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Etiqueta: gobernanza territorial

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento.

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón
Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Mujeres limonenses se manifiestan a propósito del Día Internacional de la Mujer

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Nosotras, mujeres y aliados que firmamos este manifiesto en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer del miércoles 8 de marzo del 2023. 

Considerando: 

  • Nuestra pertenencia a organizaciones sociales, colectivas, asociaciones e instituciones que procuran el bienestar a la ciudadanía que habita Costa Rica y que trabajamos para poner a las mujeres en un justo sitial de reconocimiento y respeto. 
  • La vigencia de nuestro compromiso de incidir socialmente en el territorio y políticamente ante los gobiernos de turno para que se respete nuestra vida, integridad y derecho a ser protagonistas de nuestra vida sin interferencias, imposiciones, ni menoscabo en virtud de nuestro género. 
  • Que vivimos contextos crecientes de intolerancia, violencia de género, expresiones de discriminación aunadas a alza afectaciones visibles del cambio climático; Contextos de los que como mujeres somos testigo y víctimas al mismo tiempo.

Repudiamos: 

  • Las declaraciones estigmatizadoras y peyorativas dirigidas a las mujeres en la vida política y pública, incluidas las defensoras de los derechos humanos.
  •  El proyecto de ley 23.217 presentado por la ex defensora Catalina Crespo Sancho y, que pretende reformar la estructura organizacional de la Defensoría de los Habitantes, pues afectaría los servicios que esta defensoría presta a las mujeres. 
  • b) Las elevadas tasas de desempleo y empleo por cuenta propia entre las mujeres, la excesiva representación de las mujeres en el sector informal de la economía y los limitados planes de protección social para las mujeres que trabajan en él.

Reiteramos:

  • La imperiosa necesidad de que se establezcan medidas encaminadas a facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal de acuerdo con la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el logro de un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para cada habitante. 
  • Que es imprescindible la elaboración de una estrategia para garantizar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y sus correspondientes títulos y mejore su seguridad de la tenencia de la tierra. 
  • El necesario aumento de mujeres rurales que se beneficien efectivamente de los proyectos de desarrollo rural y la participación de las mujeres en las instancias decisorias que determinan la gobernanza territorial. 
  • Que se adopten medidas jurídicas y normativas para proteger a las mujeres embarazadas durante el parto, se sancione la violencia obstétrica, refuerce los programas de fomento de la capacidad destinados al personal médico, y vele por la supervisión periódica del trato dispensado a las pacientes en hospitales y centros de atención de la salud. 
  • Que se facilite un acceso efectivo de las mujeres rurales a tecnologías de la información y las comunicaciones y a las redes móviles para asegurar su derecho a la igualdad de oportunidades. 
  • Establezca y utilice mecanismos eficaces de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas y afrodescendientes para los proyectos de desarrollo y de otros usos de sus tierras y recursos naturales.
  • Coordinar con organizaciones como el Despacho de la mujer, la Defensoría de los Habitantes, entre otros, para abordar a aquellas mujeres menores de edad y mujeres en general, que se encuentran en riesgo social.
  • Formar asociaciones de desarrollo social para mujeres, jefas de hogar, las cuales hoy se encuentras desempleadas, y permitirles poder desarrollar algún tipo de emprendimiento a corto plazo que les pueda generar algún ingreso económico para sus familias.
  • Tener fácil acceso a instituciones como el INA, IMAS, entre otras, para una vez identificado y calificado el grado de escolaridad se pueda desarrollar algún programa específico para dar atención a las mujeres en riesgo social.

Nos comprometemos a:

  • Seguir fortaleciendo nuestros procesos de incidencia y promover procesos de auditoría social, articulando esfuerzos en torno al cumplimiento de los compromisos del Estado Costarricense. 
  • Trabajar de la mano con las instituciones idóneas, para iniciar de inmediato un mapeo general de las mujeres que, según la edad, escolaridad y riesgo, podamos dar la atención y el acompañamiento necesario, para dirigirlas al lugar correcto, que puedan ser atendidas y darles seguimiento de poder reinsertarlas a la sociedad. 
  • Mapear aquellos niños que hoy se encuentran en riesgo social, brindar el apoyo necesario para lograr que regresen a las escuelas, este mapeo se debe realizar desde cada escuela de la provincia, investigar porque nuestros niños hoy están abandonando las aulas. 
  • Trabajar con las instituciones de ayuda social para poder brindar la ayuda económica que hoy enfrenta nuestros hogares con tanto desempleo en la región. 
  • Dar fortalecimiento necesario para empoderar a aquellas mujeres que hoy se encuentran en riesgo, (femicidio), encontrar la forma de lograr que esas mujeres puedan recibir la atención de forma inmediata. Un ejemplo de trabajo en este empoderamiento se puede logar a través el MEP, logrando insertar un programa de educación a nivel nacional de empoderamiento y educación a nuestros niños y jóvenes, ejemplo de esto es el programa DARE, que se recibía en las escuelas, el cual logro buenos resultados.

Asimismo, instamos a nuestros gobernantes a una declaratoria de emergencia, dado al alto grado de desempleo y de violencia que hay en nuestra provincia, necesitamos que mediante mecanismos gubernamentales e institucionales se formen grupos de trabajo para poder generar fuentes de trabajo a nuestras mujeres jefes de hogar, dar seguimientos mediante el Patronato Nacional De La Infancia a aquellos niños que hoy día están en riesgo.

Conclusión

Recordarles que no estamos pidiendo que nos regalen las cosas estamos, solicitando el apoyo para poder instruir, a nuestras mujeres y educarlas en pos de una seguridad social más segura, justa y equitativa, para que puedan ganarse el sustento de sus familias, y rescatar a nuestros hijos e hijas de la delincuencia y del narcotráfico que tanto aqueja a nuestra provincia, dándoles una oportunidad de una educación y un trabajo digno para que puedan servir a la patria y de esa forma podamos vivir dignamente y desarrollar el potencial que tenemos. Una sociedad fortalecida hace un país desarrollado. 

Tenemos las herramientas a nivel de gobierno, solo debemos de activar a los Ministerios, las Instituciones, Municipalidades, Universidades, Organizaciones de bien social y la sociedad civil, a que se creen mecanismos de detención temprana y atención inmediata y eficaz a estos problemas que hoy vivimos en el país.

Las mujeres limonenses levantamos la voz ante todos los males sociales que nos aquejan, somos un pueblo pluricultural que aporta mucho a nuestro país y el cual merece ser escuchado y atendido.

Mujeres-limonenses-se-manifiestan-a-proposito-del-Dia-Internacional-de-la-MujerDescarga

 

Imagen ilustrativa, tomada de Red de Mujeres Rurales.