¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035
Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.
Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com
“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”
Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.
La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?
La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.
Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.
La academia: conocimiento y responsabilidad pública
Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.
En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.
Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.
Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.
Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.
Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.
Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.
No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.
El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica
El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.
Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.
Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.
Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.
Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.
A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.
Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.
Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico
Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.
A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.
Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.
No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.
La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.
Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional
Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.
Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.
También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.
No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.
Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios
Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.
Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.
La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.
¿Qué debe proponer el Estado?
La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.
Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.
También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.
Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?
Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.
Construir una agenda común
Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.
Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.
La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.
El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.
La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.
Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.
Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.
