcot publicado en el Reino Unido en el 2016 ilustra y documenta la sórdida complicidad existente entre estos últimos (véase nota del NYtimes). Los 12 volúmenes del informe Chilcot del 2016 titulado «The Report of the Iraq Inquiry«, pueden ser consultados en este enlace oficial del Reino Unido.
Por otra parte, la invocación de la legítima defensa para justificar acciones militares en territorio sirio sin contar con el consentimiento de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo ha sido objeto de fuertes críticas en la doctrina: a tal punto que, en julio del 2016, un manifiesto colectivo firmado por más de 200 especialistas en derecho internacional de las más diversas latitudes, denunció el carácter abusivo de esta invocación (véase nuestra nota publicada en DIpúblico, titulada «Contra una invocación abusiva de la legítima defensa en la lucha contra el terrorismo» disponible aquí).
Finalmente, el argumento oído en las últimas horas de una operación basada en consideraciones «humanitarias«, según externado por la siempre original diplomacia del Reino Unido (véase texto completo del comunicado oficial), constituye una nueva evidencia de la ausencia de argumentos válidos y creíbles desde el punto de visto jurídico.
Ante otro novedoso argumento encontrado por la diplomacia británica, leemos en The Guardian por parte de un connotado especialista en derecho internacional, el Profesor Philippe Sands, que:
«There is no basis in international law for arguing that a UN member state is entitled to act in the face of an ‘unreasonable veto’ at the security council, or to act by way of reprisal,” he said on Monday. “Has the UK ever made this argument before?» (Véase nota de The Guardian).
La reciente discusión en el seno del Consejo de Seguridad: ¿presunciones o pruebas fehacientes sobre el uso de armas químicas?
En su sesión realizada el pasado 10 de abril, el Consejo de Seguridad conoció tres proyectos de resolución para investigar el origen del estallido con sustancias químicas acaecido en Douma del 7 de abril pasado en Siria y para intentar dar con la identidad exacta de las personas que las usaron: mientras Estados Unidos, Francia y Reino Unido responsabilizaron directamente a las fuerzas armadas sirias, sin haberse realizado alguna investigación in situ, Rusia y Siria denunciaron la maniobra que consiste en responsabilizar sin prueba alguna a Siria como pretexto para justificar ante la opinión pública una acción militar contra Siria (véase debate contenido en el Acta PV.8228 – versión en español, y cuya lectura se recomienda). Por parte de América Latina, participaron en el debate del Consejo de Seguridad los delegados de Bolivia y de Perú, cuyas posiciones difieren sensiblemente.
Pese a lo divulgado en la mayoría de los medios de prensa sobre esta sesión, no fueron uno sino tres los textos sometidos a votación, elaborados en aras de investigar debidamente episodios recientes acaecidos en Siria en los que se presume que se usaron armas químicas (véase nota titulada «Syria: vote on competing drafts«, editada en el sitio jurídico especializado de Whatsinblue, y disponible aquí):
– el primer proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (S/2018/321), el cual fue vetado por Rusia, y contó con la abstención de China, logrando reunir 12 votos a favor (p.5 del Acta precitada).
– el segundo proyecto (S/2018/175) y el tercer proyecto de resolución (S/2018/322), presentados ambos por Rusia, que no lograron reunir la cantidad de votos necesarios, con 6 votos a favor, incluyendo el de Rusia y el de China (p. 9 y p.15 respectivamente).
Los textos de estas tres propuestas están disponibles en este enlace (en su versión en inglés) y la comparación entre cada uno de ellos arroja interesantes aspectos, poco discutidos y analizados en los medios de prensa. El primero de ello consta de 24 párrafos operativos, el segundo de 26 y el tercero de tan solo 7 párrafos operativos.
El jueves 12, Suecia procedió a circular una nueva propuesta: se lee en esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas que:
«Sweden, a non-permanent Council member, on Thursday circulated a new proposal that asks for four things. It condemns “in the strongest terms” any use of chemical weapons in Syria and expresses alarm at the alleged incident in Douma last weekend; demands full access and cooperation for the OPCW fact-finding mission; expresses the Council’s determination to establish a new impartial and independent attribution mechanism, based on a proposal by the Secretary-General; and requests the Secretary-General to dispatch immediately a high-level disarmament mission to Syria«.
Responsabilizar a las autoridades sirias: el objetivo de algunos
Recordemos que hay muchas dudas sobre quiénes pueden tener algún interés particular en endosar (sin mayor prueba, ni investigación) a las actuales autoridades de Siria el uso de armas químicas:
– por ejemplo, en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan secreto de la administración del Presidente Barack Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime’“, retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y “capturado” por blogueros y algunos sitios como al que lo referimos en este enlace.
– por otra parte, en noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad no estatal que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).
A raíz de un informe de inteligencia proporcionado por Estados Unidos en el caso de un episodio similar en abril del 2017 ocurrido en Siria, un reconocido académico del MIT de Massachusetts como el profesor Theodor Postol, denunció lo que denominó en sus conclusiones como:
«… an obviously false, misleading and amateurish intelligence report» (véase informe completo titulado «A Quick Turnaround Assessment of the White House Intelligence Report Issued on April 11, 2017 About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria«, p.4). Como era de esperar, este tipo de disonancia en Estados Unidos no tuvo mayor eco en medios de prensa norteamericanos y/o internacionales.
Ante estas y muchas otras dudas existentes, el endoso sistemático del uso de armas químicas, sin ningún tipo de investigación, a las autoridades sirias despierta cada vez mayores dudas, que solamente una investigación realizada in situ con expertos independientes, auspiciada por los entes técnicos de Naciones Unidas, podrá despejar.
La legalidad internacional puesta en jaque
En un artículo publicado horas antes de la orden dada por el Presidente de Estados Unidos de iniciar los bombardeos en Siria, la Profesora Mary Ellen O’Connell (Universidad de Notre Dame) concluía sus reflexiones señalando que:
«In other words, he plans to violate the prohibition on the use of force to send the message of how important it is to comply with the law on chemical weapons. And he is doing so with relish as he tweets, ‘Get ready Russia, because [the missiles] will be coming, nice and new and “smart!”’. French President Macron has actually chosen to encourage Trump and Britain’s Prime Minister May is still considering options. There should, however, be only one option for States committed to the rule of law: Use the means available in international law to seek accountability for law violations. It is a dangerous moment in history to do anything else«.
(Véase artículo titulado «Unlawful Reprisals to the Rescue against Chemical Attacks?«, publicado por EJIL-talk y disponible aquí).
Una leve sensación de «déjà vu»
A raíz de un episodio ocurrido en Siria en abril del 2017, habíamos tenido la oportunidad de analizar las distintas posiciones oficiales (véase nuestra breve nota titulada «Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos«). En aquella oportunidad, Estados Unidos consideró contar con información suficiente responsabilizando a Siria para lanzar un ataque aéreo pocos días después de forma solitaria, a modo de represalia: esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado «The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria» publicado en el EJIL-Talk y disponible aquí. Este mismo académico publicó un artículo similar llegando a las mismas conclusiones luego de la reciente acción colectiva objeto de estas reflexiones, diferenciando no obstante la posición del Reino Unido con relación a la de Francia y de Estados Unidos:
«To conclude, the UK’s humanitarian intervention argument is so bad even on its own terms that it is clear why the US and France chose to stay silent – no legal argument is in their view a better option than a palpably bad one»
(Véase su texto titulado «The Syria Strikes: Still Clearly Illegal«, publicado en EJIL-Talk y disponible aquí).
Con respecto a la discusión que se dio en aquel mes de abril del 2017 en el seno del Consejo de Seguridad, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Chemical weapons in Syria and UN Security Council: no resolution adopted. Would you like to know why?» y disponible aquí. En aquella ocasión, fueron tres las versiones de proyectos de resolución que circularon. Por parte de América Latina, los delegados de Bolivia y de Uruguay fueron los invitados a externar criterios sobre estas tres propuestas (véase el texto de las tres propuestas reproducidas en nuestra breve nota titulada «América Latina durante la discusión sobre armas químicas en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas» publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí).
Imagen satelital del ataque en Idlib del 2017, extraída de artículotitulado «The Chemical-Weapons Attack In Syria: Is There a Place for Skepticism? The American media have excluded dissenting expert opinions in their rush to embrace Trump’s war on Syria».
Con relación a un informe de los servicios franceses de inteligencia llegando a las mismas conclusiones que las de sus homólogos norteamericanos, y que fue dado a conocer a pocos días de la primera vuelta electoral en Francia en el 2017, remitimos al lector a nuestra breve nota titulada «Syrie et armes chimiques : à propos du rapport des services secrets français«, publicada en Actualités du Droit, y disponible aquí.
Informes de servicios de inteligencia versus mecanismos internacionales de verificación: ¿hacia dónde vamos?
Más allá del juego político que se ha generado alrededor de la guerra civil imperante en Siria, resulta oportuno recordar que la producción, el almacenamiento y la destrucción verificada por expertos internacionales de armas químicas es objeto de una Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas, suscrita en 1997 (véase texto completo en español). Este tratado establece un mecanismo de monitoreo y de verificación que aceptan los Estados Partes y un mecanismo de investigación internacional e independiente en caso de eventos en los que se sospecha el uso de armas químicas por parte de un Estado Parte. Este instrumento multilateral ha sido ratificado por 192 Estados, Siria incluida, con un solo Estado sin ratificarla: Israel (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
En el caso específico de Siria, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – véase sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.
Si hay sospechas de uso de armas químicas, el envío de una misión de investigación internacional y el trabajo de campo consumen varios meses: en el caso del evento ocurrido en Idlib de abril del 2017, el informe de la misión de expertos de Naciones Unidas a cargo de la investigación in situ fue transmitido al Consejo de Seguridad tan solo el 26 de octubre del 2017 (véase carta con texto completo del informe). Nótese que en su comunicado del 10 de abril, Brasil refirió a la necesidad de investigar el estallido con sustancias químicas en Douma y evitó endosar alguna responsabilidad (Nota 1).
A modo de conclusión: el 13 de abril del 2018 o un viernes negro para el derecho internacional
Este nuevo episodio constituye sin lugar a dudas un debilitamiento del ordenamiento jurídico internacional y plantea una serie de interrogantes de cara al futuro: las sospechas de algunos Estados parecieran ser una base suficiente para desafiar la normativa internacional en materia de prohibición del uso de la fuerza. Al respecto, cabe precisar que Costa Rica, en un comunicado oficial dado a conocer el 14 de abril, da por un hecho que Siria es directamente responsable del uso de armas químicas en Duma (Nota 2), a diferencia por ejemplo de Argentina (Nota 3), de Chile (Nota 4), de México (Nota 5) o de Perú (Nota 6).
Más allá de las certezas de unos y la prudencia de otros, esta acción militar colectiva realizada el 13 de abril constituye un hecho sumamente grave. A diferencia del ataque norteamericano perpetrado en abril del 2017 en Siria en respuesta al presunto uso de armas químicas en Idlib (también basado en informes de inteligencia), esta acción del 13 de abril del 2018 fue concertada por tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: fragiliza, como raras veces, la Carta de Naciones Unidas suscrita en 1945 y los principios básicos que contiene.
Notas
Nota 1: el comunicado oficial circulado por el Palacio del Itamaraty en Brasil se lee de la siguiente manera: Nota 86 «Noticias de uso de armas químicas contra civiles en Douma, Siria 10 de Abril del 2018 – 12:11 El Gobierno brasileño expresa su grave preocupación por las alegaciones de uso de armas químicas contra la población civil de Douma, Siria, el 7 de abril.
Al exhortar el establecimiento de investigación en el ámbito de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), el Gobierno brasileño reitera su repudio al uso de armas de destrucción masiva, cualquiera que sea su motivación«.
Nota 2: En el comunicado oficial de prensa circulado por Costa Rica se lee que: «Costa Rica expresa su más enérgica y firme condena por los ataques con armas químicas en Douma el pasado 7 de abril, por parte del régimen de Bashar Al Assad, en el cual murieron decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños. Los responsables deben ser llevados ante la justicia y cualquier ataque de este tipo no puede quedar impune» (véase texto completo del comunicado reproducido en este enlace). Dicho comunicado fue objeto de un primer artículo denunciando que Costa Rica no condenaba expresamente el ataque realizado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase notadel Semanario Universidad), para luego ser completado por una «aclaración» posterior para los lectores del Semanario Universidad, difundida unas horas después (véase nota de prensa).
Nota 3: El comunicado oficial de Argentina circulado el mismo día que el de Costa Rica se lee así: «Situación en Siria. 14 Abril 2018 Información para la Prensa N°: 149/18 Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas tal como ha ocurrido en los últimos días en Siria. Igualmente condena la existencia de facilidades dedicadas a su fabricación y/o almacenamiento.
En la delicada coyuntura de estas horas, Argentina hace un llamamiento a la comunidad internacional para hacer esfuerzos que permitan preservar la paz y seguridad, evitando acciones que generen una escalada de tensión y asimismo insta que se sigan caminos de diálogo en el marco de los compromisos internacionales existentes» (véase enlace oficial).
Nota 4: El comunicado de Chile se lee así: Comunicado de prensa sobre situación en Siria
El Gobierno de Chile reitera su condena en los términos más enérgicos al criminal empleo de armas químicas en un ataque ocurrido el día 7 de abril, en Douma, República Árabe Siria.
Igualmente condena el uso de armas químicas en cualquier tiempo, lugar, circunstancias o acto, y recuerda que esta conducta atenta contra el derecho internacional y, en especial, contra los derechos humanos.
Tal como lo ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas es imprescindible que las potencias internacionales pacten un mecanismo que permita evitar el uso de armas químicas y establezca responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria. En el cumplimiento de esta misión ningún país puede eludir su responsabilidad.
Debemos hacer todos los esfuerzos para evitar que la crisis de Siria genere una escalada de violencia y se transforme en una crisis regional o global, que afecte a más seres humanos y debilite la paz. Hacemos por tanto un llamado a ejercer la mayor prudencia en estas acciones» (véase enlace oficial).
Nota 5: El comunicado oficial de México se lee de la siguiente manera: «Posición de México respecto a la situación en Siria Comunicado No. 94.- El Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias.
Con respecto a los acontecimientos de ayer por la noche en Siria, el Presidente Enrique Peña Nieto indicó durante su intervención en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas que México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
Asimismo, señaló que México hace votos para que sea a través del derecho internacional y los instrumentos multilaterales como se ponga fin al uso de este tipo de armamento de tan crudas consecuencias» (véase enlace oficial).
Nota 6: El comunicado oficial de Perú del 14 de abril se lee así: «Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Siria MRELima, 14 de abril de 2018 Comunicado Oficial 010 – 18
En relación a las recientes acciones en Siria, el Perú expresa su profunda preocupación y hace un llamado a la moderación a todos los actores concernidos a efectos de evitar un escalamiento que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
El Perú condena el empleo de armas químicas y considera que toda respuesta a estos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional, por lo que apoya el despliegue de una misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a Siria, y considera urgente que el Consejo de Seguridad establezca un mecanismo que permita la identificación y procesamiento de los responsables
El Perú, como presidente del Consejo de Seguridad, está trabajando por una solución política al conflicto en Siria, así como por la protección de civiles, de manera consistente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El Perú apoya la disposición del Secretario General de las Naciones Unidas de interponer sus buenos oficios y considera necesario y urgente establecer un mecanismo de atribución de responsabilidades sobre la utilización de armas químicas en Siria» (véase enlace oficial).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Este Viernes 23 de diciembre, por primera vez en varias décadas y por primera vez en los 8 años de la administración del actual Presidente Obama de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudo adoptar una resolución condenando enérgicamente los asentamientos israelíes en territorios palestinos (ver texto oficiales de esta resolución en Inglés y en Español reproducidos al final de esta nota). En la actualidad, además de los cinco Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), integran el máximo órgano de Naciones Unidas Angola, Egipto, España, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Senegal, Ucrania, Uruguay y Venezuela.
Asentamientos ilegales y veto norteamericano garantizado en el Consejo de Seguridad
El veto norteamericano usualmente utilizado como una garantía para proteger a las autoridades israelíes, en esta precisa ocasión no se presentó, causando sorpresa en varios círculos (y posiblemente algo de estupor en algunas oficinas). Para muchos, el segundo mandato del Presidente Obama debía de haber permitido reconsiderar este incondicional apoyo norteamericano a las autoridades israelíes, sin que ello se hubiese materializado hasta el momento.
La primera vez que la administración del Presidente Obama recurrió al veto para evitar una resolución sobre Palestina por parte del Consejo de Seguridad fue el 18 de febrero del 2011: se puede leer el texto propuesto S/2011/24, cuyos primeros dos párrafos operativos señalaban que el Consejo de Seguridad:
Reafirma que los asentamientos israelíes establecidos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, son ilegales y suponen un grave obstáculo para el logro de una paz justa, duradera y general;
Reitera su exigencia de que Israel, la Potencia ocupante, ponga fin inmediata y completamente a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas en tal sentido;
La lectura del acta de la sesión del Consejo de Seguridad S/PV/6484 arroja el siguiente resultado de la votación (ver p. 4): 14 votos a favor y uno en contra (Estados Unidos).
Para varios medios de prensa, la decisión del Consejo de Seguridad de este 23 de diciembre del 2016 es histórica: se leyó por ejemplo en México que «Una poco común pero nutrida ronda de aplausos se produjo en la sala del Consejo de Seguridad tras la aprobación de la iniciativa, la primera en cuatro décadas que condena los asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados, que son considerados ilegales por el derecho internacional» (ver nota de El Economista).
En diciembre del 2014, ante el cambio de actitud del Presidente Obama para con las autoridades en Cuba, se leyó en el rotativo Haaretz (Israel) un artículo de opinión (ver referencia a texto) titulado precisamente » «Obama, Do Another Cuba: Lift the Perennial American Veto for Israel in the UN».
Cabe recordar que las últimas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando a Israel fueron la resolución 476 (1980) con fecha del 30 de junio de 1980 (ver texto en español) y la resolución 478 (1980) acordada el 30 de agosto de 1980 (ver texto en español). Ambas son referidas en el preámbulo de la resolución 2334 (2016) adoptada en este mes de diciembre del 2016.
Un momento único en la historia reciente de las Naciones Unidas
No cabe duda que el momento es también histórico para los estudiosos del derecho internacional: después de muchos años pasados sin poder manifestarse, el máximo órgano de Naciones Unidas condena una violación abierta a los principios más básicos contenidos en la misma Carta de Naciones Unidas de 1945, en un sinnúmero de instrumentos internacionales adoptados desde entonces y exige el respeto a varias de sus propias resoluciones pasadas emitidas sobre el conflicto palestino-israelí.
Foto de S.E. Riyad Mansour, Representante Permanente de Palestina en Naciones Unidas, extraída de artículo publicado en Elpais.cr
Consciente del carácter inusual de esta resolución del Consejo de Seguridad, el actual Secretario General de Naciones Unidas externó horas después de su adopción en un comunicado de prensa que:
«The Secretary-General welcomes the adoption by the Security Council of resolution 2334 (2016) on the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The resolution is a significant step, demonstrating the Council’s much needed leadership and the international community’s collective efforts to reconfirm that the vision of two States is still achievable. The Secretary-General takes this opportunity to encourage Israeli and Palestinian leaders to work with the international community to create a conducive environment for a return to meaningful negotiations. The United Nations stands ready to support all concerned parties in achieving this goal».
En su explicación de voto (ver texto completo), el representante de Francia inició su alocución señalando que: «L’adoption de la résolution 2334 marque un jour important et à bien des égards historique dans l’histoire récente du Conseil de sécurité. Il s’agit en effet de la première résolution adoptée par ce Conseil sur le règlement du conflit israélo-palestinien depuis huit ans. Et c’est la première fois que le Conseil de sécurité s’exprime ainsi, de manière aussi claire, pour constater ce qui est en réalité une évidence : la colonisation israélienne remet en cause, petit à petit, les chances de voir bâtir un Etat palestinien viable et indépendant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l’Etat d’Israël».
Un texto sujeto a gestiones diplomáticas en su contra de… un Presidente electo
Por 14 votos a favor y una abstención (Estados Unidos), la resolución 2334 del máximo órgano de Naciones Unidas exige poner un alto definitivo a la política israelí de asentamientos ilegales en territorio palestino, «…condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes».
Se lee que la iniciativa de Egipto fue inicialmente frenada por Israel, gracias a llamadas personales solicitadas a Donald Trump al Presidente de Egipto, el cual optó por retirarla, exhibiendo así un lado poco conocido de la diplomacia egipcia con relación a solicitudes de presidentes electos. Retirada la iniciativa originalmente presentada por Egipto, fueron Malasia, Nueva Zelanda, Senegal y Venezuela quiénes optaron por mantenerla y presentar el mismo texto para lograr su adopción definitiva por parte del Consejo de Seguridad. Se lee en esta nota de The Guardian que: «New Zealand, Venezuela, Malaysia, and Senegal – all currently non-veto-wielding members of the security council, have warned Egypt that if it does not clarify by midnight on Friday whether it plans to call a vote, they reserve the right to move ahead with the text».
Esta posición de estos cuatro Estados Miembros del Consejo de Seguridad se mantuvo incólumne durante varias horas, pese a las intensas maniobras de Israel y a las de su aliado de circunstancias, el Presidente electo Donald Trump: sobre este último aspecto, no cabe duda que recurrir a Donald Trump evidencia cierto nerviosismo (cercano a la desesperación) y manifiesta una notable innovación por parte de la diplomacia israelí. No se registran gestiones de un Presidente electo intercediendo en aras de frenar una iniciativa que deba ser examinada por parte del Consejo de Seguridad. Se agradecerá sobre este punto preciso el aporte de nuestros estimables lectores, en particular diplomáticos con muchos años de carrera, para dilucidar la duda siguiente: ¿no se habrá presenciado una verdadera «premiere» en materia de gestiones diplomáticas por parte del aparato diplomático israelí, que lograron su efecto en el Presidente egipcio? La información puede ser enviada al correo: cursodicr@gmail.com y se garantizará total confidencialidad en caso de ser así requerida.
Se leyó en la prensa gala que «A l’origine, le texte avait été présenté mercredi soir par l’Egypte, à la surprise générale. Mais Donald Trump est intervenu pour peser de tout son poids de président élu auprès d’Abdel Fattah Al-Sissi. Il a demandé au président égyptien de renoncer à son initiative. Son interlocuteur n’a pas voulu compromettre ses futures relations avec le président américain, et a donc retiré son texte. Mais le volte-face de l’Egypte n’a pas condamné son initiative. Quatre membres non permanents du Conseil de sécurité – la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela – ont pris le relais du Caire, pour promouvoir la résolution dans une version identique. Vendredi dans l’après-midi, des responsables israéliens sous couvert d’anonymat exprimaient leur amertume – et une certaine panique – dans les médias, en affirmant que Barack Obama et John Kerry se trouvaient derrière ce « coup honteux » et qu’ils « abandonnaient » Israël» (ver nota de prensa de Le Monde).
La misma cadena norteamericana CNN indicó que, a solicitud de Israel, desde el jueves 22 de diciembre, el Presidente electo en Estados Unidos Donald Trump había realizado gestiones y llamadas personales insistentes al Presidente de Egipto para intentar atrasar la votación. Se lee en este mismo cable de la cadena CNN que: «Egypt delayed a potential showdown vote at the Security Council on the resolution after pressure from the Israelis, a Western official said Thursday. That put off a potential standoff between the US and Israel and prompted what some analysts called unprecedented interference from the US President-elect» (ver nota de prensa de CNN). Otros detalles más precisos sobre el tipo de gestiones realizadas por Donald Trump pueden ser consultados en esta nota de El País (España).
En esta nota del New York Times, se indica que la votación dio lugar a la ya usual retórica de Israel cuando pierde una votación en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; a diferencia de estas últimas, la declaración israelí fue esta vez precedida de inéditos aplausos de los asistentes a la sesión del Consejo de Seguridad: «Applause broke out in the 15-member Security Council’s chambers after the vote on the measure, which passed 14-0, with the United States abstaining. Israel’s ambassador, Danny Danon, denounced the measure and castigated the council members who had approved it».
La maniobra norteamericana de diciembre del 2014
En diciembre del 2014, el voto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaecido el 30 de diciembre no permitió que se adoptara una resolución propuesta por Jordania sobre Palestina. A diferencia de otros ejercicios de este tipo, Estados Unidos había aducido en aquel momento “no haber ejercido su derecho a veto”, al no reunirse nueve votos afirmativos dentro del Consejo de Seguridad: en realidad, el cambio sorpresivo de posición de Nigeria, menos de una hora antes del voto, se debió a intensas llamadas a su Presidente por parte del Primer Ministro israelí y del Secretario de Estado norteamericano (ver nota de The Guardian). Sobre esta maniobra diplomática inusual, remitimos al lector a nuestra nota publicada en RIDH, titulada «El resultado del voto sobre Palestina en el Consejo de Seguridad: balance y perspectivas» en la que, entre otros aspectos, se hace el recuento detallado de resoluciones sobre asentamientos israelíes vetadas por Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad. La maniobra israelí y la de su fiel aliado norteamericano en aquellos últimos días del 2014, fue respondida por Palestina con la adhesión a un instrumento internacional particularmente temido por ambos: el Estatuto de Roma de 1998, que crea la Corte Penal Internacional (Nota 1).
La resolución 2334 (2016): un texto vehemente
En su resolución 2334 (2016) el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se muestra particularmente vehemente en los párrafos operativos 1, 2 y 3 de la resolución (de 13 párrafos operativos) al externar que:
Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;
Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto;
Subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones;
La misma versión en inglés se lee así: «1.Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;
Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard»;
Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations
Más discretamente colocado, pero no menos importante, el párrafo operativo 11 anuncia acciones posteriores del mismo Consejo de Seguridad si Israel opta por mantener una actitud desafiante e irrespeta la resolución 2334, al precisar que el Consejo de Seguridad «11. Reafirma su determinación de examinar formas y medios prácticos para asegurar la plena aplicación de sus resoluciones pertinentes /11.Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions»;
A estos párrafos operativos se pueden también añadir los considerandos 4 y 5 de la misma resolución, que abarcan las diversas formas de colonización ilegal realizadas por Israel en detrimento de los derechos del pueblo palestino, y que se leen de la siguiente manera:
«Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes,
Expresando grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967″,
La versión en inglés de los mismos considerandos se lee así:
«Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,
Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines»,
Las diversas intervenciones de los delegados de los Estados miembros del Consejo de Seguridad reseñadas en el comunicado oficial de Naciones Unidas dan una idea del consenso generalizado existente entre los 14 miembros del Consejo de Seguridad para condenar a Israel sin mayor dilaciones. Resulta no obstante de interés leer la justificación expresada por S.E. Samantha Power, Embajadora Representante Permanente de Estados Unidos en Naciones Unidas, para quien: «Explaining that Israel had been treated differently from other States for as long as it had been a member of the United Nations, she pointed out that in the course of 2016, 18 resolutions had been adopted in the General Assembly and others in the Human Rights Council, all condemning Israel. Because of that bias, and some factors not included in the resolution, the United States had not voted in favour of the resolution, she said, explaining that her delegation would not have let it pass had it not addressed acts of terrorism and incitement to violence».
Foto extraída de artículo publicado en la RIDH titulado «El resultado del voto sobre Palestina en el Consejo de Seguridad: balance y perspectivas».
Una reciente entrevista sobre el tema en Costa Rica
Recientemente en Costa Rica (y al parecer por vez primera en la historia de la televisión costarricense) se transmitió una muy completa entrevista a S.E. Riyad Mansour, Embajador concurrente de Palestina ante Costa Rica y Representante Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en la que se explica, entre otros aspectos, el objetivo y el alcance de estas colonizaciones decretadas cada cierto tiempo por las autoridades israelíes, con la cómplice anuencia de Estados Unidos (ver emisión Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, disponible aquí, Minuto 13:21 a 30:39).
Cabe recordar que el giro de la política exterior de Costa Rica hacia Medio Oriente se dio durante la administración (2006-2010). Antes del año 2006, Costa Rica mantenía una línea bastante peculiar con relación al conflicto palestino-israelí. En un libro editado en el 2013, el que fuera canciller de Costa Rica en el período (2006-2010), Bruno Stagno escribe:
“Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alienaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto “correcto” de Costa Rica”(Nota 2).
Recordemos que Costa Rica fue el penúltimo Estado en trasladar a su Embajada de Jerusalén Oriental a Tel Aviv, en agosto del 2006, seguido semanas después por las autoridades de El Salvador (ver nota de prensa de La Nación del 26/08/2006 en la que el canciller de la época, Bruno Stagno, explica el significado de este traslado).
Los asentamientos ilegales: un arma política israelí mantenida en la mayor impunidad
En numerosas ocasiones, Costa Rica mantuvo una solidaridad absoluta con Israel y con Estados Unidos en diversas resoluciones votadas en el seno de Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí y sobre las cuestionables actuaciones de Israel. Por ejemplo, cuando en 1997 en el seno del Consejo de Seguridad, Estados Unidos usó su veto contra un texto condenando asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental, se lee que el proyecto (S/1997/241 – ver texto) recogió 13 votos a favor, el voto en contra de Estados Unidos y una abstención (Costa Rica) (Nota 3). Pese al giro operado en la administración (2006-2010), la administración siguiente (2010-2014) y la actual (2014-2018) se han mostrado extremadamente cautas. Con relación a la última ofensiva militar de Israel en Gaza del 2014, una muy detallada reseña de las vehementes reacciones de América Latina ante el drama vivido por la población en Gaza evidencia el carácter timorato y hasta ambiguo y confuso de las declaraciones oficiales dadas por las autoridades de Costa Rica (ver a ese respecto el estudio publicado en la revista Al-Kubri del CEMOAN de la Universidad Nacional -UNA- y en particular, en las pp. 4-5, la descripción de la posición costarricense). En esta misma revista tuvimos la oportunidad de detallar desde la perspectiva jurídica las «Reacciones en América latina a la operación “Margen Protector” del ejército israelí en la franja de Gaza» (ver artículo).
En cuanto a la política de colonización israelí, no se registra comunicado o declaración oficial hecha pública por parte de Costa Rica en estos últimos años, condenando lo que, desde la perspectiva del derecho internacional público, constituye una violación flagrante a las reglas más básicas vigentes dentro del ordenamiento jurídico internacional.
De manera a explicar a un lector poco familiarizado con la realidad que viven los palestinos, el sentido de esta política de colonización ilegal, se darán tan solo dos ejemplos recientes (entre muchos más) de cómo son utilizados estos asentamientos ilegales en territorio palestino por parte de las autoridades israelíes:
– a las pocas horas de conocerse el voto abrumador a favor del reconocimiento de Palestina como «Estado Observador No Miembro» por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, acaecido el 29 de noviembre del 2012 (con 138 votos a favor, 9 en contra – Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau Panamá y República Checa – y 41 abstenciones), Israel autorizaba la construcción de 3.000 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania (véase nota de la BBC con fecha del 30/11/2012). Sobre este reconocimiento de Palestina como Estado por parte de 138 Estados miembros de Naciones Unidas, tuvimos la oportunidad de señalar el papel decisivo que tuvo la decisión costarricense de febrero del 2008 de reconocer a Palestina como Estado en América Latina (Nota 4).
– a inicios de abril del 2014, al anunciar Palestina la ratificación de veinte tratados internacionales (varios de ellos relativos a derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a capítulos más clásicos del derecho internacional como por ejemplo la Convención sobre relaciones diplomáticas de 1961, sobre relaciones consulares de 1963 o la misma Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969), Israel ordenaba la construcción de 708 nuevos asentamientos ilegales y la destrucción de 32 casas habitadas por palestinos (ver nota de prensa de Human Rights Watch del 2 de abril del 2014).
A pocas horas de conocerse esta verdadera debacle diplomática para Israel que le significa la resolución 2334 (2016), se informó que sus autoridades autorizarán 5.600 nuevos asentamientos (ver nota del Middle East Monitor).
En la actualidad, se estima a poco más de 590.000 la población de colonos israelíes y de sus familias ubicados en territorios palestinos.
En una muy esperada – pero pocamente publicitada en medios de prensa – comparecencia ante los miembros del Consejo de Seguridad realizada en octubre del 2016, la activista norteamericana-israelí Lara Friedman de la ONG Americans for Peace Now (APN), aliada de la ONG israelí PeaceNow (ver sitio oficial) declaró lo siguiente:
«Twenty-three years ago, in 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles, also known as the Oslo Accords. Back then, the settler population in the West Bank, excluding East Jerusalem, was around 116,000. At the end of 2015, that number was nearly 390,000. Looking just at East Jerusalem, in 1993 the Jewish Israeli population was approximately 146,000. Today it is over 210,000. This population explosion could not have occurred without Israeli government support and encouragement, including, most obviously, the approval and construction of new housing. And that is exactly what happened. During this same period, 1993 to today, over 50,000 settlement units were built in the West Bank, and plus thousands more in East Jerusalem. What about settlement construction just under Prime Minister Netanyahu 2016 figures are still not complete, but looking at 2009 to 2015 – which included the so-called “moratorium” – more than 11,000 settlement units were established in the West Bank with the approval of Israeli authorities. And in 2015 alone, we are talking about almost 2000 new units in West Bank settlements» (ver texto de su alocución del 14 de octubre del 2016 en Nueva York).
En un artículo publicado en Haaretz (Israel) una semana después de esta comparecencia, la misma activista denunció el tipo de presiones recibidas por sus gestiones en Israel, en un artículo de opinión, concluyendo que: «We are proud to have spoken at the Security Council, and we will continue to speak out, wherever and whenever we believe it can make a difference, until Israeli policies cease to prioritize settlements over peace, security, democracy and Israel’s place in the community of nations» (véase artículo del 21/10/2016 titulado «My UN Speech Reflected Love for Israel, Truth About Settlements»).
Una situación desconocida para las autoridades israelíes
Las máximas autoridades de Israel externaron su profunda ira, señalando, entre otras cosas (y sin referirse nunca al tema de los asentamientos ilegales) que se violó un acuerdo tácito con Estados Unidos existente desde los años 80: se lee que en la declaración dada a conocer por parte del Primer Ministro israelí «Tous les présidents américains depuis Carter ont respecté l’engagement américain d’essayer de ne pas dicter les termes d’un accord permanent à Israël devant le Conseil de sécurité. Et hier [vendredi], en opposition totale avec cet engagement, et avec une déclaration explicite du président [Barack] Obama lui-même en 2011, l’administration Obama a mené un complot anti-Israël honteux aux Nations Unies» (ver nota del Times of Israel). Se ignora si el consentir asentamientos ilegales de Israel en territorios palestinos era también parte del susodicho acuerdo, y, como era de esperar, la declaración del Primer Ministro israelí se muestra especialmente evasiva sobre este preciso punto.
Un alto funcionario israelí no identificado, citado por la BBC, fue un poco más explícito: «Este es un abandono a Israel que rompe décadas de política estadounidense de proteger a Israel en la ONU» (ver cable de la BBC).
Posiblemente las gesticulaciones diplomáticas de Israel (llamadas a consulta de sus embajadores, declaraciones oficiales varias, suspensión de programas de cooperación) se concentren en los próximos días en los cuatro Estados que recogieron el texto inicial que Egipto retiró a solicitud de Donald Trump. Dos de ellos no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, por lo que las gesticulaciones y represalias se enfocarán muy probablemente en los dos restantes y se oirán algunas declaraciones iracundas (ya usuales) que no impresionan mayormente intentando desacreditar a Naciones Unidas.
A manera de conclusión sobre lo acontencido este 23 de Diciembre en Nueva York
No cabe duda que la sorpresa ha sido total para los diplomáticos de Israel, sus aliados políticos tradicionales, pero también para varios círculos en Estados Unidos y en el mundo, y para muchos especialistas de las mismas Naciones Unidas.
Notemos que la Primer Ministra de Suecia había hace unos días adelantado que, al ejercer la Presidencia del Consejo de Seguridad a partir de Enero del 2017, Suecia – único Estado de la Unión Europea en reconocer a Palestina como Estado – intentaría impulsar un texto en esta misma dirección con relación a los asentamientos israelíes (ver nota de prensa). Como previsible consecuencia del desafío lanzado por Suecia al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, al reconocer unilateralmente a Palestina como Estado el 30 de octubre del 2014, el debate sobre el reconocimiento de Palestina dio lugar a importantes resoluciones de los congresos en el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en España y en Bélgica que aún no se han materializado (Nota 5).
No obstante el reciente anuncio sueco, pareciera que el Presidente norteamericano Barack Obama quiso despedirse de la comunidad internacional con un giro histórico con relación a la instrucción tradicionalmente enviada a su representante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde que asumió sus funciones, en enero del 2009.
Este 23 de diciembre del 2016 quedará en la historia como un verdadero viernes negro para la diplomacia israelí, y como una luz esperanzadora para todos los que apoyan la causa del pueblo palestino, contribuyendo además a reforzar la confianza de las actuales autoridades palestinas en las reglas del derecho internacional y en las instituciones encargadas de velar por su debido cumplimiento.
Nota 1: En declaraciones hechas por la actual representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas en Nueva York, S.E. Samantha Power, reseñadas en un artículo titulado: “US is ‘absolutely adamant’ that Palestine not go to ICC and wreck the peace process — Power”, la embajadora de Estados Unidos declaró en el 2014: “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). Véase al respecto nuestro breve análisis, BOEGLIN N., «La reciente accesión de Palestina al Estatuto de Roma y a otros instrumentos internacionales: breve puesta en perspectiva», Revista Pensamiento Penal (Argentina), Enero del 2015, disponible aquí. Notemos que a los pocos días de aprobada la resolución 2334, se leyó en The Jerusalem Post un artículo de opinión en el que algunos expertos israelíes en derecho internacional expresan sus criterios con respecto a las opciones que abre esta resolución: «Libman pointed out that all of the worst language against the settlements in the UNSC resolution is basically word-for-word from three UNSC resolutions from 1979-1980. Saying the settlements have “no legal validity” are “flagrant violations” and are against both international law and “international humanitarian law” are not new. In that sense, if Bensouda wanted to go after the Israeli settlements as war crimes, she had a case based on prior UNSC resolutions as well as the 2004 International Court of Justice opinion declaring the settlements illegal» (véase artículo titulado «Will the UN resolution bring down a full ICC war crimes probe on Israel?»). Durante una conversación con sus homólogos norteamericanbos hecha pública por Wikilealks (ver cable del 23 de febrero del 2010 de la Embajada norteamericana en Tel Aviv) se lee lo siguiente por parte del Coronel Liron Libman: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman es un alto funcionario israelí conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional, al haber ostentado durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel.
Nota 2: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp.70-71.
Nota 3: Véase acta S/PV.3756 de la sesión disponible aquí en la que se lee que para el entonces Embajador Fernando Berrocal de Costa Rica, «Las actuales circunstancias obligan a un alto en el camino y a ponderar, con objetividad y visión, las decisiones del Consejo de Seguridad, para que su apoyo al proceso de paz sea realmente efectivo y refleje adecuadamente la voluntad de paz de la comunidad internacional. Lamentablemente, no nos encontramos, por segunda vez, en ese indispensable y necesario escenario de unidad. En ese contexto, he recibido instrucciones de mi Gobierno de votar abstención en este proyecto de resolución» (p. 4). En su artículo sobre la declaración de Balfour, el profesor Jean Salmon indica que la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 43/176 del 15 de diciembre de 1988 y titulada «Question de Palestine» fue adoptada por 138 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones (Canadá y Costa Rica). Véase SALMON J., «La proclamation de l´Etat palestinien», 34, AFDI – Annuaire Francais de Droit International – (1988), pp. 37-62, p. 38.
Nota 4: Sobre esta importante victoria diplomática de Palestina del 2012 y sus alcances desde la perspectiva jurídica, remitimos a nuestros breve estudio publicado en el Boletín Sentinelle de laSociété Francaise pour le Droit International (SFDI), BOEGLIN N.«Le nouveau statut de membre de la Palestine : une perspective latinoaméricaine», Enero del 2013, disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestra breve nota – en el caso de España – publicada en LaCelosía y a nuestra nota publicada en DerechoalDia sobre el caso de Francia. Este intenso debate parlamentario de finales del 2014 se trasladó incluso al Parlamento Europeo, el cual adoptó una resolución en el mismo sentido el 17 de Diciembre del 2014 (ver comunicado oficial del Parlamento Europeo).
–Texto de la Resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016 por el Consejo de Seguridad (versión en inglés) –
The Security Council,
Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008),
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,
Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice,
Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions,
Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines,
Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001,
Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons,
Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction,
Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders,
Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,
Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace;
Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard;
Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations;
Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution;
Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967;
Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism;
Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace;
Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010;
Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation;
Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement;
Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions;
Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution;
Decides to remain seized of the matter.
–Texto de la Resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016 por el Consejo de Seguridad (versión en español)–
Resolución 2334 (2016)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7853a sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2016
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008),
Guiado por los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y reafirmando, entre otras cosas, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza,
Reafirmando la obligación de Israel, la Potencia ocupante, de cumplir escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949, y recordando la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 por la Corte Internacional de Justicia,
Condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes,
Expresando grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967,
Recordando la obligación prevista en la hoja de ruta del Cuarteto, que hizo suya en su resolución 1515 (2003), de que Israel paralizara todas las actividades de asentamiento, incluido el “crecimiento natural”, y desmantelara todos los asentamientos de avanzada levantados desde marzo de 2001,
Recordando también la obligación en virtud de la hoja de ruta del Cuarteto de que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina mantuvieran un funcionamiento eficaz para hacer frente a todos los que participan en actividades terroristas y desmantelar la capacidad de los terroristas, incluso mediante la confiscación de armas ilegales,
Condenando todos los actos de violencia contra civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción,
Reiterando su visión de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro de fronteras seguras y reconocidas,
Destacando que el statu quo no es sostenible y que es necesario adoptar con urgencia, en consonancia con la transición prevista en acuerdos anteriores, medidas importantes con el fin de i) estabilizar la situación e invertir las tendencias negativas sobre el terreno, que están socavando continuamente la solución biestatal y afianzando la realidad de un solo Estado, y ii) crear las condiciones para el éxito de las negociaciones sobre el estatuto definitivo y para promover la solución biestatal mediante esas negociaciones y sobre el terreno,
Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;
Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto;
Subraya que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones;
Destaca que la cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento es fundamental para salvaguardar la solución biestatal, y pide que se adopten de inmediato medidas positivas para invertir las tendencias negativas sobre el terreno que están haciendo peligrar la solución biestatal;
Exhorta a todos los Estados a que, teniendo presente el párrafo 1 de la presente resolución, establezcan una distinción, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967;
Exhorta a que se adopten medidas inmediatas para prevenir todos los actos de violencia contra los civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación y destrucción; exhorta a que se rindan cuentas a este respecto, y a que se cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional con miras al fortalecimiento de los esfuerzos en curso para combatir el terrorismo, en particular mediante la coordinación de las medidas de seguridad existentes, y para condenar claramente todos los actos de terrorismo;
Exhorta a ambas partes a que actúen de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y sus acuerdos y obligaciones anteriores, a que demuestren serenidad y contención, y a que se abstengan de realizar actos de provocación e incitación y de hacer declaraciones que enardezcan los ánimos, con el fin de, entre otras cosas, distender la situación sobre el terreno, restablecer la confianza, demostrando mediante políticas y medidas un compromiso genuino con la solución biestatal, y crear las condiciones necesarias para promover la paz;
Exhorta a todas las partes a que, en interés de promover la paz y la seguridad, hagan esfuerzos colectivos para iniciar negociaciones creíbles sobre todas las cuestiones relativas al estatuto definitivo en el proceso de paz del Oriente Medio y dentro de los plazos establecidos por el Cuarteto en su declaración de 21 de septiembre de 2010;
Insta a este respecto a que se intensifiquen y aceleren el apoyo y los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con objeto de lograr sin demora una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, y de poner fin a la ocupación israelí que se inició en 1967; y subraya a este respecto la importancia de los esfuerzos en curso para impulsar la Iniciativa de Paz Árabe, la iniciativa de Francia para convocar una conferencia internacional de paz, los recientes esfuerzos del Cuarteto, así como las iniciativas de Egipto y la Federación de Rusia;
Confirma su determinación de apoyar a las partes a lo largo de las negociaciones y en la aplicación de un acuerdo;
Reafirma su determinación de examinar formas y medios prácticos para asegurar la plena aplicación de sus resoluciones pertinentes;
Pide al Secretario General que le presente informes cada tres meses sobre la aplicación de las disposiciones de la presente resolución;
Decide seguir ocupándose de la cuestión.
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica en 15:38
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Autoridades universitarias lo reciben y hacen recorrido por sus instalaciones
Lidiette Guerrero Portilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
El Dr. Bruno Lomonte Vigliotti, explica al Embajador de Francia Jean Baptiste Chauvin y a sus acompañantes las investigaciones en el campo de la proteómica que realizan los investigadores del ICP-UCR (foto Laura Rodríguez Rodríguez).
El Embajador de Francia, Jean Baptiste Chauvin, visitó las instalaciones del Instituto Clodomiro Picado Twight (ICP), en Dulce Nombre de Coronado, junto con el agregado de cooperación educativa y universitaria del Instituto francés para América Central, Jean Luc Belmonde, para conocer los proyectos vigentes y las posibilidades de cooperación internacional.
En compañía del Dr. Alberto Alape Girón, director del ICP y el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington, así como de la directora del Consejo Universitario, Dra. Yamileth Angulo Ugalde, del vicerrector de Investigación designado, Dr. Fernando García Santamaría y de la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, Ing. Leonora de Lemos y algunos investigadores del ICP hicieron el recorrido por las instalaciones, específicamente por los laboratorios, serpentario y planta piloto de producción de hemoderivados, entre otros.
El Embajador Chauvin expresó su interés de conocer más sobre el ICP pues desea aumentar sus vínculos y recibir propuestas de cooperación hacia el futuro.
Manifestó su complacencia por el trabajado desarrollado, en los últimos tres años, con la UCR. Destacó un acuerdo firmado con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y sus pares en Francia para reconocer los títulos universitarios, pues considera que esta es una herramienta muy importante para fomentar intercambios.
Chauvin indicó que su gobierno tiene un programa de cofinanciamiento para becas y un programa de cooperación regional, en el que destaca Costa Rica.
Por su parte, el rector Henning Jensen resaltó la labor del señor Chauvin, como un verdadero catalizador en la vinculación costarricense-francesa y quien ha fomentado el encuentro académico entre la región centroamericana. Informó de que un grupo de rectores centroamericanos visitaron el año pasado universidades francesas, con la idea de estimular la cooperación académica, a partir del respeto y del beneficio mutuo.
Para el Rector el ICP es un instituto modelo que ha logrado una articulación entre la docencia, la investigación, la acción social y que manifiesta su compromiso con la comunidad al desarrollar una política científica de servicio hacia las poblaciones más vulnerables, afectadas por el problema del desabastecimiento de productos terapéuticos que eviten la muerte por accidentes ofídicos.
Jensen destacó además la generación novedosa de conocimiento científico, la exitosa relación que ha logrado entre el desarrollo de proyectos de ciencia básica, el desarrollo tecnológico, su política académica humanitaria y el rigor científico de su labor en cumplimiento con los más altos estándares internacionales, así como el papel sobresaliente que cumple en la formación de nuevas generaciones de académicos nacionales y pasantes extranjeros. Es un instituto que tiene sus puertas abiertas a la cooperación internacional, afirmó.
Vínculos históricos con Francia
El director del ICP, Dr. Alberto Alape Girón, al relatar la historia de ese instituto universitario que lleva el nombre del científico más destacado y Benemérito de la Patria Clodomiro Picado Twight, dijo que Picado obtuvo su título de doctorado en 1913 en la Universidad de París e hizo varias capacitaciones en el Instituto Pasteur. A partir de 1920 en nuestro país comenzó a desarrollar su labor pionera en el estudio de las serpientes venenosas.
Según el Dr. Alape la colaboración con Francia se ha mantenido con los años y gracias a ella han publicado dos capítulos completos de un libro y 24 artículos científicos en revistas académicas de prestigio internacional, como el Instituto Pasteur y la Sociedad de Biología de París y con empresas francesas.
Recorrido por el ICP
El Dr. Alape detalló que en los 46 años de existencia el ICP se ha consolidado como uno de los principales centros de investigación y desarrollo tecnológico a nivel latinoamericano y mundial, con una significativa contribución a nivel global en el enfrentamiento del problema de mordeduras de serpiente y del desabastecimiento de los tratamientos terapéuticos que salvan vidas en estos casos.
En su recuento del aporte de ese instituto mencionó que son en total 650 las publicaciones científicas que han hecho en revistas de prestigio internacional, 585 lotes de antivenenos producidos, los cuales han salvado la vida de más de 250 mil personas en el país. En cuanto a la producción de sueros antiofídicos dijo que han pasado de 54 mil frascos o viales en el 2010 a 110 898 en el 2015.
En su exposición dio a conocer la nueva línea de producción de inmunoglobulinas y albúminas, proteínas que se obtienen a partir del plasma de la sangre humana y que son de gran importancia médico hospitalaria.
Exposición de José Ma. Gutiérrez
Gracias a una metodología innovadora desarrollada por un equipo de investigadores del ICP, que tiene patente registrada en Europa, esperan lograr esa producción en el corto plazo.
Para eso requieren construir la nueva planta piloto de producción. Según lo afirmó el Dr. Alape suscribieron un convenio con la CCSS, para abastecer a esa institución de esas proteínas, que representan al menos $10 millones anuales en la compra de esos productos, además de que hay posibilidades de venderlos en Centroamérica o firmar licenciamientos sobre la patente de esa biotecnología de producción.
Actualmente se elaboran los planos para la nueva planta, que permitirá además aumentar la producción de los antivenenos.
La visita de los diplomáticos franceses al ICP se efectuó este viernes 6 de mayo.
Acceso a la información es una urgencia para sostenibilidad ambiental
La información científica es necesaria para la sostenibilidad de los ecosistemas marino-costeros de la región frente a los efectos del cambio climático (foto Laura Rodríguez).
El Observatorio Cousteau para las Costas y Mares de Centroamérica (OCCA) pondrá a disposición de las autoridades políticas de los países de la región un conjunto de datos sobre la situación actual en esta materia, con el propósito de facilitar la creación de políticas públicas frente al embate del cambio climático.
La información está basada en un diagnóstico regional realizado por especialistas del Programa regional para el manejo de recursos acuáticos y alternativas económicas (Marea), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
La base de datos fue entregada oficialmente al coordinador del OCCA y director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Álvaro Morales Ramírez, ante la presencia de autoridades de esta universidad, representantes de instituciones públicas y de los gobiernos de Estados Unidos y de Francia.
Esta estrategia es un “componente excelente en la búsqueda de un sistema regional integrado de información marino-costera que tanto urge en la región”, aseguró el académico. Agregó que para ello se requiere una política adecuada de gestión de la información que se origine por medio de la investigación y de las instituciones del Estado.
La entrega de la base de datos al Observatorio Cousteau se realizó el 26 de febrero en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la UCR, con la presencia del rector de esta institución, Dr. Henning Jensen Pennington.
Los especialistas que asistieron a la actividad coincidieron en que una de las mayores limitaciones en el Istmo es el acceso al conocimiento y a la información científica para la toma de mejores decisiones políticas. Así lo destacó Diego Acosta, oficial del Centro Ambiental para Centroamérica y el Caribe del Departamento de Estado de Estados Unidos. “La ausencia de información representa un riesgo para el uso y la sostenibilidad de los recursos marino-costeros”, manifestó.
Igualmente, Fernando Mora Rodríguez, viceministro de Mares, Costas y Humedales, resaltó que la entrega de la base de datos “viene a acompañar esta necesidad en la región y el fortalecimiento de los centros de investigación en temas ambientales y marino-costeros”.
Mora se refirió a la importancia de una mayor articulación entre las naciones centroamericanas para lograr una región mucho más empoderada en cuanto al manejo de los datos.
Esta idea la reforzó el embajador de Francia en Costa Rica, Jean Baptiste Chauvin, para quien la base de datos posibilitará compartir información científica, social y económica sobre los impactos del cambio climático en sectores como la pesca y el turismo, de gran importancia en Centroamérica.
El Dr. Álvaro Morales, coordinador del Observatorio Cousteau, y el embajador de Francia, Jean Baptiste Chauvin insistieron en la necesidad de integrar los sectores de la academia y las instituciones para el trabajo conjunto en temas marino-costeros (foto Anel Kenjekeeva).
Dijo que “el próximo paso será la integración de una red en toda la región, para lo cual existe una estructura institucional que permite ir adelante para enfrentar tales desafíos”.
El Observatorio Cousteau, con sede en Costa Rica, está integrado por entes gubernamentales y universidades públicas de Centroamérica y Belice. Su objetivo es contribuir en la solución de problemas que afectan a los ecosistemas marinos y costeros, mediante el acopio y la sistematización de información científica, social y económica. Además, promueve la creación de una red de académicos e instituciones de la región.
En este esfuerzo cuenta con el apoyo del Instituto Francés para América Central (IFAC) y de la Embajada de Francia.
Néstor Windevoxhel, coordinador del Programa Marea de la Usaid, y Diego Acosta, oficial del Centro Ambiental para Centroamérica y el Caribe del Departamento de Estado de Estados Unidos, hicieron la entrega oficial de la base de datos al OCCA. A la izquierda observa el Dr. Juan José Alvarado, investigador del Cimar (foto Anel Kenjekeeva).
La base de datos
El representante de la Usaid informó que la estrategia entregada al OCCA recoge datos sobre las capacidades profesionales y humanas en relación con los temas marino-costeros, la existencia de infraestructura disponible para la investigación, laboratorios, publicaciones disponibles y los avances de los centros de investigación de cada país y a nivel regional.
Dijo que también documenta las prioridades individuales y regionales que fueron identificadas durante el estudio, en el cual participaron más de 180 personas de diversos sectores sociales y políticos.
“Ahora tenemos una guía basada en las necesidades de las autoridades, un diagnóstico liderado por la academia para impulsar la investigación científica en temas marino-costeros”, expresó Acosta.
Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta debido a los efectos del cambio climático. El 21% de su población vive y se desarrolla alrededor de las zonas costeras, según el diagnóstico.