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Etiqueta: gestión ambiental

Impulsan economía rural en zonas indígenas del Sur

Mediante capacitaciones mejorarían productividad forestal

Por: Johnny Núñez Z. O.C-UNA

Alrededor de 140 pequeños y medianos productores de las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades indígenas de Salitre, Boruca, Osa, Ujarrás y Rancho Quemado en la región Sur del país, fortalecen su productividad forestal y economía rural mediante una serie de capacitaciones impartidas por tres universidades públicas.

La iniciativa, Extensión forestal como estrategia del mejoramiento y fortalecimiento de la gestión ambiental y de la economía rural en la región Brunca de Costa Rica, iniciado a mediados de 2023, pretende implementar una estrategia de extensión para mejorar la productividad del cultivo de la madera, el paisaje y la economía rural en beneficio de pequeños y medianos productores forestales, así como  funcionarios públicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Municipalidad de Osa, entre otros.

Las responsables del proyecto en la Universidad Nacional (UNA) son las académicas de la Sede Regional Brunca de la UNA Sharon Torres, Geizel Araya y Guiselle Mora, junto con un grupo de investigadores del Instituto tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), cuya coordinación general recae en Luis Diego Camacho, investigador del TEC.

En territorio indígena

Guiselle Mora, investigadora y arqueóloga del Campus Pérez Zeledón de la UNA, comentó que el proyecto nace con la idea de establecer mecanismos que motiven a productores locales en la producción de especies maderables nativas como la teca, melina, gallinazo, amarillón, pilón y balsa, tanto para una potencial fuente de materia prima, sino también en procesos productivos con el fin de dar un uso integral a la madera. “Trabajamos en un proyecto de vivienda en la comunidad indígena de Cabagra, donde promovemos el uso de especies forestales nativas, pues la mayor parte de las casas de bono de vivienda se construyen con maderas importadas de Chile como el pino”, explicó Mora.

La académica detalló que en este momento se capacitan las asociaciones de desarrollo de territorios indígenas en temas de innovación tecnológica; como el caso de Boruca donde se ofreció la capacitación en manejo de drones y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Fundamentalmente, estas herramientas son de utilidad para que los pobladores identifiquen las especies arbóreas y posibles puntos de incendios forestales.

Mora comentó que en el caso de Boruca se cuenta con un invernadero, donde se cultivan árboles de balsa para la creación de máscaras, bajo el manejo de la asociación de desarrollo, la cual se encargará de distribuir las especies a los mascareros de la región.

La arqueóloga de la UNA indicó que para este semestre se capacitará a un grupo de habitantes de Rancho Quemado en el marco de una iniciativa del manejo y protección de las dantas y saínos, de ahí la importancia de conocer el bosque por medio del dron y el GPS. A la vez, como complemento se brindará un taller de arqueología sobre las riquezas de la región en esta materia.

A futuro se espera contar con un equipo de asistencia regional forestal para fomentar temas como la interpretación de senderos boscosos en la región de Osa.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Preocupación por presuntas irregularidades en la gestión ambiental en Talamanca

En medio de crecientes preocupaciones sobre la gestión ambiental en el Cantón de Talamanca, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una solicitud formal ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Consejo Nacional Ambiental (CNA). La petición, respaldada por pruebas documentales, plantea inquietudes sobre presuntas irregularidades en la entrega de humedales del litoral de Talamanca a la administración municipal local.

La solicitud, dirigida a la Licda. Natalia Díaz Quintanilla, Ministra y Presidenta del CNA, detalla una serie de hechos que sugieren una violación de los derechos constitucionales de los costarricenses y un posible incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de conservación ambiental.

Entre las preocupaciones planteadas se encuentran:

La entrega ilegal de humedales a la Municipalidad de Talamanca por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), presuntamente en violación de disposiciones constitucionales y normativas internacionales.

La omisión por parte del SINAC de considerar el patrimonio natural del Estado ubicado en la zona marítima terrestre, a pesar de las obligaciones legales que lo respaldan.

La emisión de una gran cantidad de permisos de uso de suelo y de construcción por parte de la Municipalidad de Talamanca, posiblemente contraviniendo disposiciones constitucionales y poniendo en riesgo importantes ecosistemas y sitios de anidación de especies protegidas.

La solicitud de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas para proteger los recursos naturales del país y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Esta acción resalta la importancia de una gestión ambiental responsable y transparente, así como la necesidad de salvaguardar los ecosistemas naturales para las generaciones presentes y futuras.

Imagen ilustrativa.

UNA recibe distinción a la excelencia ambiental

De izquierda a derecha, Susana Méndez, coordinadora del programa UNA-Campus Sostenible, Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA y Magda Protti de la Unidad de Producción y Consumo del Minae.

Por sexto año consecutivo la Universidad Nacional (UNA) recibió el reconocimiento a la “Excelencia Ambiental”, premio otorgado por la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por su destacada gestión ambiental.

Dicha distinción obedece a las acciones ejecutadas por la comisión de gestión ambiental institucional del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), conformada por; UNA-Campus Sostenible (coordinador), Apeuna, Programa de Servicios Generales (Sección de Transportes), Oficina de Comunicación, Prodemi, Programa de Gestión Financiera, Proveeduría Institucional y representación estudiantil (estudiante asistente), así como las comisiones ambientales por edificio, facultad o centro y las comisiones PGAI de los campus regionales (Liberia, Pérez Zeledón, Coto, Sarapiquí y Nicoya).

Para la Universidad Nacional este es un reconocimiento al trabajo que se realiza en materia ambiental, el cual es una motivación a seguir mejorando e implementar acciones ambientales como, por ejemplo; ser carbono neutro, tener comisiones ambientales por facultad, edificio o campus regional, la implementación de campañas de ahorro, la concientización mediante educación ambiental a estudiantes y funcionarios, así como la eficacia en el cambio de nuevas tecnologías eficientes para el ahorro y gestión de los recursos.

Fabián Chavarría, coordinador del PGAI-UNA, resaltó que este esfuerzo tiene como objetivo el uso más racional del agua, papel, energía eléctrica y combustible fósil, así como realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales y emisiones de gases de efecto invernadero, buscando minimizar los impactos ambientales que se generan en el quehacer institucional.

Chavarría agregó que esta distinción se extiende a la población universitaria que se encuentra comprometida con el ambiente, así como las personas que colaboran en estas comisiones ambientales. “Estas acciones han venido a consolidar la gestión ambiental de la UNA en el grado de excelencia y debido a esto es que la UNA en seis años consecutivos ha recibido el galardón a la Excelencia Ambiental”, subrayó la funcionaria.

Un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) es un instrumento de planificación que parte de un diagnóstico ambiental del quehacer institucional que considera todos los aspectos ambientales inherentes a la organización, incluyendo los relacionados con eficiencia energética y cambio climático. A partir de este diagnóstico, se priorizan y establecen medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, ya sea a corto, mediano o largo plazo; todo lo anterior bajo el principio de mejora continua.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UNA y pescadores apuestan por la maricultura para mejorar su calidad de vida

La sobreexplotación del recurso pesquero, la contaminación de nuestros mares y la falta de opciones que generen nuevos ingresos empuja a los pobladores de las zonas costeras al desempleo, una cifra que hoy alcanza el 20 % en estas regiones.

Con el liderazgo de la Universidad Nacional (UNA) y el apoyo de otras instituciones del estado, desde hace 10 años se desarrolla el cultivo de ostras, iniciativa que beneficia a las comunidades del litoral Pacífico.

Este proyecto está a cargo de Sidey Arias Valverde, de la Estación de Biología Marina de la UNA, con el apoyo de Gerardo Zúñiga Calero y un equipo de especialistas multidisciplinario, altamente calificado, quienes han desarrollado el paquete tecnológico de producción de semilla de la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas), validando procesos en la caracterización de sitios basados en la calidad del agua e hidrografía oceanográfica, eventos de floraciones algales tóxicas, así como el comportamiento del crecimiento de la especie en mención.

Paralelo a estos aportes, las agrupaciones han recibido acompañamiento y asesoría desde la UNA en temas como: gestión ambiental, acompañamiento en la solicitud de permisos de concesión, floraciones de algas, taller para la elaboración de sistemas, asesoría en la realización de compras, ejecución de presupuesto y entrega de informe de cumplimiento al IMAS.

Asimismo, la UNA en conjunto con el Parque Marino del Pacífico y algunas instituciones como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otras, trabajan desde hace casi dos décadas con el pargo manchado, un cultivo que se realiza en Paquera y que consiste en una granja marina con jaulas, donde se cultiva el pargo desde un gramo hasta que alcanza su talla comercial de 450 gramos. El objetivo es venderlo al sector turístico y eliminar así a los intermediarios, pues los beneficios son mayores.

También, tomando como base un proyecto piloto, el año anterior arrancó una iniciativa de cultivo de camarón en jaulas, con el mismo objetivo de desarrollar turismo complementario para optimizar los recursos y mejorar los ingresos de las familias. El proyecto de cultivo de camarón es desarrollado por Coopeacuicultores R.L de Isla Venado, quienes estiman producir anualmente unos 9 mil kilogramos de camarón de manera artesanal. Las jaulas están al lado de una plataforma flotante, habilitada para recibir turistas y brindarles alimentación.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Acuerdo de Escazú: breves reflexiones sobre la segunda Conferencia de Estados Partes (COP2)

Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).

El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).

Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).

Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos

Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.

En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.

Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).

El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.

En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).

Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.

La COP 1 y la COP2 en breve

Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).

La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).

En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).

Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).

En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los acuerdos alcanzados en la COP2

Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.

A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.

En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.

Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).

Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.

Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).

Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).

A modo de conclusión

Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).

Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.

Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.


Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponible aquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

¿Qué pasará con el Galardón Ambiental UCR en el 2023?

Mediante el Galardón Ambiental la UCR fomenta la armonía en la relación del ser humano con la naturaleza.

Gestión ambiental

Un año para consolidar las buenas prácticas y fortalecer la cultura ambiental en la institución

El Programa de Galardón Ambiental UCR se encontrará durante el 2023 en un proceso de reestructuración, con el objetivo de alinear sus contenidos a lo establecido por el DE-36499 “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica” (PGAI).

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) dio a conocer los detalles del proceso 2023 a la comunidad universitaria, mediante una sesión virtual que se realizó el miércoles 01 de marzo, titulada “¿Qué pasará con Galardón Ambiental UCR en el 2023?».

Allí informaron que este año no estará vigente la metodología de las ediciones anteriores:  inscripción, cumplimiento de criterios, seguimiento de las unidades por parte de los gestores de la UGA, elaboración de informe, evaluación y premiación. Pero sí se seguirán promoviendo las buenas prácticas ambientales. 

Este programa ha promovido en la comunidad universitaria, durante sus 6 ediciones anteriores, la implementación de buenas prácticas con el fin de fortalecer la cultura ambiental en la Universidad de Costa Rica, y el 2023 no será la excepción.

Buenas prácticas

Este año el proceso será más simple y busca darle sostenibilidad a las buenas prácticas que ya las unidades han integrado en sus espacios de estudio y trabajo. Para ello, la UGA elaboró una herramienta simplificada de verificación de cumplimiento de acciones ambientales que las personas funcionarias y estudiantes podrán aplicar en sus unidades.

Un cambio importante es que no se deberá entregar un informe final, solamente deben incluir el grado de avance en la herramienta y recopilar evidencias. Para ello, se recomienda evidenciar las buenas prácticas de manera correcta mediante fotografías de acciones concretas (no de objetos) y documentos como ordenes de compra.

La UGA aclaró que no evaluará a todas las unidades pero si promoverá la ejecución y el mantenimiento de buenas prácticas ambientales, las cuales se verificarán mediante visitas aleatorias. Estas visitas tienen como fin obtener evidencias del desempeño ambiental en aspectos básicos como gestión de residuos sólidos, consumo de agua y energía eléctrica, entre otros.

Las buenas prácticas ambientales incluyen el uso racional del agua, en todas las actividades que se realizan en la Universidad, desde el lavado de manos o el riego del césped hasta el lavado de la cristalería de los laboratorios.

Cultura ambiental

El Galardón Ambiental busca fortalecer la cultura ambiental en la institución, por lo que también se invita a la comunidad universitaria a seguir participando de las capacitaciones y actividades de sensibilización que organiza la UGA a lo largo del año, que incluyen, capacitaciones facilitadas por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del MINAE.

Especialmente, se les invita a organizarse desde ya para realizar actividades durante la Semana Ambiental que se celebra en el mes de junio. Así como aplicar la innovación y la creatividad para plantear soluciones a los retos ambientales que se presentan en cada lugar de estudio y trabajo.

Durante este año, también se recopilará, a través de una encuesta, las necesidades de contenedores para la separación de residuos con el fin de adquirirlos por medio de la Oficina de Suministros y proporcionar los contenedores adecuados para cada tipo de residuo. Así mismo, continúa el programa de composteras para la gestión de residuos orgánicos.

Ruta hacia los PGAI

Para el 2024 se realizará la sétima edición de Galardón Ambiental UCR, ahora sí, alineada con los contenidos del “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica” (PGAI). Por lo tanto, las buenas prácticas y evidencias que se recopilen en cada unidad sumarán para el cumplimiento de los objetivos del PGAI de su respectiva sede o recinto.

De acuerdo a este reglamento, la Universidad deberá contar con un PGAI por cada espacio físico, por ejemplo, uno para cada sede o recinto, fincas y estaciones experimentales. En el 2022, el Recinto de Grecia de la Sede de Occidente, los Recintos de Turrialba y de Guápiles de la Sede del Atlántico, la Sede del Caribe, la Sede del Pacífico y la Sede del sur lograron desarrollar e implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). 

La inscripción para la sétima edición de Galardón Ambiental UCR se estará comunicando oportunamente, informó la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).

Contacto:

Las gestoras Unidad de Gestión Ambiental continuarán dando acompañamiento y resolviendo dudas a quienes lo requieran mediante el correo electrónico galardonambiental.uga@ucr.ac.cr y llamadas telefónicas al 2511-1519.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

INA: Auxiliar para la implementación de planes de gestión ambiental – programa gratuito

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) le invita a ser parte del programa “Auxiliar para la Implementación de Planes de Gestión Ambiental”.

Este consta de tres módulos:

  • Directrices para la gestión integral de residuos.
  • Principios para la gestión de agua y aire.
  • Lineamientos para la implementación de PGAI.

Inicia el martes 16 de agosto en una modalidad completamente virtual, con una duración de 14 semanas y es totalmente gratuito. Cabe resaltar, que la matrícula está sujeta a disponibilidad de cupos.

Para más información enviar su número de teléfono y nombre completo al siguiente enlace de correo electrónico:

smirandabrenes@ina.cr 

 

Compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

La UCR obtiene excelente calificación en gestión ambiental institucional

En el campus universitario hay recipientes rotulados para la gestión de los residuos sólidos, tanto los reciclables como los ordinarios y los especiales. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Con nota de 101, la institución se ubica en el mejor nivel de implementación de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica (UCR) demostró ser una institución con un excelente desempeño en materia de gestión ambiental institucional, logrando una calificación del 101, en su primer año de evaluación por parte de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La UCR obtuvo esta nota sobresaliente luego de presentar, por primera vez en el 2021, su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 36499-S-MINAET: “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica”.

En esta evaluación la institución demostró importantes avances en la medición y consumo racional del agua y la electricidad, así como en el reto de reducir sus emisiones atmosféricas e implementar la gestión integral de residuos en todos sus espacios y en la aplicación de criterios sustentables para la compra de bienes o contratación de servicios.

DIGECA destaca el establecimiento de los dos diagnósticos específicos: el Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) y el Inventario Energético con sus respectivos alcances y señala que estos diagnósticos son realmente importantes, porque generan conclusiones a nivel institucional que son muy relevantes para la toma de decisiones.

Con apoyo de estudiantes y docentes la institución ha realizado avances en la medición de gasto energético. Un ejemplo es el proyecto“Análisis de consumo eléctrico en edificios de la Universidad de Costa Rica” desarrollado por el estudiante Adrián Salcedo Bolaños con ayuda de su profesor guía el Ing. Oldemar Ramírez.

Metas claras

De acuerdo al informe de DIGECA, un punto clave en el éxito de la implementación del PGAI a nivel institucional ha sido que “la Universidad optó por establecer un eje de sostenibilidad, creando así un desarrollo estratégico en donde opera todo lo concerniente a la gestión ambiental”.

Al respecto, el rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, subrayó que “para gestionar estos esfuerzos institucionales es importante tener un norte, y la delimitación de acciones mediante ejes fundamentales permite llevar a cabo acciones más concretas y trazables, de modo que podamos evaluar adecuadamente el progreso alcanzado con el tiempo”.

El Dr. Gutiérrez agregó que “la gestión de calidad ambiental, la gestión de la energía y la gestión el cambio climático son ejes estratégicos propuestos tras un estudio riguroso por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) para cada Programa de Gestión Ambiental Institucional, de modo que nosotros los adaptamos en acato a las autoridades gubernamentales y en compromiso con el ambiente”.

Cabe resaltar que las acciones no se limitan a estos ejes, puesto que la Universidad también insta a la conservación del recurso hídrico y la gestión de residuos, entre otras acciones dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En todas las actividades universitaria se procura una gestión adecuada de los residuos. Por ejemplo, la Oficina de Correos utiliza tiras plásticas reciclables para cerrar las bolsas de la correspondencia. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Camino a la sostenibilidad

Este proceso es liderado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), pero el cumplimiento de las metas recae en cada unidad, las cuales tienen el encargo de implementar las medidas ambientales en las diversas actividades y espacios universitarios. Por lo tanto, esta calificación refleja un esfuerzo colectivo y articulado.

“Esta calificación, sin duda representa un indicador de que nuestros esfuerzos institucionales están siendo efectivos. No solo desde la iniciativa, sino desde la articulación y la coordinación de esfuerzos entre nuestras diversas unidades. También representa una responsabilidad, por cuanto debemos seguir manteniendo el ejemplo como institución y seguir fomentando las medidas concretas para mejorar nuestra gestión ambiental” destacó el rector Gutiérrez.

De igual forma, la Ing. Kathia Elizondo Orozco, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) agradeció a cada una de las unidades que han demostrado su compromiso con la sostenibilidad, especialmente aquellas que han participado desde el 2015 en las cinco ediciones del Galardón Ambiental.

“Este reconocimiento ha sido clave para fortalecer una cultura ambiental que nos ha permitido instaurar buenas prácticas en el quehacer cotidiano de la Universidad y nos encamina a medir el grado de cumplimiento de la gestión ambiental mediante la categoría de Indicadores básicos de gestión ambiental”, señaló la coordinadora. 

Desde el 2015, el Programa de Galardón Ambiental ha certificado a 178 unidades de diferentes sedes y recintos de la Institución, e impactado internamente a más de 12000 personas de la comunidad universitaria.

También se reconocen los esfuerzos en generar capacitación, sensibilización, divulgación, generación de guías de buenas prácticas en todos los aspectos ambientales, directrices desde la alta jerarquía y la normalización del sistema de gestión ambiental a través de varios procedimientos con ámbito de aplicación total en la institución.

De acuerdo al informe de DIGECA, aún queda camino por recorrer en temas como el registro de datos de consumo de combustibles de fuentes fijas, la interpretación de los indicadores agua, electricidad y residuos obtenidos mes a mes, con el fin de compararlos con el año base y determinar si se están alcanzando las metas planteadas.

PGAI en Sedes y Recintos

Para lograr la implementación total del PGAI en la Universidad de Costa Rica, la Unidad de Gestión Ambiental, en conjunto con la Rectoría y la Vicerrectoría de Administración, desarrollaron una estrategia para abarcar todos los espacios que conforman la Institución, en un plazo de 5 años a partir del 2020.

Dicha estrategia pretende integrar a las Sedes y Recintos en un ciclo continuo de planificación, acción, revisión y mejora de la gestión ambiental. Para ello, en este 2022 cada una deberá elaborar y presentar su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) que incluya a la totalidad de sus instancias y recintos, así como cualquier otro espacio físico dentro de su alcance.

“La esperanza para los próximos años es el firme establecimiento de una cultura ambiental que trascienda a cada unidad de la Universidad de Costa Rica” acotó el rector Gutiérrez. Además, detalló que se espera una reducción significativa de la huella ecológica y el fomento de la sostenibilidad en la gestión de recursos a nivel institucional.

También se espera una mayor vinculación externa con otros entes de educación superior, instituciones del sector educación y agencias gubernamentales y extranjeras, con la finalidad de proponer y ejecutar acciones comunes en materia ambiental.

Como parte de este proceso, además se realiza el “Primer Encuentro de Experiencias en Gestión Ambiental: Hacia una Universidad Sostenible”, en modalidad virtual del 22 al 25 de febrero del 2022, un espacio donde se reflexionará sobre los avances, logros y retos para alcanzar la sostenibilidad ambiental.

Ranking Mundial de Universidades Sostenibles

En el 2021 la Universidad de Costa Rica participó, también por primera vez, en el “UI GreenMetric World University Rankings”, el primer ranking de universidades en el mundo que mide el compromiso de cada universidad en el desarrollo de una universidad »»amigable con el medio ambiente»».
Este ranking es una iniciativa de Universitas Indonesia en la que participan 912 universidades de 84 países. El él se analizan 6 indicadores de cada institución participante (entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación). La UCR se ubicó en el puesto #586 en el ranking general de universidades.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Programa Voces y Política: “¿Minería metálica dentro del modelo de gestión ambiental en Costa Rica?”

El próximo 25 de noviembre a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) contará con la participación de la Ministra de Ambiente, Andrea Meza Murillo, y el director de la Escuela de Geografía de la UCR, Pascal O. Girot, para discutir sobre los proyectos de Ley para reactivar la minería metálica y su compatibilidad con el modelo de gestión ambiental de Costa Rica.

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM.

El ambientalismo del gobierno profundiza las crisis

COECOCeiba – Amigos de la Tierra CR

Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.

Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.

Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.

El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.

El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)

La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?

Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).

Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.

Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.

[1]El País, 15 de julio del 2020: http://www.elpais.cr/2020/07/15/costa-rica-propone-incluir-a-la-naturaleza-como-eje-de-decisiones-economicas-frente-a-la-pandemia/

[2]En el segundo artículo de esta serie, analizaremos las soluciones basadas en la naturaleza.

[3]https://www.weforum.org/communities/champions-for-nature

[4]En el segundo artículo de esta serie, nos referiremos a las mismas.