Cuerpos policiales camino a los asentamientos de Los Chiles a desalojar a las familias recuperadoras
SURCOS comparte el siguiente video que nos fue enviado:
Etiqueta: fuerza pública
El cierre de calles como forma de ejercicio político
Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.
MSc. Jerry Alonso Mora
Profesor Universitario.
19 de abril
El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.
Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:
“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.
Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.
20 de abril 2023
La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”
Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.
La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.
El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.
Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.
Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.
¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.
La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.
Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.
Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.
Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.
Imagen ilustrativa.
12 de abril: celebración del Día de la Autonomía Universitaria
Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR
El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.
Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.
El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.
Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.
Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.
A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.
Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.
La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.
Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.
Compartido con SURCOS por el autor.
ACODEHU hace llamado urgente a la Fuerza Pública presente en Cabagra
Comunicado Público
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) exige resguardo y protección de personas recuperadoras Bribris en el Territorio Yäbamï Dí Kàtá (conocido como Cabagra).
Viernes 4 de noviembre del 2022. En el texto, la ACODEHU recuerda que las recuperaciones de tierras-territorios son legítimas y legales según el marco constitucional costarricense y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, recuerda el ACODEHU, el fallo emitido por la Sala Constituional, el pasado 19 de octubre, que reafirma el que los Territorios Indígenas pertenecen única y exclusivamente a los Pueblos Originarios. Así, cualquier asentamiento de personas no indígenas es ilegal y posee derecho de indemnización el ocupante ilegal que adquiriría la tierra-territorio antes de 1977 (año en el que la Ley Indígena es promulgada).
Además, en una comunicación directa con la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) el ACODEHU se une al llamado y exigencia de la presencia de la Mesa Técnica Interinstitucional sobre el tema indígena (del Gobierno) al lugar de los hechos.
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural responsables de agresiones a pueblos originarios de la Zona Sur
COMUNICADO PÚBLICO:
II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores
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Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.
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Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.
Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.
A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.
Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.
Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.
“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.
“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.
“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.
Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
ADJUNTAMOS:
Enlace II Informe versión digital: http://www.coordinadoradeluchasursur.com/2022/08/ii-informe-de-agresiones-y-violaciones.html
Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:
Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas
Coordinadora de Lucha Sur Sur
La historia de Carlos Andrés Pérez – II
Isabel Ducca D.
¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!
A cierta hora, se presentaron dos unidades de la estación de bomberos de Limón, lo que confirmó que había una fuga de gas. Según la constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de Limón, la visita fue realizada a las 18:19:35, dice textualmente:
Personal de Recope impide el acceso a las instalaciones, se conversó con los encargados de los mismos (sic) he (sic) indicaron no haber ninguna fuga de gas. Se realizó otro (sic) revisión por otro acceso en el que un funcionario nos indicó que hubo un trasiego de combustible por la tubería y por lo cual emite algún tipo de olor al medio ambiente.
Nota, por la respuesta del trabajador de Recope, que nos indica que no había nada, no se anotan afectados.[1]
La suma de todos esos factores, hizo que un grupo de trabajadores ingresara a las instalaciones para prevenir una tragedia; esos obreros querían cerciorarse de que no había peligro. Así como solían entrar para utilizar los servicios sanitarios, ingresaron por el portón principal, custodiado por los policías. No hubo prohibición de ingreso, aunque las autoridades así lo afirmaron después. El grupo se encaminaba directamente a la zona de gas, porque sospechaba que ahí se podía presentar alguna emergencia.
Se unieron diferentes factores, sobre todo de índole afectiva. El sentido del deber y el cariño a la institución que les da el sustento para sus familias. Querían asegurarse de que no estuviera ocurriendo algo grave y, si estuviera sucediendo, detener el percance o avisar sobre el mismo. Dentro del plantel, observaron mucho movimiento de vehículos policiales, pero no se alarmaron, porque no existía prohibición de entrar. No llegaron hasta la zona de las esferas de gas, se detuvieron en una esquina para comprobar que los movimientos no eran los habituales. Había una situación irregular en muchos sentidos. En ese preciso momento, una patrulla estacionó detrás.
Ahí, en esa bocacalle, fue cuando recibió el grito: Tírese al suelo o disparo. Carlos Andrés llevaba dos noches sin dormir, apenas había repuesto el sueño. Su cerebro entró en pánico, corrió, como lo hicieron sus demás compañeros; él lo hizo hacia otra dirección, solo él fue detenido poco después. Todo fue tan sorpresivo e inesperado que había entrado al plantel con las tenis, compradas esa misma mañana, desamarradas, pues había estado descansando en una de las hamacas que habían puesto afuera del plantel donde se encontraba el grupo en huelga.
La lógica del pánico no tiene lógica. Su reacción fue apremiante; la amenaza de la detonación contactó directamente con su entrenamiento por la explosión que ocasionaría un disparo en medio de todo ese combustible.
¡Solo a un policía que había trabajado más de chófer que de guarda, se le ocurre gritar “disparo” en medio de una refinería!
Al obrero lo detuvieron aproximadamente a las 20:00 horas, la alarma a los bomberos se había dado desde las 18 horas y unos minutos. La visita de los bomberos confirma la presencia de algo irregular.
En un primer momento, no tuvo conciencia de que se encontraba en una situación grave, porque los policías no sabían qué hacer con él. Pensaba que todo se aclararía con una explicación de lo sucedido. Al cabo de dos horas, lo condujeron a la Comandancia de Limón y después a la Fiscalía. Hasta ahí fue que tuvo conciencia de que se encontraba en serios problemas. ¡La acusación lo dejó perplejo! ¡La acusación por fragancia fue para justificar su encarcelamiento! ¡En nombre de la ley se violó la ley! El juez dictó prisión preventiva sin que la Fiscalía lo solicitara.
Los medios de comunicación hicieron un festín. No faltó la piñata de insultos y epítetos denigrantes para el trabajador de Recope, los sindicalistas y los huelguistas.
El 27 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el juicio con una condena inesperada para todos, excepto para quienes se favorecían con la exhibición de un culpable. Ese día era el cumpleaños de su hermano. La familia entera guardó el pastel y las velitas para la noche, pues esperaban festejar por partida doble. Los juicios por fragancia se hacen después de las 17 horas y, dada la inocencia de Carlos Andrés, celebrarían en la noche. ¡No hubo festejo, hubo llantos!
Según el Tribunal de apelación, el desbarajuste jurídico es tal que:
A ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en su fallo -que, más que una decisión jurisdiccional, es la emisión de una serie de opiniones, pues no es sentencia todo lo que emane de un juez sino solo aquella decisión razonada que haga un escrutinio de la prueba evacuada y contraste los argumentos vertidos frente al derecho vigente- un discurso como si él fuera el garante de la seguridad del país y no un funcionario llamado a resolver un conflicto específico.[i]
Anteriormente, ese tribunal ha señalado que la resolución permitió comprobar la exclusión de toda la prueba aportada por la defensa. Poco después, el mismo tribunal de apelación señaló que el juez se convirtió en testigo para disculpar a un policía que fue lacónico en su declaración.
El daño físico, moral y psíquico no tiene palabras adecuadas a su magnitud. Carlos Andrés es una persona de pocas palabras, su mirada triste es la que deja entrever, como entre sombras, lo que fue el suplicio: Pasar por una cárcel, cambia a cualquiera. Tuve mucho tiempo para analizar y meditar. No le tengo la misma confianza a las personas. He llorado, no lo puedo negar. Al principio, me sentí muy solo. Agradezco a las organizaciones, los sindicatos, mi familia que me han ayudado. Me han dado fuerzas para poder seguir y no desfallecer. En esas condiciones, la falta de apoyo puede llevar a la desesperación. En la celda, en la que estuve, se habían ahorcado dos personas… Soy católico, pero iba a los cultos para tener la esperanza en Dios y tener la mente ocupada.
Ahora, se presentó una nueva apelación. Este miércoles 22 de junio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Circuito de Goicoechea recibirá a Carlos Andrés Pérez y a su abogado defensor por la petición de anular la condena establecida en marzo de este año.
Las organizaciones sociales están solicitando la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA y El SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.
Ustedes pueden mostrar su solidaridad firmando en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMYtKu37_3hSUFJyIBXYPVh5gwHTWZoUwFpj_NkoVKsA2_eQ/viewform
[1] Constancia extendida a solicitud de Carlos Andrés Pérez Sánchez. Firma y sello del Cuerpo de Bomberos de Limón.
[i] Chinchilla, R., García, A. y Rojas, G. (2019). Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.24.
Enviado a SURCOS por la autora.
Comunicado de FECOU respecto a las agresiones contra el pueblo originario de China Kichá
SURCOS comparte la siguiente información:
Denunciamos la violencia física, estructural y judicial hacia las personas recuperadoras indígenas, la inoperancia, complicidad estatal y las agresiones perpetradas por la misma Fuerza Pública. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, salir a las calles y visibilizar los ataques que las comunidades indígenas sufren diariamente.
Invitamos a las concentraciones convocadas por la Coordinadora de lucha Sur Sur, a mantenernos atentos y atentas a los comunicados y acuerpar esta lucha por la defensa de la vida, los territorios y la integridad de las y los compañeros y compañeras indígenas que ven amenazadas sus vidas sólo por defender y recuperar sus tierras.
Para más información sigan las siguientes cuentas de Instagram:
- @clss_cr
- @bloque_verde
Puede encontrar más información en la siguiente publicación de Instagram:
Compartido con Surcos por el FECOU (Frente Ecologista Universitario).
DENUNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL – ACODEHU exige el cese de la represión de la Fuerza Pública contra las y los indígenas del pueblo cabécar de China Kichá (Pérez Zeledón-Costa Rica)
San José, viernes 20 de mayo de 2022
Durante los últimos diez años, las personas indígenas que decidieron recuperar sus tierras-territorios en China Kichá, han sido víctimas de la violencia por parte de los empresarios que les habían invadido de forma ilegal sus territorios; además les han quemado sus ranchos, sus cosechas y les han violentado físicamente, al punto de que varias personas han sido hospitalizadas.
El miércoles 18 de mayo del presente año en horas de la tarde la Fuerza Pública actúo de manera violenta contra la población de China Kichá.
Las personas recuperadoras informan de la presencia de veinte personas de la Policía Antimotines, además de acciones del Grupo de Apoyo Operacional-GAO.
El excesivo uso de gases lacrimógenos, que la Fuerza Pública lanzó contra la población civil, niños, adultos mayores, y mujeres da muestra de la violencia de los efectivos de la Fuerza Pública contra la población.
En ese contexto de violencia, se detuvo de forma arbitraria al joven Verny Obando Ríos, sacándolo del territorio. Este es el tercer recuperador cabécar detenido por la fuerza pública durante las últimas semanas del presente año.
“Ninguna de las personas que han agredido a los indígenas han sido detenidos”.
En este escenario de agresión, la vivienda de la señora María Esther, persona mayor de edad, sufrió los ataques violentos y su casa quedó parcialmente destruida.
El día de hoy, 19 de mayo una turba armada en las afueras del territorio cabécar, diez personas se presentaron con machetes, palos y piedras, los cuales se instalaron a un kilómetro de distancia del territorio cabécar de China Kichá.
En horas de la tarde una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU-COSTA RICA, estuvieron en el Territorio atendiendo la grave situación de agresión y violación a los Derechos Humanos del pueblo cabécar de China Kichá.
La ACODEHU hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir el cese inmediato de las agresiones de la Fuerza Pública contra las y los recuperadores de la población cabécar y por el contrario, SOLICITAMOS LA DEBIDA ATENCIÓN DEL GOBIERNO DE COSTA RICA Y DEL ESTADO, PARA BRINDAR LA MERECIDA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS POBLADORES DE CHINA KICHÁ, esto debido a las amenazas y las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los pobladores.
¡¡¡ NO MÁS ASESINATOS, NO MÁS IMPUNIDAD CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA!!!
Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta ACODEHU
Denis Calix, Secretario ACODEHU
Correo-e: derechos.humanos@acodehu-ddhh.org
Hacia el primer domingo de febrero
Vladimir de la Cruz
Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.
A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.
De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.
Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.
El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.
Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.
De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.
Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.
Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.
En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.
Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.
Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.
Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.
La guerra jamás contada
Carlos Meneses Reyes
“Peor es ná” dice el campesino de El Catatumbo con relación a la Carta que diez senadores y tres representantes a la cámara, enviaron al alto gobierno, denunciando la presencia de 150 paramilitares que arribaron a la zona fronteriza de Cúcuta; que fueron avistados desde el próximo pasado 15 de diciembre, en el sector de Palmarito, corregimiento fronterizo del municipio de Cúcuta. Esos parlamentarios del sector alternativo de la política colombiana, en tímida denuncia, que pareciera elaborada como si fueran una Ong ‘s y no miembros revestidos de autoridad constitucional, como exponentes de la Rama Legislativa del Poder Público, alertan sobre esa incursión de efectivos paramilitares. Al hacerlo, conforme al texto y términos de la Carta Pública divulgada, no aluden al fondo, al meollo del asunto: la aplicación de la contrainsurgencia militar, por parte del ejército nacional, haciendo uso de bandas armadas, para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia- ELN. Lo hace, luego del triunfo de este, contra los paramilitares denominados Los Rastrojos, cual instrumento contra-insurgente del ejército nacional; tras un experimento de más de dos años, en ese escenario de guerra fronterizo, en que el ejército nacional se lava la cara y el generalato mantiene sus barbas en remojo.
El escenario del infiernillo
La División Política Administrativa de Cúcuta cuenta con los corregimientos y veredas de San Faustino, Puerto Villamizar, Banco de Arena, Vigilancia, Palmarito, La Punta, La Buena Esperanza, Aguaclara, San Faustino, Ricaurte, Guarumito, Agua Clara, El Carmen de Tonchalá y San Pedro, Totumito, Carboneras Banco de Arena. Involucra el centenar de veredas. Cuenta con un municipio, desmembrado del corregimiento de Puerto Villamizar y es Puerto Santander, que es fronterizo con Venezuela, país con el cual se comunica a través del Puente Internacional La Unión (uniéndose así con Bocas de Grita); que hace parte, junto con Villa de Rosario, Los Patios, del área Metropolitana de Cúcuta y comunica con zona rural del municipio de Tibú.
En mi artículo: “La malahora del conflicto armado en cúcuta” , publicado en el portal www.rewbelion.org, el 18 de agosto de 2020, reseñé: “La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientos cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia, ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra”. Más adelante, exponía: “La Confrontación en la Frontera”. “Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío”. Para el 29 de octubre de 2.020, publicitan que en los corregimientos de este histórico municipio, y parte integrante del área metropolitana de Cúcuta, la guerra a bala y sangre en las trochas fronterizas, librada entre una banda conocida como Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUVC), un engendro del narcoparamilitarismo colombiano y contra el Ejército de Liberación Nacional- ELN, concluía en la desarticulación y el desmantelamiento de esa banda, con el consiguiente posicionamiento efectivo, en toda esa área, por parte del ELN.
Con fecha 20 de diciembre de 2.020. El diario La Opinión, pública artículo alusivo a la Mala Hora de los Rastrojos. Y el 22 de diciembre, Hechos 2020: Los Rastrojos acorralados en su propio imperio. Derrotados por el E.L.N.
La zona rural fronteriza de Cúcuta, ha sido y es concretamente el principal escenario de guerra o enfrentamientos, en territorio colombiano durante más de dos años.
Lo característico primordial consiste en que la fuerza pública y en especial el ejército, no intervino en operaciones de envergadura en ese plano; como quien dice dejaron que “se maten entre ellos”. Los paramilitares con un registro de 800 hombres, por más de diez años, fortalecidos durante el segundo periodo del Innombrable, operaron esa zona que les representaba captaciones por más de diez mil millones de pesos mensuales por negocios ilícitos en esas zonas de frontera. Esto demuestra el volumen del potencial utilizado por el ejército oficial en manejo de contrainsurgencia. Los constantes golpes armados conllevaron a que según el registro del investigador de ese artículo “hoy quienes quedan en armas, no serían más de 60 hombres”. Para el mes de marzo del corriente año, un sujeto de nombre “Mario”, reconoció ante las cámaras que estaban “en un sándwich” y José Gregorio López Carvajal, alias “Becerro” que lideraba ese grupo, al retener a unos periodistas, expresó ínfulas de estar unidos y fortalecidos; pero no era tal y conforme a la citada investigación periodística publicada, ha permanecido escondido, hasta el momento… En el entramado de ese pasaje de confrontación, la inteligencia militar alimentó la versión que el EPL apoyaba a ese grupo paramilitar. El desenlace demostró, que con el ajusticiamiento por parte de la Comandancia del EPL, del sujeto conocido como “Grillo” ese pasaje concluyó y curiosamente comenzaron a aparecer algunos golpes, por parte de la fuerza pública, a tales facinerosos, como los ocurridos a alias “Brayan”, detenido, como también las capturas de “El Menor”, “Brother”, “Guacamayo”, “Páez”, “Camaleón”. Cuando “El Menor” y “Brother” fueron capturados, ya se sabía, que habían ayudado a pasar la frontera, el 22 de febrero de 2.019, al auto proclamado presidente Juan Guaidó- como lo revelaron fotografías del momento-y a miles de asistentes al concierto Venezuela Aid Live. Así fue como el E.L.N, dio la estocada final a Los Rastrojos.
Vientos de guerra
No es nuevo. Continúa siendo la persistencia del conflicto armado interno. Desde la incursión del paramilitarismo en La Gabarra, del municipio de Tibú, en el año de 1999, quedó demostrado el dispositivo de uso en el diseño y práctica contrainsurgente, por parte de las fuerzas armadas del Estado. En tanto exista conflicto armado y “enemigo interno” las fuerzas armadas acudirán a la División conformada por los paramilitares. Esa estructura de manejo interno, secreto, cuál agencia de inteligencia, en el caso de El Catatumbo y Departamento de Norte de Santander, ha sido notoriamente un fin para un determinado efecto. Los hechos, cifras y resultados lo registran. La aplicación de una metodología de análisis de deducción lógica, lo reafirma. De tal manera que la incursión de fuerzas narco paramilitares en la zona rural de Cúcuta, está demostrada. En nada ha cambiado el panorama político.
Desde el mes de agosto de este año, la iniciativa de conformación de la mesa humanitaria y de construcción de paz del catatumbo, ha tenido respuestas de acatar por parte de sectores de las Nuevas Farc-ep, el EPL y se está a la espera de un pronunciamiento del ELN al respecto. El gobierno nacional se coloca de espaldas a tales iniciativas y empeña esfuerzos en aplicar una supuesta implementación de los Acuerdos de La Habana, a mínimo quince años vista. El reinicio de fumigación por aspersión aérea es un acto provocativo y la sociedad civil está a la espera de una concertación que evite la intensificación de la guerra sucia.
La improvisada Rueda de Prensa, este martes 22 de diciembre en la ciudad de Cúcuta, presidida por el Alcalde, transcurrió sin pena ni gloria. De antemano, el Alcalde con rareza extravagante, reafirmó que la presencia de hombres armados paramilitares en el área de zona rural y fronteriza de Cúcuta era falso. En forma de reparón aludió a que eran noticias tendientes a desinformar. Ahora resulta que la información de los pobladores, es desinformación. Ante tan escasa y poca estimación, poco le faltó para sindicar a las organizaciones sociales, que impulsaron la denuncia y que retroalimento al crecido número de senadores y representantes parlamentarios que elevaron la Carta de reclamación al ejecutivo nacional. Ante tanta incoherencia durante el desarrollo de la citada rueda de prensa, el burgomaestre hizo el ridículo al responder el coronel López, de la brigada militar, que efectivamente si existían denuncias concretas de la población al respecto y estaban atentos a actuar(…) Curiosamente cuando un periodista le pregunta directamente que responda si el ejército está vinculado con los grupos armados, el audio se altera y el inicio de su respuesta no se escucha, para sustentar que están en actividad permanente, que para ellos no existe ni 24 ni 31 de diciembre. Cita tres campañas a la vez, Prometeo, Muralla, Sansón, como exitosas. Que ante el mal llamado paramilitarismo realizan operaciones de control y que no tienen vínculos con ningún grupo; que son nobles y ofrendan su vida por la población civil. Que cuidan 424 kilómetros de frontera con 500 hombres, lo cual resulta un desafuero, ante las fuentes de información sobre el crecido número de miles de efectivos militares y militarización de toda la frontera, debido a la desviada política de fronteras acatada e impuesta por el imperio, contra la vecina República bolivariana
Avivar las denuncias
Así que el llamado angustioso ante la situación de violencia en la zona fronteriza rural del municipio de Cúcuta, es real. Los nuevos efectivos paramilitares allí instalados, comienzan por el registro de tiroteos en la zona fronteriza de Cúcuta del barrio Viejo Escobal, el pasado 12 de diciembre. La misma zozobra se vive en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena y también en la vereda Vigilancia. La denuncia de la Fundación Progresar, es seria, veraz. Son cientos de hombres armados chocando la actitud negacionista del ejército y de la policía, mancomunada con la del Alcalde… Ya rearmados e instalados los paramilitares comenzará el calvario y la estela de sangre y sacrificios de la población: el recrudecimiento de los asesinatos y masacres y el imperio del terror para continuar adecuando las condiciones de acrecentar la “guerra contra las drogas”, en consonancia con los Manuales de los comilones efectivos de los estados unidos, que tienen bajo control y sumisión a la oficialidad de las fuerzas armadas colombianas
Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales, entrever una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos fue de aplicación consecuente y aunque continúa vigente y en algunos casos han sido neutralizados debido a la denuncia política. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas, expresada en una continuidad sistemática de asesinatos selectivos y masacres. 5. La reiterada aplicación de negar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la amenaza de reiniciar con la aspersión del glifosato, genera malestar en la población. Se sobre entiende que esa práctica redunda en la intensificación de la guerra “contra las drogas”, que no es tal, sino que tiene como objetivo el pueblo. 6. La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con el logro del fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos. Los carteles politiqueros, como el de Atalaya, son el resultado de usufructuar los efectos de la matanza de líderes populares y el amarre a perpetuidad, de los votos cautivos de la derecha militarista.