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Etiqueta: FRENASAPP

Movimientos ecologistas y sociales solicitan firmas de respaldo para carta a líderes ambientales costarricenses en el extranjero

Si está de acuerdo con esta carta se le invita a respaldarla con su firma. El enlace al formulario está al final.

1 de octubre de 2024

Carlos Manuel Rodriguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y miembros/as de la Mesa Directiva de GEF,

Grethel Aguilar, Directora General Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y miembros/as de la Mesa Directiva de UICN,

Andrea Meza, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,

Christiana Figueres, ex-Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Pregunta: ¿El liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua está dejando al planeta vulnerable a escenarios extremos y retrasando las conversaciones urgentes que deben tener lugar sobre un cambio económico sistémico?

Estimado/a Director Ejecutivo Rodríguez, Directora General Aguilar, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, y ex-Secretaría Ejecutiva Figueres,

Dado el destacado liderazgo de Costa Rica en la configuración de la política ambiental global, nosotros/as, los miembros del Frente Nacional de Lucha en Costa Rica, les escribimos a ustedes, nuestros conciudadanos, en la cúspide de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) y otros foros y eventos ambientales próximos, para pedirles respetuosamente que ustedes y sus colegas en posiciones de influencia en espacios de toma de decisiones ambientales:

  1. Relaten una historia más compleja y matizada sobre la dirección que ha tomado el país desde la década de 1980, mientras adopta y modela el liderazgo del sector privado para abordar la emergencia climática, muy probablemente a expensas del sector público;
  2. Relaten una historia más compleja y matizada sobre los verdaderos costos y beneficios del creciente liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas ambientales en todo el mundo;
  3. Promuevan un cambio de políticas y financiamiento que apoye nuevas historias: una nueva narrativa, que defiende en lugar de debilitar el papel esencial del sector público y la sociedad civil en la solución de la emergencia climática.

Aunque el sector privado debe, por supuesto, participar de manera central en el financiamiento y el desarrollo de soluciones climáticas, ¿puede honestamente tomar la iniciativa, en la medida en que lo hace, de transformar la economía global en el plazo que exige la emergencia climática?

Necesitamos un debate coherente sobre esto, a partir de la narración de historias sólidas.

En una charla TEDXPuraVida reciente, por ejemplo, presidente Rodríguez, que usted dio, arrojó luz sobre la influencia de Costa Rica en la elaboración del Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad.  También hizo alusión a nuestra historia relacionada con la protección del 65% de nuestra tierra a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales.

En general, usted sostiene que Costa Rica es el único país “que opera en armonía con la naturaleza, en unidad con la naturaleza, de manera positiva con la naturaleza”.

Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación?  ¿Y por qué es relevante?

Como integrantes del Frente Nacional de Lucha, unidos en la defensa de las instituciones públicas, que consideramos son fruto del entramando de las conquistas sociales responsables de nuestros éxitos en la protección de la naturaleza y de la creación de una fuerte red de seguridad social para nuestro pueblo, vemos una realidad diferente.

Una gran parte venimos del sur del país, dedicados a defender los ríos vulnerables frente a la amenaza de construcción de represas, reafirmamos nuestro compromiso a favor de proyectos que se alejan de los intereses de las grandes industrias de la región: ganadería, caña de azúcar y piña producida industrialmente.   Además de la problemática socioeconómica y ambiental suficientemente documentadas que vivimos aquí desde principios de la década de 1980, existen nuevas preocupaciones sobre cómo las asociaciones público-privadas en esta región (emblemáticas de cómo las corporaciones de todo el mundo están asumiendo un nuevo y poderoso liderazgo para enfrentar la emergencia climática) impiden que las comunidades tengan una voz auténtica en las discusiones sobre el futuro de la región.

Directora General Aguilar, en la zona sur del país le manifestamos una profunda preocupación sobre cómo una alianza entre la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Fresh Del Monte, Inc., enfocada en reforestar la cuenca alta donde se encuentra Del Monte, está haciendo cada vez más difícil hablar abiertamente sobre el impacto de la sedimentación de esta región en la destrucción del Humedal Térraba-Sierpe, un sitio Ramsar.   Uno de los objetivos de la alianza es reforestar las fincas dañadas para que siga habiendo agua para la piña, sin generar un debate público abierto y accesible sobre el hecho de que Del Monte utiliza el 98% del agua concesionada en esta área y es el mayor usuario de agua del país.  ¿Qué tan sostenible es este uso?  Es difícil decirlo, en parte porque la empresa tiene datos que considera privados (lo que frecuentemente afirman los funcionarios de la empresa en reuniones públicas), y así, niega el derecho a tener acceso como ciudadanía.

También se limita la discusión sobre la afectación socioeconómica que sufren las comunidades indígenas y locales que dependen de la pesca, ante la disminución de peces resultante de la sedimentación y la carga química. Así mismo, impide un debate profundo sobre cómo se viene abriendo una puerta para que los carteles del narcotráfico ingresen en esta área; o si, por lo tanto, la región debe abandonar rápidamente la piña, en lugar de garantizar su continuidad.

¿Cómo tener esta conversación más amplia, particularmente en espacios como la COP16 y la COP29 y como parte de acuerdos como el Plan de Biodiversidad y el Desafío del Agua Dulce?

Por supuesto, no es sólo en el sur donde se está volviendo más difícil para la ciudadanía cuestionar los proyectos individuales, así como la lógica mercantil extractivista –corporativa y neoliberal y el modelo de desarrollo predominante que se impone. Costa Rica se está convirtiendo en un mosaico de playas gentrificadas y tierras adyacentes; la piña ahora se planta en todo el país, no sólo en la zona sur; las áreas protegidas están siendo invadidas por actores poderosos; los grandes terratenientes y los hoteles de lujo son los principales beneficiarios del suministro de agua que continúa reduciéndose para las poblaciones aledañas. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se está transformando Costa Rica.

Por múltiples razones, es un desafío para la ciudadanía tener el derecho de discutir públicamente cualquier proyecto de desarrollo impuesto desde los sectores dominantes a nivel nacional e internacional, y mucho menos cuestionar su impacto colectivo como reflejo de una decisión de continuar con la actual economía extractivista, en lugar de alejarse de ella.

Es preocupante, sobre todo en este momento de la historia de Costa Rica, las diversas formas y mecanismos que se fraguan orientadas a que personas de todo el espectro político sigan siendo ignoradas y silenciadas frente a personas, familias y corporaciones poderosas que influyen en el país.   Esta situación trae a la mente, Secretaria Ejecutiva Figueres, un comentario que usted hizo sobre el proceso de orientación del Acuerdo de París, que aparece en Zen y el Arte de Salvar el Planeta (páginas 212-13): “No se puede avanzar hacia soluciones sin comprender el problema. Sólo se lograrán soluciones efectivas si honramos y respetamos las diferencias de todos; si elegimos comprender las necesidades y los dolores de quienes están al otro lado de la mesa”.  Y su comentario, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, sobre la necesidad de que el liderazgo se base en “la colaboración, la inclusión, la empatía y el pensamiento sistémico”.  Pero en Costa Rica cada vez es más difícil para la sociedad civil saber siquiera qué mesas son aquellas donde se toman las decisiones.

Por lo tanto, lejos de ser el único país que vive en armonía con la naturaleza, creemos que, desde la década de 1980, cuando Costa Rica inició su camino de privatización del sector público en general, empezamos a perder de manera acelerada la tierra, las aguas y el espíritu del país que amamos.

Vemos que una creciente privatización del sector ambiental está:

  • concentrando el poder en manos de relativamente pocos individuos e industrias;
  • disminuyendo la capacidad del sector público y de la sociedad civil para acceder a información crítica, participar en debates y establecer agendas;
  • vaciando los planes de conservación y las áreas protegidas, a medida que la industria, el turismo y los monocultivos se expanden con impunidad sin estudios de impacto ambiental y otros consignados en marcos jurídicos a nivel nacional e internacional;
  • ayudando a abrir la puerta a la especulación no regulada, anónima y peligrosa sobre el agua, la tierra y la biodiversidad;
  • ayudando a mantener la misma economía extractivista que está destruyendo el país y el planeta, al retrasar conversaciones urgentes con todos los actores de la sociedad sobre el cambio económico sistémico, que cada vez es menos asegurable; y
  • debilitando y vulnerando el apoyo y la confianza en el sector público en general, dada la fluidez del poder, la influencia y la visión entre los diversos sectores. La concentración de poder en manos de unos pocos, con la intención de generar ganancias, en un sector está impulsando la concentración de poder en otros sectores en un ciclo de retroalimentación preocupante y no examinado, erosionando nuestra democracia. Creemos que esta tendencia también está ocurriendo en muchos otros países.

Esta es la historia que como movimiento exploramos y relatamos sobre Costa Rica, en parte con la esperanza de sanar nuestras propias divisiones, y en parte para que aquellos de ustedes que presentan al país como modelo sigan su ejemplo.

Al abordar esta compleja historia, pedimos algo que es relativamente simple, dado que es difícil, si no imposible, para la sociedad civil reconocer e identificar qué instituciones y foros están promoviendo la privatización del medio ambiente, y en qué espacios.  Aunque los grupos de la sociedad civil están presentes en eventos como las próximas COP16 y COP29, sus voces, historias y planes alternativos suelen ser secundarios, como si operaran en un universo paralelo.

Le pedimos a ustedes y a sus colegas que cuestionen abiertamente en salas clave de toma de decisiones ambientales la narrativa predominante de que la emergencia climática es tan grave que solo las corporaciones pueden financiarla adecuadamente y resolverla a tiempo, y debatir abiertamente en estas salas plataformas económicas alternativas. En la actualidad existen múltiples grupos centrados en “falsas soluciones” climáticas, apuntando a estrategias específicas, como los mercados de carbono, REDD+ y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras.  Cada vez más grupos de la sociedad civil proponen profundas soluciones económicas sistémicas para transformar la actual economía extractivista: desafiando la captura corporativa de instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo regionales; y proponiendo justicia fiscal internacional, condonación de la deuda para el Sur Global, ingreso básico garantizado y otras soluciones que honestamente desafíen en lugar de fortalecer el statu quo.  Los espacios de toma de decisiones cada vez más financiados y dirigidos por corporaciones no podrán nombrar ni mucho menos desafiar el statu quo.

Por lo tanto, la sociedad civil necesita que aquellos de ustedes en posiciones de liderazgo rompan el silencio, promuevan un debate inclusivo sobre cambios económicos sistémicos.

Nos comunicaremos con usted en las próximas semanas para programar una reunión virtual.

Gracias de antemano por considerar los puntos de esta carta.

Firmantes:

Frente Nacional de Lucha (FNL)

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Movimiento Ríos Vivos

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Por favor firmar la carta en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkUP959eifJq0XjOc6wwUirsN4W3hI75kqAa92NO4rrDxGA/viewform?usp=sharing

¡Muchas Gracias!

Comunidades responden a ministro sobre moratoria a la expansión piñera

  • Expansión continúa de forma descontrolada

  • Piña avanza sobre Áreas Silvestres Protegidas

  • Moratoria nacional urgente y necesaria

Las organizaciones presentes en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENSAPP) le contestaron mediante un video a Renato Alvarado, Ministro de agricultura y ganadería, sobre la necesidad de emitir una moratoria a la expansión piñera.

En los últimos días se dieron a conocer declaraciones de ministro Alvarado mediante las cuales descarta la posibilidad de plantear una moratoria a la expansión del monocultivo. Alegando que no han necesidad de desarrollar dicha acción debido a que el sector presenta un decrecimiento y baja en los precios internacionales.

Pero contrario a las declaraciones del ministro, el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en 2018 ha señalado que en el año 2017 los cultivos de esta fruta se expandieron en 9.000 hectáreas, un 15% del área total sembrada en el país para alcanzar unas 67mil hectáreas de cultivo de piña. El país ha sufrido una aceleración agresiva de la expansión piñera en los últimos dos años con consecuencias serias para la vida y el desarrollo de las comunidades impactadas por la industria debido a contaminación de fuentes de agua para consumo humano.

La piña está metida hasta en las Áreas Silvestres Protegidas. El SNIT señala también que existen unas 1.500 hectáreas del monocultivo de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Una razón de peso para incentivar urgentemente la moratoria la expansión del monocultivo.

¿Qué es una moratoria? Según el diccionario es una “situación en la que el procedimiento regular o las acciones previstas son objeto de interrupción, o aplazamiento”. En la realidad sería un periodo o lapso de tiempo en el que el gobierno nacional suspendería las nuevas autorizaciones para la siembra o establecimiento de nuevas áreas de producción de piña. No se trata de diezmar la producción se trata de evitar que se siga expandiendo irresponsablemente.

Manifestación contra la expansión piñera:

El FRENASAPP se unirá a la concentración contra la contaminación por agrotóxicos, este próximo 25 de abril a las 4:30PM, frente a los Tribunales de Justicia para solicitar que se declaren inconstitucionales los Decretos Ejecutivos 39995, 40059 y 41481 que dan puerta libre al ingreso al país de plaguicidas son estudios ecotoxicológicos y toxicológicos.

 

Enviado por FECON.

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FRENASAPP: reunión región Caribe

El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASSAP), convoca para este 23 de febrero en el recinto de Guápiles de la UCR, una reunión para la región del Caribe de 9 a.m. a 3 p.m.

Se solicita confirmar asistencia al teléfono: 8617 1749.

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Nuevo gobierno, viejos piñeros

Henry Picado Cerdas (*)

 

  • Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
  • A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
  • Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas

 

FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”

Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”

Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.

Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)

Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).

Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

 

(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800

 

Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.

Enviado por FECON.

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Definen estrategias conjuntas frente a problemáticas causadas por la expansión piñera

Comunicado de prensa

Definen estrategias frente a expansion pinera

Personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

El encuentro, realizado el pasado 4 de junio, fue un espacio para fortalecer y ampliar los esfuerzos de lucha contra la expansión piñera, y poder llevar esta acción a una escala nacional e internacional. Uno de los objetivos que se cumplieron en esta reunión fue construir un plan de acción conjunta ante esta problemática.

En la reunión participaron personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

Este esfuerzo es importante porque es un espacio donde existe una voluntad compartida y reúne a mucha gente y a muchos actores que, durante casi 20 años, han trabajado y estudiado el tema de los daños causados por las piñeras y acompañando a las comunidades afectadas.

En el país, el sector piñero sigue buscando un crecimiento agresivo y formas de competir con otros países exportadores de piña. Ha quedado claro que actores poderosos como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) ejercen fuerte presión ante el actual Gobierno, tanto en políticas agrícolas como en medidas fitosanitarias. Cuando recientemente el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) -adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- ordenó la inspección de contenedores de piña para exportación en los puertos de salida, los productores se quejaron por este endurecimiento de controles sanitarios, y presionaron al Gobierno hasta que se sacó al director de dicha instancia, Francisco Dall’Anese. La medida había sido dictada por un aumento en los casos de detección de insectos en estos contenedores, destinados a Estados Unidos.

En las últimas décadas han aumentado en Costa Rica las héctareas sembradas de piña, el número de transnacionales instaladas y es claro que se ha generado una dinámica de dependencia de las economías locales donde están las fincas piñeras.

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre jóvenes nicaragüenses y las dinámicas laborales en fincas piñeras de la Zona Norte, específicamente en las localidades de Guatuso, Pital y Aguas Arcas de San Carlos, Los Chiles, y Upala.

De acuerdo con el estudio, las 21 personas entrevistadas no tienen jornadas laborales claras ni vacaciones sino que sus horarios están sujetos a la demanda del mercado exterior y al período de cosecha. Trabajan un promedio de 6-7 días a la semana y entre 8-10 horas al día. Además, no existe un salario mínimo y éste varía según la finca. Las violaciones más graves ocurren con la figura del contratista, pues según las personas entrevistadas éste no tiene responsabilidad patronal, no les paga seguro social ni póliza de riesgos y se les obliga a largas jornadas de trabajo.

En abril de este año se dio a conocer el estudio “Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales del sector piña en Costa Rica”. El reporte, elaborado por Oxfam y la Oxfam y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA) estaba dirigido a los países consumidores de la piña que se produce aquí.

La investigación concluyó que grandes empresas piñeras que alaban la sostenibilidad vierten sus aguas residuales contaminadas con químicos cerca de reservas de agua potable sin ocultarlo; y que compañías responsables de contaminar aguas subterráneas no han pagado indemnización alguna ni construido el sistema de abastecimiento de agua requerido para subsanar el daño. Asimismo, se destacaron las quejas de las personas trabajadoras en las piñeras sobre sueldos, horas de trabajo e incumplimiento de derechos sindicales.

Después de tener un panorama sobre las principales consecuencias socioambientales y laborales causadas por la expansión piñera -y que son resultado de experiencias de ex-trabajadores, de personas vecinas de las fincas piñeras, y de investigaciones académicas-, en el Encuentro se discutieron las posibles rutas a seguir en conjunto para la construcción de alternativas.

Las y los participantes en el Encuentro aseguraron que continuarán trabajando en esa dirección, al lado de las comunidades que sufren las consecuencias directas del desarrollo, muchas veces irresponsable, de la actividad piñera; a vista y paciencia de todo el aparato institucional.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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