La Contraloría General de la República advierte que la infraestructura pública vital de Costa Rica se gestiona con un modelo reactivo, no preventivo, frente a desastres
El informe «Seguimiento a la Gestión Pública sobre la inclusión del enfoque de resiliencia en la infraestructura pública vital para la prestación de los servicios públicos de movilidad, electricidad e hidrocarburos» (DFOE-SOS-SGP-00001-2026) evaluó a 21 instituciones responsables de estos servicios entre 2021 y 2025.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de seguimiento a la gestión pública sobre la incorporación del enfoque de resiliencia en la infraestructura vital del país para los servicios de movilidad, suministro eléctrico e hidrocarburos, así como en los proyectos de reconstrucción ejecutados tras emergencias declaradas. El análisis abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025.
Según el estudio, esta infraestructura es altamente vulnerable frente al cambio climático y a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que ha generado pérdidas económicas superiores a los ¢859 mil millones entre 2011 y 2025, 57 personas fallecidas por desastres entre 2016 y 2024, y más de 2.300 personas afectadas solo en 2024.
El índice de madurez institucional global se ubicó en un nivel intermedio (56,02%), con el sector movilidad como el de menor desarrollo (55,47%), especialmente en los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Emergencias (51,96%). La Contraloría atribuye estos resultados a la persistencia de un modelo de gestión reactivo, orientado a la reparación y reconstrucción, en lugar de la prevención.
El informe identificó cuatro hallazgos principales:
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Reproducción de vulnerabilidades en la infraestructura pública, al no evaluarse sistemáticamente los riesgos de múltiple amenaza (naturales, humanos y de cambio climático) a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. La evaluación de riesgos (EDR) obtuvo la calificación más baja del índice, con un nivel básico (42,42%); solo 2 de las 21 instituciones evaluadas (CNFL y ESPH) cuentan con un inventario de infraestructura crítica.
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Asimetrías en la gobernanza, con dificultades técnicas para recopilar, compartir y garantizar el libre acceso a los datos, y un componente de gobernanza que apenas alcanzó nivel básico (47,24%).
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Vinculación parcial entre resiliencia y gestión de proyectos: de 69 proyectos en operación entre 2021 y 2025, 16 no cuentan con un plan de operación y mantenimiento ni con los recursos para ejecutarlo, y en 49 el mantenimiento es parcial o nulo.
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Deuda institucional con la resiliencia comunitaria, ya que 14 de las 21 instituciones evaluadas omiten la evaluación de efectos e impactos de sus proyectos sobre las poblaciones; el sector hidrocarburos (Recope) presenta el mayor rezago en esta área (57,78%), pues 11 de sus 12 proyectos no contemplan el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades.
El estudio también documentó marcadas disparidades entre instituciones de un mismo sector: mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó un nivel alto de madurez (80,66%), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se ubicó en un nivel intermedio bajo (53,15%). Entre los gobiernos locales que ejecutan proyectos de reconstrucción por emergencias, municipalidades como Pérez Zeledón (87,83%) mostraron un desempeño alto, mientras que Coto Brus (30,30%) y Limón (21,90%, nivel inicial) presentaron los resultados más bajos.
Las instituciones evaluadas fueron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en movilidad; el ICE, la ESPH, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), en electricidad; la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en hidrocarburos; y en proyectos de reconstrucción, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) junto con las municipalidades de Aserrí, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Desamparados, Dota, Guatuso, León Cortés, Limón, Osa, Pérez Zeledón, San Carlos y Sarapiquí.
Entre las recomendaciones, la CGR planteó integrar de forma transversal la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida de las obras públicas, estandarizar los modelos de gobernanza de proyectos y de datos, vincular la evaluación financiera y social al ciclo de vida de la infraestructura —asegurando recursos formales para operación y mantenimiento— y consolidar la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impactos en los procesos de resiliencia comunitaria.
El seguimiento fue realizado por un equipo multidisciplinario del Área de Fiscalización de Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, dirigida por Lía Barrantes León.
