Marco Vinicio Levy Virgo solicitó al Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo reconsiderar la negativa de entregar información relacionada con una denuncia por presunta chapea y posible cambio de uso del suelo en un terreno colindante con El Colibrí Lodge, argumentando que la propia Sala Constitucional ya resolvió un caso similar y reconoció el derecho de acceso a este tipo de información ambiental.
La gestión fue presentada mediante el oficio MLV-00189-2026, dirigido al técnico del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), Lenin Prado Calvo, como respuesta al oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-115-2026 emitido el 21 de mayo de 2026.
En dicho oficio, el SINAC informó que una denuncia relacionada con una presunta intervención en un terreno dentro del área de influencia del Refugio fue inspeccionada el 13 de mayo de 2026 por funcionarios de la institución y que los resultados fueron incorporados al informe técnico SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-G-108-2026, agregado a una causa penal abierta desde 2023. La institución indicó que no podía suministrar el contenido de dicho informe debido a las restricciones establecidas en el artículo 295 del Código Procesal Penal sobre la privacidad de las actuaciones dentro de investigaciones penales.
Ante esa respuesta, Levy Virgo remitió copia de la Resolución Nº 2025016106 de la Sala Constitucional, emitida el 30 de mayo de 2025 en un recurso de amparo promovido también por él contra la administración del Refugio Gandoca-Manzanillo. Según señala, la sentencia resolvió que la Administración no puede negar información pública ambiental amparándose de manera general en el artículo 295 del Código Procesal Penal cuando lo solicitado corresponde a información técnica y administrativa producida por la propia institución.
De acuerdo con la resolución constitucional, el derecho de acceso a la información pública está protegido por el artículo 30 de la Constitución Política y comprende información relacionada con la gestión administrativa, las inspecciones realizadas, el seguimiento de denuncias y las actuaciones de protección ambiental. La Sala indicó que la Administración debe entregar la información solicitada, resguardando únicamente los datos sensibles o confidenciales que estén protegidos por ley.
En su comunicación, Levy Virgo sostiene que la jurisprudencia constitucional resulta directamente aplicable al caso actual, debido a que la negativa del SINAC se fundamenta nuevamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Por ello, solicita que se le remita el informe técnico oficial derivado de la inspección realizada el 13 de mayo de 2026, incluyendo información sobre el estado de la vegetación, las medidas adoptadas, las acciones de restauración y otros aspectos relacionados con la denuncia presentada.
El ciudadano manifestó que su objetivo es contribuir a la protección efectiva del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y facilitar una solución ágil y conforme al marco legal vigente, mediante la aplicación de los criterios ya establecidos por la Sala Constitucional en materia de acceso a información pública ambiental.
Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado
Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo
Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.
Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.
Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.
La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.
Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.
La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.
Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.
Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.
Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.
La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.
La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.
Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.
La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.
Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.
En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.
El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.
La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.
Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.
Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional un nuevo documento probatorio dentro del expediente 14-019174-0007-CO, mediante el cual solicita que se incorpore al proceso una certificación oficial de la Municipalidad de Talamanca que registra la aprobación de 209 permisos de uso de suelo en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo entre los años 2014 y 2019.
Según el escrito remitido al magistrado instructor Fernando Cruz Castro, la certificación municipal detalla los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias, las fechas de aprobación y la ubicación de cada uno de los permisos otorgados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y del Sitio Ramsar 783.
El documento sostiene que la mayoría de los permisos fueron otorgados a sociedades mercantiles y desarrollos vinculados a actividades turísticas e inmobiliarias, mientras que una proporción menor corresponde a personas físicas. A juicio del recurrente, ello contradice el propósito de las normas que buscaban proteger a las comunidades tradicionales del Caribe Sur.
En su gestión ante la Sala Constitucional, Levy argumenta que la existencia de estos permisos ha favorecido procesos de urbanización que han generado impactos ambientales significativos dentro de un área protegida de importancia nacional e internacional.
Entre las afectaciones señaladas se mencionan la contaminación lumínica que afecta los sitios de anidación de tortugas marinas, la presencia de animales domésticos que depredan fauna silvestre, la desaparición de humedales y bosques costeros por procesos de urbanización, así como la ausencia de estudios de impacto ambiental previos para muchas de las intervenciones realizadas.
El escrito incorpora además un análisis técnico-ambiental que advierte sobre los efectos de la eliminación de vegetación nativa, el relleno de humedales para habilitar accesos vehiculares y la fragmentación de ecosistemas dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Asimismo, cuestiona la actuación de las instituciones responsables de la protección ambiental, señalando una supuesta omisión en las labores de vigilancia y fiscalización frente a actividades que habrían afectado ecosistemas protegidos.
Con base en estos elementos, el recurrente solicita a la Sala Constitucional admitir la certificación municipal como prueba documental relevante, analizar la legalidad de los permisos otorgados, adoptar medidas cautelares preventivas y valorar acciones orientadas a la protección y restauración de los ecosistemas afectados.
La certificación aportada fue emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca el 25 de enero de 2019 y registra 209 expedientes de permisos de uso de suelo aprobados por el gobierno local entre marzo de 2014 y enero de 2019 en distintas localidades de la zona comprendida entre Cocles, Playa Chiquita, Punta Uva y Manzanillo.
La primera entrega de esta serie planteó que lo que está en juego en Gandoca-Manzanillo no es únicamente la protección de un humedal o la legalidad de determinadas construcciones, sino el Estado de derecho ambiental. En esta segunda parte conviene observar con más detalle el intercambio documental entre ciudadanía organizada y autoridades, pues allí se revela un patrón que merece atención.
Los oficios remitidos por el ciudadano Marco Levy a las autoridades ambientales plantean inquietudes concretas sobre ocupaciones, cambios de uso de suelo y actuaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Las respuestas oficiales del SINAC-ACLAC, si bien reconocen la recepción de consultas y denuncias, se ubican principalmente en el plano procedimental: informan sobre trámites, competencias y eventuales procesos administrativos, pero no disipan del todo la preocupación central sobre la eficacia del control en territorio.
La brecha entre norma y realidad
Gandoca-Manzanillo es un área silvestre protegida con un régimen jurídico específico. La legislación ambiental costarricense establece límites claros respecto a uso del suelo, protección de humedales, zonas marítimo-terrestres y áreas de especial fragilidad ecológica. Sin embargo, la discusión pública no gira únicamente en torno a lo que dice la norma, sino a si esta se cumple de manera efectiva.
Los documentos intercambiados muestran una constante: la ciudadanía insiste en la necesidad de acciones concretas frente a situaciones que considera irregulares, mientras que la institucionalidad responde dentro de los márgenes administrativos formales. Esta dinámica abre una pregunta inevitable: ¿es suficiente el cumplimiento formal de procedimientos cuando se trata de proteger ecosistemas estratégicos?
El rol de la denuncia ciudadana
Un elemento clave en esta controversia es el papel de la denuncia ciudadana. Las comunicaciones enviadas a las autoridades no surgen de un conflicto aislado, sino de una vigilancia constante sobre el territorio. Esto indica que el control ambiental en Gandoca-Manzanillo no depende exclusivamente de la capacidad institucional, sino también de la acción de personas y organizaciones que documentan, consultan y exigen respuestas.
En términos democráticos, esto es saludable: la participación ciudadana fortalece la transparencia. No obstante, también evidencia una fragilidad estructural: cuando la protección ambiental descansa en gran medida en la presión pública, se revela una posible insuficiencia en los mecanismos ordinarios de fiscalización.
Respuestas institucionales y límites operativos
Las respuestas de SINAC-ACLAC tienden a delimitar competencias, señalar procesos en curso o explicar el estado de determinados expedientes. Desde una perspectiva administrativa, esto puede considerarse adecuado. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental estratégica, el problema es más amplio: la protección de un refugio no puede analizarse caso por caso sin observar el patrón general.
Cuando las denuncias se repiten y se concentran en una misma zona, la discusión deja de ser puntual y se convierte en estructural. La cuestión ya no es únicamente si un trámite está en regla, sino si el modelo de gestión del área protegida está siendo capaz de prevenir la degradación progresiva del ecosistema.
Más que un conflicto local
Gandoca-Manzanillo es uno de los refugios más emblemáticos del Caribe sur. Allí convergen biodiversidad, intereses económicos, presiones inmobiliarias y comunidades históricas. Lo que sucede en ese territorio tiene implicaciones que trascienden lo local: pone a prueba la coherencia del país con su propia narrativa ambiental.
Costa Rica ha construido una reputación internacional como nación defensora de la biodiversidad. Esa reputación descansa no solo en discursos, sino en la capacidad real de hacer cumplir la ley, incluso cuando existen intereses económicos o presiones políticas.
La pregunta de fondo
La secuencia de denuncias y respuestas deja planteada una interrogante central: ¿estamos ante una suma de casos aislados o ante un patrón que exige una revisión más profunda del modelo de gobernanza del refugio?
Responder a esa pregunta requiere algo más que intercambios epistolares. Requiere auditoría ambiental efectiva, transparencia en los expedientes, acceso público a la información y una evaluación independiente del estado actual del área protegida.
Si el Estado de derecho ambiental es el marco, la prueba concreta se encuentra en la capacidad de actuar con firmeza cuando los límites legales son puestos a prueba.
Esta serie continuará examinando los distintos componentes jurídicos, institucionales y territoriales que configuran la situación en Gandoca-Manzanillo.
Las imágenes que circulan en redes —como la camiones cargados con troncos transitando por vía pública— colocan el debate de la extracción de recursos de áreas protegidas en un terreno concreto: no se trata solo de interpretaciones jurídicas, sino de hechos materiales cuya fiscalización y legalidad deben ser plenamente transparentes ante la ciudadanía.
El conflicto en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) no es un episodio aislado ni reciente. Se trata de un proceso acumulativo en el que convergen denuncias ciudadanas, cuestionamientos técnicos, actuaciones administrativas controvertidas y resoluciones institucionales que, lejos de cerrar el tema, han abierto nuevas interrogantes.
Las cartas enviadas por el ciudadano Marco Levy durante 2026, así como las respuestas oficiales emitidas por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), evidencian un punto central: la controversia ya no es únicamente ambiental. Es institucional.
Un territorio bajo tensión
El REGAMA fue creado para proteger ecosistemas costeros y marino-costeros de alto valor ecológico, incluyendo humedales, manglares, bosque tropical húmedo y hábitats críticos para especies amenazadas. Su importancia es estratégica tanto para la biodiversidad como para la seguridad climática y la resiliencia costera.
Sin embargo, durante los últimos años se han denunciado:
Cambios en límites del refugio.
Permisos de construcción en zonas sensibles.
Intervenciones sobre humedales.
Interpretaciones jurídicas que favorecen intereses privados.
Las cartas de Levy insisten en que ciertas actuaciones administrativas podrían estar debilitando el régimen de protección original del área.
El eje del debate: legalidad vs. discrecionalidad
El núcleo del conflicto gira en torno a tres preguntas fundamentales:
¿Se están aplicando correctamente las normas ambientales vigentes?
¿Las actuaciones administrativas respetan el principio de no regresión ambiental?
¿Existe coherencia entre el mandato legal de protección y las decisiones concretas tomadas en el territorio?
Las respuestas oficiales de SINAC tienden a sostener que las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente. No obstante, las observaciones ciudadanas apuntan a posibles contradicciones entre la finalidad del refugio y algunas autorizaciones otorgadas.
En otras palabras: la discusión no es solamente técnica; es jurídica y ética.
Más allá de Gandoca: lo que está en juego
El caso Gandoca-Manzanillo se ha convertido en un referente nacional porque pone a prueba:
La solidez del sistema de áreas protegidas.
La independencia técnica de las autoridades ambientales.
La capacidad del Estado para resistir presiones económicas en territorios de alto valor inmobiliario.
La vigencia real del principio precautorio.
Cuando un refugio de vida silvestre entra en disputa, lo que se discute no es únicamente un expediente administrativo. Se discute el modelo de desarrollo y la prioridad que el país otorga a su patrimonio natural.
Una disputa abierta
Las cartas enviadas durante 2026 muestran que el debate está lejos de cerrarse. Más bien, se encuentra en una fase de mayor escrutinio público.
En este contexto, la vigilancia ciudadana ha sido un componente clave. Sin ella, muchos de estos temas permanecerían invisibles.
El caso Gandoca exige transparencia, trazabilidad documental y claridad institucional. Porque en materia ambiental, la opacidad casi siempre favorece la degradación.
Una denuncia formal presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y diversas instancias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) advierte sobre la muerte de aproximadamente 20 árboles en Playa Chiquita, zona que colinda entre el Territorio Indígena KéköLdí y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), en el Caribe Sur de Talamanca.
Según la información remitida por María Elena Fournier, de la Asociación Conservacionista YISKI, los árboles afectados se encuentran únicamente en esa área específica, lo que descarta, según la denunciante, un fenómeno natural generalizado y refuerza la sospecha de una intervención humana intencional. Las fotografías que respaldan la denuncia fueron tomadas en diciembre de 2025 y forman parte del expediente judicial N.° 25-033098-0042-PE.
En los correos enviados a la Subdelegación Regional del OIJ en Bribri, así como a autoridades del ACLAC-SINAC-MINAE y al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía, se expresa la preocupación de que la muerte de los árboles esté relacionada con personas que habrían ocupado o tomado propiedades dentro del REGAMA y del Territorio Indígena KéköLdí, zonas que colindan entre sí y que cuentan con regímenes especiales de protección ambiental y territorial.
La denunciante señala además que, cerca del rótulo oficial del Estado, existe otro aviso que indica “propiedad privada, no pasar”, y que en el sitio se observan al menos dos viviendas construidas dentro de esas propiedades, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad de dichas ocupaciones y sobre las acciones —o la falta de ellas— por parte de las autoridades competentes para garantizar la protección del área.
Desde la Asociación Conservacionista YISKI se solicita información sobre las diligencias que el ACLAC-SINAC-MINAE estaría realizando para desalojar a las personas que ocupan irregularmente tanto el REGAMA como el Territorio Indígena KéköLdí, así como sobre el avance de la investigación judicial relacionada con la muerte de los árboles.
El caso pone nuevamente en evidencia las tensiones persistentes entre intereses privados, conservación ambiental y derechos de los pueblos indígenas, así como la importancia de una actuación oportuna y transparente de las instituciones del Estado para resguardar los bienes naturales y territoriales protegidos por la legislación costarricense.
El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.
Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.
Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología advierte sobre obras ilegales y falta de respuesta institucional
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) denunció que el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe sur de Costa Rica, se encuentra bajo una creciente amenaza ambiental debido a la construcción de piscinas, caminos y drenajes ilegales dentro del área protegida.
En una nota enviada a la dirección regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), la organización afirma que estas intervenciones ponen en riesgo hábitats clave para la biodiversidad, como los de tortugas marinas y manatíes, además de afectar los ecosistemas de humedal. También señala presuntas omisiones por parte del personal responsable del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
“La situación es crítica y no hemos recibido respuestas técnicas ni acciones concretas por parte del Estado”, expresó Marco Vinicio Levy, representante de la asociación.
La ADE envió dos oficios al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): el primero el 6 de mayo, solicitando medidas urgentes, y el segundo el 23 de julio, al considerar insuficiente la respuesta institucional recibida.
En dicha respuesta, el SINAC indicó estar en coordinación con el Programa Nacional de Humedales para actualizar la ficha del sitio Ramsar y mencionó la elaboración de mapas de zonas críticas. Sin embargo, la asociación sostiene que no se detallan responsables, fechas ni acciones específicas, como la suspensión de permisos o la restauración del daño ambiental.
Además, la entidad solicitó una investigación administrativa sobre el actuar de la administración del refugio y un informe sobre posibles procesos judiciales en curso. Según la documentación oficial, las autoridades respondieron que cualquier denuncia debe presentarse con pruebas por los canales establecidos, lo cual fue interpretado por la asociación como una omisión frente a hechos ya documentados.
El sitio Gandoca-Manzanillo fue designado en 1995 como parte de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional. Un oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva del SINAC el pasado 14 de enero confirma la vigencia del estatus Ramsar y los límites oficiales del sitio, pero no hay evidencia de que se hayan tomado medidas para su protección activa.
La ADE advirtió que, si no recibe una respuesta clara en los próximos días, acudirá ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Secretaría Ramsar, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.
Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).
En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.
La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.
La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.
Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:
La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.
El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.
Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.
Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.
La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.
Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).
Las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica lanzan un urgente llamado a la movilización y organización ante la acelerada implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) que el Gobierno impulsa en sus territorios ancestrales, desde Colorado hasta Manzanillo.
Estos planes, que promueven grandes desarrollos hoteleros y turísticos, amenazan con transformar irreversiblemente el paisaje cultural y desplazar a las familias locales, poniendo en riesgo los derechos históricos y culturales que este pueblo ha reclamado por generaciones.
“El Gobierno avanza sin consulta adecuada y sin respetar los protocolos establecidos para proteger nuestros derechos territoriales”, alerta Marco Levy Virgo, líder afrodescendiente y firmante del comunicado. Recordó además las luchas previas, como la resistencia comunitaria que logró frenar la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 2019, y la persistente demanda por restitución de tierras en Cocles.
El llamado es claro y contundente: se exige el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que se aprueben nuevos planes que podrían desplazar a estas comunidades.
Para fortalecer esta defensa, se propone organizar asambleas comunitarias en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y otras localidades afectadas, y consolidar el Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente como plataforma nacional e internacional para articular demandas y acciones conjuntas.
“El Caribe Sur no puede convertirse en un nuevo Guanacaste, donde el turismo extractivo ha desplazado a comunidades enteras”, enfatizan, llamando a preservar la riqueza cultural, la conexión ancestral con la tierra y el mar, y la historia de resistencia del pueblo afrodescendiente.
Con esta movilización, la población afrocaribeña busca no solo defender su territorio, sino también asegurar justicia, reconocimiento y un futuro digno para las generaciones presentes y venideras.
Imágenes:
https://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto Imagen de Arturo Silva Lucas
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