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Gerardo Fumero Paniagua

Termina su periodo marcado por contrastes, una macroeconomía estable, pero con un país sumergido en la peor crisis de su historia en seguridad, salud y educación, un gobierno confrontado con toda la institucionalidad del Estado y con el más alto nivel de incumplimiento de promesas de campaña de nuestra historia.

Costa Rica alcanzó cifras récord de homicidios vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, aunque para Chaves solo son «ajuste de cuentas entre delincuentes», “que se maten entre ellos”. Priorizó el equilibrio fiscal antes que el bienestar del pueblo, al recortar significativamente la inversión social.

Su liderazgo ha sido catalogado como populista, autoritario, narcisista y mesiánico. Se presenta a sí mismo como el único capaz de «limpiar la casa» y derrotar a las «estructuras de poder», «la prensa canalla» y «los mismos de siempre”. Su conducta representa una degradación de la investidura presidencial y una amenaza directa a la paz social y a la estabilidad democrática que nos ha caracterizado por siglos.

Su estilo ha sido de confrontación abierta con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Contraloría, con la Prensa y con cualquier control de legalidad de sus proyectos -como fue el caso de Ciudad Gobierno y la Ley Jaguar-, lo que generó una fuerte polarización social entre «chavistas» y “opositores”.

En su comunicación rompió con la tradición del «lenguaje diplomático y protocolario”. Su discurso ha sido confrontativo, vulgar y soez. El uso de apodos, la burla hacia opositores y la descalificación de periodistas, han sido constantes. Su estilo ha servido para movilizar a una base electoral profundamente resentida, que se siente olvidada por la «clase política tradicional», pero a costa de una crispación -incluso violencia- social, tóxica, destructiva y creciente.

Por otra parte, sus intervenciones en compras pública, especialmente en Telecomunicaciones del ICE, dejan en entredicho la ética y la transparencia gubernamental. La vinculación entre el ICE, Racsa, Datasys, Cisco y figuras de su campaña, constituyen hitos históricos en la contratación administrativa del Estado.

En primer lugar, se ha denunciado la intervención directa en negociaciones que rompen la independencia técnica de las instituciones autónomas, para favorecer a financistas y colaboradores de su campaña, por ejemplo, a Carlos Valenciano Kamer, exsecretario del Partido Pueblo Soberano, dueño de Datasys y representante de Cisco, con compras millonarias del ICE y Racsa.

Segundo, publicó un Decreto sobre Ciberseguridad, que excluyó a empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest (como China), lo cual eliminó a Huawei, el actual proveedor de la red celular 4G del ICE, eliminando la posibilidad de una actualización tecnológica de esa red para llevarla a 5G, cualquier otra solución será mucho más cara.

En tercer lugar, hubo reuniones en Casa Presidencial y Ministerios, en donde se discutieron detalles técnicos y financieros de licitaciones, en algunos casos se supone que para ordenar a quién y qué tecnologías adjudicar, mediante «contrataciones directas por excepción», con elevados sobreprecios.

En cuarto lugar, ante la opacidad de todos estos procesos, la Sala Constitucional obligó al ICE a revelar bitácoras de reuniones con representantes de la Embajada de EE. UU. y Cisco, que se mantenían en secreto, debilitando el derecho constitucional del acceso a la información.

Estas acciones son insólitas, pues el Estado no puede ser usado para pagar favores de campaña a través de contratos millonarios. Precisamente sus ataques constantes a la Contraloría buscan eliminar la vigilancia que ella ejerce sobre estas adjudicaciones «a dedo» y compromete “fondos públicos” del ICE en compras sumamente caras y de dudosas tecnologías, poniéndolo en grave riesgo. Estas intervenciones no son casos aislados, sino un patrón sistemático de desmantelamiento de los controles de contratación pública para favorecer una red de aliados políticos y económicos, bajo una narrativa de «eficiencia» que la ciencia, la probidad y la transparencia contradicen.

Otro capítulo oscuro es el desempeño de su gobierno en relación con el narco tráfico. Pasará a la historia como el periodo en el que Costa Rica perdió su estatus de «oasis de paz». El país cerró el 2025 con una tasa de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que casi duplica la del país que recibió. La respuesta del Ejecutivo ha sido culpar a las leyes y al Poder Judicial, sin hacer absolutamente nada para enfrentar tal inseguridad.

A pesar de la narrativa oficial de «mano dura», durante su administración el decomiso de cocaína ha sido casi una cuarta parte menor en comparación con el cuatrienio anterior, a pesar de los publicitados escáneres de Moín. Además, sacó la Policía contra las Drogas, PCD, de los puertos y fronteras y desmanteló los controles marítimos, todo lo cual permeó las fronteras, las costas y las exportaciones en contenedores, aumentando las sospechas de protección a ciertos grupos.

Concomitante con estos hechos, el tipo de cambio del dólar pasó en su gobierno de 700 a 460 colones, -retrocedió casi dos décadas- mientras el diario El Universal de México en setiembre del 2023 aseguraba que funcionarios del gobierno costarricense habrían buscado acuerdos con facciones de carteles mexicanos, y al interno del país, también se han denunciado presiones políticas en juntas directivas de bancos estatales y del INS, para recibir dinero de «dudosa procedencia”. Un mercado invadido de dólares -que solo se podrían explicar procedentes del naco tráfico-, justificaría no solo ese tipo de cambio tan bajo, sino la proliferación de personas en vulnerabilidad, dedicadas hoy a la venta y distribución de drogas y al sicariato, en los barrios más marginados del país, mientras el agro, la industria y el turismo sufren su peor crisis en décadas, por el encarecimiento de sus productos y servicios, al perder el país competitividad. Pierde también Costa Rica su base productiva y la soberanía alimentaria y se vuelve cada vez más vulnerable a las importaciones. Un tipo de cambio como el actual reduce la inflación y baja la deuda externa convertida a colones, lo cual ayuda al gobierno a “maquillar la macroeconomía” frente a los organismos internacionales y a aparentar estabilidad económica y una baja inflación, pero sacrifica el sector productivo nacional, enriquece a importadores y agentes financieros, concentra la riqueza, aumenta la inequidad y desacelera la economía interna, todo lo cual solo producirá pobreza. Ese manejo podría estar incubando una enorme burbuja económica que bien podría reventarle en la cara a su sucesora.

En relación con Celso Gamboa, en junio del 2025 el propio Chaves admitió que «todos sabíamos» de sus presuntos vínculos con negocios ilícitos, pero nunca lo mandó a investigar y figuras cercanas a su círculo han mantenido comunicación con el exmagistrado. Finalmente, el fiscal general, Carlo Díaz, ha tenido que defender la independencia del Ministerio Público ante los ataques de Chaves, mientras investiga posibles filtraciones de información desde el Ejecutivo, que podrían estar beneficiando a estructuras criminales.

En resumen, la reducción del decomiso de grandes cargamentos de drogas, el aumento de la violencia sin precedentes, el cambio en los protocolos policiales que debilitan la vigilancia en puertos, costas y fronteras y los ataques al Poder Judicial que investiga al narco, hacen sospechar que hay favorecimiento del narco tráfico.

Pero sus “abusos” no terminan ahí, veamos otros que harán historia.

1. La sombra de los «Oscuros Capitales». Los manejos de dinero para su campaña electoral llevaron a la Fiscalía General en junio de 2025 a acusar a Chaves, al vicepresidente Stephan Brunner y a otros altos funcionarios por presunto financiamiento ilícito a través de estructuras paralelas durante la campaña del 2022. Se uso un fideicomiso privado y cuentas personales para recibir dineros de empresarios y fuentes no reportadas al TSE, quien incluso solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad.
2. Manipulación de la Opinión y «Granjas de Troles». El uso de granjas de troles para manipular la opinión política fue investigado por la Asamblea Legislativa (Caso Piero Calandrelli). Se hizo uso de perfiles falsos para atacar sistemáticamente a periodistas de medios críticos (La Nación, CRHoy y Semanario Universidad) y a diputados de oposición. Sus conferencias de prensa los miércoles funcionaron como un show de agitación y «permanente campaña», no como un ejercicio de rendición de cuentas, saturando las redes sociales con narrativas que a menudo carecen de sustento técnico.
3. La «Posverdad» y los Desmentidos Institucionales. Un patrón recurrente ha sido la emisión de datos que luego son refutados por las mismas instituciones técnicas del Estado: a) Costo de la vida: Mientras el presidente celebra la baja inflación, el INEC y la UCR señalan que los bienes básicos y servicios siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, desmintiendo la sensación de «bonanza» que el Ejecutivo proyecta. b) Inseguridad: El mandatario ha intentado minimizar el récord de homicidios, pero los informes del OIJ han sido contundentes en señalar la falta de recursos y la ineficacia de los planes de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. c) Ruta del Arroz: Prometida como una baja masiva en el precio del grano, finalmente se estrelló contra la realidad, pero terminó favoreciendo a los grandes importadores y contribuyentes de su campaña, subiendo los precios a los consumidores y arruinando a cientos de pequeños productores, lo que ha venido sucediendo con la agricultura en general.
4. Concentración de la Riqueza y Desigualdad. A pesar de los “buenos indicadores macroeconómicos” (PIB, exportaciones), la brecha social se ha profundizado: Hay una «Costa Rica de Zonas Francas» que prospera, frente a una «Costa Rica rural y costera» (especialmente Limón, Puntarenas y Guanacaste, las provincias que más votaron por Chaves), que se hunde en la pobreza y es cooptada por el narco ante la falta de inversión social. La desigualdad en el acceso a la riqueza sigue siendo de las más altas de la OCDE. El gobierno ha favorecido a una «nueva oligarquía» vinculada a sectores de importación y tecnología (caso del arroz y de Cisco), mientras recorta presupuestos en seguridad y educación y no le paga a la CCSS.

La acumulación de conductas como el financiamiento bajo sospechas, la manipulación mediática y el irrespeto a los datos técnicos, erosionan el Estado Social de Derecho para sustituirlo por un modelo de capitalismo de amigos. Todo esto conlleva al debilitamiento de la confianza ciudadana en la verdad: cuando el presidente miente y las instituciones lo desmienten, el ciudadano queda en un limbo informativo que es terreno fértil para el autoritarismo.

Al término de su gobierno tiene múltiples acusaciones y varios casos judicializados, que parecieran confirmar un patrón de clientelismo y uso de la estructura estatal para favorecer a círculos cercanos, por ejemplo:

1. La Pista del Aeropuerto de Liberia. Se adjudicó por $40 millones a la empresa Meco la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber. Se incluyeron requisitos técnicos que solo Meco podía cumplir en ese momento y bajo una declaratoria de «emergencia» por el Huracán Bonnie, justificación completamente insuficiente.
2. Los «Cariñitos» y el Contrato del BCIE. El publicista Christian Bulgarelli obtuvo un contrato de $405 mil financiado por el BCIE, mediante un cartel de licitación que él mismo ayudó a redactar en Casa Presidencial mientras era asesor de Chaves. Hay grabaciones en donde el presidente pedía «chineos, cariñitos y antojos», refiriéndose al uso de esos fondos para favorecer a sus asesores, como Federico Cruz «Choreco».
3. Violación a la normativa ambiental. Las denuncias sobre el proyecto urbanístico Místico, en Playa Hermosa de Garabito, salpicaron a su jefa de fracción Pilar Cisneros. Se ha dicho que el gobierno ha sido «extremadamente ágil» para otorgar viabilidades ambientales y concesiones de agua a este proyecto, en el que Pilar y su hermano tienen intereses comerciales. Mientras el gobierno ataca otros desarrollos por temas ambientales, en Místico se han señalado posibles afectaciones a humedales que han sido «pasadas por alto» por el MINAE. Pero hay muchos otros casos, como el de Gandoca-Manzanillo, de Pacheco Dent, amigo del presidente y el de Portalón de Quepos, de Arce Carranza, uno de sus mayores financistas de campaña. Claros ejemplos de cómo el Estado se puso al servicio de los «amigotes» de la cúpula oficialista.

A lo largo de estos 4 años, el abuso de poder para favorecer a familiares y amigos se ha manifestado también de otras formas: 1) Nombramientos a dedo: Desde juntas directivas de bancos estatales hasta embajadas, los puestos han sido ocupados por financistas de campaña o amigos personales, sustituyendo el criterio técnico por la lealtad política. 2) Uso de las instituciones: como el caso del ICE con Datasys-Equipos de Telecomunicaciones, el MOPT con Meco-Pista de Liberia y el MAG-MEIC-COMEX con la Ruta del Arroz. Todo lo cual consolida un nuevo grupo económico favorecido por Casa Presidencial.

Todos estos y otros cargos hará -muy probablemente- que busque inmunidad a través de algún cargo en el nuevo gobierno.

El discurso de que «los mismos de siempre» se robaban el país contrasta con estas nuevas estructuras. La diferencia es que ahora las irregularidades se cometen con un tono de desafío al orden legal, atacando a los jueces y a la Contraloría, cuando estos intentan frenar los casos de corrupción.

Por otra parte, Chaves ha vetado 10 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, algunas tan importantes como sacar a CR de la lista de paraísos fiscales y permitir allanar propiedades de delincuentes las 24 horas del día, 4 de esas leyes incluso fueron reselladas por los Diputados.

Todos estos hechos y conductas representan la mayor mancha de un gobierno que prometió «comerse la bronca» de la corrupción, pero que terminó asediado por ella en sus círculos más íntimos y que le prometió a la “señora de Purral” sacarla de la pobreza y terminó empobreciéndola aún más, aunque muchos todavía no son conscientes de ello e irónicamente optaron por el continuismo en el 2026. Hacemos votos para que a doña Laura Fernández la ilumine el Cielo y pueda tener el valor y la sabiduría para dar un giro de 180 grados, de lo contrario, muy posiblemente este país tocará fondo en el 2030 o antes.