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Etiqueta: Gustavo Petro

Sobre tres designaciones notables

Por Carlos Meneses Reyes

A mis contactos en WhatsApp acostumbro enviar mensajes cortos de opinión jurídica y política sobre temas concretos. Desde el 21 noviembre de 2019, día de la gran movilización nacional del Paro Cívico y como resultado de la sangrienta represión, terminé con un llamado a la ¡resistencia! esta clase de notas, en las que expreso puntos de vista jurídicos ante eventos del movimiento popular y/o hechos políticos, pero luego del triunfo electoral en que se ganó la presidencia popular con la fórmula Gustavo Petro – Francia Márquez, he dejado de usar el llamado a la ¡resistencia! Esto, por cuanto ya somos gobierno. No obstante, se ganó el gobierno más no el poder, que continúa arraigado en el terrorismo de Estado narco paramilitar. Eso lo tiene claro la izquierda legal que aporta en el Pacto Histórico y en el Frente Social democrático. Continuaré con esa notas sin pie de firma o nombre propio sino como “!Puro Abogado!”

SOBRE LAS DESIGNACIONES.

Ha caído muy bien la designación que ha hecho el presidente Petro de tres miembros de las comunidades indígenas en importantes cargos de representación tanto a nivel nacional como internacional. La lideresa social arhuaca, Leonor Zalabata Torres, será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) en New York. Patricia Tobón, abogada y Comisionada de la Verdad, dirigirá la Unidad de Victimas, y Giovani Yule, sociólogo nasa, estará al frente de la Unidad de Restitución de Tierras.

Las reacciones por parte de la derecha militarista, latifundista, terrateniente y racista no se hicieron esperar.

De la compañera Leonor Zalabata Torres esgrimen que ella no maneja el inglés. En forma pausada, la lideresa ha transmitido conocimiento de la alta función encomendada y explica que el español es idioma oficial en la ONU, junto con el inglés.

De la designación de la abogada Patricia Tobón resalta la importancia del tema que le corresponde y el valor que el presidente Petro da al informe de la Comisión de la Verdad y su aceptación en el ámbito internacional.

Del compañero Giovani Yule señalan que tiene intereses en los procesos de restitución de tierras y que por ello incurriría en un conflicto al ser dizque “juez y parte”.

En particular, la designación de Giovani Yule es tan acertada que se equivocan quienes creen que la entidad de restitución de tierras cumple funciones judiciales. Nada más alejado de la realidad.

Las Unidad de Restitución de Tierras está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y a la Resolución 1519 de 2020, que pone a disposición de los ciudadanos y grupos de interés, en lo referente a tierras despojadas durante el conflicto, la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer los contenidos de las decisiones y consultar la información que esta entidad genera en el desarrollo de su misión, sus funciones y deberes, esencialmente administrativos.

Conforme a como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado, en los procedimientos administrativos atinentes al tema de restituciones no podrá ser reservada o limitada; por el contrario, es de carácter público, y debe ser clara, diáfana y amplio acceso. En este sitio se proporciona y facilita el acceso en los términos más amplios posibles. Precisamente, de esto está huérfano el proceso administrativo. La corrupción, el clientelismo y el negacionismo han anidado en estos trámites, que se colocan a espaldas de los intereses de las víctimas despojadas y sacrifican el sentido de valía y exposición de ese derecho privado de las víctimas.

En hora buena llega el nombramiento del compañero Giovani Yule para que el direccionamiento del contenido de los expedientes redunde en el éxito de los reclamos asistidos. Dizque el compañero Giovani Lule se convertiría en “juez y parte”, afirman, en craso desconocimiento de la materia y ello redunda, precisamente, en el enredo jurídico en que el mal uso del derecho ha permitido burlar los alcances de los revictimizados y hacer ineficaces los fines altruistas de la Ley.

La función de la Unidad de Restitución de Tierras no es la de juez, sino de trámite administrativo. Pero un procedimiento administrativo viciado y sin tema de prueba asistido, solo genera impunidad. Simple es comprender que lo del empleo público está debidamente reglado y pone en función al principio de legalidad. No se configura impedimento alguno. Están en juego intereses de clanes económicamente poderosos y hasta de multinacionales, sobre el manido efecto distractor de los llamados “poseedores de buena fe” en el que la simulación de los actos y negocios jurídicos es de uso frecuente.

Sabido es que la restitución de tierras tiene la competencia sobre la suerte de diez millones de hectáreas que fueron despojadas en lo que se ha dado en llamar la “reforma agraria blanca” del narco paramilitarismo en Colombia. Lo de los tres millones de hectáreas disponibles en baldíos es otro tema. Con seguridad que por el conocimiento que tiene el compañero Giovani Yule de la inscripción en el Registro Único de Tierras Abandonadas (RUPTA), garantizará protección de bienes e intereses de las víctimas.

Igualmente, respaldará y avalará las medidas cautelares que impiden el registro de traspaso al operar la inscripción en el registro sobre bienes inmuebles o tierras en cuestión; algo que ostenta hoy todos los defectos con la consiguiente burla y dilación en el reconocimiento de los derechos y permite la piñata en ejercicio y beneficio de los tales, repito, “poseedores de buen fe”. El meollo del asunto es llegar al tercero poseedor de buena fe exenta de culpa y en ello radica la impunidad. La enorme labor por cumplir radica en la obtención del Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno. En esa directriz se interrelacionan e identifican lo del predio (claridad sobre su existencia jurídica), el diseño y administración real en el registro de esas tierras, y el papel del sujeto de restitución y su familia.

La función del director de Restitución de Tierras se centra en llevar a su nombre y en el de los reclamantes el fundamento de ese accionar. Por ello no es un juez, sino que, por el contrario, es quien presenta al juez el asomo sólido de las pretensiones de las víctimas para la consecuente y subsiguiente aplicación de la reparación integral. Precisamente, hasta después de darse la sentencia de restitución de tierras las victimas continúan desamparadas, pues la burocracia de bolsillo, en esa entidad rectora, no aplica en la ejecución de las sentencias respectivas. Serán esos algunos de los “entuertos” que el compañero Giovani Yule corregirá.

Para concluir con este análisis, es dable destacar que es función del órgano administrativo de restitución de tierras garantizar el goce de este derecho fundamental. Vale decir, buscar la restitución jurídica y material de tierras, así como la permanencia y protección de los territorios. Todo ello concatenado y de la mano, en función de la aplicación de la Reforma Agraria Integral. El acierto en la acertada designación de la ministra de Agricultura por parte del presidente Gustavo Petro, augura el éxito en el logro de tal promesa electoral y en el cumplimiento del soberano compromiso del Estado de Colombia en cuanto a la implementación total de los Acuerdos de La Habana.

DE LA LEY 1448 DE 2011 (junio10)

Se trata de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.

Me corresponde, por consecuencia profesional y política y por ser un conocedor de la materia, aportar a la doctora Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas, designada por el presidente Petro, en las experiencias resultantes en cuanto al centenar o millar de víctimas de colombianos y colombianas refugiados en Centroamérica y en particular en Costa Rica, donde lideré, organicé y asistí a cientos de refugiados víctimas del conflicto armado interno. No pude representarlos en ejercicio del derecho de postulación, pese a mi doble calidad de abogado colombiano y costarricense, por prohibición expresa de la normativa de víctimas, que no permite que ellas sean representadas por abogados. Pues bien, no es la primera vez que he denunciado que a cientos de solicitudes de víctimas del conflicto armado en Costa Rica una cónsul uribeña no les dio tramite, ni remitió nada a la Unidad Nacional de Victimas, coludida con el entonces Procurador fascista de apellido Ordóñez, quien la apadrinaba.

Este álgido asunto requiere que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leiva Durán, atienda la situación de miles de refugiados colombianos en varios países que no han retornado ni aparecen en el Registro Nacional de Victimas y estaban en contra de esa ley.

Política exterior en la Colombia, potencial mundial de la vida

Tras el gane de la presidencia, la nueva administración de Colombia Petro Urrego ha anunciado cuáles serán sus ejes de política exterior en orden de convertir a esta nación en una “potencia mundial de la vida”.

Entre los principios de esta nueva política exterior colombiana se destaca el respeto por los Derechos Humanos, el respeto por la soberanía, la buena vecindad y la cooperación Sur-Sur. Además, sus principales enfoques son el feminismo, el humanismo y el participativo. 

Este nuevo gobierno aspira a promover la integración de Colombia con el resto de las naciones de América Latina y el Caribe, establecer una alianza con Estados Unidos para consolidar la paz y la democracia, así como redefinir la lucha contra las drogas. En este sentido, se señala que las políticas contra las sustancias ilícitas serán enfocadas en la preservación de la salud pública y en la fomentación de alternativas sostenibles frente a la criminalidad. 

En cuanto al comercio, se indica que estas actividades se centrarán en promover la seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de las industrias no extractivas. En el campo ambiental se señala que la lucha contra el cambio climático será esencial a través de la preservación y restauración de diversos ecosistemas, así como mediante la ratificación del Acuerdo Escazú. 

Finalmente, se aspira a que la migración se base en un proceso seguro, ordenado y regulado que respete los derechos de las personas migrantes. Además, se propone que los puestos de índole diplomática y consular sean ocupados con personas con una amplia experiencia en el campo.

Si desea consultar con mayor detalle la propuesta realizada por las nuevas autoridades colombianas, puede consultar la infografía adjunta.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

En el pos triunfo

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

Gustavo Petro Urrego y los contadores de la verdad – video

En el video que compartimos, el presidente electo de Colombia, cuenta de personajes históricos de Colombia y los pinta como los contadores de la verdad, que sufrieron consecuencias negativas por sus acciones valientes por las cuales terminaron incluso muertos; por ejemplo, personajes como Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel García Márquez.

En el video Gustavo Petro Urrego cierra con la siguiente frase “La parresia […] decir verdades, contar verdades, decían los griegos, trae un efecto, o el poder le hace caso a la verdad, o el contador de verdades cae o en el ostracismo o en la muerte”.

Colombia: fin a la larga noche de terror oligárquico y a la pesadilla neoliberal

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En Colombia, después de 200 años de dominio oligárquico y de una esclavitud cuasi feudal para las grandes mayorías campesinas, indígenas y afrodescendientes, vamos a construir un capitalismo de verdad (ojalá democrático y no retrógrado y sanguinario), en una nación donde nunca terminó de llegar la modernidad, dijo anoche Gustavo Petro el victorioso candidato presidencial de los sectores populares, a la cabeza del Pacto Histórico y la izquierda democrática. Lo vamos a hacer, no porque amemos al capitalismo, sino porque es hora de dar ese paso hacia una democracia verdadera y salir de la estrecha visión colonialista de unas cuantas familias que ven a Colombia como algo de su exclusiva propiedad. Por ahí, las voces de una derecha totalitaria y fascistizante andan diciendo toda clase de mentiras para hacernos creer que, sin ellos, o si no nos sometemos a sus designios, el mundo se va a caer a pedazos, cuando son ellos los que se hundieron en el oprobio y la indignidad.

Los que nunca dijeron nada de las reiteradas masacres cometidas por la derecha uribista de Colombia en contra de los líderes sociales rurales y urbanos, campesinos, obreros, indígenas, estudiantes y afrodescendientes, a lo largo de las décadas más recientes, durante el pasado cambio de siglo, esos que actuaron como si Colombia no existiera, incluso algunos de ellos “autodenominándose” de izquierda o “progres”, vaya uno a saber, esos y otros de todo tamaño y pelaje vienen a poner el grito al cielo ante el indiscutible triunfo electoral del Pacto Electoral, con su fórmula que llevará a Gustavo Petro y Francia Márquez, a ocupar la presidencia de Colombia, en el Palacio de Nariño, a partir del próximo 7 de agosto. Lo más irónico de todo es que hablan de una democracia que jamás existió fuera de sus cabezas, pues no pasó de ser un negociado criminal en el que unas 10 o 15 familias se repartieron el poder, y se beneficiaron durante muchas décadas con el negocio de la guerra, el narcotráfico y la corrupción galopante en los negocios públicos y privados.

La malintencionada prensa, al servicio de los intereses más tenebrosos, de aquí y de allá, habla de Gustavo Petro como el exguerrillero que está a punto de llegar a la presidencia de Colombia, con una perversa intencionalidad que no logran ocultar, tal y como lo hace en su primera plana, de este lunes 20 de junio de 2022, el diario La Nación de San José de Costa Rica. Se cuidan muy bien de decir que eso ocurrió hace por lo menos treinta y cinco años, cuando el joven Gustavo Petro militó en las filas del M 19, una organización político-militar que se disolvió en 1990, después del asesinato de su candidato presidencial para las elecciones de aquel año, Carlos Pizarro, un ocurrido a finales de 1989.

Desde entonces los del M19, nacido para luchar contra el fraude electoral de 1970, unas elecciones en las que los del Frente Nacional (la oligarquía liberal y conservadora que se repartieron el gobierno durante treinta años, a partir de 1958) le robaron el triunfo al general Gustavo Rojas Pinilla, han sido baluartes de una precaria democracia que siempre ha estado bajo la amenaza del paramilitarismo de la ultraderecha, los falsos positivos del uribismo y de sus reiteradas masacres, un día sí y otro también, contra las mayorías populares en lucha. Además, los del M19, como partido político tuvieron una participación decisiva en la constituyente de 1991, en cuya Asamblea obtuvieron un tercio de los representantes, entre ellos Gustavo Petro, desde luego.

Lo más irónico de todo fue que, en 1953 frente al terror godo que sembraron los conservadores, Mariano Ospina y Laureano Gómez, dos sanguinarias fichas del fascismo colombiano, entre los años de 1946 y  1953, acarreando la pérdida de cientos de miles de vidas, otro sector de la oligarquía liberal y conservadora le pidió al general dar un golpe de estado para detener el baño de sangre, cuatro años después lo sacaron ellos mismos para repartirse el pastel y seguir jugando a una democracia que nunca fue. En resumen, según estos codiciosos oligarcas, el único dictador de Colombia, durante el siglo XX, fue el general Gustavo Rojas Pinilla y ellos fueron los impolutos demócratas, a otro perro con ese hueso dice un vejo dicho, la hipocresía y la maldad de estas gentes no conoce límites. Por favor abramos los ojos gentes de Colombia y de toda América Latina.

¡A la carga con Gaitan! Los valientes bogotanos gaitanistas lucharon en las calles junto con la policía liberal, y toda Colombia se alzó en armas aquel 9 de abril de 1948, cuando la vida de aquel hombre que fue Colombia y encarnó las esperanzas de todo un pueblo fue cegada por las balas de la oligarquía y el imperialismo. Mi recuerdo emocionado y sincero a las luchas de aquellas generaciones heroicas y a la memoria de los que dieron su vida enfrentando al terror oligárquico. Se necesitaron casi 75 años para enderezar el camino de la revolución colombiana, en un país que todavía no ha llegado a la modernidad ni ha alcanzado a ser capitalista siquiera, como dijo anoche Gustavo Petro en el discurso que mencionábamos al inicio de este texto… estamos en una nueva etapa de una lucha sin fin que apenas empieza, pero lo más importante es el respeto e implementación de los acuerdos de paz firmados, en el año 2015, entre las ahora disueltas FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que antecedió al de Iván Duque, el sanguinario presidente uribista que jamás respetó la letra de esos acuerdos, asesinando a más 200 exguerrilleros de las FARC que habían dejado las armas. Es la hora de la paz y de una democracia de verdad para todo el pueblo, el telón la mentira y la hipocresía ha caído. La comedia è finita.

Colombia: Respeto por la voluntad nacional y la soberanía

Edgar Chacón Morales

El candidato Gustavo Petro es el ganador de la segunda vuelta electoral del proceso colombiano, por tanto, es el presidente electo y el próximo presidente constitucional de Colombia.

En los conteos preliminares: Gustavo Petro11.281.002, 50,44%, Rodolfo Hernández 10.580.399, 47,31% para el período 2022-2026 cnn.

Felicitaciones al pueblo colombiano, por esta oportunidad de construir paz y soberanía. Felicitaciones a la democracia colombiana.

Nuestros mejores deseos para llevar adelante con éxito esta tarea patriótica y que se unan en el mejor proyecto, los intereses nacionales.

Salud colombianos y colombianas.

 

Imagen ilustrativa.

Petro, Francia y el inédito viable. Análisis electoral colombiano

Nicolás Armando Herrera Farfán*

En el día de ayer (29 de mayo) se celebró la primera vuelta (o ronda) electoral para las presidenciales colombianas. Los resultados no sorprenden. Gustavo Petro ganó como lo vaticinaron las encuestas en el último año. Obtuvo el 40,32% de los votos. El promedio de las cuatro encuestas presentadas diez días antes de las elecciones (Centro Nacional de Consultoría, Invamer, Guarumo–EcoAnalítica y Mosqueteros), le daban un 41,05% de favorabilidad. Ese porcentaje de votos corresponde a 8 millones y medio, que es el doble del obtenido en la consulta interpartidista de marzo de este año y más de medio millón si lo comparamos con los resultados de la segunda vuelta (o ballotage) de 2018. Es decir, que Petro superó a los demás candidatos y a sí mismo, lo cual, no es un dato menor.

Así pues, como no sorprende el triunfo de la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez, lo que estaba en juego eran dos cosas. Por un lado, que el triunfo fuera definitivo y, para ello, era necesario obtener el 50% de los votos + 1 voto, que, de acuerdo al total de votantes, equivalía a cerca de 10 millones y medio. Esto era un batacazo histórico y, a la vez, la imposibilidad que el fraude tuviera más semanas para seguirse cocinando.

Por el otro, si no ganaban en primera vuelta, había que definir la pareja contendiente. Esta era la batalla fundamental para la clase dominante y la comidilla para sus plafones mediáticos. En 2006, el discurso era “¿quién le gana a Uribe?” y desde entonces fue “¿quién le gana al que diga Uribe?”. Ahora en 2022 es “¿quién puede con Petro?”. Para ello, probaron todas las cartas y en el juego del ajedrez político, el espectro político de derecha–ultraderecha movió sus fichas y sacrificó sus alfiles uno a uno: primero en las internas de dos coaliciones “Equipo por Colombia” que ganó Federico Gutiérrez y “Centro Esperanza” que ganó Sergio Fajardo; y en la interna del Centro Democrático que dio el triunfo a Óscar Iván Zuluaga. Como Zuluaga nunca despegó en las encuestas, declinó su aspiración por Federico Gutiérrez, cuando éste ganó la consulta y como Fajardo les parecía descafeinado, vistieron a Gutiérrez de Fajardo para superponerle la imagen. Así, fabricaron un candidato.

Sin embargo, no podemos olvidar que en el uribismo se expresa la ultraderecha mafiosa, fascista y paramilitar, y a su sombra se han alienado y arropado las diversas expresiones de la clase dominante, pero que la derecha es mucho más amplia que el uribismo. Por ello, es necesario comprender que había otras candidaturas que expresaban el proyecto hegemónico más allá del uribismo y que revelan los matices de la propia derecha: además de Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, estaban Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y, por supuesto, Rodolfo Hernández. Todas estas aspiraciones competían contra Gustavo Petro y Francia Márquez.

Sin margen político, desaparecieron como opciones reales Betancourt, Rodríguez y Gómez, mientras que Fajardo se ahogó en una pileta de intención de voto que nunca alcanzó el 10%. Así pues, la disputa interna de la derecha estaba entre Gutiérrez y Hernández. Y, por más que intentaron levantar a Gutiérrez este nunca superó los 30 puntos porcentuales de intención de voto –en promedio de las últimas cuatro encuestas alcanzaba el 26,05%– y en todos los escenarios posibles, perdía con Petro, y en todos los debates televisivos quedó muy atrás. Así pues, sólo quedaba la carta de Rodolfo Hernández, y en las últimas seis semanas fueron haciendo una transición de candidaturas.

En el promedio de las cuatro encuestas mencionadas, Hernández obtuvo el 22,35%, “pisándole los talones” a Gutiérrez. De hecho, en sus últimas entrevistas radiales, afirmó que “hacía rato” que superaba a Gutiérrez en la intención de voto, pero que los medios de comunicación no querían evidenciarlo (¿estrategia política para mostrar una “sorpresa”?). Las cartas estaban echadas para Gutiérrez. El resultado electoral confirmó todo: Hernández alcanzó la segunda plaza con el 28,15% de los votos (casi 6 millones) y Gutiérrez quedó afuera en el tercer lugar con el 23,91% (un poco más de 5 millones).

La derecha construyó su candidato a imagen y semejanza de Uribe (o de Trump): lo presentaron como un “outsider” de la política, un candidato regional independiente y un empresario exitoso. Su bandera de lucha contra la corrupción fue elevada cada vez más alto por las redes sociales (sobre todo Tik Tok), su rol de buen administrador se exaltó en los medios y se enfatizó permanentemente en su figura disruptiva. Sin dudas, Hernández era el único que podría ganarle a Petro. Por eso, era fundamental que no participara en los debates presidenciales para no lesionar su imagen.

El triunfo de Hernández es el triunfo de la derecha. Pierde el uribismo, sí; pierden las apuestas de jefes políticos como el liberal César Gaviria, sí; pierde el partido conservador, sí; pero la derecha no se mueve por principios sino por intereses, y esta carta les queda para derrotar a Petro, y no van a despreciarla. Perdió el uribismo de carnet, pero no la derecha. Puede ser que el monstruo se les crezca, como pasó con Uribe, pero no por ello dejarán de acudir a él. En el fondo, se trata de la desprestigiada y fuera de moda “lucha de clases”. Lo tienen muy claro y saben que no van a arriesgar la hegemonía.

Ahora Gustavo y Francia tendrán que vérselas con Rodolfo y Marelén en las definitivas elecciones de junio. Es el escenario más complicado que podía quedar. Apodado el “Trump criollo”, Rodolfo Hernández reunirá en torno suyo a todos los perros. En números crudos puede agrupar cerca del 50% de los votos (sumando a Gutiérrez, Betancourt, Rodríguez y Gómez, y una parte de Fajardo). Por su parte, Petro y Francia podrían recibir un impulso de los liberales –aliados con Gutiérrez– y de los verdes –en torno a Fajardo–. En el medio del juego electoral y la búsqueda de alianzas, la dupla progresista tendrá que sobrevivir al péndulo del magnicidio, a los fraudes, las campañas mediáticas sucias, los artilugios jurídicos, la ofensiva narcoparamilitar y los envalentonamientos militares del comandante de las fuerzas. Es difícil, sí, pero es el desafío creativo del inédito viable, como lo llamaba Freire.

Gustavo Petro y Francia Márquez les ganaron a las expresiones políticas de ultraderecha mafiosa (Gutiérrez) o empresarial (Hernández) y a las derechas soterrada (Fajardo y Betancourt), cristiana (Rodríguez) y tradicional (Gómez). No es un dato menor. Su triunfo es histórico y sus resultados significativos, porque los votos que les contabilizaron les corresponden. Quizás obtuvieron más, pero no les inflaron ninguno. Es una victoria del campo popular que hay que celebrar.

Sin embargo, esta victoria tiene un aroma a riesgo de derrota, es decir, que “ganar es perder un poco”, parafraseando de manera invertida aquella máxima del entrenador de fútbol Francisco Maturana. El arco derechista colombiano no se va a rendir así de fácil y ahora nos toca ponernos las botas, arremangar las camisas y ponernos a laburar. Quedan tres semanas para que podamos cantar de verdad ese estribillo del himno nacional que dice: “Cesó la horrible noche…”.

 

*Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/05/30/petro-francia-y-el-inedito-viable-analisis-electoral-colombiano/

Imagen tomada de la fuente original.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday.

Elecciones en Colombia: entre el caos y el “realismo mágico” (Escenarios electorales)

Lic. José A. Amesty Rivera

27 mayo, 2022

El próximo domingo 29 de mayo de 2022, será la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, y en ella se escogerán al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026.

Mucho se ha escrito al respecto y se ha abundado en torno a las elecciones y los antecedentes históricos que han traído a Colombia hasta este momento, que son, además, también abundantes, pero que se han movido y mueven en un caos político, social, económico, militar, entre otros.

No obstante, hacemos un resumen apretado del quehacer político-económico de los últimos años en Colombia:

-Desaceleración económica, encontrando su clímax a partir del 2020, con la llegada del Covid-19.

-La expresión militar, el conflicto social y armado, de más de cincuenta años.

-Los intentos de salidas pacíficas, como la del acuerdo de la Habana en 1917, y el de 2017, traicionados por las elites hegemónicas de Colombia.

-Ante estas traiciones, la reaparición de excombatientes insurgentes a retomar las armas.

-Los años de 2020, 2021, han sido de estallidos sociales en las calles de Colombia, muy fuertes que han sobrepasado la fuerza del Estado.

-A su vez, en este año 2022, se han incrementado las muertes de líderes y lideresas, firmantes de acuerdos de paz, y en el contexto de las elecciones.

Los estallidos, protestas y movilizaciones del pueblo, se han visto aplacadas y mermadas, por la aparición de una posible vía pacífica de escape, ante el horror y el caos, las elecciones venideras, el surgimiento del llamado Pacto Histórico y su candidato Gustavo Petro.

Habría que mencionar, que se añade a este contexto eleccionario, la presencia del Clan del Golfo, que son estructuras paramilitares herederas de las antiguas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se han mostrado, con secuelas de muertes y acciones armadas, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Las encuestas de las elecciones, dan como amplio favorito a ganar las mismas, a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, que adelantamos, independiente de su carácter “revolucionario” o reformista, representa una esperanza de transformación paulatina, para el pueblo colombiano y el visto caos de la Nación-Estado.

De igual modo, haciendo una revisión a las propuestas de cambio de Petro en su programa de gobierno, observamos que son moderadas, no comprometiendo los intereses del gran capital colombiano, no obstante, representan un pequeño paso y resultando atractivas, frente a la situación del caos colombiano.

Pero esta posibilidad histórica, a su vez, se debe enfrentar a una “tradición política mafiosa que ha mantenido la superioridad de las élites en las urnas, utilizando herramientas ilegales como el fraude electoral, la compra de votos, el clientelismo, la presión paramilitar y de bandas armadas mafiosas, entre otros métodos violentos. Esto es posible toda vez que la mafia tiene a sus representantes en partidos políticos y en las instituciones del Estado, o más bien, porque las mafias capturaron los partidos políticos y gran parte de la institucionalidad estatal”, según el escritor Enrique Acosta, en su artículo “Colombia: crisis socioeconómica y elecciones presidenciales”.

A su vez, señala Acosta, “otro elemento a tener en cuenta muy vinculado al narcotráfico y el paramilitarismo es la configuración de un orden mafioso en las ciudades, que mantiene el control social con base en la venta de la seguridad a cuestas del pago de extorsiones y del negocio del prestamista que da créditos generalmente al 20% diario y que cobra con el arma en el cinto, esto ha consolidado ejércitos urbanos descentralizados, pero con un alto poder de acción. A este panorama se suma el apoyo descarado de la administración de Iván Duque, que trasladará 6,5 billones de pesos, (1.600 millones de dólares) a contratistas electorales, más o menos unos 3.300 contratos suscritos, la mayoría en Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle y Amazonas (El Colombiano, 2022), además de la entrega de la supervisión del reconteo y de otros procesos electorales al FBI, que es como poner al ratón a cuidar el queso”.

Habría que seguir añadiendo a esta trama política compleja, las negociaciones y quizás pactos-coaliciones del candidato Petro y su partido con, por ejemplo, “la izquierda representada en el Partido Comunista de Colombia (PCC) y el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCML), pasando por lo que quedó del partido de las FARC actual Comunes, el Polo Democrático Alternativo y el Congreso de los Pueblos, liberales y verdes, entre otros, hasta personajes de liberalismo progresista como Armando Benedetti”. Acosta, “Colombia: crisis socioeconómica y elecciones presidenciales”. Así como con otros personajes, y sectores contrainsurgentes.

Finalmente, deseamos hacernos eco de los tres posibles escenarios de cara a las elecciones del próximo domingo 29, en su primera vuelta, planteados por Enrique Acosta.

Primer escenario, “cabe la posibilidad de que Colombia nos sorprenda positivamente y Petro logré un 51% de los votos que le garanticen un triunfo en primera vuelta, este escenario, que se ha convertido en una consigna para la campaña, lo consideramos como poco probable, ya que en las encuestas ningún candidato ha superado más del 40%. A su vez, el fraude electoral y el robo de las elecciones han marcado la historia política en Colombia y más que un escenario es una realidad con la que toca lidiar, ya el pasado 13 de marzo habían dejado de contar más de 1.5 millones de votos, las movidas del Estado en la registraduría, las contrataciones a dedo y el rol que cumplirá el FBI, parecen abonar el terreno para este escenario, donde el pueblo tendrá que defender su derecho acompañando el proceso hasta las últimas instancias ejerciendo la veeduría como testigos electorales, pero también con cualquier otra instancia de control y vigilancia popular”.

Segundo escenario: Ante una posible segunda vuelta, “a pocos días de las elecciones, otro escenario está ganando carrera y es que las apuestas del bloque hegemónico ya no estén por el candidato de la extrema derecha Federico Gutiérrez, y que los grupos de poder están cambiando su estrategia y redirigiendo su apoyo a Rodolfo Hernández. Los últimos datos dan cuenta de que la distancia entre Gutiérrez y Hernández cada vez es más corta, esto le permitiría mayor maniobrar a Hernández vendiéndose caro en una segunda vuelta, lo seguro es que los votos de Rodolfo Hernández irán contra Petro en la segunda vuelta, de no ser el mismo Hernández el que canalice los votos de la derecha en estos últimos días y pase a una segunda vuelta junto con Petro”.

Tercer escenario: “Quizá el más probable, por ahora, es que la segunda vuelta esté disputada por Petro y Gutiérrez, esto implica una segunda vuelta donde la derecha conservadora y mafiosa colombiana usará todas las herramientas de las que dispone para conservar el statu quo y no dejar que Petro gane la presidencia, los temores y denuncias fundadas de un posible atentado a Gustavo Petro o Francia Márquez no se han hecho esperar. En este orden de ideas, un magnicidio con el pueblo en resistencia en las calles es una salida radical de la extrema derecha, generaría un caos que le permitiría al gobierno de Duque decretar un estado de excepción que acabe con las pocas garantías constitucionales, en este posible escenario el rol de las Fuerzas Armadas es fundamental”.

En toda esta historia plagada de crímenes, guerras internas y un número de vericuetos de la política colombiana, y atendiendo al título de este breve artículo, al pueblo colombiano y su Nación, los asiste e impulsa una utopía por un verdadero cambio en la vida económica y social del país, donde los sueños y los artificios son posibles en la tierra del “realismo mágico”, y de las múltiples posibilidades, eso sí, el pueblo debe estar preparado para cualquier escenario.

Frente Amplio condena amenazas que atentan contra la vida de candidato presidencial de Colombiana Humana, Gustavo Petro

Preocupa la interrupción y entorpecimiento del ejercicio democrático en Colombia

El candidato colombiano a la presidencia, Gustavo Petro, ha sido sujeto de amenazas que atentan contra su vida y que han interrumpido actividades de la campaña democrática. Esto ocurre en medio de diversos actos delictivos en Colombia, el país más letal para activistas ambientales según la ONG Global Witness.

El Frente Amplio hace un llamado a condenar estos actos delictivos y a fortalecer el proceso democrático.

Para leer el comunicado completo visite https://www.facebook.com/100044433639467/posts/539550664202717/?d=n

 

Fuente de imagen: www.frenteamplio.org

El Partido Vanguardia Popular condena las acciones terroristas y las amenazas de muerte contra los candidatos del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez

PARTIDO VANGUARDIA POPULAR – COSTA RICA

FUNDADO – 16 DE JUNIO DE 1931

A la opinión nacional e internacional

La Comisión Nacional Ejecutiva del PVP, condena las amenazas y acciones terroristas contra Gustavo Petro, actual miembro del Senado en nuestra hermana República de Colombia y candidato presidencial por el Pacto Histórico.

El Estado está en la obligación de garantizar a Gustavo Petro y a todos los candidatos(as), las condiciones de seguridad que requieren las personas. Las informaciones referidas al grupo paramilitar y criminal “La Cordillera”; no pueden verse con la displicencia de la complicidad. No en vano lo más honesto de este país apostó por firmar los procesos de paz y abrir un nuevo espacio al ejercicio democrático del sufragio.

Cuando los pueblos deciden por el camino de la democracia participativa, se anuncia entonces un mundo mejor para las grandes mayorías. Por eso, como testigos de excepción el PVP condena estos soeces y sucios hechos pues atentan contra los principios más sagrados de los derechos humanos del pueblo colombiano y en particular de los candidatos presidenciales, Gustavo Petro y Francia Márquez.

Contra estas amenazas de muerte, cuyo antecedente está unido al  “Bogotazo”, día en el que asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, los organismos internacionales debe pronunciarse, enviar veedores internacionales y garantizar la seguridad a todos y todas la personas que forman parte de este gran proyecto histórico conocido como PACTO HISTÓRICO. 

Nuevamente, Luis Almagro y otros representantes, ante este estado crispación política colombiana, vuelven a taparse los ojos y oídos, solo dejan sus fosas nasales para respirar la mugre que los gobiernos de turno les dan a oler.

Citamos en extenso: “Fuentes del círculo cercano del senador Petro revelaron a CAMBIO que desde hace días sabían de posibles ataques y amenazas, pero que al no tener certeza de su posible materialización aún no las habían hecho públicas. En las visitas previas de la campaña a ciudades como Cali y Cartagena, por ejemplo, se solicitó a las autoridades municipales que decreten la alarma naranja por riesgo de atentado. Es decir, que pongan a disposición una ambulancia que guarde sangre del tipo de Petro en caso de que algo ocurra…”

Compartimos el sentimiento de la senadora María José Pizarro, cuando llama la atención a nivel internacional que «la tragedia de las elecciones de 1990 no puede repetirse». 

Queremos crear una gran milpa multiétnica y multicolor de solidaridad con Colombia, porque creemos en la paz, la democracia participativa, en la urgencia de un nuevo horizonte, un mejor mañana en la Patria Grande que soñara Bolívar.

Solicitamos el concurso y el apoyo de todos los movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de Derechos Humanos a pronunciarse contra la industria de la muerte, el sicariato y el narcotráfico.

Desde Costa Rica, país que comparte múltiples historias de solidaridad con Colombia, dejamos planteada nuestra protesta contra la policía y el ejército, por su grado de silencio y complicidad en estas acciones. Asimismo, condenamos todo tipo de amenaza, la prepotencia paramilitar y las acciones de sicariato que tienen como objetivo empañar este bello proceso que apunta hacia una Nueva Colombia bajo la conducción del Pacto Histórico.

Colombia requiere de un ambiente electoral sano y seguro.

San José-Costa Rica, martes 3 de mayo 2022