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Etiqueta: gobierno

Una extorsión a mano armada

Marco Teruggi

En Argentina se está frente a un encadenamiento de operaciones para desestabilizar y acorralar al gobierno. Lo de este miércoles, con la policía armas en mano en la puerta de la residencia presidencial, es uno de los pasos más peligrosos del conjunto de acciones. Todavía hay muchas cosas por asentar en los análisis, aunque algunas ya parecen claras: uno de los objetivos explícitos es detener al gobierno para que no avance en determinados proyectos y políticas. Una extorsión a mano armada.

Los hechos no pueden verse como aislados del conjunto de episodios que suceden en el continente: golpe de Estado en Bolivia, proscripción de Evo Morales y Rafael Correa -el mismo día- y un conjunto de episodios que conforman una ofensiva articulada por las derechas, poderes económicos, mediáticos, judiciales, y embajadas estadounidenses. El mensaje es claro: no hay margen de maniobra para agendas progresistas en el continente. Eso buscan imponer.

La situación de pandemia opera a favor de esa ofensiva de las derechas. La movilización popular es un factor central de los gobiernos populares. Expresa, entre otras cosas, algo que apareció en los votos en Argentina: hay mayoría, consenso social para medidas progresistas. Sucede también en Bolivia, Ecuador, Brasil -no significa que sea estático- y por esa misma razón inhabilitan a los principales dirigentes populares.

Hay muchos debates sobre los procesos progresistas, populares, y hay que darlos, pero tener claro que hay que defender, y presionar, a su vez, para que no se ceda ante la ingeniería de presiones y se avance en las transformaciones necesarias. En frente hay una configuración clara de fuerzas que viene en contra y está demostrando que está dispuesta a correr límites, como pasó este miércoles en Argentina.

 

*Imagen ilustrativa: https://actualidad.rt.com/

Análisis compartido con SURCOS por José Luis Calacci.

Gobierno y Asamblea Legislativa atacan a las personas jubiladas del magisterio nacional, las empobrecen y les deterioran sus condiciones de vida

Comunicado:

SURCOS recibió este comunicado de SINDEU, SITUN, AFITEC, AFUP y ANEJUD:

Los y las jubiladas del Magisterio Nacional denunciamos ante la sociedad costarricense el atropello cometido por las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa al aprobar, en forma unánime, la Ley 9796 contra un sector de la población, constituido en su gran mayoría por adultos mayores (97.61 %), Ley que destruye y fracciona el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional.

Esta Ley fue concebida para aumentar el monto del impuesto ya existente, y que pagaban las personas pensionadas de acuerdo con el Régimen del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, como “contribución especial” para enfrentar el problema de las finanzas públicas. El impuesto entró a regir en el mes de julio, 2020 en plena pandemia del COVID-19.

Las dramáticas consecuencias de esta Ley han afectado a 3181 personas jubiladas del Magisterio. De esta población el 46 % son mujeres. Además, el 68,08 % de las personas afectadas tiene edades entre 65 y 105 años. El aumento del impuesto ha dejado a la mayoría de las personas jubiladas con una pensión líquida muy baja, incluso con montos de ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, razón por la cual no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación.

Las pensiones del Magisterio Nacional ya estaban gravadas por la Ley 7531 desde 1995, con un impuesto que se paga sobre el monto bruto y oscila entre el 10 y el 16 %. Además, esa misma Ley establece, en el artículo 71, que a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25 % y el 75 %, según la suma que supere esa base impositiva.  A estos impuestos hay que agregar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR), el seguro del enfermedad y maternidad de la CCSS, la póliza mutual de vida y el porcentaje del Régimen de Administración de JUPEMA de 5/1000.

La Ley 9796 grava las pensiones a partir del monto bruto de ¢2 296 000,00, lo que provoca un fuerte incremento en la carga impositiva. Esta ocurrencia, porque ni siquiera se fundamentó en un estudio actuarial como lo exige el sistema jurídico costarricense, fue obra de la diputada Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (RN), que gozó de la complicidad, tanto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo en la figura de Luis Paulino Mora Lizano, como de la Casa Presidencial y todas las fracciones legislativas PLN/PUSC/PAC/FA/PRSC/RN que la votaron a favor en forma unánime.

Lo expuesto demuestra que estamos ante una acción abiertamente “confiscatoria” contra las pensiones de miles de trabajadores de la educación costarricense (primaria, secundaria y universitaria) que pone en riesgo, incluso, la sobrevivencia de miles de adultos y adultas mayores, que han cotizado honesta y regularmente a lo largo de toda su vida laboral y lo siguen haciendo aún pensionados, con el fin de disfrutar de una vejez digna. Esta población se ha visto obligada a adquirir compromisos crediticios para satisfacer, fundamentalmente, sus necesidades de salud y la compra de medicamentos e implementos médicos.

 La situación provocada por la Ley 9796 despoja a las personas adultas mayores de una gran parte de sus ingresos por pensión, hecho que contraría los compromisos que ha adquirido el Estado costarricense al firmar la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, convertida en Ley 9394 y firmada el 8 de setiembre del 2016.

La campaña desarrollada por parte del Gobierno y de la fracción legislativa del PAC, en asocio con el PLN/PUSC y los partidos neopentecostales (RN/NR), contra la clase trabajadora activa y pensionada, no cesa; hay en la corriente legislativa otro proyecto, el 21 345 presentado por el diputado Víctor Morales Mora del PAC, que pretende trasladar, entre otros, los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial al Régimen de Pensiones de la CCSS (IVM). Es la nueva estrategia para golpear más los bolsillos de las personas jubiladas y próximas a hacerlo. Exigimos que cese el ataque contra la clase trabajadora y pensionada.

No pueden el Gobierno, sus aliados políticos y el sector empresarial seguir descargando los costos económicos de la pandemia del COVID-19 y de la crisis fiscal del país sobre los hombros de las y los trabajadores, y mucho menos sobre los de las personas pensionadas.

Demandamos que se garantice, como lo ha firmado el Estado costarricense,  lo establecido en la Ley 9394 derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fundamentalmente en lo que corresponde a: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (artículo 6).

Exigimos el retiro inmediato de la corriente legislativa del proyecto 21 345 denominado Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones del diputado Víctor Morales Mora y de la fracción del PAC por las nefastas consecuencias que traería sobre la población jubilada y la que lo hará en el futuro. Pedimos, también, el retiro de todos aquellos otros proyectos legislativos que atenten contra la población jubilada y su calidad de vida.

Denunciamos ante el Magisterio Nacional y la ciudadanía el empeño evidente de Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia de Pensiones y de Luis Paulino Mora Lizano, exdirector de la Dirección Nacional de Pensiones, la realización de diversas acciones tendientes a debilitar los regímenes de pensiones existentes, pues en diversas instancias y de modo reiterado proponen y promueven eliminar los diferentes regímenes de pensiones para unificarlos en uno solo.

Convocamos a las organizaciones del Magisterio Nacional y de las universidades estatales a construir un amplio frente, en conjunto con el movimiento laboral del país, a fin de defender el legítimo derecho a tener una pensión digna e impedir la utilización irresponsable de los recursos de nuestros fondos de pensiones por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Imagen ilustrativa.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía: buenas perspectivas para la Transformación productiva y el Desarrollo territorial

German Masís

El Gobierno de la República dio a conocer hace pocos días, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del programa de cooperación con la República Federal de Alemania (Programa CEPAL-BMZ/GIZ).

La Estrategia es un marco para integrar políticas públicas y privadas y articular inversiones públicas e incentivos relacionados con lo productivo y lo ambiental y está prevista para implementarse en tres fases en las que se potenciará el uso de la riqueza biológica y aprovechamiento sostenible de los activos biológicos del país (ElPais.cr, Economía,7-8-2020).

El principal valor de esta estrategia se encuentra en la oportunidad de impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial equitativo e incluyente basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de nuestras olvidadas regiones periféricas.

El propósito según el planteamiento es, “hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, al promover la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y consumo”.

Al respecto hemos afirmado, que debe ser un objetivo del desarrollo nacional impulsar una transformación de la actividad productiva hacia una más sostenible e incluyente, a partir del uso y aprovechamiento de nuestra abundante biodiversidad y de una innovación apropiada y creativa, que garantice la generación de productos biodiversos de alto valor y empleo de calidad para la población local. (Alterdescr.com,2020).

Según el Ministro de Agricultura, “desde el sector agropecuario, vemos esta estrategia como una opción para alcanzar un mayor desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas de forma sostenible. Queremos fomentar la agregación de valor, el uso de biomasa para la producción de energía y la diversificación que hace a las personas productoras más competitivas, ya que se les genera mayores oportunidades de acceso a diversos mercados con nuevos productos y servicios y se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo” (ElPais.cr,7-8-2020).

Hace más de una década, se mencionaba la importancia del impulso de alternativas productivas que implicaran el uso y conservación de la biodiversidad y el paisaje, la generación de encadenamientos locales y el esfuerzo de las unidades de producción para gestionar oportunidades de comercio y servicios, entre esas actividades se ubicaban el biocomercio, la agricultura orgánica, el agroturismo (Masís, G,2007).

Asimismo, la estrategia señala que “La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos generados localmente”.

En ese sentido, la bioeconomía puede convertirse en la opción de desarrollo frente a la predominancia en las regiones periféricas costarricenses de dinámicas territoriales de poco crecimiento, inclusión social, y sustentabilidad ambiental, resultado de un modelo de desarrollo concentrador de las actividades en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de condiciones de acceso a los recursos e inversión inequitativas que se han profundizado en los territorios rurales y costeros.

Se requiere una nueva gobernanza territorial de los recursos naturales y de la biodiversidad, la generación de nuevas oportunidades económicas y la vinculación con mercados dinámicos; que superen las estructuras productivas de enclave o donde predominan unas pocas empresas, muchas veces de origen extraterritorial, que generan poco o mal empleo, con pocos encadenamientos locales, y que finalmente resultan en la extracción del territorio de una enorme proporción de los excedentes y a la creación de relaciones desiguales entre los territorios y las ciudades intermedias (Alterdescr.com,2019).

Igualmente en la actual coyuntura, la Estrategia de Bioeconomía puede convertirse en un marco orientador para promover una recuperación económica sostenible en el período postpandemia, con sistemas productivos que enfrentan un enorme reto frente a una contracción económica mundial, que exigirá producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y la rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.

De acuerdo a lo dicho por el Presidente en la presentación, en este contexto de pandemia debemos acelerar el paso hacía la bioeconomía que busca construir una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad y lograr una transformación productiva, basada en el conocimiento.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía es un paso en la dirección correcta hacia un desarrollo nacional endógeno, auto centrado y sustentable, que incorpore los sistemas agroecológicos, la agroindustria, la bioprospección, y la biotecnología agrícola y médica, ámbitos en los que Costa Rica tiene capacidades y potencial. (Ídem, ElPais.cr).

¡No estamos solos!

Carlos Campos Rojas

Después de la intervención en cadena nacional del Presidente, el pasado domingo 12 de julio y de seguro en las que vendrán, quedamos informados que sería él, quien definiría los actores válidos para establecer la salida a la peor crisis que hemos vivido desde los años 80.

De la manera más grosera, dejó claro que la ciudadanía –la que carece de privilegios indecentes, pero que paga para que existan, no tiene espacio en participar en la toma de decisiones, en uno de los momentos más dramáticos de la reciente historia costarricense.

Tenemos que reconocerle su coherencia, nunca ha tomado en cuenta la ciudadanía y no tenía por qué hacerlo ahora, pues todavía recuerda que él llegó a palacio, sin haber ganado ningún proceso electoral, pues en el primer round lo destrozó Fabricio Alvarado y en el segundo fue un plebiscito entre la Virgen de los Ángeles y Rony Chávez –el mesías de Fabricio-, donde terminó llevándose el Diablo a Rony y una campaña donde una gran verdad se exponía y era que Fabricio no tenía equipo para gobernar, a la par de una gran mentira, que Carlos Alvarado sí lo tenía, pues de los que nos presentó, ninguno –salvo su esposa, que ahora camina sobre rieles-, quedaron.

Lo cierto es que el sufragio – que no es votar, ni tampoco andar detrás de partidos-, fue destrozado, violentando el mandato de nuestro Art. 9 Constitucional. Así, la corrupción y la impunidad, impulsadas por la mafia política, lograban una victoria sin precedentes. El presidente llegaba al altar de la Patria, de la mano de su Horizonte Positivo y una estrategia precisa. Eran viejos conocidos, los “progres” lo sabían, lo importante era el botín, no le debían nada a este pueblo, era el momento de deshacerse de ese andamio.

Las organizaciones sociales, destrozadas como dice Kathya Benavides, por el “síndrome de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño”, es decir, la carnicería interna por lograr el título de “representante negociador”, terminó liquidándolas de una vez por todas, en la lucha heroica del 2018 contra el Plan Fiscal, donde demostraron que no sabían, ni estaban preparadas para conducir este pueblo a algún puerto, que no fuera defender sus prerrogativas.

Queda la ciudadanía, la persona ciudadana. La que nunca ha sido tomada en cuenta. La que han visto por debajo del hombro. La que consideran domesticada y manipulable. La que fue educada en el clientelismo político por los gobiernos anteriores y los partidos políticos, para que se venda por prebendas o se someta al poder que esos políticos inescrupulosos usurparon y que solo le pertenece a la ciudadanía, todo a cambio de un voto. La que se acostumbraron a usar como un despojo humano.

Tatica Dios, como decía nuestra querida Carmen Lyra, sabe hacer las cosas. Esta emergencia nacional del Covid, ha servido para desnudar la realidad nacional y de qué lado está cada uno. Donde están ellos y la mafia política y dónde estamos nosotros.

A ellos los une la riqueza que nos pertenece y que se la apropiaron, así como hacerse pasar como nuestros representantes legítimos para entregar el país y nuestras mejores instituciones (la Caja, el ICE, etc.). Consecuentes con el comportamiento de un régimen impopular, que busca en los bolsillos y sobre la espalda del Pueblo, tapar la torta económica del saqueo. Negándose a la transparencia y a rendir cuentas, como lo establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

A nosotros nos une la pobreza y la angustia que queda después del saqueo. Nos despojaron de nuestras Pymes, de nuestros empleos, de nuestros salarios, de la riqueza que producían empresarios decentes que no eran parte del régimen ni de la facción que toma las decisiones en palacio, pero que tienen en sus loncheras suficiente comida.

Si no entendíamos la horrible sensación de ser víctimas de una violación, ahora la estamos viviendo en carne propia.

Somos rehenes políticos de una facción que no dio la talla para administrar el país.

La emergencia nacional nos obliga a actuar. Debemos asumir en manos de la ciudadanía, lo que corresponde hacer, debemos representarnos a nosotros mismos.

Primero, lo que desprecian y rehúyen en palacio, NOS TIENE QUE UNIR EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y LA CAPACIDAD DE PROPUESTA, siendo tolerantes con los disensos, para construir consensos.

Apropiarnos de nuestro entorno, organizarnos calle a calle, barrio a barrio, imponernos las medidas de protección correspondientes y poner a trabajar la economía nacional. Asumiendo la responsabilidad y el deber que no ha podido la institucionalidad. Asegurar el bienestar de nuestras familias. Tomar en nuestras manos las decisiones que políticos sin agallas, no toman en muchas de nuestras municipalidades.

Dependemos de nosotros mismos, del deber, de nuestra responsabilidad, de nuestra dignidad, de nuestros conocimientos y saberes que son muchos, al igual que nuestra riqueza, porque sin ella este país no funcionaría.

No hagamos caso a golpes de estado, “videos filtrados”, ni otras fechorías, que impulsa la mafia política, con su propia prensa, para seguir en sus gollerías y distraernos. Hay que deshacerse del miedo al que nos han arrinconado y del falso confort de las redes sociales.

Es el momento de la paz, del encuentro, de hacer uso de la autoridad constitucional que nos da el Poder suficiente para poner en orden este desorden, para eso somos El Soberano, así lo estipula nuestra Constitución Política, en su Artículo 9.

Tenemos lo necesario, pongámonos a caminar, establezcamos entre personas ciudadanas, empresarios decentes y personas funcionarias honorables, las acciones de inmediato.

Solo así se construirá el nuevo Pacto Social, solo así recuperaremos nuestro país, no ocupamos a los mismos de siempre.

¡ESTAMOS NOSOTROS!

19 de julio de 2020

Manifiesto público por la Gente del Mar

Este miércoles 8 de julio a las 10 a.m. la iglesia católica de Puntarenas en conjunto con los pescadores y los molusqueros de la provincia presentarán un llamado público al Gobierno de la República para que atienda de forma urgente el descontento social que se vive en esa localidad por la desatención al tema pesquero. 

La transmisión por Facebook Live de la Parroquia de Puntarenas.

UCR, Voz experta: La industria de base tecnológica podría ser una opción para el crecimiento socioeconómico de Costa Rica

Por Guillermo Santana, miembro del Consejo Universitario
Debido a la caída del mercado de turismo vigente antes de la pandemia, Costa Rica debe incentivar nuevas alternativas para fortalecer la economía

Guillermo Santana, miembro del Consejo Universitario. Foto: Cristian Araya.

La actual emergencia sanitaria ya ha causado la lamentable muerte de 21 habitantes de nuestro país. Es nuestro deber destacar y agradecer la excelente respuesta del sector salud a esta pandemia. Los años de construcción y preservación de su estructura están rindiendo frutos en el mejor momento posible. Esta construcción inició en los años cuarenta del siglo pasado y ha crecido, y se ha consolidado en estricto apego al desarrollo socioeconómico del país.

Sin embargo, corresponde ahora agregar una vigésimo segunda fatalidad. Esta vez no se trata de un ser humano, sino de una industria nacional: el turismo.

La expectativa de un retorno al mercado de turismo existente antes del surgimiento del nuevo coronavirus resulta quimérica en el mejor de los casos. Nuestro principal socio turístico, Estados Unidos, enfrenta un panorama cada vez más sombrío. Contrario a la experiencia europea, a la fecha, el número de casos de contagio de COVID-19 está empezando una nueva curva de crecimiento sin que a la fecha se pueda estimar su estabilización y mucho menos su reducción.

Llenar un hueco tan grande requiere inducción de demanda en nuevos mercados o ampliación en mercados existentes, todos ubicados a mayor distancia de nuestro país. En cualquiera de los casos, los tiempos de vuelo promedio se incrementan en al menos dos horas. Esta circunstancia se vuelve casi insuperable en vista de la necesidad de llenar un vacío tan grande como el que deja el mercado estadounidense.

Debemos incentivar nuevas alternativas para el crecimiento socioeconómico del país. Una de las posibles alternativas puede ser la promoción de la industria de base tecnológica en forma de encadenamientos multinacionales. El recurso humano del país ha mostrado estar a la altura de la demanda en esa industria. El capital necesario para la expansión puede venir de inversión externa o inclusive mixta.

El compromiso a forjar en esta iniciativa debe involucrar al sector privado con el Gobierno y con la academia, como una hélice de tres aletas. Sin estos tres componentes claramente diferenciados y actuando cada uno en su propio dominio, nuestra nave no alcanzará la altura requerida.

 

Dr. Guillermo Santana
Miembro del Consejo Universitario

Mujeres en Acción: decisiones del gobierno propician una sociedad más desigual

SURCOS recibió el siguiente comunicado de Mujeres en Acción:

Queridas compañeras del movimiento feminista y de mujeres:

En Mujeres en Acción estamos muy preocupadas por las decisiones que el gobierno está tomando en el contexto de la crisis del COVID 19. Dichas medidas apuntan hacia una sociedad más desigual que la que teníamos, más excluyente para la diversidad de mujeres y otras poblaciones tradicionalmente discriminadas y, más frágil ante futuras emergencias como la que estamos viviendo. Sin embargo, esta crisis y sus lecciones, pueden ser la oportunidad para diseñar y construir una Costa Rica inclusiva, justa y democrática entre todas.

Pensando en la sociedad que sí queremos, hemos redactado un documento para plasmar las preocupaciones y plantear propuestas que aseguren el ejercicio de los derechos humanos básicos, tan urgentes en esta coyuntura.

Queremos invitarlas a leerlo, divulgarlo al interior de sus organizaciones y suscribirlo si así lo consideran. En el enlace que incluimos más abajo podrán leer el documento y firmarlo a título personal, como organizaciones o colectivas. Una vez recogidas las firmas, lo publicaremos y lo presentaremos junto a ustedes, en una sesión virtual de redes sociales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmOscD5MWIrl9wimPVosYjvrIQYjYZ8aYH4rmaKecIKF4yQ/viewform

Mujeres en Acción

¿Democracia o Anarquía?: ¿Cuál Es El Camino A La Libertad?

Macv Chávez

Indudablemente la Anarquía, pero -siempre hay un “pero”- para ser honestos no estamos preparados para una anarquía como la pienso, acorde a estos tiempos, porque ya no estamos en la edad media ni en siglos pasados, donde la ley del más fuerte se manifiesta por las armas, porque ahora todo se mide por la inteligencia, razón por la cual contemplamos que el mundo cinematográfico -y otros- apunta a promover como normalidad las guerras bacteriológicas, algo que requiere de suficiente inteligencia para ser desarrolladas; por ende, debemos ser más inteligentes para romper las cadenas de la opresión, es decir, debemos alcanzar la sabiduría del ser, para no dejarnos someter por el sistema como si fuéramos borregos, por eso creo que la anarquía es mejor, porque la anarquía nos incita a ser sabios, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro yo universal.

Pero ¿por qué no elijo la Democracia si es la mejor forma de gobierno? Muy sencillo: Cuando pienso en «Democracia» se me viene a la mente la imagen donde Sócrates tiene que beber la Cicuta para demostrar que los hombres de su tiempo estaban equivocados. Lo mismo sucede con muchísimas personas que han intentado luchar contra la gran corrupción política que existe en la mayoría de los gobiernos democráticos, donde los grupos de poder controlan el poder del sistema, por ende, al gobierno que somete al pueblo para que sigan trabajando para sobrevivir y para los ricos, cosa que lo hemos podido comprobar con mayor fuerza en este tiempo de “pendemia”, porque fue una gran pendejada lo que le hicieron al pueblo los ricos y políticos.

Por otro lado, cuando pienso en Anarquía -como lo ve la mayoría del pueblo- se me vienen dos imágenes a la cabeza, la primera es la del Guasón diciendo: «Introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. ¿Te digo algo sobre el caos? Es miedo”, cosa que me lleva a la otra imagen: las guerras civiles han terminado en Tiranía o Dictadura, debido a que toda rebelión necesita un líder, un salvador que los libere de la opresión para meterles a otra opresión; y por esta razón digo que no estamos preparados para ser libres, es decir, para una Anarquía Inteligente, acorde a nuestros tiempos, es decir, respetando el derecho y el deber que todos tenemos como personas, algo que es necesario e indispensable para trascender.

Por otro lado, pensar en una Anarquía Inteligente o Autocracia es una utopía de las más grandiosas para estos tiempos, no porque sea imposible, sino porque la gente que tiene edad para ser dueño de su propia vida no está preparada ni lo estará en cincuenta años, porque están acostumbrado a seguir a un guía, y por eso las sociedades han vivido eligiendo tiranos disfrazados de salvadores, hasta hacer de las políticas de gobierno más de lo mismo: la tiranía de la Oligarquía, porque les pagamos suculentos sueldos para que no trabajen como deberían hacerlo. Y por eso, digo que la única Anarquía que podemos hacer en estos tiempos es la de no dejarnos aplastar más los derechos, para pensar que debemos formar a los niños del ahora para que sean los jóvenes del mañana, ese mañana que cambiará la historia de la humanidad en tres generaciones si es que sabemos formarlos como seres racionales, libres y conscientes, dueños de su vida, de sus deberes y derechos, sin ser oprimidos ni oprimir a nadie.

Lima, 13 de junio de 2020 a las 00:09 horas

El COVID-19 y las tareas ciudadanas dentro del mandato constitucional

Carlos Campos Rojas

Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.

El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.

La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.

De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.

Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.

Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.

La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.

Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.

La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.

Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.

Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.

UCR: Estudiantes contribuyen en la creación de una política nacional que proteja a las personas trans

  • Como parte de sus espacios académicos, los universitarios desarrollaron talleres que les permitieron conocer la realidad cotidiana de este grupo social

Este trabajo universitario se suma a los esfuerzos emprendidos por la población trans durante décadas a favor la defensa de sus derechos y expresada a través de espacios como plantones y marchas. Foto con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.

Un grupo de estudiantes de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajaron a lo largo del 2019 en la elaboración de un análisis sociológico sobre la situación de la población trans en el país.

Este análisis tiene como meta proveer una base robusta para la creación de la Política Nacional para la Protección de los Derechos de la Población Trans en Costa Rica 2019-2030, a fin de velar por el bienestar de este grupo social.

De acuerdo con la coordinadora de este análisis y docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Isabel Gamboa, esta iniciativa permitirá mostrar a las personas tomadoras de decisiones la importancia de generar estas políticas públicas.

“El diagnóstico sirve para decir: vean cómo estamos, claro que necesitamos una política. Ahora corresponde a Casa Presidencial y a la Organización de las Naciones Unidas terminar la política y firmarla” acotó la docente.

Según Gamboa, el diagnóstico realizado confirmó que el entorno familiar es el que más discrimina a las personas trans, pues las expresiones de agresión algunas veces sobrepasan lo verbal y se manifiestan de forma física.

“El primer lugar donde son tratadas como si no valieran nada es en la familia, es el lugar donde más les maltratan y más les critican. Son objeto permanente de burla y agresión verbal e incluso algunas veces agresión física” subrayó Gamboa.

La académica además señaló que estas experiencias son sumamente enriquecedoras para las y los estudiantes que por medio de sus cursos y talleres participaron en esta ocasión en la elaboración del análisis.

“Para mis estudiantes esto es una exposición a la vida real, les muestra cómo es el trabajo con la gente, pero también en términos humanos es un acercamiento a personas con realidades muy difíciles. Yo no pongo en duda que mis estudiantes terminaron con un sentido de humanidad mucho más profundo” señaló la docente.

La estudiante de cuarto año de Sociología, Mariana Moreira participó en este análisis y aseguró que la sensibilidad ante las problemáticas de la sociedad fue una de las principales enseñanzas que obtuvo de esta experiencia académica.

“Desconocíamos las vivencias de la población trans en el país. Nos falta mucho por mejorar en materia de derechos humanos y toda esta experiencia nos ayuda a desarrollarnos como profesionales que trabajamos con la gente. Ha sido una experiencia fundamental para nuestra formación” señaló la estudiante.

Para la realización de este diagnóstico el personal académico de la UCR trabajó en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la organización Transvida y Casa Presidencial.

Según la docente Gamboa, la firma de la Política Nacional para la Protección de los Derechos de la Población Trans en Costa Rica 2019-2030 se realizaría durante el presente mes de diciembre.

 

Róger Bolaños Vargas

Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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