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En los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular: parecía que había una derecha democrática…

Gilberto Lopes

Septiembre del 2023, en Santiago

Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.

Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.

Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.

Una crisis sin solución

–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.

“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.

En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.

“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.

Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.

A 50 años del golpe

–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.

“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.

La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.

“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.

“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.

El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.

Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.

Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.

Democracia y derechos humanos

La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.

Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.

Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.

Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.

Se toma un tiempo piensay me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.

Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.

Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.

En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.

Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.

Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.

Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.

Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.

Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?

Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.

Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.

Rechazo de la derecha

Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.

Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.

El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.

No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.

“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.

Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.

Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.

Una puerta errada

La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.

Ahí reiteró su discurso:

los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.

Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.

Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.

50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.

La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones­– a los chilenos.

¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?

La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.

Elecciones, elecciones, elecciones…

Por Gilberto Lopes, 28 ago 2023
Reunión del Observatorio Político de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz de la CNBB
Martes, 29 de agosto

Me han pedido que hable sobre las recientes elecciones en Ecuador, Guatemala y Argentina.

¿Cómo analizar estos temas?

El 20 de agosto, los votantes guatemaltecos eligieron a Bernardo Arévalo presidente de la República. Dos académicas estadounidenses, Shannon K. O’Neil (Vicepresidenta, Directora Adjunta de Estudios y Nelson and David Rockefeller Senior Fellow for Latin American Studies en el Council on Foreign Relations) y Will Freeman (Fellow for Latin American Studies en el CFR y Doctor en Política por la Universidad de Princeton) se refieren a Arévalo como «un candidato anticorrupción». La austera campaña de Arévalo es un signo de los tiempos, dicen. Y dicen que, en Guatemala, el dinero no puede comprar estas elecciones. Cada vez ganan más los candidatos con más seguidores en Tik Tok. No los que tienen más recursos.

Abro un paréntesis para tocar un tema actual. Entre las reformas que el padre de Arévalo, Juan José Arévalo, presidente de Guatemala entre 1945 y 1951, trató de consolidar en la constitución de 1945, estaba la reestructuración del ejército, con la suspensión del generalato, decretada con el triunfo del movimiento revolucionario de 1944 (en un contexto marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial), junto con el esfuerzo de profesionalización del ejército, tema al que la constitución de la época dedicaba un capítulo entero. Una experiencia interesante, en circunstancias muy diferentes a las actuales, pero que tal vez merezca nuestra atención. Quién sabe si su hijo intentará retomar esta iniciativa, en un país en el que, durante la Guerra Fría, el ejército desempeñó un papel criminal, especialmente contra la población indígena de seis millones de habitantes, que representa entre el 45% y el 60% de la población guatemalteca total, y que sigue siendo un factor muy importante en la vida del país.

Retomo el hilo de nuestra conversación. Las académicas estadounidenses comparaban la campaña de Bernardo Arévalo con la de Daniel Noboa en Ecuador, miembro de una de las familias más ricas del país e hijo de un empresario que se ha presentado cinco veces a la presidencia sin éxito. El hijo habría sido un sorpresivo ganador en estas elecciones gracias a su buen desempeño en el debate electoral (y no por los recursos gastados en su campaña).

Quizás todo esto sea verdad, pero es difícil aceptar la idea sin ninguna sospecha, sobre todo sabiendo lo millonarias que son, por ejemplo, las campañas estadounidenses (y también las latinoamericanas); cualquiera de ellas requiere enormes recursos, ya sea para alcalde, congresista o presidente.

Tal vez más realista, leí un titular en el medio brasileño, «Correio da Cidadania», que decía: «Segundo round en Ecuador entre progresistas y millonarios».

Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, mujer, madre soltera, creó la expectativa de ampliar el espectro electoral a nuevos votantes. Luisa González es de Manabí, una provincia electoralmente importante, y tiene una característica inesperada para un movimiento de izquierda: es evangélica. En los resúmenes más habituales, estas son las características que destacan de la candidata. Naturalmente, también su afiliación al «correísmo».

Está por ver si esta vez será capaz de sumar a su 33% de los votos, lo que le falta para la mayoría absoluta en la segunda vuelta. En las pasadas elecciones no pudo, a pesar del similar 32 por ciento de los votos obtenido por el correísmo en la primera vuelta.

Pero todo esto son simples cálculos electorales. Naturalmente, son muy importantes, pero no creo que sea el aspecto más importante para este análisis.

Me gustaría situar todo esto en un contexto más amplio: el de nuestra dificultad para transformar propuestas progresistas en apoyo mayoritario, ante el resurgimiento de los aspectos más irritantes de una derecha que, en mi opinión, no debería dividirse fácilmente en «extrema», por un lado, y otra, más «civilizada», con la que podríamos convivir. No me gustan mucho estas definiciones, aunque no desconozco el debate que inevitablemente surge cuando una sociedad se enfrenta a desafíos de grupos más radicales y tiene que elegir una estrategia para hacerles frente. Es un debate que puede resumirse en una opción «democrática» frente a otra «dictatorial».

Son debates contingentes, siempre controversiales, difíciles de resolver, pero inevitables. Estos debates no pueden resolverse simplemente con reglas generales. Aunque éstas sean indispensables, en estos casos la especificidad de cada experiencia adquiere una importancia particular.

Por lo tanto, me quedaré aquí en un nivel de discusión más general, tratando de comprender las dificultades que enfrentan lo que podríamos llamar «sectores progresistas» (sin entrar en mayores discusiones sobre la definición) para presentar una propuesta política que resulte atractiva para los sectores mayoritarios de la sociedad.

Cómo dejar atrás el mundo neoliberal

Y aquí, si me lo permiten, voy a referirme, más que a Argentina, al caso chileno, donde los debates son intensos, en el contexto del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que seguiré en Chile a partir del 8 de septiembre.

Sobre el debate constitucional chileno y el resultado del referéndum de septiembre de 2022, publiqué el artículo «El debate constitucional chileno» en la página «A Terra é Redonda«, el 16 de mayo.

En él decía que, mirando 50 años atrás, Chile necesitaba retomar el camino de las reformas interrumpido por la dictadura. Analizando la cuestión más ampliamente, me preguntaba: ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para llevar a cabo reformas que desmantelen el mundo neoliberal? Me parece que ésta es la esencia del desafío.

¿Qué es, para mí, el modelo neoliberal? Es el modelo de un sector voraz y minoritario cuyo objetivo es apropiarse de la mayor parte posible de la riqueza de un país. El principal elemento para lograr este objetivo es la privatización de empresas públicas por parte de grupos empresariales nacionales y extranjeros. En el caso chileno, principalmente el cobre, que Allende había nacionalizado y definido como «el sueldo de Chile». No es difícil encontrar ejemplos similares en Brasil, por ejemplo. Cito los casos de minera Vale, de la Petrobrás o de Eletrobrás. Pero estos son sólo algunos ejemplos.

La destrucción de las organizaciones sindicales y políticas que puedan oponerse a estas medidas es también una tarea permanente del proyecto neoliberal.

Como señaló hace muchos años el destacado dirigente del partido conservador chileno Renovación Nacional, Andrés Allamand, diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sebastián Piñera, en su libro «La travesía del desierto», lo que Pinochet ofreció a la derecha neoliberal fue la oportunidad de aplicar radicalmente las transformaciones exigidas por el modelo, sin restricciones desde el poder político. «Más de una vez, en el frío penetrante de Chicago, los esforzados estudiantes que soñaban con transformar el rostro de Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿alguien que asuma este proyecto ganará alguna vez la presidencia? Ahora [con el golpe militar] ya no tenían ese problema», dijo Allamand.

Esta frase nos permite introducir otro tema: los derechos humanos. Para mí, está perfectamente claro que la violación de los derechos humanos no fue más que una herramienta para alcanzar los objetivos políticos y económicos de una derecha sin escrúpulos. La principal violación de los derechos humanos fue esta política neoliberal.

Como dijo el sociólogo Felipe Portales en un artículo titulado «Chile: 50 años de neoliberalismo», el modelo de sociedad extremadamente neoliberal impuesto violentamente por la dictadura no fue combatido, sino legitimado, consolidado y profundizado pacíficamente durante los 30 años de «democracia». Es decir, nunca pudimos recuperar el proyecto de Unidad Popular, un proyecto construido sobre la apropiación de los recursos nacionales por parte del Estado y el estímulo a la organización política y social de los sectores populares.

Portales critica el modelo que «concentra la riqueza en grandes grupos económicos fundamentalmente financieros, extractivos y que controlan los sistemas de educación, salud y bienestar, apoyados por el Estado y con sectores populares y medios atomizados y sin poder real».

Si este es el caso, es particularmente importante definir una propuesta progresista que no se limite a lo accesorio: en este caso, los derechos humanos. Una propuesta que no deje de lado, que lo convierta en su principal demanda, el desmantelamiento de los mecanismos que han permitido el asalto al patrimonio público y privado de los chilenos, como el escandaloso caso de las AFP, las «Administradoras de Fondos de Pensiones». No es posible profundizar aquí en este tema, que el economista Marco Kremerman y la Fundación Sol, entre otros, han analizado en detalle.

Lo que quiero destacar aquí, porque creo que esta relación no ha sido tratada adecuadamente, es la importancia que le doy a esta política neoliberal y a los mecanismos de destrucción de las organizaciones políticas y sociales populares. Cualquier análisis de los «derechos humanos» desvinculado de su contexto político sólo sirve para que los latinoamericanos se peleen entre ellos, con Washington mirando, aplaudiendo desde la primera fila del público. Estados Unidos que, como sabemos, no ha ratificado ningún instrumento de derechos humanos, incluida la Convención y la Carta Interamericanas. Derechos humanos que han sido sistemáticamente violados por las sanciones ilegales que Washington ha aplicado contra Cuba durante décadas, condenadas casi unánimemente año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sanciones impuestas más recientemente a Venezuela, y que Washington aplicó a Chile durante el gobierno de Allende.

Debemos aprender de esta lección, aunque comprendamos perfectamente las dificultades de transformar una visión general en una política práctica que responda a las necesidades de cada caso particular.

En Chile, hace muy poco, Tomás Mosciatti, un comentarista muy popular en la radio Bio-Bio y crítico al gobierno de Boric, recordaba que «el gobierno no ha hecho nada frente a la ofensiva concentración económica que existe en el país», hecho que, a su juicio, «atenta contra el mercado». Boric y compañía -continuó- «no tienen ni idea de quiénes son los más necesitados, quiénes son los más pobres. Por eso, en las dos últimas elecciones, los sectores más desfavorecidos fueron los que votaron contra Boric y su Gobierno».

Ciertamente no es una opinión compartida por todos, y menos aún por el gobierno de Boric. Pero no creo que esté alejada de la realidad, ni que deje de señalar un problema de fondo.

Tampoco creo que Mosciatti esté muy preocupado por los más necesitados, pero no deja de tener razón en su crítica al gobierno de Boric, uno de los principales referentes de la política de defensa de los «derechos humanos» que lo ha colocado junto a los más reaccionarios de América Latina, en ocasión de la cumbre sudamericana de mayo pasado en Brasilia, cuando criticó a Venezuela, sin hacer ninguna referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país.

Creo que puedo resumir esta ya larga presentación con una frase del economista brasileño Paulo Nogueira Batista sobre el gobierno chileno, una frase que ayuda a entender todo este proceso, así como nuestras enormes dificultades para estructurar una alternativa que enfrente el modelo neoliberal: «Boric es la izquierda que le gusta a la derecha». Una vertiente de la izquierda «centrada en la llamada ‘agenda identitaria’, es decir, en cuestiones relacionadas con género, raza y otros aspectos de la identidad, en detrimento de las agendas sociales y laborales».

En mi opinión, esto resume el reto de reconstruir una idea de nación que sólo tendrá futuro si acaba con los mecanismos que destruyen o debilitan toda organización popular, y si recupera los recursos de los que hoy se apropian poderosos sectores minoritarios, base de los mecanismos que alimentan la enorme desigualdad que caracteriza nuestras sociedades.

Una propuesta

Las reglas de organización política para América Latina quedaron establecidas en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001 en Perú.

Se trata de un documento que consagra los principios liberales, los mismos que han servido de base a prácticamente todas las dictaduras y modelos neoliberales en América Latina, como se desprende del texto del conservador chileno Andrés Allamand.

El primer párrafo de la Carta establece que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los objetivos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, respetando el principio de no intervención.

Después de este párrafo, lo que sigue son las normas que rigen la intervención en los países que deciden buscar nuevos modelos de organización política, económica y social, sin que se respete, ni siquiera se vuelva a mencionar, el principio de no intervención.

«En el caso de Pinochet, se le atribuyó el milagro de Chile, un exitoso experimento de libre mercado, privatización, desregulación y expansión económica, cuyas semillas de liberalismo se extendieron desde Valparaíso hasta Virginia», escribió el periodista Greg Palast en 2006. Pinochet había muerto dos días antes.

Palast opinaba que Pinochet no había destruido por sí solo la economía chilena. «Fueron necesarios nueve años de duro trabajo de las mentes académicas más brillantes del mundo, un grupo de aprendices de Milton Friedman, los Chicago Boys. Bajo el hechizo de sus teorías, el general abolió el salario mínimo, prohibió los derechos de negociación de los sindicatos, privatizó el sistema de pensiones, suprimió todos los impuestos sobre el patrimonio y la renta de las empresas, redujo el empleo público, privatizó 212 industrias estatales y 66 bancos, y logró el exceso fiscal.»

La relación entre esta política económica liberal y las más crueles violaciones de los derechos humanos queda clara no sólo en el texto citado, sino también en las prácticas habituales de las dictaduras latinoamericanas. Es bien conocido el debate sobre el apoyo de Friedrich Hayek a Pinochet, a quien el filósofo-economista visitó por primera vez cuatro años después del golpe de Estado de 1977.

El economista portugués, excoordinador del Bloque de Izquierda, Fracisco Louçã, lo recordaba también en reciente artículo sobre “La extrema derecha en América Latina”.

“América Latina fue una de las regiones con mayor implicación de las instituciones estadounidenses en la formación neoliberal de las élites; formaba parte de la Guerra Fría”, recordó Louçã. “A principios de los 60, Chile no contaba con más de 120 economistas; en dos décadas, la Universidad de Chicago creó la columna vertebral de una nueva política económica. Arnold Harberger, el académico que lideró este proceso de transformación de la enseñanza y selección de ejecutivos en Chile y América Latina, se jactaba de haber formado a 300 líderes, entre ellos 70 ministros y 15 presidentes de bancos centrales. ‘La buena economía llega a América Latina’ es el modesto título de una de sus publicaciones”.

Probablemente no me equivoco si digo que la inmensa mayoría de los latinoamericanos no ha leído nunca esta Carta Democrática. Menos aún la han estudiado. Es un documento que establece un marco político para el funcionamiento de nuestras sociedades y sanciones para quienes se salgan de ese marco. Aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, en un clima político muy diferente a las exigencias actuales, necesitamos discutir esta Carta liberal y adaptarla a las diferentes necesidades políticas de nuestra región. Necesitamos crear las condiciones para salir de este marco rígido impuesto a la región.

Esta discusión sería una oportunidad extraordinaria para repensar nuestro orden político, para clarificar aspectos fundamentales de ese orden. Podría dar un nuevo impulso a la labor de las fuerzas progresistas, revitalizando el debate político, que hoy carece de perspectivas frescas.

A este respecto, puede ser útil un artículo de Tarso Genro (un exministro de gobiernos anteriores de Lulas, en Brasil), publicado en «A Terra é Redonda» el 25 de agosto, con el título «Para dónde va la socialdemocracia». Se refiere a un programa de Naciones Unidas, «Reconstrucción del Estado de Bienestar en las Américas», lanzado por el PNUD en 1996 y coordinado hoy por Jorge Castañeda, Gaspard Estrada y Carlos Ominami. Conozco poco el trabajo de Estrada, pero estoy seguro de que con Ominami y, sobre todo, con Castañeda, canciller de Vicente Fox, este trabajo no aportará ninguna orientación novedosa, que pueda ser de utilidad para la región. Tampoco veo en las propuestas de Genro la necesaria renovación de este debate.

¿Por qué no dar un empujón a esta puerta y entrar por ella con ideas más frescas?

FIN

Los estertores de la Pax Americana: La guerra de dos potencias en Ucrania

Gilberto Lopes

San José, 18 agosto 2023

No se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania sino de una guerra en territorio ucraniano entre dos potencia nucleares, que estiman estar defendiendo intereses estratégicos esenciales. Esa es la opinión de un destacado y veterano diplomático brasileño, Jorio Dauster, hoy consultor de empresas.

O, en palabras de Luis Cebrián, exdirector del diario español El País, no se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino de una guerra por correspondencia entre la OTAN y Rusia. Una guerra de la que ninguno puede salir como perdedor absoluto “si aspiramos a una paz duradera en Europa”, o a evitar que se desate una tercera guerra mundial.

Para Dauster, lo que estamos viendo “es la trágica evolución de un conflicto de poder que tiene muy poco o nada que ver con el disfrute de la democracia por el pueblo ucraniano”. De lo que se trata es de la imposibilidad de que Rusia aceptara la expansión de la OTAN hasta su bajo vientre. Ningún ruso –nos recuerda– olvida que Napoleón y Hitler llegaron a Moscú cruzando las vastas planicies ucranianas.

Cebrián, en un artículo publicado en El País el pasado 13 de agosto, pide analizar no solo las causas próximas de esa guerra, sino también las lejanas. Cita el auspicio de Washington al golpe de Estado en Ucrania, en 2014; la invasión rusa de Crimea y la elección de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, “que ha llevado a cabo una política oportunista de declaraciones de cooperación con Rusia y despliegue de fuerzas en los países de Europa central”.

Consecuencia inmediata de esta guerra, dijo Cebrián, ha sido la absorción de la Unión Europea por una alianza militar.

Lo que está en juego

Lo que observamos en Ucrania –resumió Dauster– “es un intento de Estados Unidos, usando la OTAN como masa de maniobra, de postergar su gradual pérdida de poder hegemónico, amenazado por la impetuosa ascensión de China”.

Estados Unidos estaba decidido a impedir que Alemania y gran parte de Europa se transformase en una “colonia energética” de Rusia. Eso explica la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que abastecían Alemania con el barato gas ruso, en atentados cuyos autores han permanecido en una bien iluminada sombra.

La naturaleza y la importancia de lo que estaba en juego para Washington en el conflicto de Ucrania quedó en evidencia desde el primer momento, con la rápida movilización de la OTAN y el monto de recursos asignados para esa guerra, que hoy suman cerca de 100 mil millones de dólares.

A los que se suma la solicitud de Biden al congreso, el pasado 10 de agosto, de gastos de emergencia por 40 mil millones más, de los cuales 24 son para Ucrania, incluyendo 9,5 mil millones para reponer municiones para la artillería ucraniana y otros equipos y 3,6 mil millones para apoyo militar y de inteligencia. Un paquete para atender las necesidades de esa guerra durante el próximo cuatrimestre fiscal de Estados Unidos, que comienza en octubre.

El presupuesto solicitado por Biden incluye también 12 mil millones para reponer las reservas destinadas a la atención de desastres naturales, luego del incendio que destruyó una isla de Hawai.

Pero no es solo Estados Unidos. Alemania anunció, a mediados de agosto, que otorgará una ayuda militar anual de 5,5 mil millones de dólares a Ucrania, en los próximos tres años.

Para dimensionar esos gastos se puede utilizar diversas comparaciones. Quizás sea útil, por ejemplo, hacerlo con la cifra de 33,2 mil millones que maneja en banco de desarrollo de los BRICS (la coalición que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, en cuya capital se reunirán en septiembre) para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible. Cuando fue creado, en 2015, el banco estableció un fondo de reserva contingente de 100 mil millones de dólares para enfrentar eventuales problemas de balanza de pagos de los países miembros.

Los estertores de la Pax Americana

Para Dauster, estamos asistiendo, “en tiempo real, los estertores de la Pax Americana”, establecida con el fin del socialismo en el este europeo y de la misma Unión Soviética.

Si Dauster tiene razón (y me parece que la tiene), hay dos escenarios a los cuales dirigir la mirada si queremos entender el estado de una partida –como las de ajedrez– que está en su medio juego.

Uno, más inmediato, es el desarrollo de la guerra, el escenario del conflicto. El otro requiere luces más largas y una mirada hacia diversos horizontes, sobre la que habremos de volver en otro artículo.

Sobre el desarrollo de la guerra, no hay más recurso que acudir a la muy abundante y diversa información pública disponible.

Samuel Charap, cientista político senior de la Rand Co., tituló un polémico artículo, publicado en Foreign Affairs el 5 de junio pasado, “An Unwinnable War”. La idea de una guerra “imposible de ganar” no le gusta a los gobernantes ni a los aliados de Ucrania. La misma Foreign Affairs promovió una discusión en torno a la propuesta de Charap y nos remitió a tres textos, que podían servir como antecedente para el debate.

Uno de ellos, publicado en octubre del año pasado, era el de Andriy Zagorodnyuk, ministro de Defensa de Ucrania entre 2019 y 2020, donde señalaba el camino para la victoria de su país. Para ganar –afirmó– “Ucrania no necesita un milagro; solo necesita que Occidente incremente el suministro de armamento sofisticado”. Para él, Putin, desesperado, tenía claro que estaba perdiendo en el campo de batalla, que no podía imponerse a Ucrania y que no tenía oportunidad contra la OTAN. Y agregaba que solo la derrota de Rusia podía poner fin a las crecientes ambiciones de Putin que, en caso de victoria, se extenderían por Europa, más allá de Ucrania.

Una visión que Steven Myers, un veterano de la Fuerza Aérea norteamericana, miembro del Comité Asesor en Política Económica Internacional del Departamento de Estado durante dos administraciones, no comparte. En declaraciones al periódico USA Today, en julio pasado, Myers afirma que las tácticas militares rusas eran “absolutamente inconsistentes” con la conquista de Ucrania y de otros territorios. En su opinión, ”la agenda era, es y será siempre la de mantener Ucrania fuera de la OTAN a cualquier costo”.

Con luces largas

Quizás valga la pena echar una mirada un poco más atrás. Andrei V. Kozyrev, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia entre octubre de 1990 y enero de 1996, durante el gobierno de Boris Yeltsin, hoy residente en Estados Unidos, un fuerte crítico de Putin, predecía un cambio de régimen en Rusia, en artículo publicado en el New York Times el 20 de julio del 2015. Un año antes, después del golpe de Estado en Ucrania, Rusia se había anexado Crimea, luego de un referendo ampliamente mayoritario a favor de la medida.

Kozyrev analizaba la situación y concluía que “un cambio de régimen en Rusia es inevitable, quizás inminente”. El gobierno de Rusia –agregó– “es simplemente incompatible con las reformas necesarias para un desarrollo económico sostenible, que exige liberalización y competitividad”. ¡Eso dicho en julio del 2015!

Ocho años después, en julio del 2023, Foreign Affairs puso en discusión nuevamente si Ucrania debía o no negociar con Rusia. “The debate how to end the war”, era el subtítulo del texto.

Aliba Polyakova, presidente del Center for European Policy Analysis, y Daniel Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia, defendieron la idea de que ”Ucrania debería buscar la victoria, no el compromiso”.

Si el objetivo es evitar que Rusia amenace las democracias alrededor del mundo, diría Dmytro Nattalukha, presidente del Comité de Asuntos Económicos del parlamento ucraniano, lograr un armisticio en Ucrania no sería de mucha ayuda. El objetivo sería lograr una Rusia menos anti Ocidente y, para eso, “Putin no puede seguir en el poder”.

Un cese al fuego en las actuales condiciones significaría “la victoria de Rusia y un triunfo personal para Putin”, diría Mikhail Podoliak, asesor de Zelensky, poco después de la “conferencia de paz” celebrada a principios de agosto en Arabia Saudita.

Solo días después Stian Jenssen, jefe de gabinete del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltemberg, dijo en un foro en la ciudad de Arendal, en Noruega, que una posibilidad para poner fin al conflicto sería que Ucrania aceptara ceder territorio a Rusia, a cambio de su ingreso a la OTAN. La propuesta fue rechazada por Ucrania. El mismo Podoliak la calificó de “ridícula”, obligando a Jenssen a dar explicaciones sobre lo dicho.

Podoliak tuvo que salir de nuevo al debate, rechazando una propuesta del expresidente francés Nicolas Sarkozy para realizar referendos “bajo estricto control internacional” en las cuatro regiones reivindicadas por Rusia y en Crimea, como una fórmula para resolver el conflicto.

Podoliakk las calificó de “fantásticas” y “criminales” y reiteró que la única forma de terminar el conflicto es con la derrota de Rusia.

Una visión similar a la de Lawrence Freedman, profesor emérito de Estudios de Guerra, en el King’s College de Londres. Para Freedman Putin está quedando sin opciones en Ucrania, donde en todos los escenarios –el militar, el económico y el diplomático– los resultados son negativos para Moscú.

Una victoria rusa “sería una catástrofe” para la OTAN, dice Freedman, para quien lo mejor sería que fuera expulsada de Ucrania y su ejército degrado en ese proceso.

Pero las todavía muy optimistas evaluaciones sobre las posibilidades de Ucrania publicadas hasta junio, o julio, se han ido enfrentando a una realidad distinta.

Para el presidente de Bielorusia, Alexander Lukashenko, un estrecho aliado de Moscú, los objetivos de la “operación militar especial” rusa ya fueron alcanzados. Cuando esta guerra termine, Ucrania nunca más será tan agresiva contra Rusia como lo fue antes, será diferente, estimó. Y agregó: “Ucrania necesita parar la guerra e comenzar a reconstruir su Estado sobre bases más sanas, antes de que deje de existir completamente”.

Es el mismo tono de Moscú, que propuso a los militares ucranianos, el pasado viernes, 18 de agosto, derrocar el régimen de Kiev o deponer las armas.

¿Un acuerdo negociado?

No hay duda de que Ucrania enfrenta una amenaza existencial, en opinión de John Mearsheimer, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, y uno de los “más famosos críticos de la política exterior norteamericana desde el fin de la Guerra Fría”, según la revista The Atlantic.

Mearsheimer no cree en un acuerdo negociado. Cada parte ve a la otra como una amenaza existencial, que debe ser derrotada en el campo de batalla. En esas condiciones, hay poco espacio para un acuerdo. “Los rusos van a conquistar más del 23% de territorio ucraniano que ya han conquistado”, lo que dejará a Ucrania como un estado disfuncional, incapaz de librar una gran guerra contra Rusia. “La mejor solución, por ahora, es la de un conflicto congelado”, estimó.

Pero Podoliak se preguntaba: –¿por qué proponer congelar en conflicto, como quiere Rusia, en vez de acelerar el suministro de armas para Ucrania?

A estas alturas, no parece una opción capaz de cambiar el curso de la guerra. En el frente de batalla, a mediados de agosto la evaluación de Moscú era de que los esfuerzos militares de Ucrania por romper sus líneas habían fracasado. Según el ministerio de Defensa ruso, desde junio el ejército ucraniano ha perdido más de 43 mil hombres y cerca de cinco mil piezas de equipos pesados, incluyendo decenas de tanques occidentales, norteamericanos y alemanes.

Empiezan a asomarse entonces, aunque de forma incipiente, reflexiones sobre las formas de la paz, incluyendo las relaciones de Europa con Rusia. Pero, sobre todo, sus efectos en un escenario internacional como el percibido por Dauster, con Estados Unidos tratando de postergar su gradual pérdida de poder hegemónico, con el mundo asistiendo a los estertores de la Pax Americana, establecida con el fin del socialismo en el este europeo y de la misma Unión Soviética.

En un escenario como ese, la construcción de la paz requerirá más sabiduría que la necesaria para decidir ir a la guerra.

FIN

América Latina en el escenario internacional: el papel de la “quinta columna”

Gilberto Lopes

San José, 25 julio 2023

En Vilnus, un mundo sin América Latina

Pocas reuniones recientes despertaron mayor expectativa internacional que la celebrada por la OTAN en la capital lituana, Vilnus, el 11 de julio pasado. Se discutían los nuevos pasos a dar en apoyo a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El resultado se resumió en un largo documento de 30 páginas y 90 párrafos, en los que no hay una sola referencia a América Latina.

Puede parecer normal. El Tratado de la OTAN define el Atlántico Norte como su área de operaciones y a sus 12 países fundadores se han ido sumando otros 19, de los cuales 15 son de Europa del este, luego de la disolución de la Unión Soviética.

Ningún país latinoamericano pertenece a la región, ni es miembro de la institución y, salvo Costa Rica, ninguno se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por los países de la OTAN y sus aliados.

Pero lo geográfico probablemente no agote la explicación. En las últimas décadas la OTAN ha extendido su membresía por Europa, hasta las fronteras rusas y el comunicado de Vilnus indica, en su primer párrafo, su aspiración a asegurar la defensa colectiva de sus miembros contra todas las amenazas, en una visión de 360 grados. O sea, de todo el mundo.

No se trata de discutir aquí afirmaciones del documento como el carácter defensivo de la organización, ni el reconocimiento de su dependencia de las fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos; ni su visión sobre el origen de la guerra en Ucrania, ni los acuerdos adoptados para apoyar el país en su guerra contra Rusia.

Se trata aquí de otro tema: de tratar de entender la reiterada ausencia de América Latina en documentos recientes de potencias y organizaciones internacionales, en los cuales la región, o no es mencionada, o lo es de forma secundaria. En el de la OTAN es completamente ignorada, como ya lo señalamos.

El documento cita diversos casos sensibles para la estabilidad de Europa, como el de los Balcanes Occidentales; cita la importancia de la paz entre Bosnia y Herzegovinia; las relaciones con Serbia, con Kosovo, con Georgia (a la que quieren incorporar a la alianza), con Moldavia, y reconoce que el papel de sus aliados no europeos es esencial para la defensa de Europa.

Señalan a la República Popular China como una amenaza a los intereses, la seguridad y los valores de la Alianza y que el desarrollo de los acontecimientos en la región Indo-Pacifico “pueden afectar directamente la seguridad Euro-Atlántica”. Celebra la contribución de sus aliados en la región, –Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur– y destaca la importancia de las relaciones de la OTAN con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana. Reiteran su determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares; condenan el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Se refieren a los vecinos del sur de la OTAN, particularmente el Medio Oriente, África del norte y el Sahel. Reafirman la intención de estabilizar la situación en Irak; la importancia geopolítica del Mar Negro, del Oriente Medio y África.

Pero América Latina no aparece ni siquiera en el párrafo 68, donde afirman que la seguridad energética juega un papel importante en la seguridad global, en los mismos días en que se confirmaba el descubrimiento en Bolivia de la mayor reserva de litio del mundo.

Ningún lugar para América Latina

Quizás deberíamos buscar un lugar para América Latina en otro sitio. En octubre del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un documento sobre su “National Security Strategy”. Si no deberíamos esperar, en un documento de la OTAN, referencias especiales a América Latina, parecería lógico encontrarla en las definiciones estratégicas de los Estados Unidos, cuya larga y estrecha relación con el hemisferio es parte de la historia.

En la introducción del documento, Biden promete seguir defendiendo la democracia alrededor del mundo y celebra la renovación de una formidable red de alianzas. Primero, con la Unión Europea; luego, con el Quad, en la región del Indo-Pacífico, con la que ha establecido también un marco de cooperación económica. Solo en cuarto lugar cita su iniciativa para la región, la “Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas”, lanzada en junio de 2022.

En las 48 páginas del documento se analiza los intereses estratégicos de los Estados Unidos, por regiones. En lo que se refiere a América Latina, en dos páginas, habla de la promoción de la democracia y de una supuesta “prosperidad compartida”. Entre los objetivos de la Alianza está “restaurar la fe en la democracia” en la región, para lo que promete crear buenos empleos y abordar la desigualdad económica.

No son objetivos menores, con países como el mismo Estados Unidos, o Brasil, aun conmocionados por los intentos por subvertir el orden político y promover protestas violentas para desconocer las elecciones, por los partidarios de los expresidentes Trump y Bolsonaro, para citar solo dos casos extremos de renovadas tensiones políticas, sustentadas en una creciente disparidad económica.

El 27 de enero de 2023 la Casa Blanca pretendió relanzar, en un evento ministerial con la participación de doce países de la región, la propuesta de la Alianza que, pese a todo, languidece sin ninguna perspectiva de desarrollo.

Sin embargo, los que derivan del hecho de que América Latina sea apenas mencionada en estos acuerdos la conclusión de que su papel es secundario en el orden internacional deberían leer las dos páginas en las que la National Security Strategy se refiere a la región.

Ahí se dice que “ninguna región impacta más directamente el país que el Hemisferio Occidental”. Con un comercio anual de 1,9 millones de millones de dólares (1.9 trillón en inglés), “con valores compartidos y tradiciones democráticas”, la región ha contribuido de manera decisiva para la prosperidad y la resiliencia de los Estados Unidos, cuya seguridad y prosperidad está vinculada a la de sus vecinos, reconoce el documento.

Entre sus objetivos están, además, los de “protegernos de interferencias externas, incluyendo las de la República Popular China, Rusia o Irán” y, aliados con la sociedad civil y con otros gobiernos, apoyar la autodeterminación democrática para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Se reconoce así la intervención en el proceso político de nuestros países, la permanente desestabilización sustentada, en un pasado reciente, por golpes cívico-militares y, actualmente, por sanciones económicas unilaterales cuyos efectos devastadores, en el caso de Cuba, tienen ya más de 60 años. Sanciones condenadas todos los años prácticamente por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, sin que la Casa Blanca acate ninguna de esas resoluciones.

La Quinta Columna

Sometidos a drásticas sanciones, tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua, enfrentan enormes dificultades no solo para mantener su economía funcionando, sino para desarrollar su vida política con cierta normalidad, pues la oposición cuenta a su favor con el deterioro económico provocado por las sanciones de Washington y con el apoyo político de una vasta red de ONGs que financia a la oposición con recursos, publicidad y capacitación profesional.

Muy recientemente, el 20 de julio pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, pedía, en una entrevista en el diario conservador brasileño O Globo, que Brasil empleara su “liderazgo” y su habilidad diplomática para influir en las elecciones de Venezuela, para lograr un juego “libre y justo» en el que «todos los candidatos puedan postularse».

El presidente Nicolás Maduro ya se había referido a estas iniciativas norteamericanas exigiendo elecciones libres de las sanciones económicas impuestas al país por Washington, cuya intervención a favor de la oposición hace del todo imposible esas elecciones “libres y justas”.

Lo que quisiéramos sugerir en este artículo es que es precisamente esta “quinta columna”, financiada y organizada por Washington, la que hace innecesario, e inclusive inconveniente, hacer referencias detalladas a las políticas hacia América Latina, en un escenario en el que una intervención externa requiere más bien discreción.

De Vilnus a la CELAC

Pero han ocurrido cambios en el papel desempeñado por América Latina en el escenario internacional. La aparición de Lula, desde que asumió nuevamente la presidencia de Brasil, en enero pasado, es el factor más importante en esos cambios, facilitando el resurgimiento de UNASUR, agregando nuevas propuestas para el tratamiento del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN, redefiniendo los términos de las relaciones con la Unión Europea, o sumándose nuevamente a la actividad de los BRICS, que se reunirán en agosto en Sudáfrica.

El 30 de mayo Lula realizó, en Brasilia, una reunión con los jefes de Estado latinoamericanos (con la única ausencia de la del Perú), incluyendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo aislamiento es parte de la política promovida por Washington, con el apoyo de gobiernos conservadores y de aliados políticos regionales: de la “quinta columna”.

Una quinta columna que desvincula su proyecto de cualquier proyecto de desarrollo nacional y que hace recordar la “quinta frontera”, como la que representaba para Panamá –en palabras del general Omar Torrijos– la Zona del Canal, entonces en manos de los Estados Unidos.

Los factores que unen a la región «están por encima de las ideologías», dijo Lula, en referencia a una posible reactivación de la UNASUR. «Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales».

Una idea que reiteró en la reunión con el Foro Empresarial de la Unión Europea, el 19 de julio pasado: –Brasil solo crecerá de forma sustentable con la integración de nuestro entorno regional.

Ante esa realidad, y los cambios que la guerra en Europa significó para el escenario internacional, la corresponsal en Bruselas del diario catalán La Vanguardia, Beatriz Navarro, señaló que “después de años de olvido y desinterés que otros actores globales –léase China– han aprovechado a fondo para expandir su influencia en la región, la Unión Europea volverá hoy su mirada hacia América Latina y el Caribe con la celebración de la primera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de ambos bloques desde el lejano 2015”.

Ahí el presidente brasileño volvió a reiterar la necesidad de una alianza que ponga fin a una división internacional del trabajo que solo ha significado pobreza para la mayoría de la región y a nuestro papel de suministradores de materia prima y de mano de obra migratoria barata.

Recordó que en 2009 los países desarrollados acordaron destinar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo, compromiso “que nunca fue cumplido”.

La frase nos recuerda que esos cien mil millones de dólares fueron destinados más bien, en algunos meses, a suministrar armamentos a Ucrania, en una indicación de las prioridades de Occidente.

Para el director de la Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, la posición de los países latinoamericanos sobre la guerra en Ucrania expresada en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea se explicaba porque “no quieren enfrentarse diplomáticamente a Rusia y China, por razones económicas, aunque también políticas”.

A Juliana, como a los líderes europeos, les cuesta entender que, para Lula, es inaplazable reformar la gobernanza global, como expuso en Europa, y que “dividir el mundo en bloques antagónico es una insensatez”.

Con un mundo en transición, quizás valga la pena atender nuevamente a las palabras del académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, un personaje que hace falta oír en América Latina para tener una visión más equilibrada de esos cambios. En su libro más reciente, “The Asian 21st century” (de acceso abierto), reitera su idea de que el siglo de predominio norteamericano ha terminado y que los intentos de Washington de contener a China solo terminarán por aislar a los Estados Unidos del resto del mundo. Los editores de su libro esperaban unas 20 mil visitas al texto, dijo Mahbubani, que, sin embargo, superan ya los tres millones (el libro puede ser visto aquí: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-6811-1.pdf?pdf=button%20sticky).

La “quinta columna” no nos ayuda a pensar en ese mundo en el que América Latina no termina de encontrar su lugar, pese a iniciativas recientes por reforzar su unidad y jugar un papel en los esfuerzos de paz que renueven la gobernanza global y pongan fin a una visión del mundo cimentada en bloques antagónicos.

FIN

La izquierda y el debate constitucional chileno: La historia de una rebeldía, o los estertores de una forma política

Gilberto Lopes, en San José

13 mayo 2023

La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social.

Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegida en mayo del 2021. Gobernaba entonces, por segunda vez, el empresario Sebastián Piñera, hombre de enorme fortuna, líder de sectores de derecha menos estridentes que los de Juan Antonio Kast.

Conversé con Atria el día siguiente del primer turno electoral del 21 de noviembre de ese año, en el que Kast quedó en primer lugar, con casi 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó algo menos de 26%. Toda una sorpresa, después de la verdadera rebelión del 2019, que había conducido a la convocatoria de la constituyente.

Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, todas las miradas se dirigían a una incierta segunda vuelta en la que, finalmente, Boric logró alzarse con 56% de los votos.

–La derecha cree que la constitución de 1980 aun funciona, afirmó Atria. “Cree que si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo esas normas constitucionales”.

Vale la pena volver al escenario de entonces que –en mi opinión– Atria ayudaba a iluminar: “No se puede volver a una constitución que quedó aplastada por el 80% de los votos del ‘apruebo’ en el plebiscito de convocatoria de la constituyente. Pero es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva constitución va a seguir habiendo política”.

Pensaba entonces en la constitución que estaban elaborando (creo que todavía con la esperanza de que fuera aprobada). Pero la frase sigue vigente, pensado en esta nueva, cuya elaboración apenas comienza, en un escenario político distinto al de hace un par de años.

El resultado del primer turno presidencial, según Atria, mostraba que el colapso de una forma política, antes del surgimiento de una nueva, generaba “condiciones de extraordinaria fluidez”.

“Ha habido mucho más preocupación por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político de mantener el orden y eso fue capitalizado por la ultraderecha”. “Espero que ese resultado produzca en la convención más conciencia sobre el riesgo que enfrenta. Y que eso lleve… (Atria para, piensa… le costaba encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites que enfrenta”.

En su visión, lo fundamental de una constitución es establecer el esquema en que se van a resolver las disputas políticas en el país. Construir una forma política que sea eficaz: esa la tarea de la constituyente, asegura Atria.

“Espero que lo del domingo (el resultado del 1er turno presidencial) haga consciente de eso a los constituyentes, de la necesidad de que lo que salga de la constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión de la forma política que Chile necesita. Eso es lo que lleva al éxito del proceso constituyente”.

Como sabemos, no ocurrió así. La propuesta fue rechazada meses después por un abrumador 62% de los votos.

Kast le parecía “la negación de la transformación que Chile necesita”. Él cree –dijo entonces– como cree el presidente Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.

Se estaba refiriendo a la posibilidad de un Kast en la presidencia de la República. No ocurrió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus partidarios, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que debe sustituir la que tuvo su origen en el golpe de 1973 (que Kast admira y defiende).

En la visión de Atria, Kast y sus partidarios podían hacer su propuesta, caso ganase la presidencia d la República. Pero que eso representara una solución para los problemas de Chile, ¡no! “Va en dirección contraria. Eso no es lo que Chile necesita: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.

¿Qué necesita Chile?

Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura.

La naturaleza polémica del tema puede ser ilustrada con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido, recordado por la conducción de la franja televisiva del “NO”, en el plebiscito que definió la no continuidad del régimen militar, en 1988. En diciembre pasado, en una última entrevista, Bañado afirmó nunca haber sido allendista. Y agregó:– Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile.

Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuidad de unas reformas que había iniciado el demócrata cristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una Reforma Agraria y la nacionalización de una parte del cobre. En su opinión, “si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable”.

Me parece que la afirmación, dicha así, se despega de la realidad política de entonces. Especula sobre el camino que no estuvo sobre la mesa hace 50 años. Como sabemos hoy, Frei fue figura importante en la articulación golpista, pero también fue asesinado por esos mismos golpistas, envenenado cuando empezó a alejarse de una dictadura que mostraba ya sus rasgos más criminales.

Hoy, ¿qué necesita Chile? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en unas reformas que desmonten el mundo neoliberal? Un mundo que asaltó los recursos públicos y destruyó toda red de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta los fondos de pensión, pasando por los recursos naturales.

La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el sueldo de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (menos los recursos con los que se financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia sigue. Ahora se discute en el congreso chileno un aumento del royalty minero y la política para la explotación del litio.

En septiembre el golpe cívico-militar cumple 50 años. Esos 50 años de la historia chilena no pueden ser entendidos sino como la lucha por recuperar ese camino.

En Chile (también en Argentina y en otros países), quizás nada representó mejor el asalto a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés al costo de pensiones miserables para los cotizantes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo han publicado estudios detallados sobre el sistema (puede verse uno, publicado en 2008, aquí.

Pese a las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una crisis profunda de principios de los años 80, al final “la mayor parte de los afiliados simplemente no iban a recibir pensiones de las AFP” (como se conocen allí las administradoras de pensiones).

“Sus fondos acumulados al jubilar serían tan magros que sus pensiones alcanzaban montos ridículos, del orden de 10 a 20 dólares por mes para millones de afiliados, e inferiores al mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza de trabajo”, dice Riesco.

Pese al aspecto clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente mencionaba apenas generalidades cuando decía que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. Asimismo, agregaba, “tienen derecho a envejecer con dignidad; a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna”.

Los muchos senderos del camino

La lucha para recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeliones. No se puede entender la historia de Chile de esos años sin acompañar esas luchas. La del 2019 terminó por remecer las instituciones. Pero no se caracterizó por cementar los pilares de unas nuevas. El 2007 había habido otra, lo de los estudiantes secundarios, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con protestas contra la privatización de la enseñanza. Ahí se forjaron Boric y su grupo.

Pero el proyecto constituyente no recogió con acierto la fuerza de esas demandas. Como veremos, temas centrales para retomar el rumbo del país apenas están mencionados en el proyecto de constitución rechazado y creo que esto fue clave para su rechazo por casi dos tercios de los electores.

En vez de un texto con una visión política que sirviera de paraguas bajo el que se cobijaran las diversas demandas sectoriales, el texto recoge posiciones de sectores diversos, sin esa visión política que los articule. Pone a todos a competir contra todos.

Dos demandas se expresaron con particular fuerza en ese texto: la representación paritaria entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos políticos y la definición de espacios para los pueblos originarios, especialmente los mapuches, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en la zona del sur del país, donde con más fuerzas se asentaron.

El tratamiento de ambos temas no contribuyó a sumar votos a favor del proyecto que, como sabemos, fue rechazado también en las zonas de mayor presencia de pueblos indígenas.

El debate constituyente

Antes de continuar, quisiera señalar que no está en discusión aquí la validez de las reivindicaciones, sino del escenario (y de la forma) elegidas para reivindicarlas.

Creo que tiene una mayor capacidad explosiva el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin que se pueda tampoco desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, decía el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”. En especial, “tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura”.

El texto vuelve sobre esos temas una y otra vez, pretendiendo resolver, con esas declaraciones, un conflicto que está en pleno desarrollo, sin que una visión sobre el tema esté madura en la sociedad.

Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente en todo el texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.

El proyecto afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva y paritaria”. El Estado debería promover “una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva”.

Me parece difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un apoyo mayoritario, como puede deducirse del resultado de la consulta.

Pero hay algo que me interesa todavía más y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada para incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no pretendo resolver aquí ese desafío. Pero quiero sugerir alguna cosa.

Uno de los problemas más relevantes para esa participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino el cuido. El fracasado proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.

Sobre el cuido –de niños y ancianos– que recae casi totalmente en las mujeres, se dijo muy poco, o nada. Se hablaba, en general, de “trabajo no remunerado” para referirse al cuido. Me parece otra gran equivocación. Desde mi perspectiva, se trata de trabajo remunerado y el problema es precisamente cómo se remunera ese trabajo.

La manera de enfrentar el problema no es que hombres y mujeres compartan el cuido. Eso no es posible, salvo en algunos aspectos, no sustantivos. La solución es que el cuido lo asuma el Estado, con guarderías, kinders y residencias para ancianos adecuadas. No se trata de que se pague a las cuidadoras por su trabajo. El cuidado lo tiene que asumir el Estado. Es la única manera de que se pueda asegurar un cuido adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que abrieron las puertas del mercado de trabajo a las mujeres, a las que se les debe pagar, no por el cuido, sino por su trabajo.

Nada de eso lo contemplaba el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. No lo entendió así casi nadie (y me parece que con razón), salvo la derecha.

“Si me ponen un Congreso lleno de mujeres y todas piensan como Margaret Tatcher, yo me siento bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario El Mostrador el diputado republicano Johannes Kaiser, conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente se conformará de forma paritaria, con la misma cantidad de hombres y mujeres, mayoritariamente conservadores.

Hacer transformaciones en el país

La del 2021 no fue nuestra primera conversación con Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se celebraron elecciones en las que Piñera logró su segundo mandato presidencial. Atria no logró elegirse diputado.

Pero conversamos: –Hay un cambio de época en política chilena desde las manifestaciones de protesta del 2011. Esas manifestaciones, que no fueron solo estudiantiles, produjeron la impugnación del modelo neoliberal.

“Todavía estamos bajo efecto de estas movilizaciones”, dijo Atria. “Pero durante este gobierno (está hablando al final del segundo período de Michelle Bachelet) aprendimos cual es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.

Desde su punto de vista, la política estaba “neutralizada”. No se podía hacer transformaciones. “Si uno mira los últimos 27 años en Chile, no ha habido prácticamente ninguna modificación significativa”, aseguró.

“No importa cuánta gente marche contra las AFPs. La posibilidad de discutir seriamente su eliminación no existe”.

“Aun cuando las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que es apropiado o no, de lo que es una política seria o no”. “Esa política neutralizada no tiene fuerza para hacerle frente al poder económico. Solo funciona cuando responde al interés de ese poder económico”.

Atria tampoco veía posible hacerlas mediante grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápidamente. Cuando provienen de los ciudadanos, son ignoradas”.

Entonces decía que la única salida era una asamblea constituyente. “El problema constitucional se va a solucionar, por las buenas o por las malas”, aseguró. “Algún día tiene que pasar algo; no mañana, quizás, pero algún día”.

Para quienes estamos en la izquierda –concluyó– “una prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de la izquierda vamos a tener dos izquierdas, que van a ver la destrucción de la otra como un desafío”.

Me gustaría seguir este diálogo cuando vuelva a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe.

FIN

La izquierda y la situación en Nicaragua – Una deuda latinoamericana

Gilberto Lopes

Marzo 2023

Un informe del subcontratista Chemonics International Inc. para la USAID evalúa el resultado de diversos programas desarrollados en Nicaragua entre abril de 2013 y febrero del 2018 (el informe puede ser visto aquí: https://chemonics.com/wp-content/uploads/2018/10/FinalReport.pdf)

En sus 61 páginas se definen objetivos y resultados de los diversos programas de apoyo a 17 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.

Entre los objetivos del programa estaba el fortalecimiento de la capacidad de esas organizaciones “para mejor defender las demandas de los ciudadanos mediante el proyecto de promoción de las capacidades de la sociedad civil”.

Se trataba de proporcionar a la USAID información útil para que organizaciones clave –que ya recibían recursos de la USAID para actividades que el proyecto llama de “democracia y gobernabilidad”–, pudieran lograr de mejor manera sus objetivos comunes.

Se pretendía incrementar la capacidad de las ONGs para concientizar y movilizar a los ciudadanos; “incrementar la capacidad de coordinación de las ONGs y de los individuos, del sector privado y de los medios para promover la concientización, la defensa y el activismo”.

El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de comunicación, creando especialmente para eso “herramientas de medios digitales”.

Ya veríamos después el contenido de esas campañas de concientización y de activismo. El documento especifica algunas organizaciones beneficiarias, la realización de talleres con periodistas y grupos de derechos humanos, particularmente importantes para lo que califica de “desafiante contexto político” nicaragüense.

Los participantes “aprendieron a encriptar información en sus teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para prevenir ataques cibernéticos y la manipulación de sus aparatos de comunicación o sitios web con información importante para los nicaragüenses”.

Los recursos del programa otorgaron también a las ONGs una mayor capacidad para “plantear reivindicaciones y desarrollar acciones específicas de reivindicaciones”.

Una interferencia multimillonaria

El documento al que hacemos referencia no es el único sobre las actividades de la AID en Nicaragua. En la página de la USAID (https://www.usaid.gov/nicaragua/history) se puede leer que “el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado cerca de 2,5 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo a Nicaragua, principalmente mediante la AID”, desde su establecimiento, en 1962.

De acuerdo con su estrategia actual –cuya definición puede ser vista en internet–, la USAID “provee entrenamiento y asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas para reivindicar efectivamente las prácticas democráticas y los derechos humanos”.

De los 2,5 mil millones de dólares que la agencia invirtió en Nicaragua, 507 millones fueron empleados en “esfuerzos de estabilización de la economía, para enfrentar la creciente inflación, y el pago de deudas con instituciones multilaterales”, además de 36,3 millones invertidos “en programas de generación de empleo” en los años 90.

Hay que recordar que el 25 de abril de 1990 asumió la presidente Violeta Barrios de Chamorro, electa después de años de guerra organizada y financiada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista.

Celebradas en medio del caos provocado por la intervención militar, con la economía afectada por las sanciones económicas, los sandinistas no tenían posibilidades de triunfo, si consideramos, además, que el gobierno norteamericano había prometido continuar con la guerra si eso ocurría.

En resumen, Estados Unidos dedicó millones de dólares para combatir la revolución sandinista en los años 80’s, para provocar el caos en su economía, incluyendo los recursos del escándalo conocido como “Irán-contras”, para aportar después otros millones para apoyar los planes de reconstrucción de sus aliados.

¿Cómo no reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el caos económico creado en Nicaragua, que luego pretendió resolver con los poco más de 540 millones de dólares, que se revelaron insuficientes para reordenar la economía del país, como ha quedado en evidencia si vemos los resultados 30 años después de esa intervención?

Los especiales intereses en un posible canal interoceánico por Nicaragua, en competencia con el de Panamá, hizo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua una política habitual. Como consecuencia, la resistencia a esa intervención adquirió particular relevancia con la rebelión del general Sandino, asesinado en febrero de 1934 por las fuerzas políticas y militares nicaragüenses instaladas en el poder por Washington.

Desde entonces, la política nicaragüense es incapaz de encontrar un escenario donde sandinistas y antisandinistas puedan enfrentarse, sin que la intervención norteamericana desequilibre lo que debería ser una “normal” disputa política sobre diferentes visiones del país.

La masiva intervención de los años 80’s dio origen a una nueva etapa política, en la que sandinismo y antisandinismo, desdibujados, han buscado reacomodarse y sobrevivir; haciendo que el sandinismo se dividiera; que Ortega asumiera el poder en sucesivas elecciones, con la oposición cada vez más acorralada; hasta desembocar en las protestas de 2018 y la represión que la siguió.

La división del sandinismo ocurrida en el período posterior a la derrota electoral de febrero de 1990 es uno de los acontecimientos que contribuyó al desarrollo del actual orden político en el país. La prisión, exilio, expropiación, retiro de la nacionalidad de destacados líderes de la revolución sandinista de los años 80 solo puede ser visto como el fracaso de un proceso que entonces logró aglutinar una voluntad mayoritaria en apoyo al proceso revolucionario.

Conociendo los programas y los recursos puestos a disposición de la oposición por la AID, revisando sus objetivos y el periodo de desarrollo de esos programas (2013-2018), pensar que las protestas de abril del 2018 fueron una rebelión espontánea es, por lo menos, una ingenuidad.

La oposición salió a derrocar el gobierno y el gobierno respondió matando y encarcelando a los opositores. Como en otros lugares del mundo, otro Maidán, otra revolución de colores, generó una confrontación que un desarrollo sin esas interferencias quizás pudiese haberse evitado.

El aire refrescante de América Latina

Es en ese contexto que la oposición nicaragüense desarrolla una intensa campaña para minar el apoyo de la “izquierda” latinoamericana a Ortega. Esa campaña –titulada “La izquierda latinoamericana de espaldas a la dictadura”– es organizada por medios digitales de la oposición nicaragüense.

Una campaña de esa naturaleza podría ofrecer a la izquierda latinoamericana una alternativa al gobierno de Ortega. Pero se limita a argumentar que el gobierno de Ortega no es “de izquierda”. Sería lógico pensar entonces que la “izquierda” está en la oposición. Pero no es así.

Dada la desarticulación de la oposición, a su imposibilidad de organizarse al interior del país debido a la represión del gobierno, esa oposición se define o se aglutina tras el objetivo de deponer el gobierno. Pero es prácticamente imposible encontrar una explícita visión de país que pretenden construir, el orden económico que pretenden organizar, desde su visión del escenario internacional.

En esas condiciones, una manera de vislumbrar el carácter político de esa oposición es revisar las posiciones de los candidatos presidenciales opositores en las pasadas elecciones, todos ellos encarcelados y luego extraditados y expropiados por Ortega. Un verdadero caos, aplicado con una crueldad inaceptable. En esa oposición no hay nada que se pueda calificar como de “izquierda”, como la campaña mediática pudiera sugerir.

La “izquierda” latinoamericana está atrapada en este juego. Entre los que apoyan a Ortega a rajatabla y los que consideran impensable cualquier apoyo a su gobierno, un casi desaparecido atajo ha ido quedando oculto por el bosque. Un atajo que nos lleva a la casa centroamericana, donde hace falta abrir dos ventanas: una para que salga el aire sofocante de Washington. Otra, para que entre el aire refrescante de América Latina.

Nuevas realidades

Hace 45 años era impensable que América Latina pudiera extender sus intereses a una región sometida desde hace más de un siglo a la influencia e intereses norteamericanos, nacidos no solo de la cercanía geográfica sino, principalmente, de una ubicación estratégica, capaz de facilitar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico.

Hoy, no solo la situación es distinta, sino que está en rápido y profundo cambio. En el nuevo orden mundial una mayor presencia política latinoamericana en la región parece posible y necesaria. Preguntado por la situación en Nicaragua, el presidente brasileño, Lula, dijo no estar muy informado. Ya no parece una respuesta razonable.

Es inaceptable la política norteamericana de sanciones unilaterales contra países latinoamericanos, cuya principal expresión es la impuesta por más de 60 años a Cuba, pese al rechazo prácticamente unánime, año tras año, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sería del todo inconveniente para América Latina ver un gobierno nicaragüense que, en caso de triunfo de la oposición, se sumase a esa política de sanciones de Washington contra países de la región. Pero la oposición nicaragüense no habla públicamente de esas cosas, aunque lo hace en privado.

Así como importantes sectores de la izquierda latinoamericana se sienten incómodos con la situación de Nicaragua, la oposición evita cuidadosamente definirse en el escenario político, que algunos de sus representantes prefieren explicar diciendo que ya no existe ni izquierda ni derecha. Naturalmente, los sectores más conservadores, que encabezan la oposición, se sienten cómodos en la derecha.

El caos centroamericano

Está claro que el siglo de intervención norteamericana no es ajeno a la incapacidad de organización política de los países centroamericanos. Tampoco es ajeno a su pobreza y desigualdad económica, fundamento de la riqueza de viejos magnates norteamericanos, bien descritos por el ensayista costarricense Vicente Sáenz en sus libros, ya en la primera mitad del siglo pasado.

Costa Rica es la excepción en ese caos. Pero eso tiene una explicación. Desde mi punto de vista se debió a la obra de un político notable, José Figueres, el mismo que, a fines de los años 40 abolió el ejército nacional (cosa constantemente recordada por políticos y académicos), pero que hizo algo todavía más importante: nacionalizó la banca. Eso fue la clave para que el país contara con recursos para atender la demanda de su población de mejor manera que otros países de la región y pudiera organizar un orden político y administrativo que respondiera de mejor forma a esas necesidades.

Es cierto, sin embargo, que desde principios de los años 80, cuando en el mundo se abría paso el modelo neoliberal y trataban de convencernos de que no había alternativa, un gobierno que se reivindicaba como de la misma línea de Figueres dio comienza a un proceso de privatizaciones que, con recursos de la AID, apuntó, en primer lugar, a la banca nacionalizada. En los 40 años siguientes, ese mismo partido (el socialdemócrata Liberación Nacional) consolidó el camino neoliberal, incluyendo una campaña para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos basada en una estrategia conocida como el “Memorando del miedo”. Hoy, el país también siente que ha perdido su rumbo, que un cierto orden, sustentado por un Estado preocupado por la vida de sus ciudadanos, ha ido, poco a poco, a mordiscos, siendo desarmado.

La deuda latinoamericana

Si el factor desequilibrante de la política en los países centroamericanos, en particular en Nicaragua, es la intervención norteamericana, es cierto que la ausencia latinoamericana no solo ha dejado a disposición de Washington todo el escenario, sino que ha privado de otras opciones a los sectores políticos nicaragüenses que no se sienten cómodos con el actual escenario.

El nuevo gobierno brasileño ha optado por no sumarse a condenas interesadas, al uso abusivo del tema de los “derechos humanos”, transformados en instrumento político gracias a disposiciones a las que Washington nunca adhirió, concebidas especialmente para poner a pelear a los latinoamericanos. El gobierno brasileño ha expresado su desacuerdo con medidas como la extradición, la expropiación y el retiro de la nacionalidad a líderes opositores, pero ha querido dejar abierta una puerta el diálogo. No es suficiente la propuesta de una política alternativa cuyos resultados solo se verán a mediano, o largo plazo. Hay una situación en desarrollo que requiere atención más urgente.

El cambio de gobierno en Brasil, en Colombia, la posición de López Obrador, en México, o de Alberto Fernández, en Argentina, son una base importante para la coordinación de esas políticas. Hace falta que los partidos políticos del Sur estén presentes en Centroamérica.

Una derecha muy conservadora, la de Piñera y Macri, de Calderón, y Fox, de Aznar y Rajoy se ha reunido para fortalecer “la libertad y la democracia” en la región.

Es inconcebible que políticos latinoamericanos puedan reunirse con colegas como el español Aznar, precisamente cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, que justificó jurando tener evidencias de las armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein (sus afirmaciones en la época pueden ser vistas aquí: https://www.facebook.com/watch/?v=1100473373617333). Con sus aliados, tiene la destrucción de un país y centenares de miles de muertos a su haber.

Es esa gente es la que se propone defender “la libertad y la democracia” en la región. Para enfrentarlos hay que proponer una visión distinta y organizar una alternativa que responda a los intereses latinoamericanos.

FIN

Los diversos objetivos de una guerra

Gilberto Lopes

I – El agotamiento de un orden internacional

Siempre que la paz ha sido el objetivo primordial de una potencia, o de un grupo de potencias, el sistema internacional ha estado a merced del miembro más feroz de la comunidad internacional, dijo el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, en su estudio sobre la restauración del orden internacional después de las guerras napoleónicas, en el primer cuarto del siglo XIX. El libro –“Un mundo restaurado”– fue publicado en 1964, poco antes de la guerra de Vietnam. Se refería a guerras pasadas, pero la de Vietnam dejó renovadas lecciones sobre los miembros más feroces de la comunidad internacional.

Aún más antiguas son las previsiones de un notable diplomático norteamericano, George Kennan, que Frank Costigliola, profesor de Historia del a Universidad de Connecticut, rescata en un artículo titulado “Kennan’s Warning on Ukraine”, publicado en enero pasado por la revista Foreign Affairs.

Kennan, exembajador en Rusia entre 1951 y 1952 (Unión Soviética entonces), contribuyó a establecer las bases de la política de contención en la época de la Guerra Fría en su artículo “The sources of Soviet conduct”, publicado en julio de 1947 también en Foreign Affairs (el artículo, considerado como uno de los más destacados publicados por la revista en su ya larga historia, puede ser visto aquí: https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1947-07-01/sources-soviet-conduct)

Cuando al entonces Secretario de Estado (1949-53) Dean Acheson le sugirieron el nombre de Kennan para dirigir una oficina de planificación de políticas, indicando que un hombre como él sería ideal para el cargo, Acheson respondió: –¿Un hombre como Kennan? ¡No hay nadie como Kennan!

En unas notas sobre los que debían ser los objetivos de Estados Unidos respecto a Rusia, hechas en agosto de 1948 –recuerda Costigliola– Kennan afirma que los ucranianos rechazaban la dominación rusa, pero que sería fácil sacar conclusiones equivocadas de este hecho, como la de que Ucrania debía ser independiente (era entonces parte de la Unión Soviética) y concluía que los Estados Unidos no debería estimular esa separación.

En sus recomendaciones, decía que era imposible establecer una línea separando claramente Ucrania de Rusia, que ambas economías estaban profundamente vinculadas y que promover una Ucrania independiente “podría ser tan artificial y destructivo como un intento de separar el Corn Belt, incluyendo el área industrial de los grandes lagos, de la economía de los Estados Unidos.

Una Ucrania independiente solo puede mantenerse por la fuerza y agregaba que aun un Estados Unidos triunfante en la Guerra Fría no debería tratar de imponer la independencia de Ucrania a una Rusia derrotada. Si se desatara un conflicto entre ambos por la independencia de Ucrania, Estados Unidos debería proponer un arreglo basado en una forma razonable de federalismo.

En 1997 –dice Castigliola en su artículo– Kennan se alarmó por la decisión de Washington de integrar a la OTAN la República Checa, Hungría y Polonia e iniciar una cooperación militar y naval con Ucrania.

“En ningún aspecto esa decisión parece más grave y llena de consecuencias fatídicas que en el caso de Ucrania”, advirtió Kennan.

Le escribió a Strobe Talbott, subsecretario de Estado en el gobierno de Clinton (94-2001), expresando su opinión. Talbott no le hizo caso. Estimaba que, dado el estado calamitoso de la economía rusa después de la desintegración de la Unión Soviética, el país estaba obligado a adaptarse a las exigencias de Occidente.

Opinión similar a la de Kennan fue expresada por Kissinger en su intervención del 23 de mayo del año pasado, en el Foro Económico de Davos, en Suiza, donde reiteró su convicción de que se debería buscar un acuerdo de paz en el conflicto de Ucrania que atendiera las demandas rusas de seguridad. Llevar la guerra más allá no sería ya algo sobre la libertad de Ucrania, sino una guerra contra la propia Rusia.

La estabilidad política de pos guerra, había dicho Kissinger en su libro ya citado, no había sido el resultado de la búsqueda de la paz, sino de “una legitimidad generalmente aceptada”. Legitimidad que no debía confundirse con la justicia –advirtió–, que no significaba “más que un acuerdo internacional acerca de la naturaleza de los arreglos funcionales y acerca de los objetivos y métodos aceptables de la política exterior. Implica la aceptación del marco del orden internacional por todas las grandes potencias”. Por lo menos hasta el punto en que ningún estado esté tan descontento con esa situación como para expresar su insatisfacción con “una política exterior revolucionaria».

“Siempre que exista una potencia que considere opresivo el orden internacional, o la forma de su legitimación, sus relaciones con otras potencias serán revolucionarias. En tales casos no será el ajuste de las diferencias dentro de un sistema dado, sino el sistema mismo el que se ponga en tela de juicio”, agregó.

Algo que la invasión de Ucrania por Rusia hizo evidente, de acuerdo con las declaraciones del propio Putin y de su canciller Serguei Lavrov.

II – Los objetivos de la guerra

Los objetivos de esa guerra son diversos. Y no siempre claros.

Los habitantes del Donbass están luchando por el derecho a vivir en su propia tierra, a hablar su lengua nativa (el ruso), aspiraciones que el régimen de Kiev trata de impedir, dijo Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal, el 21 de febrero pasado.

Entre sus objetivos estaba la protección de esa población –que vivía en lo que calificaba como tierras históricas de Rusia–; garantizar la seguridad de su país y eliminar la amenaza que significaba el “régimen neonazi”, que había asumido el poder en Ucrania como consecuencia del golpe de Estado de 2014.

Desde su perspectiva, el escenario político en el que trataron de resolver, mediante negociaciones, estos problemas, ya no funcionaba. Durante largos siglos de colonialismo, Occidente se ocupó de dar órdenes y ejercer su hegemonía. Se acostumbró “a que se les permitiera hacer lo que quisieran”, dijo Putin.

Percibía que, con el fin de la Unión Soviética, Occidente comenzó a revisar el orden internacional establecido después de la II Guerra Mundial y a construir un mundo regido por otras normas.

“Paso a paso revisaron el orden internacional existente, desmantelaron la seguridad y los sistemas de control armamentístico y llevaron a cabo una serie de guerras alrededor del mundo” con el único propósito de “desmantelar la arquitectura de las relaciones internacionales establecidas después de la II Guerra Mundial”.

No se trataba solo del orden construido después de la II Guerra Mundial, sino, sobre todo, de reglas no escritas, prácticas establecidas luego del resultado de la Guerra Fría, con la disolución de la URSS y el fin del socialismo en el este europeo, un escenario que Talbott había definido con crudeza.

En particular, la autorización del uso de la fuerza en las relaciones internacionales dejó, de hecho, de ser potestad exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos. Las guerras de Vietnam, Irak, Siria y Afganistán, son buenos ejemplos de esto. La de Ucrania también. Del mismo modo que la propia conformación del Consejo y sus reglas de funcionamiento –con el derecho a veto de los cinco miembros permanentes– ya no reflejan de la manera más adecuada las relaciones políticas en el escenario internacional.

III – Competición estratégica

“Remodelando el mundo” fue el título que el diario británico The Guardian –un periódico que, en mi opinión, se ha transformado en instrumento de la guerra– dio a su comentario sobre el discurso de Putin. Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el discurso fue una decepcionante propaganda. Para el presidente norteamericano, Joe Biden, dejó en evidencia que el mundo entero hacía frente al “desafío de la era”.

¿Qué desafío es ese? Estamos en el medio de una competición estratégica para definir el futuro orden internacional, se puede leer en “Estrategia de Seguridad Nacional” que la administración Biden divulgó en octubre del año pasado. Los Estados Unidos liderarán esos esfuerzos “con sus valores y trabajará con sus aliados y parceros, con aquellos que comparten nuestros intereses”. “No dejaremos nuestro futuro sujeto a los caprichos de quienes no comparten nuestra visión para un mundo libre, abierto, próspero y seguro”, dice el documento.

Ya había una referencia a las dimensiones de esa tarea en la “Orientación estratégica provisional de seguridad nacional” publicada en marzo del 2021. Ahí se podía leer que “la defensa de la democracia no termina en nuestras fronteras. El autoritarismo está en marcha en todo el mundo y debemos unirnos a aliados y socios con visiones similares a las nuestras para revitalizar la democracia en todo el mundo”.

Esa visión sobre el papel de los Estados Unidos tiene raíces más antiguas, como destaca el profesor emérito de Relaciones Internacionales e Historia en la Boston University, Andrew J. Bacevich.

Bacevich piensa que Estados Unidos necesitaba abandonar la perspectiva de imponer al mundo su visión de libertad, democracia y derechos humanos, y vuelve su mirada a Kennan quien, ya en 1948, advertía contra los riesgos de esta tentación.

En un artículo publicado en la edición de marzo/abril de Foreign Affairs – The Reckoning That Wasn’t– Bacevich hace referencia a un “Report to the National Security Council”, de abril de 1950 –cuando la Guerra Fría comenzaba a conformar el escenario internacional en la segunda mitad del siglo pasado–, donde se decía que la ausencia de orden entre las naciones era cada vez menos tolerable. El documento sacaba la conclusión de que Estados Unidos tenía que asumir “la responsabilidad de imponer el orden y la justicia, mediante medios consistentes con los principios de libertad y democracia”. (El informe puede ser visto aquí: https://info.publicintelligence.net/US-NSC-68.pdf)

Es este mundo el que voló por los aires cuando las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania.

Rusia percibía que el objetivo de Occidente era terminar el trabajo iniciado en la II Guerra Mundial –derrotar a la URSS– y que la Guerra Fría dejó inconcluso: terminar de desmembrar el país más extenso del mundo, que la había sobrevivido.

Para el canciller ruso, Sergei Lavrov, el objetivo de la “guerra híbrida” contra su país era no solo derrotar a Rusia, sino convertirla en un “país paria”. Como Hitler –diría– Estados Unidos tenta unir a los países europeos para la “solución final” contra Rusia.

Y añadió: –El nuevo concepto de nuestra política exterior es el de la necesidad de poner fin al monopolio de Occidente para determinar el marco de la vida internacional.

IV- ¿Rusia tiene fuerza para eso?

El desafío está claro. Lo que cabe preguntar es si Rusia tiene fuerza para esto y si la opción militar elegida era la indicada para el logro de este objetivo.

El vínculo entre el desenlace de la guerra en Ucrania y los cambios en el orden internacional, la relación entre esos dos escenarios, necesita definiciones más detalladas que me parecen no existir todavía. Se puede intuir, pero cuesta ver los detalles.

Rusia está revisando sus obligaciones ante las organizaciones internacionales que perjudican sus intereses, dijo Lavrov. Pero eso es solo una parte –y quizás una parte menor– de esa tarea. El canciller ruso destacó la importancia de la renovada alianza con China, base de la concepción multipolar del mundo.

Es la misma opinión de la cancillería china. En una conferencia de prensa celebrada en marzo, el marco de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Beijing, el canciller Qin Gang estimó que, con los dos países trabajando juntos, “el mundo tendrá la fuerza motriz para la multipolaridad y la democracia en las relaciones internacionales y el equilibrio estratégico global estará mejor garantizado»,

Acusada por la Subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, de tratar de reescribir “el orden internacional basado en reglas”, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, respondió que era Estados Unidos el principal disruptor de ese orden. “Son los Estados Unidos y no China quien socava y pisotea las normas internacionales». Wang citó los casos de Irak, Siria y Afganistán, así como la aplicación de sanciones contra otros países, como ejemplos de “una política de saqueos y explotación que crea división en todo el mundo”.

La guerra de Ucrania permite ver con claridad hasta donde los objetivos definidos por Putin pueden ser alcanzados: el control de los territorios de mayoría rusa; el fin de un régimen ucraniano, que Moscú considera ilegítimo; y garantías de seguridad, medidas que eviten la instalación de armas de la OTAN en las fronteras rusas.

Pero no se puede ver todavía, con la misma claridad, la relación del conflicto con el establecimiento de un nuevo orden internacional.

Quizás sea Washington quien lo intuya con mayor claridad, si consideramos los miles de millones invertidos en armar a Ucrania y los cambios tan profundos en las políticas de sus hoy aliados –Alemania y Japón–, entonces enemigos en la II Guerra Mundial. Ambos han reformado su legislación –e inclusive su constitución– para volver a armarse y a armar países en guerra, poniendo fin a restricciones existentes luego de su papel en el conflicto mundial del siglo pasado.

El objetivo es una derrota estratégica de Rusia, dijo Putin en su informe ante la Asamblea Federal, para lo cual ya habrían invertido 150 mil millones de dólares en apoyo a Ucrania. Una cifra que contrasta con los 60 mil millones destinados por los países del G-7 para apoyar a las naciones más desfavorecidas del mundo.

La militarización de la política internacional se expresa en el extraordinario presupuesto militar solicitado por Biden al Congreso el pasado 9 de marzo: 842 mil millones de dólares, cerca de cien mil millones más que el de 2021. Un gasto extraordinario, que supera el presupuesto militar de los nueve países que lo siguen. Un presupuesto que, probablemente, enfrentará la oposición republicana, mayoritaria en la Cámara de Representantes.

En la “Evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos”, un documento divulgado el pasado 6 de febrero, se señala que las grandes potencias compiten para definir las reglas que se impondrán en el mundo en el futuro próximo: Estados Unidos y sus aliados, por un lado; China y Rusia, por otro (el documento puede ser visto aquí: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2023-Unclassified-Report.pdf)

El escenario queda así definido, un cuadrilátero que enmarca la confrontación, sin que se vea todavía claramente definida sus reglas. Lo que despierta el temor de que se termine resolviéndola sin reglas…

En todo caso, la clave para el desenlace de esa lucha y la conformación de un nuevo orden internacional será la situación interna de cada país, en particular la relación entre Washington y Beijing, no de la guerra de Ucrania. Si podemos evitar que se esa confrontación se defina en el terreno militar, ese futuro tendrá que reflejar los cambios en el peso de cada nación en el escenario mundial.

FIN

La construcción de un nuevo orden mundial

Gilberto Lopes, en San José
Enero 2023

La duda de Olaf Scholz:
¿Cómo puede Europa permanecer como un actor independiente en un mundo multipolar?

I

“La agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto fin a una era”, dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, en artículo publicado en la edición de enero/febrero de la revista Foreign Affairs: The Global Zeitenwende. Algo así como un punto de no retorno. Es también el punto de partida del Foro Económico Mundial que se reunió en Davos a mediados de enero: “el mundo está hoy en un punto de inflexión crítico”, aseguran.

La cuestión central era esta, para Scholz: ¿cómo podemos, como europeos y como Unión Europea, seguir siendo actores independientes en un mundo cada vez más multipolar?

Algo sobre lo cual ha estado hablando también el presidente francés, Emmanuel Macron, para quien Europa debía replantear su “autonomía estratégica». Según Macron, “Europa debe desempeñar un papel más activo en la OTAN, reduciendo su dependencia de Estados Unidos y desarrollando sus propias capacidades de defensa para garantizar la paz en la región”.

Del lado ruso también se analiza el problema. Fyodor Lukyanov, director del Foro de Discusión de Valdai, señaló que la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Washington, el pasado 21 de diciembre (dejando de lado la teatralidad que la envolvió) puede representar un hito para la definición de un nuevo marco de seguridad europea.

Con Ucrania transformada en un insumergible portaviones norteamericano –como dice Lukyanov, un papel similar al que jugó Honduras en la guerra de los “contras”, montada por Washington contra los sandinistas, en Nicaragua, en los años 80’s–, el esquema de seguridad que había propuesto Putin en diciembre del año pasado ya no tiene sentido. Con el ejército ucraniano bien preparado, con el apoyo de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, se torna irrelevante su eventual pertenencia a la OTAN, dijo Lukyanov (su argumentación puede ser vista aquí: https://www.rt.com/news/568813-lukyanov-zelensky-visits-washington/).

Una posición similar ha expresado el exSecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Ucrania ha adquirido uno de los mayores y más efectivos ejércitos de tierra de Europa, equipado por los norteamericanos y sus aliados. La alternativa de neutralidad ya no es significativa, dijo Kissinger, sobre todo después de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN (el artículo de Kissinger puede ser visto aquí: https://www.spectator.co.uk/article/the-push-for-peace/). Ideas que repitió en su intervención en el foro de Davos, el 18 de enero pasado.

Los ganadores de la Guerra Fría

¿Qué época, según Scholz, es la que está llegando a su fin? En los 90’s parecía que un orden mundial más estable –resiliente, diría– se había instalado en el mundo. Se trataba del orden instaurado después de la Guerra Fría, de un mundo que percibe como de “relativa paz y prosperidad”.

La excanciller alemana, Angela Merkel, diría, en una entrevista publicada el 7 de diciembre en el medio alemán Zeit Magazine, que “la Guerra Fría nunca había de verdad terminado, pues Rusia nunca estuvo realmente en paz”.

Alemania no había podido alcanzar su objetivo de derrotar a Rusia, entonces cabeza de la Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS), en la II Guerra Mundial. Enfrentada al resto de Europa, especialmente a Gran Bretaña, todavía una gran potencia en esos años (y que hizo lo imposible por evitar entrar en esa guerra), y luego a Estados Unidos, Alemania fue derrotada, en una guerra en la que el papel de la URSS fue decisivo.

El mundo se dividió después en dos grandes bloques. El encabezado por Estado Unidos asumió la tarea de continuar la lucha contra el que lideraba la Unión Soviética. Un largo conflicto, que duró casi 45 años, y terminó, como sabemos, con la victoria del bloque occidental y la disolución de la URSS.

Liberados los países de Europa del este, hasta entonces sometidos a la tutela soviética, un nuevo orden internacional emergió: una Europa “unida y libre” (“whole and free”, en palabras del presidente George H. W. Bush), ahora bajo la dirección norteamericana, inició la construcción de ese nuevo orden internacional.

Por un lado, se consolidaron las políticas económicas neoliberales, impulsadas por los organismos financieros internacionales, con las vastas privatizaciones en los países del este europeo, que se extendieron también por América Latina, región tradicionalmente bajo la tutela norteamericana. Fue la época del “no hay alternativa”, anunciada por una de las más puras representantes del período, la inglesa Margaret Thatcher.

Por otro lado –hoy lo vemos con claridad– se fue diseñando, bajo el liderazgo norteamericano, una nueva política exterior y de defensa, cuya punta de lanza es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El objetivo de la OTAN, como diría, en 1952, su primer Secretario General, el general británico de origen hindú, Hastings Ismay, era “to keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down”, muy en la línea de la política exterior británica de entonces.

Setenta años después, la decadencia británica ha permitido a Scholz decir, en su artículo, que “los alemanes tratan de ser los garantes de la seguridad europea que nuestros aliados esperan que seamos, un constructor de puentes en la Unión Europea y un defensor de soluciones multilaterales para los problemas globales”.

El sueño de Inglaterra, expresado por el general Ismay, ha quedado hecho pedazos y gran parte del resto de Europa –de mirada corta, en mi opinión– entusiasmada con la guerra contra Rusia, parece olvidar las consecuencias del último rearme alemán.

Scholz destacó el cambió de la constitución alemana, que le prohibía armar a países en conflicto, y anunció el destino de cien mil millones de euros para el fortalecimiento de sus fuerzas armadas.

Lo que pertenece a un mismo mundo debe crecer junto, diría el canciller Willy Brandt, luego de la caída del muro de Berlín. Brandt se refería a Alemania, pero se aplica a Europa como un todo, dice Scholz.

Es lo que Occidente llama “un mundo basado en reglas”. Lo que Scholz percibe como un nuevo orden, más resiliente, como un mundo de relativa paz y prosperidad, que algunos definieron como “el fin de la historia”.

La construcción de un nuevo orden mundial

II

Una catástrofe geopolítica

Scholz se lamenta de que Putin, en vez de ver la pacífica caída del Muro de Berlín y del orden comunista como una oportunidad para promover más libertad y democracia, la haya calificado como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”.

La frase tiene una doble implicación. La primera es poner el fin de la URSS como una catástrofe mayor que las representadas por las I y II Guerras Mundiales. Parece un insensible error de evaluación del presidente ruso.

Pero tiene todavía otro significado, políticamente más importante para la construcción del discurso del canciller alemán: el de sugerir que el ataque de Rusia a Ucrania no es más que un paso en el esfuerzo por reconstruir la Unión Soviética.

No hace falta extenderse sobre eso para comprender el significado de lo que Scholz pretende atribuir al presidente ruso. “Cuando Putin dio la orden de ataque hizo pedazos una arquitectura europea e internacional de paz que tomó décadas construir”. “Su brutal ataque a Ucrania, en febrero pasado marcó el inicio de una nueva realidad: el retorno del imperialismo a Europa”.

La frase, tal como citada por el canciller alemán, deja al descubierto una sutil interpretación.

La cita a la que Scholz hace referencia corresponde al informe anual del presidente de Rusia a la Asamblea de la Federación Rusa (una versión en inglés de ese informe puede ser vista en la página oficial del Kremlin: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931).

El texto citado por Scholz, en su versión en inglés, está en el sexto párrafo:

Above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century. As for the Russian nation, it became a genuine drama. Tens of millions of our co-citizens and compatriots found themselves outside Russian territory.

Como se puede ver, no es lo que dice Scholz, cuando, citando a Putin, afirma, entre comillas: “was the biggest geopolitical catastrophe of the twentieth century” (fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX).

Lo que dice el texto de Putin es: “was a major geopolitical disaster of the century”, lo que puede traducirse por “uno de los mayores desastres geopolíticos del siglo”. Un genuino drama para la nación rusa, agregó Putin. “Millones de nuestros ciudadanos y compatriotas se vieron fuera del territorio ruso”.

La clave del debate está en las palabras usadas en inglés: “the”, por un lado; y “a”, por el otro.

Stephen Frand Cohen, un erudito estadounidense de estudios rusos, afirma que Putin ha sido obsesivamente mal citado en este tema, repitiéndose la frase “The collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the twentieth century” cuando, en realidad, lo que dijo fue que había sido “a major geopolitical catastrophe of the twentieth century” (ese debate puede ser visto aquí: https://medium.com/illumination-curated/did-putin-really-say-that-78b5f901e634).

Scholz no se hace cargo de esos detalles y cita la frase como conviene a su argumentación. Ya veremos que no es la única cita donde aplica este procedimiento. Es en este entorno que el autoritarismo y las ambiciones imperialistas de Putin “empiezan a emerger”, afirma. Cita entonces el discurso que el presidente ruso pronunció dos años después, en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Munich. Un discurso “agresivo” donde se “burlaba del orden internacional basado en reglas como un mero instrumento de dominio norteamericano” (una versión de ese discurso de Putin, en inglés, puede ser vista también en la página del Kremlin: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/24034).

El fracaso del mundo unipolar

Es importante considerar la fecha en la que está hablando el presidente ruso: 2007, hace 15 años. ¿Qué es lo que dice Putin en ese discurso? Lo primero es que el modelo de un mundo unipolar, como el surgido después del triunfo de Occidente en la Guerra Fría, “no solo es inaceptable como imposible en el mundo de hoy”. Lo que está ocurriendo en el mundo de hoy –y eso es lo que empezamos a discutir– es el intento de introducir este concepto en los asuntos internacionales.

¿Y cuáles han sido los resultados?, se pregunta Putin. “Las acciones unilaterales, y frecuentemente ilegítimas, no han resuelto ningún problema”. A finales del 2001 Estados Unidos había invadido Afganistán y, en marzo del 2003, Irak. “Estamos viendo el uso prácticamente incontenible de la fuerza militar en las relaciones internacionales, un creciente desdén por los principios básicos de las leyes internacionales, que ha hundido el mundo en el abismo de conflictos permanentes. Un Estado –principalmente Estados Unidos– actuando más allá de sus fronteras, ha tratado de imponer sus políticas a otras naciones, tanto en lo económico, como lo político, lo cultural o lo educacional”.

El resultado –dice Putin, ya en 2007– es que nadie se siente seguro. “Estoy convencido de que ha llegado el momento en que debemos pensar seriamente sobre la arquitectura de la seguridad global”.

Putin hablaba de un mundo multipolar, cuya base era el crecimiento económico de países como la India, China, o los miembros de los BRICs, integrado entonces por Brasil, Rusia, India y China.

Destacó la importancia de un marco legal sobre las armas de destrucción masiva, defendió la necesidad de respetar el tratado de no proliferación nuclear, la supervisión multilateral de las tecnologías de misiles, la prevención del uso de armas en el espacio.

El discurso trata aun otros temas, pero Putin se extiende sobre el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, firmado en 1999. Han pasado siete años y solo cuatro países –incluyendo la Federación Rusa– han ratificado el tratado, dice Putin.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? “La OTAN ha puesto sus fuerzas en nuestras fronteras, mientras nosotros seguimos respetando estrictamente las obligaciones del tratado y no hemos reaccionado a tales acciones”. Los países de la OTAN han declarado que no van a ratificar el tratado “hasta que Rusia elimine sus bases de Moldavia y Georgia”. Putin se refirió a la situación en Moldavia y aseguró que lo conversaban regularmente con el Secretario General de la OTAN, el español Javier Solana. No habló de la situación en Georgia.

Y recordó una afirmación de otro Secretario General de la OTAN entre 1988 y 1994, el exministro de Defensa alemán, Manfred Wörner, hecha en Bruselas el 17 de mayo de 1990: “el hecho de que estemos dispuestos a no colocar las tropas de la OTAN fuera del territorio alemán le dan a la Unión Soviética una firme garantía de seguridad”.

La expansión de la OTAN –agregó Putin– no tiene relación alguna con la modernización de la alianza, o con garantizar la seguridad de Europa. Por el contrario, “representa una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua”. ¿Dónde están esas garantías?, se preguntó.

Putin dijo también, en ese discurso, que “el único mecanismo que puede decidir sobre el uso de la fuerza militar como último recurso es la Carta de las Naciones Unidas”. Una afirmación difícil de conciliar con su decisión de atacar Ucrania, aunque revelaciones posteriores, sobre todo sobre las intenciones ocultas en las negociaciones de los Acuerdos de Minsk, agregan nuevos matices al escenario.

La construcción de un nuevo orden mundial

III

Visiones de un nuevo mundo

Volvamos al artículo de Scholz. En 2014 –dice– Rusia ocupó Crimea y envió tropas a Donbas “en directa violación de la ley internacional”. “Durante los ocho años que siguieron a la ilegal anexión de Crimea y el estallido del conflicto en el este de Ucrania, Alemania y sus socios europeos e internacionales del G-7 se enfocaron en salvaguardar la soberanía e independencia política de Ucrania, evitando una mayor escalada de Rusia, restaurando y preservando la paz en Europa”.

Junto con Francia –agregó Scholz– “Alemania se comprometió en el llamado Formato de Normandía, que condujo a los Acuerdos de Minsk y al correspondiente proceso de Minsk, que exigía a Rusia y a Ucrania un cese al fuego y a adoptar una serie de otras medidas. A pesar de los problemas y a la falta de confianza entre Moscú y Kiev, Alemania y Francia mantuvieron el proceso funcionando. Pero una Rusia revisionista hizo imposible el éxito de la diplomacia”.

Entonces las declaraciones de la excanciller Angela Merkel al ya mencionado Zeit Magazine dieron otra perspectiva sobre los acuerdos de Minsk. El primer acuerdo, de septiembre del 2014, dijo Merkel, tenía como objetivo “darle tiempo a Ucrania para fortalecerse, como podemos ver hoy. La Ucrania de 2014/2015 no es la Ucrania de hoy”.

Luego vino la batalla de Debatselvo, a principios del 2015, con un rápido triunfo de las fuerzas rusas, que llevaron a un segundo protocolo del acuerdo de Misnk, firmado en febrero de ese año. “Estaba claro para nosotros que el conflicto estaba congelado, que no se había resuelto el problema, pero esto dio a Ucrania un tiempo invaluable”, agregó Merkel.

Declaraciones similares hizo después el expresidente francés, François Hollande. Pyotr Poroshenko, quien asumió la presidencia de Ucrania luego del golpe de 2014, también reconoció que los Acuerdos de Minsk (en cuya negociación participó, así como Merkel) no eran más de una artimaña para ganar tiempo y fortalecer Ucrania militarmente. “Los acuerdos de Minsk, a pesar de las críticas, nos dieron tiempo para construir las capacidades de defensa ucranianas”.

Lo cierto es que el 10 de diciembre del 2019 el gobierno de Ucrania publicó un comunicado, luego de una reunión en París de los líderes de los cuatro países que dieron forma a los Acuerdos de Minsk –Francia, Alemania, Rusia y Ucrania– donde señalaba que seguían comprometidos con la completa implementación de los acuerdos y con la promoción de una arquitectura “sostenible e inclusiva de confianza y seguridad en Europa”.

La respuesta rusa fue que las declaraciones de Merkel eran “decepcionantes”. “No esperaba oír eso de la excanciller”, dijo Putin. “Pensaba que los líderes alemanes dialogaban con nosotros con sinceridad”. “La idea era llenar Ucrania de armas y prepararla para los combates. Nos dimos cuenta muy tarde”, agregó.

La visión de un nuevo mundo

Scholz afirma que “Putin quiere dividir Europa en zonas de influencia y al mundo en bloques de grandes poderes y Estados vasallos”. Afirma que “Putin no ha aceptado nunca a la UE como un actor político”. En su opinión, la UE es una unión de Estados libres, democráticos y soberanos, basados en el estado de derecho, antítesis de la “imperialista y cleptocrática” Rusia.

Es difícil encontrar en las propuestas de Putin medidas orientadas a esos fines. Aunque puedan parecer hoy completamente inviables, en 2010 Putin, entonces primer ministro ruso, hacía dos propuestas que hubiesen cambiado la cara de Europa. El 25 de noviembre de ese año la agencia alemana DW escribía sobre el tema: “No se ha secado todavía la tinta de los titulares que elogiaban como paso histórico el acuerdo entre los países miembros de la OTAN y Rusia en cuanto a la cooperación en la construcción de un escudo antimisiles en suelo europeo, cuando –después de la cumbre con la UE– se vislumbra, al fin, una integración de Moscú a la Organización Mundial del Comercio.

Por si fuera poco, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, abogaba, pocas horas después, en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, por la integración de una comunidad económica armónica desde Lisboa hasta Vladivostok.

Desde entonces, las tensiones solo aumentaron. Deberíamos preguntarnos por qué no fue posible un acuerdo con Rusia, en los términos propuestos por Putin en 2010 o en otros términos.

Entre lo más sensible en este escenario estaba la conexión del gasoducto Nord Stream II, que se transformaría en un vínculo estratégico entre Rusia y Europa occidental. Impedir su conclusión se transformó en un objetivo fundamental de los Estados Unidos. Un día conoceremos los detalles en torno a la cancelación del acuerdo sobre ese gasoducto y sobre los posteriores atentados –atribuidos a la inteligencia inglesa– contra las instalaciones existentes, tanto del Nord Stream II (que nunca entró en funcionamiento), como del Nord Stream I, que sí funcionaba.

Una visión distinta

¿Cómo puede Europa permanecer como un actor independiente en un mundo multipolar?, se preguntaba el canciller alemán.

Cuando el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania se reunió en la base militar aérea norteamericana de Ramstein, en Alemania, el pasado 20 de enero, el presidente francés, Emanuel Macron, se refirió al escenario europeo.

En el marco de una visita a España, sostuvo una larga conversación con el escritor español Javier Cercas, en París, publicada por el diario El País. Hay una crisis inédita en Europa, por la guerra. La respuesta debe ser una Europa poderosa, dijo el presidente francés. Una Europa que debe decidir si quiere tener su propio papel en el escenario mundial o alinearse con alguna de las dos potencias, Estados Unidos o China.

Pese al sostenido apoyo militar a Ucrania, Macron no ha dejado de señalar la necesidad de vislumbrar un nuevo orden europeo, con Rusia incluida. “Rusia es una gran nación en busca de su destino”, dijo Macron, para quien solo habrá una paz duradera con Occidente mediante el diálogo.

Europa no terminó de digerir el escenario surgido al final de la Guerra Fría; se extendió rápidamente hacia el este, pensando que todos los problemas estaban resueltos, para descubrir hoy que hay dos bloques de naciones en el grupo, con visiones diferentes sobre el futuro. Un problema que –en su opinión– no afecta solo a Europa, sino a todas las democracias occidentales, “que viven una especie de fatiga, una pérdida de referencias colectivas”.

El presidente francés tiene antecedentes políticos cercanos en los que inspirarse. En marzo del año pasado se conmemoraron los 60 años de los Acuerdos de Évian, en el que se acordó un alto al fuego en la guerra por la independencia de Argelia.

No significó la paz de inmediato, pero fue el inicio de un proceso llevado a cabo por el general De Gaulle, el mismo que visitó Argel siendo primer ministro y ministro de Defensa, en junio de 1958, donde gritó ¡Viva la Argelia francesa!

Cuatro años después, siendo presidente de la República, negoció un acuerdo y promovió el proceso de paz que lo enfrentaría con sus antiguos aliados, sobre todo los militares ultranacionalistas y los pieds-noirs, los más de un millón de colonos franceses en Argelia, opuestos a la independencia de Argelia y dispuestos a seguir con una guerra aún más cruenta de lo que había sido hasta entonces, para tratar de impedirla.

Pero era De Gaulle, extraordinaria figura forjada en la resistencia a los alemanes en la II Guerra Mundial.

La televisión española, en un programa sobre los 60 años de los Acuerdos de Évian, recordó cómo “a través de los discursos a la nación de De Gaulle se observa el giro político que experimenta, adaptándose a la realidad y al tablero internacional” de su época.

Pasó del intento inicial de retener la Argelia francesa a reconocer su autodeterminación y a confrontarse con la violenta población colonial de pieds-noirs, una vez proclamada la independencia.

Visión y coraje indispensables para forjar una nueva era, una que impida el progreso de la confrontación militar –único camino seguido hasta ahora en la crisis de Ucrania– en que se van imponiendo los pieds-noirs, sin que aparezca hasta ahora un De Gaulle capaz de ponerlos en su lugar.

FIN

De deudas y privatizaciones: Andando por el mundo con el bolsillo lleno y la cabeza vacía

Gilberto Lopes

Diciembre, 2022

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se vanagloria de que por primera vez, en trece años, el Gobierno va a amortizar el principal de la deuda. Nos sugiere que se cumple así «un hito en la trayectoria de consolidación de las finanzas públicas”.

Abonar al principal, en vez de renegociar la deuda y reactivar la economía no lo hace nadie, salvo en condiciones muy particulares. Ningún gobierno serio hace eso que propone el gobierno de Chaves. Eso es una tontería. Pero vender el patrimonio nacional para hacerlo ¡es más que una tontería!

La propuesta de vender activos para reducir la deuda no solo es un engaño –que oculta la verdadera ambición de comprar, a precios de liquidación, negocios muy rentables–, sino que es el verdadero objetivo de esas propuestas, que tienen poco –o nada– que ver con el tema del manejo de la deuda.

Ciertamente, hay que tratar de manera seria el problema de la deuda, como parte de un programa de desarrollo del país. No de someternos a inaceptables y dolorosas condiciones, con tal de satisfacer a las demandas de los acreedores.

No tiene sentido hacerlo, si se mantienen las condiciones que generaron la deuda. Con la venta de los activos se puede abonar algo, pero nada relevante. Al poco tiempo estaremos debiendo lo mismo, o más. Si vendemos activos nacionales para pagar la deuda estaremos, a corto plazo, no solo más endeudados, sino también más pobres.

La deuda, una bomba a desactivar

Hace tiempo un economista español, catedrático de la Universidad de Sevilla, profesor Juan Torres López, viene tratando el tema de la deuda.

Al profesor Torres lo fui a entrevistar a Sevilla hace ya algunos años y le he dado seguimiento a sus escritos. De sus textos viene la idea de que la deuda es una bomba que debe desactivarse, artículo publicado en el periódico español Público, el 11 de junio del 2021.

Es su opinión de que los datos sobre la evolución de la deuda en todo el mundo nos muestran que “estamos sentados sobre una bomba que va a estallar sin remedio, si no se adoptan medidas adecuadas para desactivarla”.

Le parecían impresionantes los datos sobre las deudas que acababa de publicar el Banco Internacional de Pagos (Bank for International Settlements (BIS), con sede en Basilea, Suiza). Las deudas acumuladas en el mundo a fines del 2020 habían llegado a unos 286 billones de dólares (millones de millones; trillions en inglés), cerca de 3,5 veces el producto mundial.

De esa deuda, 221,4 billones correspondían al sector no financiero: 53,8 billones al endeudamiento de los hogares; 83,4 billones a deuda de los gobiernos; 78,6 billones a deudas de las sociedades no financieras. A lo que había que sumar 65 billones de dólares del sector financiero.

Un año después, esa deuda había trepado a 303 billones, alimentada por la montaña de dinero inyectado en las economías para hacer frente a los efectos de la COVID 19 sobre empresas y personas, según datos del Institute of International Finance (IIF), una asociación de instituciones financieras mundiales, con sede en Washington.

Estos datos son graves por su cuantía pero, sobre todo, por su crecimiento vertiginoso, acelerado a causa de la pandemia. Según el BIS, la deuda total del sector no financiero se había triplicado desde el 2000.

El análisis de la economía de los países de la Unión Europea (UE) es objeto de especial atención del profesor Torres. Según los datos de Eurostat, que cita en el artículo mencionado, la deuda pública de toda la UE era de doce billones de euros. La de los países de la zona del euro (eurozona), ligeramente inferior, alcanzaba los 11,1 billones. Lo que, en su opinión, demostraba que las “mal llamadas” políticas de austeridad no servían para disminuir la deuda, “sino justamente para todo lo contrario”. Desde 2000 –afirma– la deuda de la eurozona ha aumentado en 6,8 billones. Cantidad similar a la que han pagado, en ese tiempo, en intereses.

En 2020, en plena pandemia, los países de la UE tuvieron que dedicar 191,6 mil millones de euros para pagar intereses. Es decir, “en retribución a bancos que le han prestado dinero creado, en su práctica totalidad, de la nada, sin ningún costo para ellos”.

Hace tan solo una semana la BBC publicó una nota revelando que había personas comiendo alimentos para mascotas en Gran Bretaña y calentando su comida con velas. Hace unos meses nos decía que muchos británicos mayores de 50 años, imposibilitados de pagar alquileres, tenían que vivir en casas compartidas. Quizás en pocos países las políticas de privatizaciones y contención del gasto público han sido tan eficaces como en Gran Bretaña.

Estos ejemplos evidencian la necesidad de discutir como enfrentar el problema de la deuda. No se trata de un problema técnico, sino político, como veremos.

¿Quiénes son los adictos a la deuda?

Torres se hace algunas preguntas. Una de ellas es ¿quiénes son los adictos a la deuda? Se trata de un artículo que publicó hace algunos años, en 2017. Poco antes había publicado un libro con el provocador título “Economía para no dejarse engañar por economistas”.

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica –dice en su artículo– es el de que la enorme deuda acumulada en el mundo es consecuencia de que la gente vive por encima de sus posibilidades. Otro mito es el de que “los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar”.

Pone como ejemplo declaraciones de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, de que ningún Estado puede gastar más de lo que ingresa. Eso tiene sentido en el caso de una familia, pero no tiene ninguno en un Estado, dice Torres. Si el Estado deja de gastar provoca una disminución de los ingresos de la gente, algo que no pasa cuando se trata de una familia.

Se trata, como tantas otras afirmaciones, “de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos”, asegura Torres.

Los errores económicos tienen propósitos, asegura. Los adictos a las deudas no son las familias, mucho menos las familias de escasos recursos. Son los bancos, “porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político”. Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se pretende es crear condiciones para que sigan endeudando a la gente.

La explicación de este proceso es relativamente sencilla y clara. Nos dicen que hay que imponer políticas de recortes de gastos para ahorrar, reducir el gasto y bajar la deuda. Pero lo que se busca –dice Torres– es todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingresos propios para que los bancos vuelvan a prestar, creando así nuevas deudas.

La prueba del engaño es que la deuda subió más “justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate de la banca”, que las autoridades financieras aseguraban ser indispensables para disminuir la deuda.

Privatizar para pagar

El pasado 1 de diciembre, el economista brasileño José Álvaro de Lima Cardoso denunciaba la deuda pública como un “mecanismo infinito de drenaje de dinero público.

Cardoso se refería a la limitación de gastos para atender las necesidades sociales impuesta al presupuesto brasileño, luego del golpe de Estado contra la presidente Dilma Rousseff en 2016. Medida similar a la adoptada en Costa Rica, mediante ley aprobada sin necesidad de ningún golpe de Estado. En Brasil se congeló, además, el gasto social del gobierno por 20 años, con el resultado de una grave recesión económica y desastrosos resultados sociales.

En 2004, en medio de una nueva crisis financiera internacional, Ernesto Gutiérrez Betancor publicaba, en la revista “Conceptos Sociales”, de la UNAM, el artículo (reproducido por diversos medios) “La deuda externa, ¿quién debe a quién?”.

Ahí nos señalaba que “en los últimos años, las condiciones de vida de la mayoría de la población de África, América Latina y Asia han empeorado drásticamente”.

“En el África subsahariana, por ejemplo, el consumo medio por habitante es menor que en 1970. Los ingresos de la mayoría de los latinoamericanos son también inferiores, en un 20%, a los que recibían en 1980. Esta desesperada situación a menudo se nos presenta como el producto de la corrupción, la incompetencia o la ineficacia”.

Pero –dice Gutiérrez Betancor–, los datos estadísticos muestran una realidad bien diferente. “En 1999, los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al Norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron. En el mismo año, los países del llamado «Tercer Mundo», en su conjunto, realizaron una transferencia neta de recursos de 114.600 millones de dólares”. Pese a esto, una deuda que, en 1982, ascendía a 780 mil millones de dólares había trepado a algo más de 2 billones (millones de millones) de dólares, menos de 25 años después.

A finales de 2019, la deuda externa total solo de los países de ingreso mediano y bajo (no de todo el llamado Tercer Mundo, o de los “mercados emergentes”) ascendía a 8,1 billones de dólares, según datos del Banco Mundial, institución a cargo de los programas de reducción de la deuda y de la pobreza, donde trabajaba nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Ya en los años 70, Robert McNamara, exejecutivo de la Ford, Secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y luego presidente del Banco Mundial, entre 1968 y 1981, advertía que “la tasa media de aumento de la deuda luego de la década del 60 representa cerca del doble de la tasa de crecimiento de los ingresos por exportaciones, con las cuales los países endeudados deben asegurar este servicio de la deuda. Esta situación no puede continuar indefinidamente”.

Cuando se hizo evidente que los países subdesarrollados no podrían asumir sus compromisos en las condiciones pactadas, el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional propusieron como solución las llamadas «políticas de ajuste estructural».

Como medidas fundamentales de esas políticas están la reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales. Cuarenta años de esas políticas han dado como resultado la aceleración de un proceso contra cuyas consecuencias insostenibles ya advertía McNamara, hace 50 años.

En Costa Rica, el gobierno propone privatizar el Banco de Costa Rica, uno de los tres bancos estatales. Se vanagloria el ministro de Hacienda, afirmando que, por primera vez en trece años el Gobierno va a amortizar el principal de la deuda.

Pero el secreto no está ahí, sino en la venta del banco, un negocio excepcional, al que los posibles compradores (incluyendo la banca colombiana) tienen puestos los ojos desde siempre.

¿Cuánto se amortizaría con la venta del BCR?, le pregunté a un economista que acompaña estos procesos en el país. “No hay un valor definido. Se estima en unos 1.850 millones de dólares. Alcanza para pagar durante seis meses los intereses de la deuda.

Pero este es un valor puramente contable. El valor económico del banco es muy superior. Para el país, debe considerarse su valor social, que incluye la capacitación de su personal –unas cuatro mil personas–, el valor de sus instalaciones, los diversos servicios que presta a la sociedad, no solamente financieros, sino de trámites de documentos, como pasaportes o licencias de conducir”.

Qué significa para un banco privado ser muy eficiente, se pregunta: significa ganar la mayor cantidad de dinero posible. Eso se logra reduciendo personal, reduciendo salarios y los servicios que presta y, sobre todo, aumentando la tasa de interés crediticia, que hoy es de 8,4% anual en la banca pública y más del 15% en la privada.

¡Una estafa para el país!

En cambio, no se propone eliminar o reducir las diversas exenciones tributarias que favorecen a los inversionistas, en particular en el régimen de zonas francas.

Entre las medidas de transferencia de recursos para los bancos está también un proyecto de ley –que se está negociando a instancias del sector financiero– para permitir transferir a los acreedores un 30% de los ahorros del Régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) de quienes se encuentren con problemas de deudas. Una medida que los afectará posteriormente, al reducir el monto de sus futuras pensiones, además de debilitar el sistema de pensiones.

En su “Estrategia de la deuda a mediano plazo”, publicada en abril pasado, el ministerio de Hacienda afirma que la deuda del gobierno central equivale a 66,46% del PIB. Y agrega que, “gracias a la dinámica de los ingresos y la contención del gasto pareciera que el país se dirige hacia una estabilización de las finanzas públicas”.

Nada dice de las condiciones sociales, del desempleo estructural, de la creciente concentración de la riqueza, ni del asalto sistemático a las eficientes instituciones públicas –la banca, las telecomunicaciones, la energía, la salud, la educación, las carreteras, los aeropuertos– donde las medidas privatizadoras han venido debilitando los servicios públicos, sin que ningún proyecto de país ofrezca un modelo de desarrollo que reduzca la deuda o la pobreza.

Durante años los promotores de esos proyectos han andado por el mundo con el bolsillo lleno y la cabeza vacía. Tratan de vendernos las viejas ideas, que nos han traído a esta crisis, como solución a nuestros problemas. Para eso cuentan en Costa Rica con el control de la presidencia y una holgada mayoría en la Asamblea Legislativa.

Con la venta de activos no se va a resolver el problema de la deuda, sino a agravar un proceso de concentración de la riqueza y de mayores sufrimientos sociales para la población costarricense.

Privatizaciones y contención de gastos, receta infalible para el deterioro de las condiciones de vida de la población costarricense, como lo ha demostrado la historia.

FIN

De zoológicos y jardines (IV y final)

Gilberto Lopes
Noviembre 2022

Sin fuerzas para enterrar a su hija

Una rápida mirada al mundo de hoy revela la dimensión de la crisis y de la incertidumbre, aunque, para Ikenberry, nada pone en duda las ideas, las instituciones o los valores de la sociedad norteamericana.

Sin embargo, desde la crisis financiera del 2008 se multiplican los síntomas de un problema más profundo. El economista Nouriel Rouibini destacó, en entrevista a la BBC el pasado 25 de octubre, su preocupación por la creciente deuda pública y privada mundial. “En la década de 1970, el ratio de deuda privada y pública sobre el PIB estaba en torno a un 100% y ahora, en las economías avanzadas, está en 420% y subiendo”.

En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó su preocupación por un aumento de la deuda del público que, entre 2007 y 2022 pasó de 5,1 millones de millones de dólares a más de 23 millones de millones.

“La palabra ‘crisis’ no es una hipérbole”, dijo el editor ejecutivo de Bloomberg Opinion, Robert Burgess. La liquidez se está evaporando rápidamente. La volatilidad se dispara. Incluso la demanda en las subastas de deuda del gobierno de los Estados Unidos se está convirtiendo en una preocupación.

Las condiciones son tan preocupantes que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio un paso inusual al expresar su preocupación por un posible colapso en el comercio, señalando que su departamento está «preocupado por la pérdida de liquidez adecuada» en el mercado de los valores del gobierno de los Estados Unidos. Lo que más debería preocupar a la Fed y al Departamento del Tesoro es el deterioro de la demanda en las subastas de deuda de Estados Unidos, estimó Burgess. Una baja demanda implicaría, además, que el gobierno debe pagar más conseguir recursos. “No se equivoquen –agregó– si el mercado del Tesoro se paraliza, la economía global y el sistema financiero tendrán problemas mucho mayores que una inflación elevada”. El panorama se extiende, con sus matices, por gran parte de Occidente. El mercado de bonos de los Estados Unidos da el tono a los mercados de la deuda en todo el mundo y los problemas de las últimas semanas en el Reino Unido desnudaron la crisis de liquidez por la que atraviesa la mayoría de los principales mercados de deuda soberana. Mientras Rusia denuncia que Inglaterra abastece y entrena las fuerzas militares ucranianas y la acusa de haber dirigido y coordinado el ataque contra los gasoductos submarinos Nord Stream en septiembre, la prensa inglesa anuncia que millones de personas tienen que saltarse alguna comida, mientras se profundiza la crisis provocada por el aumento del costo de vida. Hay más gente –incluyendo niños­– pasando hambre hoy que durante las primeras semanas del cierre por el Covid, dice el Guardian. El pasado 3 de noviembre el Banco de Inglaterra advirtió que el Reino Unido enfrentará un escenario “muy desafiante”, con una inflación no vista en los últimos 40 años y un aumento del desempleo, que pasará del 3,5% actual a casi 6,5%, en los próximos tres años. Si bien no será la recesión más profunda de su historia, será la más larga desde que comenzaron los registros en la década de 1920, dijo el banco. El boicot al Nord Stream II fue, desde el principio, un objetivo central de la política norteamericana para evitar un vínculo permanente y estratégico entre Europa y Rusia.

“La destrucción de los gasoductos Nord Stream resume esa dinámica en pocas palabras. Durante casi una década, una demanda constante de los Estados Unidos fue que a Alemania rechazara su dependencia de la energía rusa. Tales demandas fueron contestadas por Gerhard Schroeder, Angela Merkel y líderes empresariales alemanes”, dijo el profesor de la Universidad de Missouri, Michael Hudson, en artículo publicado en Brave New Europe (el artículo, sobre la posición alemana en el nuevo orden global norteamericano, en inglés, puede ser visto aquí: https://braveneweurope.com/michael-hudson-germanys-position-in-americas-new-world-order)

En su opinión, el  país que sufrirá el mayor daño colateral de esta fractura global será Alemania. Quizás eso explique en parte la rápida visita del canciller Olaf Scholz a Beijing a principios de noviembre. Pero Alemania no será el único país a sufrir esas consecuencias. Las protestas se multiplican, en Praga, en Roma, en París…

En agosto, Macron pronunció su discurso de otoño, anunciando “el fin de la abundancia” y reiterando que “vivimos un momento de gran convulsión”

Dos meses después, Thierry Pech, director general del centro de estudios Terra Nova, de París, comentó que, para Macron “la sucesión de crisis que estamos viviendo —crisis climática, guerra en Ucrania, inflación récord, subida de los tipos de interés…— no es el resultado de una oscura coincidencia de desgracias”, sino el signo de un gran cambio.

“Es probable que el consumidor europeo experimente penurias de las que no suele acordarse: escasez, desabastecimiento, racionamiento energético, inflación de dos dígitos y… miedo”. El fin de lo evidente, dice Pech.

El canciller alemán, Olof Scholz, se mueve en medio de esas aguas turbulentas. El 27 de octubre se reunió con Macron en París. El bajo perfil mediático del encuentro dejó en evidencia “el delicado momento que vive la relación francoalemana, consecuencia, en parte, del seísmo geoestratégico de la guerra de Ucrania”, dijo Eusebio Val, corresponsal del diario catalán La Vanguardia en París.

“La sacudida provocada por la invasión rusa de Ucrania y sus graves efectos económicos han hecho aflorar diferencias de fondo y prioridades que parecen difíciles de conciliar”.

En el terreno de la defensa, la cooperación francoalemana chirría desde hace años, recordó, señalando que Berlín pretende un escudo antimisiles europeo –con participación de Estados Unidos e Israel– mientras París planea uno alternativo, en alianza con Italia.

“Diversos son los puntos de fricción”, agregaría el director adjunto del diario La Vanguardia, Enric Juliana (en mi opinión, uno de los mejores analistas políticos en España), comentando el encuentro. E hizo una lista: “La negativa alemana a topar el precio del gas en Europa por miedo al desabastecimiento; el generoso plan alemán para proteger su industria, un airbag que otros países europeos no se pueden permitir; la reticencia francesa ante los planes alemanes de fomentar tuberías hacia el sur de Europa y el norte de África en busca de energía más segura; el escudo antimisiles europeo publicitado por Alemania, sin la participación de Francia, proyecto ante el cual España se ha puesto de perfil mientras negociaba la interconexión energética con los franceses (estamos hablando de la industria militar)”.

“Desavenencias objetivas y nervios derivados de la guerra de Ucrania. Francia vuelve a ser un polvorín social y Alemania ha decidido que la principal prioridad es proteger su industria. Francia sigue confiando en su potente planta nuclear; Alemania no sabe cómo será el invierno del 2024. Todos quisieran acabar la guerra y nadie sabe cómo”, dijo Juliana.

Val mencionó a Israel., justo cuando acaba de perfilarse un nuevo gobierno en ese país, cada vez más cercano a una versión racista nazi, alejada de todas las normas internacionales reconocidas sobre el conflicto palestino, que podría ocupar un creciente papel desestabilizador en el escenario internacional.

A diferencia de Ucrania, la Unión Europea (UE) ha sido mucho menos asertiva con el conflicto de Gaza, le señalaron a Borrell dos periodistas del diario El País, en una entrevista hecha en San Lorenzo de El Escorial.

Resolver la situación de la gente atrapada en esa cárcel al aire libre que es Gaza no está en manos de la UE. Es una situación escandalosa, una vergüenza, pero no está en nuestras manos resolverla. La comunidad internacional debería buscar una solución para la gente hacinada, sin electricidad, casi sin agua potable, contestó el jefe de la diplomacia comunitaria.

“Se nos critica con mucha frecuencia por tener un doble rasero”, se lamentó Borrell. “Pero la política internacional es, en buena medida, la administración de los dobles estándares. No nos enfrentamos con los mismos criterios a todos los problemas. El conflicto de Oriente Próximo no tiene solución sin un compromiso muy fuerte por parte de Estados Unidos Y, tras intentarlo sin éxito tantas veces en el pasado, ahora mismo no lo hay. Aunque nada de esto sirve de consuelo a la gente que vive allí”.

Uno de cada cuadro hogares británicos con niños experimentó inseguridad alimentaria el mes pasado, decía, en octubre, el Guardian. Una nadería, comparada con lo que el periodista hindú del Servicio Mundial de la BBC, Swaminathan Natarajan, publicaba el pasado 16 de octubre. “Ratas, huesos y barro: los alimentos del hambre que la gente desesperada come para sobrevivir”, titulaba su artículo.

“Durante los últimos dos años, Lindinalva Maria da Silva Nascimento, una abuela jubilada de 63 años de São Paulo, Brasil, ha estado comiendo huesos y piel desechados por los carniceros locales”, afirma.

Cerca de Chennai, al sur de la India, Rani, una mujer de 49 años, le cuenta que ha estado “comiendo ratas desde la infancia y nunca he tenido ningún problema de salud. Alimento a mi nieta de dos años con ratas. Estamos acostumbrados». Es, al parecer, una rata de campo, algo distinta a las que podemos encontrar en nuestras ciudades.

La ONU dice que Somalia enfrenta un hambre catastrófica en medio de un conflicto armado y de la peor sequía del país en 40 años, que ya ha desplazado a más de un millón de personas.

Sharifo Hassan Ali, de cuarenta años y madre de siete hijos, es una de las desplazadas. «Durante el viaje comíamos solo una vez al día. Cuando no había mucha comida, les dábamos de comer a los niños y pasábamos hambre».

Cada vez más niños están muriendo en Somalia en medio de esa sequía. Funcionarios del gobierno dicen que una catástrofe aún mayor podría ocurrir en cuestión de días, o de semanas, a menos que llegue más ayuda.

«Vi morir a mi hija (Farhir, de tres años) ante mí y no pude hacer nada», dijo Fatuma Omar a Andrew Harding, también de la BBC, desde Baidoa, Somalia. Fatuma caminó durante al menos 15 días con sus nueve hijos desde un pueblo llamado Buulo Ciir para llegar a Baidoa. «La cargué en mis brazos durante diez días. Tuvimos que dejarla al costado del camino. No tenía fuerzas para enterrarla. Podíamos escuchar a las hienas acercándose».

Tres días antes, Washington anunciaba otros 725 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania.

Europa necesita 60 millones de inmigrantes para sobrevivir, señalan estudios demográficos de Naciones Unidas y de centros de estudio internacionales. “No bastará con alargar la edad de jubilación, ni incorporar más mujeres al mercado laboral o aumentar la natalidad. Tampoco será suficiente con robotizar aún más la economía”.

“Solo la inmigración puede corregir este desequilibrio, y la de origen africano será la que, con más naturalidad, podrá aportar la mano de obra necesaria para mantener el crecimiento”.

“El antagonismo occidental contra Oriente fue promovido por las Cruzadas (1095-1291), así como la Guerra Fría de hoy es una cruzada contra las economías que amenazan el  dominio de los Estados Unidos en el mundo”, dijo el profesor Michael Hudson.

“Esa fractura global promete ser una lucha de diez o veinte años para determinar si la economía mundial será una economía dolarizada, unipolar, centrada en los Estados Unidos, o un mundo multipolar y multimoneda, centrado en el corazón de Eurasia, con economías públicas/privadas mixtas”, agregó.

En su opinión, el actual conflicto em Ucrania no terminará hasta que una alternativa al actual conjunto de instituciones internacionales centradas en los Estados Unidos sea encontrada.

Me parece evidente que el actual orden internacional se ha hecho insostenible. Creo que el profesor Hudson tiene razón.

FIN