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Etiqueta: fuerza pública

Denuncian agresión policial contra cabécares recuperantes de Yuwi Senaglö

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«Recuperadores y recuperadoras cabécares de China Kichá denunciamos agresión policial en la madrugada del domingo 04 de octubre del 2020.

Domingo 04 de octubre 2020. La Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencian un ataque del ente policial contra los y las recuperadoras cabécares que se encontraban en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre.

Alrededor de la 1:40 a.m. la Fuerza Pública se dirigió a los y las recuperadoras que se encontraban resguardando el corral en ese momento, indicando que habían recibido amenazas por parte de los terratenientes y que debían trasladar a un lugar seguro a personas con alto riesgo. Así, la Fuerza Pública trasladó a una adulta mayor y a un menor de edad que se encontraban en Yuwi Senaglö.

Tras el traslado, los oficiales de la Fuerza Pública indican a las y los recuperadores que deben salir del terreno recuperado para evitar agresiones. Los últimos se niegan y es la Fuerza Pública la que sale de Yuwi Senaglö y deja a las personas cabécares a su suerte.

Minutos después de la supuesta salida de la Fuerza Pública, son arrojados gases lacrimógenos al corral; llenando de gas las inmediaciones en las que se encontraban las personas recuperadoras. Tras disiparse el gas, l@s recuperador@s constatan que no había presencia de personas no indígenas en el corral ni en otros lugares aledaños, ni antes ni después de ser lanzados los gases. Asimismo, en un patrullaje realizado por recuperadores, en vista de la amenaza, fue visto un policía, en un bananal aledaño, con gas pimienta y que también se preparaba para el ataque.

El accionar de la policía es extraño en el tanto no hay muestra alguna de un ataque por parte de las personas no indígenas, además de que el día anterior -sábado 03 de octubre- fue un día tranquilo en el que no fueron reportados incidentes en ninguna de las recuperaciones y tampoco en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Además, es la Fuerza Pública la que informa de la supuesta amenaza y es la que se retira del lugar.

También, luego de que los gases si disiparan, funcionarios de la Fuerza Pública se dirigieron al corral caminando tranquilamente, sin ninguna patrulla, supuestamente para saber qué había sucedido durante el supuesto ataque. Todos los hechos evidencian que el accionar policial pretendía amedrentar a los y las recuperadoras cabécares y procurar su abandono de Yuwi Senaglö. Asimismo, es importante señalar que la casa, donde se encuentra atrincherado Miguel Vargas, fue abandonada por la Fuerza Pública por unos minutos y también fue el primer lugar en el que se apersonaron policías.

Ante ello:

– Denunciamos como recuperador@s cabécares que fuimos atacad@s por la Fuerza Pública en un intento por asustarnos y sacarnos de Yuwi Senaglö. Insistimos que NO abandonaremos ninguno de los cinco terrenos que dignamente hemos recuperado.

– Denunciamos que desde el jueves 30 de septiembre el Gobierno, en voz de Eduardo Solano, Viceministro de Seguridad Pública, aceptó no poder garantizar la vida e integridad física de l@s recuperador@s e insistió en que se abandonara Yuwi Senaglö sin NINGUNA acción concreta respecto a las recuperaciones de tierras o a la situación de tensión que se vive en el Territorio Cabécar de China Kichá.

– Exigimos una investigación que como mínimo contenga: 1) los detalles de la amenaza que recibió la Fuerza Pública por parte de los terratenientes; 2) el nombre de los funcionarios de la Fuerza Pública que se encontraba en el lugar; 3) los detalles de los indicios visualizados del supuesto ataque por parte de no indígenas; 4) el nombre del oficial que dio la orden de arrojar gases lacrimógenos y; 5) una rendición de cuentas exhaustiva sobre el accionar de la Fuerza Pública. Que se lleven a cabo los procesos administrativos y judiciales contra quienes nos violentaron este 04 de octubre.

– Demandamos a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública a que garantice la vida e integridad física de los y las recuperadoras cabécares de China Kichá, tal y como lo demanda la Constitución Política. Que se abstengan de atacar a quienes dignamente recuperamos terrenos en vista de la inacción y omisión del Estado costarricense.

– Demandamos al Ejecutivo a que realice acciones REALES en los procesos de recuperación de tierra-territorio en China Kichá y en los otros Territorios. No dejamos de insistir que la paz para los Pueblos Originarios no es posible si en nuestros Territorios hay presencia de personas no indígenas.

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kelpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur

*Adjuntamos fotografías de los cascos de los gases arrojados contra las y los recuperadores en horas de la madrugada».

Oficiales de la Fuerza Pública amedrentan a recuperadoras cabécares con documento judicial

Comunicado Público

  • Se fuga información de un expediente judicial relacionado con el Pueblo Cabecar de China Kichá.

  • Información es utilizada por oficiales de la Fuerza Pública para amedrentar a recuperadoras de tierra Cabecares.

Lunes 20 de julio de 2020. Tres oficiales de la Fuerza Pública se presentaron el pasado miércoles 15 de julio de 2020, alrededor de las 5:30 de la tarde en la tierra recuperada Sá Ka Duwé Senaglö (tierra de venados), terreno recuperado por 7 mujeres Cabecares desde el pasado 26 de febrero y que estuvo ocupado ilegalmente por el no indígena Danilo Badilla Román; esto en el Territorio Cabecar de China Kichá, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de Costa Rica.

Los oficiales identificados como Marisel Salas, Jesús Vindas y Javier Rojas, se apersonaron al sitio en la patrulla placa E85563; supuestamente en atención a una alerta de incendio y con el objetivo de inspeccionar y hacer un informe; después de reunir a la mayoría de recuperadoras, les insistieron en tono amenazante que ellas no podían realizar quemas, ni siembras, ni ningún otro trabajo en la finca, ya que tenían una medida cautelar en su contra, emitida el 7 de julio anterior, reiterándoles que ellas habían sido notificadas ese mismo día y que esa resolución a ellos, los oficiales, se las habían enviado desde el Poder Judicial y les mostraban de lejos la resolución.

Las recuperadoras Cabecares les indicaron a los oficiales que ellas, ni su representante legal habían sido notificados de esa resolución; ante lo cual los oficiales llamaron a algún encargo jurídico de la Fuerza Pública, quien les indicó, que, si no habían sido notificadas, no podían seguir con la inspección y el informe; el mismo encargado llamó al Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, quien confirmó que las partes no habían sido notificadas. Finalmente, los oficiales levantaron una bitácora y se retiraron a las 8:30 de la noche.

Ante esta situación irregular, el representante legal de las recuperadoras se comunicó con el Comisionado Edwin Miranda, Jefe Policial de la Zona, quien le informó que él mismo tenía la resolución en su celular y que la acción de los oficiales, quienes también tenían la resolución en sus teléfonos móviles; era con la intención de prevenir a las recuperadoras; sin indicar de quien o cómo habían obtenido la resolución de medida cautelar indicada.

Efectivamente el supuesto usurpador, Danilo Badilla Román, interpuso un interdicto de amparo de posesión contra las recuperadoras, causa que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) bajo el Expediente 20-000018-1555-AG-1 y es conocido por el Juez Tramitador Céspedes Mora.

El 7 de julio se dictó resolución respecto a una medida cautelar atípica solicitada por la parte actora, en la cual se declara sin lugar la medida cautelar solicitada de restitución posesoria y se le previene a las recuperadoras abstenerse de realizar quemas, construcciones o remover cercas; sin embargo, podrán continuar en el terreno hasta tanto no se resuelva por el fondo.

Tanto las recuperadoras, como su representante legal, fueron notificados de la resolución indicada, vía fax hasta el día viernes 17 de julio, después de las consultas hechas por el abogado, ante las anomalías descritas.

Ante los hechos indicados, las recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö, denunciamos:

  1. Que los oficiales de la Fuerza Pública y el Comisionado Miranda no debían contar con la resolución en cuestión, máxime que la misma no había sido notificada a ninguna de las partes.
  2. Que los oficiales que se presentaron a la tierra recuperada utilizaron dicha resolución para amedrentar, intimidar y generar confusión en las familias recuperadoras.
  3. Que los oficiales no fueron comisionados por ninguna instancia judicial para notificar la resolución mencionada.
  4. Que el Juez Tramitador de la causa, Jean Carlo Céspedes Mora, se encuentra bajo investigación interna en el Poder Judicial por irregularidades en varias causas relacionadas con Pueblos Originarios.

Por lo anterior exigimos al Poder Ejecutivo y Judicial una investigación inmediata, cuyos resultados sean públicos y que se apliquen las sanciones administrativas y judiciales correspondientes, en relación con:

  1. ¿Cómo obtuvieron los 4 oficiales de la Fuerza Pública una resolución judicial que no había sido notificada a ninguna de las partes del proceso?
  2. Las circunstancias e ilegalidad del actuar de los tres oficiales que se presentaron en la tierra recuperada, quienes actuaron sin orden judicial alguna, asumiendo actos judiciales que no les competen.
  3. El manejo de la información de este caso por parte del despacho judicial ¿Quién o como se filtró la información indicada?
  4. Exigimos una vez. la separación del conocimiento del Juez Céspedes Mora de cualquier asunto relacionado con tierra-territorio de los Pueblos Originarios.

Recuperadoras Cabecares de Sá Ka Duwé Senaglö
Coordinadora de Lucha Sur Sur
¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

*Imagen ilustrativa.

Colectivo por el Derecho a la Protesta: Hacemos un llamado urgente a solidarizarnos a las y los estudiantes golpeados, arrestados y judicializados el 12 de setiembre

En relación con la criminalización de la protesta social en el contexto de la huelga general indefinida contra el Combo fiscal:

Llamamos a:

  • Solidarizarnos a las y los estudiantes golpeados, criminalizados, detenidos y judicializados el 12 de setiembre de 2018.
  • Concentrarnos el próximo lunes 24 de setiembre de 2018 a las 08:00 horas frente a los Tribunales de Goicoechea, Segundo Circuito Judicial.
  • Instamos a la Fiscal General de la Republica, Msc. Emilia Navas Aparicio a que desestime los otros tres casos, que está en manos del Ministerio Público.
  • Denunciamos los discursos del Gobierno que pretenden criminalizar la protesta social, vinculando o equiparando a las y los manifestantes con grupos delincuenciales o atribuyéndoles actos de vandalismo sin ningún tipo de prueba o evidencia.
  • Condenamos las acciones represivas realizadas por contingentes policiales los días domingo 16 y lunes 17 de setiembre, en Moín y en Barranca.
  • Repudiamos las acciones criminalizadoras y la violencia policial ejercida contra las y los manifestantes.

 

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado oficial:

Pronunciamiento del Colectivo por el Derecho a la Protesta 12 S

 

 

*Imagen tomada de la nota: UCR Fuerza publica ingresa al campus universitario y agrede a estudiantes dentro del mismo

Enviado por Colectivo Derecho a la Protesta Social.

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Declaración conjunta de las federaciones de estudiantes, de los rectores de las universidades públicas y el Gobierno de la República

Considerando:

  1. Los hechos de violencia se dieron el 12 de setiembre en las inmediaciones y dentro del Campus de la Universidad de Costa Rica.
  2. Nuestro reconocimiento del papel fundamental que tienen las Universidades Públicas en la historia y futuro de Costa Rica como referente y conciencia crítica en el conjunto de la sociedad costarricense.
  3. Que el artículo 84 de la Constitución Política establece que «La Universidad de Costa Rica, es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Las demás instituciones de educación superior universitaria del estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado los dotará de patrimonio propio y colaborará con su financiación.»

Acordamos:

  1. Reafirmar el compromiso del Gobierno de la República con garantizar y respetar la autonomía universitaria en el marco de la Constitución Política y la tradición costarricense.
  2. Hacer un llamado a la paz, al dialogo social, a la manifestación pacífica y a la unión del pueblo costarricense en el marco de un sano debate democrático donde se expresen las distintas opiniones y se construyan los acuerdos necesarios para el desarrollo sostenible de Costa Rica. Tomar nota de la disposición de CONARE, las universidades públicas y las federaciones de estudiantes de colaborar en la facilitación de un proceso de dialogo nacional que contribuya a la búsqueda de acuerdos para enfrentar la grave situación fiscal que atraviesa el país.
  3. El Gobierno de la República reconoce la importancia de verificar la incursión de la fuerza pública en el campus universitario y las circunstancias que pudieron desencadenarla. Así mismo, reitera su voluntad de evitar hechos que puedan violentar la autonomía universitaria.
  4. Reconociendo la gravedad de los acontecimientos que requieren una investigación se acuerda instalar una comisión conjunta entre un representante de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración, un representante del Gobierno de la República, Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia y Paz y Renato Manuel Franco Rodríguez, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, para que desarrollen una investigación, análisis y recomendaciones sobre los hechos sucedidos el 12 de setiembre en la noche en San Pedro de Montes Oca y dentro del campus de la UCR.

 

Dado en la Presidencia de la República el 13 de setiembre del 2018.

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Pronunciamiento en torno al ingreso de la Fuerza Pública a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

(Acuerdo firme de la sesión N.º 6218, artículo 4, del jueves 13 de setiembre de 2018)

 

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.La Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 84, establece:

La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones, y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios.

2.La Universidad de Costa Rica, como institución de educación superior pública e Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense, siempre ha actuado apegada al principio de legalidad y no permitirá que el campus universitario sea refugio delincuencial alguno.

3.La Institución cuenta con el Protocolo de ingreso y coordinación de cuerpos policiales en la Universidad de Costa Rica, que establece sus formas de actuar. Por lo tanto, existen mecanismos de información, coordinación y apoyo entre las autoridades universitarias y la Fuerza Pública.

4.La Fuerza Pública, al invadir la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio el miércoles 12 de septiembre, en horas de la noche, y al emprenderla a golpes contra miembros de la comunidad universitaria, violentó los derechos constitucionales de la ciudadanía, en circunstancias que no representaban ningún peligro inmediato para las demás personas, lo cual constituyó un uso desproporcionado de la fuerza.

5.Ante esta situación, las universidades públicas realizaron una marcha multitudinaria el jueves 13 de setiembre, que culminó con el acuerdo suscrito entre los rectores y las federaciones de estudiantes de las universidades públicas con el Gobierno de la República, para investigar y aclarar los hechos acontecidos.

ACUERDA:

1.Deplorar y condenar la actuación de la Fuerza Pública por invadir y ocupar el campus de la Sede Rodrigo Facio el día 12 de setiembre, dado el irrespeto al Protocolo de ingreso y coordinación de cuerpos policiales en la Universidad de Costa Rica. En consecuencia, exigir su aplicación, sin excepción.

2.Rechazar el abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra la comunidad universitaria, lo cual puso en riesgo la seguridad de las personas, los bienes de la Institución y de particulares, con un proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense.

3.Condenar toda acción ilícita cometida por miembros de la comunidad universitaria, como la de cualquier otra persona, y manifestar, categóricamente, a la comunidad nacional que la Universidad de Costa Rica nunca encubrirá acciones de este tipo en su campus.

4.Reiterar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con el ordenamiento jurídico y su disposición a colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.

5.Apoyar el acuerdo suscrito entre los rectores y las federaciones de estudiantes de las universidades públicas con el Gobierno de la República.

6.Comunicar estos acuerdos al presidente de la República y al ministro de Seguridad Pública.

7.Publicar en diversos medios de comunicación el presente pronunciamiento.

ACUERDO FIRME.

Pronunciamiento del Consejo Universitario sobre 12 de setiembre

 

 

Enviado por Mariano Sáenz.

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Comunidad de Valle la Estrella solicita más vigilancia policial

Este martes 28 de noviembre la comunidad del Valle la Estrella llevó a cabo una reunión con la Fuerza Pública de la localidad, debido a la preocupación que tienen los vecinos del lugar por la ausencia de vehículos y motocicletas de la Fuerza Pública en este distrito en el que desde hace varios años se vienen dando asaltos a personas y bajonazos con pistola y a los comercios

De San José les enviaron una unidad, pero aseguran que hacen falta más policías y vehículos oficiales.

Comunidad de Valle la Estrella solicita mas vigilancia policial2

Compartido por Flor Bellido.

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Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur: la protesta es un derecho, reprimirla es un delito

Ricardo Araya Rojas

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur- la protesta es un derecho, reprimirla es un delito2

¿Pregunta? ¿Era necesaria la presencia de un contingente de antimotines armados con gases lacrimógenos para atender una marcha pacífica de campesinos e indígenas ayer martes 17 en Palmar Sur? Desde luego que no, con solo unos cuantos oficiales de la Fuerza Pública hubiera sido suficiente para mantener el orden y el libre tránsito.

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur- la protesta es un derecho, reprimirla es un delito

Además, era una marcha pacífica, nadie representaba un peligro, campesinos e indígenas no son delincuentes, no son elementos subversivos que van a crear caos y conflictos. Ninguno estaba armado, las mantas y mensajes eran de tela y papel, ni siquiera eran sostenidos por palos.

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur- la protesta es un derecho, reprimirla es un delito4

 

Parece que la Fuerza Pública les tiene más miedo a humildes personas que defienden con ideas sus derechos de una manera pacífica que a otro tipo de manifestaciones más conflictivas que se han presentado en el país.

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur- la protesta es un derecho, reprimirla es un delito12

 

Aunque no fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública ni hubo violencia contra ellos, si deja en evidencia que así es como pretenden reprimir también la protesta social en la Zona Sur, especialmente contra familias campesinas, indígenas, niños, mujeres y adultos mayores.

Marcha por la Tierra y el Agua en Zona Sur- la protesta es un derecho, reprimirla es un delito14

 

En el álbum que publiqué ayer, pueden ver más fotos de esta Marcha por la Tierra y el Agua en la Zona Sur. ¡La protesta social es un derecho, reprimirla es un delito!

 

Información e imágenes tomadas para SURCOS Digital de la página de Facebook del autor.

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Lucha por la dignificación salarial en la Fuerza Pública da resultado: Se ensancha la brecha con relación a la Policía Penitenciaria

Aumento salarial para Fuerza Pública es producto de una lucha sindical sostenida por más de cinco años.

Policía Penitenciaria queda en gran desventaja y obligada a salir a la calle: ANEP la convocará.

Policía de Migración tendrá su nuevo manual en febrero.

 

Por estas mismas fechas, en diciembre del año 2009 y terminando el Gobierno Arias Sánchez, se firmó en la Casa Presidencial un histórico acuerdo con el fin de impulsar un proceso integral de reivindicación profesional-salarial para los y las integrantes de los principales cuerpos de policía del Poder Ejecutivo: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Migración y Policía de Tránsito.

Se daba así el primer paso en firme de esta lucha impulsada desde hacía ya bastantes meses antes por la ANEP; lucha que hoy en día sigue siendo impulsada, orientada y organizada por esta agrupación; lucha que no ha terminado luego de más de cinco años de estarse desarrollando.

Vana y pomposamente el Gobierno Chinchilla Miranda pretende arrogarse para sí un mérito de una  lucha que ha sido de naturaleza sindical, promovida y conducida por la ANEP y apoyada con acciones de calle.

En este caso específico, ¡histórica!, como lo fue la primera marcha de policías de la Fuerza Pública, celebrada el pasado 21 de abril de 2013, precisamente, en demanda de un nuevo Manual de Puestos para el personal raso de este cuerpo policial, ya que desde mucho antes, los mandos medios y altos habían recibido su también justa reivindicación profesional-salarial.

La lucha de la ANEP, por tal razón, se enfocó en la tesis de “dos Fuerza Pública”: la de los que quedaron ganando bien, pero muy bien; y la de los que siguieron ganando mal, pero muy mal. Hoy esto empezó a cambiar. El menor aumento salarial en la Fuerza Pública para su personal raso será de unos 60 mil colones a la base, pero habrá reasignaciones salariales mucho mayores.

Por eso nos regocijamos y nos alegramos de que ahora, el personal policial “de abajo” de la Fuerza Pública recibirá a partir de enero de 2014, un sustancial reajuste a sus bases salariales, tal y como desde un inicio se pensó, hace más de 5 años, cuando ANEP lanzó esta lucha.

Nos sentimos más que satisfechos con el impulso de acciones de política pública en materia de dignificación salarial para los estratégicos cuerpos policiales del país, especialmente los que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, si bien se está dando un paso más que significativo de dignificación salarial plena para el sacrificado personal de la Fuerza Pública; lamentablemente, se amplía la brecha salarial entre este personal y sus colegas de la Policía Penitenciaria, igual de comprometidos e igual de sacrificados.

La ANEP lanza la alerta al respecto y desde ya se abocará a concientizar al honorable personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica de que en semanas próximas, más rápido de lo que pensamos, deberán salir a la calle (como lo hicieron sus colegas de la Fuerza Pública, en abril pasado), para que se concrete la reiterada petición de la ANEP a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz de que es urgente una actualización estructural del Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria, a fin de ajustarlo a la nueva realidad salarial que, ¡por fin!, ha llegado hasta el personal, tanto de base como jerárquico, de la Fuerza Pública.

En el caso de la Policía Penitenciaria, no solamente se profundiza la brecha salarial en el caso de su personal raso; sino que los mismos mandos medios y altos de este cuerpo de seguridad, quedarán con grandes distancias con relación a los justos salarios que ya están recibiendo sus colegas de la jerarquía de la Fuerza Pública.

En tal caso, desde ya, la ANEP está formulando un llamado público dirigido a todos los y a todas las integrantes de la Policía Penitenciaria que vayan tomando previsiones para una salida de calle antes de las elecciones presidenciales del 2 de febrero; a fin de  demandar la suscripción de un acuerdo con la ANEP a efecto de ajustar y homologar las bases salariales a las nuevas realidades de éstas en la Fuerza Pública, dado que es la misma lucha, es idéntico el proceso y las circunstancias son iguales, si nos atenemos al respecto que merecen los acuerdos de Casa Presidencial de diciembre del 2009, suscritos por ANEP.

Finalmente, en el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, según acuerdo suscrito con la ANEP el pasado 15 de noviembre y ante la inminencia de un paro laboral en aeropuertos y fronteras de este personal, se fijó que en la primera quincena de febrero del 2014 deberá estar listo su nuevo Manual de Puestos para su tramitación ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Si no fuera así, la paralización de todos los puestos fronterizos del país será ¡imparable!

 

Enviado a SURCOS por ANEP.