Después de la Segunda República: Neoliberalismo, hegemonía y la disputa por el futuro de Costa Rica
Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández
Hay cifras que informan y cifras que obligan a pensar. El 64 % de valoración positiva que registra la presidenta Laura Fernández en la encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) pertenece a la segunda categoría.
No se trata de una encuesta improvisada en redes sociales ni de una medición contaminada por granjas de bots. El estudio entrevistó a 994 personas adultas mediante una muestra aleatoria de telefonía celular, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El resultado es contundente: 64 % califica positivamente la gestión presidencial, 25 % negativamente y 11 % mantiene una valoración neutra. Cuando se pregunta directamente si se respalda al Gobierno, la cifra alcanza el 69 %.
El dato resulta todavía más interesante por el momento en que se produce. Costa Rica atraviesa una seria discusión sobre seguridad y crimen organizado, tensiones alrededor del presupuesto público, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y un ambiente político crecientemente confrontativo. A pesar de ello, la popularidad presidencial permanece elevada.
La reacción más sencilla sería preguntarse: ¿cómo es posible que tanta gente no vea lo que está ocurriendo?
Quizá esa sea la pregunta equivocada.
Tal vez no estamos frente a personas incapaces de ver la realidad. Quizá estamos frente a personas que observan la misma realidad, pero han aprendido a interpretarla mediante categorías diferentes.
Y si esto es así, el problema deja de ser electoral.
Se convierte en un problema de hegemonía.
No necesariamente se vota contra los propios intereses
Desde cierta izquierda se ha repetido durante décadas una afirmación aparentemente evidente: “la clase trabajadora vota contra sus propios intereses”.
Pero esa frase contiene una trampa: Presupone que nosotros conocemos los intereses de las personas mejor que ellas mismas.
El trabajador que respalda a Laura Fernández puede estar votando exactamente de acuerdo con los intereses que ha aprendido históricamente a reconocer como propios: quiere pagar menos impuestos, quiere seguridad, considera injusto que el Estado “mantenga vagos”, desea eliminar “privilegios”, aspira a emprender, quiere que los empleados públicos trabajen, quiere delincuentes encarcelados y quiere, finalmente, que “dejen gobernar”.
Ese mismo trabajador posiblemente utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social, envía a sus hijos a la educación pública, espera que alguno pueda ingresar a una universidad estatal, utiliza infraestructura financiada colectivamente y espera recibir una pensión cuando llegue a la vejez.
No necesariamente experimenta contradicción alguna entre ambas cosas.
Porque esos elementos no están articulados políticamente como un sistema.
Ahí está la hegemonía.
Antonio Gramsci comprendió tempranamente que ninguna clase puede gobernar de manera estable recurriendo exclusivamente a la coerción. Necesita conseguir que una determinada interpretación del mundo aparezca como razonable, natural y hasta evidente.
Mucho después, Stuart Hall analizaría el neoliberalismo precisamente desde esa dimensión cultural. Su éxito no dependió solamente de privatizaciones, apertura comercial o disciplina fiscal. Dependió también de construir sujetos capaces de reconocerse dentro de sus categorías.
La hegemonía no consiste en convencer al explotado de que disfrute su explotación.
Consiste en conseguir que interprete su experiencia mediante categorías funcionales al orden existente.
El neoliberalismo también ocurrió dentro de nosotros
“El pobre es pobre porque quiere”.
“Hay trabajo para quien realmente quiere trabajar”.
“Sea su propio jefe”.
“Todo depende de su actitud”.
“Cambie usted y el mundo cambiará”.
Estas expresiones parecen inocentes. Incluso pueden resultar motivadoras. Pero detrás de ellas existe una profunda transformación cultural.
El desempleo deja de relacionarse con la estructura económica y comienza a explicarse mediante falta de iniciativa personal. La pobreza deja de ser una relación social y se convierte en fracaso individual. La precariedad laboral se transforma en falta de emprendimiento. El éxito demuestra mérito; el fracaso revela insuficiencia personal.
El sujeto colectivo se fragmenta.
Ya no somos trabajadores insertos en determinadas relaciones de producción. Somos emprendedores, colaboradores, consumidores, usuarios y contribuyentes.
Una persona puede pertenecer objetivamente a la clase trabajadora y subjetivamente imaginarse completamente fuera de ella.
Quizá por eso uno de los mayores triunfos del neoliberalismo costarricense no ocurrió en el Ministerio de Hacienda.
Ocurrió en nuestras cabezas.
Y ese triunfo cultural ayuda a explicar una paradoja fundamental: personas que dependen materialmente de instituciones públicas pueden apoyar proyectos que pretenden reducirlas.
No necesariamente han sido engañadas.
Han aprendido a imaginar su bienestar como resultado fundamentalmente individual.
Esto no comenzó con Rodrigo Chaves
Responsabilizar al chavismo de haber inventado todo aquello que hoy preocupa sería históricamente cómodo.
También sería falso.
La transformación del Estado costarricense comenzó mucho antes.
La crisis económica de comienzos de los años ochenta abrió el camino a programas de estabilización y ajuste estructural. A partir de entonces comenzó una transformación progresiva del modelo de desarrollo: apertura comercial, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera, disciplina fiscal, transformación institucional y redefinición de las funciones económicas y sociales del Estado.
PLN y PUSC participaron, con diferencias, conflictos y ritmos distintos, en ese proceso. Posteriormente también lo hicieron las administraciones del PAC.
Decir esto no significa afirmar que todos los gobiernos hayan sido iguales. Las diferencias importan.
Pero las continuidades también.
Y existe un episodio reciente particularmente revelador.
Rodrigo Chaves no ingresó inicialmente a la política costarricense como dirigente antisistema ni como enemigo de las élites que posteriormente denunciaría.
Después de 27 años trabajando en el Banco Mundial, fue nombrado ministro de Hacienda por Carlos Alvarado en noviembre de 2019. El comunicado oficial de Presidencia estableció entre sus tareas continuar la consolidación fiscal, sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto.
El dato merece ser recordado.
Chaves entró al Estado costarricense no para romper con el proceso de transformación económica existente, sino para administrar una de sus dimensiones fundamentales.
Eso obliga a formular una hipótesis incómoda: ¿y si el chavismo no representa la ruptura con el neoliberalismo costarricense, sino su mutación política?
Cuando el consenso deja de ser suficiente
Durante cuatro décadas las transformaciones económicas avanzaron mediante negociaciones, reformas parciales, pactos, resistencias sociales y límites institucionales.
El resultado fue contradictorio.
El Estado social sobrevivió, pero no permaneció intacto.
Sobrevivieron la CCSS, las universidades públicas, instituciones autónomas, derechos laborales y una determinada concepción de ciudadanía social.
Simultáneamente avanzaron la mercantilización, la disciplina fiscal, la desigualdad, la precarización laboral y una creciente deslegitimación cultural de lo público.
Quizá el chavismo haya identificado algo que los reformadores anteriores no pudieron resolver completamente: el obstáculo pendiente ya no es solamente económico. Es político y cultural.
Laura Fernández ha denominado “Tercera República” al proceso político que pretende impulsar y ha hablado de transformaciones profundas.
Conviene tomar esas palabras en serio, aunque nuestra interpretación no tenga por qué coincidir con la del Gobierno.
Porque la pregunta relevante no es qué significa retóricamente “Tercera República”.
La pregunta es qué transformaciones materiales podrían terminar asociándose con ella.
Y aquí podemos formular una hipótesis provisional: podríamos estar frente al intento de culminar una transformación neoliberal mediante una nueva forma política: un Estado económicamente menos universalista, políticamente más ejecutivo y penalmente más fuerte.
Un Estado selectivamente fuerte
Nicos Poulantzas introdujo hacia el final de su obra la categoría de “estatismo autoritario” para describir transformaciones de las democracias capitalistas caracterizadas por el fortalecimiento del Ejecutivo, la pérdida de capacidad de determinadas mediaciones políticas y una creciente concentración de decisiones estatales.
No estamos afirmando que la Costa Rica actual corresponda mecánicamente a aquella categoría.
Las categorías sirven para pensar, no para sustituir la realidad.
Pero Poulantzas permite cuestionar una asociación particularmente engañosa: neoliberalismo no significa necesariamente Estado débil, puede significar Estado selectivamente fuerte.
Menos Estado para redistribuir.
Más Estado para disciplinar.
Menos universalidad social.
Más disciplina fiscal.
Menor capacidad colectiva de negociación.
Mayor capacidad administrativa.
Menos protección.
Más control.
Menos bienestar.
Más seguridad.
El aparente “Estado mínimo” puede convertirse entonces en un Estado extraordinariamente fuerte precisamente allí donde necesita garantizar orden.
Y aquí la seguridad adquiere una función política fundamental.
El miedo no necesita enemigos imaginarios
El crimen organizado existe.
Los homicidios existen.
El narcotráfico existe.
La inseguridad ciudadana existe.
Negarlo sería absurdo.
Precisamente porque la amenaza es real, no resulta necesario inventarla.
Lo políticamente relevante es cómo esa amenaza se interpreta, se jerarquiza y se convierte en argumento para determinadas soluciones.
La encuesta del CIEP ofrece una pista formidable.
Entre las acciones gubernamentales mencionadas positivamente, seguridad y lucha contra el crimen representan 24,3 % y sistema penitenciario 23,1 %. Juntas concentran 47,4 % de las menciones positivas.
El apoyo posee entonces un relato extraordinariamente sencillo: seguridad, cárcel, orden.
El descontento, en cambio, aparece fragmentado entre numerosas preocupaciones.
Aquí debemos proceder cuidadosamente.
No existe evidencia suficiente para afirmar que el Gobierno esté produciendo deliberadamente una crisis de seguridad con el objetivo posterior de justificar medidas excepcionales.
Afirmarlo significaría sustituir investigación por sospecha.
Pero existe otra hipótesis más sólida.
Una crisis real puede convertirse en una estructura de oportunidad política para legitimar transformaciones que, fuera de esa crisis, resultarían mucho más difíciles de aceptar.
No hace falta conspiración. Hace falta oportunidad.
La pedagogía de la excepcionalidad
Si la inseguridad permanece como preocupación fundamental; si determinadas instituciones encargadas de combatirla son representadas como ineficientes; si jueces, fiscales, diputados o controles constitucionales comienzan a aparecer como obstáculos; si simultáneamente se fortalecen las políticas penitenciarias y entran en la discusión pública nuevas formas de cooperación internacional en seguridad, la frontera entre lo normal y lo excepcional comienza lentamente a desplazarse.
La propia presidenta ha declarado que determinadas operaciones terrestres estadounidenses podrían resultar beneficiosas frente al crimen transnacional, aunque también ha aclarado que no existe actualmente una operación concreta y que cualquier ingreso requeriría autorización legislativa.
Precisamente por eso el punto no consiste en anunciar tropas estadounidenses recorriendo mañana las calles costarricenses. Sería irresponsable. El fenómeno interesante es otro: algo que anteriormente habría parecido políticamente extraordinario ha ingresado en el campo de las posibilidades discutibles.
Y una sociedad comienza a transformarse mucho antes de que cambien sus leyes. Comienza a transformarse cuando cambia aquello que considera razonable.
“No nos dejan gobernar”
Otro dato del CIEP adquiere entonces una importancia enorme: El 75 % considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández. Entre quienes perciben obstáculos, las principales menciones recaen sobre la Asamblea Legislativa y sus diputaciones, con 35 %, y los partidos de oposición, con 33 %.
El conflicto institucional puede entonces dejar de funcionar como costo político. Puede convertirse en prueba de autenticidad. “Si todos se oponen al Gobierno, debe ser porque está tocando intereses”.
La universidad critica: forma parte del sistema.
El Poder Judicial protesta: defiende privilegios.
Los sindicatos se movilizan: protegen intereses particulares.
Los partidos se oponen: no dejan gobernar.
La evidencia contraria termina confirmando la narrativa.
Ernesto Laclau estudió precisamente cómo demandas heterogéneas pueden articularse mediante la construcción de una frontera política que separa “el pueblo” de aquellos representados como responsables de impedir la satisfacción de sus demandas.
Entonces el 64 % deja de ser únicamente un indicador de popularidad. Comienza a mostrarnos una posible reorganización del sentido común.
No existe una sola clase dominante
Llegados a este punto sería tentador preguntar quién está detrás de todo esto.
La pregunta puede conducirnos nuevamente a una simplificación.
No existe “la clase dominante” como un sujeto homogéneo reunido alrededor de una mesa.
Poulantzas insistió en comprender el Estado como condensación material de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase.
Capital financiero, exportador, comercial, inmobiliario, turístico, empresas transnacionales, sectores vinculados a zonas francas y empresariado nacional no poseen intereses perfectamente idénticos.
Algunas de esas fracciones pueden compartir objetivos como disciplina fiscal, apertura económica, reducción de determinadas cargas o flexibilización y simultáneamente rechazar inseguridad jurídica, enfrentamiento con los tribunales, imprevisibilidad administrativa o excesiva concentración personalista del poder.
Aquí aparece una contradicción importante: las élites tradicionales pueden rechazar las formas del chavismo mientras comparten partes importantes de su horizonte económico.
Eso permite comprender también por qué fuerzas políticas que participaron históricamente en transformaciones económicas de orientación semejante pueden enfrentarse hoy al Gobierno.
Quizá una parte de la disputa no enfrente neoliberalismo contra Estado social. Podría enfrentar: neoliberalismo institucionalizado frente a neoliberalismo plebiscitario y securitario.
El primero reforma negociando con las mediaciones existentes. El segundo puede comenzar a considerar esas mediaciones precisamente como el problema.
¿Terminar lo que comenzó en los ochenta?
Aquí nuestra hipótesis adquiere su forma más provocadora.
El chavismo podría no haber llegado para destruir el proceso iniciado durante los años ochenta.
Podría haber llegado convencido de que finalmente puede culminarlo, no porque exista necesariamente un plan maestro elaborado hace cuarenta años. Los procesos históricos no funcionan así.
Gobiernos cambian. Intereses cambian. Fracciones de clase compiten. Existen resistencias, retrocesos, improvisaciones y contingencias. Pero una dirección estructural puede sobrevivir a quienes inicialmente la impulsaron, y puede encontrar, décadas después, una forma política más adecuada para profundizarse.
En ese sentido, la “Tercera República” podría terminar significando algo mucho más profundo que un cambio de gobierno. Podría expresar la tentativa de sustituir definitivamente el pacto social que, con todas sus contradicciones, estructuró la Costa Rica posterior a 1949.
La incómoda posición de la izquierda
Aquí el análisis debe dirigirse también hacia quienes nos ubicamos en la izquierda.
Defender la independencia judicial, las libertades públicas, la división de poderes, las universidades públicas y los controles constitucionales resulta indispensable. Pero defender la democracia liberal no obliga a convertirla en horizonte último de emancipación humana.
Podemos defender elecciones libres y preguntar simultáneamente cuánta democracia existe dentro de una empresa.
Podemos defender el Estado de derecho y preguntar qué libertad material posee quien debe aceptar condiciones laborales precarias para sobrevivir.
Podemos defender igualdad jurídica y preguntarnos qué igualdad política real existe cuando la riqueza se concentra extraordinariamente.
El problema aparece cuando la defensa democrática reúne al Frente Amplio con PLN, sectores provenientes del PAC y otras fuerzas sin que resulte suficientemente visible dónde termina la alianza táctica para defender instituciones y dónde comienza el proyecto alternativo de la izquierda.
Porque el chavismo obtiene entonces gratuitamente la imagen que necesita:
“ellos”: Partidos tradicionales, izquierda, sindicatos, universidades, instituciones y “privilegiados”.
Frente a: “nosotros”: El pueblo al que no dejan gobernar.
Cuando la izquierda conserva y la derecha promete transformar
Aquí aparece quizá la inversión política más inquietante de todas.
La izquierda defiende la CCSS.
Defiende las universidades.
Defiende derechos laborales.
Defiende convenciones colectivas.
Defiende pensiones.
Defiende instituciones públicas.
Y tiene razones históricas poderosas para hacerlo.
Pero defender conquistas no equivale todavía a construir futuro.
Mientras tanto, la derecha habla de: cambio, ruptura, transformación, refundación, Tercera República.
La paradoja resulta brutal: la izquierda corre el riesgo de convertirse en la fuerza conservadora de la Segunda República mientras la derecha se apropia del lenguaje revolucionario.
El Frente Amplio posee propuestas programáticas diferentes. Negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero un programa no constituye hegemonía.
Una alternativa contrahegemónica necesita organización social, presencia territorial, comunidades, sindicatos renovados, movimientos sociales, jóvenes, intelectuales orgánicos, producción cultural, pedagogía política y una imagen del futuro capaz de convertirse en deseo colectivo. No basta escribir la sociedad que queremos. Hay que conseguir que millones de personas quieran vivir en ella.
El vacío dejado por la izquierda
Y aquí Costa Rica deja de ser excepcional.
La reciente victoria de Alternative für Deutschland (AfD) en Sajonia-Anhalt, Alemania, donde obtuvo cerca del 44 % de los votos, debería obligarnos a pensar.
No porque Costa Rica y Alemania sean sociedades equivalentes. No lo son. Sino porque determinadas fuerzas de extrema derecha parecen haber comprendido algo que buena parte de la izquierda perdió de vista: La política no consiste solamente en administrar intereses. También consiste en producir sentido.
Al trabajador precarizado le dicen: alguien te quitó aquello que merecías.
Al habitante de territorios abandonados: las élites se olvidaron de vos.
Al pequeño empresario: el Estado te asfixia.
Al ciudadano asustado: recuperaré el orden.
Y al conjunto:
“Vos no fracasaste. Te traicionaron”.
Podemos cuestionar esas respuestas, pero antes debemos comprender por qué encuentran receptores.
Cuando desapareció el otro futuro
La caída del llamado socialismo real entre 1989 y 1991 significó mucho más que una derrota geopolítica. Contribuyó a destruir un horizonte.
Durante buena parte del siglo XX, capitalismo y socialismo aparecieron —con todas sus variantes, horrores, conquistas y contradicciones— como futuros posibles.
Después de 1989 comenzó a consolidarse la idea de que el capitalismo no constituía una forma histórica de organizar la sociedad, sino prácticamente la única realidad imaginable.
China demuestra que las relaciones entre planificación, mercado, propiedad, tecnología y Estado pueden adoptar configuraciones distintas, aunque su trayectoria histórica sea singular y resulte imposible trasladarla mecánicamente a otras sociedades.
Cuba y Nicaragua obligan, desde experiencias completamente diferentes, a discutir también los límites de proyectos que se presentan como alternativas al capitalismo liberal. Ser socialista no debería exigir suspender nuestra capacidad crítica precisamente cuando analizamos experiencias realizadas en nombre del socialismo.
Mark Fisher denominó “realismo capitalista” a esa dificultad contemporánea para imaginar una organización social más allá del capitalismo.
Quizá allí resida una parte fundamental de nuestra crisis.
La izquierda no perdió solamente elecciones: Perdió, en buena medida, el monopolio sobre la idea de futuro.
Defender ya no alcanza
Durante demasiado tiempo las fuerzas progresistas han sido colocadas a la defensiva:
Defender la Caja.
Defender el FEES.
Defender salarios.
Defender pensiones.
Defender sindicatos.
Defender instituciones.
Defender la democracia.
Todo ello puede resultar indispensable.
Pero resistir solamente responde una pregunta: ¿qué no queremos perder? No responde la pregunta decisiva: ¿qué queremos construir?
Una izquierda transformadora no debería limitarse a defender condiciones laborales de quienes todavía conservan derechos. Debería universalizarlos.
No solamente defender buenas pensiones para quienes aún las tienen, sino garantizar una vejez digna para todos.
No solamente defender estabilidad en el empleo público, sino combatir la precarización laboral pública y privada.
No solamente defender las universidades estatales, sino convertir el acceso al conocimiento superior en un derecho material para las clases populares en todo el territorio.
No defender privilegios: Universalizar conquistas.
Ese pequeño desplazamiento cambia completamente la conversación: Convierte una reivindicación defensiva en proyecto político.
¿Qué viene después de la Segunda República?
Llegamos entonces a la pregunta que quizá debimos hacernos desde el principio.
La Segunda República fue una construcción histórica. No apareció naturalmente. Tampoco constituye el destino eterno de Costa Rica.
Construyó instituciones extraordinarias, amplió derechos y desarrolló mecanismos de integración social que marcaron profundamente nuestra historia. También produjo exclusiones, contradicciones y límites que no debemos romantizar. Pero el consenso que la sostuvo parece agotarse.
El chavismo ya ofrece una respuesta para aquello que debería venir después: La llama Tercera República.
Quienes no compartimos ese proyecto tendremos que hacer algo mucho más ambicioso que defender indefinidamente aquello que todavía sobrevive del anterior. Tendremos que imaginar nuestra propia respuesta.
¿Qué significaría una Costa Rica donde el aumento de productividad producido por inteligencia artificial y automatización se convierta en reducción del tiempo de trabajo y no en desempleo?
¿Por qué no discutir una jornada laboral de treinta horas?
¿Por qué no ampliar sustancialmente la propiedad cooperativa?
¿Por qué los trabajadores no deberían participar en las decisiones estratégicas de las empresas?
¿Por qué la vivienda debe funcionar fundamentalmente como mercancía?
¿Por qué los cuidados continúan siendo tratados como responsabilidad privada?
¿Por qué no pensar una banca pública deliberadamente orientada hacia una transformación productiva ecológica?
¿Por qué no discutir formas públicas y comunitarias de propiedad sobre determinadas infraestructuras tecnológicas y datos?
¿Por qué no construir una política de seguridad capaz de perseguir implacablemente al crimen organizado mientras combate simultáneamente desigualdad, exclusión educativa y abandono territorial?
¿Por qué la democracia debe detenerse en la puerta del lugar de trabajo?
Eso todavía no constituye un programa. Es algo anterior. Es recuperar el derecho a imaginar.
Recuperar el futuro
La crisis histórica de la izquierda no consiste solamente en perder elecciones. Consiste en haber perdido, durante demasiado tiempo, la capacidad de hacer deseable otra sociedad.
Mientras tanto, nuevas derechas han comprendido el vacío y están intentando ocuparlo.
Por eso nuestra tarea no puede reducirse a conservar aquello que todavía queda de la Segunda República.
Hay que volver a imaginar el futuro.
No sabemos todavía cómo llamar a esa nueva Costa Rica. Tampoco sabemos exactamente cómo construirla.
Pero una transformación auténticamente democrática, solidaria, socialista y ecológica tendrá que recuperar aquello que cuatro décadas de neoliberalismo consiguieron debilitar: la convicción de que los grandes problemas colectivos no se resuelven individualmente y de que una sociedad conserva el derecho democrático de decidir cómo organiza su economía, distribuye su riqueza, utiliza su tecnología y construye su vida en común.
Quizá una revolución del siglo XXI comience precisamente allí. No necesariamente tomando un palacio. Sino recuperando algo que parecía habernos sido arrebatado: la posibilidad de imaginar que las cosas pueden organizarse de otra manera.
Porque si nosotros no somos capaces de imaginar qué viene después de la Segunda República, otros ya lo están haciendo por nosotros. Y hasta le han puesto nombre:
Tercera República.
Referencias orientadoras
CIEP-UCR. (2026). Informe de resultados de la encuesta CIEP-UCR, septiembre de 2026. Universidad de Costa Rica.
Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Caja Negra.
Gramsci, A. (1981-2000). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.
Hall, S. (2018). El largo camino de la renovación: el thatcherismo y la crisis de la izquierda. Lengua de Trapo.
Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI.
