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Etiqueta: fuerza pública

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas en el Homenaje póstumo al policía Bryan Josué Rivera Oviedo

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas A.
Explanada Asamblea Legislativa
31 de enero de 2024

Queridos hermanos y hermanas:

“Jesús lloró”, según nos narra el evangelio que acabamos de escuchar por la muerte de su amigo Lázaro (S. Jn. 11,35); la muerte es dolor.

Esta mañana, también, Jesús llora con nosotros. Aquí y a ahora llora con nosotros. Así como abrazó a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, abraza a la madre de Bryan Josué por la muerte de su hijo; a su esposa y a sus hijos y a todos aquellos que sufren su partida.

Esta mañana resuenan las palabras de Dios nuestro Padre que preguntó a Caín por la muerte de su hermano Abel: “¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn. 4,9). A lo que Caín respondió: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” A lo que replicó Dios: “¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mi desde el suelo. Pues bien, maldito seas” (Gn. 4,11).

Es la justicia de Dios creador de todas las cosas que reclama por nosotros. Ya el Evangelio de San Mateo en el Capítulo 25 lo dice ante el acontecimiento del juicio final: “Cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (S. Mt. 25,40).

De ahí la importancia, ante el homenaje póstumo para Bryan Josué, de no anidar ni odio ni rencor. Sabemos que la violencia engendra violencia. Dios se encargará.

Gracias a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por convocarnos y rendir este justo reconocimiento a un insigne trabajador de la Fuerza Pública que ofrendó su vida ante el altar de la Patria.

Eso sí, “a Dios orando y con el mazo dando”. Nuestra presencia en frente del edificio de la Asamblea Legislativa es para llamar la atención de nuestros legisladores y procurar que mediante acciones parlamentarias se evite más muertes de inocentes, y sobre todo de servidores públicos que en primera fila de atención defienden a la ciudadanía costarricense del flagelo de la criminalidad producto del narcotráfico y el narco negocio.

No obstante, bien lo dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al referir que el problema de la criminalidad es pluricausal. Y la causa mayor es el empobrecimiento de nuestra población, especialmente en las zonas costeras, “Nos duele en el alma que muchos de nuestros jóvenes, fruto de la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades, estén siendo captados por estos delincuentes, de cuyos actos detestables deberán dar cuentas a Dios”.

Son “causas estructurales, políticas, sociológicas e históricas que nos han llevado a tener estos estremecedores niveles de violencia”. Y agregan los Obispos: “la extrema polarización de nuestra sociedad, esa desigualdad que hunde a tantas familias en la miseria y el hambre, mientras otras pocas ven duplicarse y hasta triplicarse sus fortunas año con año”.

Siguen diciendo nuestros Obispos: “Es una emergencia, y debe ser una prioridad de todo el Estado en su conjunto, poner los recursos materiales y humanos necesarios para frenar esta oleada de violencia homicida en el país, comenzando por una presencia policial firme y permanente, con énfasis en los lugares y ambientes donde se sabe que hay más presencia y actividad delincuencial”.

Ante esta responsabilidad grave para nuestros cuerpos policiales, la Conferencia Episcopal solicita en su mensaje del pasado 22 de enero, que “se discuta y se aprueben las leyes que permitan a las autoridades disponer de más y mejores herramientas legales para cumplir su trabajo, manteniendo la lucha contra la corrupción en sus funciones y contando con recursos económicos suficientes para hacerles frente”.

Señores Diputados y señoras Legisladoras, ya no hay tiempo, esta oleada de criminalidad hay que atenderla. Llamo la atención particularmente a los Legisladores Católicos: ¿Cuál es su compromiso en esta tarea de dotar al país con las herramientas legales para mitigar la ola de violencia y criminalidad?

La ciudadanía también los interpela porque muchos de nuestros políticos una cosa es lo que piensan, otra lo que dicen y otra lo que hacen, dejando vacíos de coherencia para atender el clamor de nuestro pueblo.

Cuantas veces Bryan Josué Rivera, entonando la Patriótica Costarricense habrá cantado “Costa Rica es mi patria querida (…) la defiendo, la quiero, la adoro y por ella mi vida daría, siempre libre ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión”.

Por eso, Bryan Josué, agradecemos su ofrenda personal por la patria, gracias por defendernos, gracias por morir por todos nosotros.

Así, no solo venimos a homenajear a un joven patriota que muere vilmente defendiendo a Costa Rica; sino, para clamar por nuestros cuerpos policiales para que en adelante no se repita este hecho fratricida.

Hoy resuenan las palabras de nuestros Obispos “¡No podemos dejar que Costa Rica se nos pierda en un baño de sangre!”

Que la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, interceda por nuestros policías y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.

Ante el decomiso de 900 kilos de cocaína en el muelle de Moín ANEP exige la rescisión del contrato con APM Terminals

Comunicado ANEP

ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.

ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.

ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.

ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.

ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.

ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.

ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.

Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!

ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.

San José, domingo 16 de julio de 2023.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

El cierre de calles como forma de ejercicio político

Chaves Robles cede a la toma de muelles, puertos, aeropuertos, fronteras, áreas de distribución de combustible y comunidades claves por parte de las fuerzas represoras del estado.

MSc. Jerry Alonso Mora
Profesor Universitario.

19 de abril

El Presidente Rodrigo Chávez, el Ministro de Seguridad Pública Jorge Luis Torres y el Viceministro de Seguridad Daniel Calderón se habían reunido para improvisar un plan de seguridad en el país, motivados y presionados, por un pronunciamiento que había hecho La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en donde les exigían al gobierno Chaves Robles declarar “emergencia nacional” la ola de violencia en las calles.

Los tres al unísono el miércoles 19 de abril en conferencia de prensa anunciaban lo siguiente:

“Hoy anunciamos acciones concretas que hacen parte de la operación ‘Costa Rica Segura’. A partir de mañana (jueves) el país tendrá hasta 9.500 policías más en la calle como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Tuvimos también que cambiar los roles de trabajo de 12.000 policías que actualmente trabajan 3×3 y 6×6, vamos a tener que pasar a roles de 6×4; trabajan seis días continuos y descansan cuatro”, dijo Jorge Luis Torres, ministro de Seguridad.

Recuerdo al presidente en esa conferencia de prensa del 19 de abril aplaudiendo las palabras de sus subalternos cuando, entre otras cosas, cuestionaban al poder judicial y reiteraban las medidas en los cambios de roles de los policías para, según ellos, apaliar las olas de violencia e inseguridad presentes en el país.

20 de abril 2023

La toma de áreas estratégicas para la circulación del capital: los policías “¿violentado la ley?”

Horas después policías de todo el país se tiraban a las calles con la intención de paralizar áreas claves de la economía del país: muelles, puertos, aeropuertos, autopistas: Interamericana norte y sur, fronteras, comunidades y sectores estratégicos como la distribución de combustibles: a la altura de RECOPE, y de acción mediática como la fuente de la hispanidad en horas pico.

La intención sin duda era golpear al gobierno y afectando al sector empresarial para que les devolvieran lo que para ellos parecía ya impensable, a la par del congelamiento de sus salarios, el despojo de su tiempo de descanso.

El presidente Chaves cede a la presión en las calles y legitima que es la calle el espacio de incidencia política más importante.

Un día después de que la fuerza pública “violentara la ley” tomando las calles para impedir el flujo de bienes que afectara a las empresas de esos sectores, y que la noticia le diera la vuelta al mundo, el presidente Chaves Robles cede a la presión de los cuerpos de represión policial, que, ante los ojos impávidos de las autoridades, se rebelaban contra ellas.

Un atolladero ¿Desdecirse y legitimar la toma de las calles por parte de la gente, o profundizar la crisis? “Echar para atrás” debía ser orquestado, y es cuando asesorados, inventan una visita a una delegación de un barrio empobrecido del sur de San José, llevan las cámaras, le desabrochan la corbata al presidente y comienza el show.

¿Qué significa que la fuerza de represión del estado se insubordine contra el presidente de la república y sus autoridades oficiales? Y no solo eso, y lo más importante ¿Qué significa que lo hagan tomando muelles, puertos y aeropuertos, áreas de distribución de combustible y comunidades claves? La legitimación de la lucha popular en las calles.

La respuesta a ceder debía generarse como “una equivocación”, “ yo no tenía conocimiento”, “yo no sabía de las condiciones de los policías en las zonas rurales”, etc, etc, etc. Y es así como Rodrigo Chaves monta un Show, un día después, en la delegación de Sagrada Familia, y echa para atrás implicando a su ministro y viceministro de seguridad como únicos responsables: “Voy a pedir cuentas, me dijeron que había acuerdo” señalaba desligándose del atolladero en que él y su equipo de seguridad se habían metido.

Chaves no se come la bronca y cede. La toma de las calles se legitima como espacio de lucha popular.

Las acciones de las fuerzas represoras del estado nos han permitido reafirmar, aun cuando esto parezca una profunda contradicción, que es la calle el camino para enfrentar los embates del neoliberalismo. Las fuerzas represoras del estado son eso, nada más, trabajadores si, pero al servicio del poder, de los ricos y de sus capitales. Quienes crean que luego de esta experiencia en las calles, lo pensaran para gasear o garrotear a los manifestantes (no policías) están profundamente equivocados. El propio Chaves tuvo que ir a negociar, en el marco de un show, pero a negociar finalmente con un grupo de ellos: terminada la negociación volverán a ser patriotas garroteando a los manifestantes no policías.

Pero volviendo al tema de la calle como ejercicio de poder popular, es esta, el camino para frenar la inseguridad, luchando para que no se privatice a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajen los precios de la Canasta Básica y demás productos, se eleven los salarios, se provea de casa a los millones que no la poseen, se diseñe un plan nacional de apoyo a los pequeños productores y campesinos del país, se mejore la infraestructura en los colegios y en las escuelas de los barrios más empobrecidos, se acompañe a los jóvenes de los barrios mejorando la infraestructura deportiva, de ocio y recreativa y los programas de vivienda y trabajo joven, a través de programas desde los barrios y el liderazgo de los propios jóvenes en los territorios, se aborde de una vez por todas el tema del desempleo, no se privatice el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el AyA, ni se vendan las tierras que denominan “ociosas” en las zonas rurales, todas estas luchas, y otras que existen solo tendrán sentido y efecto en las calles. Chaves Robles cedió por ello, no por ninguna otra razón. Aprendamos el ejercicio. Nos vemos en las calles.

 

Imagen ilustrativa.

12 de abril: celebración del Día de la Autonomía Universitaria

Dr. Carlos Araya Leandro, Profesor Catedrático Miembro del Consejo Universitario, UCR

El día 12 de abril fue declarado, institucionalmente, como Día de la Autonomía Universitaria, con motivo de la transgresión a la autonomía consagrada en la Constitución Política que sufrió la Universidad de Costa Rica (UCR) en ese mismo día en 2010. Recordemos que en aquella oportunidad, ante un supuesto delito atribuido a un funcionario de esta institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden del Ministerio Público, desplegó un operativo técnico-pericial en el campus de la Sede Rodrigo Facio para, en principio, recabar pruebas incriminatorias.

Lamentablemente, este ingreso al campus universitario constituyó un allanamiento ilegal y propició un abuso de autoridad con “[…] decenas de agentes armados del OIJ y de la Fuerza Pública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospechoso del campus”, según lo señala el acuerdo de Consejo Universitario en sesión extraordinaria número 5435 del 14 de abril de 2010. Lo grave de ese evento no fue el fondo de la acción penal, es decir, la persecución del aparente delito, que en un estado democrático y de derecho, como el nuestro, compete al Ministerio Público en todo el territorio nacional, sino la forma en cómo dicha acción fue llevada a cabo. En primer lugar, la acción se dio irrespetando los mecanismos ordinarios de coordinación para ese tipo de situaciones; en segundo lugar, todo sucedió en ejercicio desproporcionado e infundado del uso de la fuerza contra miembros de la Comunidad Universitaria.

El 12 de setiembre de 2018, la Fuerza Pública intervino contra un grupo de personas que se manifestaba contra la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron en el campus universitario, en persecución del grupo que protestaba, con el lamentable saldo de un estudiante herido.

Si bien, afortunadamente, no han acaecido otros hechos similares, lo cierto es que sí han predominado decisiones de políticas públicas que han perpetuado un acecho constante hacia las Universidades Públicas. Así, por ejemplo, leyes emitidas en los últimos años como la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas o la Ley Marco de Empleo Público, o bien, proyectos de Ley como el que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la intención de reformar el artículo 85 de la Constitución Política de la República, expediente legislativo 20 852, archivado en 2020, han pretendido desconocer y, peor aún, socavar la autonomía constitucional de la que gozan las Universidades Públicas. Todo ello, se ha dado bajo la excusa de aplicar una serie de medidas de tipo presupuestario a un vasto sector público, sin detenerse a reflexionar de forma pausada y seria si, con ello, se violenta el Estado Social de Derecho y, por lo tanto, el orden constitucional que garantizan las libertades y promueven un desarrollo equitativo.

Ante estas agresiones solapadas, camufladas por las vías formales, no queda otra opción más que acudir, con sabiduría, al texto constitucional e insistir en su defensa. Allí es en donde la independencia o la autonomía de las Universidades Públicas hallan su punto de anclaje y de salvaguarda superiores.

A la luz de la Constitución Política, es claro que el Constituyente reconoció una extensa e importante autonomía a la Universidad Pública para protegerla de las injerencias del poder político; dicha autonomía es administrativa (funcional, formal y material), de gobierno, político-organizativa, presupuestaria (financiación estatal y hacienda propia) y contractual. En particular, se sobreentiende que la autonomía se trata de una garantía institucional diseñada para permitir una actividad con una misión en el largo plazo; es decir, no se limita a periodos político- electorales, donde los gobiernos nacionales se turnan por periodos efímeros.

Para que una nación próspera como la nuestra mantenga su senda de progreso, es vital una Universidad robusta, refugio del pensamiento libre, que además cuente con recursos suficientes. Gracias a la Universidad Pública, la ciudadanía costarricense cuenta con una autoridad intelectual que se expresa con una voz que no se somete a la voluntad del poder, sino que responde a los valores superiores que trascienden la dominación y los proyectos de moda.

La celebración del Día de la Autonomía Universitaria es un extraordinario momento para reiterar que, como comunidad universitaria y como institución de cultura superior, debemos levantarnos en defensa de la autonomía universitaria.

Para cumplir con este deber, es necesario que concibamos la esencia constitucional real del orden que nos ampara; es decir, comprender cuál es la función y el fin que nos delegó el Constituyente y así mejor defender la autonomía y posicionarla en el contexto nacional. Así, no basta con florecer en autonomía, antes debemos sembrar, irrigar, abonar, pero, sobre todo, proteger lo que se nos ha confiado la sociedad costarricense.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

ACODEHU hace llamado urgente a la Fuerza Pública presente en Cabagra

Comunicado Público

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) exige resguardo y protección de personas recuperadoras Bribris en el Territorio Yäbamï Dí Kàtá (conocido como Cabagra).

Viernes 4 de noviembre del 2022. En el texto, la ACODEHU recuerda que las recuperaciones de tierras-territorios son legítimas y legales según el marco constitucional costarricense y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, recuerda el ACODEHU, el fallo emitido por la Sala Constituional, el pasado 19 de octubre, que reafirma el que los Territorios Indígenas pertenecen única y exclusivamente a los Pueblos Originarios. Así, cualquier asentamiento de personas no indígenas es ilegal y posee derecho de indemnización el ocupante ilegal que adquiriría la tierra-territorio antes de 1977 (año en el que la Ley Indígena es promulgada).

Además, en una comunicación directa con la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) el ACODEHU se une al llamado y exigencia de la presencia de la Mesa Técnica Interinstitucional sobre el tema indígena (del Gobierno) al lugar de los hechos.

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural responsables de agresiones a pueblos originarios de la Zona Sur

COMUNICADO PÚBLICO:

II Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur (2021) arroja a Fuerza Pública y Asociación Multiétnica y Pluricultural como principales agresores

  • Hecho se confirma tras ser vinculado a 26 incidentes de seguridad en el 2021. Incluso, el teniente Ángel Porras es identificado directamente.

  • Se identifica un nuevo actor en las agresiones: la Asociación Multiétnica y Pluricultural. La cual es conformada por personas ocupantes ilegales, no indígenas y personas afines.

Jueves 25 de agosto 2022. El día de ayer, miércoles 24 de agosto, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) presentó el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” en la Universidad de Costa Rica. El Primer Informe responde a los hechos acontecidos en el 2020 y ambos documentos surgen a partir de complejos procesos de comunicación y monitoreo de agresiones cotidiano entre las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Así, los hechos relatados en el documento refieren a vivencias y denuncias que realizaron personas que pertenecen a Pueblos Originarios y que se encuentran recuperando tierras-territorios en la Zona Sur del país.

A saber, el informe recoge hechos de los Territorios: Bribris de Salitre, Yabamï Dí, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba (Crun Shurin). En éstos, se registraron 63 incidentes de seguridad, que se desprenden en 24 diferentes tipos de agresiones.

Sobre los hechos, la Fuerza Pública fue relacionada con al menos 26 incidentes de seguridad y que se desprenden en 5 diferentes tipos de agresiones. Entre ellos, generan alarma los ataques del 24 y 25 de marzo con gases lacrimógenos contra personas recuperadoras cabécares de China Kichá. Operativo injustificado y que, finalmente, ocasionó el re ingreso del ocupante ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la casa de habitación en Yuwi Senaglö donde se encontraba antrincherado. Ello, pese a que la Fuerza Pública conoce de primera mano que Vargas Mata implica un riesgo y amenaza para las personas recuperadoras cabécares.

Como si ello fuera poco, el 25 de marzo fue detenido arbitrariamente Carlos Zúñiga Fernández. Detención que se dio a través de engaños y una serie de violaciones a los Derechos Humanos del recuperador cabécar cometidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Además, el informe identifica a un Teniente particular: Ángel Porras; vinculado a 4 incidentes de seguridad en el Territorio Cabécar de China Kichá. “El Teniente Porras era el encargado del operativo de los días 24 y 25 de marzo. Es decir, es el responsable de dar visto bueno al ataque con gases lacrimógenos contra las personas recuperadoras que se encontraban defendiendo el Territorio frente a una turba de personas no indígenas que querían volver a introducir a Vargas Mata a Yuwi Senaglö y además de agredir a las y los recuperadores”, comentó Nery Chaves, encargada de la investigación y sistematización del Informe.

“En 2020, la acción de los ocupantes ilegales superaban a las agresiones cometidas por la Fuerza Pública. En 2021, la Fuerza Pública, por sí sola, supera las agresiones por parte de terratenientes con un 57% y se le ve -en diferentes hechos- sumamente vinculada con agresores que, posteriormente, amenazarían y golpearían a personas recuperadoras hasta que éstas decidan escapar de las recuperaciones. Tales son los casos de los Territorios de Yamabï Dí, China Kichá como ya mencioné y el de Salitre; dónde en una comunidad deben convivir con el sujeto que cometió intento de homicidio contra el compañero Minor, del clan Tubölwak y recuperador”, insistió Nery Chaves.

“En Salitre la complicidad de la Fuerza Pública con los ocupantes ilegales y los no indígenas es clara desde que iniciamos a recuperar hace 12 años. La Policía no detiene los ataques en nuestra contra e incluso, ha formado parte de diferentes agresiones. Además, nunca está presente en el Territorio y si aparece es mucho tiempo después. Por eso, la Fuerza Pública no significa una garantía de nuestro bienestar y por eso, no hay confianza en ellos”, declaró Lesner Figueroa del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre.

“Si bien, el Informe detalla menos incidentes que el año pasado, el conflicto en los Territorios Indígenas sigue mutando y haciéndose cada vez más complejo. La Fuerza Pública sigue siendo un actor imparcial, que lejos de imponer la paz se alía con personas que abiertamente quieren agredir a las personas indígenas. A ésto se suma la salida a la luz pública de la Asociación Multiétnica y Pluricultural, conformada por personas que ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios Indígenas y que convocó a manifestaciones en contra las recuperaciones con información falsa y mentiras. También, en noviembre, se le vio muy activa a la Asociación cuando en el Territorio Bribri de Yamabï Dí, las personas recuperadoras se encontraban resistiendo y sobreviviendo a una de las escaladas de violencia más fuertes del 2021. Por eso, no se debe interpretar que porque hay menos hechos de violencia en el 2021 significa que el conflicto está mermando, sino que está transformándose constantemente”, indicó Gustavo Oreamuno, defensor y participante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

Pese al contexto desalentador, los Pueblos Originarios se niegan a dar marcha atrás. “Confiamos en Sibö, en nuestras ancestras, ancestros y mayores de que nuestra lucha es digna, legítima y fundamental para nuestros Pueblos. Yo no creo que ningún o ninguna Bribri, Cabécar o Brörán den marcha atrás a lo que ya tanto nos ha costado, al contrario… estamos recuperando nuestras fuerzas para seguir, de la mano con Sibö, defendiendo nuestras tierras, nuestros cultivos y nuestros Pueblos, que, sin el Territorio no somos nada”.

Para mayor información, el “Segundo Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre, 2021)” puede ser descargado en el sitio web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (http://www.coordinadoradeluchasursur.com). También, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa con la participación de varios medios de comunicación y donde se estrenó el audiovisual «CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak» . Finalmente como parte de las actividades de presentación del segundo Informe, a las 6pm de hoy será el foro en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional, en Heredia.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

ADJUNTAMOS:

Enlace II Informe versión digital: http://www.coordinadoradeluchasursur.com/2022/08/ii-informe-de-agresiones-y-violaciones.html

Enlace video: CRÓNICA DE LA IMPUNIDAD: El caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan U̱niwak:

Audiovisual que recoge elementos clave del caso del compañero Sergio Rojas Ortiz, indígena Bribri del clan U̱niwak, asesinado el 18 de marzo de 2019. Sergio fue líder y defensor de los derechos de los Pueblos Originarios en Costa Rica.

A pesar de la violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado de Costa Rica, en especial el derecho colectivo a la tierra – territorio, a las múltiples agresiones sufridas y a la impunidad reinante; los Pueblos Originarios continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio, por medio de los procesos autónomos de recuperación de sus territorios; la semilla de Sergio ha germinado en las tierras recuperadas

Coordinadora de Lucha Sur Sur

La historia de Carlos Andrés Pérez – II

Isabel Ducca D.

¡La Fuerza Pública tenía el control de todo el plantel!

A cierta hora, se presentaron dos unidades de la estación de bomberos de Limón, lo que confirmó que había una fuga de gas. Según la constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de Limón, la visita fue realizada a las 18:19:35, dice textualmente:

Personal de Recope impide el acceso a las instalaciones, se conversó con los encargados de los mismos (sic) he (sic) indicaron no haber ninguna fuga de gas. Se realizó otro (sic) revisión por otro acceso en el que un funcionario nos indicó que hubo un trasiego de combustible por la tubería y por lo cual emite algún tipo de olor al medio ambiente.

Nota, por la respuesta del trabajador de Recope, que nos indica que no había nada, no se anotan afectados.[1]

La suma de todos esos factores, hizo que un grupo de trabajadores ingresara a las instalaciones para prevenir una tragedia; esos obreros querían cerciorarse de que no había peligro. Así como solían entrar para utilizar los servicios sanitarios, ingresaron por el portón principal, custodiado por los policías. No hubo prohibición de ingreso, aunque las autoridades así lo afirmaron después. El grupo se encaminaba directamente a la zona de gas, porque sospechaba que ahí se podía presentar alguna emergencia.

Se unieron diferentes factores, sobre todo de índole afectiva. El sentido del deber y el cariño a la institución que les da el sustento para sus familias. Querían asegurarse de que no estuviera ocurriendo algo grave y, si estuviera sucediendo, detener el percance o avisar sobre el mismo. Dentro del plantel, observaron mucho movimiento de vehículos policiales, pero no se alarmaron, porque no existía prohibición de entrar. No llegaron hasta la zona de las esferas de gas, se detuvieron en una esquina para comprobar que los movimientos no eran los habituales. Había una situación irregular en muchos sentidos. En ese preciso momento, una patrulla estacionó detrás.

Ahí, en esa bocacalle, fue cuando recibió el grito: Tírese al suelo o disparo. Carlos Andrés llevaba dos noches sin dormir, apenas había repuesto el sueño. Su cerebro entró en pánico, corrió, como lo hicieron sus demás compañeros; él lo hizo hacia otra dirección, solo él fue detenido poco después. Todo fue tan sorpresivo e inesperado que había entrado al plantel con las tenis, compradas esa misma mañana, desamarradas, pues había estado descansando en una de las hamacas que habían puesto afuera del plantel donde se encontraba el grupo en huelga.

La lógica del pánico no tiene lógica. Su reacción fue apremiante; la amenaza de la detonación contactó directamente con su entrenamiento por la explosión que ocasionaría un disparo en medio de todo ese combustible.

 ¡Solo a un policía que había trabajado más de chófer que de guarda, se le ocurre gritar “disparo” en medio de una refinería!

Al obrero lo detuvieron aproximadamente a las 20:00 horas, la alarma a los bomberos se había dado desde las 18 horas y unos minutos. La visita de los bomberos confirma la presencia de algo irregular.

En un primer momento, no tuvo conciencia de que se encontraba en una situación grave, porque los policías no sabían qué hacer con él. Pensaba que todo se aclararía con una explicación de lo sucedido. Al cabo de dos horas, lo condujeron a la Comandancia de Limón y después a la Fiscalía. Hasta ahí fue que tuvo conciencia de que se encontraba en serios problemas. ¡La acusación lo dejó perplejo! ¡La acusación por fragancia fue para justificar su encarcelamiento! ¡En nombre de la ley se violó la ley! El juez dictó prisión preventiva sin que la Fiscalía lo solicitara.

Los medios de comunicación hicieron un festín. No faltó la piñata de insultos y epítetos denigrantes para el trabajador de Recope, los sindicalistas y los huelguistas.

El 27 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el juicio con una condena inesperada para todos, excepto para quienes se favorecían con la exhibición de un culpable. Ese día era el cumpleaños de su hermano. La familia entera guardó el pastel y las velitas para la noche, pues esperaban festejar por partida doble. Los juicios por fragancia se hacen después de las 17 horas y, dada la inocencia de Carlos Andrés, celebrarían en la noche. ¡No hubo festejo, hubo llantos!

 Según el Tribunal de apelación, el desbarajuste jurídico es tal que:

A ello hay que agregar que el juez Céspedes Rivera usa en su fallo -que, más que una decisión jurisdiccional, es la emisión de una serie de opiniones, pues no es sentencia todo lo que emane de un juez sino solo aquella decisión razonada que haga un escrutinio de la prueba evacuada y contraste los argumentos vertidos frente al derecho vigente- un discurso como si él fuera el garante de la seguridad del país y no un funcionario llamado a resolver un conflicto específico.[i]

Anteriormente, ese tribunal ha señalado que la resolución permitió comprobar la exclusión de toda la prueba aportada por la defensa. Poco después, el mismo tribunal de apelación señaló que el juez se convirtió en testigo para disculpar a un policía que fue lacónico en su declaración.

El daño físico, moral y psíquico no tiene palabras adecuadas a su magnitud. Carlos Andrés es una persona de pocas palabras, su mirada triste es la que deja entrever, como entre sombras, lo que fue el suplicio: Pasar por una cárcel, cambia a cualquiera. Tuve mucho tiempo para analizar y meditar. No le tengo la misma confianza a las personas. He llorado, no lo puedo negar. Al principio, me sentí muy solo. Agradezco a las organizaciones, los sindicatos, mi familia que me han ayudado. Me han dado fuerzas para poder seguir y no desfallecer. En esas condiciones, la falta de apoyo puede llevar a la desesperación. En la celda, en la que estuve, se habían ahorcado dos personas… Soy católico, pero iba a los cultos para tener la esperanza en Dios y tener la mente ocupada.

Ahora, se presentó una nueva apelación. Este miércoles 22 de junio el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Circuito de Goicoechea recibirá a Carlos Andrés Pérez y a su abogado defensor por la petición de anular la condena establecida en marzo de este año.

Las organizaciones sociales están solicitando la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA y El SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.

Ustedes pueden mostrar su solidaridad firmando en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMYtKu37_3hSUFJyIBXYPVh5gwHTWZoUwFpj_NkoVKsA2_eQ/viewform

[1] Constancia extendida a solicitud de Carlos Andrés Pérez Sánchez.  Firma y sello del Cuerpo de Bomberos de Limón.

[i] Chinchilla, R.,  García, A. y Rojas, G. (2019).  Resolución: 2019-0319 Expediente: 18-000244-1130-PE (7)TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL,  Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, p.24.

 

Enviado a SURCOS por la autora.

Comunicado de FECOU respecto a las agresiones contra el pueblo originario de China Kichá

SURCOS comparte la siguiente información:

Denunciamos la violencia física, estructural y judicial hacia las personas recuperadoras indígenas, la inoperancia, complicidad estatal y las agresiones perpetradas por la misma Fuerza Pública. Hoy más que nunca debemos alzar la voz, salir a las calles y visibilizar los ataques que las comunidades indígenas sufren diariamente.

Invitamos a las concentraciones convocadas por la Coordinadora de lucha Sur Sur, a mantenernos atentos y atentas a los comunicados y acuerpar esta lucha por la defensa de la vida, los territorios y la integridad de las y los  compañeros y compañeras indígenas que ven amenazadas sus vidas sólo por defender y recuperar sus tierras. 

Para más información sigan las siguientes cuentas de Instagram:

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  • @bloque_verde

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Compartido con Surcos por el FECOU (Frente Ecologista Universitario).