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Etiqueta: golpe de Estado

Invitan a concentración en solidaridad con el pueblo peruano y contra el gobierno golpista

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente llamado:

Les invitamos a participar este lunes 6 a las 2 pm.

El 7 de diciembre, 2022 el presidente de Perú Pedro Castillo -maestro e hijo del campesinado y elegido por voto popular- sufre un golpe de Estado. A partir de ese día, el gobierno encabezado por Dina Boluarte desata una ola creciente de represión y muerte, en especial, contra estudiantes, campesinado y pueblos indígenas, quienes se manifiestan en contra de dicho golpe y la imposición de un gobierno represor y criminal.

La lucha en defensa de los Derechos Humanos NO TIENE FRONTERAS. Por eso, el MTC se ha unido a diversas ¡ornadas que ha impulsado el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

¿Quién está detrás del intento de golpe de Estado contra la democracia brasileña?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Salim Lamrani
Université de La Réunion

El 8 de enero de 2023 varios miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las tres principales instituciones democráticas de Brasil. El Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio Presidencia en la Plaza de los Tres Poderes de la capital fueron saqueados durante varias horas en un intento de golpe de Estado. El atentado, meticulosamente planificado, provocó indignación en todo el mundo.

El 30 de octubre de 2022, en ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los brasileños dieron su voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, con una estrecha ventaja sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Con un total del 50,9%, Lula consiguió dos millones de votos más que su adversario, de un total de 124 millones de votantes. Después de dos legislaturas consecutivas de éxito entre 2003 y 2010 y el 80% de opinión favorable, el antiguo líder obrero vuelve al poder para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027.[1]

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El Presidente Lula debería haber vuelto al Palacio Presidencial en enero de 2019 como candidato favorito de las elecciones de 2018. Pero tras una conspiración orquestada por el fiscal Sergio Moro en el marco del caso de corrupción Lava Jatopara impedir su candidatura, Lula fue condenado arbitrariamente en 2017 a nueve años y seis meses de prisión – aumentados a 12 años en apelación – por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin que se presentara ninguna prueba material ante el tribunal. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el juicio contra Lula afirmando que “violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a intimidad y sus derechos políticos”.[2]Lula pasó 580 días en prisión, de abril de 2018 a noviembre de 2019, lo que permitió a Bolsonaro hacerse con el poder sin dificultad. El líder ultraderechista ni siquiera intentó guardar las apariencias y que se apresuró a dar las gracias al fiscal Moro nombrándolo Ministro de Justicia.[3] En 2019, Tribunal Supremo anuló la condena de Lula, denunciando la instrumentalización política del proceso en su contra.[4]

Bolsonaro es un líder abiertamente fascista. “Vamos directamente a la dictadura”, dijo en el pasado.[5]Nostálgico del régimen militar brasileño que marcó al país entre 1964 y 1985, enemigo de los principios democráticos, el expresidente calificó en 2019 de “héroe nacional” al coronel Carlo Alberto Ustra, condenado por actos de tortura y barbarie por la justicia brasileña. Dilma Roussef, Presidenta de Brasil de 2011 a 2016, fue torturada por los servicios de Ustra cuando era una joven militante revolucionaria opuesta a la autocracia de los generales.[6]

Tras de cuatro años de gobierno, el balance de Bolsonaro es singularmente negativo, marcado por el ultraconservatismo, el fortalecimiento del poder de la Iglesia Evangélica, el discurso de odio contra las personas de color, las mujeres, la diversidad sexual y la izquierda.[7] Su catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 ha convertido a Brasil en uno de los países del mundo con mayor tasa de letalidad del mundo. Sus políticas antisociales han disparado la tasa de pobreza, con 33 millones de personas que pasan hambre. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 60%, destruyendo tierras indígenas y causando preocupación en la comunidad mundial. En el plano internacional sus políticas han provocado el debilitamiento de los lazos con muchos países.[8]

A pesar de la transparencia de las elecciones de 2022, Bolsonaro siempre se ha negado a reconocer la victoria de su adversario, difundiendo rumores de fraude y calentando a su electorado, que ha multiplicado las acciones violentas desde 2022, sobre todo bloqueando carreteras. Además, desde entonces, centenas de personas acampaban en frente del cuartel general del ejército en Brasilia coreando el lema “S.O.S. Fuerzas Armadas”, exigiendo explícitamente una intervención militar para romper la legalidad constitucional e impedir el acceso de Lula al poder el 1 de enero de 2023, todo ello con el acuerdo tácito de Bolsonaro.[9] Además, el presidente saliente no dudó en presionar fuertemente al Tribunal Superior Electoral para que anulara las elecciones. Pero el TSE se negó a ceder a las amenazas y validó el escrutinio, denunciando la acción de Bolsonaro y calificando sus acusaciones de “ridículas e ilícitas”, afirmando que eran “ostensiblemente conspirativas al Estado democrático de derecho”. Incluso el Ministerio de Defensa concluyó que no hubo fraude en un informe de noviembre de 2022.[10]

El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la ceremonia de investidura de Lula, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, negándose a cumplir con la tradición republicana de entregar la banda a su sucesor, símbolo de una transición pacífica. Era la primera vez desde el advenimiento de la democracia en 1985 que un presidente saliente se negaba a saludar al nuevo mandatario. Aquel año el general Joao Figueredo, último jefe de la junta militar, se negó a participar en la ceremonia de investidura del Presidente electo José Sarney.[11] La actitud de Bolsonaro fue incluso criticada públicamente por su vicepresidente saliente, el general Hamilton Mourao: “Líderes que deberían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país han permitido que su silencio o su protagonismo inoportuno y dañino creen un clima de caos y desintegración social”.[12]

El 1ro de enero de 2023, la ceremonia de investidura reunió a numerosas delegaciones oficiales de todo el mundo para presenciar la toma de posesión de Lula como Presidente de la República, lo que ilustró el apoyo internacional al nuevo poder. Cientos de miles de brasileños viajaron a la capital para dar la bienvenida al advenimiento de una era diferente para Brasil, marcado por cuatro años difíciles. Para simbolizar la nueva etapa para el pueblo brasileño, especialmente para las categorías más indigentes, Lula eligió a una mujer de 33 años recolectora de basura, Aline Sousa, para entregarle la banda presidencial.[13]

En su discurso de investidura, Lula recordó la larga y difícil batalla jalonada de obstáculos que lo llevó a la victoria, denunciando el uso de fondos públicos con fines electorales por parte de su adversario. Presentó un requisitorio contra el gobierno saliente por “destruir las políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la sanidad y la educación”. Prometió a los brasileños una “vida digna, sin hambre, con un acceso al empleo, la sanidad y la educación”.[14]

Una semana después, el 8 de enero de 2023, miles de activistas de extrema derecha se reunieron en la capital, Brasilia, en lo que fue claramente una operación cuidadosamente planificada. Lanzaron un asalto de varias horas contra las tres principales instituciones democráticas del país, el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo, tres joyas de la Plaza de los Tres Poderes, edificadas por el arquitecto Oscar Niemeyer, saqueando los locales y destruyendo obras de arte de un valor incalculable, con el objetivo de quebrantar la legalidad constitucional. Dos años casi exactos después del ataque al Capitolio en Washington por parte de los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el resultado de las elecciones, Brasil vivió el mismo dramático episodio. La comunidad internacional condenó unánimemente el atentado contra el Estado de derecho.[15]

El Presidente Lula firmó un decreto que delega la seguridad de la capital en las autoridades federales hasta finales de enero de 2023.[16]Hasta 1.200 personas han sido detenidas y el Tribunal Supremo ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de los golpistas en un plazo de 24 horas.[17]

Las responsabilidades

A pesar de sus negativas, el principal autor intelectual de este intento de golpe de Estado es el mismo presidente saliente.[18] De hecho, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente los resultados electorales unánimemente reconocidos, avivando las llamas del resentimiento de sus partidarios y galvanizando a los sectores más radicales tentados por la ilegalidad. Como señala el New York Times, el asalto fue “la violenta culminación de los incesantes ataques retóricos del Sr. Bolsonaro contra el sistema electoral del país”.[19]Por su parte, CNN subrayó que “Bolsonaro ha puesto constantemente en duda la legitimidad de la votación, sin presentar ninguna prueba”.[20]El ex jefe de Estado abrió así la vía a una acción violenta sin precedentes en la historia del Brasil democrático. A través de su abogado, persistió en calificar los acontecimientos de “movimiento social espontaneo dirigido por la población”. El Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra él. Según la prensa estadounidense, “no hay duda de que inspiró a las aproximadamente 5 000 personas presentes en la manifestación que se volvió violenta”.[21]Además de la responsabilidad de Bolsonaro, también está la de los grupos que prestaron apoyo material y financiero para la organización de tal operación.

Los servicios de inteligencia tenían sin duda toda la información necesaria sobre los proyectos violentos de los militantes bolsonaristas. Por ejemplo, numerosos mensajes que circulaban por Telegramy WhatsApp llamaban a “atacar infraestructuras estratégicas, como refinerías de petróleo y a levantar barricadas”. No cabe duda de que los grupos de manifestantes estaban infiltrados por agentes de los servicios de inteligencia, como ocurre en cualquier país del mundo. Así, según una nota de la policía militar de Brasilia, no menos de 100 autobuses con más de 4.000 personas llegaron a la capital entre el viernes 6 de enero y el domingo 8 de enero de 2023.[22]No obstante, no se tomaron medidas para detener a los organizadores e impedir la agresión.

Además, la responsabilidad del ejército está claramente comprometida, ya que aceptó la presencia del bando golpista, que pedía la ruptura del orden constitucional, durante más de diez semanas en una zona de seguridad nacional. Además, el día de los disturbios, el batallón de la guardia presidencial estacionado permanentemente en el Palacio del Jefe del Estado no consideró oportuno intervenir para impedir la invasión. Estos soldados “incluso impidieron, en varias ocasiones, que la policía detuviera a los alborotadores”, según Le Monde.[23]

Del mismo modo, no cabe duda de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que debían proteger la capital. El contingente de policías presentes en Brasilia era mucho menor que el necesario para custodiar las diferentes instituciones de la democracia brasileña. El riesgo de incidentes era muy alto dada la presencia masiva y beligerante de los extremistas de Bolsonaro. El 6 de enero se había celebrado una reunión entre Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, y las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el jefe de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y se había llegado a un acuerdo sobre el número de agentes que se desplegarían para proteger las instituciones en previsión de la manifestación del domingo. Ahora bien, contra todo pronóstico, el contingente presente fue mucho menor de lo acordado. El Ministro Dino denunció un cambio de ultima hora, sin explicación alguna por parte de las autoridades de Brasilia.[24]Así, mientras la explanada debía estar cerrada a los manifestantes, el gobernador Rocha decidió en el último momento abrirla. El Ministro de Justicia sólo se enteró por la prensa.[25]En lugar de cumplir su misión de proteger la zona, la policía se distinguió por su inacción e incluso complicidad con los golpistas. El New York Times expresó su asombro: “Han circulado por Internet vídeos en los que se ve cómo los agentes presentes parecen escoltar a los manifestantes hacia los edificios federales y se detienen para hacerse selfies con ellos”.[26]El Presidente Lula denunció “la connivencia explícita de la policía con los manifestantes”. La justicia brasileña ya ha empezado a actuar arrestando al responsable de la seguridad de la capital.[27]

Inicialmente, el Tribunal Supremo suspendió por 90 días al gobernador Torres de Brasilia, firme partidario de Bolsonaro y exministro de Justicia.[28]Pero la policía descubrió en su domicilio un proyecto de decreto presidencial destinado a anular la elección de Lula mediante una toma de control del Tribunal Superior Electoral por el gobierno federal, lo que provocó un escándalo sin precedentes en Brasil. El documento, sin fecha, llevaba el nombre de Bolsonaro al final con un espacio reservado para su firma. Torres, en un torpe intento de defensa, pidió que no se juzgara el documento “fuera de contexto”, reconociendo así la autoría del proyecto y la autenticidad del documento destinado a preparar un golpe de Estado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades, a la espera de un juicio.[29]

El Código Penal francés

En cualquier democracia occidental, los acontecimientos del 8 de enero se castigarían con duras penas de prisión. Por ejemplo, según el Articulo 412-1 del Código Penal francés, “cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República” está “castigado con treinta años de reclusión criminal y 450.000 euros de multa”. Además, las penas se elevan a cadena perpetua y multa de 750.000 euros si los hechos son “cometidos por una persona que ostente autoridad pública”. El artículo 412-4 impone una pena de “quince años de prisión y 225.000 euros de multa por participar en un movimiento insurreccional”. Este último última se define: “ocupar por la fuerza o mediante engaño o destruir cualquier edificio o instalación; proporcionar transporte, sustento o comunicaciones a los insurgentes; hacer que los insurgentes se reúnan por cualquier medio”.[30]

El intento de golpe de Estado que orquestaron los partidarios de Bolsonaro ilustra la verdadera cara de la extrema derecha, incapaz de respetar los principios democráticos cuando el voto popular está en su contra. En un país que aún arrastra las dolorosas cicatrices de dos décadas de dictadura militar, fracturado y polarizado por el gobierno saliente, la misión del Presidente Lula es recuperar la necesaria cohesión nacional y recordar a todos los brasileños, independientemente de su tendencia política, que la nación es de todos y que tiene el deber moral de velar por las categorías más frágiles. “Orden y Progreso”, es el lema republicano de Brasil.

[1]Agence France-Presse, « Congratulations Pour In for Brazil President-Elect Lula », 31 de octubre de 2022.

[2]United Nations Human Right Office of the Hight Commissionner, « Brazil : Criminal proceedings against former President Lula da Silva violated due process guarantees, UN Human Rights Committee finds », United Nations, 28 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-criminal-proceedings-against-former-president-lula-da-silva-violated(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

[3]Glenn Greenwald & Victor Poury, « Hidden Plot. Exclusive: Brazil’s Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election », The Intercept, 9 de enero de 2019. https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[4]Reuters, « Brazil judge orders ex-president Lula released from prison », 8 de noviembre de 2019.

[5]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[6]Reuters, « Brazil’s Bolsonaro extols convicted torturer as a ‘national hero’ », 8 de agosto de 2019.

[7]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[8]Heriberto Araujo, « For Lula and the World, the Tough Job of Saving the Amazon Begins », The New York Times, 31 de diciembre de 2022 ;Ecole de Politique Appliquée, « Election présidentielle au Brésil : le retour historique de Lula », Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrook, 8 de noviembre de 2022. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3324(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[9]Vanessa Barbara, « The ‘Trump of the Tropics’ Goes Bust », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[10]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[11]AFP/Le Point, « Brésil : Bolsonaro s’envole pour les Etats-Unis avant la fin de son mandat », 31 de diciembre de 2022.

[12]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[13]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[14]Lula da Silva, « Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional », 1de enero de 2023. https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[15]The New York Times, « Governments Condemn Brazil Protests », 8 de enero de 2023 ; Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Supporters Lay Siege to Brazil’s Capital », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[16]David Biller, « Authorities probe who was behind uprising in Brazil capital », Associated Press, 9 de enero de 2023.

[17]Ana Ionova & Jack Nicas, « Here’s the latest on the riot in the Brazilian capital », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[18]Jack Nicas, « Bolsonaro has been holed up thousands of miles away in Florida », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[19]Jack Nicas & André Spigariol, « Her’s what to know about the protest fueled by false claims of electoral fraud », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[20]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[21]Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Faces Investigation for Inspiring Brazil’s Capital Riot », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[22]Alan Yuhas, « What We Know About the Investigations Into the Brazil Protests », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[23]Bruno Meyerfeld, « Au Brésil, les limites de la purge de Lula dans l’armée, après les émeutes du 8 janvier », Le Monde, 21 de enero de 2023.

[24]Jack Nicas, « What Drove a Mass Attack on Brazil’s Capital ? Mass Delusion », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[25]Jack Nicas & Simon Romero, « ‘We Wille Die for Brazil’ : How a Far-Right Mob Tried to Oust Lula », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[26]Amanda Taud, « A Vital Question for Brazil’s Democracy : Where Were the Police ? », The New York Times, 11 de enero de 2023.

[27]Tara John Rodrigo Pedroso & Kareem El Damanhoury, « Brazilian President Lula criticizes police for protesters’ breach of government buildings », CNN, 10 de enero de 2023.

[28]Reuters, « Brazil’s Top Court Removes Brasilia Governor Over pro-Bolsonaro Riots », 8 de enero de 2023.

[29]Agence France-Presse, « Election au Brésil : révelations compromettantes dans l’entourage de Bolsonaro », 13 de enero de 2023 ; Le Monde, « Au Brésil, Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, a été arrêté », 14 de enero de 2023.

[30]Code pénal français, « Article 412-1 & 412-4 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136044/#LEGISCTA000006136044

(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

 

Publicado en https://rebelion.org/quien-esta-detras-del-intento-de-golpe-de-estado-contra-la-democracia-brasilena/ y compartido con SURCOS por el autor.

Imagen: Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media

El Perú en un callejón sin salida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

«Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua». Con esta frase, hoy 18 de enero, recordamos el nacimiento del escritor, antropólogo y etnólogo peruano autor de “Los ríos profundos”, José María Arguedas.

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense.

La pérdida de más sesenta vidas de ciudadanos peruanos, como fruto de la represión del gobierno instaurado, mediante un golpe de estado congresal militar, por los perdedores de las elecciones de 2021, no es un acto que se pueda calificar como democrático, más bien representa la instauración de una dictadura sangrienta y represora, un régimen donde los derechos humanos y el estado de derecho no existen. Las grandes mayorías del Perú Profundo: gentes de los Andes, la costa y la selva que han salido a defender su voto, además de su derecho legítimo de participar en la toma de decisiones en un país profundamente desigual, racista y discriminador de las grandes mayorías urbanas y rurales.

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Cuando se mencionó el caso de Brasil, con el asalto a los edificios de los poderes públicos en la capital brasileña, y los peligros que estas acciones representan para la democracia en la región latinoamericana, se omitió profundizar en las condiciones mínimas de legitimidad y de respeto al estado de derecho que se requieren para que la democracia latinoamericana vaya más allá de las mascaradas electorales que se organizan cada cuatro o cinco años en nuestros países. La ausencia o el irrespeto sistemático al debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías de contar con una defensa legal y el habeas corpus conforman una peligrosa corriente que nos deslizan hacia el autoritarismo y el totalitarismo de una derecha agresiva, inculta, mentirosa y enemiga de la libertad de pensamiento: todo ello con el concurso decisivo de los poderosos medios de comunicación corporativos, y de un poder judicial manipulado por los poderes fácticos e imperiales, donde algunos jueces, y fiscales manipulan descaradamente los mecanismos de la “justicia” tornándola inviable, tanto como la democracia misma en los países de América Latina, al judicializar la política en beneficio de sus intereses acusando falsamente, a través de los mecanismos del lawfare, a aquellos políticos que se quieran salir de la disciplina neoliberal, con sus políticas de saqueo sistemático de nuestros países y de irrespeto a los derechos humanos. En síntesis una institucionalidad presuntamente democrática de espaldas al pueblo, sin su participación más allá del manipulado sufragio.

Además, la intervención descarada de los defensores incondicionales de los intereses de las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (incluida la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) acentúan lo que constituye el mecanismo, mediante el que se ha tornado imposible el ejercicio democrático efectivo en la mayoría de los países de nuestra región, por lo que nos encontramos en una profunda crisis de la democracia, sólo equivalente a la que planteó en 1966, el expresidente dominicano Juan Bosch (1909-2001) en su libro CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, a raíz de la invasión de la República Dominicana, en abril de 1965, por cuarenta mil marinos estadounidenses, con el propósito de impedir el retorno a la democracia en ese país caribeño, emprendido por los revolucionarios constitucionalistas de aquella generación dominicana. Bosch calificó esa figura dándole el nombre de pentagonismo, ahora estamos ante un ascenso neofascista a escala internacional y regional.

Dado lo anterior, es que surge la obsesión de algunas gentes, por descalificar el recurso de acudir a los planteamientos teóricos de algunos autores y estudiosos de la sociología política, o la sociología del conocimiento (que trata de destrabar-por así decirlo- o explicitar la intrincada y compleja relación entre el conocimiento y la existencia social en sí misma), para intentar explicar o entender los alcances y componentes de la presente crisis peruana y latinoamericana, no importa si los aportes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, o los de este cambio de siglo, en cuanto a los alcances de sus elaboraciones teóricas y trabajo de campo sobre estos temas, esa hostilidad latente aunque agresiva es algo que raya en el desvarío, el ridículo y la sinrazón manifiesta por parte de algunas gentes de la derecha totalitaria, que incluso se atreven a opinar sobre temas que no conocen o de los que no han leído ni una página.

Lo cierto es que, tanto la sociología como la antropología y la historia social, como las mismas sociedades latinoamericanas en tanto objeto de estudio, han experimentado grandes cambios en este medio siglo transcurrido, dentro del tiempo de la larga duración histórica: un hecho esencial, en el caso del Perú, es que hasta la década de los sesenta las grandes mayorías campesinas de los Andes Centrales del Perú estaban sometidas a un régimen de servidumbre, discriminación y racismo manifiesto, un tema que trataron con una dosis de empatía, e identificación con los pueblos originarios, no carentes del rigor analítico y el conocimiento sobre el terreno en el que se ponen de manifiesto esas realidades, autores como el antropólogo, novelista, poeta y traductor quechuahablante José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas 1911-Lima 1969) y el periodista, escritor, cronista, poeta y novelista Manuel Scorza ( Lima 1928- Madrid 1983), con su saga de novelas cortas sobre las luchas campesinas en los Andes Centrales en aquellos años, previos a las reformas que introdujo el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quienes no necesariamente fueron sociólogos o se asumieron como tales, además de Héctor Béjar, el gran maestro de la sociología peruana, dada la inmensa producción bibliográfica producto de varias décadas de investigación y reflexión sistemática.

La verdad es que en un texto como este no pretendo, ni podría jamás agotar todo el complejo problema de la nación peruana, desde sus orígenes en cuanto a estado-nación, dos siglos hacia atrás, cuando fue inventada por los criollos herederos de los colonizadores españoles como un país, sin tener en cuenta a los pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes.

La sociología, en tanto ciencia social, al igual que historia y la economía política no legitima en sí misma a los gobernantes de una nación, pero el apoyo del pueblo sí. En el caso peruano, nos encontramos con que Dina Boluarte, la presidenta de facto y sus titiriteros militares y oligarcas fujimoristas son rechazados por casi el noventa por ciento de la población(88 por ciento, según una encuesta de las más recientes).

A propósito de las acusaciones contra el presidente derrocado Pedro Castillo Terrones. formuladas por jueces y una fiscal oficiosa, además de parcializada, alguna gente parece olvidarse del debido proceso, la presunción de inocencia y el habeas corpus pilares del estado de derecho en una sociedad que sea democrática de verdad, tal y como habíamos mencionado al inicio de este texto. Ahora bien, de lo que se acusa a Pedro Castillo es de “acciones ilícitas” por las que no podía ser juzgado siendo presidente, las que, de ser ciertas, resultan ser insignificantes a la par del prontuario de todos los presidentes que lo antecedieron en el cargo, a lo largo de los últimos treinta años: unos presos, otros en fuga y uno suicidado (Alan García Pérez).

En el contexto actual, resulta inocultable la necesidad de destacar lo antidemocrática y mala perdedora que es la mayoría de la derecha en esta parte del mundo, no sólo en el Perú, sino también en Bolivia y hasta en Brasil, donde hace unos días trataron de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esos son temas que a algunas gentes de la derecha no les interesan por lo que prefieren obviarlos, al igual que las más de sesenta víctimas mortales ocasionados por la represión ultraderechista ¿será que esos peruanos asesinados no son seres humanos? algo muy similar, a lo que pasó en Bolivia, en noviembre de 2019, con las víctimas de Sakata y Senkaba (alrededor de 40) durante la dictadura de Yanine Áñez, esa que el valiente pueblo boliviano supo revertir.

El presidente legítimo del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado por gentes que usurparon el mando de la fuerza pública, cuando aún no había sido vacado por el congreso, ni se había seguido el debido proceso para concretarla. En lo que fue una clara violación del orden constitucional, algo que resulta de suyo evidente.

La lamentable ignorancia y cinismo manifiesto de algunas gentes las alejan cada vez más de la realidad. A fin de cuentas, tal vez no haya ciencia social o ciencias sociales(tal vez la brujería y la nigromancia podrían resultar mejores para algunos) como suelen afirmar sin ningún fundamento, pero lo cierto es que la mentira descarada sobre lo social tampoco nos aproxima al conocimiento de lo que de verdad ocurre: Todos los anteriores presidentes del Perú se agacharon ante la oligarquía y firmaron su hoja de ruta, a pesar de ello Alan García Pérez se suicidó cuando iba a ser detenido hace ya tres años(¿se asiló en los infiernos acaso?) al haber graves evidencias en su contra, Alejandro Toledo sigue detenido en Estados Unidos esperando ser deportado por defraudaciones multimillonarias, Ollanta Humala sigue procesado y con detención domiciliaria, Alberto Fujimori en la cárcel por crímenes contra la humanidad y así sucesivamente. Lo extraño es que a Pedro Castillo Terrones, que de socialista o comunista no tiene nada, no se le siguió el debido proceso y continúa secuestrado por el nuevo régimen, ese que ya ha asesinado a más de sesenta peruanos. Dina Boluarte, al igual que Jeanine o Yanine Áñez, la aprendiz de dictadora de Bolivia en 2019-2020, tiene manchadas las manos de sangre, al igual que su premier militar ultraderechista Alberto Otárola, terminará en la cárcel como la boliviana y el ultraderechista Fernando Camacho, otro de los ejecutores del golpe de estado de 2019 en Bolivia.

Una síntesis política de lo ocurrido en Perú

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Herz.

Carlos Herz, periodista
15-01-23

El Perú vive una persistente crisis de gobernabilidad desde hace decenios, caracterizada por la fragilidad institucional, principalmente política; por un déficit de construcción de ciudadanía; y por los limitados espacios de participación ciudadana, mayormente existentes por las presiones y movilizaciones populares que han ido conquistando diversos derechos y demandas. Esta crisis se da en el contexto de una enorme informalidad en la economía nacional –agudizada en el período de pandemia–, como expresión del abandono histórico del Estado en la atención a las necesidades elementales de las personas, quienes se han visto obligadas a desarrollar múltiples estrategias de sobrevivencia material. Esta dinámica económica y hasta social ha estado acompañada de la implementación de un modelo de acumulación basado en la exportación de commodities y materias primas diversas (principalmente minerales y productos agropecuarios) que dependen de las condiciones internacionales y que no se han visto en lo fundamental afectados, salvo por la variación de los precios globales. Cabe añadir que buena parte de la informalidad está vinculada con la ilegalidad y la corrupción en sus diversas formas, la cual también mueve la base económica del país. Se puede decir que junto a la crisis de gobernabilidad, convive un modelo neoliberal extremo que articula todas las formas de acumulación mencionadas.

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  1. En ese contexto surge el gobierno actual que, más que una opción de aceptación programática, fue resultado del rechazo a una posible administración fujimorista, ya conocida por su esencia represiva, corrupta y entreguista de los bienes del país al capital. El triunfo por escaso margen del presidente Castillo nunca fue aceptado por la derecha en sus diversas facciones ni por la mayoría de los medios de información a su servicio, a lo que se agrega un fuerte componente de racismo y discriminación, que ha sido y es una de las características constantes hasta la fecha, ahora más agudizada. Después, la total ineficiencia y los visos de corrupción crecientes del gobierno favorecieron la práctica golpista y desestabilizadora implementada por el Congreso y estimulada por la prensa. Lo cierto es que, en cualquier circunstancia, aun con un buen gobierno de Castillo, no hubiera sido distinta la respuesta de la derecha peruana, aunque otro hubiera sido el devenir político, como resultado de un esperado apoyo popular que no recibió el presidente durante su errática gestión. Inclusive muchas de las medidas gubernamentales fueron atentatorias contra los derechos ciudadanos como en educación y género, coincidentes con los enfoques retardatarios de la derecha.
  2. Las evidencias de corrupción gubernamental, que debieran ser procesadas judicialmente como en cualquier Estado de Derecho, fueron suficiente razón para poner por delante las acusaciones a la gestión presidencial, siendo atendidas con mucha diligencia por el Congreso y el Poder Judicial, en comparación con muchos otros casos de mayor escándalo, sospecha y pruebas de corrupción. La consigna política concertada de la derecha en el Congreso y en la mayoría de la prensa fue desde inicio la de censurar a Castillo y su entorno, manteniendo siempre en vilo a su A esta persistente campaña de desestabilización y de vacancia, hay que sumar la terrible dosis de un discurso clasista y racista aprovechando de la impericia y el origen popular del presidente para agredir a su persona y a su familia. Esto último es uno de los factores centrales que ha despertado la reacción de la población mayormente rural; es decir, ésta no ha sido provocada sólo porque las élites han desconocido el triunfo electoral de Castillo sino, sobre todo, por el tratamiento despectivo que han dado a los sectores sociales más pobres, mayormente campesinos y del sur del país, poniendo en evidencia la fragmentación social y cultural en el país.
  3. Los últimos acontecimientos para muchos significaron una sorpresa en diversos sentidos:
  4. Primero, porque no estaba en la previsión política que al entonces presidente Castillo se le ocurriera dictaminar el cierre del Congreso y la intervención del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sin ningún tipo de apoyo de los poderes militares y políticos De allí su rápida caída y detención, así como la juramentación de su sucesora, la vicepresidenta de la república y la designación de su gabinete.
    1. Segundo, porque tampoco se consideró que esta situación devendría en una masiva reacción favorable hacia el presidente, por su libertad, justificando su frustrada medida de cierre del Congreso como una legítima acción frente a su continua práctica Lo que ha ocurrido –y se viene incrementando– es la movilización de diversos actores sociales en las ciudades y el campo, mayormente en la macrorregión Sur y en la costa sur del país, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de las elecciones; además, en varios casos piden la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente Castillo. Mientras el Congreso y la nueva presidenta persisten en su propósito de no querer leer la realidad social y política, el movimiento popular incrementa sus paralizaciones y recibe como respuesta una violenta represión, con situaciones trágicas como la elevada cantidad de pérdida de vidas humanas, que ya llegan a 48, y decenas de heridos, mayormente por proyectiles de bala y perdigones, prohibidos por la legislación peruana para estos casos. Los departamentos de Puno, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Huancavelica son los más activos en estas protestas y se avecinan otras de mayor rango nacional, como la de los estudiantes y comunidades campesinas e indígenas. Lima ha venido tardando en reaccionar y en los últimos días ya se percibe un incremento de movilizaciones urbanas en la capital y en otras ciudades del país.
    2. Ahora el panorama es No ha funcionado el acuerdo del Congreso por iniciativa presidencial para un adelanto de elecciones para marzo del 2024, plazo señalado supuestamente para tener condiciones de realizar reformas políticas que permitan enfrentar la crisis extrema de gobernabilidad; ni tampoco ha funcionado el compromiso del nuevo gobierno de contar con equipo técnico y eficiente. Por el contrario, la mayoría congresal viene propiciando contrarreformas que le sean funcionales a su propósito de mantenerse en el poder, así como aprobar medidas económicas y sociales que agreden los derechos de la ciudadanía, y en particular de las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana. Igualmente, el gobierno sigue mostrando las mismas limitaciones que las que se observaron a los gabinetes de Castillo, a lo que se añade sus medidas fuertemente represivas y autoritarias. De allí que ha crecido la desconfianza de la población movilizada ante los actuales representantes políticos tradicionales, y con mayor vigor exigen la disolución del Congreso y la renuncia de la presidenta, así como elecciones generales inmediatas, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Como nunca antes las organizaciones sociales campesinas se están movilizando masivamente hacia las capitales de Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, mayormente. Se configura progresivamente un sentimiento lleno de malestar, de agresiones a sus derechos más elementales, de amargura e indignación por el maltrato clasista y racista tan presente hasta la actualidad. La solidaridad de un sector de la población con el presidente depuesto tiene que ver con este sentimiento de exclusión y no tanto con su capacidad de gestión.
  5. ¿Qué hacer? Lo primero es que debemos exigir que se investigue a profundidad los asesinatos contra peruanas y peruanos y que se sancione severamente a los responsables políticos y No puede haber borrón y cuenta nueva. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad que le compete. Las actuales movilizaciones sociales, mayormente espontáneas han abierto una gran oportunidad de transformación social y se requiere mirar mejor el panorama actual y hacia el futuro. Los eventuales resultados políticos que se logren ahora, no implicarán aún cambios sustanciales para el país, sino que –en el mejor de los casos– serán parte de un largo proceso de construcción de nuevas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ciudadanas. Las tendencias autoritarias no solo están presentes en los tradicionales grupos de poder en el gobierno y el congreso, sino que se extienden a los diversos sectores e instituciones estatales y de la sociedad, e incluso se manifiestan en diversos liderazgos populares, pudiendo generar situaciones complejas de mayor violencia o de decisiones que refuercen liderazgos antidemocráticos, además del continuismo de las dinámicas económicas neoliberales y degradantes del ambiente, como ocurre con las actividades ilegales de extracción de recursos naturales. En ese proceso debemos encarar con seriedad la gran fragmentación social que afecta al país y que deviene en la aceptación de la existencia de personas de primera y de segunda categoría.
  6. La realidad actual ha vuelto a mostrar la necesidad de contribuir a crear nuevas condiciones para la gobernanza, particularmente a partir de acompañar procesos renovados de desarrollo de capacidades enfocado a jóvenes, hombres y mujeres, y a líderes de las organizaciones campesinas e indígenas. Se requiere reforzar las alianzas interinstitucionales y superar la dispersión actual de esfuerzos y Necesitamos esclarecer y definir un rumbo que deje de lado los viejos paradigmas del desarrollo y nos conduzcan hacia la construcción de condiciones por los Buenos Vivires. Es hora de que Ong, proyectos y agencias de cooperación nos sentemos juntos a reflexionar y actuar de manera diferente, hacia esos nuevos desafíos.
Caricatura que interpreta el momento político de Perú publicada por el diario La República de ese país.

 

Información compartida con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Movilización masiva hacia Lima «MARCHA DE LOS 4 SUYOS» (REGIONES)

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por | 18/01/2023 | América Latina y Caribe

Fuentes: Apak TV, Perú

Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las diferentes regiones del Perú; muchos deben hacer largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país.

Miles personas de todo el territorio peruano realizan un viaje masivo hacia Lima, la ciudad capital del Perú, respondiendo a la convocatoria popular de la denominada “Marcha de los 4 suyos” (*), en rechazo al actual Gobierno del país, cuya política represiva contra las demandas sociales (renuncia de Dina Boluarte, renuncia del Congreso golpista, nuevas elecciones y nueva constituyente) ya apaga casi 50 vidas.

La primera «Marcha de los 4 suyos» que dio fin a la dictadura de Alberto Fujimori fue en el año 2000. Hoy esta forma de movilización adquiere vigencia ya que las fuerzas armadas, policía nacional, Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Congreso de la República se encuentran bajo el control del fujimorismo que, según las organizaciones sociales, gobierna el Perú desde la cárcel, a través de la presidencia de Dina Boluarte, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Desde el 11 de enero aproximadamente comenzaron las marchas desde las regiones provincianas del Perú, que involucran largas caminatas desde los pueblos más recónditos del país, así como movilización autogestionada en camiones, camionetas o busetas. “Desde el sábado ya empezaron a llegar en marchas de sacrificio a Lima, pasando por Miraflores, sede de entretenimiento de la clase media alta limeña, apoyados por las masas que salen a su encuentro desde los barrios populares que rodean la metrópolis limeña», nos dice José Manuel Mejía, joven investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos.

José Manuel nos explica que las “marchas de sacrificio” son formas de lucha que inicialmente realizaron los trabajadores mineros del centro del Perú (en su mayoría campesinos semiproletarizados), quienes tras la militarización de las minas a partir de 1989 tuvieron que movilizarse caminando hasta Lima para dar su última lucha, exigiendo el pago de sus salarios atrasados, así como el cese a la represión militarizada y criminalización de sus sindicatos.

Hoy, la masividad de la “Marcha de los 4 suyos”, ha generado alerta en el Gobierno de Dina Boluarte, quien declaró “Estado de Emergencia” en todo el país, lo que otorga autorización extraordinaria a las fuerzas armadas y policiales para usar la violencia, suspendiendo las garantías constitucionales más elementales de una democracia. Con esto, la policía y el ejército han tratado de impedir las marchas hacia Lima. Sin embargo, esta respuesta represiva no ha detenido al pueblo peruano, que continúa su avance hacia Lima, ciudad que progresivamente se convierte en el epicentro de las protestas, que se retomaron desde el 4 de enero de 2023.

José Manuel opina que, si bien la respuesta a la “Marcha de los 4 suyos” recibe apoyo espontáneo desde todos los caseríos y pueblos del Perú profundo, también es gracias al trabajo organizativo que valientemente asume la organización campesina más importante del Perú en la actualidad: la CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú), que agrega a las organizaciones ronderas de todo el país. Las rondas campesinas son organizaciones campesinas de base, inicialmente creadas en los años 70 para defender a los pueblos del crimen organizado, así como de la violencia política que generó la guerra interna entre 1980 y 1993, pero en la actualidad asumen también la defensa del territorio, el agua y la vida frente a la expansión de la frontera extractiva minera en los Andes peruanos.

A esto se suma la convocatoria que han realizado diversos gremios civiles de trabajadores, organizaciones políticas de izquierda como Vamos Pueblo, Unidad Patriótica, los frentes de defensa regionales y provinciales a nivel nacional, así como apoyo de artistas folclóricos como Larita Lizeth Yanarico, que se han organizado para sumar y plegarse a esta gran marcha hacia Lima. Asimismo, la participación de organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación Universitaria del Cusco, ha sido vital para sostener las movilizaciones con colectas populares, ollas comunes y puntos de acopio de donaciones de alimentos, cobijas y medicinas, para los pueblos que llegan de todo el Perú.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo remarcó que las prácticas policiales que tengan por objetivo obstaculizar o limitar el desplazamiento de personas hacia Lima se encuentran fuera del marco legal. Los asesinatos civiles provocados por estas prácticas policiales ya son cerca de 50.

La presidenta Dina Boluarte niega su responsabilidad en estas muertes y acusa a “infiltrados internacionales”. Su discurso acusa oscuramente al pueblo peruano de estarse matando: “Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado por el sur del país, esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas”, dice Boluarte. Cuando los disparos desde helicópteros, el uso de armas de fuego, pistolas, metralletas, han sido la principal causa de muerte como bien ha quedado documentado y expuesto a la opinión pública nacional e internacional, no solo por redes sociales sino también desde medios de prensa alternativos y oficiales a nivel internacional.

La gran “Marcha de los 4 suyos”, cuyos ríos de gente posiblemente desemboquen en un poderoso mar limeño el 19 de enero, según la convocatoria de la CUNARC, es una demostración de la fuerza del Perú profundo, rural, campesino, trabajador, indígena, cholo, pobre, que emprende esta lucha “no para devolver la presidencia a Pedro Castillo, sino para refundar el Perú”, como lo explica nuestro compañero José Manuel Mejía, en la lectura que recomendamos en el siguiente enlace: https://www.iepa.org.pe/la-fundacion-de-la-patria-por-el-…/…

Tomado de Apak TV, página de FaceBook.

(*) Nota de Rebelión: La palabra quechua suyo significa «región». Tahua significa «cuatro». Tahuantisuyo es el nombre del territorio inca compuesto por las siguientes regiones: al noroeste, el Chinchaysuyo; al noreste, el Antisuyo; al suroeste, el Contisuyo y al sudeste, el Collasuyo.

Compartido con SURCOS por Marino Marozzi.

Imagen: https://www.clacso.org/

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Pronunciamiento: Al lado de los más débiles

Escrito en . Publicado en Derechos.

A poco más de un mes, el régimen Boluarte – Otárola ya carga en sus espaldas el horror de decenas de muertos, cerca de 50 víctimas. Todos eran gente del pueblo que protestaban contra la criminalización de sus luchas y el golpe de Estado en el Perú. Se trata, no cabe dudas, de un gobierno criminal con ansias de poder que se ha interesado más en proteger la “propiedad”, desproteger la vida de sus ciudadanos y escalar la represión a nivel de masacre y genocidio.

Convencidos de que “la paz brota de la justicia” lamentamos mucho el proceder de las principales iglesias cristianas en esta coyuntura. Desde el campo católico como del evangélico, recientes pronunciamientos tienen en común equiparar a las víctimas y a sus agresores, como un enfrentamiento entre iguales. Incauta o premeditadamente han utilizado la figura de Caín y Abel cuando en realidad se trata de David y su honda resistiendo a Goliat y su mortal armadura. Del pueblo de “Israel” huyendo del todopoderoso Faraón. De Jesús y su látigo contra los mercaderes del templo. Del Perú profundo luchando por dignidad y justicia frente a los intereses de las transnacionales, la oligarquía y las élites de la sociedad peruana.

La explícita determinación del Premier Alberto Otárola, real comandante de las fatales decisiones del gobierno, en complicidad con Dina Boluarte, apuntan clara e insensiblemente que nuestros hermanos y hermanas seguirán recibiendo balas, palos y gases como respuesta a sus justos reclamos. Esta situación hace apremiante que bases y cúpulas de las iglesias, católica y evangélicas, abandonen la comodidad camaleónica de una supuesta “neutralidad” y denuncien proféticamente en nombre de Dios el carácter terrorista, asesino e ilegítimo del actual régimen. Desde el sur va creciendo y extendiéndose cada vez más el clamor popular que exige a los líderes religiosos delaten con todas sus letras el régimen Boluarte – Otárola, sin el inaceptable y vergonzoso argumento de que “debemos apoyarlos a pesar de sus excesos”.

El criminal gigante no debe permanecer en pie; en este momento, su furia ya muestra su flaqueza. Desde la espiritualidad, las prácticas pastorales y los compromisos con los más excluidos y pobres de la tierra, urge que Obispos, Pastores, liderazgo y comunidades cristianan opten por la vida y no por la muerte, tomen partido, como lo manda el Evangelio, al lado de los más débiles. Porque nuestras luchas van “contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo”.  

Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP

“Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso” (Salmo 82:3).

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Brasil: Advertencia a la navegación democrática

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Boaventura de Sousa Santos*

Lo que ocurrió en Brasilia el pasado día 8, una semana después de la toma de posesión del presidente Lula da Silva, es un acontecimiento que solo tomó por sorpresa a quienes no quisieron o no pudieron informarse de sus preparativos, ampliamente difundidos en las redes sociales. La ocupación violenta de las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial y de los espacios aledaños, así como la depredación de los bienes públicos de estos edificios por parte de manifestantes de extrema derecha, constituyen actos de terrorismo planeados y minuciosamente organizados por sus cabecillas. Se trata, por tanto, de un acontecimiento que pone en serio peligro la supervivencia de la democracia brasileña y que, por la forma en que sucedió, puede amenazar mañana otras democracias en el continente y en el mundo. Conviene, pues, analizarlo a la luz de su importancia. Las principales características y lecciones son las siguientes:

  1. El movimiento de extrema derecha es global y sus acciones a escala nacional se benefician de experiencias antidemocráticas extranjeras y a menudo actúan en alianza con ellas. Es conocida la articulación de la extrema derecha brasileña con la extrema derecha estadounidense. El conocido portavoz de esta última, Steve Bannon, es amigo personal de la familia Bolsonaro y desde 2013 ha sido una figura tutelar de la extrema derecha brasileña. Además de las alianzas, las experiencias de un país sirven de referencia a otro y constituyen un aprendizaje. La invasión de la plaza de los Tres Poderes en Brasilia es una copia «mejorada» de la invasión del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, pues aprendió de ella y trató de hacerlo mejor. Fue organizada con más detalle, procuró traer a mucha más gente a Brasilia y utilizó varias estrategias para hacer que la seguridad pública democrática sintiese que nada anormal sucedería. Los cabecillas tenían como objetivo ocupar Brasilia con al menos un millón de personas, sembrar el caos y permanecer el tiempo necesario para permitir la intervención militar que pusiese fin a las instituciones democráticas.
  2. Se pretende hacer creer que se trata de movimientos espontáneos. Por el contrario, están organizados y tienen una profunda capilaridad en la sociedad. En el caso brasileño, la invasión de Brasilia se organizó desde diferentes ciudades y regiones del país y en cada una de ellas había líderes identificados con un número de teléfono para poder ser contactados por los adherentes. La participación podía adoptar muchas formas. Quienes no pudiesen viajar a Brasilia, tenían misiones que cumplir en sus localidades, bloqueando la circulación de combustibles y el abastecimiento de los supermercados. El objetivo era crear caos por la carencia de productos esenciales. Algunos recordarán las huelgas de camioneros que precipitaron la caída de Salvador Allende y el fin de la democracia chilena en septiembre de 1973. A su vez, el caos en Brasilia tenía objetivos precisos. Fue asaltada la sala del Gabinete de Seguridad Institucional, ubicada en el sótano del Palacio de Planalto, donde fueron robados documentos confidenciales y armamento de alta tecnología, lo que demuestra que hubo entrenamiento y espionaje. También se encontraron cinco granadas en el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Nacional.
  3. En los países democráticos, la estrategia de extrema derecha se basa en dos pilares: a) invertir fuertemente en las redes sociales para ganar las elecciones con el objetivo de, si las gana, no usar el poder democráticamente ni dejarlo democráticamente. Así fue con Donald Trump y con Jair Bolsonaro como presidentes. b) En el caso de que no prevea ganar, comenzar a cuestionar desde antes la validez de las elecciones y declarar que no acepta ningún otro resultado que no sea su victoria. El programa mínimo es perder por un pequeño margen para hacer más creíble la idea del fraude electoral. Fue lo que ocurrió en las últimas elecciones en Estados Unidos y en Brasil.
  4. Para tener éxito, este ataque frontal a la democracia necesita contar con el apoyo de aliados estratégicos, tanto nacionales como extranjeros. En el caso de los apoyos nacionales, los aliados son fuerzas antidemocráticas, tanto civiles como militares, instaladas en el aparato de gobierno y de la administración pública que, por acción u omisión, facilitan las acciones de los rebeldes. En el caso brasileño, es particularmente clamorosa la connivencia, la pasividad e incluso la complicidad de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia y de sus dirigentes. Con el agravante de que esta región administrativa, por ser sede del poder político, recibe cuantiosos ingresos federales con el propósito específico de defender las instituciones. En el caso brasileño, es escandaloso también que las Fuerzas Armadas se hayan mantenido en silencio, sobre todo cuando era conocido el propósito de los organizadores de crear el caos para provocar su intervención.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas toleraron la instalación de campamentos de manifestantes frente a los cuarteles, un área de seguridad militar, y que permanecieran allí durante dos meses. Fue así como la idea del golpe prosperó en las redes sociales. En este caso, el contraste con Estados Unidos es flagrante. Cuando se produjo la invasión del Capitolio, los jefes militares estadounidenses hicieron cuestión de subrayar su defensa de la democracia. En este sentido, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, que parece apostado en una buena y reverente relación con los militares, no augura nada bueno. Es un ministro problemático después de todo lo que ha sucedido. Brasil está pagando un precio muy alto por no haber castigado los crímenes y a los criminales de la dictadura militar (1964-1985), teniendo en cuenta que algunos crímenes ni siquiera prescribieron. Esto fue lo que permitió al expresidente Bolsonaro elogiar a la dictadura, rendir homenaje a los militares torturadores y designar militares, algunos fuertemente comprometidos con la dictadura, en importantes cargos de un gobierno civil y democrático. Solo así se explica por qué hoy se habla del peligro de un golpe militar en Brasil, pero no en Chile o en Argentina. Como es sabido, en estos dos países los responsables de los crímenes de la dictadura militar fueron juzgados y penados.

  1. Además de los aliados nacionales, los aliados extranjeros son cruciales. Trágicamente, en el continente latinoamericano, Estados Unidos ha sido tradicionalmente el gran aliado de los dictadores, cuando no directamente el instigador de golpes de Estado contra la democracia. Resulta que, esta vez, Estados Unidos estaba del lado de la democracia y eso hizo toda la diferencia en el caso de Brasil. Estoy convencido de que, si Estados Unidos hubiera dado las habituales señales de aliento a los aspirantes a dictadores, hoy estaríamos frente a un golpe consumado. Desgraciadamente, a la luz de una historia de más de cien años, esta posición estadounidense no se debe a un repentino celo por la defensa internacionalista de la democracia. La posición de Estados Unidos estuvo estrictamente determinada por razones internas. Apoyar el bolsonarismo de extrema derecha en Brasil sería dar fuerza a la extrema derecha trumpista estadounidense, que sigue creyendo que la elección de Joe Biden fue el resultado de un fraude electoral y que Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. De hecho, preveo que mantener una extrema derecha fuerte en Brasil será importante para los propósitos de la extrema derecha estadounidense en las elecciones de 2024. Es de esperar que la intención sea crear una situación de ingobernabilidad que dificulte al máximo la actuación del presidente Lula da Silva en los próximos años. Para que esto no suceda, es necesario que los golpistas y depredadores sean severamente castigados. Y no solo ellos, sino también sus mandantes y financistas.
  2. Para garantizar la sostenibilidad de la extrema derecha es necesario tener una base social, disponer de financiadores-organizadores y de una ideología lo suficientemente fuerte como para crear una realidad paralela. En el caso de Brasil, la base social es amplia, dado el carácter excluyente de la democracia brasileña, que hace que amplios sectores de la sociedad se sientan abandonados por los políticos democráticos. Brasil es una sociedad con gran desigualdad socioeconómica, agravada por la discriminación racial y sexual. El sistema democrático potencia todo esto hasta el punto de que el Congreso brasileño es más una caricatura cruel que una representación fiel del pueblo brasileño. Si no es objeto de una profunda reforma política, eventualmente será completamente disfuncional. En estas condiciones, existe un amplio campo de reclutamiento para las movilizaciones de extrema derecha. Obviamente, la gran mayoría de los que participan en ellas no son fascistas. Solo quieren vivir con dignidad y no creen que esto sea posible en democracia. En cuanto a los financiadores-organizadores, parecen ser, en el caso de Brasil, sectores del bajo capital industrial, agrario, armamentista y de servicios que se beneficiaron del (des)gobierno bolsonorista o con cuya ideología se identifican más.

En lo que se refiere a la ideología, parece asentarse sobre tres pilares principales. En primer lugar, el reciclaje de la vieja ideología fascista, es decir, la lectura reaccionaria de los valores de Dios, Patria y Familia, a los que ahora se suma la Libertad. Se trata sobre todo de defender incondicionalmente la propiedad privada para así, con eso: a) poder invadir y ocupar la propiedad pública o comunitaria (territorios indígenas); b) defender efectivamente la propiedad, lo que implica armar a las clases propietarias; c) tener legitimidad para rechazar cualquier política ambiental; y, d) rechazar los derechos reproductivos y sexuales, en particular el derecho al aborto y los derechos de la población LGBTIQ+. En segundo lugar, la ideología implica la necesidad de crear enemigos a destruir. Los enemigos tienen varias escalas, pero la más global (y abstracta) es el comunismo. Cuarenta años después de que, al menos en el hemisferio Occidental, han desaparecido los regímenes y partidos que defienden la implantación de sociedades comunistas, este sigue siendo el fantasma contradictoriamente más abstracto y más real. Para entender esto es necesario tener en cuenta el tercer pilar de la ideología de extrema derecha: la creación incesante y capilar en el tejido social de una realidad paralela, inmune a la confrontación con la realidad real, llevada a cabo por las redes sociales y por las religiones reaccionarias (iglesias evangélicas neopentecostales y católicas antipapa Francisco) que vinculan fácilmente el comunismo y el aborto y así infunden un miedo abisal en poblaciones indefensas, todo ello facilitado por el hecho de que hace tiempo que éstas perdieron la esperanza de tener una vida digna.

El intento de golpe de Estado en Brasil es un aviso a la navegación. Los demócratas brasileños, latinoamericanos, estadounidenses y, en última instancia, de todo el mundo deben tomar esta advertencia muy en serio. Si no lo hacen, mañana los fascistas no se limitarán a tocar la puerta. Seguramente irrumpirán sin ceremonia para entrar.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Nota del editor de Other News: Debido a la delicada situación en Brasil, trasmitimos de inmediato en forma adelantada del habitual servicio de nuestro servicio distribuido en las tardes, este interesante análisis del profesor de las universidades de Coímbra (Portugal) y de Wisconsin-Madison (EE.UU), Boaventura de Sousa Santos recibido esta mañana.

 

*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo enviado a OtherNews por el autor, el 10.01.23

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Disturbios Brasil: un golpe a la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Compañías de Luz

Más de 1200 bolsonaristas detenidos en el asalto

Más de 1200 bolsonaristas arrestados por negarse a desalojar los campamentos de protesta en Brasilia, la mayoría de los manifestantes abandonaron el lugar de forma pacífica, pero otros cargaron contra la policía con gran violencia.

Luego de meses de acampada en la capital, los simpatizantes de Bolsonaro debieron retirarse por orden de la justicia. El presidente Luis Ignacio Lula de Silva inspeccionó los daños en el Palacio Presidencial y sostuvo una reunión de gabinete, después del ataque dijo que los responsables serán castigados.

Lula acusa a Bolsonaro y a las autoridades de conniventes

El mandatario acusó a las fuerzas de seguridad de incompetencia u omisión al permitir que ocurrieran los ataques. También acusó a su predecesor Jair Bolsonaro que se encuentra en Estados Unidos que respondió en Twitter negando su involucración en los ataques.

De momento el campamento se va desarmando poco a poco, para ello ha sido necesario un fuerte operativo policial que incluyó policías de la guardia nacional y militares y policías con caballo de la montada. Ahora se está abriendo una investigación en la Corte Suprema de si las autoridades del Distrito Federal hicieron lo que debían para impedir los hechos o si como se sospecha fueron conniventes.

Polarización social y corrupción institucional

Según los analistas políticos el problema no es solamente de la división que se manifiesta en episodios como el asalto al congreso en Brasilia, también hay corrientes antidemocráticas en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, entre otros.

Más allá de lo ocurrido en Brasilia, en muchas otras ciudades hay manifestaciones y bloqueos en carreteras.

Las redes sociales han polarizado mucho la población de Brasil. El tema de las informaciones falsas ha sido un gran tema durante la campaña electoral de 2022.

Ahora será el Gobierno de Lula de Silva que tendrá que afrontar la situación, en principio quería priorizar los temas económicos, la reducción de la pobreza, la desigualdad y ahora realmente la prioridad será la normalización de la política y la superación de la polarización. El éxito de que se pueda retomar la normalidad dependerá de si Lula consigue proyectarse como alguien que puede conciliar y promover la superación del desorden que vive el país ahora mismo.

El ministro de de defensa en jaque

La incertidumbre también está dentro del Gobierno, es una incógnita qué terminará pasando con el ministro de defensa que ha sido muy cuestionado por no presionar más los generales a aceptar una postura más contundente frente a los manifestantes que están en Brasilia hace meses.

Ralentización en la recuperación económica

El Gobierno quería presentar unos primeros resultados de gestión en los primeros 100 días de mandato lo va a tener mucho más complicado ahora. El desorden social que vive el país también tiene una repercusión económica. La recuperación de la economía se puede ralentizar así como también los inversores serán mucho más cautelosos planteando si Brasil es un régimen estable para implantar compañías que produzcan y hagan avanzar la economía.

¿Será Bolsonaro perseguido por los disturbios?

Que Bolsonaro sea perseguido no solamente dependerá del Ministerio de Justicia, sinó también de los Estados Unidos o de algún otro país donde Bolsonaro pueda ir. La Casa Blanca está bajo presión para que Bolsonaro vuelva a Brasil pero aún es temprano para saber cómo terminará actuando y qué hará el Gobierno de Brasil al respecto.

Fuente: https://www.companias-de-luz.com/noticias/golpe-brasil/

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Manifiesto conjunto por la democracia ante los hechos ocurridos en Brasil

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Brasil, la Asociación Brasileña de Apoyo a la Infancia y la Fundación Vida para Todos – ABAI,  realizaron este 10 de enero de 2023 un manifiesto en conjunto ante el intento de golpe de Estado realizado en Brasil, en el cual comunican:

“Las instituciones de la sociedad civil, antes nombradas, sin fines de lucro, que actúen en la defensa de los derechos humanos, solidaridad, respeto al medio ambiente y producción de alimentos saludables, por sus respectivos representantes, expresan su repudio a los actos violentos de terrorismo real practicados ayer en Brasilia, contra Instituciones Públicas de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia.

La democracia no es compatible, ni con actos violentos, conspiraciones u omisiones de nadie, y mucho menos de autoridades constituidas para defender los intereses más grandeslulu del país – una vida digna para todos los brasileños y brasileñas, el estado de derecho, el patrimonio público, la riqueza natural y la Constitución Federal de la República.

Brasil necesita paz y unidad para reconstruir el país después de toda la destrucción de economía y derechos fundamentales de los últimos años. En este contexto, nos unimos a todas las fuerzas democráticas, en particular al gobierno legítimamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de promover la paz social y la reconstrucción de un país justo y solidario para todos y cada uno”.

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Imagen recuperada de InfoNews.

Corte Suprema de Brasil suspende al gobernador del Distrito Federal por 90 días

Escrito en . Publicado en Derechos.

Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media

Además, el organismo estableció el desmantelamiento inmediato del campamento de bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió suspender al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras los acontecimientos que ocurrieron el domingo en la capital brasileña protagonizados por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Según Moraes, Ibaneis tenía conocimiento de los preparativos de los hechos, ya que las acciones solo podrían ocurrir con «el consentimiento, e incluso participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública», recogen medios locales.

«Absolutamente nada justifica la omisión y conspiración del secretario de Seguridad Pública y del gobernador del Distrito Federal con delincuentes que previamente anunciaron que cometerían actos violentos contra los poderes constituidos», escribió el ministro.

Además, el organismo estableció el desmantelamiento inmediato del campamento de bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército. La decisión incluye la detención en flagrancia de sus participantes.

Información de https://actualidad.rt.com

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