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Etiqueta: hostigamiento

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Escrito el . Publicado en Equidad.

La violencia sexual lesiona los derechos humanos de todas las personas que la viven. La dignidad, como principio fundamental para la garantía del respeto por los derechos de todas las personas, requiere la seguridad de una vida libre de cualquier tipo de violencia. Este debe ser el fin primordial de las instancias públicas encargadas de velar por la promoción, protección y garantía de derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa es el órgano parlamentario encargado de llevar adelante las tareas de control político y legislación para erradicar los patrones culturales y sociales de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación en contra de cualquier persona, independientemente de su condición social. Asimismo, la perpetración de la violencia no distingue de posiciones políticas ni clase social, siendo especialmente grave y tortuosa para las sobrevivientes cuando la comete una persona en posición de poder y notoriedad pública.

En días recientes se conoció que el Ministerio Público investiga al diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, por el delito de abuso sexual en contra de persona mayor de edad. Si bien se reconoce el derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que le asiste a cualquier persona en las instancias judiciales, no se puede omitir que los procedimientos penales por delitos de violencia sexual también acarrean una enorme carga de revictimización, estigmas, prejuicios y costos personales para las personas denunciantes.

Tener una vida libre de violencia es un derecho humano. Por ello, las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto solicitamos públicamente al diputado Alvarado Muñoz abandonar su puesto como miembro permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa hasta tanto no se esclarezcan los hechos alrededor del grave delito por el cual se le investiga.

Consideramos que la violencia sexual es sumamente grave, y es deber de la institucionalidad apoyar a las denunciantes y no someterlas a situaciones de revictimización frente a sus presuntos agresores. Aunado a lo anterior, Costa Rica atraviesa una dolorosa espiral de violencia machista que demanda a las personas en puestos de representación popular brindar un ejemplo respetuoso de la dignidad, integridad y seguridad de todas las personas.

La Comisión de Derechos Humanos es un espacio en el cual se debaten asuntos que inciden directamente en el derecho a vivir una vida libre de violencia, razón por la cual no resulta apropiado ni pertinente que una persona cuestionada por aparentes delitos sexuales sea parte de este órgano vital.

Finalmente, se hace un llamado para todas las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a alzar su voz y denunciar. Romper el silencio es el primer paso para acabar con el encubrimiento y la impunidad. Asimismo, se insta a la sociedad en general a respaldar a las personas denunciantes de cualquier caso de abuso y violencia, con el fin de que se sientan fortalecidas y acompañadas en sus procesos de denuncia y sanación.

Suscriben,

Elizabeth Odio Benito, cédula 4-0078-0585
María Amalia Matamoros Landázuri, cédula 4-0145-0213
Marco Zúñiga Badilla, cédula 1-1740-00858
Roxana Víquez Salazar, cédula 1-0418-1237
Karla Salguero Moya, cédula 1-0748-0133
Julia María Ardón Morera, cédula 2-0386-0415
Mari Paz Matamoros Matamoros, cédula 4-0189-0362
Amanda Arroyo Cabezas, cédula 1-1656-0001
Yamileth Astorga Espeleta, cédula 1-0540-0192
Mauro Fernández Acuña
Yalile Chan Jiménez, cédula 1-0567-0078
Gabriela Saborío de la Espriella, cédula 1-0572-0355
Guillermo Arroyo Muñoz, cédula 1-0444-0252
Nerina Carmona Castro, cédula 1-0616-0754
Ana Cecilia Castro Calzada, cédula 1-0561-0190
Yara Mourelo González, cédula 2-0382-0947
César Castro Azofefia, cédula 1-1542-0195
Irene Salazar Carvajal, cédula 1-0733-0462
Sergio Iván Alfaro Salas, cédula 2-0464-0844
Nidia Molina Sibaja, cédula 2-0393-0669
Gerardo Hernández Naranjo, cédula 1-0677-0083
Vivian Solís Espinoza, cédula 1-1032-0333
Xinia Herrera Durán, cédula 2-0344-0672
Laura Astorga Carrera, cédula 1-0914-0100
Ana Beatriz Fernández González, cédula 1-0625-0678
Ana Zulema Jiménez Soto, cédula 1-0488-0193
Marta Solano Arias, cédula 1-0453-0311
Ana Helena Chacón Echeverría, cédula 1-0567-0359
Leda Zamora Chaves, cédula 2-0433-0362
Ricardo León Gómez, cédula 3-0445-0638
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1-0483-0426
María Cecilia Aguilar Lara, cédula 2-0252-0321
Wendy Vásquez Pessoa, cédula 3-0364-0290
Carla Ramírez Brunetti, cédula 1-0648-0825
Cristina Salas, cédula 2-0388-0960
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Marlene Mora Camacho, cédula 1-0402-1336
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 1-0468-0075
Rocío Abarca Sánchez, cédula 7-0160-0677
Luz María Chacón León, 2-0336-0097
Margarita Bolaños Arquín, cédula 1-0407-0764
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 1-0399-0589
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9-0012-0762
María José De la Mata Mora, cédula 1-1131-0257
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 2-0405-0106
Nelsy Saborío Rodríguez, cédula 1-0630-0624
Jenny Castro Acuña, cédula 1-0649-0965
Haydée Hernández Pérez, cédula 1-0559-0946
Claudia Vargas Medal, cédula 155827353415
Georgina Hidalgo Rojas, cédula 2-0325-0498
Sylvia Mesa Puluffo, cédula 8-0090-0464
Ariane Garnier, cédula 1-0624-0634
Syndell Bedoya Rivera, cédula 1-0584-0088
Gabriela Delgado Hidalgo, cédula 1-0963-0626
Eugenia Solís Umaña, cédula 1-0442-0132
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6-0161-0193
Nuria Gamboa Mora, cédula 1-0533-0375
Thais Aguilar Zúñiga, cédula 1-0587-0972
Grettel Andrade Cambronero, cédula 1-0953-0838
Rubieth Jaén Angulo, cédula 5-0148-0959
Ericka María Álvarez Ramírez, cédula 2-0532-0025
Damaris Solano Murillo, cédula 5-0193-0665
Sandra Cartín Herrera, cédula 2-0343-0634
María Flor Abarca Alpízar, cédula 2-0285-0063
Nidia García Zamora, cédula 4-0171-0744
Rosa Alvarado, cédula 1-0403-1030
Ana María Botey Sobrado, cédula 1-0473-0692
Yamileth González García, cédula 2-0246-0555
Sonia Marta Mora Escalante, cédula 1-0412-1470
Elizabeth Briceño Jiménez, cédula 1-0721-0134
Jane Seglau Earle, cédula 8-0061-0877
Ana Leonor Saravia Vivas, cédula 1-0838-0916
Alma Aisemberg Saravia, cédula 1-1852-0879
Rebeca Eugenia Quesada Guell, cédula 1-0555-0138
Adriana Sequeira Gómez, cédula 1-1093-0980
Gloriela Brenes Murillo, cédula 1-0741-0195
Sary Montero Cabezas, cédula 2-0259-0860
Lorna Chacón Martínez, cédula 2-0481-0863
Silvia Monge Retana, cédula 1-0737-0490
Daniela Cordero Ardon, cédula 4-0183-0087
América Ardón Apuy, cédula 2-0632-0903
Catalina Obregón, cédula 1-0753-0231
Sara Schifter Sharatt, cédula 1-0313-0051
Dunia Espinoza Esquivel, cédula 1-0847-0569
Seidy Salas Víquez, cédula 1-0864-0094

Organizaciones indígenas denuncian hostigamiento por parte de instituciones

Escrito el . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO: IMAS Y PANI HOSTIGAN A RECUPERADORES (AS) DE KAPLEÑA, EN EL TERRITORIO BRIBRI DE SALITRE

– El IMAS y el PANI se hicieron presentes en Kapleña alrededor de las 8 a.m. del día de hoy para hostigar a las personas recuperadoras y a insistir en los trámites del desalojo judicial.

– Poder Ejecutivo continúa sin dar respuesta a las solicitudes de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña, familias recuperadoras exigirán respuesta en la jurisdicción constitucional.

Martes 20 de junio del 2023. Alrededor de las 8 a.m. las tres familias recuperadoras de los Clanes Kolkiwak y Bubolwak, que pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, fueron visitadas por el Patronato Nacional de Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la recuperación Kapleña, en la comunidad de Puente de Salitre. La visita, según las y los funcionarios de las instituciones, se encuentra dentro de las diligencias a realizar para el desalojo judicial en contra de las familias recuperadoras de Klapeña; proceso judicial en el que todavía está pendiente la resolución de un recurso de nulidad interpuesto recientemente.

En la visita el IMAS indicó a las personas recuperadoras que se encuentra buscando casas de habitación en Buenos Aires, aludiendo a que ahí serían trasladadas las personas Bribris luego de que se realice el desalojo que da posesión al no indígena, Edwin Guevara Mora. Por su parte, el PANI insistió en que las personas menores de edad no deben de permanecer en la recuperación y, mucho menos, en el momento del desalojo.

De esta manera, ambas instituciones desconocen las normas y derechos culturales y ancestrales de los Pueblos Originarios, de lo contrario sería impensable que tres familias del Pueblo Bribri sean expulsadas de su Territorio para vivir en una casa de habitación urbana, en una comunidad profundamente racista y violenta como lo es Buenos Aires. Tampoco el PANI insistiría en sacar a las y los menores de edad de la recuperación, del seno de sus familias, en la protección de su territorio y cosmovisión que sólo es posible con el acceso a la tierra-territoria. El accionar hostigador y violento por parte del PANI es ya una historia conocida por las mujeres de los Pueblos Originarios.

Desde el 2021, la recuperación de Kapleña está amenazada por un desalojo judicial de acuerdo con la sentencia 40-2021 del 30-6-21 y Ejecución de Sentencia del 22-6-22 y el voto N.373-F-22 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José en un proceso interdictal que se conoce en el expediente 19000045-655-AG-2. En estos se ordena el desalojo de las personas recuperadoras y poner en posesión al no indígena Edwin Guevara Mora.

El Departamento Legal de la Dirección de Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública presentó ante el Juzgado Civil de Buenos Aires, una Solicitud de Aclaratoria con fecha 8 de junio de 2023 en la que indica “Si a raíz, de lo dispuesto por la sala Constitucional en la resolución 2022024725 del 19 de octubre de 2022… se genera una imposibilidad material de ejecutar el desalojo y puesta en posesión ordenado por el Juzgado…” duda que tampoco ha sido respondida.

Desde el lunes 11 de julio de 2022 representantes de las familias recuperadoras y del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña; así como la referencia formal del caso a conocimiento de Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), en aplicación del Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIS (Decreto de CAID), hasta el día de hoy no hay respuesta a la solicitud por parte del Ministerio de Seguridad, por lo que amparados en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional las familias recuperadoras ejercerán su derecho de petición y pronta respuesta en la jurisdicción constitucional.

El Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) envió el 13 de junio un documento al poder ejecutivo externando sus preocupaciones y desacuerdo con el desalojo, ante lo cual, la Defensoría de los Habitantes por medio del oficio N.DH-DIND-0574-2023 del 14 de junio, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública “1. Informar sobre el estado en que se encuentra el presunto procedimiento de desalojo a efectuarse en el territorio indígena de Salitre.2. Indicar si existe alguna declaratoria de vulnerabilidad social ante este presunto desalojo…”. Varias organizaciones de Pueblos Originarios y sociales solicitaron la semana anterior al Poder Ejecutivo se dé respuesta a la solicitud realizada desde julio del 2022, ante lo cual no se tienen ni siquiera un recibido.

Además, el 15 de junio anterior, una representante de las familias recuperadoras y del CODIAW solicitó a la Defensoría interponer sus servicios para que el Ministerio de Seguridad declare la vulnerabilidad social del desalojo y presentó ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) una solicitud para iniciar el proceso administrativo ordinario sobre el terreno conocido como “Kapleña para determinar si el señor Edwin Guevara Mora es poseedor o propietario de buena fe, en los términos que ha establecido la Ley Indígena, normativa concordante y jurisprudencia aplicable.

Guevara Mora, no indígena, ganadero, altamente reconocido por su agresiones y racismo contra el Pueblo Bribri de Salitre ha sido denunciando judicial y públicamente por tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas, entre otros.

Esto quiere decir que el desalojo judicial no sólo vulnera el derecho a la tierra-territorio para el Pueblo Bribri sino que también aumenta el riesgo y amenaza en contra de la integridad física y del Pueblo Bribri. De llevarse a cabo el desalojo, el Estado costarricense sería responsable directo de aumentar los riesgos a los que sobrevive el Pueblo Bribri de Salitre. Pueblo que a su vez es sujeto de las Medidas Cautelares 321/12 establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) como organización propia del pueblo Bribri de Salitre exigimos al estado de Costa Rica que cese el hostigamiento contra las familias recuperadoras y de respuesta inmediata a la solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña.

-Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW).
-Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Colper llama a la prudencia: nuestras libertades y leyes son sagradas

Escrito el . Publicado en Derechos.

El 12 de julio de 2022, la vigente Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica emitió el siguiente comunicado tras la medida tomada por la Presidencia de la República de cerrar el “Parque Viva”, que pertenece al Grupo Nación: 

«La libertad de prensa es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ninguna limitación, ni coacción, censura previa, acoso u hostigamiento. La libertad de prensa es una garantía constitucional, fundamentada en la libertad de expresión».

Costa Rica sustenta su sistema democrático sobre la base del principio de libertad de prensa, y esto nos llena de orgullo. Colper la defiende con contundencia y sin excusa alguna, porque una democracia no puede ser tal sin una prensa libre.

Actualmente los grupos empresariales, dueños de medios de comunicación, han tenido que diversificar sus actividades para contar con ingresos adicionales y financiar sus medios de comunicación.

Esto es necesario, como también lo es tener claro, que estas actividades comerciales se rigen dentro del principio de legalidad, como lo debe hacer cualquier ciudadano que emprende una actividad comercial o empresarial. Nadie está por encima de la ley.

La Junta Directiva del Colper se reunió con el Presidente de la República y el Presidente del Grupo Nación, de ambas conversaciones concluimos que:

  1. La libertad de prensa es pilar fundamental de la democracia y así lo reconocieron ambas partes.
  2. Por encima de cualquier interés individual debe imperar el interés de las mayorías.
  3. La situación del Parque Viva debe ser abordada desde el principio de legalidad en que opera la administración pública, para lo cual existe la vía recursiva de impugnación del acto administrativo, que ordena la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento y se resuelve con la presentación de un plan remedial, por lo que no guarda relación ni afecta la libertad de prensa, toda vez que corresponde a una actividad que se ajusta al derecho comercial y al derecho público que nos rige en la relación de los administrados con la Administración Pública, máxime que la Constitución Política en su artículo 50 ordena al Estado garantizar el mayor bienestar a todos los habitantes del país.
  4. La Presidencia de la República reiteró su compromiso de respetar a los medios de comunicación colectiva, indistintamente de su línea editorial o de los intereses del grupo empresarial que representen, y reafirmó el compromiso de construir un protocolo que rija las relaciones prensa-gobierno, para garantizar el acceso a las fuentes, a la información y al respeto mutuo con los periodistas y medios de comunicación.

La Junta Directiva del Colper, estará vigilante del respeto a la libertad de prensa y libertad de expresión, para el resguardo de nuestra institucionalidad.

Si desea consultar directamente el comunicado del Colper, puede hacerlo en la imagen adjunta en esta nota.

 

Compartido con SURCOS por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Imagen ilustrativa.

Continúa tensión y agresiones en el territorio cabécar de China Kichá

Escrito el . Publicado en Derechos.

El 15 de febrero, alrededor de 200 hectáreas de las recuperaciones de Kono Jú, Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö fueron incendiadas por integrantes de la familia Rivera. Familia ampliamente reconocida y denunciada por agresiones en contra de las personas recuperadoras cabécares de China Kichá.

El día 16 de febrero hubo un nuevo incendio en las inmediaciones del río Pejibaye, en la recuperación de Kono Jú. También, cuando los recuperadores Juan de Dios y Efraín Fernández se encontraban inspeccionando el lugar de los daños, fueron interceptados por miembros de la familia Rivera.

Después de este hecho Harold Rivera dijo a los dos recuperadores que él fue el responsable de iniciar el incendio y que lo volvería a hacer cuando le diera la gana. Posteriormente, Jeylin agredió con un palo a Juan de Dios en una de sus manos y Harold golpeó a Efraín. 

En medio de la agresión el teléfono celular de Efraín fue robado, dejando a los recuperadores incomunicados durante varias horas. Esta familia es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras, quedando como prueba el constante hostigamiento, acoso y agresión de parte de la familia Rivera.

El incendio se fue extendiendo a otras recuperaciones: Yuwi Senaglö y Sa Ka Duwé Senaglö, al menos 200 hectáreas fueron incendiadas. Específicamente en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö, dirigida por mujeres cabécares, se reportó la quema de árboles frutales, palmas, bejucos y animales. 

La Fuerza Pública al llegar a la zona, únicamente indicó a los recuperadores que no hicieran caso de la familia Rivera. Por otra parte, los bomberos no se han hecho cargo de su trabajo y han ignorado los llamados de las personas recuperadoras. 

Desde el 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) ha denunciado a los incendios provocados como una de las múltiples formas de agresión contra los Pueblos Originarios que se encuentran inmersos en procesos de recuperación de tierras-territorios.  

De parte de, las y los recuperadores del Territorio Cabécar de China Kichá se exige: 

  • A la Fuerza Pública que deje de omitir estas agresiones en contra y que proceda con el arresto de quiénes los hostigan. 
  • También al cuerpo de bomberos que se haga cargo de apagar los incendios y asuma su trabajo.
  • Además, al cuerpo Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad de: 1) garantizar la integridad física y vidas, así como la del territorio; 2) cumpla con lo estipulado en la Ley Indígena de 1977 y regrese los Territorios Indígenas a sus únicos legítimos y legales poseedores.

Esta última demanda es la única acción que garantiza que en los territorios indígenas disminuya la violencia. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

 En el siguiente vínculo está disponible el acceso a Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS, https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/463589661923104.

La persistente insensibilidad de Dole

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.

Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales

“Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.

“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.

En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.

Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.

Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.

El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.

“Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa

Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.

Hostigamiento, acoso y represión laboral

Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.

“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.

Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.

Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.

Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.

“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.

Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.

Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.

 

Foto: Cándido Amador (archivo personal).

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/

Audiencia del Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito el . Publicado en Derechos.

El pasado 6 de mayo se llevó a cabo la Audiencia Pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de medidas provisionales para las y los integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).  A la audiencia se presentaron las personas beneficiarias de las medidas, sus representantes legales, y Wendy Morales Urbina, Procuradora General de Nicaragua.

El Estado debió rendir cuentas ante la Corte por la violencia que sufren personas defensoras beneficiarias de medidas de protección. Aunque se esperaba que se expresara sobre las acciones implementadas para garantizar los derechos de las personas defensoras, el discurso de Morales fue de estigmatización y violencia.

“La Procuradora, en una tácita aceptación del hostigamiento dijo que la vigilancia policial que mantuvieron frente a las instalaciones del CENIDH, así como la que me sigue a todas partes, se hace para protegernos; pero no mencionó que luego el gobierno nos sacó y usurpó nuestras instalaciones, ni reconoce que es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, comentó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH. Además, expuso el intenso hostigamiento que recibe por parte de la policía que la vigilan y siguen constantemente, aún en momentos privados.

Por su parte, Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se refirió a las descalificaciones que hizo la Procuradora sobre el hecho de que él mismo y varias personas que integraban el CENIDH, se vieron forzados al exilio. “El nuestro no es un caso aislado, cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país para resguardar sus vidas, y quienes se han quedado en Nicaragua, como doña Vilma, se encuentran en peligro todos los días”.

La Corte IDH, ya ha indicado que los Estados deben reconocer los riesgos inherentes a la labor de defensa y los insta a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación en casos de riesgo, amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos

Las peticionarias esperan que la Corte IDH requiera al Estado que se abstenga de seguir ejecutando acciones que ponen en peligro los derechos de las personas beneficiarias y  que asegure un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, así como cesar las campañas de hostigamiento en contra las personas defensoras.

La directora del programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz, recordó que han transcurrido 18 meses desde que la Corte IDH otorgó medidas de protección al CENIDH y a la CPDH, sin que el Estado de Nicaragua haya adoptado acciones para proteger la vida y la integridad de las personas beneficiarias.

 

Información compartida a SURCOS por Seidy Salas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Resolución a favor de indígenas de Kono Ju les permitiría quedarse en sus tierras

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Elides Rivera:

La resolución adjunta “que llegó ayer del caso de Kono Ju en China Kichá. El Juez aceptó el escrito que presentamos para modificar la medida cautelar de desalojo por pérdida de interés (buscaba proteger el ganado pero ya no había ganado), por lo que ya no tendrán que salir las personas indígenas de Kono Ju.

En la resolución se lee, POR TANTO:

“En mérito de lo expuesto se acoge la solicitud de modificación de medida cautelar. Al existir cambio de circunstancias se modifica la medida cautelar ordenada mediante voto número 288-F-2020 y en su lugar se ordena la siguiente medida cautelar: Se prohíbe a ADONAY SEGURA MORALES… introducir mejoras, accesiones y transformar más la naturaleza del inmueble… Todo bajo el entendido que en caso de desobediencia se les seguirá causa por el delito de desobediencia a la autoridad… Lic. Jean Carlos Céspedes Mora. – Juez(a).”

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Incendian nuevamente Kono Jú, recuperación cabécar en China Kichá

Escrito el . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS

– El incendio inició en el playón del río El General en la recuperación cabécar de Kono Jú. Este es el segundo incendio en dos días consecutivos.

Jueves 4 de marzo. Aproximadamente a la 1:20 p.m. recuperadores y recuperadoras cabécares de Kono Jú identificaron un nuevo incendio en la recuperación. Esta vez el incendio inició en el playón del Río General, 2 kilómetros al sur del corral. Aún no ha sido controlado y el fuego se sigue extendiendo.

Los recuperadores reportan que un sujeto en actitud sospechosa fue visto dentro de la recuperación. El mismo fue interceptado por uno de los recuperadores, a quién dijo no haber visto nada y que sólo se encontraba pescando. El sujeto se llama Andrés Fernández Umaña, no pertenece al Pueblo Cabécar. participó en el ataque del 07 de marzo del 2020 y era peón de Gilberth Fernández; dueño de MUSOC y GAFESO, ex usurpador de la recuperación cabécar Sekeirö Kaska.

Este es el segundo incendio reportado. El primero fue el día de ayer alrededor de las 5 p.m. a 800 metros sur del salón comunal de Kono Jú. Al ser las 3 p.m. se han apersonado únicamente 2 oficiales de la Fuerza Pública. Los bomberos no se han hecho presentes, a pesar de que los y las recuperadoras reportaron el incidente a pocos minutos de ser identificado.

Desde la escalada de violencia en febrero-marzo del 2020, la Coordinadora de Lucha Sur Sur identificó a los incendios como formas de hostigamiento y violencia contra los Pueblos Originarios. Este mecanismo fue ampliamente utilizado el año pasado contra los y las recuperadoras de distintos Territorios.

Exigimos:

-A la Fuerza Pública realizar las diligencias necesarias sobre Andres Fernández Umaña, para establecer la responsabilidad o no de este sujeto en la provocación del incendio. Al ser las 4:20 p.m. el sujeto se encuentra en la junta del Río Jabonal y el General.

– Que el Estado garantice nuestra integridad física y territorial, además de nuestras vidas.

– Que el Estado tome todas las medidas necesarias para que estas acciones de violencia contra los y las recuperadoras cabécares y nuestro Territorio se detengan y los responsables sean judicializados. Es responsabilidad del Estado si en 2021 nos vemos en medio de una escalada de violencia como la del año anterior (2020)

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Publicación en Facebook: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/252998419648897/

Costa Rica: llamamos al cese de violencia e impunidad contra personas defensoras de pueblos indígenas

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
  • Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!


Lista de organizaciones que apoyan la declaración

  1. Agora Association, Turkey
    2. AIDA Americas
    3. Arraigo ONG, Costa Rica
    4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
    5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
    6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
    7. Center for International Environmental Law (CIEL)
    8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
    9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
    10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
    11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
    12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
    13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
    14. Corporación La Caleta, Chile
    15. Culture Hack Labs
    16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
    17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
    18. Environmental Justice Foundation (EJF)
    19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
    20. Forest Peoples Programme (FPP)
    21. Front Line Defenders (FLD)
    22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
    23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
    24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
    25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
    26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
    27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
    28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
    29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
    30. Legal Resources Centre
    31. Londres 38, Chile
    32. National Alliance of People’s Movements of India
    33. New Wind Association, Finland
    34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
    35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
    36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
    37. Open Briefing
    38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
    39. Project HEARD
    40. Protection International Mesoamérica
    41. Public Association “Dignity”
    42. Rainforest Fund
    43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
    44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
    45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
    46. Success Capital

* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Escrito el . Publicado en Derechos.

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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