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Etiqueta: Honduras

En solidaridad con la familia de Keyla Martínez Rodríguez, Víctima de un feminicidio más en Intibucá, La Esperanza

Denunciamos que es una burla a la justicia la condena al policía Jarol Perdomo Sarmiento, único acusado de este vil asesinato

17 de febrero, 2024.

El 7 de febrero del 2021, bajo custodia policial, fue vilmente asesinada la estudiante lenka de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez, en las celdas de la UDEP N°10 ubicada en La Esperanza, Intibucá.

Organizaciones y personas, a nivel nacional e internacional, manifestamos nuestra profunda solidaridad con la madre doña Norma y su familia. Así, nos unimos para denunciar que el pasado miércoles 14 de febrero el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque emitió la arbitraria sentencia contra el policía Jarol Perdomo Sarmiento, como único acusado de un feminicidio de esta naturaleza en el cual tienen que estar implicados la cadena de mando, un Tribunal que claramente ha demostrado tendencia a encubrir y proteger a los responsables de este crimen.

Han pasado 3 años de este infame feminicidio. Perdomo fue condenado a cinco años, de los cuales en este mes de abril cumplirá 3 años en prisión y los dos años restantes de la sentencia los podrá pagar en efectivo a razón de diez lempiras diarios ($0.41 dólares). Quedará libre bajo la calificación de homicidio imprudente, a pesar de que las autoridades en el 2021 hicieron caso omiso a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes instan a tipificar este crimen como feminicidio agravado de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Minnesota, en un escenario de sistemáticos feminicidios que también han quedado en la impunidad.

Nos preocupa que a la familia de Keyla se le ha negado contar con un justo acceso a la justicia y a la información completa y oportuna, los cuales son derechos humanos inalienables. Pese a eso, sus raíces lenkas, como pueblo originario de Honduras, les ha dado la determinación de seguir luchando ante las instancias que sean necesarias exigiendo JUSTICIA PARA KEYLA para que sus asesinos y cómplices no queden libres ni en impunidad.

Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado al gobierno hondureño, al Ministerio de Derechos Humanos y al poder judicial para que se haga justicia pronta a este vil feminicidio.

¡Justicia para Keyla!

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, , Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche;Honduras Coordinador General Christopher Castillo de laAlternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela,Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.

Adhesiones de más organizaciones y personas a nivel nacional e internacional

Organizaciones:

España (Palma, Baleares): Ensenyants Solidaris. Costa Rica: Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Bloque de Vivienda, Código Rosado-CR, Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), Departamento Ecuménico de Investigación (DEI), Partido Obrero Socialista (POS), Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT), Unidos por la Caja, Buen vivir, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. El Salvador: Asociación Magisterial Inclusiva de El Salvador (AMIES), Equipo Ventana Abierta, Santa Marta. Honduras: Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras. México: Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CLETA-UNAM), Colectivo Totlahtol Yoltok (Nuestra palabra vive)-Orizaba, Partido Obrero Socialista (POS).

A nivel personal:

Daniela González López (Observatorio de DDHH de los Pueblos). Bolivia: Ana María Vargas Sandoval. Colombia: Andrea Neira Cruz. Chile: Cecilia Castillo Nanjarí, Inés Pérez Cordero. El Salvador: Irma Díaz (AMIES), Luis Bonilla, Teresa Pérez. España: Pedro Polo Fernández. Costa Rica: Alejandra Bonilla Leiva, Alejandra Cordero Corrales, Allen Cordero Ulate, Ana Cecilia Jiménez Arce (ACODEHU), Ana Franzen, Ann Marie Saidy (Código Rosado), David Morera Herrera, Dennis Calix, Edison Valverde Araya (mensajero del Buen Vivir), Efraín Álvarez Briones, Fanny Reyes Ortiz, Grace Solano (PRT), Guadalupe Urbina Juárez, Javier Carvajal Monterrey, Juliana Gil Ortiz, karol Montero Rony, Laura Barrantes Blanco, Natalia Solís Rojas y Rebeca Murillo Arias (Unidos por la Caja, Olga Coronado Calvo, Óscar Leiva Cerrato, Pablo Hernández (POS), Silvia Regina de Lima Silva (DEI), Fabiola Bernal Acebedo, Fanny Reyes Ortiz, Magda Solís Alpízar, Marbella Martín Fragachán, Marielos Muñoz Solórzano (Bloque de Vivienda), María Trejos Montero, Marilyn Morris Zúñiga, Yamileth Monterrey López. Honduras: Camila Benítez Ramírez, Cristopher Castillo (ARCAH), Hedme Castro (ACI PARTICIPA), Iris Isabel Rivera, Miriam Miranda (OFRANEH), Moisés David Cáceres Velázquez, Nidia Fonseca Rivera, Osiris Villalobos, Yéssica Yamileth Trinidad Elvir (Red Nacional de Defensoras de los DDHH en Honduras) Guatemala: Egil Galindo Ovalle, Delmi Georgina Arriaza Pontoza. México: María Ramos Casiano, Lucía Morales Celestino y Alexander Lara Hernández (Colectivo Totlahtol Yoltok). Nicaragua: María Félix Arauz Reyes. Perú: Eduardo Arboccó Gallardo. Venezuela: José Amesty Rivera.

Es una burla la condena al policía Jarol Perdomo Sarmiento, único acusado del feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez

Pronunciamiento de la familia de Keyla Martínez Rodríguez

15 de febrero, 2024, Intibucá, Honduras

El 7 de febrero del 2021, bajo custodia de la Policía fue vilmente asesinada la estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez, en las celdas de la UDEP N°10 ubicada en La Esperanza, Intibucá. 

Han pasado 3 años desde que ella no está con nosotros. Este miércoles 14 de febrero 2024 conocimos la sentencia por parte de las autoridades del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, después de un largo juicio en el que claramente había una inclinación a favor del único imputado en este feminicidio. Lo han condenado a cinco años, de los cuales en el mes de abril cumplirá 3 años en prisión y los dos años restantes de la sentencia los podrá pagar en efectivo a razón de diez lempiras diarios ($0.41 dólares). Así, quedará libre bajo la calificación de homicidio imprudente, después de haberse burlado de la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de tipificar como feminicidio de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Minnesota.

Como familia nos sentimos decepcionados y defraudados con la injusticia hondureña, tristes por la muerte de nuestra querida Keyla que como muchas otras han quedado en la impunidad y sus verdugos están libres con carta blanca para seguir delinquiendo en el país. 

Desde el principio denunciamos muchas irregularidades en el proceso. Como víctimas y personas que no tenemos los recursos económicos suficientes para cubrir los costos legales, no tuvimos un justo acceso a la justicia ni a la información completa y oportuna.

Agradecemos a todas las personas, colectivos y organizaciones populares y de Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional, que nos acompañan solidariamente en esta tragedia familiar.

Como desde tiempos de la invasión colonial, nuestra sangre Lenka nos impulsa a seguir luchando ante las instancias que sean necesarias exigiendo JUSTICIA PARA KEYLA y que sus asesinos y cómplices no queden libres ni en impunidad. 

La justicia hondureña nos queda mucho a deber y recordemos que la muerte violenta 

de mujeres incrementa día a día y las autoridades no hacen nada para protegernos. 

¡Justicia para Keyla!

Frente a esta injusticia Norma Rodríguez, quien es la madre de Keyla Martínez, denuncia la complicidad del sistema judicial hondureño, al mismo tiempo que señala la ineficiencia del Estado frente a la violencia feminicida. Norma Rodríguez hace un llamado a las organizaciones sociales a formar parte de esta denuncia, y hace énfasis en sus raíces Lencas, las cuales la instan a tener fortaleza y seguir luchando para que se haga justicia.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1452566315656404&id=100019267502591&sfnsn=wa&mibextid=VhDh1V

Keyla, una sentencia vergonzosa

Después de dos años y medio del asesinato de la joven estudiante Keyla Martínez, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque encontró al policía Jarol Rolando Perdomo culpable del delito de homicidio imprudencial, no de femicidio agravado como solicitaba la parte acusadora.

Giorgio Trucchi

La noche del 6 de febrero de 2021, Keyla Martínez, de 26 años, estudiante de enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (UDEP 10), supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.

En la madrugada del siguiente día, el cuerpo sin vida de la joven estudiante era ingresado a emergencia del hospital departamental. Según la Policía, Keyla se había suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda.

Dicha versión fue desestimada por el resultado de la autopsia, que reflejó que su muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.

Acusado del asesinato ha sido el policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien desde su detención ha guardado prisión preventiva.

Fue femicidio

Del 22 al 29 de septiembre del año pasado se llevó a cabo el juicio oral y público, que “finalizó” con la decisión del juez de ordenar un receso indefinido del mismo, hasta tanto la Sala de lo Constitucional no se pronunciara sobre un recurso de amparo presentado por la parte acusadora.

Dicho recurso fue presentado contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Comayagua de modificar la tipificación del delito de femicidio agravado (pena de 25 a 30 años) a homicidio simple (15 a 20 años).

Tras notificar a las partes, el 31 de agosto, la decisión de declarar sin lugar el recurso de amparo, bajo la argumentación de que no es de su competencia conocer de calificaciones de delitos, la Sala de lo Constitucional dio algunas recomendaciones al tribunal competente del caso.

Entre otras, sugirió tomar en cuenta, en su sentencia, elementos fundamentales como género e igualdad, el protocolo sobre muertes violentas y el contenido de la Convención de Belém do Pará1 .

El tribunal convocó a las partes este 14 de febrero para la lectura de sentencia.

Una sentencia vergonzosa

“El tribunal absolvió a Perdomo por delito de homicidio simple y lo condenó por homicidio imprudencial. Esto significa que para el tribunal no asesinó a Keyla, sino que omitió cuidarla, faltando a sus deberes”, dijo a La Rel la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh.

“Prácticamente está avalando la idea de que Keyla se suicidó y que el dictamen forense no estableció con exactitud la causa de la muerte”, agregó.

De acuerdo con el código penal vigente, el delito de homicidio imprudencial es punible con una pena de 3 a 6 años. Si a Perdomo le aplicaran la pena intermedia de 5 años quedaría en libertad.

Mientras tanto, el tribunal fijó al 11 de octubre la audiencia de individualización de la pena. Cofadeh ya advirtió que interpondrá de inmediato un recurso de casación.

“Los medios de prueba eran muy contundentes. El médico forense descartó totalmente el suicidio y estableció que Keyla fue asesinada. Por eso consideramos que la resolución no está apegada a derecho y que Perdomo debía ser condenado por femicidio agravado”, explicó Cárdenas.

“Esta resolución” continuó la abogada de Cofadeh “está totalmente alejada de la realidad y el tribunal ni siquiera tomó en cuenta las sugerencias de la Sala de lo Constitucional”.

“Es frustrante. Esperábamos cualquier cosa menos que esto. Lo único que esta sentencia confirma es que Jarol Perdomo no es el único responsable del asesinato de mi hija, sino que hay otros involucrados”, concluyó Luis Sosa Torres, padre de Keyla.


1 La Convención de Belém do Pará da la pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, así como la formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención

El consumo impulsivo

Por Marlin Ávila

Toda la semana hemos presenciado un exagerado tráfico por las ciudades y largas filas en las tiendas y comercio en general. Ha sido como si el grave problema que tiene Honduras, de ser el segundo país más pobre del continente se hubiera esfumado por la magia de la Navidad.

Algunas amistades nos han preguntado sobre regalos recibidos, algo que se supone que, al recibir algo, se debe corresponder de la misma forma. Unas pocas botellas de vino las hemos repartido, quedándome con solamente una. ¿Pero qué hacemos sí nos hacen regalos, más allá de un tinto o un tequila?

Desde muy joven supimos que, el sistema comercial se aprovecha de nuestra cultura religiosa para promover el consumo irracional en la ciudadanía.

En muchos casos, vemos ciudadanos saliendo orgullosos con paquetes de las tiendas, apenas para dar una apariencia de holgura económica.

Tuvimos una amiga que se sentaba en una banca a la salida de un Mall para ver salir la gente con o sin bolsas de las tiendas. «Así,» nos decía, «me doy cuenta que la mayoría anda viendo vitrinas o realmente comprando.»

Aun cuando hay bastantes excepciones, generalmente no se piensa mucho en el presupuesto familiar, antes de lanzarnos impulsivamente a comprar algo para regalar. El sentimiento genuino de entregar un regalo es de admirar, y agradecer, pero también lo es, la capacidad de dominio emocional para evitar caer en un déficit presupuestario familiar.

Es como quien nos dice, «tenemos todo el derecho de gozar esta navidad”, porque el contexto nos lo permite, sin detenernos 15 segundos a pensar en el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza, Palestina, asesinando indiscriminadamente a miles de habitantes.

Pensemos que, invitando a los amigos a un nacatamal con café, u otra comida típica, expresamos nuestra gratitud por la amistad sostenida en este y anteriores años.

O, ¿nuestro lector cree que debe recibir un artículo de fábrica y marca reconocida, para saber del aprecio que le tiene su amistad?

Tenemos muy buen café y torrejas, pan dulce, y comidas típicas, para compartir y brindar por el nacimiento de Jesús y por nuestra amistad.

¿Feliz navidad y noche buena?

UCR: Un nuevo  juvenicidio está ocurriendo en la región centroamericana

Fotografía: archivo OCI, UCR.

Pronunciamiento

Comunicado de académicos y académicas

En ocasión de la realización del VI Simposio “La hora de la política: juventudes, transiciones y transformaciones actuales en América Latina” celebrado entre el 18 y 22 de septiembre de 2023 en San José Costa Rica, académicas y académicos de Latinoamérica, hacemos pública nuestra preocupación y alarma ante las graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes, que se están cometiendo en algunos países centroamericanos.

En El Salvador durante los últimos 18 meses el Estado ha implementado como política de seguridad, un régimen de excepción que ha suspendido derechos fundamentales e impulsado una estrategia de capturas arbitrarias masivas, principalmente de jóvenes pobres bajo figuras penales difusas y ambiguas.

En el marco de la denominada guerra contra las pandillas, miles han sido detenidos y encarcelados por su condición juvenil, por vivir en una zona pobre y estigmatizada, por parecer sospechosos, o simplemente, por ser parte de una cuota diaria de detenciones impuestas a policías y militares. Organizaciones de derechos humanos han documentado que al interior de las cárceles están ocurriendo de forma sistemática torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, prácticas que están convirtiendo a las prisiones en auténticos centros de exterminio juvenil. A la vez, la criminalización de este sector de la población y la retórica deshumanizante que enarbola el gobierno de Nayib Bukele, está sometiendo a la población juvenil a condiciones de mayor precarización, exclusión social, migración forzada y al borramiento físico y simbólico de su cultura e identidades.

En Honduras, una réplica en menor escala del régimen de excepción salvadoreño fue adoptada por el actual gobierno desde diciembre de 2022. Detenciones arbitrarias masivas están siendo ejecutadas en más de la mitad del territorio hondureño, cuyos habitantes están enfrentando la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad de la morada, la libertad de circulación y de asociación. Estas medidas que involucran una respuesta militarizada a la inseguridad, están abriendo la puerta a graves vulneraciones a los derechos humanos de las juventudes que viven en comunidades pobres y estigmatizadas, como ocurrió en el pasado reciente.

En Nicaragua en el contexto de la profundización de la dictadura de Daniel Ortega, se ha articulado una estrategia de violenta persecución en contra de jóvenes organizados que ha derivado desde 2018 en asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, persecución y exilio. A la vez, se ha comprometido el futuro profesional de miles de jóvenes universitarios nicaragüenses, tras la intervención, cierre y cancelación legal de más de 28 universidades privadas por parte del gobierno, en represalia por sus posturas
críticas.

Ante este panorama regional, es imperativo alertar a la comunidad internacional sobre el nuevo juvenicidio que está teniendo lugar en la región centroamericana, en el marco de los populismos autoritarios que están proliferando en la región, y exigir a los gobiernos centroamericanos el respeto a los derechos humanos de las juventudes y la suspensión de toda forma de violencia institucional que ahora se ensaña contra este importante sector de la población. Poner la labor académica al servicio de los derechos humanos es en la actualidad un imperativo ético y moral.

(Este comunicado fue conocido también por el grupo JUVENICIDIO(S): violencias y resistencias sociales, algunas/os integrantes decidieron adherir el pronunciamiento. Sus firmas constan como parte de este documento).

Firmado en San José, Costa Rica. Septiembre 2023 por:
1. Dra. Andrea Bonvillani. Profesora Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba e Investigadora CONICET-Argentina
2. Lic. Cynthia Daiban. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
3. Lic. Mario Alberto Araya Pérez. Investigador Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia
4. M.Sc. Mónica Vul Galperín. Investigadora Instituto Investigaciones Psicológicas. Directora Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad. Universidad de Costa Rica
5. Dra. Ilka Treminio Sánchez. Coordinadora de la Cátedra de Centroamérica. Universidad de Costa Rica.
6. Dr. Alfredo Nateras Domínguez. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. (México)
7. Dra. Miriam Kriger. Universidad de Buenos Aires.
8. Eva Da Porta. Universidad Nacional de Córdoba
9. Juan Dukuen. Investigador CONICET Argentina. Docente Universidad de Buenos Aires.
10.Diego Higuera Rubio. Antropólogo y magister en ciencias sociales. Docente programa en pedagogía. Universidad pedagógica nacional de Colombia.
11. Dr. Pablo Francisco Di Leo. Investigador del CONICET. Docente de la Universidad de Buenos Aires.
12.Luciana Guglielmo. Dra. en Comunicación. Universidad Nacional de La Plata UNLP.
13. Dra. Mariana Lerchundi. Auxiliar docente UNRC. Investigadora ISTE/CONICET.
14. Lic. Ignacio Robba. Universidad de Buenos Aires.
15.Maikol Picado Cortes. Docente – Investigador. Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía. Universidad Estatal a Distancia.
16. M. Sc. Jeannette Aguilar. Profesora Escuela de Psicología/Investigadora Centro
de Investigación y Estudios Políticos. Universidad de Costa Rica.
17.Igor Israel González Aguirre, Profesor Investigador adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara.
18. Dr. Óscar Ramón López Carrillo. Profesor Investigador del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (Universidad de Guadalajara).
19. Dr. Javier Tapia Balladares, Director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología – Universidad de Costa Rica
20.M.Sc. Kevin Brenes Valverde, Universidad de Costa Rica.
21. Lic. Fernando Jesús Obando Reyes, Centro Agenda Joven en Derechos y
Ciudadanía Universidad Estatal la Distancia – Costa Rica.
22.Dr. Carles Feixa. Universitat Pompeu Fabra (España)
23. Dr. Mario Zúñiga Núñez. Profesor Escuela de Antropología/ Investigador Centro
de Investigaciones Antropológicas. Universidad de Costa Rica.
24. Dr. Onésimo Rodríguez. Director. Centro de Investigaciones Antropológicas.
Universidad de Costa Rica.

La integración suspendida

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Intercambiaba con mi buen amigo hondureño, el escritor Fabricio Estrada, sobre las irracionalidades de las élites de nuestros países. En un sin sentido palaciego, casi que, de apostilla, las diplomacias migratorias de Costa Rica y Honduras decidieron poner obstáculos a la movilidad entre ambos países.

En una medida desesperada para, supuestamente detener la escalada de violencia en Costa Rica atribuida en forma mayoritaria al funcionamiento de grupos criminales organizados, el gobierno costarricense adujo que buena parte de estos grupos contaban con ciudadanos hondureños en sus filas y por tal razón había que limitar su entrada.

Bajo esa premisa, y argumentando razones de seguridad nacional, impuso restricciones y condiciones para el ingreso y permanencia de personas provenientes de aquel país. Entre las solicitudes, se encuentran la visa consular y aportar un comprobante de medios económicos, que garanticen la subsistencia en el país.

En correspondencia recíproca, el gobierno hondureño también prefijó varios criterios que deberán cumplir los costarricenses para entrar en aquel país. Entre estos una certificación médica y una constancia de Interpol.

La relación entre seguridad y movilidad humana explica una tensión a escala global no resuelta aún, desde que se instaló como premisa de gestión migratoria luego de setiembre 11 de 2001 y se intensificó en la época de la pandemia.

En la región resulta recurrente la aplicación de ese esquema, que a todas luces suspende la premisa de la integración regional y la supedita a los entuertos y reacciones temperamentales de los actores y sectores que toman decisiones a los más altos niveles.

Al tiempo que esta reacción visceral ocurre y varias formas de movilidad quedan supeditadas entre ambos países, el corredor del tránsito para las migraciones venezolanas sigue produciéndose en Costa Rica, aún con sospechas de muchas acciones irregulares en el ámbito gubernamental que deberán ser aclaradas en el corto plazo.

La época de los chivos expiatorios está lejos de desaparecer. Hoy son los hondureños. Ayer los nicaragüenses, hace un siglo los armenios y gitanos. Convendría entonces repensar las categorías con las que nos imaginamos en el concierto global de los derechos humanos. Tenemos mucho que aprender todavía, como enunciar las causas estructurales del fenómeno de la violencia e identificar a sus reales actores causantes responsables, por ejemplo.

Imagen ilustrativa.

La importancia de Centroamérica

Carlos Denton

Los fundadores de CID/Gallup decidieron en 1983 que no se podía organizar y operar una empresa del tamaño que deseaban basada y enfocada solamente en la economía costarricense. Decidieron ofrecer sus servicios en los otros países centroamericanos, aunque se percibían en ciertos círculos con incredulidad. En 2023 esta compañía venderá más en Honduras y Panamá que en el país donde siempre mantiene la sede – Costa Rica.

En los 40 años que han transcurrido otras empresas, bufetes y contadores públicos han descubierto lo mismo. Los vuelos que salen del Santamaría los lunes en la mañana siempre llevan costarricenses a San Salvador, Guatemala, Tegucigalpa, o Panamá (no tanto Managua ahora) que van por razones relacionadas con su trabajo. Regresan a partir de mediodía los viernes.

Es cierto que Costa Rica no quiere integrarse “políticamente” o “judicialmente” con el resto de la región, pero hay consenso con lo económico. El pueblo costarricense apoya el libre comercio con Centroamérica; la verdad es que si se cierran las fronteras habría recesión en el país. Y Costa Rica vende más de todo a sus vecinos que ellos acá.

Para poder mantener el comercio es necesario que los nacionales de los países puedan viajar libremente (sin visa) por todo el istmo. Esto no quiere decir que pueden “residir” y tomar empleo en las otras naciones, pero que pueden ir para atender negocios es totalmente aceptable. Es cierto que puede haber criminales u otros mal intencionados que llegan de un país a otro, por ejemplo, maras escapando de El Salvador, pero para eso está el servicio de Migración y la Policía de Frontera.

Es difícil calificar la decisión tomada por Mario Zamora Cordero de unilateralmente declarar que Costa Rica requerirá visa consular para todo hondureño, pero no es correcta. Que embarcó al presidente Rodrigo Chaves es todavía más reprensible. Ya es hora de que corrijan el error y deberían eliminar la visa y rezar que los hondureños hagan lo mismo. Se perdona a Zamora por estar tan dedicado a sus labores de seguridad pública que no sabía lo de la integración con Centroamérica.

La presidenta Xiomara Castro, la única presidenta en la región latinoamericana elegida democráticamente, tiene muchas razones de querer a Costa Rica. Una de las más importantes es que cuando su marido y en ese entonces presidente constitucional José Manuel Zelaya fue derrocado por los militares de su país en 2009 lo llevaron empijamado en avión hasta San José donde fue recibido a brazos abiertos por Oscar Arias, entonces mandatario nacional. Arias le llevó ropa – no calzaba bien porque Zelaya mide 1.83, pero sirvió para la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron ese domingo.

Costa Rica no pertenece al Parlamento Centroamericano y tampoco a la Corte Centroamericana, pero es miembro fiel de la Secretaría de Integración Económica SIECA y por razones obvias. Los camiones con carga y los buses con pasajeros, tienen que circular libremente, así como los ejecutivos de las empresas.

No hay “arreglo” Sr. presidente. Se tiene que quitar las visas y abrir las puertas.

cdenton@cidgallup.com

Visas sin sentido

Freddy Pacheco León

¿Habrá pensado Chaves que el obstáculo impuesto a los hermanos hondureños no afecta a los delincuentes?

¿Se habrá enterado que la «porosa» frontera con Nicaragua y la más porosa vertiente Caribe y Pacífico, son como puertas de bienvenida a maleantes? ¿Acaso todos los días no entran y salen ilegalmente, nicaragüenses residentes en Costa Rica, para librarse de pagar los impuestos migratorios?

Así, la gente honesta, como los miles de turistas, estudiantes, deportistas, artistas, académicos, hombres de negocios, etcétera, son los afectados, mientras los que, según Zamora, ha de impedírseles el ingreso, se reirán de la «genial idea» de la imposición de visas, que no les afecta para nada.

Mientras tanto, la golpeada (por el dólar artificialmente bajo) industria turística nacional, extrañará los más de 13.000 turistas hondureños que nos visitan anualmente, y los exportadores nacionales, sufrirán serios obstáculos para exportar a Honduras, los $300 millones en productos, sin que los choferes ticos puedan cumplir con requisitos que, como reacción lógica, han ordenado los hondureños. Ello, además de las trabas para ingresar a territorio catracho, de camino hacia y desde El Salvador y Guatemala.

TOSHKUA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En lengua Pesh, hablada por las comunidades indígenas de Honduras, el sentido de esta palabra es devastador y absoluto para una región cuyas rupturas a todo nivel son continuas.

Significa “desaparecer” y en la realidad centroamericana actual adquiere una connotación aún más pertinente. Con ese nombre, ese significado, el Director Ludovik Bonleux realizó un documental de 80 minutos (2022) en el que cruza dos historias: la búsqueda incesante de Marco Antonio, el hijo de Doña Mary. Ella es una de las madres de la Caravana de familiares de migrantes centroamericanos desparecidos, que con más de 15 años de accionar, buscan a sus hijos e hijas en su tránsito por México, un territorio que al decir de Oscar Martínez, lo caminan y resisten los “migrantes que no importan” y el viaje de Francisco hacia el centro de la Mosquitia hondureña, motivado por la ida de sus hijos hacia Estados Unidos y también por la amenaza del extractivismo neoliberal que ha dispuesto arrasarlo todo, desde los lugares naturales sagrados para las comunidades originarias, hasta los cuerpos de los desahuciados.

En un momento del documental se observa una de las madres sostener un cartel con la pregunta ¿ Dónde están?. Las cifras no valen de mucho si de lo que hablamos es de personas con historias truncadas, biografías que un día desaparecieron sin dejar rastro y fueron disueltas (literalmente) por el poder de los Estados involucrados y la acción de actores de la industria migratoria, que ven en sus cuerpos una forma de obtener ganancias, como el narcotráfico y la venta de armas.

Algunas estimaciones, creo bastante conservadoras, hablan de 7.000 personas migrantes centroamericanas desparecidas al año. El número es conservador porque en la clandestinidad de las estrategias de movilidad, son mucho más las personas que salen un día sí y otro también a buscar “la vida en otra parte” como ha dicho con tino el filósofo costarricense Alexander Jiménez.

Al mismo tiempo que son escritas estas notas, se conoce del lucrativo negocio que significa para grupos criminales, el cruce irregular por fronteras al norte de la región, que producen ganancias de más 12.000 millones de dólares al año.

Quien no paga, no existe.

Quien no paga, desaparece.

Fuimos invitados a un Foro sobre este documental, organizado en el marco del Festival de Cine Colombia Migrante, desarrollado en San José, Costa Rica, en los primeros días de octubre. Su objetivo principal es visibilizar, difundir, apoyar y construir un espacio de memoria desde producciones cinematográficas y audiovisuales, que narran la complejidad de los fenómenos de la migración de las y los colombianos(as) al interior de su territorio y al exterior.

En la actividad y a la pregunta sobre la gestión gubernamental de los recientes procesos migratorios experimentados por Costa Rica, mi respuesta fue poco alentadora. No sólo los enfoques prevalecientes siguen abordando el tema desde la seguridad y la criminalización, sino que también las actitudes de quiénes toman decisiones al más alto nivel, están llenas de prejuicios y percepciones discriminatorias.

Convendría tratar de incidir en esos niveles de toma de decisiones, para buscar su mejor comprensión sobre el tema y el cambio en el paradigma de la gestión migratoria, hacia un definitivo reconocimiento de los derechos humanos de personas en contextos de movilidad.

Honduras se pronuncia en relación con obligatoriedad de visa para personas hondureñas que viajan a Costa Rica

SURCOS comparte el siguiente comunicado oficial:

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
Gobierno de la República de Honduras

COMUNICADO

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, al pueblo hondureño y medios de comunicación nacionales e internacionales, con relación al anuncio sorpresivo de parte del Gobierno de Costa Rica, de aplicar visa consular a los ciudadanos hondureños y, en vista de que esta medida ha sido aplicada sin previo aviso y sin un plazo de transición y adaptación, entorpeciendo los normales flujos de personas que debe existir en países hermanos que deben avanzar en la integración y unidad centroamericana, el Gobierno de la República de Honduras tomará las siguientes medidas:

Primero: En comunicación entre autoridades de Migración y Cancillería de ambas naciones, se acordó posponer la medida de visa para los ciudadanos hondureños por 72 horas, para solucionar el problema a las personas en tránsito. Se comunicó a TIMATIC la decisión, de manera que todas las líneas aéreas tengan la información respectiva sobre la nueva determinación.

Segundo: En caso de que. lamentablemente, esta medida no cambie para bien de los nacionales de dos países hermanos, se harán las gestiones internas necesarias, para que, a la brevedad posible, se aplique la misma medida de visas consulares a los ciudadanos costarricenses que viajen a Honduras en plena reciprocidad.

Tercero: Respetamos las decisiones soberanas de los Estados, pero consideramos que entre naciones hermanas debe primar el diálogo para solventar cualquier diferencia en visiones, sobre temas de interés mutuo. Y esperamos que, cumpliendo con los principios de la integración centroamericana, se vuelva a la normalidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de octubre de 2023.