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Etiqueta: Gustavo Petro

Superar lo de un único enemigo una única solución

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Carlos Meneses Reyes

Dos sucesos al parecer disimiles: uno, la renuncia de la titular del ministerio de justicia y otro, el anuncio del señor presidente G. Petro de acudir a los buenos oficios del Estado Vaticano, para la reanudación de conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia-ELN, motivan el presente artículo.

El entrabe gobierno-ELN

El presidente Gustavo Petro acude al Papa León XIV para destrabar lo de las conversaciones con el ELN. Se sabe que los acercamientos con el ELN continúan y de la labor de intermediación de la iglesia colombiana. Además, permanecen los países facilitadores. Prima lo de las acusaciones del señor presidente contra el ELN y calificativos de no hacer parte de una organización político-militar insurgente, sino de un bando del cartel de Sinaloa y que actúa desde Venezuela. Esto trajo consigo, por ende, la negación del conflicto armado interno y el retomar la fallida guerra contra las drogas, aludiendo a un problema de soberanía nacional, Así, construyó un nuevo relato de la existencia del enemigo interno para echar a rodar lo de en un mismo recipiente, el conflicto armado interno y el conflicto social y ante un único enemigo, una única solución. Corresponde aplaudir, la decisión del señor presidente, de acudir al Estado Vaticano. Falta ahora que aflore la conveniencia de un nuevo Alto Consejero y el surgimiento de encause de las dificultosas conversaciones.

Lo de la ex ministra de Justicia

Como resultado de la captura, el pasado 12 de febrero de 2.025, por parte de la Fiscalía General, del líder de los Comandos de la Frontera Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, luego de concluir una reunión en el ciclo de diálogos con el gobierno, alegando el cumplimento de una circular roja de interpol, en su contra, emitida sospechosamente en Lyon, Francia, y ejecutada en tiempo récord de 24 horas; la entonces ministra de Justicia Angela María Buitrago, armó una tenaza para que la orden directa presidencial de ser alias “Araña”, vocero de ese grupo insurgente, no continuara cumpliéndose. … Abrió un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas y en manifiesto desconocimiento de la dispuesto por el señor presidente. Dijo Buitrago: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Asumiendo argumentos de enredadera jurídica, lo cierto es que Angela María Buitrago, en forma desleal, se opuso a la directriz presidencial como responsable de la búsqueda del fin del conflicto armado con esa insurgencia. Cuando el señor presidente G. Petro tercia en la causa de la renuncia de la ex ministra citada y en el sentido que él, como nominador, le pidió expresamente la renuncia, es clara la relación causa y efecto en ese caso concreto. Por ello resulta inexplicable que no haya asumido la misma actitud con el Alto Consejero, siendo que este ante la ambiciosa política de “paz total”, por su actitud demostrada, en contrario, hace que esta no transcurra armoniosa. Impulsando el señor presidente una reunión de representantes del gobierno nacional, (quienes fungen como Estado), con la participación de 18 ex comandantes paramilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, que firmaron el acuerdo de desmovilización de Ralito, en el año de 2.003 y en búsqueda a concluir el proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); fue notoria la no asistencia del Alto Consejero. Ello explica la contradicción manifiesta e improcedente de pretender verter en un mismo recipiente el conflicto armado interno con el agudo conflicto social. Se coloca al orden del día la definición de un plan piloto jurídico-político para enfrentar, con un calificado jurista penalista responsable, la propuesta de sometimiento a la justicia de las agrupaciones de delincuencia común del narcotráfico y paramilitares. No existe otra forma de entender y asimilar lo de la política de paz total.

Diplomacia torticera

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Por Carlos Meneses Reyes

08-01-2.025. La presidenta Sheinbaum, subrayó que México no interfiere en los asuntos internos de ningún país. La postura del Gobierno de México reafirma su compromiso con los principios de no intervención y respeto a la soberanía, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y ataques a la estabilidad democrática en Venezuela. Enviará un delegado del gobierno a la investidura de su homólogo venezolano y que podría ser el embajador, Leopoldo de Gyves.  El anuncio de Sheinbaum coincide con los intentos de desestabilización en Venezuela encabezados por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien no aceptó los resultados de las elecciones del pasado 28 de agosto. Ante la victoria de Nicolás Maduro, González Urrutia se autoproclamó vencedor y trató de difundir resultados falsos a través de un sitio web que simulaba ser el del Consejo Nacional Electoral y en donde se publicaron actas fraudulentas que contenían una serie de irregularidades. Esos intentos de manipulación ocurrieron en medio de miles de ataques cibernéticos contra servicios públicos y plataformas oficiales, que buscaban obstaculizar la difusión de los resultados legítimos. (Informes tomados de Telesur)

En tanto, el presidente de Colombia G. Petro U, como jefe de la diplomacia en ese país, reitera el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos. No obstante, contradictoriamente, exigió la presentación de las Actas electorales, desconociendo el funcionamiento electoral constitucional interno, del Poder Electoral Bolivariano. Manifiesta que no asistirá personalmente a la posesión del presidente Nicolás Maduro M y no indica la autorización de un enviado oficial a ese acto soberano de posesión presidencial. Solicita la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas, incluido su amigo Enrique Márquez, excandidato presidencial, también derrotado en las urnas; junto con Carlos Correa, de nacionalidad venezolana y española. Impulsa la propuesta de un dialogo interno de concesión a exponentes opositores, acusados de traición a la patria; bajo condición subjudice y en momentos en que las fuerzas armadas constitucionales (Guardia Bolivariana y Milicias populares) ejercen control y medidas preventivas para la preservación del orden interno constitucional bolivariano. Por último, reafirma su posición de no romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Físico gatopardismo de juego diplomático internacional, ante la defensa a ultranza de la soberanía bolivariana. La fiesta del bravo pueblo no se afectará con su inasistencia y se fortalecerá el nuevo Estado Comunal en respuesta del trasnochado neoliberalismo a lo Milei.

Fueron por lana y salieron trasquilados

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Por Carlos Meneses Reyes

Los abogados (pues no son equipo jurídico oficial) del señor presidente Gustavo Petro U, acudieron ante el sistema interamericano, que representa la Corte Interamericana y radicaron una solicitud buscando que la Corte IDH dictara órdenes urgentes ante la vulneración del «fuero integral» presidencial. La petición pretendía que la Corte IDH adoptara acciones “para salvaguardar los derechos a la protección y garantías judiciales y derechos políticos” del presidente. Todo por el accionar de una investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña electoral presidencial.

Al analizar el desarrollo y suerte de la petición, al parecer resultó inconsistente en el maremágnum de los hechos expuestos. No se fue claro, expreso e incisivo en donde está el yerro del CNE. Este, sin lugar a discusión, siendo competente para investigar, a fondo, los resultados de la campaña presidencial, que llevó al triunfo al presidente progresista-liberal, en el Proyecto de Resolución de Investigación, comete el error de involucrar en esa investigación administrativa al ciudadano, Gustavo Petro Urrego, con nombre de pila y cedula de identidad colombiana; siendo presidente de la República de Colombia. Al ser el candidato-presidente ganador, El CNE estaba en el requisito de adelantar Acusación ante su Juez natural, que lo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante y hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace?, por estar en contravía al Estado de Derecho y elucubrar malabarismos jurídicos que contienen el uso del Lawfare. Por ende, fue mal concebida la acción de petición ante el sistema interamericano.

No se sustentó, en la citada petición, que para el CNE los actores electorales, siendo uno de ellos “el candidato, quien, por Ley, es solidariamente responsable por la oportuna presentación de los informes de ingresos y gastos y por el debido cumplimiento de la normativa electoral”. Aquí está el nudo georgiano o quid del asunto; generando una situación, en tan álgido aspecto, que conllevó a una situación, de no solución y distrayendo la atención de los magistrados, quienes de manera genial resuelve en forma inhibitoria, por así mencionarlo, y que impide la participación como juez en esa causa.

Trabada la litis el Consejo de Estado de Colombia y CNE pidieron rechazar la petición de los abogados del señor presidente G. Petro U, aduciendo que se ajustaron al respeto al fuero. Sustentaron que “no hay vulneración alguna del artículo 23 de la Convención Americana», dado que las sanciones que ellos imponen “no restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular o de sus electores”. Lo cual es procedente, a todas luces, puesto que se está es en una etapa de investigación administrativa del acto electoral. El yerro radica en que la adelantaron contra la persona del señor presidente, es decir, sin el accionar paralelo ante su juez natural. De esto resulta la materialización del delito de prevaricato, obviamente; pero no es, esto, de la competencia y jurisdicción del sistema interamericano. Le corresponde es la Fiscalía General de Colombia actuar desde ya. Por ello se explica que la CIDH no acate el argumento de los actores de «La sanción de pérdida del cargo estará sometida a las conclusiones de la investigación adelantada por el CNE, limitando así implícitamente la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

Pero en el actual momento no se trata de sanciones sino de investigación…Analizando los argumentos de todas las partes, el pleno de la Corte IDH decidió, el pasado 28 de noviembre, declarar improcedente la petición que elevó el señor presidente a través de sus apoderados. O sea, una mala jugada en el aspecto de los tiempos procesales. Sustentó la CIDH «De la información aportada en esta solicitud de medidas provisionales no surge que el órgano administrativo en cuestión tenga la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente». Esto indicó la Corte. Y como los abogados citaron en mala argumentación el fallo del caso “monseñor” Ordoñez. El malvado y cavernario ex procurador general de Colombia; «La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el Fallo, con lo cual resulta improcedente», Que tal como lo expresó la Corporación, sea una enseñanza para lo que sobreviniere. Esto no requiere mayor explicación: La alta Corte resaltó que “debe darse la oportunidad al Estado de resolver la controversia de acuerdo con su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.

Con tensión y desasosiego por el conocimiento que como “Puro Abogado” tengo sobre estos temas escuchaba los análisis informativos oficiales al respecto y las subsecuentes excusas de manejo del medio oficial de información sobre lo sucedido al respecto. Y más grima causó la explicación de una vocera de la Coordinadora de Litigio Internacional de Cajar, expresando excusas a la opinión pública “por la mala interpretación de la sentencia de la CIDH”; siendo que desde que estaba en las bancas de la Facultad Nacional de Derecho de la UN, los egregios profesores enseñaban que las sentencias no se interpretan. Se aplican.

La emboscada al presidente Gustavo Petro U

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Por Carlos Meneses Reyes

Dos sucesos de realce importante se han sucedido en el escenario del juego político, debido a la intervención del Consejo de Estado de Colombia, que, objetivamente, ha tomado partido en el derrotero de la guerra jurídica, emprendida por las altas castas de narco-poder, que tiene por finalidad asestar un golpe blando, al señor presidente de la Republica, trastrocando el normal transcurso del periodo presidencial para el que fue electo. En tal sentido analizaré: Uno, el extemporáneo actuar del Consejo de Estado como contencioso electoral. Dos, la improcedencia de un recurso de tutela contra el presidente G. Petro.

Pronunciamiento del Consejo de Estado habilitando al CNE para investigar al presidente de la República de Colombia

Se parte como planteamiento de la situación , el mensaje X del señor presidente Gustavo Petro U, que dice así: “No acepto que a través de un documento de una Sala de Consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege / La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”.

Desarrollo. – Resulta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) elevó una consulta al Consejo de Estado, en el sentido si el CNE era competente para investigar por quebrantamiento de topes económicos a la campaña “Petro Presidente”, encausando al gerente de la campaña y al propio presidente de la República. El Consejo de Estado respondió a la consulta de manera afirmativa. En relación a eso, dijo, que en lo administrativo el CNE tenía competencia para investigar al señor presidente; a su campaña política y por ende a su Gerente y en lo penal para encauzar al Gerente de la susodicha Campaña. En contra replica, el señor presidente argumenta que el Consejo Nacional Electoral, tiene competencia para investigar quebrantamiento de tope de dinero gastado en campaña, hasta 30 días después de la elección y han transcurrido dos años; por lo cual el CNE perdió competencia. Por lo anterior, el presidente G. Petro U, dice, que no permitirá que violen el fuero que constitucionalmente posee; siendo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la única que puede iniciarle investigación sobre el asunto. De otra parte, en la motivación de sus mensajes en las redes sociales, el señor presidente argumenta, que, en lo constitucional y legal, la campaña electoral va desde que el CNE, autoriza el inicio de la misma, hasta un día antes de la votación, que es cundo se cierra. Que en ese sentido queda prohibido hacer campaña el día de las elecciones y es por ello que la acusación de incluir, en los topes de gastos, lo relacionado con los costos logísticos de los testigos electorales, no se consideran gastos de la campaña y, por ende, no se le deben cargar esos gastos, como el CNE pretende. De igual manera, rechaza el interés del CNE de incluir como aportes de la campaña presidencial, los aportes de los sindicatos de trabajadores, FECODE (del magisterio) y de la USO (obreros petroleros), pues estos fueron donados para la organización política Colombia Humana y no para la campaña electoral “Petro Presidente”. Y, además, argumenta el señor presidente G. Petro, que el Consejo de Estado carece de competencia y quien debe pronunciarse, al respecto, podría ser la Corte Constitucional

Así planteado, es dable entender que el Consejo de Estado no ejercía competencia para emitir el concepto solicitado por el CNE, puesto que, entre sus atribuciones, está el que debe actuar es como cuerpo supremo consultivo del Gobierno. Además, al Consejo de Estado le corresponde ejercer lo Contencioso Electoral ante la jurisdicción administrativa, en el caso de demanda de nulidad contra el acto de elección de carácter popular, en el proceso de elección y/o de escrutinio y en modo alguno se trata de eso. Y entiéndase bien, esto solo se puede accionar “antes de la declaratoria de elección” (Parágrafo. Artículo 237 de la Constitución Política de 1.991(CP91)). Al Consejo de Estado no le es dable desconocer el periodo de 30 días fenecido para que el CNE actuara.

Razón jurídica y política le sobra al señor presidente G. Petro, el que esa consulta del Consejo de Estado al CNE no es vinculante y se están basando en ese esperpento para investigarlo administrativamente y posiblemente suspenderlo o destituirlo de su fuero constitucional. Le asiste, por tanto, al señor presidente, la certeza y convicción manifiesta de estarse preparando contra él un golpe blando para sacarlo de la presidencia de la Republica.

La improcedencia de un recurso de tutela contra el presidente Petro

Un acontecimiento sorprendente contra la figura del presidente G. Petro, se ha dado con la procedencia de una tutela por parte de una Sala del Consejo de Estado incoada por un renombrado actor político, multimillonario y cuestionado por destinos non sanctus de recursos públicos, en el manejo investigativo contra la Nueva EPS. Nadie más indicado que la primera autoridad y funcionario, como lo es el presidente de la República, para poder ejercer control político, en ejercicio de su mando y dominio, y, en desarrollo de tal investidura, denuncie que un exponente de una familia de expresidentes, ha ejercido malos manejo y control de recursos públicos de la nación, destinados a la Salud. El señor German Vargas Lleras, incoo acción de tutela contra el señor presidente argumentando que al citar su nombre y el de su familia, en la investigación de la existencia de miles de facturas que ascienden a más de cinco mil millones de pesos sin pagar, habiéndose girado los dineros oficiales para ello; le violó los derechos fundamentales y de la honra. El lawfare (o guerra jurídica en español), se expresa en acciones como esa; como también la de pretender investigar al señor presidente por parte del CNE; que se suman a las innumerables expresiones de órganos o grupos económicos de presión, de manejo de la mass media; en el acumulado de instrumentos tendientes a generas un ambiente hostil a la figura presidencial, con el fin de confluir en el entretejido de dar un golpe de estado blando, que impida la continuidad del mandato electoral del señor presidente G. Petro.

¿Cuándo se presenta la acción de tutela? La acción de tutela se presenta únicamente cuando se esté frente a la amenaza o vulneración de Derechos Fundamentales, cuando no existan otros recursos ni medios de defensa judicial o cuando ya éstos se hayan agotado. Cuando el Dr. German Vargas Lleras, argumenta que, en la alocución oficial, el señor presidente vulneró su derecho fundamental y el de su familia al buen nombre y honra, pues se está ante un hecho consumado; no ante una amenaza a vulnerar ese derecho. En ese caso, el o los togados de la Sala del Consejo de Estado, han debido declarar improcedente esa tutela. Insólito que a los togados del Consejo de Estado se les aleccione que han debido declarar improcedente esa petición de tutela y haya de citárseles el numeral 4° del artículo 6° del Decreto 2591 y recordárseles lo definido por la Sala Constitucional, que como jurisprudencia les incumbe aplicar; puesto que la acción de tutela resulta improcedente, por carencia del objeto, al resultar evidente, que el actor o peticionario, al afirmar que se le causó daño a la honra, pues la violación de ese derecho originó un daño consumado.

La Sala recuerda que, según el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela resulta improcedente por carencia actual de objeto, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado. Cito aparte de la Sentencia T-988 de 2.007 de la Corte Constitucional de Colombia: “La Corte Constitucional ha dicho que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de derechos constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo esas circunstancias la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y justificación”.

Un tipo o ejemplar púbico como Vargas Lleras, “es alguien de quien no resultaría adecuado decir que se encuentra en una relación asimétrica con el accionado, así este sea el presidente de la República, y menos en una situación de indefensión”, tal como puntualiza la Alta Corte.

Sabido es que el presidente de la República, a pesar de su fuero penal, no se exime de responder por delitos como la injuria, la calumnia o la omisión de denuncia. Insólito que corresponda explicar a los togados y abogados del delfín presidencial, que al presidente de la Republica se lo juzga por delitos por acusación ante la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

Deduzco que está muy mal asesorado nuestro señor presidente. Seguramente esos abogados que le rodean, no han salido de las facultades o escuelas de derecho inspiradas en el movimiento popular. También, que la Sala del Consejo de Estado incurrió en delito de prevaricato.

La respuesta popular en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Quizás donde mejor se expresa la opinión de las masas, entendiendo por tal el pensar de las gentes, es en una manifestación pública. El analista se detiene en la variedad múltiple de los manifestantes. El andar de los marchantes; la dinámica del moverse de esa masa que desfila, cuál el reflejo de sus rostros; la creación de lo lúdico, en ocasiones con comparsas, formas de vestirse, etc. Sobre todo, el alto valor del contenido de las consignas, forjadoras y moldeadoras de opinión, para la conducción de esa marea humana. El énfasis de lo del momento en lo expresado e identificado con la coyuntura a resaltar o a alcanzarse en ese lapso de tiempo. La consigna y el coro que la entona, valora en cualificación política de ese instante u ocasión. El uso de altoparlantes, megáfonos o vehículos, con finalidad de expresión pedagógica, cual monitoreo indispensable en el que se mantiene latente el sentido, contenido y alcances de la protesta. El indispensable uso de cartelones, pancartas, pendones, que plasman la expresión del pensamiento, como el decir o presentación de situaciones, en el interés por ilustrar, por encauzar proselitismo. El circular de volantes, cuartillas, que van de mano en mano; se leen u ojean en el momento y se guardan, no se tiran; se doblan y que luego se repasan, en cumplimento de la finalidad del escrito, bajo la afirmación que todo escrito que cae en nuestras manos es para leerlo. Pues bien, todo este cuadro descrito brilla por su ausencia en las dos últimas marchas organizadas por la derecha militarista, para oponerse a las profundas reformas que impulsa el gobierno progresista- liberal de la dupla Gustavo Petro – Francia Márquez, en Colombia.

Ello redunda en que la persona, individualmente considerada, asiste, sin saber a qué. Eso fundamenta una consideración fáctica: los llevan, o les pagan por el favor. No les ata un pensamiento colectivo y consciente de grupo social y mucho menos de clase social. Por ende, es un conglomerado deformado que no expresa conciencia social y tampoco política (en el sentido no politiquero de la palabra). Le alienta un retorno al pasado, puesto que consideran o les han inculcado que lo presente; lo de los cambios, es anatema, excomunión, imprecación, que va a causar o producir daño. Algunas afirmaban que no pertenecían a partido político alguno. O que eran apolíticas. Otras que las reformas eran malas, sin explicar por qué. Para ejemplarizar, el contenido de esa masa informe, que conforma ese número de personas, que tampoco comporta la calificación sociológica y política de multitud; sino más bien propio de un gentío, en que aplica lo de Fuenteovejuna: “pá donde va Vicente; pá donde va la gente”.

No se requiere de esfuerzo mental, ni más de tres dedos de frente para concluir, bien por parte de quienes vieron pasar la informe manifestación del 21 de abril en Bogotá DC; o por la mayoría que la asimila, por los videos que circulan en las redes y en los montajes de los noticieros de las cadenas y medios de intoxicación masiva de la opinión pública; en el perene ejerció de aplicar una peligrosa afrenta al valor de la explicación de los hechos y la Verdad. Las manifestaciones de la derecha opositora en Colombia se caracterizan por carecer de contenido político e ideológico. Si nos detenemos por su contenido, dable es concluir que se trata de reunión (no interesa el número) de personas de conciencia deformada, carentes de ideología. En esto de las ideologías, suelen clasificarse en reaccionarias; es decir, conservadoras, temerosas de los cambios, buscando el mantenimiento del estado de cosas injustas, inequitativo e institucionalmente hasta inconstitucionales. Están atados (as) al pasado. Son reaccionarias. Clasistas, misóginas (desprecio a lo de género), discriminadoras, racistas. Pero también las hay en ideologías que abanderan, defienden los cambios sociales, en beneficio de los desposeídas, ninguneados, discriminados; apropiando la ruptura del estado de cosas y radicalizando en la necesidad de los grandes y profundos cambios políticos, sociales, económicos, ecológicos y de manejo de poder territorial, que demanda, tanto la sociedad, como la nación, el país, y que sobresale en los límites en una conducción liberadora, de poder popular, del conjunto del Estado colombiano.

El reto al movimiento popular

Las movilizaciones populares a favor del gobierno progresista afrentan mayores retos. Se enfrentan a consideraciones en lo organizacional y de falta de recursos. Asume con claridad lo de logística, en cuanto a organización y estrategia y cuenta con el valioso elemento de la disciplina consciente y la asistencia voluntaria en defensa de sus ideales y la concreción de las tareas políticas, gremiales, etc. La eficacia y exito de la movilización popular tiene que ver, tanto con la fuente de convergencia de los potenciales movilizados; como por los medios y recursos que requieren para ello. Asistimos a una cruda realidad: pese a contarse con el Ejecutivo nacional, el movimiento popular está carente, solo, empeorado. Al aspecto se pudiere intentar abordar una sintomatología. Destaca lo particular de una enfermedad ocasionada por la carencia de activistas, cuadros políticos, militantes, a favor de las reformas presentadas por el gobierno nacional, en el engranaje burocrático en los niveles municipal, departamental y nacional. Asistimos a un gobierno no defendido por sus aliados. Empleado publico es la persona que trabaja en los ministerios, departamentos administrativos, órganos de control, superintendencias, cámaras de comercio, establecimientos públicos del orden nacional, departamental, municipal. Existe descontento en las bases populares pro gubernamentales por la desidia, abandono, falta de oportunidades y no enganche significativo de votantes activos, que no han recibido- no un reconocimiento- sino el derecho propio, equitativo y justo al alcance de compensar su esfuerzo, dedicación y lealtad al gobierno, con un cargo público para él y/ o sus familiares. Se estima que la nomina burocrática estatal a nivel nacional (las tres ramas); las dependencias administrativas de las fuerzas armadas; el aparato institucional estatal cobija alrededor de cinco millones de empleados públicos. Esto sin mencionar a quienes se vinculan a servicios públicos, propios del Estado, mediante la modalidad, de asesores, contratistas, etc.

Sin pecar de simplismo, el gentío que colma las manifestaciones anti gubernamentales en Colombia, está compuesto de escorias o elementos ligados a todos los gobiernos anteriores, desde el milimétrico reparto estatal del frente nacional y que medran con la reputación de los gamonales, desde antaño, clientelistas y corruptos; que reconstruyen su propia reputación de derecha y por ende, contrarios a los intereses populares; manteniéndose con artimañas non sanctas en los cargos públicos, al que los ha atornillado un sistema electoral clientelista y corrupto, y se aprovechan, de las circunstancias, hasta mas no contar. Todas las entidades en el país, incluso adscritas directamente a la presidencia, mantienen en sus entrañas a funcionarios de gobiernos anteriores y cuotas políticas corruptas e irremovibles y de reconocida posición antipersonal al presidente y al gobierno. En el Mintic, por ejemplo, desde que se posesionó el actual ministro congeló los nombramientos, no permitiendo el acceso de la propia gente calificada que defiende al gobierno. Ni que hablar de las cuotas instaladas de la ex alcaldesa López, quien, con su posición militarista, a diario despotrica de las iniciativas del presidente G. Petro. O del caso del abogado, vinculado por un contrato de servicios, en Ecopetrol, por un costo de $71 millones de pesos y fue fotografiado, in fraganti, marchando contra el gobierno del presidente G. Petro. Se haría interminable el listado de las favorabilidades burocráticas, por una mal y errada concepción de “gobernabilidad”; que sobrepasa los limites de la tolerancia y la ironía. Qué no decir del servicio exterior en zonas fronterizas como Cúcuta. También mencionar como un exabrupto la denominada “carrera diplomática”. Nada más inconveniente y con visos de inconstitucionalidad, al limitar el ejercicio soberano del jefe de la diplomacia y relaciones exteriores, radicado en la persona del señor presidente de la Republica.

Y esto constituye solo un asomo de afrenta al movimiento popular, a sus líderes y cuadros de la izquierda, como si fueran odiados y que incluso no son reconocidas por congresistas del mismo Pacto Histórico. Y para concluir, también resulta incomprensible e inconsecuente, que los aspirantes a las gobernaciones por el pacto Histórico, que no resultaron electos en el andamiaje del juego clientelista y de casino en que les tocó competir, no resulten excelsos con un cargo publico nacional o regional. Destaco en esto, al valioso líder magisterial y popular de Cúcuta, que aspiró a la Gobernación, Ramón “el profe” Tamara, relegado al “olvido” por parte de un gobierno al que le ha brindado sobrada lealtad.

La derecha militarista esperaba pescar en río revuelto. Pues no, ahora viene la respuesta popular en su inclaudicable decisión y posición de consolidar el poder popular. Por un 1º de Mayo en beneficio de los y (las) trabajadores y trabajadoras. ¡Adelante! ¡A la Carga!

Entendiendo al presidente de Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El sistema electoral venezolano es tan asimilable en eficacia; como comprensible es el sistema electoral colombiano, en las falacias que lo sustentan, al pretender darle un razonamiento valido de eficacia. En Colombia predomina en lo electoral una apariencia de funcionamiento correcto en lo eficaz. Lo eficaz, en lo electoral, no dista del significado de la Real Academia de la Lengua: “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ambos sistemas electorales se fundamentan en la aspiración constitucional del derecho de cada ciudadano (a) a elegir y a ser elegido. Constituye premisa esencial de reconocimiento de los derechos políticos. Lo más característico de los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela radica en diferenciar (no comparar) en donde arraigan los presupuestos de viabilidad para que ese ejercicio se dé o se cumpla. Por ello, en los sistemas electorales de ambos países, no existen punto de comparación. En Colombia asistimos a un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Enmarca dentro del álgido conflicto político que impera en Colombia. Esto no sucede, no se da, en la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, el factor de eficacia es totalmente diferente.

Se puede predicar que en Colombia no existe un sistema de oposición político articulado. Ha hecho carrera, durante este último periodo presidencial, una oposición institucional (no institucionalizada) en que las diferentes ramas del poder se enfrentan a la rama ejecutiva, alterando el principio de desarrollo armónico de la tridivisión del poder público. Oposición política partidaria no se da en Colombia; esta se diluye en intereses difusos de camarillas y de un partido inscrito que más parece una secta. Hacen coro opositor los órganos de control constitucional (Contraloría General, Procuraduría General). También los que, mutuo propio, se erigen como “de control” y son apéndices, el uno de la justicia como lo es la Fiscalía General (no considero que fue, puesto que, con la manida elección de la Nueva Fiscal General, en nada cambio la componenda corrupta imperante en ese organismo, controlado por la clientelista Corte Suprema de Justicia.) El otro, el Defensor del Pueblo, cual una bolsa de residuos de la Cámara de Representantes de mayoría opositora de derecha y el titular de su elección, como otro integrante en el sainete de conspiradores.

Por el contrario, en Venezuela la oposición si hace uso, en ejercicio, de ese derecho político. Y las diversas ramas de poder (que no son tres como en Colombia) operan de forma armónica en garantía a la integridad de la Constitución Bolivariana. Allá, el Poder Público se constituye, nacionalmente, en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. Ese Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector. De manera que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Maduro. Entre las múltiples funciones soberanas que tiene el Poder Electoral, está la de “reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan”. Organiza las inscripciones; vela por que se cumplan las disposiciones legales al respecto. Existe un Comité de Postulaciones Electorales que lo integran diferentes sectores de la sociedad civil (léase bien). De manera que la premisa del derecho fundamental de elegir y ser elegido si que redunda en garantía de existencia y de eficacia en el régimen electoral bolivariano de Venezuela.

Resalta que hasta el 1º de abril-fecha limite- 13 candidatos que cumplieron con los requisitos y respaldados por 37 organizaciones políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para aspirar la Presidencia de la Republica en las elecciones nacionales del próximo 28 de julio de 2.024. De esos candidatos inscritos, 12, pertenecen a sectores de oposición política. El candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato de 11 organizaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Todos, desde la extrema derecha opositora, disidente y nueva; hasta los partidos tradicionales vetustos: Acción Democrática y Copei, del antiguo régimen bipartidista oligárquico, gozaron de las mismas condiciones, requisitos, plazos, etc.

Lo incongruente, lo ilógico y lo contradictorio

En el abanico de aspirantes a elegir y ser elegido se inscribió un movimiento político conocido como Vente Venezuela, creado por la opositora María Corina Machado hacia finales del año 2.012. El 13 de mayo de 2.015 el CNE negó la inscripción como partido político de Vente Venezuela. Desde entonces no ha sido inscrito como partido electoral. En un trámite espurio, falso y fingido, la Asamblea Nacional profirió un acto de “legalización” de ese partido, sin tener jurisdicción para ello, puesto que el órgano de poder electoral es el CNE, al que no volvió a radicarse, por parte de interesado, solicitud de nueva personería. Esto a manera de explicación. La representante de esa expresión Vente Venezuela, optó por una posición abstencionista ya que María Corina Machado considera que las elecciones en Venezuela son “un sistema de extorsión” y una “simulación electoral”. Fue hasta el año 2.023 que María Corina Machado anuncio su precandidatura presidencial por Vente Venezuela. A sabiendas de la carencia de tipo para esa clase de aspiración por el no reconocimiento de Vente Venezuela, en el CNE, María Corina Machado, montó en escena unas elecciones primerias de la oposición, en Vente Venezuela, en que ella dizque logró el primer puesto con un elevado y mayoritario número de electores. Eso fue realizado por fuera del sistema electoral venezolano, que lo rige el CNE. Y así en esa ilusoria fantasía y despliegue publicitario internacional, bajo el arbitraje de una organización Súmate, de la cual María Corina Machado, es su fundadora, se proclamó candidata única de la oposición venezolana y obvio, pues no aparece inscrita en el Registro Electoral arbitrado por el CNE y, por ende, no es candidata para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2.024 en la República Bolivariana de Venezuela.

No voy a detenerme sobre acusaciones de tipo penal contra la señora María Corina Machado. Redunda si un prontuario de varios aspectos de carácter administrativo, tan a la mano en momentos como el actual, en que se necesitan. La Contraloría General de la República la inhabilitó el 13 de julio de 2015 y en 2021 la Contraloría extendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Siendo Diputada de la Asamblea Nacional, registra una situación difícil, que la lleva a un callejón sin salida, al aceptar ser embajadora alterna del gobierno de Panamá, en una sesión plenaria de la OEA, en que se invocaba, torticeramente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, buscando sancionar a Venezuela; actuando, pues, como agente de un gobierno extranjero. Esto sobrepasa en violación todos los presupuestos constitucionales para que un originario de un país aspire a ser el presidente de esa República.

La falta de consistencia

Pues está bien que, sin tarjeta electoral, sin opción de participar en las elecciones presidenciales, engañe a incautos y/o enajenados por la dictadura mediática nacional e internacional. Pero a Jefes de Estado o a quienes dirigen el ejecutivo nacional de un país, prácticamente es desconcertante. Sorprende, suspende el ánimo, tanto de seguidores electores, en Colombia, como de cualquier desprevenido analista.

 Mienten al decir que el gobierno bolivariano la inhabilito y que le teme a su fantasiosa candidatura. Ella reta y mantiene su ilusa candidatura pese al veto oficial. Resume una ambición personal de poder personal. También al decir que inhabilitar a María Corina Machado significa una violación de los acuerdos de Barbados, sin sustentación alguna probatoria al respecto. Corresponde rechazar las amenazas e intentos de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela e intentar desconocer el proceso electoral de 2024. También repudiar el ultimátum dado por los EEUU.

Es dado el concluir que no existe asomo de un “golpe democrático” en el limpio o preclaro proceso electoral analizado. Tampoco existe punto de comparación con algún caso similar en Colombia. Y en lo de la recolección de firmas.

La conducta asumida por la señora María Corina Machado es tan cómplice, que ya ad-portas de vencerse el plazo de inscripción, mutuo propio, designó a una sucesora, a quien busco con asonancia a su nombre de pila y presentó a la octogenaria Corina Yoris; resultando un fiasco, al no obtener el apoyo necesario de partidos de oposición que si parecían registrados y con capacidad legal de avalar.

Pero la oposición cuenta con otro u otros candidatos. La Plataforma Unitaria logra registrar, en una extensión del plazo, al diplomático Edmundo González Urrutia, antiguo integrante de Un Nuevo Tiempo, bajo las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. El CNE, al parecer, abrió una prórroga de algunas horas para inscribir al candidato de la MUD. Eso pareció volvió a darle alas a la insulsa María Corina. También aparece registrado un candidato de la oposición menos pensado: Manuel Rosales.

La frustrada aspirante decidió no tomar la opción legal electoral de acudir a la recolección de firmas, siendo que decía tener mas de 2 millones de votantes. Tuvo todo el tiempo requerido y no lo hizo. Valga aquí explicar que ese recurso de grupos de electores, por iniciativa propia, de recolección de firmas, esta muy lejano, en Venezuela, a la practica de casino, de mejor postor y de compra de votos, imperantes en el corrupto sistema electoral colombiano. Vendrán las elecciones. Amanecerá y veremos.

Análisis de parte de la encrucijada colombiana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El panorama económico, político-social del país, avizora una ruptura y conforme al pensador político Gramsci, la ruptura no es un riesgo; se traduce en resultado, porque la hay. Se expresa en el rompimiento por parte de un gobierno progresista en el mantenimiento de viejas prácticas.

Los sectores y gremios económicos, financieros, de la producción, han asumido una posición de contradictor político, sumándose al juego de instancias institucionales de control constitucional (Fiscalía, Contraloría) y de poder público; desde niveles como la Defensoría del Pueblo, Gobernadores y alcaldes, mantenidos en confrontación con el Ejecutivo presidencial. A toda costa buscan frenar las iniciativas de desarrollo y desempeño gubernamentales y para ello acuden, en lo denominado en análisis serios y sustentados de la realidad nacional, como el ariete de la oposición institucional para crear el caos, sin cortapisas. Los órganos de presión (Fenalco, Andi, Sac, etc.) el sector financiero parasitario, la banca privada y la rectora de ella, el Banco de la República, con excesivo apegó a los intereses de la oligarquía- que no burguesía productiva en Colombia- se alían, tal como en la Fuente Ovejuna “todos a una”, contra el gobierno progresista de G. Petro U.

Actuando como órganos de poder y en sustento y apoyo en la piara congresional y el no menos importante, o por llamar recurso del poder judicial, expresado en las altas cortes; entretejen en la enredadera legal y entramado de la maraña legalista; lo que se ha dado en llamar, en el escenario político latinoamericano el Lawfare.

El Lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país, sin mediar consideración en los graves efectos que tales extralimitaciones causen. El caso contra el Canciller Leiva es el más emblemático.

El Lawfare traducido al español significa “guerra jurídica”, como juego, en la práctica, del recurso de arma política y que busca, mediante el uso de procesos legales, inmovilizar a la primera autoridad administrativa del país, para destituirlo y de paso, afectar al gobierno en el dúo: presidente-ministros, destruyendo la valía de ellos, en búsqueda a imponer actores que afine el torvo propósito de la derecha militarista en Colombia, de retomar el gobierno que han perdido en el escenario electoral, al contarse, por primera vez en 200 años de historia, de gobiernos provenientes de las castas esclavistas y explotadoras, con un presidente progresista y de inspiración popular.

Continúa el proceso de golpe blando

Con la controvertida Fiscal Mancera, ungida por encargo por la procaz, desvergonzada y opositora Corte, en función administrativa, continuará el golpe blando. La Corte Constitucional ha sido inferior a la función constitucional, al desconocer que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”; expresada en su demanda de ejercicio directo de democracia en las calles. Haciendo eco a la imposición de la dictadura mediática “de darse los tiempos”, a sabiendas, como autoridad constitucional, que, para su función de nombrar a la Nueva Fiscal, que no es función judicial, no existe plazo o términos (que serían de orden público) y por ende debe regirse por el principio de celeridad administrativa; el cual ha desconocido olímpicamente.

¡Predomina la indecencia y se impone la movilización popular para dejar atrás la maraña leguleya y se defina la elección de la Nueva fiscal general, ya!

El Fiscal saliente, de apellido Barbosa, no cesará en su tarea de conspirador. Es un delito en la legislación penal colombiana y el sujeto de marras incurrió en lo así tipificado como servidor público en ejercicio que no debía intervenir en política. Fungió como sujeto visible de accionar opositor a las incitativas y tareas del gobierno, en cabeza del presidente G. Petro.

El delito de conspiración es prima facie del concurso de delitos de asonada, sedición y rebelión. Un conspirador es un sujeto político que se pone de acuerdo (publica o secretamente) para actuar en complot, uniéndose a las voces opositoras contra su superior o soberano. Sus giras en escenario de los grupos de presión económica, como Fenalco, para despotricar de lo habido y por haber del gobierno del presidente G. Petro, así lo tipifican. La Corte al dilatar la designación de la Nueva fiscal general se amanguala para impedir el inicio de la investigación penal contra ese sujeto.

¿Y del crecimiento económico qué?

Las cifras del Departamento Nacional de Estadística – DANE, eran de esperarse, por ser de conocimiento anticipado y de prever o ver algo con anticipación, por parte de la opinión pública nacional, en el actuante gobierno del presidente G. Petro. Así expresado porque contamos con un presidente economista, estadista y de valía internacional. Y en el evento que el decrecimiento de la actividad productiva nacional (esencialmente privada), trajere pronósticos de afectación al grueso y amplio conglomerado de la población colombiana, pues el armonioso equipo de gobierno dispone de los instrumentos necesarios, para con anticipación, disipar obtusas y maquiavélicas conjeturas de afectación, no digo a Colombia, puesto que tendría que entrar a dilucidar a cuál de las dos Colombia; afectan como tampoco a lo corporativo nacional, sino al pueblo llano, que como debe ser, es la mayor preocupación de un gobierno progresista con inspiración popular.

Detengámonos en considerar que conforme al muestreo de la expansión anual de la actividad productiva llegó a un 0.6%. Pero ese bajonazo redunda en un efecto contrario a los intereses corporativos y financieros parasitarios de la banca colombiana. Afecta al sector de la construcción, el comercio, la industria. Comulgo con la visión alternativa de la economía política que el crecimiento económico no implica beneficio para las clases populares. Por ende, el decreciente avance económico de la actividad productiva del capital privado no afecta a la clase proletaria colombiana que continua con la egida constante de solo perder las cadenas económicas y de explotación que la agobian. Me endilgarán que ya proletarios no hay sino clase media proletarizada. Pues magnánima enseñanza para quienes sin tener nada defienden a sus amos explotadores.

Una cosa es la productividad y crecimiento económico de quienes tienen los instrumentos de producción privado y otra el crecimiento y la inversión estatal o pública en el área de producción y de servicios públicos esenciales. Así, los grandes cacaos de la construcción han decidido no invertir, no construir, para no generar empleo y así contribuir a dar el golpe blando al gobierno progresista de G, Petro. Igualmente sucede con el cero inversiones en la industria. Tienen tanto que la depreciación del capital fijo no les afecta. Y sobre la afectación en el comercio a esos, con un opositor conspirador con la fiscalía general como lo es Fenalco, sí les ha golpeado ponerse de talanquera en la noria de las reformas laborales de fondo para que la clase trabajadora tenga capacidad adquisitiva y de compras. Y porque no mencionar el intocable sector de la Banca privada, con el manejo expoliador de los ahorros y dineros del pueblo colombiano. Esos parece que pasaren de agache puesto que, a pesar de todo, sus ganancias son inconmensurables. Y es a la autoridad monetaria, expresada en el Banco de la Republica la que debe responder ante tirios y troyanos por su intransigencia y oídos sordos en la no baja de las tasas de interés. Para muestra un botón: el economista presidente G. Petro, condena la práctica mafiosa del “gota a gota” con propuestas de apertura de créditos bancarios. Sin caer en simplezas, para activar la agroindustria en la obtención de la soberanía alimentaria; igual, para disminuir el aval de importaciones que significan, en un Narco Estado como el colombiano, el lavado impune de activos de las mafias, el atraso a la industria vernácula (con el no crecimiento de exportaciones) y de contera golpear estructuralmente el azote del contrabando. Pero no, a todo eso oídos sordos puesto que se está en un gobierno de inspiración popular; pero en el ejercicio de un poder político y económico de los corporativo y oligárquico bajo los designios de la derecha militarista. Los gurús económicos de la oligarquía (que no burguesía productora), al tiempo que los cacaos y empresarios vende patrias (al estilo de la traidora Corina Machado en el vecino y querido país bolivariano) deciden posponer sus proyectos de inversión; mantienen el bloqueo a las profundas reformas al sistema mafioso de la Salud, lo Laboral y de Pensiones, por mencionar lo más álgido.

No se puede menos que calificar de insolente que, siendo el sector corporativo y empresarial de derecha, los causantes del decrecimiento en el sector productivo privado se lancen en ristre contra dizque “el mal comportamiento” de los hogares colombianos en la demanda de consumo de alimentos, en las compras en el comercio y valga pues, en la adquisición de vivienda. Son unos desvergonzados.

Comprendiendo que me haría extenso en sustentar la eficiencia administrativa gubernamental en la ejecución y búsqueda permanente de salida en la próspera ejecución del presupuesto nacional, producto de la reforma tributaria obtenida y del Plan Nacional de Desarrollo, que es inversión pública y como ley, de estricto cumplimiento.

Téngase como solida presentación la de un gobierno condescendiente en el bienestar popular, con las zonas de la profunda Colombia olvidada.

De insolente califico el tamaño despropósito de cargar en los hombros del pueblo colombiano el deseo apátrida de fugar los capitales nacionales y de inversión; de no producir fuentes de trabajo, ni de compaginar en la búsqueda de una armoniosa economía de consumo y productiva. De descalificar a los más altos funcionarios del gobierno, sumándose a la actitud hostil de impedir la ejecución de los presupuestos públicos.

Continuaran en la llamada “guerra jurídica” implementando el golpe blando del Lawfare; pretendiendo la explosión de la ultraderecha continental y la actitud hostil contra los altos funcionarios. Pero se está al orden del día. Con la decisión inquebrantable y unánime de la movilización popular contra el golpe militari manu, develado.

Comunicado internacional: Inminente amenaza de golpe de Estado en Colombia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colombia, 2 de febrero de 2024

Comunidad internacional

REF.: INMINENTE AMENAZA DE GOLPE DE ESTADO EN COLOMBIA

Como sociedad civil colombiana nos vemos en la imperiosa necesidad de dirigirnos a ustedes, ciudadanos del mundo, gobiernos, congresistas, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, partidos políticos, sindicalistas y demás, para alertar y expresar nuestra profunda preocupación, por la persecución política desatada en contra de nuestro gobierno y del presidente, nominado a premio Nobel de Paz: Gustavo Petro.

Nuestro presidente fue elegido democráticamente con la máxima votación alcanzada en la historia de Colombia: más de 11.000.000 de votos.

Desde la posesión del presidente Petro, varios funcionarios y entes de control están perpetrando una estrategia de desestabilización del gobierno, extralimitándose en sus funciones y actuando en un falso rol de jefes de oposición, desconociendo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Esta misma estrategia se usó cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá lo que lo obligó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual dictó fallo a su favor.

Ante esta grave situación, los Colombianos, sentimos la responsabilidad de alzar nuestra voz ante las acciones irresponsables y corruptas que están socavando los cimientos de nuestra democracia.

La Fiscalía General de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro.

Hoy, las Altas cortes de Justicia: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral han estado expidiendo fallos en contra de la ciudadanía, de decretos que expide el gobierno para impedir restablecer los derechos nuestras comunidades que han sido abandonadas por más de 200 años. Así mismo, han impuesto sanciones a nuestros congresistas, senadores y alcaldes elegidos democráticamente hasta impedirles ejercer sus funciones y retirarlos del cargo. Hay una persecución sistemática al Canciller, ministros, congresistas, sindicatos, organizaciones campesinas y líderes sociales.

La Corte Suprema de Justicia quiere perpetrar una ruptura institucional en la elección de Fiscal General de la Nación violando el debido proceso, nuestros derechos fundamentales e incumpliendo la Constitución.

Varios periodistas respetables y funcionarios honorables, han denunciado con pruebas, una red de corrupción liderada por el Fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera y la procuradora Margarita Cabello.

La Fiscalía, las Altas cortes y los organismos de control, no cumplieron con su misión sino que se dejaron permear por una red de narcotráfico y corrupción.

Los últimos informes muestran que en Colombia hay un 94% de impunidad, además de documentar que estos organismos se transformaron en agentes de persecución política.

Expresamos nuestro respaldo incondicional a los esfuerzos que viene realizando nuestro presidente Gustavo Petro por conseguir LA PAZ TOTAL, la cual es posible a través de reformas estructurales socioeconómicas que propuso en su campaña y que el pueblo respalda.

Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que se solidarice con Colombia en su lucha por la justicia, la transparencia y la democracia y que la OEA apruebe lo antes posible, una Comisión internacional de justicia.

PETICIONES

Solicitamos a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países:

  1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.
  2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.
  3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.
  4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente.
  5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos.
  6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

 Firmemente,

EL PUEBLO DE COLOMBIA

CONSTITUYENTE PRIMARIO Y ORGANIZACIONES:

A.C.M, Agenda Internacional de Paz Londres, Alianza Social Independencia, Ambiente Diverso, Aprodic Cartagena, Asociación Animalista Libera, Asociación de Consejos Comunitarios y organizaciones Étnico territorial del Bajo Atrato ASCOBA., Asociación de Juntas de Acción Comunal Corregimiento de La Marcada, Dosquebradas, Risaralda, Asociación de Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras, ASOMAMIWATA, Asociación de organizaciones campesinas y populares de Colombia «El Común», Asociación de Teólogos y Teólogas Amerindia, capitulo Colombia, Asociación LGBTI ASISOMOS de Puerto Asís -Putumayo, Asociación Lgtbi Amazonas Sin Fronteras; Asociación Mujeres y Paz – Pasto -Nariño, Asociación Mutual abril San Damián – Diversidad, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC, Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño AMOR, Asociación Sembrando Semillas de Paz, Buenavibra por la paz, Campaña Paz Completa, Campaña Plántate en Si a La Paz UTRADEC-CGT, Casa de la Mujer, Cátedra Paulo Freire, Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Acciones Integrales para la Mujer, Centro de Estudios Urbano Pastorales, Centro de Estudios y Revista Nueva Gaceta, Círculos Ecuménicos por la Paz, Coalición Transgénero, Codhes, Colectiva Feministas Emanciatorias, Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, Premio Nacional de Paz 2003, Colectivo de mujeres – Malu, Colectivo León Zuleta, Colectivo León Zuleta Cartagena, Colectivo León Zuleta de Cúcuta, Colectivo León Zuleta de Ibagué, Colectivo León Zuleta de Tuluá, Colectivo León Zuleta de Villavicencio, Colectivos de Comunicaciones de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Coljusticia, Colombia en Pau, Colombia Somos Todos y Todas, Colombianos en el exterior, Combito LGBTI, Comisión Claretiana de Justicia, paz e integración con la Creación., Comisión Política Confecomunal, Comisiones Ciudadanas De reconciliación y paz de Arauca, Comisiones ciudadanas de Reconciliación y Paz., Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Seccional Antioquia, Comité Regional de Planeación participativa del Magdalena Medio, Community Network, COMOSOC, Común Acuerdo, Comunales por el Sí, Comunitar, Conectados Con La Paz, Confederación Nacional de Acción Comunal, Conferencia de religiosos de Colombia, Conferencia Nacional de Organizaciones Afro Colombiana, confluencia LGBTI Cartago, Confluencia LGBTI de Zarzal, Conciencia Animal UNIANDINA, Consejo comunitario del San Juan ACADESAN, Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, Consec, Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño, Consuelo Malatesta, Coordinación de Consejos, Comunitarios y Organizaciones de Base de la Costa Pacífica en Cauca COCOCAUCA, Coordinación Regional del Pacífico , Organizaciones Étnico Territoriales y las Diócesis del Pacífico, Corporación Universo LGBTI, Corporación ÁGORA Club (Pasto), Corporación Caleido de Ansermanuevo, Corporación Caribe Afirmativo, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Corporación Ciase, Corporación Colectivo Consciente, Corporación Colombia Somos Todos y Todas capítulo Meta y Jamundí Valle del Cauca., Corporación Conciudadanía, Corporación Corpo Colombia-verde, Corporación CSOMIANCOL, Corporación Humanas, Corporación Jurídica Libertad., Corporación Ocasa, Corporación Otra Escuela, Corporación Otra Escuela – Luis Benítez,, Corporación Podion, Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez, Corporación Red Somos Corporación Región, Corporación Reiniciar Tolima, Corporación Simbiosis, Corporación Somos, Corporación Vihda Nueva Bucaramanga, Corporación Viva La Ciudadanía, Cumbre Nacional de Mujeres de Paz: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC, Casa de la Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Mujeres por la Paz,, Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Grupo de Seguimiento de la Resolución 1325,, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA y Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP, CUT, Discapacidad LGBT Palmira Valle, Ego City -Medellín, EnClave de Paz, Endémica Studios, ENS, Equipo Multisectorial de Planeación Participativa de Barrancabermeja, Familia Franciscana de Colombia, FAONG – Federación Antioqueña de ONG, Federación de Acción Comunal de Risaralda, Florida Diversa – Valle del Cauca, Foro Internacional de paz, Fundación Ágora Valle, Fundación Amcodesh., Fundación Arenosa Vive, Fundación Caquetá Diversa, Fundación Caracolas de Paz de Nariño y Putumayo, Fundación Ceprod, Fundación Colectivo Red Diversa, Fundación Franz Weber, Fundación Fundescodes Buenaventura., Fundación Fundexco, Fundación Glaris, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAAT, Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, Fundación Matices Valledupar César, Fundación Mencoldes, Fundación Picachos, Fundación Plataformas de Pereira, Fundación Propaís Colombia, Fundación Proyecto Gente, Fundación Proyecto Gente, Fundación Rainbow Diverso, Fundación Realpe, Fundación Social Colombiana Ceda Vida, Fundación Trinity Church, Fundación Tuluá Diversa, Fundación Vida Digna, Fundimur, Gempaz, Gestapaz Barcelona., Grupo de Animadoras de apoyo psicosocial de 11 municipios del Occidente Antioqueño, Grupo de Apoyo y de Estudios de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional (Gands UN), Grupo de Ciudadanos-as #ConElPoderDeLaGente, Grupo de mamás lesbianas, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, Grupo Líderes Educando a través de Líderes en Acción, Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, Ideas para Gobernar, Iglesia anglicana de las américas, ILSA, Juventud Patriótica del Partido del Trabajo de Colombia,, JUPA – PTC, Kinorama producciones, Lesbiápolis, LGBTI por la Paz Maestría en Planeación para el Desarrollo, Universidad, Santo Tomás, Mesa de participación Ciudadana LGBT de Tuluá, Mesa de trabajo LGBT de Bogotá, Mesa de Víctimas Florida Valle, Mesa Departamental de Víctimas del conflicto armado de, Antioquia-sociedad civil-,, Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctima, Mesa Ecuménica por la Paz, Mesa LGBTI Comuna 8 de Medellín, Mesa LGBTI de Barranquilla, Mesa LGBTI de Nariño, Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales, Mesa Sucreña por la paz, Minga Casa Gestante – Choachí, Cundinamarca, Mom Paz – Pradera -Valle, MOSODIC, Movice, Movimiento defensa del territorio Cauca Medio, Movimiento Nacional Colombia Renace Movimiento por la Vida, Mujer Paz Pan y Vida de Barrancabermeja, Mujeres por la Paz, Observatorio para la paz, ONIC, Organizaciones del Consejo Participativo LGBTI de Pasto y Nariño, Orgullo LGBT Colombia, Padres obreros del espíritu santo O.E.S de la iglesia anglicana de las américas, PARCES ONG, Partido Comunista Área de Diversidad Sexual y de Géneros, Partido del Trabajo de Colombia – PTC, Pastoral indígena Diócesis de Quibdó., Pastoral indígena Diócesis de Tumaco., Pastoral Social del Vicariato Apostólicos de Guapi., Pastoral social Diócesis de Palmira., Pastoral social Diócesis de Tumaco, Pastoral social Diócesis Quibdó., Pax Christi Medellín, Paz a la Calle, PasA La Calle BCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Plataforma ALTO, Presbiteras Católicas, Programa Radial Tráfico Diverso, Promueve Tu Ciudad, Proyecto Ágora Joven- Nariño, Puentes para la Paz, Red Caribe por la Paz, Red de mujeres de Caldono, Red de Mujeres del Caribe, Red de Programas de Desarrollo y Paz, Redprodepaz, Red Interuniversitaria por la Diversidad de Identidades Sexuales, Red Nacional de Mujeres, Red Nacional en Democracia y Paz, Redepaz, Redes locales de Paz y reconciliación de 11 municipios del Occidente, REDLAD Colombia, Rodeemos el Diálogo – ReD, Santamaría Fundación, Santander por Naturaleza Nodo Cuenca Río Fonce, Sector Diversidades Marcha Patriótica, Sembrando Paz, Si Ambiental, Si Conservador por La Paz igual, Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, Sisma, SUMA CGT, TIC4GOOD, Tráfico Diverso, Transescena, Tunja Ambiente Diverso, Twiggi Fundación, Un Millón de Mujeres de Paz, UNA – Unidad Nacional Agropecuaria, UNEB – Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uniandinos por la Paz, Vamos por los derechos LGBTI, Veeduría ciudadana al plan de desarrollo de Medellín, Visión Pacífica, Voces de paz ORGANIZACIONES

COMUNICADO-INTERNACIONALDescarga

Denunciamos la amenaza de golpe de Estado contra el gobierno democrático y legítimo de Gustavo Petro

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, sábado 3 de febrero de 2024

Partido Vanguardia Popular

La deslegitimación de las instituciones democráticas, la peligrosa incitación a la rebelión, al golpe, a dar lugar a la injerencia imperialista y provocar elementos conducentes para la guerra civil, no es ninguna exageración en este momento en la cartografía política de nuestra hermana República de Colombia.

En situaciones así, los cimientos más firmes de la democracia se ven seriamente afectados. Siguiendo el esquema de G. Sharp, la construcción de los cinco pasos básicos para ejecutar el golpe, están claramente establecidos: En la “dictadura a la democracia” Gene Sharp, analiza, describe y comprueba acerca de 198 métodos para derrocar Gobiernos mediante “golpes suaves o blandos”.

 La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.

 La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.

 La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.

 La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de ingobernabilidad; finalmente,

 La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle.

En Colombia, a la oligarquía reaccionaria y defensora del terrorismo de Estado y el narcoestado, les ha dolido sobre manera el triunfo de la democracia popular, impulsada por el proyecto de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

No hay golpes de Estado blando ni suaves, todo golpe de Estado tiene un claro contenido reaccionario cuando es impulsado por las burguesías y oligarquías parasitarias o los testaferros internos que sirven incondicionalmente a los intereses perversos del imperialismo yanqui. Hoy con nombres y apellidos: “La fiscalía general de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro” 

Colombia, está así bajo una inminente amenaza de golpe de Estado. No es ningún estado paranoico, pero debemos señalar que, el departamento de Estado, el Pentágono y a la CIA, forman esa troika de maldad contra el proceso colombiano.

El actual gobierno de Petro y Márquez fue legitimado por una abrumadora mayoría en el último proceso electoral.

Desde su gobierno los planes y proyectos en favor de un desarrollo sostenible, su lucha en defensa de detener el violento proceso del cambio climático, la expectativa de legitimar a las minorías. Los proyectos contra la corrupción en todas las esferas gubernamentales y las fuerzas de seguridad y militares, forman parte de este nuevo ejercicio de poder en Colombia.

Desde Costa Rica, y de cara a esta grave situación, el Partido Vanguardia Popular, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y condena las acciones de la derecha que se dirigen a romper y socavar el Estado Social y de Derecho de Colombia.

Somos coadyuvantes, así mismo de las peticiones que, la mayor parte de la sociedad civil de Colombia, suscribe en favor y defensa del actual proceso bajo la dirección de Gustavo Petro. Hacemos nuestras las siguientes peticiones a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países:

1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.

2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.

3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.

4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente

5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos

6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.

EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR BRINDA LA TOTAL SOLIDARIDAD A NUESTRO HERMANA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y A SU PRESIDENTE GUSTAVO PETRO B.

ALFONSO PARDO M. SECETARIO RR.II.-PVP

TRINO BARRANTES ARAYA. SECRETARIO GENERAL PVP

vanguardiainternacional1931@gmail.com

Presidente Petro llama a la máxima movilización popular por la decencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:

He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan.

No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República.

Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.

Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.

No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «el ñeñe» que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias «el ñeñe» la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.

Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.

La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.

Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general.

Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.

Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular.

Fuente: https://twitter.com/petrogustavo/status/1753562437071061453