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Etiqueta: historia política

El significado del 7 de noviembre de 1889

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli
Instituto Sindical de Formación Democrática

Al acercarse los años finales del siglo XIX, los costarricenses habíamos desarrollado una mentalidad que nos ha distinguido a través de nuestra Historia Patria: somos un pueblo pacífico, pero no cobarde, individualista pero no egoísta, respetuoso del derecho, pero no sojuzgado a la voluntad del Estado; se forjaron hombres libres que, en definitiva, comprendieron que la democracia es algo más que un acto electoral que se repite cada cierto tiempo y con una determinada periodicidad. Lo anterior lo escribí en 1989, a raíz de la conmemoración del centenario de aquella fecha gloriosa.

Sin embargo, aquel 7 de noviembre de 1889 algo faltaba para depurar los procesos electorales, pues hasta ese momento, el país había vivido una etapa de políticos personalistas que habían impuesto su impronta en la vida política nacional y de la mano de la naciente oligarquía cafetalera, que los impuso, bien fuera por medio de procesos electorales o golpes de Estado, como el ejecutado el 27 de abril de 1870 por don Tomás Guardia quien, al negarse a entregar el poder a don Mariano Montealegre, uno de los más relevantes personajes de aquella oligarquía, instauró un periodo de dictadura que, singularmente, empieza con la aprobación de la Constitución de 1871, la más liberal y longeva de nuestra historia a tal punto, que nuestra actual Constitución de 1949 se fundamenta en ella. Guardia no solo nos heredó la Constitución, o el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, sino que abrió el periodo que podríamos llamar «liberal» que se incrementa a su muerte durante el gobierno de Próspero Fernández (1882-88 su yerno) y el de Bernardo Soto (1886-1890 el yerno de este), con lo cual se culminan veinte años de dominio de la familia Guardia.

Así llegamos a las elecciones de 1889 para las que, como bien lo señala don Rodrigo Facio en su libro Estudio sobre economía costarricense, la oligarquía cafetalera había comprendido que los golpes de Estado y una política personalista, no eran el mejor medio para llegar al poder o estar cerca de él y que era necesario buscar otro camino y reforzar los sistemas electorales y para ello, era necesario la organización de partidos políticos como los instrumentos que en una democracia, median entre el poder y la gente. Por ello, en aquellas elecciones del año 89 aparecen los dos primeros partidos políticos en la escena electoral: el Partido Constitucional Democrático que postula al Lic. José Joaquín Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, conservador y opositor a las reformas liberales que se habían aprobado en 1886 y 1888. Por otra parte, surge del Liberal Progresista, con el apoyo oficial pues era el designado a la Presidencia de la República y liberal, que desde el principio gozó, como era de esperar, del apoyo del presidente Bernardo Soto quien llegó al extremo, pocos meses antes de las elecciones de traspasarle el poder, ante la obvia reacción del partido opositor.

Las elecciones, bajo el sistema de voto indirecto, se realizan en un ambiente de tensión, como era de esperar. El triunfo fue del Partido Constitucional Democrático en las votaciones efectuadas el 3 de noviembre, lo que provocó que el 5 de noviembre policías se lanzaran a la calle en una manifestación a favor de Esquivel, lo que produjo la consecuente consternación en la oposición. Ahí surge la figura de don Rafael Yglesias, yerno de don José Joaquín Rodríguez, que organiza a los vecinos de diferentes poblaciones, sitia la ciudad de San José y se lanza a las calles a defender el derecho al voto y a la voluntad popular. Ante la presión popular aquel 7 de noviembre, don Bernardo Soto renuncia a la presidencia y nombra al Dr. Carlos Durán, quien era el tercer designado, para ocupar el cargo y hacer la transición al nuevo gobierno de José Joaquín Rodríguez.

En aquella ocasión, por primera vez, el pueblo defendió uno de los más sagrados derechos en una democracia: la elección libre de sus gobernantes y el respeto a la pureza del sufragio. Pero el proceso de purificación electoral y consolidación democrática apenas comenzaba fundamentándose en los valores cívicos y espíritu de libertad que desde la independencia en 1821 se venían forjando lentamente, en el seno de nuestra cultura, patrimonio y mentalidad costarricense, unas veces cayendo y levantándose de nuevo, pero siempre con la mirada puesta en conquistar y defender el derecho a ser hombres y mujeres libres.

Esa herencia bendita está en sumo peligro, y no podemos terminar estas líneas sin advertirlo. Si en 1856 Juan Rafael Mora Porras calificó a los filibusteros como tiranos y falange impía, hoy son aspirantes a neofascistas, igualmente impíos irrespetuosos de nuestros valores y democracia, queriendo ser tiranos y negarnos lo que tanto nos ha costado: el derecho a ser libres. Por eso no podemos ni debemos los costarricenses seguir con la irresponsable actitud de la indiferencia, de volver la mirada hacia otro lado mientras nos roban la Patria. ¡No!, es la hora de indignarse y como lo hicieron los héroes del 56 y los ciudadanos del 7 de noviembre, tomar calles y ciudades, porque la democracia es nuestra, no de unos pocos advenedizos y forajidos creadores de odio contra las instituciones que fueron creadas por nuestros antepasados, para que pudiéramos tener un Estado Social de Derecho, que nos garantice prosperidad y paz; esa herencia, no la podemos dilapidar por una minoría que se ha dejado engañar y no supo elegir.

San José, 4 de noviembre de 2026

La democracia inconclusa

Frank Ulloa Royo

Una democracia que no nació completa

La democracia costarricense se parece más a un largo camino de conquistas, retrocesos y disputas que a la imagen estática y perfecta que suele presentarse cada 7 de noviembre. La conmemoración oficial del Día de la Democracia coincide con la fecha de promulgación de la Constitución Política de 1949 y suele estar acompañada de discursos que exaltan la estabilidad institucional del país. Sin embargo, una mirada crítica a nuestra historia obliga a reconocer que la democracia costarricense no nació plenamente democrática. Fue una construcción gradual, conflictiva y profundamente marcada por las exclusiones de su tiempo (Aguilar Bulgarelli, 1977; Salazar Mora, 2003).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 surgió de una sociedad fracturada tras la guerra civil. Aunque produjo un texto constitucional que con el tiempo se convertiría en el principal marco de convivencia democrática del país, aquella constituyente no reflejaba la diversidad de la sociedad costarricense. Los sectores vencedores del conflicto tuvieron una clara preeminencia en su integración. No hubo representación de la población afrodescendiente, ni de los pueblos originarios, ni de los sectores más vulnerables de la sociedad. Tampoco participó una sola mujer y apenas estuvo presente un representante vinculado al movimiento sindical. La Costa Rica real, diversa, popular y trabajadora, estuvo escasamente representada en aquel momento fundacional (Lehoucq, 1998).

La Constitución preservó importantes conquistas sociales heredadas de la década reformista de los años cuarenta. Sin embargo, en el terreno político mantuvo limitaciones que hoy resultan incompatibles con una concepción robusta de la democracia. Durante más de dos décadas, el artículo 98 constitucional sirvió de fundamento para excluir de la vida política legal a quienes profesaban determinadas ideas. La democracia coexistió con la proscripción. Mientras se organizaban elecciones periódicas y se fortalecían algunas instituciones republicanas, dirigentes políticos eran encarcelados, perseguidos o empujados al exilio. Los líderes del Partido Vanguardia Popular sufrieron el extrañamiento, la cárcel y la estigmatización. Muchas familias conocieron la represión, el silencio y el miedo como parte de su experiencia cotidiana (Molina y Palmer, 2014).

La democratización de la democracia

Por ello, resulta difícil sostener que la democracia costarricense nació completa en 1949. Más bien comenzó entonces una nueva etapa de la lucha por democratizar la propia democracia. Las reformas políticas impulsadas durante las décadas siguientes permitieron desmontar gradualmente mecanismos de exclusión y ampliar derechos. El reconocimiento pleno de la diversidad ideológica, la recuperación de libertades políticas para los sectores proscritos, las garantías para la organización sindical y el fortalecimiento de la negociación colectiva fueron pasos fundamentales para construir una ciudadanía más amplia e inclusiva (Rovira Mas, 2001).

La consolidación democrática alcanzó una dimensión social durante los años sesenta y setenta. La expansión de la seguridad social, que avanzó decididamente durante la administración de Daniel Oduber, contribuyó a extender derechos fundamentales a sectores históricamente excluidos. La educación pública, la salud universal, las instituciones autónomas y una política exterior capaz de mantener márgenes de independencia frente a los organismos financieros internacionales, particularmente durante el gobierno de Rodrigo Carazo, fortalecieron una visión de democracia que trascendía el simple acto de votar. Se trataba de una democracia que aspiraba a garantizar condiciones materiales para la dignidad humana (Sojo, 1984).

La ciudadanía social bajo presión

A menudo se olvida que la democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta cada cuatro años. La democracia también significa acceso a la salud, al trabajo digno, a la educación, a la organización social y sindical, a la cultura y a la posibilidad real de influir en las decisiones que afectan la vida colectiva. Una sociedad profundamente desigual puede conservar elecciones periódicas y, sin embargo, debilitar progresivamente el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Precisamente eso comenzó a ocurrir con el avance del modelo neoliberal a partir de los años ochenta. Sin necesidad de interrumpir la institucionalidad política, se inició un proceso de erosión gradual de múltiples conquistas sociales. El debilitamiento del Estado social, la creciente concentración de la riqueza, la precarización laboral y el deterioro de espacios de negociación colectiva afectaron pilares que habían contribuido a la ampliación democrática de las décadas anteriores. La democracia mantuvo sus formas, pero comenzó a perder parte de su contenido social (Cerdas Cruz, 1993; Vega Carballo, 2004).

Durante ese proceso se fue consolidando una paradoja inquietante: mientras la democracia electoral parecía fortalecerse, la democracia social mostraba señales de desgaste. Los ciudadanos conservaron el derecho al voto, pero vieron disminuir gradualmente su capacidad efectiva para incidir en las grandes decisiones económicas que definían sus condiciones de vida.

La política del miedo

Hoy Costa Rica parece encontrarse ante una nueva encrucijada histórica. La crisis de seguridad ciudadana, el crecimiento del narcotráfico y el incremento de la violencia han generado preocupaciones legítimas entre amplios sectores de la población. Nadie puede negar la gravedad de estos fenómenos. Sin embargo, la historia demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen abrir espacios para soluciones que terminan debilitando las libertades democráticas que se pretende proteger.

La democracia siempre enfrenta una tentación recurrente: sacrificar derechos en nombre del orden. Cuando el miedo domina el debate público, las garantías constitucionales empiezan a verse como obstáculos, los derechos humanos como privilegios indebidos y el pluralismo como una amenaza. Poco a poco, el lenguaje de la seguridad desplaza al lenguaje de la ciudadanía.

La experiencia latinoamericana demuestra que las democracias pocas veces retroceden mediante rupturas abruptas. Con más frecuencia se erosionan desde dentro, cuando la excepcionalidad se convierte en norma, la crítica es presentada como deslealtad y los derechos son percibidos como una molestia para la acción gubernamental (O’Donnell, 1997).

¿Qué democracia queremos defender?

Es en este contexto donde el gobierno de Laura Fernández Delgado deberá ser analizado críticamente. La cuestión fundamental no es si debe combatirse la criminalidad. Ninguna sociedad democrática puede renunciar a esa responsabilidad. La verdadera pregunta es qué tipo de democracia se construye mientras se combate. Existen diferencias profundas entre una seguridad ciudadana concebida como protección integral de las personas y una seguridad entendida exclusivamente desde la lógica del castigo, la exclusión y la restricción de derechos.

Cuando una sociedad comienza a aceptar que ciertas personas dejan de ser titulares de derechos por encontrarse privadas de libertad, cruza una frontera peligrosa. Los derechos humanos fueron concebidos precisamente para proteger la dignidad humana allí donde resulta más vulnerable. Defender los derechos de las personas encarceladas no implica justificar sus actos. Implica reconocer que la democracia no puede renunciar a los valores que le dan sentido.

La pregunta central de nuestro tiempo no es únicamente cómo enfrentar la inseguridad. La pregunta más profunda es qué democracia queremos preservar y ampliar para las próximas generaciones. Si la respuesta se construye desde el miedo, es probable que terminemos erosionando conquistas que costaron décadas de luchas sociales, políticas y sindicales. Si la respuesta se construye desde la ampliación de la ciudadanía, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana, la democracia costarricense podrá seguir avanzando en ese largo camino que nunca ha sido lineal.

Una tarea siempre inconclusa

Quizá el mejor homenaje que puede hacerse cada 7 de noviembre no sea repetir consignas sobre una democracia perfecta que nunca existió. Tal vez el verdadero homenaje consista en reconocer las exclusiones, las luchas y los sacrificios que hicieron posible ampliar derechos a lo largo del tiempo. Porque la democracia costarricense no fue una obra terminada en 1949. Ha sido, y sigue siendo, una construcción colectiva e inconclusa. Y como toda construcción humana, puede fortalecerse con más participación, más igualdad y más derechos, o puede deteriorarse bajo el peso del miedo, la intolerancia y la violencia.

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Generalmente se desgastan lentamente. Pierden sensibilidad frente al sufrimiento humano, reducen espacios de participación, normalizan la exclusión y terminan confundiendo la fuerza con la legitimidad. Cuando eso ocurre, las instituciones permanecen en pie, las elecciones siguen realizándose y los discursos oficiales continúan celebrando la democracia. Pero el espíritu democrático ya ha comenzado a abandonarlas. Y entonces lo que queda no es una democracia viva, sino apenas la memoria de lo que alguna vez aspiró a ser.

 

Referencias

Aguilar Bulgarelli, O. (1977). Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. San José: Editorial Costa Rica.

Cerdas Cruz, R. (1993). La otra cara del neoliberalismo. San José: EUNED.

Lehoucq, F. (1998). Institutions, Political Competition and Electoral Fraud in Costa Rica. Stanford University Press.

Molina, I., & Palmer, S. (2014). Historia de Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós.

Rovira Mas, J. (2001). Estado y política económica en Costa Rica. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Salazar Mora, J. M. (2003). Crisis liberal y Estado reformista. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Sojo, C. (1984). Estado empresario y lucha política en Costa Rica. San José: EDUCA.

Vega Carballo, J. L. (2004). Costa Rica: Economía y sociedad en el siglo XX. San José: Editorial Porvenir.

La izquierda y la derecha en la política global

Juan Huaylupo

Catedrático. Docente e investigador. Jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica

Los gobiernos contemporáneos han adoptado un estilo particular cuando los gobernados critican, protestan y hacen manifestaciones contra la actuación estatal que atenta contra el interés social. Por ello, los etiquetan de izquierdistas, por cierto, un apelativo poco original, pero descriptivo y contradictorio, pues precisamente reafirman su cotidianidad contra las mayorías trabajadoras de la sociedad.

La calificación de izquierdistas rememora cómo se ubicaban físicamente las posiciones políticas con respecto del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en la Francia revolucionaria de 1789, pues a su derecha estaban los nobles, el clero y los conservadores que defendían la monarquía y el veto absoluto de Luis XVI, mientras que a su izquierda se ubicaban los burgueses de ese entonces, los comerciantes, los sectores populares y los revolucionarios (jacobinos), que pretendían limitar el poder del rey y la eliminación del veto absoluto. En el siglo XIX, la división persistía, los conservadores monárquicos y la Iglesia católica eran de la derecha política, mientras que la izquierda eran los que proclamaban el establecimiento de la república, el crecimiento del liberalismo económico y la defensa de los trabajadores y su organicidad.

Las derechas desde su denominación original hasta el presente se han identificado con las ideas más retrógradas y las prácticas contra los excluidos. Así, en el siglo XX la derecha conservando su trayectoria regresiva, ha estado asociada con el crecimiento de la clase explotadora propietaria del capital, con los efectos de la Segunda Guerra Mundial promovió la violencia política (Guerra Fría) contra la diversidad política y organicidad de los trabajadores e impulsó la industria de la guerra.

La izquierda en el XX apoyaba la consolidación de la clase obrera y la formación de sindicatos y de partidos progresistas que gestaron el derecho laboral, que aún supervive, como la jornada de ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de vida personal. Asimismo, lograron establecer sistemas de jubilación, seguros de desempleo, invalidez y de accidentes laborales, igualdad entre las personas, así como la formalización del derecho a huelga, de sindicalización y de negociación laboral, como también el derecho a vacaciones pagadas, los aguinaldos, salud y sufragio universal, así como en las movilizaciones y protestas conquistaron reivindicaciones –como la vivienda popular, educación pública gratuita y universal– que contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de las familias pobres y necesitadas.

Asimismo, fueron los izquierdistas quienes con sus luchas conquistaron el derecho al voto, la igualdad social y laboral que revolucionaron las relaciones laborales y la institucionalidad global, que aún los trabajadores e izquierdistas defienden con denuedo.

En este siglo XXI, la derecha violenta la independencia de los poderes del Estado para centralizar, concentrar e intentar privatizar el poder político, a la vez que pretenden desde dentro desaparecer el Estado Social e imponer el totalitarismo fascista. Un proyecto que está destruyendo la democracia electoral con fraudes, la manipulación de leyes y engaños con troles y granjas de bots, así como apoya o es indiferente ante los genocidios contra pueblos en el mundo, que concesiona o privatiza los recursos nacionales para los consorcios empresariales mundiales y empeña la soberanía nacional y su futuro a un imperio, que se cree dueño absoluto de nuestra Latinoamérica.

La defensa y la restauración democrática, así como el respeto por los derechos ciudadanos, la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente, son tareas necesarias y urgentes de la ciudadana y de la izquierda, como también lo son el enfrentamiento ante la privatización financiera de la jubilación de los trabajadores, contra el cierre y liquidación de las instituciones públicas y la revaloración ciudadana de los principios constitucionales violentados.

El calificativo de izquierdistas y derechistas, en este breve y simple recuento histórico, es evidencia de que las derechas políticas están conformadas por los poseedores de las riquezas y poderes de un sistema económico, social y jurídico que los amparan, a la vez empobrecen a los empobrecidos que desprecian y liquidan.

En la perspectiva del poder y los privilegios que brinda la explotación del trabajo y la apropiación de recursos de los subalternos por los propietarios del capital, en alianza con el imperio, las derechas pretenden eternizar el dominio contra las sociedades, proceso que solo garantiza el enfrentamiento clasista y la polarización social. El odio clasista de la derecha nunca podrá eliminar a los subalternos, porque de ellos depende su bienestar y riqueza privada. Es absurda, estúpida y distópica la ilusión imperialista de ser el amo y esclavizar a los trabajadores del mundo, como también es la pretensión de superar las capacidades de subsistencia, resistencia y de defensa de los subalternos.

La conformación histórica del Estado costarricense fue un proceso de unidad política de izquierda y derecha, que posibilitó la eliminación del ejército, la construcción de una sociedad democrática y pionera en derechos sociales, donde el capital no antagonizaba contra la subsistencia, la vida ni la sociedad. La expansión del poder imperial en la segunda mitad del siglo pasado paralizó dicho proceso con la agresiva intromisión política norteamericana, las ambiciones de los conglomerados empresariales y los entes financieros del sistema iniciaron la degradación política, económica y social de lo construido social e históricamente por los costarricenses.

La derecha es quien liquida los resquicios del Estado de Bienestar en Costa Rica, la gorgona Medusa, es la servidora en el poder regresivo, la que amenaza a quienes la observan y critican para petrificarlos en su nueva cárcel. La derecha es torpe y ciega que abusa con su séquito e imagina representar a un salvaje jaguar contra la historia y futuro costarricense. Pretender degradar a quienes luchan por el bien común, el bienestar y el progreso para todos, es una muestra fehaciente de la caótica incapacidad y torpeza de la derecha y sus servidores.

A 35 años de la muerte de Daniel Oduber Quirós: filosofía, oratoria y visión de Estado en la historia costarricense

Dr. Fernando Villalobos Chacón
Historiador

El 13 de octubre de 1991 falleció Daniel Oduber Quirós, expresidente de la República, abogado, filósofo y una de las figuras más relevantes de la política costarricense de la segunda mitad del siglo XX. A treinta y cinco años de su desaparición física, su trayectoria constituye un objeto de particular interés para la historiografía nacional, tanto por las transformaciones institucionales vinculadas con su administración como por la dimensión intelectual de su pensamiento y su concepción del Estado.

Recordar a Oduber exige superar la mera evocación biográfica. Su figura debe analizarse en el contexto de una Costa Rica que, durante la segunda mitad del siglo XX, procuraba ampliar sus capacidades institucionales, fortalecer las políticas sociales, democratizar el acceso a la educación y diversificar su estructura productiva. En ese escenario, su pensamiento político estuvo acompañado por una sólida formación académica, una particular sensibilidad cultural y una visión del desarrollo que otorgaba al Estado un papel relevante en la transformación de las condiciones materiales de la sociedad.

El político formado en la filosofía

Daniel Oduber Quirós nació en San José el 25 de agosto de 1921. Su formación jurídica y filosófica contribuyó a configurar una personalidad política que encontraba en el estudio, la lectura y la reflexión histórica instrumentos para comprender los problemas nacionales.

Su paso por la Universidad McGill, en Canadá, donde obtuvo una maestría en Filosofía, y sus posteriores estudios en Europa ampliaron sus horizontes intelectuales. El contacto con la tradición filosófica occidental, particularmente con los problemas de la dialéctica, el conocimiento y la organización de la sociedad, permite comprender mejor la amplitud de sus intereses.

No se trata de establecer una relación automática entre sus estudios filosóficos y cada una de sus decisiones políticas. Sería metodológicamente improcedente atribuir a una formación académica la explicación absoluta de una trayectoria pública. Sin embargo, resulta legítimo señalar que su preparación intelectual formó parte de una identidad política en la que el conocimiento y la deliberación ocupaban un lugar significativo.

Oduber perteneció a una generación que participó en la construcción de la Segunda República y en la consolidación de nuevas formas de organización institucional. Su trayectoria en el Partido Liberación Nacional, la diplomacia, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República lo situó en el centro de los principales debates sobre el rumbo del país.

Su administración presidencial, desarrollada entre 1974 y 1978, coincidió con un periodo internacional complejo, caracterizado por la inestabilidad económica y las consecuencias de la crisis energética. En ese contexto, el Gobierno impulsó iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, el desarrollo social y la infraestructura pública.

Entre sus realizaciones institucionales destacan la creación de la Universidad Estatal a Distancia, el fortalecimiento de la educación tecnológica mediante el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la expansión de instrumentos de política social. Estas iniciativas respondían a una concepción según la cual el desarrollo nacional no debía limitarse al crecimiento económico, sino traducirse también en mayores oportunidades educativas y mejores condiciones de vida.

La oratoria como instrumento de comunicación política

Una de las dimensiones más notables de Daniel Oduber fue su capacidad oratoria. Su dominio del lenguaje, la amplitud de sus referencias culturales y su habilidad para construir argumentos le otorgaron un lugar destacado en la tradición de la palabra política costarricense.

Oduber puede ser considerado entre los grandes oradores de la política nacional del siglo XX. Esta valoración no depende exclusivamente de la extensión de sus discursos o de la solemnidad de sus intervenciones, sino de la relación que procuraba establecer entre la argumentación política, la cultura y la interpretación de los problemas públicos.

La oratoria constituye una fuente importante para el estudio de la historia política. En los discursos de un gobernante pueden identificarse sus ideas sobre el Estado, la democracia, la justicia social, las relaciones internacionales y el papel de las instituciones. También pueden reconocerse los valores mediante los cuales procura legitimar sus decisiones ante la ciudadanía.

En el caso de Oduber, su preparación intelectual le permitió desarrollar una forma de comunicación pública en la que las referencias históricas y filosóficas podían convivir con los argumentos propios de la administración del Estado. La palabra política no era únicamente una herramienta para persuadir al electorado: podía convertirse también en un medio para explicar proyectos, defender principios y formular una determinada interpretación del país.

Su legado oratorio merece, por tanto, una investigación sistemática que examine sus discursos, sus recursos retóricos, la estructura de sus argumentos y su relación con los principales acontecimientos de su trayectoria. Tal estudio permitiría comprender con mayor precisión el papel de la palabra en la construcción de su liderazgo político.

Guanacaste: territorio, desarrollo y visión de futuro

La relación de Daniel Oduber con Guanacaste constituye uno de los aspectos más significativos de su legado. Su vínculo con la provincia trascendió el ámbito afectivo para expresarse también en iniciativas relacionadas con la infraestructura, la educación, la agricultura y las oportunidades de desarrollo regional.

Guanacaste ha enfrentado históricamente importantes limitaciones asociadas con la estacionalidad de las lluvias, las sequías periódicas y la disponibilidad de agua para las actividades productivas. Estas condiciones han influido en la estructura agraria, la organización del trabajo y las posibilidades de aprovechamiento de sus suelos.

Comprender la historia de la provincia exige reconocer que sus transformaciones no obedecen a una sola administración ni a una figura política aislada. Son el resultado de procesos de larga duración, de iniciativas estatales sucesivas y de la participación de productores, comunidades e instituciones públicas.

Dentro de esa historia, el riego agrícola ocupa un lugar fundamental.

Durante la administración Oduber se impulsaron gestiones para organizar el desarrollo de la cuenca baja del río Tempisque. En 1974 se creó la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral de dicha cuenca, conocida como CODEINTE, que promovió los estudios y la planificación necesarios para aprovechar de manera más eficiente los recursos hídricos de la región.

En aquel periodo, la iniciativa de irrigación estuvo vinculada con el denominado Distrito de Riego Moracia. La elaboración del plan maestro y los estudios técnicos constituyeron antecedentes importantes para las etapas posteriores de la infraestructura de riego guanacasteca.

Es necesario establecer una distinción histórica: el desarrollo del sistema que posteriormente se consolidaría como el Proyecto de Riego Arenal-Tempisque no fue una obra terminada durante el gobierno de Oduber. Su construcción y ampliación se extendieron a lo largo de varias administraciones, con una evolución institucional que condujo a la creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) en 1983 y al desarrollo progresivo del distrito de riego.

No obstante, la planificación impulsada durante los años setenta forma parte de los antecedentes que permiten comprender ese proceso. Su importancia reside en haber contribuido a colocar el aprovechamiento del agua y la transformación productiva de la cuenca del Tempisque entre los asuntos prioritarios de la planificación regional.

El riego no representa únicamente una solución técnica para la agricultura. Desde una perspectiva histórica y económica, constituye un instrumento de transformación territorial: permite reducir la dependencia exclusiva de las precipitaciones, diversificar los cultivos, ampliar las posibilidades de producción y generar nuevas relaciones entre la actividad agropecuaria, el empleo y los mercados.

La historia de estas obras demuestra, además, que los grandes proyectos de desarrollo requieren continuidad institucional. Una iniciativa puede comenzar con estudios y decisiones políticas, pero su materialización depende de recursos, capacidad técnica, coordinación administrativa y voluntad de las sucesivas generaciones de gobernantes.

En ese sentido, el aporte histórico de Oduber debe examinarse dentro de una secuencia de decisiones públicas que contribuyeron a modificar las condiciones productivas de Guanacaste. El aeropuerto internacional en Liberia lleva su nombre por sus aportes. La finca La Flor fue donada por su familia a la EARTH donde se ha convertido en un espacio de conservación e investigación en el Pacífico seco del país.

Su vínculo con la provincia también se expresa en el ámbito educativo. La expansión de las oportunidades de formación superior y el fortalecimiento de instituciones educativas constituyeron componentes de una visión de desarrollo que reconocía la importancia del conocimiento para ampliar las capacidades de las regiones.

La educación, la infraestructura y la transformación agrícola no deben estudiarse como ámbitos completamente separados. En conjunto, permiten analizar una concepción del desarrollo en la que las instituciones públicas podían contribuir a reducir las limitaciones históricas de los territorios y a generar nuevas oportunidades para sus habitantes.

El legado intelectual y la memoria pública

La dimensión intelectual de Daniel Oduber también puede estudiarse a partir de su biblioteca personal, cuyo patrimonio documental fue donado a la Universidad Estatal a Distancia. La colección, integrada por libros, revistas y documentos, ofrece una oportunidad para investigar sus intereses, sus lecturas y las fuentes que acompañaron su trayectoria.

Una biblioteca personal constituye mucho más que una acumulación de volúmenes. Desde la perspectiva de la historia intelectual, permite aproximarse a los horizontes de lectura de una persona, identificar autores y corrientes de pensamiento, reconstruir redes culturales y formular preguntas sobre la relación entre conocimiento y acción pública.

En el caso de Oduber, la conservación de estos materiales adquiere especial significado por su trayectoria como intelectual y por su participación en la creación de instituciones educativas. Los documentos preservados permiten que nuevas generaciones de investigadores examinen su legado más allá de las interpretaciones partidarias o de las evocaciones conmemorativas.

La historia política requiere precisamente ese equilibrio: reconocer las contribuciones de una figura pública sin convertir su memoria en una narración exenta de crítica. Todo gobernante debe ser estudiado en relación con las circunstancias de su tiempo, las decisiones que tomó, los proyectos que promovió y los límites que condicionaron su gestión.

La valoración histórica de Oduber debe incluir, por consiguiente, tanto sus aportes institucionales como los debates y contradicciones propios de la Costa Rica de los años setenta. El rigor historiográfico no disminuye la relevancia de un personaje; por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad.

A modo de conclusión

A treinta y cinco años de su muerte, Daniel Oduber Quirós continúa ocupando un lugar relevante en la historia política e intelectual de Costa Rica. Su formación filosófica, su capacidad oratoria, su participación en la construcción institucional de la Segunda República y su interés por el desarrollo de Guanacaste conforman dimensiones de una trayectoria que merece seguir siendo investigada.

Su legado permite reflexionar sobre una cuestión fundamental: la relación entre las ideas y la acción política. La formación intelectual adquiere verdadera dimensión pública cuando contribuye a formular preguntas, orientar decisiones y comprender los desafíos de una sociedad. Del mismo modo, los proyectos de infraestructura y desarrollo regional deben analizarse no solo por sus resultados inmediatos, sino también por los procesos institucionales que los hicieron posibles y por sus consecuencias a largo plazo.

En Guanacaste, la historia de la planificación del riego recuerda que las transformaciones territoriales son construcciones colectivas que atraviesan generaciones. En el ámbito educativo, la continuidad de las instituciones y la preservación de su biblioteca personal muestran distintas formas de proyectar el conocimiento hacia el futuro. En la tradición política nacional, su oratoria representa un campo de estudio para comprender el papel del lenguaje y de la cultura en la vida democrática.

Como historiador, considero que la mejor manera de conmemorar a Daniel Oduber Quirós no consiste únicamente en repetir sus méritos, sino en estudiar críticamente su pensamiento, sus decisiones y sus aportes al país. Treinta y cinco años después de su partida, su figura nos invita a recuperar una dimensión indispensable de la vida pública: la convicción de que gobernar exige algo más que administrar recursos o ejercer autoridad. Exige comprender la historia, interpretar el presente y construir, con visión de futuro, las condiciones que permitan a una sociedad ampliar sus oportunidades.

La memoria de Daniel Oduber Quirós pertenece a la historia costarricense; su estudio riguroso corresponde a las generaciones que desean comprenderla.

Fernando Villalobos Chacón

Gracias por recordarnos lo valioso de ser zurdo, de izquierda, por ser mayoría

Mainier Barboza

Mainier Barboza

Somos herederos de: libertad – igualdad – fraternidad.

La palabra zurdo, de origen prerromano, asociado al vasco, zur (avaro, agarrado) y, zurrun, (inflexible, pesado) de grosero, evoluciona al término avaro.

Históricamente: Se asocia como que la sociedad es 90% es del lado derecho del cuerpo, (pierna, pie, brazo, mano) por tanto se da como las de habilidades, rectitud, maestría, por ejemplo, diestro. El desprecio a la izquierda era vinculado culturalmente como torpeza, siniestro, (en latín sinister significa izquierda). Esto creó un estigma sobre las personas que usaban la mano o pie izquierdo, sea para escribir, o patear un balón, por ejemplo. Así en las escuelas se utilizaban métodos literalmente antipedagógicos e inhumanos, para obligar a la persona con estas características a dejar de utilizarlas. Esto creó secuelas psicológicas tan dañinas que afectaron el lenguaje, la lectura en las personas.

Biológicamente: La cosa cambia. El 10% de la población mundial es zurda, se debe a una combinación de factores de genética compleja, donde confluyen muchos genes implicados- poligénica-(hoy se sabe que, si el padre y la madre son zurdos, la probabilidad de nacer zurdo es de un 25%, en tanto si son diestros, está en la proporción mundial, 10%). La parte más interesante es que el desarrollo cerebral sitúa a los zurdos y zurdas o izquierdas e izquierdos, con una mayor conectividad y comunicación entre los dos hemisferios del cerebro a través del cuerpo calloso – que a menudo procesa la información de forma más rápida; también influyen factores prenatales.

Políticamente: Se asocia el término izquierda en la Asamblea Constituyente, en el evento de la Revolución francesa de 1789. Se discutía o debatía, cuánto poder de veto debía conservar el rey Luis XVI frente a las nuevas leyes. Las diputaciones o representantes de dicha Asamblea se situaron así: A la derecha del presidente, los conservadores, aristócratas, y el clero que defendían al Rey, el orden tradicional y la corona. A la izquierda del que presidía se ubicaron los revolucionarios, los burgueses y jacobinos, que buscaban cambios radicales, limitar el poder monárquico y promover la igualdad social. Desde entonces la prensa y los diversos medios de comunicación establecen la diferencia entre derecha e izquierda, para definir ideológicamente las posiciones políticas actuales.

En resumen, podemos concluir que dicho término, lejos de ofender, enaltece a las personas así catalogadas, toda vez que representan un porcentaje mucho menor de la población mundial, desde el punto de vista de la composición humana, pero desde el punto de vista ideológico del término, una gran parte del mundo se ubica en esa izquierda, zurda, dado que las pretensiones, ideales, principios, valores, espíritu comunitario, gregario de la sociedad humana coinciden en esas pretensiones que la Revolución Francesa ha resumido de una forma precisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad,(en Francés Liberté, Égalité, Fraternité).

Bibliografía.

Sha, Z, Schijven, D, carriion-Castillo, A et al./2021) Estudio sobre Asimetría y Genética.

Hertz, R (1909). La Dualidad Histótrçrica del Lenguaje (Siniestro versus Diestro).

Corominas, J. (1954). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.

Gauchet, M. (1994)” La derecha y la izquierda”. En la obra “Elementos para una historia política de Pierre Nora. (Origen de la izquierda y derecha política.

Verhulst, B, et al. (2012). The correlation between handedness and political orientation

Del altar a la tribuna política: las nuevas relaciones iglesia-Estado en Costa Rica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026-5.pdf

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte I)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

George Santayana escribió que: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

Bienvenidos a una nueva serie de columnas donde vamos a poner las cartas sobre la mesa. A lo largo de estas entregas, quiero que repasemos juntos nuestra historia política reciente: los grandes aciertos, los peores desaciertos, los casos de corrupción que nos sacudieron, los logros de aquel bipartidismo tradicional y, finalmente, cómo llegamos a comprar el engaño de un “cambio” que terminó siendo una ilusión.

Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y nuestro punto de partida tiene que ser esa Costa Rica que renació de las cenizas.

Los cimientos de nuestra democracia

Nuestra historia moderna nace de una herida profunda: la dolorosa guerra civil de 1948. Sin embargo, de ese conflicto tan trágico logramos algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente definió las bases de lo que hoy es una de las democracias plenas más sólidas del mundo entero.

Fue una época de gigantes, donde líderes de distintas trincheras entendieron que el país estaba por encima de las banderas. Es de justicia histórica reconocer a figuras como José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, quienes, con sus acuerdos y diferencias, forjaron las Garantías Sociales. A ellos se suman mentes brillantes como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, arquitectos de la institucionalidad que nos dio paz y progreso.

La época de oro: El Estado de Bienestar (1950 – 1970)

Entre los años 50 y los 70, Costa Rica construyó un verdadero Estado de Bienestar. No fue obra de la casualidad, fue un proyecto país.

Logros monumentales como la abolición del Ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para garantizar el respeto a las urnas, la nacionalización bancaria y la fundación del ICE, transformaron a Costa Rica. Se fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se consolidó el Código de Trabajo y se le dio un impulso vital a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la educación pública en general.

Pero el impulso no se detuvo ahí. En los años siguientes vimos nacer el Sistema de Parques Nacionales —que hoy es nuestra mayor carta de presentación mundial—, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y conquistas laborales intocables como el aguinaldo. Era un Estado diseñado para que el hijo del campesino pudiera llegar a ser médico o ingeniero.

El quiebre de los 80s: La receta cambia

Pero todo modelo se desgasta, y a mediados de los años 80, el timón dio un giro brusco. El Estado de Bienestar comenzó a fracturarse.

Bajo la presión de la crisis económica y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica entró en la era de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Este marco neoliberal no se impuso solo; contó con el contubernio de tanques de pensamiento como la ANFE y las cúpulas políticas tradicionales tanto del Partido Liberación Nacional (específicamente la corriente del “arismo”) como del Partido Unidad Social Cristiana.

De pronto, la narrativa cambió. El discurso oficial empezó a bombardearnos con una idea central: “el Estado es muy grande y el gasto público es el enemigo”. Bajo esta justificación, comenzaron los recortes a programas sociales vitales y la visión de aquel país solidario empezó a ser sustituida por una visión estrictamente contable y de mercado.

El germen de la decadencia

Ese quiebre institucional y económico abrió la puerta a una Costa Rica muy distinta. Sin embargo, el daño más profundo de este cambio de rumbo no fue solo económico. Al debilitarse la visión solidaria del Estado y priorizarse el cálculo mercantil y la privatización de las ganancias, se abrió la puerta a un mal mucho más oscuro.

Empezó a enraizarse una nefasta y generalizada cultura de corrupción que permeó todos los estratos. Una descomposición moral que se instaló no solo en las más altas esferas de los sucesivos gobiernos, sino que también hizo metástasis fuera del Estado: en el sector privado, en gremios y en diversas estructuras de poder. El dinero, las comisiones y el tráfico de influencias comenzaron a pesar más que el bienestar común.

Cómo esos escándalos de corrupción descarada erosionaron la confianza pública, y cómo esto nos llevó a la crisis de nuestra clase media, al abandono del sector agropecuario y a la dolorosa brecha social que hoy sufrimos, será el plato fuerte de nuestra segunda columna.

Nos leemos en la próxima entrega.

Los Símbolos Nacionales de la República de Tercera

Vladimir de la Cruz

Con gran emoción la presidenta Laura Fernández Delgado anunció en el acto de su asunción al Olimpo Político costarricense, que estaba a las puertas de entrar a la Tercera República.

Lo hizo al aceptar y tomar la responsabilidad de dirigir el Gobierno que le fue traspasado y casi, en el campo religioso, hizo lo mismo con la publicidad del caso, cuando fue a depositar, a Cartago, la tela que le dieron como “Banda Presidencial” en la Basílica de los Ángeles.

A la Basílica de los Ángeles las personas agradecidas con las peticiones que le hacen a la Virgencita de los Ángeles, a la Patrona Nacional, por los favores que recibieron a sus peticiones, llegan a entregar sus exvotos, como ofrendas religiosas, que son conocidos también como “retablitos” o “milagritos”.

Hasta ese momento no sabíamos que la presidenta le había solicitado a la Negrita de los Ángeles que le diera, como petición, o que le materializara, su Ferviente Deseo y pasión por ser la presidenta de todos los costarricenses.

Ese acto de fe de la presidenta, testimonio de su fe muy popular católica, manifestó o puso en evidencia que en la campaña electoral se sentía enferma, accidentada o en peligro de no ser presidenta, lo justificó con su ida a la Basílica, demostrando que superados esos trances, ¿electorales?, se había encomendado a la Virgen de los Ángeles, para que le resolviera sus problemas de candidata y, ¡cataplúm!, solicitud concedida… ¡Presidenta! Según ella la número 50, de la Segunda República.

Las personas en esos estados quebrantados de salud o necesitados de resolver algún grave problema son los que cumplen con los exvotos cuando son superados. Generalmente los exvotos son figuritas u objetos que refieren al favor concedido… un brazo, una pierna, una mano, un objeto alusivo al favor recibido.

Fue a la Basílica sin la comparsa de cristianos no católicos que la apoyaron en la campaña política, y de los que blasfemaron de la Virgencita en campañas anteriores, que son sus aliados políticos…, que la deben estar detestando por haber ido allí.

Pero, ¡oh milagro espiritual!, en ese instante, la terrenal Laura Fernández, entrando a la Basílica, tuvo el arrebato, la manifestación súbita, sublime, intensa, violenta de la emoción que allí la tenía, que la hizo perder temporalmente el control o el juicio, de la expresión suprema de sentirse extasiada, embelesada, fuera de sí, como si fuera llevada al Cielo, al lado de la Virgen, siendo ella, supongo, una devota “mariana”, seguidora de la Virgen María.

La Virgencita de los Ángeles es también un Símbolo Nacional costarricense. Es el valor espiritual religioso más sagrado de los costarricenses. Está declarada Patrona Nacional.

Sus entrañas en ese momento se agitaron, entre la peregrina que pretendía aparentar, buscando una transformación interior, en una experiencia de conversión y encuentro con Dios, con la Virgen o con ella misma. ¡Oh!, entre la seguidora de la Virgen y las seguidoras de la Mariana Francesa, de Marianne, la figura alegórica y símbolo de la República Francesa, que exalta, que identifica la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, lo que ofreció que en su gobierno se iba a respetar.

En esa agitación interna, resultado de sus estudios humanísticos en la Universidad de Costa Rica, si es que pasaron por ella, Laura, la terrenal, la política, la presidenta, se vio en el éxtasis que estaba viviendo, como la representación popular de la Libertad y de la Razón, sintiéndose como la Diosa de la Libertad, no símbolo ni imagen de la República, sino apenas presentándose a la puerta de la que llamó la Tercera República.

Le faltó en ese sentido, presentarse ante la Virgen de los Ángeles, con el gorro frigio rojo, que era el usado por los esclavos emancipados en la antigua Roma, que fue adoptado por los revolucionarios franceses para representar la Libertad.

Y para la foto en ese hermoso acto espiritual político que protagonizó solo faltó también que siguiendo a la Marianne revolucionaria francesa, se hubiera hecho presente ante la Virgencita a pecho descubierto, desnudo, para simbolizar que ella es o va a ser la madre protectora que cuida a todos los hijos de la Patria, que pelea por todos ellos, como dijo que lo iba a hacer, para una mejor representación simbólica de la nutrición de la Patria que va a tener bajo su cuidado.

La tela con los colores de la bandera de la Revolución Francesa que llevó a la Iglesia pudo haberla acompañado con una reproducción de la pintura de Eugene Delacroix, “La Libertad guiando al Pueblo”. Marianne en la tradición revolucionaria francesa y popular es también el símbolo femenino opuesto a la figura del monarca, o de la reina francesa que fue llevada a la guillotina. Marianne es la representación del pueblo.

¿Así quiso presentarse y representarse Laura Fernández Delgado, el 8 de mayo y el día de la visita a la Basílica?

Los colores de la Bandera que usaban los revolucionarios franceses era el azul, el blanco y el rojo, colocados en forma vertical, como están representados en la Bandera oficial de Francia. En el caso francés, las franjas son de igual tamaño y anchura. El azul y el rojo eran usados también por la milicia revolucionaria francesa de París en 1789. E En Francia esos colores también representan los valores de la República, la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. El orden de los colores, azul, blanco rojo fue establecido desde 1794, el 27 de mes Pluvioso del Año II, del calendario revolucionario francés, que corresponde el 15 de febrero de 1794.

Cuando el Dr. José María Castro Madriz declaró y estableció, el 31 de agosto de 1848 la República de Costa Rica, superando el Estado de Costa Rica, que tenían con anterioridad, elaboró sus primeros Símbolos patrióticos, inspirado en la Revolución Francesa, usando los mismos colores de la Bandera de Francia, pero de manera horizontal, y duplicó los colores blanco y azul en, haciendo que la Bandera Nacional tuviera cinco franjas y no tres como la francesa. El ancho de las franjas es la sexta parte del ancho del total de la andera, siendo la del centro la que tiene dos sextas partes. Por eso, se estableció que oficialmente la franja roja del centro era el doble de la azul o a la blanca. Esa es la Bandera Nacional costarricense. Así se ha tenido desde 1848 hasta hoy. El Dr. José María Castro Madriz también elaboró el Escudo Nacional, que desde entonces nos acompaña. El Escudo sí ha sufrido variaciones.

La integración del Escudo con la Bandera es lo que se llama Pabellón Nacional. En el uso de la Bandera y el Pabellón Nacional se establece, en esencia, que el Pabellón Nacional solo puede ser usado por los presidentes de los Supremos Poderes de la República o debe colocarse cuando alguno de ellos está presente en un acto. Lo usan también los Embajadores en sus Embajadas en el exterior, allí donde está representada Costa Rica.

La Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Pabellón Nacional, junto con la Música del Himno Nacional y la Letra del Himno Nacional, son los Símbolos Mayores de la Patria, de la República y de los costarricenses.

Culturalmente hemos creado otros Símbolos Nacionales que son Símbolos Menores, alusivos a particularidades de nuestra naturaleza, biodiversidad, tradiciones culturales entre otros aspectos.

Los Símbolos Patrios Mayores tienen protocolo de su uso y del respeto que debe seguirse con ellos, que no se puede alterar, ni disminuir en su valor de uso y de respeto.

En los actos oficiales de Gobierno, con representantes de los Poderes del Estado solo pueden exhibirse y colocarse Pabellones Nacionales.

Se ha usado por tradición un banda de tela, que combinada con los colores de la Bandera Nacional, se usa para simbolizar los traspasos de Gobierno, de un gobierno a otro, de un presidente a otro.

Cuando esta banda se elabora simbólicamente para portarla el presidente saliente y entregarla al presidente entrante, con los colores de la Bandera Nacional, se le llama Banda Presidencial, a la que también se le coloca el Escudo Nacional, para simbolizar la fuerza que tiene el Pabellón Nacional, que solo puede ser usado, en este caso del Poder Ejecutivo, solo por el presidente o presidenta de la Republica.

En este sentido, la Banda Presidencial debe tener toda la rigurosidad que se da en su confección a la Bandera Nacional y al Pabellón Nacional. Las franjas exteriores del azul y el blanco deben ser, cada una de ellas, de una sexta parte del ancho de la Banda, en tanto la franja roja es el doble de ellas, es decir de dos sextas partes. Si no es así, no es una Banda Presidencial de uso protocolario correcta.

Si se le coloca el Escudo Nacional para simbolizar el Pabellón Nacional, también debe hacerse de forma que en el conjunto de las franjas el Escudo no quede torcido, ni casi acostado con una o dos de las franjas. Debe colocarse en caída perpendicular sobre las cinco franjas que constituyen la Bandera Nacional.

En el acto de traspaso de gobierno de Rodrigo Chaves Robles a Laura Fernández Delgado, no se traspasó una Banda Presidencial. Se traspasó una tela, que tenía en franjas de igual ancho los colores de la Bandera Nacional, que pretendía ser la Banda Presidencial, que no lo era. Podía ser más una caricatura, el en el mejor de los casos de la Banda Presidencial, en tanto como representación gráfica distorsionó y deformó los rasgos físicos y las características del Símbolo Patrio que se quiso entregar. En ese sentido Rodrigo Chaves Robles quiso ser humorístico, satírico, crítico, resaltó ridiculizando aspectos de la Banda para generar, como lo provocó, el impacto social de los comentarios que se han desatado. O lo peor de su actuación, donde lo traicionó su vanidad, su ego y su falsa conciencia patriótica, mandó el mensaje del país, nación, Patria, República, que traspasaba a manos de su escogida para continuar el mandato presidencial. Le estaba entregando simbólicamente un país sin Símbolos Nacionales, porque quienes los representan no creen en ellos y actúan para acabarlos en todo su sentido.

Eso solo puso en evidencia la carencia de valores patrios, que tuvo su Gobierno, la carencia de respeto por esos valores, que en su administración se pisotearon.

Puso de relieve el desprecio que tiene, el grupo gobernante, la nueva casta gobernante, por la Patria, la República como sistema político administrativo.

Puso en evidencia lo poco que le importa su ejercicio presidencial en correspondencia al cargo que le tocó administrar.

Dejó claro que poco le importan estos símbolos nacionales, que para él seguramente son los de la Segunda República, que poco le importa, que niega, que aborrece y de la cual reniega, sin tener claro que eso símbolos vienen desde la fundación de la República de Costa Rica, en 1848, del período que podría considerarse la Primera República, que llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando se declaró la fundación de la Segunda República, que fueron heredados y acogidos con pasión patriótica y verdadera idiosincrasia nacional costarricense, destacando los rasgos, comportamientos, ideas, actitudes que definen al pueblo costarricense en su totalidad.

Laura Fernández Delgado no tiene la culpa de haber recibido un harapo, un andrajo, de lo que figuraba ser el Pabellón Nacional, en la tela que recibió, que se la dieron como Banda Presidencial. Con ella estaba recibiendo el país desaliñado, indigente y de extrema pobreza que le estaba dejando su amado líder, Rodrigo Chaves Robles.

Las críticas que se hicieron por todo lado de inmediato, por el impacto que produjo ese adefesio de Banda que le dieron, provocó que Laura Fernández se deshiciera de ella lo más rápido que pudo. Así, la fue a dejar a la Virgen de los Ángeles, como quien le entrega un país hecho leña…, para no decir que le llevó basura…

Así empezó Laura Fernández Delgado su gobierno, como el viaje a Itaca que describe el poeta Kabalis:

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.
Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas.

El gobierno de Laura Fernández puede simbolizar el viaje de Ulises, en la Odisea, de regreso a Itaca, después de una intensa guerra de diez años, donde derrotaron a los Troyanos.

Para Laura no han sido diez años. Su viaje se remonta a cuatro años, cuando derrotaron, como han afirmado, ella y su predecesor, que lo sigue teniendo como gran guerrero en su Gabinete, a las castas, a los dictadores y tiranos, a las élites que han gobernado Costa Rica desde 1949.

Solo recordemos, que en Costa Rica, ningún partido político ha gobernado hasta ahora, tres gobiernos seguidos.

El viaje de Laura a Itaca inicia su continuo segundo gobierno. Ella misma viene del primero de este periplo político. ¿Será el último de la nueva casta de corruptos, como han sido llamados lo anteriores gobernantes, que llegó al poder en el 2022?

Comunismo y democracia (1)

Manuel Delgado

Justo días antes de asumir su curul parlamentaria, el diputado y líder del Frente Amplio José María Villalta ha querido dejar bien claro que él no es comunista. Le hace bien a él, a su partido y al país tanta franqueza.

Yo siempre he sostenido que un partido de centro-izquierda (para usar esa terminología tan ambigua pero tan de moda) es un buen actor en esta sociedad. Es más, he dicho que un partido de centro-izquierda fuerte es una muy buena noticia.

El Frente Amplio nació de la unión de un grupo de figuras provenientes que antes habían militado (incluso sido dirigentes) del Partido Vanguardia Popular, el partido comunista, y del posterior partido de Manuel Mora, Partido del Pueblo. Durante años tuvo como líder, recuérdese, a un dirigente de la vieja guardia comunista, el querido y recordado José Merino del Río. Muerto este, las nuevas generaciones fueron describiendo un lento pero seguro desplazamiento hacia el centro hasta convertirse en lo que es hoy, un partido de centro-izquierda.

Vale resaltar que por todas partes este partido mantiene en sus filas a muchos viejos comunistas y, sobre todo, a un pujante contingente de jóvenes que se dicen marxistas, incluso comunistas. En los primeros que pienso es en ellos, y siento esas declaraciones como un gran irrespeto a los que ellos, que de manera tan honesta valiente defienden muy parecidas a los de miles y miles de comunistas en el mundo, esas ideas que son también las mías. ¿Se siguen sintiendo estos representados por alguien que se desmarca de esa manera? No lo sé y creo, además, que ese es un asunto interno de su partido.

Lo importante por ahora es que esa negación del comunismo no tiene nada de repudiable. Más bien es muy útil y aleccionador, sobre todo para ese contingente de izquierda que, repito, mantienen dentro de sus filas.

El problema consiste en que esa autodeterminación se haga, como se hace, desde recurriendo a las manidas prácticas de un viejo anticomunismo que tiene muy poco de saludable. Él no es comunista, dice, sino democrático y humanista.

Lo de humanista se cae por su peso y deberíamos dejarlo pasar. Baste preguntarle: ¿Acaso no eran humanistas Manuel Mora, Carmen Lyra, Carlos Luis Fallas, Jorge Debravo y tantos otros? ¿No fue humanista el fundador de su partido, el siempre recordado José Merino del Río? Esa referencia el diputado solo tiene un objetivo: señalar al comunismo y los comunistas como contrarios al humanismo, al menos, no humanistas. Pero basta, quiero centrarme en lo de demócrata.

El nervio de esa declaración de anticomunismo se basa en la contraposición Comunismo vs Democracia. En esta materia el diputado recurre al lenguaje común, casi que podríamos calificarlo de vulgar, pues esa es el más vulgar de los argumentos del anticomunismo. Según la ideología oficial, la que nos repiten todos los partidos, medios de comunicación, escuelas, etc., es esa: o se es comunista o se es demócrata, nunca las dos a la vez.

Agrega Villalta que ellos siempre se han opuesto a los gobiernos “no democráticos” de izquierda y de derecha. Y eso está claro: él y otros dirigentes (no todos) han apoyado mociones de la Asamblea Legislativa condenando a Cuba, Venezuela y otros, porque ellos, que osan en erigirse en jueces no solo sobre asuntos del país sino del mundo entero, no los consideran democráticos. Pocos días antes de las pasadas elecciones, el candidato presidencial de su partido Ariel Robles decía que si él fuera venezolano sería de oposición y estaría o en la cárcel o en exilio. No tuvo la honestidad, por cierto, de aclarar que hay una oposición constitucional en ese país, la cual participa en elecciones y tiene representantes en los órganos del Estado. Pero sería pedirle demasiado al Frente Amplio.

Pero, seguimos. Si fueran venezolanos estarían en la oposición y en exilio, ¿dónde y con quién? ¿En Miami con Guaidó? No sabemos. ¿Con María Corina Machado, la misma que ha pedido la invasión extranjera a su país, la que apoya abiertamente el genocidio sionista en Palestina, la que puso el malhadado premio Nobel en manos de Trump, la que acaba de andar revolcándose en España con el derechista Partido Popular y, aún peor, con los fascistas del Partido Vox? ¿A esa oposición pertenecerían? Sería bueno que lo aclararan. Volveremos sobre las revoluciones latinoamericanas. Lo que aquí queda claro es que la “democracia” que se propone no puede ser abstracta, tiene que inscribirse en un contexto histórico.

Vamos ahora a lo de comunista. Por comunismo se entienden dos cosas. Una se refiere a un movimiento político o a una ideología y programa políticos. El otro se refiere a una forma de sociedad y, más exactamente, a su estructura u organización económica y social. Desde este último de vista, comunismo es lo antitético no de la democracia sino del capitalismo, es su fase posterior en la historia.

Democracia por el contrario tiene una significación más unitaria. Se refiere al ámbito político, es un fenómeno que ocurre en el ámbito político y se identifica con una forma de gobierno. Contraponer una categoría económica otra política es ya una trasgresión lógica, es hacer confusión para crear más confusión y eso no es, o al menos no debería ser, la forma de actuar de un político serio.

De allí se desprende que la oposición no es comunismo o democracia, sino comunismo o capitalismo. Oponer comunismo con democracia es una forma sutil de enmascarar una opción del capitalismo frente al socialismo.

Dice el diputado que su partido promueve la justicia social dentro del marco de la democracia y que él, en definitiva, es socialista. Y aquí, una vez más, hay que aclarar los términos. ¿Qué entiende él por socialismo? Yo por socialismo entiendo lo que se vive en Cuba o en China, o lo que se vivió en la Unión Soviética. Socialismo es una forma de organización económica y social que antecede al comunismo, que prepara las condiciones para el comunismo. Se le denomina a menudo como “primera etapa del comunismo”. Es una etapa en que los medios de producción ya no están, al menos en su mayoría, en manos privadas, sino que se hallan colectivizadas o estatizadas, pero donde todavía perviven diferencias sociales derivadas de la forma como se distribuye el producto. Para decirlo con una frase clásica, en el socialismo cada uno recibe de acuerdo con su trabajo, mientras en el comunismo cada uno recibirá de acuerdo con sus necesidades. No podemos detenernos en este asunto tan interesante y sugerente, pero sí determinar que entre socialismo y comunismo existe solo una diferencia de madurez, de riqueza social, de capacidad productiva de la sociedad.

Pero, volviendo a nuestra cuestión, ojalá fuera a eso a lo que se refiere el diputado cuando se llama a sí mismo socialista. Pero desdichadamente no lo es.

Socialismo es, por otra parte, un movimiento político nacido como degeneración del movimiento comunista. Por razones históricas, ese fue el nombre original del movimiento político comunista. También por razones históricas muy particulares, en Costa Rica el partido comunista se vio obligada a adoptar y mantener el nombre de Partido Vanguardia Popular. Asimismo, los partidos comunistas europeos asumieron, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el nombre de socialistas o Socialdemócratas. Cuando el partido de Lenin tomó el poder en su país en 1917, se llamaba así, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. No fue sino hasta 1918, después de tomar el poder en su inmenso país, que cambió ese nombre y pasó a llamarse Partido Comunista de Rusia.

La razón: que una parte del movimiento comunista mundial había abandonado sus posturas revolucionarias y había lanzado a un ataque sistemático contra la revolución rusa. De esa división nace movimiento socialdemócrata europeo actual y sus partidos, conocidos como movimiento socialista y partidos socialistas.

El argumento principal de esos “socialistas” era que la naciente revolución había renunciado a la democracia y que ellos preferían llevar a cabo la liberación de la clase obrera europea no por la vía bolchevique sino por un “camino democrático”. Entendían por tal camino uno que aprovechara métodos políticos de la burguesía de sus países, principalmente las elecciones parlamentarias, y que al mismo tiempo avanzara en los cambios por la vía de las reformas parciales. Por cierto, llevan más de cien años en eso de hacer reformas, más de cien años en lo que han ejercido el gobierno en gran cantidad de países europeos, y la clase obrera sigue sufriendo la misma explotación que sufrían al comienzo del siglo XX. La socialdemocracia abandonó el principio de oposición al capitalismo, el camino de la superación del capitalismo y, por contrario, se convirtió en un movimiento que se nutría de los embellecimientos del régimen capitalista. A ese movimiento internacional se afilió y sigue perteneciendo aún el Partido Liberación Nacional.

La “democracia”, pues, era la piedra de toque de la discusión y de la división. ¿Son esos los prototipos del señor Villalta? ¿El Partido Socialdemócrata Alemán? ¿O al gobernante Partido Socialista Obrero Español? ¿En ese “socialismo” se inscribe?

Volveremos sobre este punto.

¡Ironías de la historia!

Marielos Aguilar Hernández

La extradición hacia Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez no ha dejado indiferente a ningún costarricense. Al contrario, ha inspirado los más diversos sentimientos y opiniones y, sobre todo, nos ha dejado ver el alto nivel de corrupción que ese flagelo ha alcanzado en las diferentes esferas del Estado.

En lo personal, debo decir que desde el momento mismo en el que el nombre de Celso Gamboa comenzó a figurar en el ámbito nacional, hará unos quince o veinte años, no pude evitar que viniera a mi memoria ese mismo nombre pues me resultaba un tanto familiar. Y es que, dadas las investigaciones que he realizado como historiadora, el nombre de Celso Gamboa Rodríguez, abuelo de Gamboa Sánchez, me ha merecido gran respeto y reconocimiento. Veamos.

En momentos tan difíciles como fueron los días posteriores a la guerra civil de 1948, cuando se convocó a unas elecciones extraordinarias para integrar la Asamblea Constituyente que se encargaría de redactar una nueva Constitución, don Celso Gamboa Rodríguez jugó un papel muy respetable en la recuperación de la estabilidad de nuestro país.

Aquellas elecciones se realizaron en enero de 1949 y participaron dos partidos vencedores en la guerra civil, el “Partido Unión Nacional” dirigido por don Otilio Ulate y el “Partido Social Demócrata” dirigido por don Rodrigo Facio. Se sumaron también otros dos pequeños partidos, el” Partido Constitucionalista”, dirigido por don Celso Gamboa Rodríguez y el “Partido Confraternidad Nacional”.

A pesar de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los sectores perdedores en la guerra civil, Gamboa Rodríguez estuvo dispuesto a conversar con algunos dirigentes vanguardistas y calderonistas y a comprometerse con la lucha para mantener en la nueva constitución el “Capítulo de las Garantías Sociales” y, con ellas, el “Código de Trabajo”.

Con ese compromiso, los calderonistas y los comunistas que pudieron votar en aquellas elecciones le dieron su apoyo a don Celso Gamboa Rodríguez, quien honró su palabra dando la lucha en el seno de la Asamblea Constituyente para evitar lo que la mayoría ulatista pretendía, a saber, eliminar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo que tanto molestaba a la oligarquía costarricense.

De manera que, en el largo recorrido de nuestra legislación social, el nombre de don Celso Gamboa Rodríguez ha ocupado un honroso lugar. Por esa razón es doblemente dolorosa la ironía de la historia cuando hoy su nieto, Celso Gamboa Sánchez, debería ser procesado por sus presuntos delitos, a la luz de la Constitución Política que su abuelo contribuyó a cimentar.

Por supuesto, su extradición a Estados Unidos modifica sustancialmente todo ese panorama.