UCR respalda pronunciamiento que rechaza reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.
Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.
Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.
Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.
El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.
Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Posición histórica de la Universidad de Costa Rica
Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).
En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.
Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.
Sin consulta a la UCR
Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.
Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.
Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.
Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg
Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
