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Etiqueta: Gilberto Lopes

La OTAN y el “problema ruso”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes, en Costa Rica

Feb 2024

El “problema ruso» representa un reto enorme para la Unión Europea, dijo el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Hablando al concluir la Conferencia de Seguridad celebrada en Múnich, Borrell advertía contra el peligro de un largo período de tensiones. Temía que Rusia se viera tentada a aumentar sus “provocaciones políticas y militares contra los países de la OTAN”.

La formulación de Borrell nos pone frente a un problema no fácil de definir: el “problema ruso”. Hay muchos intentos de hacerlo, tanto en las intervenciones de los líderes mundiales, reunidos en Múnich entre el 16 y el 18 de febrero pasado, como en los análisis de periodistas y expertos.

David E. Sanger y Steven Erlanger, del NYT, nos dan algunas pistas en un artículo de opinión sobre los resultados de la conferencia, publicado el mismo 18 de febrero. En su opinión, nada de lo que los líderes occidentales hagan –ni las sanciones, ni las condenas, ni los esfuerzos militares– cambiarán las intenciones de Putin de desarticular el actual orden mundial. Para ellos, ese sería el “problema ruso”.

El paso dado por Putin, su irrupción más decisiva en el contexto político internacional, ha sido la invasión de Ucrania. El presidente ruso ha explicado muchas veces sus razones. Lo hizo en 2007, en la misma reunión de Múnich a la que, este año, no fue invitado. Lo preocupaba la expansión de la OTAN hacia sus fronteras.

Minando la confianza

“Hoy estamos viendo un incontrolable abuso de la fuerza militar en las relaciones internacionales; un Estado, principalmente Estados Unidos, ha traspasado sus fronteras nacionales de todos los modos posibles. Esto es extremadamente peligroso, nadie se siente seguro”, dijo Putin en Múnich, en 2007.

Además de la amenaza militar, generaba especial inquietud el hecho de que eso se hiciera sin respetar las promesas hechas a Rusia cuando se derrumbó el mundo socialista del este europeo y se unificó Alemania y la OTAN se expandió hacia el este, acercándose a la frontera de Rusia. Se creó una relación de desconfianza corrosiva en las relaciones internacionales, a la que se refería Putin en Múnich.

La rebelión de Maidán, a fines de 2013 y principios del 2014, apoyada por Washington, creó la condiciones para extender ese movimiento hacia Ucrania, donde las especiales relaciones históricas, políticas y culturales con Rusia plantearon nuevos desafíos.

Con los países bálticos incorporados a la organización, la frontera de la OTAN estaba ya a unos 600 km de Moscú. Rusia logró impedir que un nuevo “Maidán” pusiera en Minsk otro gobierno alineado con Occidente, impidiendo que la OTAN se instalara en toda su frontera europea.

Con la eventual incorporación de Ucrania en la OTAN, una nueva “Cortina de Hierro” aislaría Rusia de Europa, con una frontera desde el Báltico hasta el mar Negro, solo interrumpida por Bielorrusia. La intervención militar rusa en Ucrania tiene entre sus principales objetivos –definidos por el presidente ruso– evitar esa situación.

Desde el Maidán, las tensiones entre Kiev y los habitantes de los territorios ucranianos fronterizos ­–las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las provincias de Jersón y Zaporozhie– se fueron transformando en enfrentamientos armados cada vez más frecuentes. Los intentos por resolver el conflicto entre separatistas prorrusos y el gobierno ucraniano con los Acuerdos de Minsk I y II, en 2014 y 2015, fracasaron.

No solo fracasaron, sino que dieron pie, años después, a una revelación poco usual en el escenario político internacional. El entonces presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, teóricamente garantes del acuerdo, reconocieron que esas negociaciones no tenían más objetivo que darle tiempo a Ucrania para fortalecer sus fuerzas armadas.

“El acuerdo de Minsk fue un intento de ganar tiempo para Ucrania”, dijo Merkel en una entrevista con el semanario alemán Die Zeit. Merkel había dicho al Die Zeit que el problema no se iba a resolver, pero que la negociación le iba a dar a Ucrania un “tiempo precioso”.

En diciembre de 2022, el periódico Kyiv Independent le preguntó a Hollande si él también creía que las negociaciones de Minsk tenían como objetivo retrasar los “avances rusos” en Ucrania. –Sí, dijo. Angela Merkel tenía razón en este punto. Los acuerdos de Minsk detuvieron la ofensiva rusa por un tiempo.

Putin, por su parte, se dijo sorprendido por la declaración de Merkel: –Me tomó completamente por sorpresa. Es decepcionante. Honestamente, no esperaba algo así de la excanciller, afirmó.

Sumada a la desconfianza creada por el no cumplimiento de la promesa de no acercar la OTAN a la frontera rusa, el reconocimiento de que no se negociaba seriamente un acuerdo en Minsk generó un clima enrarecido –decepcionante, en palabras de Putin–, sin espacios para nuevos diálogos en este escenario internacional.

De Lisboa a Vladivostok

En 2010, en visita a Berlín, Putin había sugerido integrar Europa con Asia, desde Lisboa hasta Vladivostoky y había consultado la posibilidad de incorporarse a la OTAN.

¿Por qué nada de eso se hizo realidad? ¿Cuáles eran los intereses que impedían a Europa transformarse en un enorme bloque político, consolidado geográficamente, con enormes reservas energéticas, que podían ser el resultado de un acuerdo con Rusia? ¿El problema ruso?

En la respuesta a esta pregunta reside el secreto de la actual situación en Europa. Que no es sencilla lo demuestra, por ejemplo, la opinión de la escritora Monika Zgustova, de origen checo, colaboradora asidua del madrileño diario El País, para quien “politólogos y kremlinólogos interpretaron sus palabras como un deseo de que algún día el imperio ruso se extienda de Vladivostok hasta Lisboa”.

Pesó más la tentación de asaltar Moscú, la fantasía peligrosa de dividir Rusia en múltiples Estados, de desarticular el país más vasto de la Tierra, en abrir una caja de Pandora que –esa sí– habría puesto el mundo en una ruta inestable, imposible de predecir.

Esa integración entre Rusia y Europa era probablemente a lo que apostaba el excanciller alemán Gerhard Schröder (98-2005), cuando asumió la presidencia de la Junta de Accionistas de la empresa Nord Stream AG, encargada de la construcción y operación de los gasoductos que asegurarían el abastecimiento de energía rusa a la industria alemana, a precios competitivos.

Hoy los líderes alemanes –el canciller Scholz; la ex “peacenik” Annalena Baerbock, encargada de la política exterior alemana; o la también alemana Ursula von der Leyen, presidente la Comisión Europea– no quieren siquiera salir en la foto con Schröder, a quién evitan cuidadosamente, si en algún evento oficial está presente.

Que Estados Unidos no iba a permitir que el Nord Stream funcionara me pareció siempre una evidencia. Pero las consecuencias de eso para Europa también lo eran, sobre todo para la economía alemana, que ha entrado en recesión. Las previsiones son de que tendrá un crecimiento negativo, de 0,5%, por segundo año consecutivo. Se peor escenario en los últimos 20 años.

Derrotar a Rusia

“La Unión Europea debe dar todas sus armas pesadas a Kiev. Este problema debe resolverse ahora. Nosotros tenemos gran experiencia, y entendemos que Europa no necesita esas armas: tanques, vehículos de infantería y otros armamentos, que no sirven para una próxima guerra. Deberían donarlas todas a nosotros, como lo ha hecho Dinamarca”. “Nosotros estamos preparados para hacer efectiva la tarea de destruir la Federación Rusa, dijo el consejero de Seguridad Nacional de Ucrania, Aleksey Danilov.

¿Destruir la Federación Rusa? Es difícil imaginar que Ucrania pueda hacer eso. Al iniciarse el tercer año del conflicto la iniciativa militar está en manos rusas. Pero, como veremos, analistas ucranianos y occidentales no abandonan la expectativa de una victoria militar.

Para el ex Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, es incorrecto hablar de un “empate” en la guerra. En un artículo escrito para Foreign Policy asegura que los medios para el triunfo de Ucrania permanecen firmemente en manos de Occidente. Cita la situación en el Mar Negro, donde afirma que las fuerzas ucranianas han tenido éxito en sus ataques a la flota rusa. “Si los ucranianos reciben las armas que necesitan, han mostrado que las saben usar muy bien. Por eso estimo que debemos levantar todas las restricciones que nos hemos autoimpuesto para el suministro de armas”, dijo Rasmussen.

En los esfuerzos por derrotar a Rusia se están moviendo dos escenarios. En el militar, la propuesta es entregar a Ucrania más y más potente armamento, capaz de golpear muy adentro en el territorio ruso. En el económico, multiplicar el universo de sanciones pero, sobre todo, resolver las dificultades legales para entregar a Ucrania unos 300 mil millones de dólares de depósitos rusos, congelados principalmente en Bruselas y Estados Unidos.

Sobre lo primero, el canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que se trata de “dar a Ucrania más armas de largo alcance para que lleguen al corazón de Rusia y así sembrar la confusión y el pánico y minar la confianza de la población”.

Lawrence D. Freedman, profesor emérito de estudios de la guerra en el King’s College London, argumenta en el mismo sentido, en artículo publicado también en Foreign Policy el pasado 23 de febrero. Para derrotar a Rusia, Ucrania necesita armas de largo alcance, afirmó.

¿Por qué Occidente debe seguir armando Ucrania?

Freedman reconoce que Ucrania enfrenta dificultades en el terreno de batalla. Pero, en su opinión, ninguna compensa el peligro evidente de un triunfo ruso para Europa, lo que la obligaba a hacer permanente el apoyo a Kiev.

Rasmussen se preguntaba ¿por qué Occidente debe seguir armando Ucrania? Su respuesta era porque Ucrania estaba “peleando en representación nuestra”. “Están sufriendo no solo para proteger a su país, sino a todo el continente europeo contra una Rusia agresiva”.

Desde la perspectiva norteamericana –agregaba– la ayuda a Ucrania representaba apenas 3% o 4% de su presupuesto de defensa (lo que no es poco, pues el presupuesto de defensa de los Estados Unidos es mayor que el de los otros diez países que lo siguen, en conjunto). Para Rasmussen, por esa “pequeña cantidad de dinero los Estados Unidos han logrado una degradación significativa de la fuerza militar rusa”.

Derrotar a Rusia

Digamos que eso es así. Pero todavía deberíamos responder por qué es tan importante “destruir la Federación Rusa” ….

Putin busca una explicación en el mundo surgido después de la derrota en la Guerra Fría. Está en su discurso del 24 de febrero de 2022, en el que explicaba sus razones para ir a la guerra. Hemos visto un estado de euforia creado por un sentimiento de absoluta superioridad, una forma de moderno absolutismo. Después de la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados occidentales trataron de darnos el golpe final, de destruirnos por completo, afirmó.

Putin recordó que en diciembre de 2021, semanas antes del ataque a Ucrania, hicieron una nueva propuesta a Estados Unidos y a sus aliados sobre seguridad europea y la no expansión de la OTAN hacia el este.

“Cualquier expansión de la infraestructura de la OTAN o de implantarse en territorio ucraniano es inaceptable para nosotros”, agregó, señalando que para Estados Unidos y sus aliados se trata de un avance en su política para contener a Rusia. “Para nosotros es una cuestión de vida o muerte, de nuestro futuro como nación”.

Me parece que, en esa discusión, no siempre se pone la debida atención al hecho de que el conflicto está en la frontera rusa. No son los rusos los que han avanzado hacia Occidente o instalado sus armas en las fronteras occidentales. Ese aspecto geográfico es un factor de enorme peso para cualquier consideración sobre esta guerra.

También siento falta de otro argumento: en este caso, sobre la anexión de Crimea a Rusia. Se trata de los antecedentes gracias a los cuales Inglaterra reivindica su soberanía sobre las islas Malvinas. Es un argumento basado en la voluntad de sus habitantes, instalados allí luego de una ocupación militar. Poca (o ninguna) diferencia hay con el caso de Crimea.

La expansión rusa

Tucker Carlson, luego de su entrevista con Putin, hizo diversos comentarios sobre lo conversado. Aseguró que “solo un idiota puede creer que Rusia planea su expansión”.

¿A qué territorio puede aspirar Rusia? Uno debería preguntarse cuál sería el objetivo de un tal avance sobre países de la OTAN. ¿Qué sentido tendría para Rusia? ¿Qué ganaría con ello?

Putin ha reiterado que ese no es su objetivo, que no tiene ningún interés en conquistar Ucrania, ni atacar Polonia o Letonia, lo que lo pondría en guerra directamente con los países de la OTAN, incluido Estados Unidos. O sea, una guerra nuclear. Pero, en Occidente, se usa este argumento para justificar ante sus ciudadanos la demanda de nuevos recursos para apoyar a Ucrania.

Alexander Wardy y Paul McLeary, periodistas de Político, afirman que, para Occidente, solo hay un “Plan A” en esta guerra: derrotar militarmente a Rusia.

En su artículo, citan al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitró Kuleba, diciendo a los europeos que cuando oyen que las fuerzas ucranianas se retiraron de Avdiivka, deben pensar en que los rusos están ahora un poco más cerca de sus casas. Hay que ver un mapa para dimensionar la afirmación de Kuleba.

Desde el punto de vista de Putin, sin embargo, el argumento le puede servir para explicar por qué decidieron reaccionar ante los avances de la OTAN hacia sus fronteras.

El “Plan A”

La idea del “Plan A” es la misma que defiende el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. “Una derrota de Ucrania no puede ser una opción. Todos entendemos muy bien cuáles serán las consecuencias devastadoras para Europa y los valores que representamos y para el mundo. Por eso es crucial actuar”, dice Michel, un político belga conservador como todos los que controlan las instituciones europeas. Las declaraciones las dio a la corresponsal de El País, en Bruselas, María Sahuquillo, un periódico que, como la casi totalidad de los grandes medios europeos, han transformado el periodismo en un arma de guerra. El escenario se mira desde un solo punto de vista, lo que no contribuye, ni a una opinión informada, ni a una búsqueda realista de solución al “problema ruso”. Por eso se pusieron tan enojados con la entrevista de Carlson a Putin, al que llamaron de “traidor”.

Hay poca reflexión, casi ningún intento de pensar en cómo llegaron a esta crisis, ni si –quizás– existen otros planes, “B” o “C”, para encontrar una salida.

Al final, por lo menos en la visión de los líderes occidentales, el “problema ruso” se resume en “las consecuencias devastadoras para Europa y los valores que representan y para el mundo”, que el triunfo de Moscú podría amenazar. En todo caso, sobre el control de partes del territorio de Ucrania por Rusia –como dijo Putin a Carlson–, hay formas de resolverlo dignamente. “Hay opciones, si hay voluntad”.

El problema ruso

Al final, el “problema ruso” es el que planteó la Subsecretaria de Estado Victoria Nuland, en un comentario para CNN: «Francamente, esa no es la Rusia que queríamos. Queríamos un socio que se iba a occidentalizar, que iba a ser europeo. La Rusia de hoy no encaja en la imagen que Estados Unidos quería ver”.

Nuland tuvo un papel clave en las protestas de Maidán, en la “revolución naranja” que puso en el poder a los aliados de Occidente en 2014. Pero no resulta ocioso volver (nuevamente) la mirada a las advertencias del notable diplomático norteamericano, George Kennan, y a su artículo, publicado el 5 de febrero de 1997, en el New York Yimes.

Kennan se refería a la propuesta de incorporación a la OTAN de tres antiguos países del bloque soviético: Polonia, Hungría y República Checa, que se materializarían dos años después.

Su artículo (que ya hemos citado otras veces), se titulaba “Un error fatal”. Claramente hablando –decía Kennan en 1997– “la expansión de la OTAN puede ser el mayor error de la política norteamericana en todo el período posterior a la Guerra Fría”.

Una tal decisión –agregaba– probablemente despertará tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en Rusia, tendrá un efecto adverso en el desarrollo de la democracia en Rusia, restablecerá la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones entre el Este y el Oeste y “empujará la política exterior rusa en direcciones que decididamente no serán de nuestro agrado”.

Nada de eso se puede entender sin una mirada un poco más amplia a la situación del mundo. Serhii Plokhy, director del Instituto de Investigación Ucraniana de Harvard, y Mary Elise Sarotte, profesora distinguida de Estudios Históricos en la Universidad Johns Hopkins, en un artículo sobre la ubicación de Ucrania en el escenario de la post Guerra Fría (“The shoals of Ukraine”, Foreign Affairs, nov 2019), se refieren al papel de una Rusia que, desde su punto de vista, se resiste a reconocer su lugar, luego de la desaparición de la Unión Soviética.

Se refieren a la desaparición de una gran potencia: “La Unión Soviética puede haber dejado de existir en el papel, en diciembre de 1991, pero su influencia no. Los imperios no desaparecen simplemente. Mueren lenta y desordenadamente, negando su decadencia cuando pueden, cediendo sus dominios cuando no tienen alternativa y lanzando acciones desesperadas cada vez que ven una oportunidad”.

Me parece una descripción perfecta del comportamiento de los Estados Unidos actuales, aunque esa no es, naturalmente, la intención de los autores.

Andrés Ortega, investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de las Ideas, publicó en abril del año pasado un artículo sobre la “Arrogancia occidental y vasallaje europeo”, en “Agenda Pública”, de El País.

Nos recuerda que ya desde mediados de la década pasada la economía occidental es más pequeña que el resto del mundo, que “el mundo ha cambiado, pero Occidente parece no enterarse”. “No solo quiere defender sus intereses, valores y modos de vida, lo que es normal y legítimo, sino dar lecciones a los demás”.

Dados los intereses involucrados, los recursos invertidos, las naciones participantes, el conflicto en Ucrania no puede ser visto más que como la nueva forma de una guerra mundial. Después de la I, la II y la Guerra Fría, sería la IV. A quienes tratábamos de imaginarnos como sería, ahora la tenemos ante nuestros ojos. Es la que puede ser, antes de la última, la nuclear. Mientras tanto, Alemania decide si le entrega a Kiev armas de largo alcance, capaces de bombardear Moscú.

FIN

OTAN: ¿Una confrontación de décadas con Rusia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

13 febrero 2024

Con el dedo en el gatillo

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe prepararse para una confrontación de décadas con Rusia, dijo su secretario general, Jens Stoltenberg, en una entrevista concedida a la cadena alemana Welt en febrero.

Una afirmación así queda resonando en la cabeza: ¿Una confrontación de décadas con Rusia? ¿Es posible imaginar algo así? ¿Es para eso que nos tenemos que preparar?

Es lo que piensa el jefe del Estado Mayor del ejército alemán, general Carsten Breuer. Como Stoltenberg, tiene el cuidado de afirmar que la confrontación no es “inevitable”, pero la estima posible en los próximos cinco años. Y especula con los tiempos necesarios para la preparación adecuada del ejército alemán para esa guerra.

¿En qué guerra estará pensando el general? ¿Otra vez? ¿No hemos aprendido nada de las dos anteriores a las que su ejército llevó el mundo?

Alemania no es una potencia nuclear. Pero es miembro de la OTAN. Tiene detrás a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, potencias nucleares. ¿No tiene el mundo nada que decir sobre las especulaciones de Stoltenberg y del general alemán?

La última guerra “mundial” empezó antes de que existiera la bomba atómica. Pero terminó con la explosión de una, de potencia muy modesta comparadas con las actuales.

Stoltenberg llamó a reconstruir las reservas militares de los miembros de la OTAN y ampliar rápidamente su base industrial, para aumentar los suministros a Ucrania y reponer sus propias reservas. A adaptar la industria a los tiempos de guerra.

Como si los países miembros de la OTAN estuvieran en condiciones económicas de hacer un esfuerzo de esta naturaleza, cuando los agricultores protestan en las calles, la economía alemana se ralentiza y el país se enfrenta a un proceso de desindustrialización, consecuencia, entre otras cosas, de los atentados contra los gasoductos Nord Stream y del corte del suministro energético ruso.

El alemán y el noruego no son, naturalmente, los únicos a alinearse con esta perspectiva. En diciembre, Martin Herem, jefe de las Fuerzas de Defensa de Estonia, afirmaba, en declaraciones a un canal local, que Rusia estaría lista para atacar la OTAN dentro de un año, al terminar el conflicto en Ucrania. Los jefes militares de los demás países bálticos, de Finlandia, de Suecia y otros, se aventuran a hacer las mismas predicciones y llaman a prepararse para la guerra contra Rusia.

La misma idea que sugiere Ed Arnold, investigador del Royal United Services Institute (RUSI), una institución inglesa dedicada al estudio de temas de seguridad y defensa, para quien los países de la OTAN “deben estar listos para la guerra” contra Rusia. Arnold recuerda que el documento sobre “Concepto Estratégico”, adoptado por la OTAN en 2022, considera Rusia ya no un socio sino una amenaza.

Parece evidente que en estas circunstancias lo único sensato es sacar el dedo de esa gente del gatillo y crear las condiciones para que sus sueños no se cumplan. Serían la última pesadilla para la humanidad.

Putin se acerca a Europa

No hace muchos años, la perspectiva de una mayor integración europea parecía tomar vuelo. A fines de noviembre del 2010 Putin, entonces primer ministro de Rusia, visitaba Alemania y anunciaba el acuerdo con la OTAN para la construcción de un escudo antimisiles en suelo europeo. La Unión Europea, después de una cumbre con Rusia, saludaba la perspectiva de que, finalmente, se incorporarían a la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que ocurrió en agosto del 2012.

Pero quizás aún más importante fue la propuesta de Putin, hecha en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, de integrar una comunidad económica que se extendiera desde Lisboa a Vladivostock.

“Apoyamos la idea de crear una zona de libre comercio entre Rusia y la UE” respondió la entonces canciller alemana, Angela Merkel. Hace tiempo –agregó– “Rusia ha dejado de ser un enemigo para ser un socio de Alemania y de la UE”.

Las advertencia de Putin

La propuesta no puede ser debidamente valorada sin una mirada al escenario internacional que Putin, tres años antes, había expuesto en la Conferencia de Múnich sobre Políticas de Seguridad. La misma conferencia que se realizará de nuevo este mes de febrero, ahora sin la participación de Rusia.

Terminaría Putin su segundo período como presidente de la República en 2008. Empezó su exposición afirmando que el formato de la conferencia le permitía decir lo que realmente pensaba sobre los problemas de seguridad internacional.

Hacía dos décadas había terminado la Guerra Fría, con el triunfo de Occidente y la disolución de la Unión Soviética. Pero el mundo unipolar surgido entonces no funcionaba.

¿Qué es un mundo unipolar?, se preguntó Putin. “Es un mundo donde hay un señor, un soberano”, se respondió. “Es un mundo pernicioso para todos, no solo inaceptable sino imposible en el mundo de hoy”. “Es algo que no tiene nada en común con la democracia”.

Hay que leer esos discursos, si queremos seguir el rastro de los conflictos de hoy.

“Lo que está ocurriendo en el mundo es el intento de introducir estos conceptos en los asuntos internacionales”, dijo. “Constantemente están tratando de enseñarnos sobre democracia. Pero, por alguna razón, aquellos que nos enseñan no quieren aprender ellos mismos”. Estamos viendo un hiper abuso de la fuerza militar en las relaciones internacionales, que está empujando el mundo al abismo de conflictos permanentes. “Una nación –y naturalmente estamos hablando principalmente de Estados Unidos­– actúa más allá de sus fronteras y trata de imponer a otras naciones sus intereses políticos, económicos, culturales y educacionales”.

¡Nadie se siente seguro, esto es extremadamente peligroso!, advirtió. “Hemos llegado a un momento decisivo en el que debemos pensar seriamente en la arquitectura de la seguridad global”.

Ya entonces se refirió a la expansión de la OTAN hacia el este. Esa expansión no tiene nada que ver con la modernización de la alianza, ni con el establecimiento de mayores normas de seguridad en Europa. Por el contrario, “representa una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua”. Tenemos el derecho a preguntarnos: ¿contra quién va dirigida esa expansión?

Y citó declaraciones del entonces Secretario General de la OTAN, el general Manfred Wörner quien, en Bruselas, el 17 de mayo de 1990, había asegurado que “no ubicar armas de la OTAN fuera del territorio alemán le daba a la Unión Soviética una firme garantía de seguridad”.

¿Dónde están esas garantías?, se preguntó Putin en Múnich.

El año siguiente, en abril del 2008, en su reunión de Bucarest, la OTAN se felicitaba de las aspiraciones de Ucrania y Georgia de incorporarse a la organización. Y le reiteraban a Rusia que su politica de ampliación (de “puertas abiertas”, decían) “lejos de representar una amenaza para nuestra relación, ofrece oportunidades para profundizar los niveles de cooperación y estabilidad”. Una afirmación que, naturalmente, Moscú no compartía.

La intervención de Putin en Múnich fue extensa, imposible de resumir aquí. Quien quiera conocer sus puntos de vista debe acudir al texto, disponible en inglés en la página del Kremlin.

Pero sus preocupaciones ya estaban claramente expresadas, tres años antes de la visita del 2010 a Alemania y de la cumbre con la Unión Europea (a la que ya nos referimos) y 15 años antes de la intervención militar en Ucrania.

Para sectores conservadores (y aquí me limito a hacer referencia a dos artículos publicados en el diario español El País) “Putin se presentó con su habitual cinismo y estilo directo”, como publicó su corresponsal Andrés Ortega desde Múnich, el día siguiente. Desde su punto de vista, “lo que excitó los ánimos en Múnich fueron las críticas tan directas de Putin a Estados Unidos”.

Más recientemente, solo dos meses después de la invasión rusa de Ucrania, una escritora de origen checo, Monika Zgustova, se refería, también en El País, al discurso de Putin en Múnich, 15 años antes, afirmando que pretendía “recuperar el territorio perdido tras el final de la Guerra Fría” y vender a los europeos un “sueño”: “desde Vladivostok hasta Lisboa, Rusia debería compartir con Europa algo más que la seguridad”.

¿Nuevas reglas o un juego sin reglas?

En octubre del 2014 Putin hizo otro largo discurso en el Club de Valdai, en pleno desarrollo de la crisis provocada por las protestas de Maidán en Ucrania, apoyadas por Occidente, con las que se destituyó al presidente Viktor Yanokóvich e instaló un régimen afín en Kiev.

Las protestas, que se habían iniciado en noviembre del 2013, terminaron en febrero del año siguiente. El 18 de marzo Putin declara Crimea parte fundamental de Rusia, luego de un referendo en que una mayoría abrumadora en esa región se manifestó a favor de la medida.

En Valdai, Putin volvió a referirse al estado político del mundo. El tema de la reunión era “Nuevas reglas o un juego sin reglas”.

Victorioso en la Guerra Fría, Estados Unidos, “en vez de establecer un nuevo balance de poder, esencial para mantener el orden y la estabilidad, adoptó medidas que provocaron un desbalance agudo y profundo”, dijo Putin.

Este período de dominación unipolar mostró claramente que tener un solo centro de poder no hace más manejable el proceso global. Por el contrario, este tipo de construcción inestable se mostró incapaz de hacer frente a las “verdaderas amenazas”. Ucrania –agregó– “es un ejemplo de este tipo de conflictos, que afecta el balance internacional de poder, y estoy seguro de que no será el último”.

Les dijimos a Europa y a los Estados Unidos que medidas como la asociación de Ucrania a la Unión Europea representaba una serie de amenazas para nuestra economía, que era el mayor socio comercial del país. Insistimos en que era necesaria una discusión de estos temas. Nadie quiso oírnos, nadie quiso hablar con nosotros. Simplemente nos dijeron: estos no es asunto suyo. Punto, ¡fin de la discusión!

Ya entonces reiteró que los argumentos de que Rusia estaba tratando de crear una nueva clase de imperio, de someter a sus vecinos, no tenían fundamento. “Quiero enfatizar eso”, agregó Putin.

Tucker Carlson, el periodista que lo entrevistó en febrero, en Moscú, reiteró este punto de vista. Hablando en la Cumbre Mundial de Gobierno, en Dubái, el 12 de febrero, afirmó que la postura de Putin se ha endureciendo porque «Rusia fue desairada por Occidente». El líder ruso propuso al presidente estadounidense Bill Clinton que Rusia se adhiriera a la OTAN e intentó hacer un trato sobre misiles. “Fue la Alianza Atlántica la que rechazó a Moscú”, recalcó Carlson.

No hay tampoco “pruebas de que Putin tenga interés en ampliar sus fronteras», dijo. Rusia es el país más grande del mundo, no necesita recursos naturales. «No hay nada en Polonia que él quiera. No ganará nada tomando Polonia, salvo más problemas», agregó Carlson.

Al contrario, Putin ha insistido en su interés en negociar una salida a la crisis en Ucrania, propuesta rechazada tanto por la OTAN como por la propia Ucrania. Los informes militares de fuentes profesionales insisten en que los movimientos de las tropas rusas en Ucrania no son compatibles con el objetivo de conquistar militarmente todo el territorio del país.

Naturalmente, es una visión distinta a la de quienes insisten en que se trata de recrear un imperio y que un triunfo en Ucrania sería solo un primer paso en ese sentido. En su entrevista a Carlson, Putin insistió en que los Estados de la OTAN, al hablar de un posible conflicto nuclear, están «intentando asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria».

El error más fatal

Echar una mirada hacia atrás ayuda a entender la crisis en Ucrania. No se trata de la visión rusa, que hemos venido analizando, sino de la de uno de los diplomáticos más destacados de los Estados Unidos, George F. Kennan (1904-2005), notable promotor de una política de contención de la Unión Soviética, en el inicio de la Guerra Fría.

Kennan, que vivió muchos años como diplomático en Moscú y fue embajador en Rusia durante un corto período, en 1952, en el gobierno de Truman, siguió acompañando la política internacional.

El 5 de febrero de 1997, cuando la OTAN negociaba su ampliación con tres países del antiguo Pacto de Varsovia –Chequia, Hungría y Polonia– Kennan publicó, en el New York Times, un artículo con el título de “Un error fatídico”.

“Algo de la mayor importancia está en juego aquí”, dijo. “Y quizás no sea demasiado tarde para exponer un punto de vista que –creo– no es solo mío, sino que es compartido por otros con una amplia y, en muchos casos, más recientes experiencias en los asuntos rusos. El punto de vista, expresado claramente, es que la expansión de la OTAN puede ser el más fatal error de la política norteamericana en toda la época de la post Guerra Fría”.

“Esa decisión puede exacerbar las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en Rusia”, “puede restablecer la atmósfera de la Guerra Fría y empujar la política exterior rusa en una dirección que no nos gustaría nada”. Esto –agregó– “es doblemente desafortunado, considerando lo completamente innecesario de esta medida”.

Sobre la reacción rusa, Kennan advertía que no les quedaba más opción que aceptar la ampliación de la OTAN, pero lo seguirían considerando como una amenaza de Occidente. Podrían entonces “buscar en otra parte garantías para un futuro seguro y esperanzador”.

En abril de 1951, en plena Guerra Fría, Kennan –uno de los artífices del Plan Marshall, con que Estados Unidos consolidó sus posiciones en Europa después de la II Guerra Mundial– publicó en Foreign Affairs otro artículo: “America and the Russian Future”.

Ahí escribe que los países bálticos no deberían nunca más ser forzados a tener ningún tipo de relación con Rusia, si no quisieran, pero estarían mal de la cabeza si rechazaban cualquier cooperación con una Rusia tolerante y no imperialista, interesada en dejar atrás los desgraciados recuerdos del pasado, para establecer las relaciones sobre la base del respeto mutuo.

Luego hablaría de Ucrania. Sus palabras son particularmente agudas, de un conocedor profundo de la idiosincrasia de ese pueblo.

Ucrania merece todo reconocimiento, por el carácter de su pueblo, por las posibilidades de desarrollar sus características culturales y lingüísticas. Pero –agregaba Kennan– “Ucrania es económicamente más parte de Rusia que Pensilvania de los Estados Unidos.

Como antiguo satélite de Rusia, debe recobrar totalmente su independencia, “pero no asegurarán un futuro estable y promisor si cometen el error de actuar con sentimiento de revancha y odio hacia el pueblo ruso, que compartió su tragedia”.

«Estoy exponiendo los hechos”

Como dijo Carlson en Dubái, «no estoy apoyando a Putin, soy estadounidense, no voy a vivir en Rusia, no amo a Vladímir Putin, estoy exponiendo los hechos». Parece una actitud sensata.

Distinta a la del canciller alemán, Olaf Scholz, para quien las explicaciones de Putin sobre las causas de la guerra son “absurdas”; o las del premier británico, Rishi Sunak, para quien son “ridículas” las apreciaciones de Putin sobre el papel de la OTAN y de los Estados Unidos en la provocación del conflicto.

Hay ideas mucho más peligrosas en Europa, como la del general polaco Jaroslaw Kraszewski, para quien el despliegue de armas nucleares en Polonia contribuiría a la seguridad del país. Retirado en 2019, Kraszewski hoy comercia con armas y municiones, entrena policías y militares y sueña con garantizar la seguridad de Polonia con armas nucleares norteamericanas.

Leer a Kennan (como oír a Putin) son tareas indispensables para entender y negociar un orden internacional adecuado al mundo de la post Guerra Fría, que reemplace el instaurado cuando los ganadores parecían convencidos –con mirada corta– de que habíamos llegado al “fin de la historia”.

FIN

Proceso constitucional chileno: ¿Fracaso de la política o fracaso de la izquierda?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes, 22 diciembre 2023

Fracasado el segundo intento de reforma constitucional en Chile, luego de tres años de un proceso que galvanizó a la opinión pública (no solo en Chile, sino también vastos sectores en el resto del continente), abundan las evaluaciones.

Para el presidente Gabriel Boric, «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». Otros dicen que los resultados expresan el descontento de la ciudadanía con las élites políticas, o que «nadie gana”, sino que “pierde la política», que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos.

Para el vocero del comando del voto «en contra» en el plebiscito del domingo pasado, el exministro Francisco Vidal, el resultado deja en evidencia que los ciudadanos rechazan «las miradas unidireccionales y de un solo lado político».

Cada uno sacó su propia conclusión, pero la mayor parte apunta en esa misma dirección. Para el exembajador y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, los chilenos se siguen ubicando en posiciones moderadas en la escala entre izquierda y la derecha. El triunfo del “en contra” –asegura– es una derrota de los extremos, que se suma a la anterior, cuando fue rechazado el primer proyecto, “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.

El 4 de septiembre de 2022, casi 62% de los votantes rechazó esa propuesta constituyente. Se convocó entonces un segundo proceso y, en mayo del 2023, una mayoría de derecha fue elegida para integrar un Consejo Constitucional encargado de presentar la nueva propuesta. Es la que fue rechazada el domingo 17 de diciembre, por casi 56% del electorado, el mismo que había rechazado la primera propuesta y que había elegido, por amplia mayoría, un Consejo Constitucional particularmente conservador.

Quizás eso es lo que lleva a los analistas a interpretar los resultados como una “derrota de la política” o una expresión de rechazo de los extremos.

La derecha y la política

Si ni el gobierno, ni la izquierda, tenían mucho que ganar en ese plebiscito, sí tenían algo que perder. Como lo señaló el senador socialista, José Miguel Insulza, “aquí no ganó ningún partido político. El país se salvó fundamentalmente de una catástrofe”. En su opinión, la propuesta constitucional en discusión era peor que la constitución vigente. La de 1980, aprobada durante el gobierno de Pinochet, a la que se hicieron diversas reformas desde el fin de la dictadura, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos.

La derecha, por su parte, se sentía cómoda con la constitución actual. Aunque no desperdició la oportunidad de haber logrado una amplia mayoría en el Consejo Constitucional para presentar una propuesta radical de su visión del mundo, que fue rechazada.

Los resultados del domingo 17 tienen, en todo caso, otras repercusiones para los grupos conservadores. Con sus sectores tradicionales desplazados por una derecha más dura en la conformación del Consejo, el rechazo del proyecto no fue un mal negocio para esos sectores, de cara al escenario electoral, dentro de dos años.

Habrá que ver quien paga la cuenta mayor: si el líder de los Republicanos, José Antonio Kast, que contaba con amplia mayoría en el Consejo, considerado el “padre” de la propuesta que algunos llamaban “Kastitución”; o la alcaldesa de la rica comuna de Providencia, Evelyn Matthey, que al principio no la veía con mucho entusiasmo, pero que terminó jugándose por su aprobación.

No es impensable que entre los dos se defina la candidatura de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

La “izquierda” y la constitución

Si la política ha quedado en deuda con los ciudadanos, habrá que hurgar un poco en la naturaleza de esa deuda. Habrá que ver si es cierto que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos, como dicen algunos.

¡Veamos!

Para Gabriel Gaspar el rechazo a los dos proyectos constitucionales fue una derrota de los extremos. Pero si el proyecto de la derecha fue rechazado el domingo 17, la primera propuesta constituyente, también rechazada, fue otra cosa, como lo sugiere el mismo Gaspar: fue “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.

En un comentario reciente sobre los resultados electorales en los Países Bajos, en noviembre pasado, el economista español Juan Torres López expresaba la opinión de que la extrema derecha crecía porque las izquierdas desaparecían o perdían el norte. Un comentario que vale también –me parece– para el caso chileno, el argentino y, probablemente, para otros más.

“En lugar de centrarse en las cuestiones socioeconómicas”, decía Torres, la izquierda se divide, “dando prioridad a cuestiones identitarias y territoriales, o a decirle a la sociedad lo que es o no es políticamente correcto”.

En la primera propuesta constituyente chilena, dos grandes temas terminaron ocupando las portadas del debate, como dice la misma presentación del texto: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.

Más que las grandes reivindicaciones socioeconómicas, que condicionan realmente la vida de la gente (como el caso particularmente sensible del sistema privado de pensiones en Chile, pero, en general, el de la privatización de los servicios públicos), el énfasis estaba en la idea de la plurinacionalidad y el carácter paritario del proceso.

El resultado fue que el primer proyecto se alejó más de la política que el segundo. Y recibió un rechazo mayor de la población.

El segundo texto se centró de lleno en la política. Pero desde la perspectiva de una política tan conservadora que no logró contar con el respaldo de la mayoría, pese a los enormes esfuerzos realizados para imponerla.

Me ha parecido que la derecha tuvo, en este proceso chileno, más sentido de la política que una “izquierda” con su insistencia en un proyecto plurinacional (cuya discusión no está madura en el país), o en una propuesta paritaria que la derecha no tenía problemas en apoyar (un dirigente decía que las candidatas podrían ser todas mujeres, siempre que fueran como Margaret Thatcher, la muy conservadora primera ministra británica de los años 80 del siglo pasado). El problema no era la “paridad”, sino la posición política de esas mujeres.

Escribo “izquierda” entre comillas porque, para mí, esas cuestiones no definen a la izquierda. En lo identitario se confunden las posiciones políticas más variadas, que terminan dividiendo la izquierda, desdibujando su carácter político, desorientando su lucha. Lo que no quiere decir que, a la izquierda, en general, no le falte definir con más precisión su política en este tema.

Remezón de la política

La vocera del Comando del “en Contra”, la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, demócrata cristiana, calificó los resultados del domingo 17 como “un gran remezón para la política”. Su conclusión es que “Chile nos quiere a todos unidos”, “trabajando por un país que se preocupe de las personas más vulnerables”.

O, como decía Gaspar, “este segundo rechazo también puede ser leído como la incapacidad de las elites políticas y culturales del país para diseñar un pacto social que involucre a la inmensa mayoría de la nación”.

Para el periodista Marcelo Contreras, la inmensa mayoría de los ciudadanos no se siente interpelada por las disputas de los partidos políticos y “no puede entender que no logren acuerdos para resolver sus demandas”.

La derecha reaccionó de forma distinta: –Vamos a impedir que la izquierda insista en refundar Chile, dijo el presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya. El resultado –agregó– no es un respaldo para aprobar las reformas del Ejecutivo.

¿Qué reformas son esas? Las prometidas por el gobierno de Boric en su programa de gobierno. Entre ellas la tributaria, la de pensiones, la de salud. Independientemente del resultado, dijo el presidente, “vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”.

Para el presidente del senado, Juan Antonio Coloma, también de la UDI, hay que hacerse cargo de las preocupaciones de la gente: la seguridad y la economía.

Las llamadas “preocupaciones de las gentes” son normalmente esas, sobre todo la “economía” (que es la manera de manifestar preocupación por la falta de trabajo, de garantías sociales, por los bajos salarios), o la “seguridad”, tema muy presente en el debate político chileno.

Todos los políticos trabajan en lo que llaman las “prioridades de la gente”. El dilema es cómo enfrentar esas prioridades. La manera de entenderlas y enfrentarlas es lo que distingue las diferentes posiciones políticas.

En realidad, no creo en la división entre la gente y los políticos. Lo que hay es un rechazo a ciertas posiciones políticas. Las de derecha, por las razones obvias de sus intereses restringidos; la de la “izquierda” por haber abandonado los temas sustantivos de la política.

Hace dos años me decía Fernando Atria, entonces constituyente, que la forma política chilena había caducado, con las protestas de octubre del 2019, que abrieron la puerta al debate constituyente que acaba de fracasar.

“La constitución de 1980 caducó”, me dijo entonces. “La derecha cree que funciona, como si creyera que, si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo la constitución de 1980”.

Atria pensaba que iba a haber una nueva constitución, pero que también iba a seguir “habiendo política; una derecha y una izquierda con diferentes puntos de vista sobre diversos problemas”. “Es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas”.

Me parece que ahí es donde se abre el espacio para la izquierda (sin comillas), para la recuperación de una agenda perdida…

Dr. Mads Gilbert: “Ya oigo cómo ajustan sus instrumentos de muerte. Por favor. Hagan lo que puedan. Esto no puede continuar”

Escrito en . Publicado en Análisis.

  • Israel en Palestina: una guerra entre quienes defienden sus tierras y quienes se las quieren quitar

Gilberto Lopes, en San José

29 oct 2023

“La última noche fue extrema. Ya oigo los instrumentos de muerte. Los ríos de sangre continuarán corriendo la noche siguiente”, dijo el doctor Mads Gilbert desde el hospital gazatí de Al-Shifa, el 24 de julio del 2014.

¿Existirá todavía ese hospital? ¿Le habrá ido mejor que el hospital Al-Ahli, destruido por un bombardeo la semana pasada?

Averiguo. Sí, sigue existiendo. Es el hospital más grande de Gaza. Con capacidad para atender a 700 personas por día, hoy recibe a cinco mil. Estaba al borde del colapso. “Cuando llega el bombardeo, el infierno entero se desmorona sobre Al Shifa”, contó Alejandra Pataro, periodista del diario argentino Clarín.

La voz del doctor Gilbert sigue sonando, sin que se terminen de aclarar las razones de tal tragedia. Hay que tratar de entender…

La guerra en la Franja de Gaza ha desviado la atención de Cisjordania, el otro territorio con el que debía conformarse un Estado palestino. Esa falta de atención –dijo la periodista israelí Amira Haas, en el diario Haaretz– ha permitido a los colonos judíos, apoyados por el ejército, la policía y cuerpos paramilitares, renovar sus ataques contra agricultores y pastores palestinos en Cisjordania, con un claro objetivo: expulsar las comunidades de sus tierras y de sus casas.

Haaretz ilumina aspectos de una realidad que pasó a segundo plano en Israel y que el resto del mundo prácticamente ignora. El frente militar de esta guerra se libra de nuevo en Gaza, con sus dramáticas consecuencias, pero aun así es difícil decidir cuál de los dos escenarios –el de Gaza o el de Cisjordania– es el más cruel.

Hace poco más de diez años, en mayo del 2013, Bradley Burston, columnista del Haaretz, escribía sobre el “verdadero secreto” de Israel. “No es la bomba atómica”, aseguraba, sino el presupuesto que el Estado asignaba a los asentamientos judíos en Cisjordania.

Nadie sabe cuánto dinero se vierte en los asentamientos. ¡Nadie! ¡Nunca! Burston hacía referencia a un informe de la radio del ejército israelí sobre los recursos destinados a legalizar esos asentamientos y crear incentivos para atraer a miles de nuevos residentes, más allá de las fronteras de Cisjordania, establecidas por la “Línea Verde”.

“La pobreza en Israel es buena para los asentamientos y genial para la ocupación”, agregaba. Cuando comenzó la construcción de los asentamientos, en la década de los 80’s –dice Burston– los gobiernos del conservador partido Likud, de Benjamin Netanyahu, “ya habían empezado a desmantelar las redes de seguridad de bienestar social”, fundamento de la economía y de la sociedad israelita desde su fundación, en 1948.

A medida en que las privatizaciones avanzaban, muchas personas en los pueblos y barrios marginales de Israel quedaban atrás. El gobierno financió entonces la creación de suburbios con viviendas a precios accesibles, que atrajeron a miles de compradores. Financiaron escuelas y transporte, de modo que la ocupación del territorio palestino se fue haciendo realidad hilera tras hilera. Luego surgieron bases del ejército en todas las direcciones “para proteger a los colonos”. Diez años después del artículo de Burston, Ofer Aderet publicaba, también en el Haaretz, otros detalles del plan, revelados en documentos de archivos estatales, gracias a un proyecto del Taub Center para estudios israelíes, de la New York University, que muestran como la ocupación de los territorios palestinos, en Judea y Samaria, fue planificada cuidadosamente.“El establecimiento de asentamientos judíos en los territorios ocupados ha sido la mayor empresa nacional del último medio siglo, pero ha atraído muy poca investigación académica”, se puede leer en la página del Taub Center.

En los documentos hechos públicos se revelaba que, primero, trataban de expropiar la tierra de cultivo de los palestinos, con el pretexto de que la iban a transformar en una zona de entrenamiento militar. Si los habitantes se resistían a abandonarla, los soldados saboteaban sus herramientas o usaban sus vehículos para destruir las cosechas. Como último recurso envenenaban las tierras, rociándolas con químicos tóxicos, letales para los animales y peligrosos para los humanos.

Esas medidas, aplicadas en la localidad de Aqraba, en 1972, durante el gobierno de la primera ministra Golda Meir, son un ejemplo de que, en esta materia, una misma política fue promovida de formas similares, por los diversos partidos israelíes.

El 21 de septiembre pasado, un informe de Naciones Unidas denunciaba un éxodo sin precedentes de pobladores palestinos en Cisjordania. Más de 1.100 habían tenido que abandonar sus propiedades desde 2022 debido a la violencia de los colonos judíos, que habían obligado a los palestinos a desalojar completamente cinco comunidades. Otras seis vieron partir la mitad de sus habitantes y algunas más, a partes menores de su población.

“Yo siento como si fuera un refugiado aquí y los colonos los propietarios de nuestra tierra”, dijo Ali Abu Kbash, un pastor que dejó su propiedad en la aldea de Al-Qabun, en Cisjordania, con sus cuatro hijos y 60 ovejas, para instalarse en las laderas rocosas de una aldea vecina.

La ola de abandonos de la llamada “Área C” de Cisjordania (un 60% del territorio, bajo control del ejército israelí, según los acuerdos de paz de Oslo, en los años 90) se ha intensificado. “El desalojo de los palestinos en medio de la creciente violencia de los colonos es de una magnitud no documentada previamente”, según la coordinadora de la oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios en el Territorio Palestino Ocupado, Andrea de Domenico.

Los colonos instalan puestos de avanzada en la tierra palestina, liberan sus ovejas en los terrenos de los pastores palestinos y queman sus casas, apoyados por las autoridades y los militares.

En septiembre del 2020 los tribunales israelíes ordenaron la expulsión de una docena de palestinos de sus tierras en dos casos distintos: en uno, para entregar las tierras a una asociación de colonos; en el otro, a una compañía propiedad de activistas de extrema derecha.

Netanyahu, luchando por su supervivencia política en las elecciones de septiembre de 2019, anunció su disposición de apropiarse de hasta un tercio de Cisjordania. Ministros árabes de relaciones exteriores, reunidos en El Cairo, lo calificaron entonces de un “plan peligroso”, que violaba leyes internacionales. El canciller turco lo llamó “racista e incendiario”.

La ilegalidad de estas acciones ha sido reiterada por las más diversas instancias. La política de construcción y ampliación de asentamientos, incluyendo Jerusalén Este, es ilegal de acuerdo con el Derecho Internacional. La Unión Europea dijo que no reconocerá ninguna anexión unilateral del valle del Jordán por parte de Israel, según la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, en respuesta al plan anunciado por Netanyahu.

Pobreza endémica

Es imposible, en un artículo de prensa, contar una historia de siete décadas. Pero hay una infinidad de notas, de fuentes diversas, que resumen la situación que tratamos de describir.

En diciembre del 2004, la BBC entrevistó a Peter Hansen, director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA). (La entrevista puede ser vista aquí: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/international/newsid_4115000/4115287.stm)

«Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas, una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población», dijo Hansen a la BBC.

En noviembre (2004) UNRWA pidió fondos para alimentar a 1,6 millones de palestinos en los territorios ocupados.¿Se trata de personas que, si no fuera por UNRWA, no tendrían qué comer?, pregunta el periodista.

– Así es, dice Hansen. “Desde el comienzo de la intifada (septiembre del 2000) casi toda posibilidad de empleo para palestinos en Israel se ha acabado. Antes de la intifada eran 130 mil los palestinos que trabajaban en Israel. Estamos hablando de 130 mil familias, casi un millón de personas, porque las familias son grandes”, explica.

“Un informe del Banco Mundial de noviembre del 2004 dice que un 50% de los palestinos viven en la pobreza, con menos de dos dólares al día. UNRWA ha denunciado que uno de cada cinco niños en los territorios ocupados sufre de grave desnutrición”, dice el periodista.

–Hace cuatro años que estamos en este programa de emergencia. Por falta de fondos hemos tenido que bajar el nivel de ayuda alimentaria del 80% de lo que una familia precisa a un 60%, y ahora a 40%, porque sencillamente no nos llega suficiente dinero para hacer esto mejor.

¿Es decir –le preguntan, de nuevo– que las familias reciben sólo el 40% de los alimentos que precisan para subsistir?

–Así es. Van a tener que intentar hallar lo demás en otro lugar.

Las relaciones de Washington con los palestinos se habían puesto difíciles. El 6 de diciembre del 2017 Trump había anunciado que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como capital de Israel. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley (hoy precandidata presidencial del partido Republicano), defendieron la medida, argumentando que el programa era responsable de la pobreza en Palestina.

El líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Mahmud Abbas, condenó la decisión. “Esta deplorable e inaceptable medida socava deliberadamente todos los esfuerzos de paz”, dijo Abbas.

Para Hamas, la decisión “abría las puertas del infierno para los intereses de los Estados Unidos en la región”.

En agosto de 2018 Trump canceló los recursos destinados por Estados Unidos al programa de ayuda para los palestinos. Una medida que Biden revirtió en abril del 2021, anunciando el otorgamiento de 150 millones de dólares para UNRWA y otros 75 millones para asistencia económica y humanitaria en Cisjordania y la Franja de Gaza.

El muro

UNRWA denunció también el muro que construía Israel en Cisjordania. Pese a su importancia, la gran prensa habla poco (o nada) de ese muro.

Aunque no está totalmente terminado (y, por razones políticas, posiblemente no se complete nunca) sus consecuencias son devastadoras para los palestinos, como lo señala Hansen. “El muro pasa por algunos lugares en que separa a la población de los establecimientos que tenemos para educación y salud”. “Hay problemas para que lleguen a los hospitales, porque la mayoría de los hospitales está en Jerusalén, que se está encerrando totalmente”.

Una compleja estructura a lo largo de más de 500 km, con unos 30 km de muros de hormigón de hasta siete metros de altura y cuatro metros de profundidad, se complementa con vallas, rejas y torres de vigilancia que rodean Cisjordania y Gaza. Una valla que los palestinos deben cruzar por puestos de control, de los cuales, hasta el año pasado, once abrían diariamente, mientras que otros lo hacían algunos días de la semana o solo en determinadas épocas de cosecha. Y donde el paso era siempre una decisión arbitraria y, con frecuencia, humillante, de los agentes de seguridad.

Alguien que vive al lado de Jerusalén y tiene que ir al hospital, en lugar de tomarle los quince minutos de antes, ahora le toma tres horas. Debe hacer un recorrido muy largo hacia el sur de Jerusalén y volver por el norte. Para gente anciana, enferma, esto está lejos de ser ideal.

“Una barrera que va mucho más allá del obvio impacto físico: es el dolor de la familia separada, la desprotección ante la casa confiscada o demolida, la angustia del agricultor que no riega su tierra y pierde su sustento, la rabia de los desplazamientos extendidos para esquivarlo, la humillación de los controles militares para cruzar, el anhelo del fiel que añora orar en Jerusalén, la melancolía de una puesta de sol robada”, contó la periodista Carmen Rangel en un artículo publicado en el Huffington Post, el 26 de junio del año pasado.

Israel comenzó a construir un muro en junio de 2002, con una extensión prevista entonces de unos 700 km, a un costo de más de 3,5 mil millones de dólares. Los palestinos denunciaron la expropiación de nuevos territorios con la construcción del muro, que no sigue la fronteriza Línea Verde.

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya dictaminó, en 2004, que esa estructura es ilegal porque gran parte de su trazado se adentra en los territorios autónomos palestinos.

El 23 diciembre del 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 2334 en la que reafirmaba que “el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional.

Reiteraba su exigencia de que Israel pusiera fin, “de inmediato y por completo”, a toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado; y exhortaba a que se adoptaran medidas para prevenir todo acto de violencia contra civiles.

Como sabemos, nada de eso ha ocurrido.

La Autoridad Palestina, el órgano palestino de administración de parte del territorio ocupado surgida de los Acuerdos de Oslo, en 1993, ha visto su autoridad muy menguada por la división del territorio de Cisjordania en tres áreas: A, B y C. Los Acuerdos de Oslo dejaron en manos de Israel el control total de la economía palestina, así como sus asuntos civiles y de seguridad en más del 60% de Cisjordania, designado como Área C.

Descontentos con esa situación, desde 2005 los palestinos eligieron como sus representantes en Gaza a Hamas y su política de resistencia armada a la ocupación, cuyo asalto a la población en el sur de Israel, a principios del mes de octubre, dio inicio a la más grave escalada militar del conflicto palestino-israelí.

Hagan lo que puedan. Esto no puede continuar…

¿La más grave? Quizás, pero basta volver la mirada hacía la historia para descubrir que se repite, una y otra vez.

El julio del 2014 se reunía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, para discutir una nueva incursión israelí en Gaza, la operación llamada “Margen Protectora”.

Según diversas estimaciones, entre 2.125 y 2.310 gazatíes murieron (1.492 civiles, incluyendo 551 niños y 299 mujeres) en este operativo. Casi once mil quedaron heridos. 66 soldados y cinco civiles (incluyendo un niño) israelíes también perdieron la vida.

La ONU denunció que los ataques del Ejército israelí contra Gaza podrían constituir «crímenes de guerra» y aprobó una investigación al respecto, mientras Palestina solicitó ayuda internacional para obligar al Israel a cesar una agresión que denunció como “una catástrofe humanitaria».

La resolución fue aprobada en el Consejo de Derechos Humanos por 29 votos y 17 abstenciones. El único voto en contra fue el de los Estados Unidos. La resolución les parecía «destructiva» y que no contribuiría al cese de las hostilidades.

Israel calificó de «farsa» esa decisión. Su embajador ante el Consejo, Eviatar Manor, acusó a Hamas de cometer “crímenes de guerra” y aseguró que Israel “destruiría sus infraestructuras militares».

El 24 de julio el doctor Mads Gilbert, del hospital gazatí de Al-Shifa, ciudadano noruego, publicó una carta abierta en el diario británico The Independent a la que ya hemos hecho referencia.

“Los ríos de sangre seguirán fluyendo la próxima noche. Ya oigo cómo ajustan sus instrumentos de muerte. Por favor. Hagan lo que puedan. Esto no puede continuar”, imploraba.

Ahí decía que “La última noche fue extrema. La invasión terrestre de Gaza produjo decenas de furgones llenos de cuerpos mutilados, destrozados, sangrantes, temblorosos, agonizantes… Palestinos heridos de toda condición y edad, todos civiles, todos inocentes”.

“Luego la orquesta de la maquinaria de guerra israelí vuelve a comenzar su macabra sinfonía. Justo en este instante: las salvas de artillería de los barcos de la marina anclados frente a la costa, el rugido de los F-16, los repugnantes drones (en árabe “zennanis”, “colibríes”) y los Apaches. Todo construido y pagado por los Estados Unidos”.

Una inversión inteligente

¡Todo construido y pagado por los Estados Unidos!, decía el doctor Gilbert.

El jueves, 19 de octubre recién pasado, Joe Biden se dirigió a los norteamericanos (y al mundo) desde su oficina oval, en la Casa Blanca, para hablar de los conflictos en Palestina y en Ucrania.

Los terroristas de Hamas han desatado la maldad en el mundo. Son ellos –y Putin– los que pretenden acabar con la democracia y con sus vecinos, aseguró.

Si no pagan un precio, el costo y las amenazas contra Estados Unidos continuarán aumentando. Si ponemos todo en riesgo, si abandonamos Ucrania e Israel, nuestro liderazgo y nuestros valores estarán en peligro. Por eso pediré mañana recursos urgentes para financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, dijo Biden. Y pidió 106 mil millones de dólares al congreso: 60 mil millones para Ucrania y 14 mil para Israel. El resto, para otros gastos. “Es una inversión inteligente, que dará dividendos por generaciones para la seguridad de los Estados Unidos”, afirmó.

En esos días de guerra se estimaba en cerca de 270 millones las necesidades urgentes de Gaza, cuyos poco más de dos millones de habitantes no tenían agua, comida o electricidad, cortadas por Israel, ni recursos para sus hospitales.

El paquete que Biden enviaría al congreso apuntaba en otra dirección. Es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel, que asegurará su ventaja militar, aseguró, sin dejar de añadir que era necesario que Israel operara de acuerdo con las leyes de la guerra, que protegiera a los civiles “lo mejor que pudiera”.

Biden estima que es el liderazgo norteamericano, sus valores, lo que mantiene el mundo unido. Que Estados Unidos es la nación indispensable, esencial para construir el arsenal de la democracia y defender la causa de la libertad. “No dejaremos que terroristas como Hamas, ni tiranos como Putin, venzan. No lo permitiré”. “¡Somos los Estados Unidos de América!”, afirmó.

Al comentar el discurso, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo: «Antes decían que era una lucha por la libertad y la democracia. Ahora resulta que es solo un cálculo”.

¿Y las reglas?

Hay quienes buscan justificar sus posiciones frente al conflicto entre los palestinos e Israel desde el punto de vista de la “ética”. Como si el problema de la ética no estuviera ya resuelto desde siempre, en las opciones económicas y políticas que, como muestra la historia, han sido tomadas hace ya más de 70 años.

Otros hablan de “terrorismo”. Pero transformado en arma política para descalificar a los enemigos, el “terrorismo” ha perdido su valor de análisis. Usado como calificativo, hace imposible todo intento de comprensión de los problemas.

¿Y las reglas? La relación entre Israel y Palestina muestra que, hace mucho, no hay reglas. Ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas se cumple. Ningún acuerdo se respeta, ni los de Oslo, ni los de Minsk, en el caso de Ucrania.

Tampoco se habla de la bomba atómica de Israel, un debate imposible de disociar de otros, más actuales, de la bomba de Corea del Norte, o de Irán. ¿Son otras reglas las que se aplican en estos casos?

No se puede dejar de pensar que no faltan quienes quieren transformar en mundo en otro hospital Al-Ahil. ¿No hace falta hacer algún esfuerzo para evitarlo?

Esa historia se falsificó

En España aún quedan muchos franquistas, dijo el director de orquesta Daniel Barenboim al diario español El País, en septiembre del 2020.

Con nueve años, Barenboim se fue de Argentina a Israel con sus padres. “Mis abuelos maternos, sobre todo mi abuela, fueron grandes sionistas. Ella más que mi abuelo. La mujer era la que mandaba en casa. Mi padre tampoco era un convencido. Digamos que se lo contagiaron mi madre y su suegra. El Estado de Israel se creó en 1948 y mis abuelos se fueron en 1951. Después llegamos nosotros”.

¿Echaba de menos entonces Argentina?, le preguntaron. –No me acuerdo, dice. ¿Y ahora? –Ahora, sí. Por varias razones. Porque con los años se vuelve a la infancia y porque lo que está sucediendo en Israel me duele mucho.

­­–¿Cómo era aquel país naciente?

–Otra cosa radicalmente distinta a lo que se ha vuelto. La escalada militar, que se puede comprender, afectó sus bondades. El fervor decreció. No se puede ocupar militarmente otros pueblos con nuestra historia a cuestas, con siglos de persecución.

–El sionismo comenzó con la idea de un pueblo para un país sin pueblo, una idea poética y bellísima, pero falsa: a principios del siglo XX la memoria histórica allí fue falsificada. No se podía decir que aquel era un territorio sin pueblo. Había gente antes: solo existía un 9% de judíos a principios del siglo XX. No es que no hubiera nadie. Existía un 91% que no lo eran. Pero eso se ocultaba, esa historia se falsificó, dijo Barenboim.

Como sabemos, los ríos de sangre siguen fluyendo. Lo cierto es que ¡esto no puede continuar!

FIN

En los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular: parecía que había una derecha democrática…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

Septiembre del 2023, en Santiago

Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.

Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.

Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.

Una crisis sin solución

–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.

“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.

En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.

“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.

Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.

A 50 años del golpe

–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.

“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.

La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.

“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.

“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.

El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.

Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.

Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.

Democracia y derechos humanos

La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.

Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.

Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.

Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.

Se toma un tiempo …piensa… y me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.

Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.

Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.

En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.

Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.

Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.

Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.

Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.

Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?

Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.

Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.

Rechazo de la derecha

Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.

Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.

El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.

No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.

“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.

Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.

Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.

Una puerta errada

La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.

Ahí reiteró su discurso:

los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.

Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.

Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.

50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.

La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones­– a los chilenos.

¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?

La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.

Elecciones, elecciones, elecciones…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gilberto Lopes, 28 ago 2023
Reunión del Observatorio Político de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la CNBB
Martes, 29 de agosto

Me han pedido que hable sobre las recientes elecciones en Ecuador, Guatemala y Argentina.

¿Cómo analizar estos temas?

El 20 de agosto, los votantes guatemaltecos eligieron a Bernardo Arévalo presidente de la República. Dos académicas estadounidenses, Shannon K. O’Neil (Vicepresidenta, Directora Adjunta de Estudios y Nelson and David Rockefeller Senior Fellow for Latin American Studies en el Council on Foreign Relations) y Will Freeman (Fellow for Latin American Studies en el CFR y Doctor en Política por la Universidad de Princeton) se refieren a Arévalo como «un candidato anticorrupción». La austera campaña de Arévalo es un signo de los tiempos, dicen. Y dicen que, en Guatemala, el dinero no puede comprar estas elecciones. Cada vez ganan más los candidatos con más seguidores en Tik Tok. No los que tienen más recursos.

Abro un paréntesis para tocar un tema actual. Entre las reformas que el padre de Arévalo, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala entre 1945 y 1951, trató de consolidar en la constitución de 1945, estaba la reestructuración del ejército, con la suspensión del generalato, decretada con el triunfo del movimiento revolucionario de 1944 (en un contexto marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial), junto con el esfuerzo de profesionalización del ejército, tema al que la constitución de la época dedicaba un capítulo entero. Una experiencia interesante, en circunstancias muy diferentes a las actuales, pero que tal vez merezca nuestra atención. Quién sabe si su hijo intentará retomar esta iniciativa, en un país en el que, durante la Guerra Fría, el ejército desempeñó un papel criminal, especialmente contra la población indígena de seis millones de habitantes, que representa entre el 45% y el 60% de la población guatemalteca total, y que sigue siendo un factor muy importante en la vida del país.

Retomo el hilo de nuestra conversación. Las académicas estadounidenses comparaban la campaña de Bernardo Arévalo con la de Daniel Noboa en Ecuador, miembro de una de las familias más ricas del país e hijo de un empresario que se ha presentado cinco veces a la presidencia sin éxito. El hijo habría sido un sorpresivo ganador en estas elecciones gracias a su buen desempeño en el debate electoral (y no por los recursos gastados en su campaña).

Quizás todo esto sea verdad, pero es difícil aceptar la idea sin ninguna sospecha, sobre todo sabiendo lo millonarias que son, por ejemplo, las campañas estadounidenses (y también las latinoamericanas); cualquiera de ellas requiere enormes recursos, ya sea para alcalde, congresista o presidente.

Tal vez más realista, leí un titular en el medio brasileño, «Correio da Cidadania», que decía: «Segundo round en Ecuador entre progresistas y millonarios».

Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, mujer, madre soltera, creó la expectativa de ampliar el espectro electoral a nuevos votantes. Luisa González es de Manabí, una provincia electoralmente importante, y tiene una característica inesperada para un movimiento de izquierda: es evangélica. En los resúmenes más habituales, estas son las características que destacan de la candidata. Naturalmente, también su afiliación al «correísmo».

Está por ver si esta vez será capaz de sumar a su 33% de los votos, lo que le falta para la mayoría absoluta en la segunda vuelta. En las pasadas elecciones no pudo, a pesar del similar 32 por ciento de los votos obtenido por el correísmo en la primera vuelta.

Pero todo esto son simples cálculos electorales. Naturalmente, son muy importantes, pero no creo que sea el aspecto más importante para este análisis.

Me gustaría situar todo esto en un contexto más amplio: el de nuestra dificultad para transformar propuestas progresistas en apoyo mayoritario, ante el resurgimiento de los aspectos más irritantes de una derecha que, en mi opinión, no debería dividirse fácilmente en «extrema», por un lado, y otra, más «civilizada», con la que podríamos convivir. No me gustan mucho estas definiciones, aunque no desconozco el debate que inevitablemente surge cuando una sociedad se enfrenta a desafíos de grupos más radicales y tiene que elegir una estrategia para hacerles frente. Es un debate que puede resumirse en una opción «democrática» frente a otra «dictatorial».

Son debates contingentes, siempre controversiales, difíciles de resolver, pero inevitables. Estos debates no pueden resolverse simplemente con reglas generales. Aunque éstas sean indispensables, en estos casos la especificidad de cada experiencia adquiere una importancia particular.

Por lo tanto, me quedaré aquí en un nivel de discusión más general, tratando de comprender las dificultades que enfrentan lo que podríamos llamar «sectores progresistas» (sin entrar en mayores discusiones sobre la definición) para presentar una propuesta política que resulte atractiva para los sectores mayoritarios de la sociedad.

Cómo dejar atrás el mundo neoliberal

Y aquí, si me lo permiten, voy a referirme, más que a Argentina, al caso chileno, donde los debates son intensos, en el contexto del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que seguiré en Chile a partir del 8 de septiembre.

Sobre el debate constitucional chileno y el resultado del referéndum de septiembre de 2022, publiqué el artículo «El debate constitucional chileno» en la página «A Terra é Redonda«, el 16 de mayo.

En él decía que, mirando 50 años atrás, Chile necesitaba retomar el camino de las reformas interrumpido por la dictadura. Analizando la cuestión más ampliamente, me preguntaba: ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para llevar a cabo reformas que desmantelen el mundo neoliberal? Me parece que ésta es la esencia del desafío.

¿Qué es, para mí, el modelo neoliberal? Es el modelo de un sector voraz y minoritario cuyo objetivo es apropiarse de la mayor parte posible de la riqueza de un país. El principal elemento para lograr este objetivo es la privatización de empresas públicas por parte de grupos empresariales nacionales y extranjeros. En el caso chileno, principalmente el cobre, que Allende había nacionalizado y definido como «el sueldo de Chile». No es difícil encontrar ejemplos similares en Brasil, por ejemplo. Cito los casos de minera Vale, de la Petrobrás o de Eletrobrás. Pero estos son sólo algunos ejemplos.

La destrucción de las organizaciones sindicales y políticas que puedan oponerse a estas medidas es también una tarea permanente del proyecto neoliberal.

Como señaló hace muchos años el destacado dirigente del partido conservador chileno Renovación Nacional, Andrés Allamand, diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sebastián Piñera, en su libro «La travesía del desierto», lo que Pinochet ofreció a la derecha neoliberal fue la oportunidad de aplicar radicalmente las transformaciones exigidas por el modelo, sin restricciones desde el poder político. «Más de una vez, en el frío penetrante de Chicago, los esforzados estudiantes que soñaban con transformar el rostro de Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿alguien que asuma este proyecto ganará alguna vez la presidencia? Ahora [con el golpe militar] ya no tenían ese problema», dijo Allamand.

Esta frase nos permite introducir otro tema: los derechos humanos. Para mí, está perfectamente claro que la violación de los derechos humanos no fue más que una herramienta para alcanzar los objetivos políticos y económicos de una derecha sin escrúpulos. La principal violación de los derechos humanos fue esta política neoliberal.

Como dijo el sociólogo Felipe Portales en un artículo titulado «Chile: 50 años de neoliberalismo», el modelo de sociedad extremadamente neoliberal impuesto violentamente por la dictadura no fue combatido, sino legitimado, consolidado y profundizado pacíficamente durante los 30 años de «democracia». Es decir, nunca pudimos recuperar el proyecto de Unidad Popular, un proyecto construido sobre la apropiación de los recursos nacionales por parte del Estado y el estímulo a la organización política y social de los sectores populares.

Portales critica el modelo que «concentra la riqueza en grandes grupos económicos fundamentalmente financieros, extractivos y que controlan los sistemas de educación, salud y bienestar, apoyados por el Estado y con sectores populares y medios atomizados y sin poder real».

Si este es el caso, es particularmente importante definir una propuesta progresista que no se limite a lo accesorio: en este caso, los derechos humanos. Una propuesta que no deje de lado, que lo convierta en su principal demanda, el desmantelamiento de los mecanismos que han permitido el asalto al patrimonio público y privado de los chilenos, como el escandaloso caso de las AFP, las «Administradoras de Fondos de Pensiones». No es posible profundizar aquí en este tema, que el economista Marco Kremerman y la Fundación Sol, entre otros, han analizado en detalle.

Lo que quiero destacar aquí, porque creo que esta relación no ha sido tratada adecuadamente, es la importancia que le doy a esta política neoliberal y a los mecanismos de destrucción de las organizaciones políticas y sociales populares. Cualquier análisis de los «derechos humanos» desvinculado de su contexto político sólo sirve para que los latinoamericanos se peleen entre ellos, con Washington mirando, aplaudiendo desde la primera fila del público. Estados Unidos que, como sabemos, no ha ratificado ningún instrumento de derechos humanos, incluida la Convención y la Carta Interamericanas. Derechos humanos que han sido sistemáticamente violados por las sanciones ilegales que Washington ha aplicado contra Cuba durante décadas, condenadas casi unánimemente año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sanciones impuestas más recientemente a Venezuela, y que Washington aplicó a Chile durante el gobierno de Allende.

Debemos aprender de esta lección, aunque comprendamos perfectamente las dificultades de transformar una visión general en una política práctica que responda a las necesidades de cada caso particular.

En Chile, hace muy poco, Tomás Mosciatti, un comentarista muy popular en la radio Bio-Bio y crítico al gobierno de Boric, recordaba que «el gobierno no ha hecho nada frente a la ofensiva concentración económica que existe en el país», hecho que, a su juicio, «atenta contra el mercado». Boric y compañía -continuó- «no tienen ni idea de quiénes son los más necesitados, quiénes son los más pobres. Por eso, en las dos últimas elecciones, los sectores más desfavorecidos fueron los que votaron contra Boric y su Gobierno».

Ciertamente no es una opinión compartida por todos, y menos aún por el gobierno de Boric. Pero no creo que esté alejada de la realidad, ni que deje de señalar un problema de fondo.

Tampoco creo que Mosciatti esté muy preocupado por los más necesitados, pero no deja de tener razón en su crítica al gobierno de Boric, uno de los principales referentes de la política de defensa de los «derechos humanos» que lo ha colocado junto a los más reaccionarios de América Latina, en ocasión de la cumbre sudamericana de mayo pasado en Brasilia, cuando criticó a Venezuela, sin hacer ninguna referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país.

Creo que puedo resumir esta ya larga presentación con una frase del economista brasileño Paulo Nogueira Batista sobre el gobierno chileno, una frase que ayuda a entender todo este proceso, así como nuestras enormes dificultades para estructurar una alternativa que enfrente el modelo neoliberal: «Boric es la izquierda que le gusta a la derecha». Una vertiente de la izquierda «centrada en la llamada ‘agenda identitaria’, es decir, en cuestiones relacionadas con género, raza y otros aspectos de la identidad, en detrimento de las agendas sociales y laborales».

En mi opinión, esto resume el reto de reconstruir una idea de nación que sólo tendrá futuro si acaba con los mecanismos que destruyen o debilitan toda organización popular, y si recupera los recursos de los que hoy se apropian poderosos sectores minoritarios, base de los mecanismos que alimentan la enorme desigualdad que caracteriza nuestras sociedades.

Una propuesta

Las reglas de organización política para América Latina quedaron establecidas en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001 en Perú.

Se trata de un documento que consagra los principios liberales, los mismos que han servido de base a prácticamente todas las dictaduras y modelos neoliberales en América Latina, como se desprende del texto del conservador chileno Andrés Allamand.

El primer párrafo de la Carta establece que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los objetivos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, respetando el principio de no intervención.

Después de este párrafo, lo que sigue son las normas que rigen la intervención en los países que deciden buscar nuevos modelos de organización política, económica y social, sin que se respete, ni siquiera se vuelva a mencionar, el principio de no intervención.

«En el caso de Pinochet, se le atribuyó el milagro de Chile, un exitoso experimento de libre mercado, privatización, desregulación y expansión económica, cuyas semillas de liberalismo se extendieron desde Valparaíso hasta Virginia», escribió el periodista Greg Palast en 2006. Pinochet había muerto dos días antes.

Palast opinaba que Pinochet no había destruido por sí solo la economía chilena. «Fueron necesarios nueve años de duro trabajo de las mentes académicas más brillantes del mundo, un grupo de aprendices de Milton Friedman, los Chicago Boys. Bajo el hechizo de sus teorías, el general abolió el salario mínimo, prohibió los derechos de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensiones, suprimió todos los impuestos sobre el patrimonio y la renta de las empresas, redujo el empleo público, privatizó 212 industrias estatales y 66 bancos, y logró el exceso fiscal.»

La relación entre esta política económica liberal y las más crueles violaciones de los derechos humanos queda clara no sólo en el texto citado, sino también en las prácticas habituales de las dictaduras latinoamericanas. Es bien conocido el debate sobre el apoyo de Friedrich Hayek a Pinochet, a quien el filósofo-economista visitó por primera vez cuatro años después del golpe de Estado de 1977.

El economista portugués, excoordinador del Bloque de Izquierda, Fracisco Louçã, lo recordaba también en reciente artículo sobre “La extrema derecha en América Latina”.

“América Latina fue una de las regiones con mayor implicación de las instituciones estadounidenses en la formación neoliberal de las élites; formaba parte de la Guerra Fría”, recordó Louçã. “A principios de los 60, Chile no contaba con más de 120 economistas; en dos décadas, la Universidad de Chicago creó la columna vertebral de una nueva política económica. Arnold Harberger, el académico que lideró este proceso de transformación de la enseñanza y selección de ejecutivos en Chile y América Latina, se jactaba de haber formado a 300 líderes, entre ellos 70 ministros y 15 presidentes de bancos centrales. ‘La buena economía llega a América Latina’ es el modesto título de una de sus publicaciones”.

Probablemente no me equivoco si digo que la inmensa mayoría de los latinoamericanos no ha leído nunca esta Carta Democrática. Menos aún la han estudiado. Es un documento que establece un marco político para el funcionamiento de nuestras sociedades y sanciones para quienes se salgan de ese marco. Aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, en un clima político muy diferente a las exigencias actuales, necesitamos discutir esta Carta liberal y adaptarla a las diferentes necesidades políticas de nuestra región. Necesitamos crear las condiciones para salir de este marco rígido impuesto a la región.

Esta discusión sería una oportunidad extraordinaria para repensar nuestro orden político, para clarificar aspectos fundamentales de ese orden. Podría dar un nuevo impulso a la labor de las fuerzas progresistas, revitalizando el debate político, que hoy carece de perspectivas frescas.

A este respecto, puede ser útil un artículo de Tarso Genro (un exministro de gobiernos anteriores de Lulas, en Brasil), publicado en «A Terra é Redonda» el 25 de agosto, con el título «Para dónde va la socialdemocracia». Se refiere a un programa de Naciones Unidas, «Reconstrucción del Estado de Bienestar en las Américas», lanzado por el PNUD en 1996 y coordinado hoy por Jorge Castañeda, Gaspard Estrada y Carlos Ominami. Conozco poco el trabajo de Estrada, pero estoy seguro de que con Ominami y, sobre todo, con Castañeda, canciller de Vicente Fox, este trabajo no aportará ninguna orientación novedosa, que pueda ser de utilidad para la región. Tampoco veo en las propuestas de Genro la necesaria renovación de este debate.

¿Por qué no dar un empujón a esta puerta y entrar por ella con ideas más frescas?

FIN

Los estertores de la Pax Americana: La guerra de dos potencias en Ucrania

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

San José, 18 agosto 2023

No se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania sino de una guerra en territorio ucraniano entre dos potencia nucleares, que estiman estar defendiendo intereses estratégicos esenciales. Esa es la opinión de un destacado y veterano diplomático brasileño, Jorio Dauster, hoy consultor de empresas.

O, en palabras de Luis Cebrián, exdirector del diario español El País, no se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino de una guerra por correspondencia entre la OTAN y Rusia. Una guerra de la que ninguno puede salir como perdedor absoluto “si aspiramos a una paz duradera en Europa”, o a evitar que se desate una tercera guerra mundial.

Para Dauster, lo que estamos viendo “es la trágica evolución de un conflicto de poder que tiene muy poco o nada que ver con el disfrute de la democracia por el pueblo ucraniano”. De lo que se trata es de la imposibilidad de que Rusia aceptara la expansión de la OTAN hasta su bajo vientre. Ningún ruso –nos recuerda– olvida que Napoleón y Hitler llegaron a Moscú cruzando las vastas planicies ucranianas.

Cebrián, en un artículo publicado en El País el pasado 13 de agosto, pide analizar no solo las causas próximas de esa guerra, sino también las lejanas. Cita el auspicio de Washington al golpe de Estado en Ucrania, en 2014; la invasión rusa de Crimea y la elección de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, “que ha llevado a cabo una política oportunista de declaraciones de cooperación con Rusia y despliegue de fuerzas en los países de Europa central”.

Consecuencia inmediata de esta guerra, dijo Cebrián, ha sido la absorción de la Unión Europea por una alianza militar.

Lo que está en juego

Lo que observamos en Ucrania –resumió Dauster– “es un intento de Estados Unidos, usando la OTAN como masa de maniobra, de postergar su gradual pérdida de poder hegemónico, amenazado por la impetuosa ascensión de China”.

Estados Unidos estaba decidido a impedir que Alemania y gran parte de Europa se transformase en una “colonia energética” de Rusia. Eso explica la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que abastecían Alemania con el barato gas ruso, en atentados cuyos autores han permanecido en una bien iluminada sombra.

La naturaleza y la importancia de lo que estaba en juego para Washington en el conflicto de Ucrania quedó en evidencia desde el primer momento, con la rápida movilización de la OTAN y el monto de recursos asignados para esa guerra, que hoy suman cerca de 100 mil millones de dólares.

A los que se suma la solicitud de Biden al congreso, el pasado 10 de agosto, de gastos de emergencia por 40 mil millones más, de los cuales 24 son para Ucrania, incluyendo 9,5 mil millones para reponer municiones para la artillería ucraniana y otros equipos y 3,6 mil millones para apoyo militar y de inteligencia. Un paquete para atender las necesidades de esa guerra durante el próximo cuatrimestre fiscal de Estados Unidos, que comienza en octubre.

El presupuesto solicitado por Biden incluye también 12 mil millones para reponer las reservas destinadas a la atención de desastres naturales, luego del incendio que destruyó una isla de Hawai.

Pero no es solo Estados Unidos. Alemania anunció, a mediados de agosto, que otorgará una ayuda militar anual de 5,5 mil millones de dólares a Ucrania, en los próximos tres años.

Para dimensionar esos gastos se puede utilizar diversas comparaciones. Quizás sea útil, por ejemplo, hacerlo con la cifra de 33,2 mil millones que maneja en banco de desarrollo de los BRICS (la coalición que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, en cuya capital se reunirán en septiembre) para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible. Cuando fue creado, en 2015, el banco estableció un fondo de reserva contingente de 100 mil millones de dólares para enfrentar eventuales problemas de balanza de pagos de los países miembros.

Los estertores de la Pax Americana

Para Dauster, estamos asistiendo, “en tiempo real, los estertores de la Pax Americana”, establecida con el fin del socialismo en el este europeo y de la misma Unión Soviética.

Si Dauster tiene razón (y me parece que la tiene), hay dos escenarios a los cuales dirigir la mirada si queremos entender el estado de una partida –como las de ajedrez– que está en su medio juego.

Uno, más inmediato, es el desarrollo de la guerra, el escenario del conflicto. El otro requiere luces más largas y una mirada hacia diversos horizontes, sobre la que habremos de volver en otro artículo.

Sobre el desarrollo de la guerra, no hay más recurso que acudir a la muy abundante y diversa información pública disponible.

Samuel Charap, cientista político senior de la Rand Co., tituló un polémico artículo, publicado en Foreign Affairs el 5 de junio pasado, “An Unwinnable War”. La idea de una guerra “imposible de ganar” no le gusta a los gobernantes ni a los aliados de Ucrania. La misma Foreign Affairs promovió una discusión en torno a la propuesta de Charap y nos remitió a tres textos, que podían servir como antecedente para el debate.

Uno de ellos, publicado en octubre del año pasado, era el de Andriy Zagorodnyuk, ministro de Defensa de Ucrania entre 2019 y 2020, donde señalaba el camino para la victoria de su país. Para ganar –afirmó– “Ucrania no necesita un milagro; solo necesita que Occidente incremente el suministro de armamento sofisticado”. Para él, Putin, desesperado, tenía claro que estaba perdiendo en el campo de batalla, que no podía imponerse a Ucrania y que no tenía oportunidad contra la OTAN. Y agregaba que solo la derrota de Rusia podía poner fin a las crecientes ambiciones de Putin que, en caso de victoria, se extenderían por Europa, más allá de Ucrania.

Una visión que Steven Myers, un veterano de la Fuerza Aérea norteamericana, miembro del Comité Asesor en Política Económica Internacional del Departamento de Estado durante dos administraciones, no comparte. En declaraciones al periódico USA Today, en julio pasado, Myers afirma que las tácticas militares rusas eran “absolutamente inconsistentes” con la conquista de Ucrania y de otros territorios. En su opinión, ”la agenda era, es y será siempre la de mantener Ucrania fuera de la OTAN a cualquier costo”.

Con luces largas

Quizás valga la pena echar una mirada un poco más atrás. Andrei V. Kozyrev, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia entre octubre de 1990 y enero de 1996, durante el gobierno de Boris Yeltsin, hoy residente en Estados Unidos, un fuerte crítico de Putin, predecía un cambio de régimen en Rusia, en artículo publicado en el New York Times el 20 de julio del 2015. Un año antes, después del golpe de Estado en Ucrania, Rusia se había anexado Crimea, luego de un referendo ampliamente mayoritario a favor de la medida.

Kozyrev analizaba la situación y concluía que “un cambio de régimen en Rusia es inevitable, quizás inminente”. El gobierno de Rusia –agregó– “es simplemente incompatible con las reformas necesarias para un desarrollo económico sostenible, que exige liberalización y competitividad”. ¡Eso dicho en julio del 2015!

Ocho años después, en julio del 2023, Foreign Affairs puso en discusión nuevamente si Ucrania debía o no negociar con Rusia. “The debate how to end the war”, era el subtítulo del texto.

Aliba Polyakova, presidente del Center for European Policy Analysis, y Daniel Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia, defendieron la idea de que ”Ucrania debería buscar la victoria, no el compromiso”.

Si el objetivo es evitar que Rusia amenace las democracias alrededor del mundo, diría Dmytro Nattalukha, presidente del Comité de Asuntos Económicos del parlamento ucraniano, lograr un armisticio en Ucrania no sería de mucha ayuda. El objetivo sería lograr una Rusia menos anti Ocidente y, para eso, “Putin no puede seguir en el poder”.

Un cese al fuego en las actuales condiciones significaría “la victoria de Rusia y un triunfo personal para Putin”, diría Mikhail Podoliak, asesor de Zelensky, poco después de la “conferencia de paz” celebrada a principios de agosto en Arabia Saudita.

Solo días después Stian Jenssen, jefe de gabinete del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltemberg, dijo en un foro en la ciudad de Arendal, en Noruega, que una posibilidad para poner fin al conflicto sería que Ucrania aceptara ceder territorio a Rusia, a cambio de su ingreso a la OTAN. La propuesta fue rechazada por Ucrania. El mismo Podoliak la calificó de “ridícula”, obligando a Jenssen a dar explicaciones sobre lo dicho.

Podoliak tuvo que salir de nuevo al debate, rechazando una propuesta del expresidente francés Nicolas Sarkozy para realizar referendos “bajo estricto control internacional” en las cuatro regiones reivindicadas por Rusia y en Crimea, como una fórmula para resolver el conflicto.

Podoliakk las calificó de “fantásticas” y “criminales” y reiteró que la única forma de terminar el conflicto es con la derrota de Rusia.

Una visión similar a la de Lawrence Freedman, profesor emérito de Estudios de Guerra, en el King’s College de Londres. Para Freedman Putin está quedando sin opciones en Ucrania, donde en todos los escenarios –el militar, el económico y el diplomático– los resultados son negativos para Moscú.

Una victoria rusa “sería una catástrofe” para la OTAN, dice Freedman, para quien lo mejor sería que fuera expulsada de Ucrania y su ejército degrado en ese proceso.

Pero las todavía muy optimistas evaluaciones sobre las posibilidades de Ucrania publicadas hasta junio, o julio, se han ido enfrentando a una realidad distinta.

Para el presidente de Bielorusia, Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú, los objetivos de la “operación militar especial” rusa ya fueron alcanzados. Cuando esta guerra termine, Ucrania nunca más será tan agresiva contra Rusia como lo fue antes, será diferente, estimó. Y agregó: “Ucrania necesita parar la guerra e comenzar a reconstruir su Estado sobre bases más sanas, antes de que deje de existir completamente”.

Es el mismo tono de Moscú, que propuso a los militares ucranianos, el pasado viernes, 18 de agosto, derrocar el régimen de Kiev o deponer las armas.

¿Un acuerdo negociado?

No hay duda de que Ucrania enfrenta una amenaza existencial, en opinión de John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, y uno de los “más famosos críticos de la política exterior norteamericana desde el fin de la Guerra Fría”, según la revista The Atlantic.

Mearsheimer no cree en un acuerdo negociado. Cada parte ve a la otra como una amenaza existencial, que debe ser derrotada en el campo de batalla. En esas condiciones, hay poco espacio para un acuerdo. “Los rusos van a conquistar más del 23% de territorio ucraniano que ya han conquistado”, lo que dejará a Ucrania como un estado disfuncional, incapaz de librar una gran guerra contra Rusia. “La mejor solución, por ahora, es la de un conflicto congelado”, estimó.

Pero Podoliak se preguntaba: –¿por qué proponer congelar en conflicto, como quiere Rusia, en vez de acelerar el suministro de armas para Ucrania?

A estas alturas, no parece una opción capaz de cambiar el curso de la guerra. En el frente de batalla, a mediados de agosto la evaluación de Moscú era de que los esfuerzos militares de Ucrania por romper sus líneas habían fracasado. Según el ministerio de Defensa ruso, desde junio el ejército ucraniano ha perdido más de 43 mil hombres y cerca de cinco mil piezas de equipos pesados, incluyendo decenas de tanques occidentales, norteamericanos y alemanes.

Empiezan a asomarse entonces, aunque de forma incipiente, reflexiones sobre las formas de la paz, incluyendo las relaciones de Europa con Rusia. Pero, sobre todo, sus efectos en un escenario internacional como el percibido por Dauster, con Estados Unidos tratando de postergar su gradual pérdida de poder hegemónico, con el mundo asistiendo a los estertores de la Pax Americana, establecida con el fin del socialismo en el este europeo y de la misma Unión Soviética.

En un escenario como ese, la construcción de la paz requerirá más sabiduría que la necesaria para decidir ir a la guerra.

FIN

América Latina en el escenario internacional: el papel de la “quinta columna”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

San José, 25 julio 2023

En Vilnus, un mundo sin América Latina

Pocas reuniones recientes despertaron mayor expectativa internacional que la celebrada por la OTAN en la capital lituana, Vilnus, el 11 de julio pasado. Se discutían los nuevos pasos a dar en apoyo a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El resultado se resumió en un largo documento de 30 páginas y 90 párrafos, en los que no hay una sola referencia a América Latina.

Puede parecer normal. El Tratado de la OTAN define el Atlántico Norte como su área de operaciones y a sus 12 países fundadores se han ido sumando otros 19, de los cuales 15 son de Europa del este, luego de la disolución de la Unión Soviética.

Ningún país latinoamericano pertenece a la región, ni es miembro de la institución y, salvo Costa Rica, ninguno se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por los países de la OTAN y sus aliados.

Pero lo geográfico probablemente no agote la explicación. En las últimas décadas la OTAN ha extendido su membresía por Europa, hasta las fronteras rusas y el comunicado de Vilnus indica, en su primer párrafo, su aspiración a asegurar la defensa colectiva de sus miembros contra todas las amenazas, en una visión de 360 grados. O sea, de todo el mundo.

No se trata de discutir aquí afirmaciones del documento como el carácter defensivo de la organización, ni el reconocimiento de su dependencia de las fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos; ni su visión sobre el origen de la guerra en Ucrania, ni los acuerdos adoptados para apoyar el país en su guerra contra Rusia.

Se trata aquí de otro tema: de tratar de entender la reiterada ausencia de América Latina en documentos recientes de potencias y organizaciones internacionales, en los cuales la región, o no es mencionada, o lo es de forma secundaria. En el de la OTAN es completamente ignorada, como ya lo señalamos.

El documento cita diversos casos sensibles para la estabilidad de Europa, como el de los Balcanes Occidentales; cita la importancia de la paz entre Bosnia y Herzegovinia; las relaciones con Serbia, con Kosovo, con Georgia (a la que quieren incorporar a la alianza), con Moldavia, y reconoce que el papel de sus aliados no europeos es esencial para la defensa de Europa.

Señalan a la República Popular China como una amenaza a los intereses, la seguridad y los valores de la Alianza y que el desarrollo de los acontecimientos en la región Indo-Pacifico “pueden afectar directamente la seguridad Euro-Atlántica”. Celebra la contribución de sus aliados en la región, –Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur– y destaca la importancia de las relaciones de la OTAN con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana. Reiteran su determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares; condenan el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Se refieren a los vecinos del sur de la OTAN, particularmente el Medio Oriente, África del norte y el Sahel. Reafirman la intención de estabilizar la situación en Irak; la importancia geopolítica del Mar Negro, del Oriente Medio y África.

Pero América Latina no aparece ni siquiera en el párrafo 68, donde afirman que la seguridad energética juega un papel importante en la seguridad global, en los mismos días en que se confirmaba el descubrimiento en Bolivia de la mayor reserva de litio del mundo.

Ningún lugar para América Latina

Quizás deberíamos buscar un lugar para América Latina en otro sitio. En octubre del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un documento sobre su “National Security Strategy”. Si no deberíamos esperar, en un documento de la OTAN, referencias especiales a América Latina, parecería lógico encontrarla en las definiciones estratégicas de los Estados Unidos, cuya larga y estrecha relación con el hemisferio es parte de la historia.

En la introducción del documento, Biden promete seguir defendiendo la democracia alrededor del mundo y celebra la renovación de una formidable red de alianzas. Primero, con la Unión Europea; luego, con el Quad, en la región del Indo-Pacífico, con la que ha establecido también un marco de cooperación económica. Solo en cuarto lugar cita su iniciativa para la región, la “Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas”, lanzada en junio de 2022.

En las 48 páginas del documento se analiza los intereses estratégicos de los Estados Unidos, por regiones. En lo que se refiere a América Latina, en dos páginas, habla de la promoción de la democracia y de una supuesta “prosperidad compartida”. Entre los objetivos de la Alianza está “restaurar la fe en la democracia” en la región, para lo que promete crear buenos empleos y abordar la desigualdad económica.

No son objetivos menores, con países como el mismo Estados Unidos, o Brasil, aun conmocionados por los intentos por subvertir el orden político y promover protestas violentas para desconocer las elecciones, por los partidarios de los expresidentes Trump y Bolsonaro, para citar solo dos casos extremos de renovadas tensiones políticas, sustentadas en una creciente disparidad económica.

El 27 de enero de 2023 la Casa Blanca pretendió relanzar, en un evento ministerial con la participación de doce países de la región, la propuesta de la Alianza que, pese a todo, languidece sin ninguna perspectiva de desarrollo.

Sin embargo, los que derivan del hecho de que América Latina sea apenas mencionada en estos acuerdos la conclusión de que su papel es secundario en el orden internacional deberían leer las dos páginas en las que la National Security Strategy se refiere a la región.

Ahí se dice que “ninguna región impacta más directamente el país que el Hemisferio Occidental”. Con un comercio anual de 1,9 millones de millones de dólares (1.9 trillón en inglés), “con valores compartidos y tradiciones democráticas”, la región ha contribuido de manera decisiva para la prosperidad y la resiliencia de los Estados Unidos, cuya seguridad y prosperidad está vinculada a la de sus vecinos, reconoce el documento.

Entre sus objetivos están, además, los de “protegernos de interferencias externas, incluyendo las de la República Popular China, Rusia o Irán” y, aliados con la sociedad civil y con otros gobiernos, apoyar la autodeterminación democrática para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Se reconoce así la intervención en el proceso político de nuestros países, la permanente desestabilización sustentada, en un pasado reciente, por golpes cívico-militares y, actualmente, por sanciones económicas unilaterales cuyos efectos devastadores, en el caso de Cuba, tienen ya más de 60 años. Sanciones condenadas todos los años prácticamente por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, sin que la Casa Blanca acate ninguna de esas resoluciones.

La Quinta Columna

Sometidos a drásticas sanciones, tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua, enfrentan enormes dificultades no solo para mantener su economía funcionando, sino para desarrollar su vida política con cierta normalidad, pues la oposición cuenta a su favor con el deterioro económico provocado por las sanciones de Washington y con el apoyo político de una vasta red de ONGs que financia a la oposición con recursos, publicidad y capacitación profesional.

Muy recientemente, el 20 de julio pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, pedía, en una entrevista en el diario conservador brasileño O Globo, que Brasil empleara su “liderazgo” y su habilidad diplomática para influir en las elecciones de Venezuela, para lograr un juego “libre y justo» en el que «todos los candidatos puedan postularse».

El presidente Nicolás Maduro ya se había referido a estas iniciativas norteamericanas exigiendo elecciones libres de las sanciones económicas impuestas al país por Washington, cuya intervención a favor de la oposición hace del todo imposible esas elecciones “libres y justas”.

Lo que quisiéramos sugerir en este artículo es que es precisamente esta “quinta columna”, financiada y organizada por Washington, la que hace innecesario, e inclusive inconveniente, hacer referencias detalladas a las políticas hacia América Latina, en un escenario en el que una intervención externa requiere más bien discreción.

De Vilnus a la CELAC

Pero han ocurrido cambios en el papel desempeñado por América Latina en el escenario internacional. La aparición de Lula, desde que asumió nuevamente la presidencia de Brasil, en enero pasado, es el factor más importante en esos cambios, facilitando el resurgimiento de UNASUR, agregando nuevas propuestas para el tratamiento del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN, redefiniendo los términos de las relaciones con la Unión Europea, o sumándose nuevamente a la actividad de los BRICS, que se reunirán en agosto en Sudáfrica.

El 30 de mayo Lula realizó, en Brasilia, una reunión con los jefes de Estado latinoamericanos (con la única ausencia de la del Perú), incluyendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo aislamiento es parte de la política promovida por Washington, con el apoyo de gobiernos conservadores y de aliados políticos regionales: de la “quinta columna”.

Una quinta columna que desvincula su proyecto de cualquier proyecto de desarrollo nacional y que hace recordar la “quinta frontera”, como la que representaba para Panamá –en palabras del general Omar Torrijos– la Zona del Canal, entonces en manos de los Estados Unidos.

Los factores que unen a la región «están por encima de las ideologías», dijo Lula, en referencia a una posible reactivación de la UNASUR. «Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales».

Una idea que reiteró en la reunión con el Foro Empresarial de la Unión Europea, el 19 de julio pasado: –Brasil solo crecerá de forma sustentable con la integración de nuestro entorno regional.

Ante esa realidad, y los cambios que la guerra en Europa significó para el escenario internacional, la corresponsal en Bruselas del diario catalán La Vanguardia, Beatriz Navarro, señaló que “después de años de olvido y desinterés que otros actores globales –léase China– han aprovechado a fondo para expandir su influencia en la región, la Unión Europea volverá hoy su mirada hacia América Latina y el Caribe con la celebración de la primera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de ambos bloques desde el lejano 2015”.

Ahí el presidente brasileño volvió a reiterar la necesidad de una alianza que ponga fin a una división internacional del trabajo que solo ha significado pobreza para la mayoría de la región y a nuestro papel de suministradores de materia prima y de mano de obra migratoria barata.

Recordó que en 2009 los países desarrollados acordaron destinar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo, compromiso “que nunca fue cumplido”.

La frase nos recuerda que esos cien mil millones de dólares fueron destinados más bien, en algunos meses, a suministrar armamentos a Ucrania, en una indicación de las prioridades de Occidente.

Para el director de la Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, la posición de los países latinoamericanos sobre la guerra en Ucrania expresada en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea se explicaba porque “no quieren enfrentarse diplomáticamente a Rusia y China, por razones económicas, aunque también políticas”.

A Juliana, como a los líderes europeos, les cuesta entender que, para Lula, es inaplazable reformar la gobernanza global, como expuso en Europa, y que “dividir el mundo en bloques antagónico es una insensatez”.

Con un mundo en transición, quizás valga la pena atender nuevamente a las palabras del académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, un personaje que hace falta oír en América Latina para tener una visión más equilibrada de esos cambios. En su libro más reciente, “The Asian 21st century” (de acceso abierto), reitera su idea de que el siglo de predominio norteamericano ha terminado y que los intentos de Washington de contener a China solo terminarán por aislar a los Estados Unidos del resto del mundo. Los editores de su libro esperaban unas 20 mil visitas al texto, dijo Mahbubani, que, sin embargo, superan ya los tres millones (el libro puede ser visto aquí: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-6811-1.pdf?pdf=button%20sticky).

La “quinta columna” no nos ayuda a pensar en ese mundo en el que América Latina no termina de encontrar su lugar, pese a iniciativas recientes por reforzar su unidad y jugar un papel en los esfuerzos de paz que renueven la gobernanza global y pongan fin a una visión del mundo cimentada en bloques antagónicos.

FIN

La izquierda y el debate constitucional chileno: La historia de una rebeldía, o los estertores de una forma política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes, en San José

13 mayo 2023

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.

Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.

Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.

Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.

–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.

Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.

Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.

El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.

“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.

En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.

“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.

Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.

Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.

Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).

En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.

¿Qué necesita Chile?

Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.

La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.

Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.

Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.

Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.

La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.

En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.

En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.

Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).

“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.

Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.

Los muchos senderos del camino

La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.

Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.

En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.

Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.

El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.

El debate constituyente

Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.

Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.

El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.

Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.

El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.

Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.

Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.

Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.

Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.

La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.

Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.

“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.

Hacer transformaciones en el país

La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.

Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.

“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.

Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.

“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.

“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.

Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.

Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.

Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.

Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.

FIN

La izquierda y la situación en Nicaragua – Una deuda latinoamericana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

Marzo 2023

Un informe del subcontratista Chemonics International Inc. para la USAID evalúa el resultado de diversos programas desarrollados en Nicaragua entre abril de 2013 y febrero del 2018 (el informe puede ser visto aquí: https://chemonics.com/wp-content/uploads/2018/10/FinalReport.pdf)

En sus 61 páginas se definen objetivos y resultados de los diversos programas de apoyo a 17 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.

Entre los objetivos del programa estaba el fortalecimiento de la capacidad de esas organizaciones “para mejor defender las demandas de los ciudadanos mediante el proyecto de promoción de las capacidades de la sociedad civil”.

Se trataba de proporcionar a la USAID información útil para que organizaciones clave –que ya recibían recursos de la USAID para actividades que el proyecto llama de “democracia y gobernabilidad”–, pudieran lograr de mejor manera sus objetivos comunes.

Se pretendía incrementar la capacidad de las ONGs para concientizar y movilizar a los ciudadanos; “incrementar la capacidad de coordinación de las ONGs y de los individuos, del sector privado y de los medios para promover la concientización, la defensa y el activismo”.

El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de comunicación, creando especialmente para eso “herramientas de medios digitales”.

Ya veríamos después el contenido de esas campañas de concientización y de activismo. El documento especifica algunas organizaciones beneficiarias, la realización de talleres con periodistas y grupos de derechos humanos, particularmente importantes para lo que califica de “desafiante contexto político” nicaragüense.

Los participantes “aprendieron a encriptar información en sus teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para prevenir ataques cibernéticos y la manipulación de sus aparatos de comunicación o sitios web con información importante para los nicaragüenses”.

Los recursos del programa otorgaron también a las ONGs una mayor capacidad para “plantear reivindicaciones y desarrollar acciones específicas de reivindicaciones”.

Una interferencia multimillonaria

El documento al que hacemos referencia no es el único sobre las actividades de la AID en Nicaragua. En la página de la USAID (https://www.usaid.gov/nicaragua/history) se puede leer que “el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado cerca de 2,5 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo a Nicaragua, principalmente mediante la AID”, desde su establecimiento, en 1962.

De acuerdo con su estrategia actual –cuya definición puede ser vista en internet–, la USAID “provee entrenamiento y asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas para reivindicar efectivamente las prácticas democráticas y los derechos humanos”.

De los 2,5 mil millones de dólares que la agencia invirtió en Nicaragua, 507 millones fueron empleados en “esfuerzos de estabilización de la economía, para enfrentar la creciente inflación, y el pago de deudas con instituciones multilaterales”, además de 36,3 millones invertidos “en programas de generación de empleo” en los años 90.

Hay que recordar que el 25 de abril de 1990 asumió la presidente Violeta Barrios de Chamorro, electa después de años de guerra organizada y financiada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista.

Celebradas en medio del caos provocado por la intervención militar, con la economía afectada por las sanciones económicas, los sandinistas no tenían posibilidades de triunfo, si consideramos, además, que el gobierno norteamericano había prometido continuar con la guerra si eso ocurría.

En resumen, Estados Unidos dedicó millones de dólares para combatir la revolución sandinista en los años 80’s, para provocar el caos en su economía, incluyendo los recursos del escándalo conocido como “Irán-contras”, para aportar después otros millones para apoyar los planes de reconstrucción de sus aliados.

¿Cómo no reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el caos económico creado en Nicaragua, que luego pretendió resolver con los poco más de 540 millones de dólares, que se revelaron insuficientes para reordenar la economía del país, como ha quedado en evidencia si vemos los resultados 30 años después de esa intervención?

Los especiales intereses en un posible canal interoceánico por Nicaragua, en competencia con el de Panamá, hizo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua una política habitual. Como consecuencia, la resistencia a esa intervención adquirió particular relevancia con la rebelión del general Sandino, asesinado en febrero de 1934 por las fuerzas políticas y militares nicaragüenses instaladas en el poder por Washington.

Desde entonces, la política nicaragüense es incapaz de encontrar un escenario donde sandinistas y antisandinistas puedan enfrentarse, sin que la intervención norteamericana desequilibre lo que debería ser una “normal” disputa política sobre diferentes visiones del país.

La masiva intervención de los años 80’s dio origen a una nueva etapa política, en la que sandinismo y antisandinismo, desdibujados, han buscado reacomodarse y sobrevivir; haciendo que el sandinismo se dividiera; que Ortega asumiera el poder en sucesivas elecciones, con la oposición cada vez más acorralada; hasta desembocar en las protestas de 2018 y la represión que la siguió.

La división del sandinismo ocurrida en el período posterior a la derrota electoral de febrero de 1990 es uno de los acontecimientos que contribuyó al desarrollo del actual orden político en el país. La prisión, exilio, expropiación, retiro de la nacionalidad de destacados líderes de la revolución sandinista de los años 80 solo puede ser visto como el fracaso de un proceso que entonces logró aglutinar una voluntad mayoritaria en apoyo al proceso revolucionario.

Conociendo los programas y los recursos puestos a disposición de la oposición por la AID, revisando sus objetivos y el periodo de desarrollo de esos programas (2013-2018), pensar que las protestas de abril del 2018 fueron una rebelión espontánea es, por lo menos, una ingenuidad.

La oposición salió a derrocar el gobierno y el gobierno respondió matando y encarcelando a los opositores. Como en otros lugares del mundo, otro Maidán, otra revolución de colores, generó una confrontación que un desarrollo sin esas interferencias quizás pudiese haberse evitado.

El aire refrescante de América Latina

Es en ese contexto que la oposición nicaragüense desarrolla una intensa campaña para minar el apoyo de la “izquierda” latinoamericana a Ortega. Esa campaña –titulada “La izquierda latinoamericana de espaldas a la dictadura”– es organizada por medios digitales de la oposición nicaragüense.

Una campaña de esa naturaleza podría ofrecer a la izquierda latinoamericana una alternativa al gobierno de Ortega. Pero se limita a argumentar que el gobierno de Ortega no es “de izquierda”. Sería lógico pensar entonces que la “izquierda” está en la oposición. Pero no es así.

Dada la desarticulación de la oposición, a su imposibilidad de organizarse al interior del país debido a la represión del gobierno, esa oposición se define o se aglutina tras el objetivo de deponer el gobierno. Pero es prácticamente imposible encontrar una explícita visión de país que pretenden construir, el orden económico que pretenden organizar, desde su visión del escenario internacional.

En esas condiciones, una manera de vislumbrar el carácter político de esa oposición es revisar las posiciones de los candidatos presidenciales opositores en las pasadas elecciones, todos ellos encarcelados y luego extraditados y expropiados por Ortega. Un verdadero caos, aplicado con una crueldad inaceptable. En esa oposición no hay nada que se pueda calificar como de “izquierda”, como la campaña mediática pudiera sugerir.

La “izquierda” latinoamericana está atrapada en este juego. Entre los que apoyan a Ortega a rajatabla y los que consideran impensable cualquier apoyo a su gobierno, un casi desaparecido atajo ha ido quedando oculto por el bosque. Un atajo que nos lleva a la casa centroamericana, donde hace falta abrir dos ventanas: una para que salga el aire sofocante de Washington. Otra, para que entre el aire refrescante de América Latina.

Nuevas realidades

Hace 45 años era impensable que América Latina pudiera extender sus intereses a una región sometida desde hace más de un siglo a la influencia e intereses norteamericanos, nacidos no solo de la cercanía geográfica sino, principalmente, de una ubicación estratégica, capaz de facilitar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico.

Hoy, no solo la situación es distinta, sino que está en rápido y profundo cambio. En el nuevo orden mundial una mayor presencia política latinoamericana en la región parece posible y necesaria. Preguntado por la situación en Nicaragua, el presidente brasileño, Lula, dijo no estar muy informado. Ya no parece una respuesta razonable.

Es inaceptable la política norteamericana de sanciones unilaterales contra países latinoamericanos, cuya principal expresión es la impuesta por más de 60 años a Cuba, pese al rechazo prácticamente unánime, año tras año, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sería del todo inconveniente para América Latina ver un gobierno nicaragüense que, en caso de triunfo de la oposición, se sumase a esa política de sanciones de Washington contra países de la región. Pero la oposición nicaragüense no habla públicamente de esas cosas, aunque lo hace en privado.

Así como importantes sectores de la izquierda latinoamericana se sienten incómodos con la situación de Nicaragua, la oposición evita cuidadosamente definirse en el escenario político, que algunos de sus representantes prefieren explicar diciendo que ya no existe ni izquierda ni derecha. Naturalmente, los sectores más conservadores, que encabezan la oposición, se sienten cómodos en la derecha.

El caos centroamericano

Está claro que el siglo de intervención norteamericana no es ajeno a la incapacidad de organización política de los países centroamericanos. Tampoco es ajeno a su pobreza y desigualdad económica, fundamento de la riqueza de viejos magnates norteamericanos, bien descritos por el ensayista costarricense Vicente Sáenz en sus libros, ya en la primera mitad del siglo pasado.

Costa Rica es la excepción en ese caos. Pero eso tiene una explicación. Desde mi punto de vista se debió a la obra de un político notable, José Figueres, el mismo que, a fines de los años 40 abolió el ejército nacional (cosa constantemente recordada por políticos y académicos), pero que hizo algo todavía más importante: nacionalizó la banca. Eso fue la clave para que el país contara con recursos para atender la demanda de su población de mejor manera que otros países de la región y pudiera organizar un orden político y administrativo que respondiera de mejor forma a esas necesidades.

Es cierto, sin embargo, que desde principios de los años 80, cuando en el mundo se abría paso el modelo neoliberal y trataban de convencernos de que no había alternativa, un gobierno que se reivindicaba como de la misma línea de Figueres dio comienza a un proceso de privatizaciones que, con recursos de la AID, apuntó, en primer lugar, a la banca nacionalizada. En los 40 años siguientes, ese mismo partido (el socialdemócrata Liberación Nacional) consolidó el camino neoliberal, incluyendo una campaña para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos basada en una estrategia conocida como el “Memorando del miedo”. Hoy, el país también siente que ha perdido su rumbo, que un cierto orden, sustentado por un Estado preocupado por la vida de sus ciudadanos, ha ido, poco a poco, a mordiscos, siendo desarmado.

La deuda latinoamericana

Si el factor desequilibrante de la política en los países centroamericanos, en particular en Nicaragua, es la intervención norteamericana, es cierto que la ausencia latinoamericana no solo ha dejado a disposición de Washington todo el escenario, sino que ha privado de otras opciones a los sectores políticos nicaragüenses que no se sienten cómodos con el actual escenario.

El nuevo gobierno brasileño ha optado por no sumarse a condenas interesadas, al uso abusivo del tema de los “derechos humanos”, transformados en instrumento político gracias a disposiciones a las que Washington nunca adhirió, concebidas especialmente para poner a pelear a los latinoamericanos. El gobierno brasileño ha expresado su desacuerdo con medidas como la extradición, la expropiación y el retiro de la nacionalidad a líderes opositores, pero ha querido dejar abierta una puerta el diálogo. No es suficiente la propuesta de una política alternativa cuyos resultados solo se verán a mediano, o largo plazo. Hay una situación en desarrollo que requiere atención más urgente.

El cambio de gobierno en Brasil, en Colombia, la posición de López Obrador, en México, o de Alberto Fernández, en Argentina, son una base importante para la coordinación de esas políticas. Hace falta que los partidos políticos del Sur estén presentes en Centroamérica.

Una derecha muy conservadora, la de Piñera y Macri, de Calderón, y Fox, de Aznar y Rajoy se ha reunido para fortalecer “la libertad y la democracia” en la región.

Es inconcebible que políticos latinoamericanos puedan reunirse con colegas como el español Aznar, precisamente cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, que justificó jurando tener evidencias de las armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein (sus afirmaciones en la época pueden ser vistas aquí: https://www.facebook.com/watch/?v=1100473373617333). Con sus aliados, tiene la destrucción de un país y centenares de miles de muertos a su haber.

Es esa gente es la que se propone defender “la libertad y la democracia” en la región. Para enfrentarlos hay que proponer una visión distinta y organizar una alternativa que responda a los intereses latinoamericanos.

FIN