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Etiqueta: golpe de Estado

Lecciones para aprender – Los ejércitos, a 50 años del golpe contra Allende

El golpe de Estado contra Salvador Allende debe hacernos entender la verdadera función de los ejércitos. El ascenso al poder de un proyecto socialista y revolucionario por vía electoral fue una enorme cantera de experiencias sociales. El brutal golpe militar significó, en un corto plazo, la diáspora del pueblo chileno.

Frank Ulloa*
11 | 09 | 2023

Imagen: Allan McDonald | Rel UITA

El inventario de estas experiencias está lejos de haber sido terminado: lo que caracterizó este ascenso de las ideas socialistas fue precisamente la irrupción en la historia de nuevas ideas y un nuevo mensaje, que multiplicó las formas de acción, las iniciativas, en la lucha por sociedades democráticas y respetuosas de los derechos humanos.

El golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile en colaboración con sus similares de Estados Unidos.

A cincuenta años, podemos recordar cómo en la Facultad de Derecho de Costa Rica los estudiantes nos organizamos y nos fuimos a protestar al centro de San José, frente a la emisora de Radio Monumental.

Toda Costa Rica se sentía indignada como si se tratara la muerte de alguien muy cercano, querible y sin excepción no hubo quien manifestara simpatía por los criminales. Esta solidaridad se multiplicaría cuando miles de chilenos migraron a nuestro país y se los recibió como hermanos.

Agazapados

Hoy los ejércitos están en los cuarteles, pero en cualquier momento, si las fuerzas reaccionarias lo requieren, los tienen a su disposición. Sucedió recientemente, en 2009, cuando el golpe de estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya.

Los derechos humanos son subsidiarios de la ambición de las corporaciones transnacionales y naciones imperialistas que, a toda costa, llegan para apropiarse de nuestras riquezas y recursos.

Un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile debe convertirse en una oportunidad para comprender que “los militares actuaron (actúan) como un ejercito de ocupación en sus propios países, sirviendo de brazo armado” al gran capital, como bien lo supo definir Eduardo Galeano.

Desde la Segunda Internacional (14 de julio de 1889) el rol de los ejércitos en el capitalismo había quedado claro desde la óptica de la teoría política del movimiento obrero.

Pero esta lección nunca fue aprendida. Los trabajadores europeos no fueron capaces de parar las guerras mundiales, y sus pares de otras partes del mundo abandonamos esta importante lucha por acabar con los ejércitos y luchar por el desarme. Muchos sindicatos se forman inclusive en las fábricas de armas de los países desarrollados.

La amenaza continúa

Hoy, más que nunca, desde Rel UITA debemos impulsar un debate profundo en torno a la definición de una nueva estrategia contra la carrera armamentista, la lucha por la paz y el desarme.

En Brasil o el nuevo Chile, el ejército sigue siendo una fuerza política más o menos silenciada pero igualmente peligrosa. Las tropas siguen amenazando al pueblo y sus intereses.

Depende de los dirigentes jóvenes no olvidar y aprender de la historia. Este recordatorio obliga al movimiento sindical, que se había sustraído al debate, a participar en él ante una nueva conmemoración de esta tragedia histórica.

Publicado en https://www.rel-uita.org/chile/lecciones-para-aprender/ y compartido con SURCOS.

A 50 años del magnicidio chileno. Testimonio

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Residíamos en calle Mac Iver, por la cual, a gran velocidad e igual estruendo, corrían, tanques, tanquetas, camiones con soldados del ejército y carabineros del «general rastrero» Mendoza. Llamado así por el presidente Salvador Allende, por sumarse al magnicidio ejecutado por el general Augusto Pinochet, cuanto superiores a él, en el cuerpo policial, se habían negado a sumar las imprescindibles fuerzas policiales al golpe de Estado.

Volaban a muy baja altura los cazabombarderos británicos Hawcker Hunter, cargados con armas para atacar, por orden del general Gustavo Leigh, el Palacio de La Moneda, la residencia del presidente Allende en la localidad de Tomás Moro, las antenas de transmisión de las radios Corporación y Portales, y otros sitios presuntamente “peligrosos” para la “seguridad del Estado”.

Pasaron los meses, y eventualmente, el almirante de la fuerza naval, Toribio Merino, quien en meteórica «carrera académica» del más alto nivel, fuere designado para nombrar a los «rectores militares» de las universidades, escogió al general Ruiz Danyau como jerarca de la avasallada Universidad de Chile. ¡Un militar entrenado para matar, y además imbécil, pasó a ser rector de la más importante casa de educación superior de Chile!, para evitar que desde allí se divulgaran pensamientos antidemocráticos, decían. General que un año después del golpe, fuese condecorado por el dictador español Francisco Franco, con quien tenía muchas cosas en común, principalmente en cuanto a habilidades intelectuales.

Ese martes 11 de setiembre, día lleno de brutalidad, por orden de la espuria junta militar presidida por Augusto Pinochet (recordado como ladrón y «asesino vitalicio»), las Fuerzas Armadas y Carabineros se movilizaban en busca del supremo objetivo: asesinar al Presidente de la República, doctor Salvador Allende. ¡Ese era su trofeo! Presidente constitucional quien había sido electo y asumido el cargo presidencial, tres años antes, y quien contaba con un apoyo popular creciente, que, paradójicamente lo hacía más peligroso para la aristocracia civil y militar, acostumbrada al disfrute de injustos privilegios, que no estaban dispuestos a perder con un gobierno de Unidad Popular. Conspiradores que iniciaron sus acciones aún antes de que el Dr. Allende asumiera su cargo ejecutivo, en cuyo camino asesinaron en una de las calles de Santiago al general René Schneider, quien entonces, como comandante en jefe del Ejército, se había manifestado dispuesto a defender la voluntad popular expresada en las urnas electorales, y a hacer respetar el orden constitucional, aún antes de que se realizara la elección de Allende, frente al representante de la ultraderecha, el expresidente Jorge Alessandri, quien luego fuese nombrado por los golpistas militares, miembro del llamado Consejo de Estado, como premio a su complicidad.

Mientras caían las bombas desde los aviones de guerra, paradójicamente adquiridos para defender supuestamente las fronteras chilenas, el estridente y criminal ruido de las descargas de ametralladoras y cañones, era multiplicado por el el eco del pavimento de las calles y edificios del centro de Santiago, ocupadas por los milicos y algunos trabajadores que corrían hacia sus hogares, bajo las balas de soldados que jugaban al tiro al blanco. El salvajismo bestial estaba desatado.

La noche antes, del lunes 10 de setiembre, mientras la vida parecía transcurrir con normalidad, compartíamos una cena en la comuna de Las Condes, con los participantes de un curso internacional que ese mismo día había concluido en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, adscrita al Hospital José Joaquín Aguirre, en Santiago. Lo que no sabíamos, era que cobardemente, bajo las sombras, a todo lo largo de la geografía chilena, los militares golpistas habían empezado a ejecutar un criminal Golpe de Estado, forjado por «expertos» de Chile, la CIA, la Casa Blanca y El Pentágono, pues era un pésimo ejemplo continental, que un presidente socialista hubiese sido electo en elecciones libres. ¡Eso había que acabarlo de raíz! ¡No se podía permitir! Y por ello, conceptos como derechos humanos y democracia, pasaron a constituirse en obstáculos para los fines de la casta militar que tanto disfrutaba de las regalías que sus pares de la aristocracia política, principalmente, usaban como moneda de pago por sus indecentes servicios.

Sobre lo sucedido después, se ha escrito y seguirá documentándose mucho. El “golpe militar”, repudiado por los demócratas del mundo, fue cínicamente negado como tal, por Pinochet y sus secuaces. «Se trató de un pronunciamiento militar ejecutado para defender la democracia y los derechos del pueblo chileno», reclamaron, mientras prohibían incluso, la mención de la palabra «golpe», porque a un “héroe” no se le puede calificar de golpista…

Igualmente se indignaban cuando se preguntaba por los miles de asesinados que se fueron sumando a las cifras que se levantaban en algunas morgues de Arica a Magallanes, pues para el asesino vitalicio (así lo escuchamos), “esos cadáveres que ustedes ven en el cauce del río Mapocho, con las caras destrozadas por tiros de gracia, son de delincuentes comunes que se están matando entre ellos”, se burlaba con sarcasmo en las conferencias de prensa, donde pseudoperiodistas eran usados, para hacer las preguntas que les dictaban minutos antes, los encargados de la propaganda de la dictadura.

Guatemala. ¿Golpe tras golpe, hacia dónde va?

Mg. José A. Amesty Rivera

Recordemos que el pasado 20 de agosto 2023, se celebraron elecciones presidenciales, en segunda vuelta, en Guatemala. La contienda electoral dio como vencedor a Bernardo Arévalo, sociólogo y diputado de 64 años, del partido Semilla.

Antes, ya había amenazas hacia el partido Semilla de Arévalo, de ser suspendido; y antes que el presidente electo fuera investido como presidente, ya hay amenazas de golpe de estado.

Según Fátima Najarro, en su artículo «Qué es un golpe de Estado en Guatemala y cuántos ha habido en el país«, definamos golpe de estado: «En un sistema político, un golpe de Estado se refiere a la inconformidad de un grupo con poder al respecto de la persona quien está en el ejercicio del poder. Este grupo actúa para lograr un cambio de régimen por la fuerza».

Najarro, citando al abogado constituyente Aquiles Faillace, este señala: «esa fuerza por la que se concreta el golpe de Estado puede ser de dos tipos. Si es un levantamiento de la ciudadanía, en este caso se le llama revolución, o bien por el uso de fuerza de los grupos militares». «El objetivo del uso del golpe de Estado puede ser un cambio de modelo político, cambio de forma de gobierno o bien desconocer a los contrapesos que existen en un gobierno democrático, como las cortes y el Congreso».

Y es que, en los últimos cien años de historia guatemalteca, en este país se han sucedido los siguientes golpes de estado: «La revolución de 1944: con esta se dio fin al régimen militar de Jorge Ubico que fue sustituido por Federico Ponce Vaides dando paso a que Juan José Arévalo Bermejo fuera electo. En 1954 fue removido de la presidencia Jacobo Árbenz a la fuerza quedando al frente el militar Carlos Castillo Armas. En 1963 Enrique Peralta Azurdia fue el jefe de estado de facto luego de derrocar a José Miguel Ydígoras Fuentes. En 1982 fue removido del poder Romeo Lucas García por parte de Efraín Ríos Montt. En 1983 Ríos Montt fue sustituido por Óscar Mejía Víctores, solo fue relevado del cargo porque el régimen se mantuvo. En 1993 ocurrió el conocido autogolpe de Estado fallido de Jorge Serrano Elías. En esta ocasión, Serrano disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las dos Procuradurías, es decir, los contrapesos», señala Najarro.

Volviendo a las denuncias contra el partido Semilla, según la periodista Daniela Camacho, en artículo «Pobre Guatemala«, «Antes de las elecciones de segunda vuelta, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, (quien ordenó suspender la personería jurídica del partido Semilla), advirtió que podría suspender al partido y emitir órdenes de arresto para algunos de sus miembros por supuestas irregularidades en la recolección de las firmas ¡de 2017! para la creación del Movimiento».

Así mismo, la periodista Victoria Korn, en el artículo «Guatemala: Arévalo se enfrenta a una nueva asonada del Pacto de Corruptos«, indica que, «el Ministerio Público guatemalteco investiga actualmente al Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en el proceso para ser autorizado como partido político al haber supuestamente falsificado la firma a por lo menos 5.000 ciudadanos e incluir personas que ya habían fallecido, además de pagar a otras para que dieran su firma».

«El golpe más reciente que recibió el Partido Semilla fue en el Congreso donde a su bancada la despojaron del título de ‘bloque legislativo’, y en su lugar le fue impuesto el de ‘independiente’. En la práctica, los diputados de Semilla quedaron excluidos de participar de todas las comisiones de trabajo del Congreso, de las juntas de jefes de bancada Pacto de Corruptos: Rondan dudas sobre el futuro de los decretos y de las comisiones de Derechos Humanos. «Así, los diputados de Semilla se perderán de las discusiones legislativas, como el plan de presupuesto para el año 2024 que le atañe a la nueva Administración y que está por presentarse, y solo les será permitido votar cuando haya plenaria parlamentaria. Los analistas coinciden en que los directivos del Congreso no tenían atribuciones para tomar dicha decisión. La directiva es presidida por Shirley Rivera, del partido Vamos, que comanda el presidente Giammatei».

Finalmente señala Korn, «Al ser inhabilitado, Movimiento Semilla no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados».

En fin, es todo un mecanismo golpista supuestamente «legal», que enfrenta el presidente electo, toda una nueva forma de golpe de estado no militar.

Actualmente, según Prensa Latina artículo «Guatemala: Presidente electo denuncia golpe de Estado en curso«, el presidente Arévalo, ha denunciado la existencia de golpe de estado contra el orden constitucional y la democracia, señalando que hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que no aceptan los resultados de la contienda electoral, señalando junto a la vicepresidenta electa Karin Herrera, específicamente a la Fiscal General Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y al juez séptimo de instancia penal, Fredy Orellana, incluyendo además a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos».

A su vez, el presidente señala que, «quien ejerce golpe de Estado va contra la ley del país. La Constitución establece en el artículo 186, Prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República que: “El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno”.

La periodista Daniela Pacheco añade, «La situación que incluye hasta intentos para atentar contra la vida de Arévalo, y la de su vicepresidenta, Karin Herrera, es tensionante y muy preocupante. Hasta la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), llamó la atención sobre la suspensión del partido Semilla a la que calificó como un abuso».

Concluye Pacheco: «Hay un cáncer terminal en Guatemala y Bernardo Arévalo prometió extirparlo. No se ha posesionado y las élites ya le quieren quitar el quirófano, las enfermeras, la anestesia y las herramientas para operar. Luego, la culpa de que se muera el paciente es sólo del bendito médico».

Por otro lado, el compañero indígena quechua Ollantay Itzamná, activista y defensor de los derechos humanos, abogado, teólogo y antropólogo, ya había indicado antes de las elecciones en Guatemala, en su artículo: ¿Qué cambiará en Guatemala con las elecciones presidenciales de 2023?, que, «Gane quien gane, el sistema neoliberal, engarzado con la industria del narcotráfico, continuará despojando los territorios con más violencia que antes. Ninguno de los dos partidos políticos (Semilla y UNE Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres), pone en cuestión la vigencia del sistema neoliberal en Guatemala».

«Si gana Bernardo Arévalo, es probable, por la influencia de la juventud sensible que le rodea, que intente realizar algunas reformas simbólicas o cosméticas en las instituciones estatales o en las políticas públicas. Pero, de ser posible, dichas reformas serán mínimas, puesto que el Congreso de la República y la economía lícita e ilícita están controlados por el denominado “pacto de corruptos”. «En ese hipotético contexto, a Arévalo no le quedará más que arrimarse lo más que pueda a la Embajada norteamericana (de no hacerlo, podría tener el mismo final que Jacobo Árbenz u Otto Pérez). Pero, la Embajada no le permitirá a Arévalo acercarse a los actores sociopolíticos antineoliberales o anti imperiales que con seguridad seguirán en las comunidades y en las calles de Guatemala. El sector indígena-campesino-popular financiado por las migajas de la USAID no podrá defender a Arévalo de los ataques de la oligarquía».

«Si gana Sandra Torres, está igual tendrá el respaldo de la Embajada gringa, además de la oligarquía lícita e ilícita del país. El aparato estatal continuará su acelerado proceso de entropía (autodestrucción) ocupado por el crimen organizado. Pero, las condiciones de vida de la gente seguirán empeorando. Y las resistencias al despojo y al saqueo neoliberal desde los territorios continuarán creciendo. Con el partido Semilla es probable que el Estado criollo racista se oxigene o intente revitalizarse, pero con seguridad será para el beneficio de los de siempre, y sobre las cenizas de los pueblos. Así como ocurrió en los dos siglos de República».

«En resumen, la esperanza transformadora para las grandes mayorías no está en ninguna de las dos opciones. En 2027, la guatemalticidad continuará buscando la promesa de los cambios estructurales, y ojalá con algunas lecciones aprendidas. Porque no creo que estos pueblos hayan nacido condenados al eterno placebo».

A su vez, Itzamná artículo «Guatemala en contexto electoral 2023«, afirmaba: «Si ya el proceso electoral, y los resultados de la primera vuelta, estaban cuestionadas y deslegitimadas por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia) y los jueces electorales (TSE), además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que, según estándares internacionales, se entiende por proceso electoral democrático».

Entre las cuestiones más importantes ausentes en la atmósfera electoral de Semilla-Arévalo están la:

Corrupción. El electorado, aparte de la promesa del partido Semilla que indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, no conoce cómo y en qué consiste específicamente la prometida “lucha contra la corrupción”. La UNE, partido cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”, simplemente calla sobre esta cuestión coyunturalmente sensible para el país.

El Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes socio digitales de la compra o pago por voto de hasta Q.1,500 (equivalente a $200.00) por parte de candidatos locales y departamentales. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Pero, estas y otras variables que determinaron las elecciones de la primera vuelta no fueron, ni son materia de debate electoral.

El Neoliberalismo. Sorprendentemente el sistema neoliberal vigente en Guatemala, con consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país, no fue, ni es materia del debate electoral. La única organización política que cuestionó el sistema neoliberal, mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización, fue el partido de izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP.

La Desigualdad socioeconómica. En 2015, cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción”, el 59% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, el 63% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza multidimensional. La hambruna, como consecuencia de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecia en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes (que representan más del 20% del Producto Interno Bruto) atenúan aparentemente esta realidad.

La Plurinacionalidad silenciada. Otra tara republicana que tiende a renaturalizarse en este contexto electoral es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla, ni la UNE, contemplan en sus programas de gobierno el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros. Y, para sorpresa de propios y extraños, hasta las organizaciones indígenas, que en algún momento se proclamaron como “plurinacionales”, ahora, llaman al voto para Semilla, sin valorar quizás los fines geopolíticos o anti plurinacionales que están detrás de ambas propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo, y continuado despojo de los territorios indígenas.

Todo lo último, a raíz de algunos sectores de izquierda en América Latina, que creen que el partido Semilla de Arévalo es de orientación progresista, cuando en realidad es definido como: de ideología socialdemócrata, ecologista, y con miembros de distintas afiliaciones políticas.

100 Guitarras para Víctor Jara – convocatoria

Convocatoria abierta para la inscripción de personas que canten o toquen instrumentos de cuerda, viento o percusión menor para participar en la producción del encuentro musical “100 guitarras para Víctor Jara”.

San José, 9 de junio 2023

A 50 años del golpe de estado en Chile y del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, NEWEN Culturarte Producciones y el Colectivo Chileniticxs, organizan el encuentro musical “100 GUITARRAS PARA VÍCTOR JARA”, el cual tendrá lugar en Costa Rica en setiembre y octubre del 2023, teniendo como propósito cultural rendir homenaje al legado creativo, musical y cultural de Víctor Jara.

El objetivo principal de este ambicioso proyecto es rendir homenaje a la vida y el legado de Víctor Jara, uno de los exponentes más influyentes de la música y la poesía en América Latina. A través de la creación de este encuentro “100 GUITARRAS PARA VÍCTOR JARA”, queremos celebrar su espíritu artístico y su incansable lucha por la justicia social.

La convocatoria está abierta a artistas, músicos, músicas y a personas aficionadas de todo el país que toquen la guitarra, canten y estén interesadas en formar parte de este proyecto. Buscamos personas apasionadas y comprometidas con el arte y la música, que compartan los ideales de Víctor Jara y deseen contribuir de manera voluntaria a preservar su memoria a través de su música.

Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción en línea, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/MekH9NZsx6tuGr2s6

Animamos a todas las personas, músicos, músicas y artistas comprometidas a postularse y formar parte de este proyecto único. Con este hermoso encuentro musical, honraremos la memoria de Víctor Jara y promoveremos su legado de justicia, igualdad y amor a través del arte y la música.

Para obtener más información sobre la convocatoria y el proyecto de las 100 guitarras para Víctor Jara, comuníquese con: newenproduccionescr@gmail.com / chileniticxs@gmail.com

Jornada de solidaridad con el pueblo de Perú, frente a su embajada en Costa Rica

El pasado 07 de febrero de 2023, dirigentes de diversas organizaciones sociales, incluído el Bloque de Vivienda y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) realizaron una manifestación de apoyo y solidaridad para el pueblo de Perú, frente a su embajada en Costa Rica, esto por la situación social y de disturbios que enfrenta el país desde diciembre del año pasado por el golpe de Estado sufrido y que motivó movilizaciones sociales por todo el país. 

Las personas asistentes llegaron con la consigna “Boluarte asesina, fuera de Perú”.

Puede observar parte de cómo fue la actividad en los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/absolutoriaparaorlandobarrantes/videos/1373014980131417/?sfnsn=mo https://www.facebook.com/100064767426511/posts/pfbid02AbrB5r3BU1xPQCe6RNVGfTECUKes21BYHEhSMh1fsLNXiQSFnTJM4hUdHU8kBpqQl/?sfnsn=mo

Convocatoria urgente en solidaridad con el pueblo peruano

Diversas organizaciones sociales costarricenses, ante la masacre que sufre el pueblo de Perú, hacen un llamado a manifestarse frente a la Embajada de Perú en Costa Rica, para que se detenga el asesinato de ciudadanos que protestan en legítima defensa de la institucionalidad y el retorno del presidente Pedro Castillo que sufrió un golpe de Estado.

La actividad se realizará el viernes 17 de febrero 2023, desde las 2:30 p.m., frente a Embajada de Perú en Costa Rica (Curridabat).

 

#DinaAsesinaRenunciaYa

#AsambleaConstituyente

#libertadapedrocastillo

#parenlamasacreperu

Invitan a concentración en solidaridad con el pueblo peruano y contra el gobierno golpista

SURCOS comparte el siguiente llamado:

Les invitamos a participar este lunes 6 a las 2 pm.

El 7 de diciembre, 2022 el presidente de Perú Pedro Castillo -maestro e hijo del campesinado y elegido por voto popular- sufre un golpe de Estado. A partir de ese día, el gobierno encabezado por Dina Boluarte desata una ola creciente de represión y muerte, en especial, contra estudiantes, campesinado y pueblos indígenas, quienes se manifiestan en contra de dicho golpe y la imposición de un gobierno represor y criminal.

La lucha en defensa de los Derechos Humanos NO TIENE FRONTERAS. Por eso, el MTC se ha unido a diversas ¡ornadas que ha impulsado el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

¿Quién está detrás del intento de golpe de Estado contra la democracia brasileña?

Salim Lamrani
Université de La Réunion

El 8 de enero de 2023 varios miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las tres principales instituciones democráticas de Brasil. El Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio Presidencia en la Plaza de los Tres Poderes de la capital fueron saqueados durante varias horas en un intento de golpe de Estado. El atentado, meticulosamente planificado, provocó indignación en todo el mundo.

El 30 de octubre de 2022, en ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los brasileños dieron su voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, con una estrecha ventaja sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Con un total del 50,9%, Lula consiguió dos millones de votos más que su adversario, de un total de 124 millones de votantes. Después de dos legislaturas consecutivas de éxito entre 2003 y 2010 y el 80% de opinión favorable, el antiguo líder obrero vuelve al poder para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027.[1]

El Presidente Lula debería haber vuelto al Palacio Presidencial en enero de 2019 como candidato favorito de las elecciones de 2018. Pero tras una conspiración orquestada por el fiscal Sergio Moro en el marco del caso de corrupción Lava Jatopara impedir su candidatura, Lula fue condenado arbitrariamente en 2017 a nueve años y seis meses de prisión – aumentados a 12 años en apelación – por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin que se presentara ninguna prueba material ante el tribunal. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el juicio contra Lula afirmando que “violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a intimidad y sus derechos políticos”.[2]Lula pasó 580 días en prisión, de abril de 2018 a noviembre de 2019, lo que permitió a Bolsonaro hacerse con el poder sin dificultad. El líder ultraderechista ni siquiera intentó guardar las apariencias y que se apresuró a dar las gracias al fiscal Moro nombrándolo Ministro de Justicia.[3] En 2019, Tribunal Supremo anuló la condena de Lula, denunciando la instrumentalización política del proceso en su contra.[4]

Bolsonaro es un líder abiertamente fascista. “Vamos directamente a la dictadura”, dijo en el pasado.[5]Nostálgico del régimen militar brasileño que marcó al país entre 1964 y 1985, enemigo de los principios democráticos, el expresidente calificó en 2019 de “héroe nacional” al coronel Carlo Alberto Ustra, condenado por actos de tortura y barbarie por la justicia brasileña. Dilma Roussef, Presidenta de Brasil de 2011 a 2016, fue torturada por los servicios de Ustra cuando era una joven militante revolucionaria opuesta a la autocracia de los generales.[6]

Tras de cuatro años de gobierno, el balance de Bolsonaro es singularmente negativo, marcado por el ultraconservatismo, el fortalecimiento del poder de la Iglesia Evangélica, el discurso de odio contra las personas de color, las mujeres, la diversidad sexual y la izquierda.[7] Su catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 ha convertido a Brasil en uno de los países del mundo con mayor tasa de letalidad del mundo. Sus políticas antisociales han disparado la tasa de pobreza, con 33 millones de personas que pasan hambre. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 60%, destruyendo tierras indígenas y causando preocupación en la comunidad mundial. En el plano internacional sus políticas han provocado el debilitamiento de los lazos con muchos países.[8]

A pesar de la transparencia de las elecciones de 2022, Bolsonaro siempre se ha negado a reconocer la victoria de su adversario, difundiendo rumores de fraude y calentando a su electorado, que ha multiplicado las acciones violentas desde 2022, sobre todo bloqueando carreteras. Además, desde entonces, centenas de personas acampaban en frente del cuartel general del ejército en Brasilia coreando el lema “S.O.S. Fuerzas Armadas”, exigiendo explícitamente una intervención militar para romper la legalidad constitucional e impedir el acceso de Lula al poder el 1 de enero de 2023, todo ello con el acuerdo tácito de Bolsonaro.[9] Además, el presidente saliente no dudó en presionar fuertemente al Tribunal Superior Electoral para que anulara las elecciones. Pero el TSE se negó a ceder a las amenazas y validó el escrutinio, denunciando la acción de Bolsonaro y calificando sus acusaciones de “ridículas e ilícitas”, afirmando que eran “ostensiblemente conspirativas al Estado democrático de derecho”. Incluso el Ministerio de Defensa concluyó que no hubo fraude en un informe de noviembre de 2022.[10]

El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la ceremonia de investidura de Lula, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, negándose a cumplir con la tradición republicana de entregar la banda a su sucesor, símbolo de una transición pacífica. Era la primera vez desde el advenimiento de la democracia en 1985 que un presidente saliente se negaba a saludar al nuevo mandatario. Aquel año el general Joao Figueredo, último jefe de la junta militar, se negó a participar en la ceremonia de investidura del Presidente electo José Sarney.[11] La actitud de Bolsonaro fue incluso criticada públicamente por su vicepresidente saliente, el general Hamilton Mourao: “Líderes que deberían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país han permitido que su silencio o su protagonismo inoportuno y dañino creen un clima de caos y desintegración social”.[12]

El 1ro de enero de 2023, la ceremonia de investidura reunió a numerosas delegaciones oficiales de todo el mundo para presenciar la toma de posesión de Lula como Presidente de la República, lo que ilustró el apoyo internacional al nuevo poder. Cientos de miles de brasileños viajaron a la capital para dar la bienvenida al advenimiento de una era diferente para Brasil, marcado por cuatro años difíciles. Para simbolizar la nueva etapa para el pueblo brasileño, especialmente para las categorías más indigentes, Lula eligió a una mujer de 33 años recolectora de basura, Aline Sousa, para entregarle la banda presidencial.[13]

En su discurso de investidura, Lula recordó la larga y difícil batalla jalonada de obstáculos que lo llevó a la victoria, denunciando el uso de fondos públicos con fines electorales por parte de su adversario. Presentó un requisitorio contra el gobierno saliente por “destruir las políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la sanidad y la educación”. Prometió a los brasileños una “vida digna, sin hambre, con un acceso al empleo, la sanidad y la educación”.[14]

Una semana después, el 8 de enero de 2023, miles de activistas de extrema derecha se reunieron en la capital, Brasilia, en lo que fue claramente una operación cuidadosamente planificada. Lanzaron un asalto de varias horas contra las tres principales instituciones democráticas del país, el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo, tres joyas de la Plaza de los Tres Poderes, edificadas por el arquitecto Oscar Niemeyer, saqueando los locales y destruyendo obras de arte de un valor incalculable, con el objetivo de quebrantar la legalidad constitucional. Dos años casi exactos después del ataque al Capitolio en Washington por parte de los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el resultado de las elecciones, Brasil vivió el mismo dramático episodio. La comunidad internacional condenó unánimemente el atentado contra el Estado de derecho.[15]

El Presidente Lula firmó un decreto que delega la seguridad de la capital en las autoridades federales hasta finales de enero de 2023.[16]Hasta 1.200 personas han sido detenidas y el Tribunal Supremo ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de los golpistas en un plazo de 24 horas.[17]

Las responsabilidades

A pesar de sus negativas, el principal autor intelectual de este intento de golpe de Estado es el mismo presidente saliente.[18] De hecho, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente los resultados electorales unánimemente reconocidos, avivando las llamas del resentimiento de sus partidarios y galvanizando a los sectores más radicales tentados por la ilegalidad. Como señala el New York Times, el asalto fue “la violenta culminación de los incesantes ataques retóricos del Sr. Bolsonaro contra el sistema electoral del país”.[19]Por su parte, CNN subrayó que “Bolsonaro ha puesto constantemente en duda la legitimidad de la votación, sin presentar ninguna prueba”.[20]El ex jefe de Estado abrió así la vía a una acción violenta sin precedentes en la historia del Brasil democrático. A través de su abogado, persistió en calificar los acontecimientos de “movimiento social espontaneo dirigido por la población”. El Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra él. Según la prensa estadounidense, “no hay duda de que inspiró a las aproximadamente 5 000 personas presentes en la manifestación que se volvió violenta”.[21]Además de la responsabilidad de Bolsonaro, también está la de los grupos que prestaron apoyo material y financiero para la organización de tal operación.

Los servicios de inteligencia tenían sin duda toda la información necesaria sobre los proyectos violentos de los militantes bolsonaristas. Por ejemplo, numerosos mensajes que circulaban por Telegramy WhatsApp llamaban a “atacar infraestructuras estratégicas, como refinerías de petróleo y a levantar barricadas”. No cabe duda de que los grupos de manifestantes estaban infiltrados por agentes de los servicios de inteligencia, como ocurre en cualquier país del mundo. Así, según una nota de la policía militar de Brasilia, no menos de 100 autobuses con más de 4.000 personas llegaron a la capital entre el viernes 6 de enero y el domingo 8 de enero de 2023.[22]No obstante, no se tomaron medidas para detener a los organizadores e impedir la agresión.

Además, la responsabilidad del ejército está claramente comprometida, ya que aceptó la presencia del bando golpista, que pedía la ruptura del orden constitucional, durante más de diez semanas en una zona de seguridad nacional. Además, el día de los disturbios, el batallón de la guardia presidencial estacionado permanentemente en el Palacio del Jefe del Estado no consideró oportuno intervenir para impedir la invasión. Estos soldados “incluso impidieron, en varias ocasiones, que la policía detuviera a los alborotadores”, según Le Monde.[23]

Del mismo modo, no cabe duda de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que debían proteger la capital. El contingente de policías presentes en Brasilia era mucho menor que el necesario para custodiar las diferentes instituciones de la democracia brasileña. El riesgo de incidentes era muy alto dada la presencia masiva y beligerante de los extremistas de Bolsonaro. El 6 de enero se había celebrado una reunión entre Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, y las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el jefe de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y se había llegado a un acuerdo sobre el número de agentes que se desplegarían para proteger las instituciones en previsión de la manifestación del domingo. Ahora bien, contra todo pronóstico, el contingente presente fue mucho menor de lo acordado. El Ministro Dino denunció un cambio de ultima hora, sin explicación alguna por parte de las autoridades de Brasilia.[24]Así, mientras la explanada debía estar cerrada a los manifestantes, el gobernador Rocha decidió en el último momento abrirla. El Ministro de Justicia sólo se enteró por la prensa.[25]En lugar de cumplir su misión de proteger la zona, la policía se distinguió por su inacción e incluso complicidad con los golpistas. El New York Times expresó su asombro: “Han circulado por Internet vídeos en los que se ve cómo los agentes presentes parecen escoltar a los manifestantes hacia los edificios federales y se detienen para hacerse selfies con ellos”.[26]El Presidente Lula denunció “la connivencia explícita de la policía con los manifestantes”. La justicia brasileña ya ha empezado a actuar arrestando al responsable de la seguridad de la capital.[27]

Inicialmente, el Tribunal Supremo suspendió por 90 días al gobernador Torres de Brasilia, firme partidario de Bolsonaro y exministro de Justicia.[28]Pero la policía descubrió en su domicilio un proyecto de decreto presidencial destinado a anular la elección de Lula mediante una toma de control del Tribunal Superior Electoral por el gobierno federal, lo que provocó un escándalo sin precedentes en Brasil. El documento, sin fecha, llevaba el nombre de Bolsonaro al final con un espacio reservado para su firma. Torres, en un torpe intento de defensa, pidió que no se juzgara el documento “fuera de contexto”, reconociendo así la autoría del proyecto y la autenticidad del documento destinado a preparar un golpe de Estado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades, a la espera de un juicio.[29]

El Código Penal francés

En cualquier democracia occidental, los acontecimientos del 8 de enero se castigarían con duras penas de prisión. Por ejemplo, según el Articulo 412-1 del Código Penal francés, “cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República” está “castigado con treinta años de reclusión criminal y 450.000 euros de multa”. Además, las penas se elevan a cadena perpetua y multa de 750.000 euros si los hechos son “cometidos por una persona que ostente autoridad pública”. El artículo 412-4 impone una pena de “quince años de prisión y 225.000 euros de multa por participar en un movimiento insurreccional”. Este último última se define: “ocupar por la fuerza o mediante engaño o destruir cualquier edificio o instalación; proporcionar transporte, sustento o comunicaciones a los insurgentes; hacer que los insurgentes se reúnan por cualquier medio”.[30]

El intento de golpe de Estado que orquestaron los partidarios de Bolsonaro ilustra la verdadera cara de la extrema derecha, incapaz de respetar los principios democráticos cuando el voto popular está en su contra. En un país que aún arrastra las dolorosas cicatrices de dos décadas de dictadura militar, fracturado y polarizado por el gobierno saliente, la misión del Presidente Lula es recuperar la necesaria cohesión nacional y recordar a todos los brasileños, independientemente de su tendencia política, que la nación es de todos y que tiene el deber moral de velar por las categorías más frágiles. “Orden y Progreso”, es el lema republicano de Brasil.


[1]Agence France-Presse, « Congratulations Pour In for Brazil President-Elect Lula », 31 de octubre de 2022.

[2]United Nations Human Right Office of the Hight Commissionner, « Brazil : Criminal proceedings against former President Lula da Silva violated due process guarantees, UN Human Rights Committee finds », United Nations, 28 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-criminal-proceedings-against-former-president-lula-da-silva-violated(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

[3]Glenn Greenwald & Victor Poury, « Hidden Plot. Exclusive: Brazil’s Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election », The Intercept, 9 de enero de 2019. https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[4]Reuters, « Brazil judge orders ex-president Lula released from prison », 8 de noviembre de 2019.

[5]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[6]Reuters, « Brazil’s Bolsonaro extols convicted torturer as a ‘national hero’ », 8 de agosto de 2019.

[7]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[8]Heriberto Araujo, « For Lula and the World, the Tough Job of Saving the Amazon Begins », The New York Times, 31 de diciembre de 2022 ;Ecole de Politique Appliquée, « Election présidentielle au Brésil : le retour historique de Lula », Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrook, 8 de noviembre de 2022. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3324(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[9]Vanessa Barbara, « The ‘Trump of the Tropics’ Goes Bust », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[10]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[11]AFP/Le Point, « Brésil : Bolsonaro s’envole pour les Etats-Unis avant la fin de son mandat », 31 de diciembre de 2022.

[12]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[13]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[14]Lula da Silva, « Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional », 1de enero de 2023. https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[15]The New York Times, « Governments Condemn Brazil Protests », 8 de enero de 2023 ; Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Supporters Lay Siege to Brazil’s Capital », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[16]David Biller, « Authorities probe who was behind uprising in Brazil capital », Associated Press, 9 de enero de 2023.

[17]Ana Ionova & Jack Nicas, « Here’s the latest on the riot in the Brazilian capital », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[18]Jack Nicas, « Bolsonaro has been holed up thousands of miles away in Florida », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[19]Jack Nicas & André Spigariol, « Her’s what to know about the protest fueled by false claims of electoral fraud », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[20]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[21]Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Faces Investigation for Inspiring Brazil’s Capital Riot », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[22]Alan Yuhas, « What We Know About the Investigations Into the Brazil Protests », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[23]Bruno Meyerfeld, « Au Brésil, les limites de la purge de Lula dans l’armée, après les émeutes du 8 janvier », Le Monde, 21 de enero de 2023.

[24]Jack Nicas, « What Drove a Mass Attack on Brazil’s Capital ? Mass Delusion », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[25]Jack Nicas & Simon Romero, « ‘We Wille Die for Brazil’ : How a Far-Right Mob Tried to Oust Lula », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[26]Amanda Taud, « A Vital Question for Brazil’s Democracy : Where Were the Police ? », The New York Times, 11 de enero de 2023.

[27]Tara John Rodrigo Pedroso & Kareem El Damanhoury, « Brazilian President Lula criticizes police for protesters’ breach of government buildings », CNN, 10 de enero de 2023.

[28]Reuters, « Brazil’s Top Court Removes Brasilia Governor Over pro-Bolsonaro Riots », 8 de enero de 2023.

[29]Agence France-Presse, « Election au Brésil : révelations compromettantes dans l’entourage de Bolsonaro », 13 de enero de 2023 ; Le Monde, « Au Brésil, Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, a été arrêté », 14 de enero de 2023.

[30]Code pénal français, « Article 412-1 & 412-4 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136044/#LEGISCTA000006136044

(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

 

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Imagen: Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media