Etiqueta: huelga

Asociación Costarricense de Derechos Humanos hace denuncia

Escrito en 10/10/2018. Publicado en Derechos.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU

Costa Rica: 25 días de Huelga Nacional Indefinida

Incremento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social

Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU considera una obligación denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, la violación por parte del Estado costarricense de una serie de derechos humanos fundamentales que se han dado en el marco de la huelga nacional que hoy alcanza el día 25 y tres semanas de duración.

Cien horas para concretar un diálogo que no fue posible, por falta de voluntad política de la administración del señor Carlos Alvarado Quesada.

En este contexto, 20 días después de haberse declarado la huelga nacional, el gobierno impone el “Documento de consulta a las bases sindicales y sociales” documento que no recoge las inquietudes ni atiende las demandas de los sectores en huelga y adolece de satisfacer derechos humanos fundamentales de una gran cantidad de actores y sujetos sociales.

Por las mismas inconsistencias estructurales de un documento preliminar y por su naturaleza de ser elevado a consulta de las base, el rechazo fue total y contundente, por lo que el gobierno endurece su posición de intransigencia y agudiza la represión de la fuerza pública, bajo las órdenes del Ministerio de Gobernación y Seguridad.

De igual forma, durante las dos últimas semanas el proceso de criminalización, agresiones y judicialización de la protesta social se incrementó contra los sectores que se mantienen en huelga.

La intimidación del gobierno se ha caracterizado por amenazar con la declaratoria de ilegalidad de la huelga; el despido masivo y selectivo del sector magisterial y de otras instituciones estatales. Se suma a esto, la campaña mediática del miedo dirigida al pueblo, distorsionando la verdadera esencia y contenido del Plan fiscal que se discute y pretende imponer desde las Asamblea Legislativa, contra las grandes mayorías que lo objetan.

El tema de fondo es que el pueblo rechaza el Proyecto de Ley 20.580 por su carácter neoliberal y regresivo que atenta contra las conquistas sociales de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

Este obedece a los dictados del FMI y plantea la exoneración de impuestos a las empresas trasnacionales como las zonas francas y otras que operan con grandes tasas de ganancia en este país.

En el contexto de rechazo de este proyecto, y porque no ha dado la oportunidad de otro proyecto de verdadera justicia social, es decir una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, el pueblo se mantiene en las calles en marchas pacíficas manifestando el derecho a disentir, directamente ligado a un conjunto de derechos que resguardan la protección constitucional; así tenemos el derecho de asociación (Art.25), el derecho de reunión y manifestación(Art.26), derecho a la libertad de petición (Art.27), derecho a la libertad de expresión y opinión (Art.28 y 29), además del Artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y el derecho a huelga (Art.61 y Convenio 87 de la OIT).

Al día de hoy los episodios de violencia por parte de los diferentes cuerpos represivos, se han caracterizado por actuar de forma brutal en diferentes lugares del país, haciendo uso de gases lacrimógenos, golpeando en forma indiscriminada a la ciudadanía partícipe en las diversas manifestaciones, amén de las diferentes organizaciones sociales, sindicales y organizaciones de Derechos Humanos.

– Principales comunidades reprimidas y/o intimidadas por provincias

Guanacaste: Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia.

Puntarenas: Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera, Paso Canoas.

Alajuela: Upala, Muelle, San Ramón, La Garita.

Limón: Home Creek, Moín, Siquirres, Valle la Estrella y territorios indígenas.

Cartago: Alto de Ochomogo.

San José: San Pedro Montes de Oca (violación a la autonomía universitaria y represión, criminalización y judicialización a una estudiante y tres estudiantes universitarios. El profesional de Ciencias de la Comunicación que cubría los hechos de ese día, 12 de setiembre, fue brutalmente agredido.

– Detenciones arbitrarias

Moín: 25 personas detenidas y un menor de edad asesinado.

Barranca: 5 personas detenidas

Caldera: 8 personas detenidas-judicializadas

La Garita: 3 personas detenidas

– Procesos de judicialización

San Pedro de Montes de Oca (San José): cuatro estudiantes detenidos y judicializados (una estudiante y tres estudiantes). Caldera, Puntarenas: ocho detenidos y judicializados.

– Agudización de agresiones físicas y psicológicas

En la represión militar y policial no se ha respetado la niñez, mujeres, personas adultas mayores ni habitantes de pueblos originarios.

– Mecanismos de intimidación y coacción

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otras entidades del estado han procedido con amenazas abiertas en la línea de despidos y rebajos salariales a trabajadoras y trabajadores que están en huelga, o bajo la amenaza directa de plantear en los tribunales de trabajo la “ilegalidad de la huelga”.

– Campaña mediática y difamación del movimiento de huelga

El discurso sostenido del gobierno contra los derechos laborales conquistados a partir de 1940 se ha hecho presente a través de acusaciones infundadas contra las trabajadoras y trabajadores públicos, acusándoles de supuestos actos de violencia y terrorismo.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU hace un llamado a la opinión nacional e internacional para que se solidaricen con el pueblo de Costa Rica y se le exija al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la suspensión de la represión, la criminalización y penalización de la ciudadanía que ejercen el derecho de la protesta social como el primer Derecho Humano Fundamental, a fin de garantizar la participación democrática en este país.

Solicitamos el envío de mensajes de solidaridad al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, a los ministros y las ministras, diputadas y diputados y demás autoridades del Estado, para que se deponga el clima de tensión ante el repudio del pueblo a la crisis fiscal y al Proyecto de Ley 20.580 que nos quieren imponer.

Un proyecto de Ley que es rechazado por más del 79% de la población costarricense, no puede ser aprobado, pues atenta contra el principio más esencial de la democracia económica y social.

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidenta

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

E.mail: carana1945@gmail.com

Tel. 00 (506) 8706 71 00

San José, Costa Rica, jueves 4 de octubre de 2018

ACODEHU denuncia internacional

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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De miserias ideológicas y acusaciones delirantes

Escrito en 09/10/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz-Barrientos

Durante los 29 días de huelga por la justicia tributaria, hemos escuchado todo tipo de acusaciones efectistas contra el movimiento. Sin prueba alguna se acusó a trabajadores de RECOPE de “sabotaje contra el oleoducto”, que “bloquearon el paso de la antorcha de la libertad”, que “secuestraron un quirófano del Hospital San Juan de Dios” y recientemente que “atentaron contra la integridad física del presidente Alvarado”.

Para el gobierno se trata de ganar la guerra por imponer la narrativa sobre el conflicto, a fin de restar apoyo ciudadano a la huelga, echando mano al viejo y efectivo recurso de desprestigio a los huelguistas. A la estrategia se sumaron oficiosos los grandes medios informativos y una brigada de propagandistas seguidores del PAC que se han dedicado a difamar a los actores sociales en huelga, a hacer apología del odio antisindical, a minimizar el uso de la violencia policial y a exagerar los efectos de la huelga sobre la población Hasta aquí nada nuevo ni original en la guerra ideológica en torno a este y a la mayoría de los conflictos sociales en el país.

La nota original y novedosa en la guerra de sentidos, la ha puesto una connotada figura del PAC, quien le atribuyó al movimiento huelguístico, intenciones insurreccionales, superando todas narrativas fantasiosas en torno a este conflicto y que trae a la memoria los ataques que usaron los gobiernos en las huelgas de la década de los setenta, así como los relatos fantasmagóricos de la guerra fría.

Esta huelga no es ni más ni menos que otro episodio de confrontación entre las dos visiones de país que ha estado presente desde el Combo del ICE y como tal ha exaltado pasiones entre los bandos, pero de ahí a acusar a los huelguistas de querer convertir el movimiento de masas en una insurrección popular, hay una enorme brecha, tan grande como la que abrió el PAC en el campo progresista al alinearse con la derecha neoliberal del PLUSC.

Y es que, esta huelga ha puesto en evidencia la miseria ideológica de un PAC que pretendió en sus orígenes romper con el bipartidismo y frenar el avance neoliberal, pero que terminó haciendo casa común con los dos partidos que han impuesto ese modelo económico, responsable de los principales problemas que hoy enfrenta en país, incluido el déficit fiscal. Un PAC que llega a su segundo mandato preso de un alianza con el sector más reaccionario del PUSC y de la ultraderecha económica agrupada en la Academia de Centroamérica.

El PAC encalló ideológicamente, impulsando, a sangre y fuego, la peor reforma fiscal que podía hacerse, porque castiga a las clases media y baja y complace al gran capital. Atrás quedó la buena intención de levantar un proyecto partidario socialdemócrata moderno que actualizara y profundizara los logros del modelo del Estado Social de Derecho.

Llegar al gobierno transformó o tal vez mostró lo que hay en el fondo de muchos de los militantes PACsistas: una pléyade de neoliberales progresistas que reivindican aquellos derechos humanos que no toquen los intereses del capital.

Es en esa bancarrota ideológica en la que hay que ubicar la desafortunada y hasta ridícula opinión de esta prominente figura de ese partido sobre el objetivo insurreccional de la huelga.

Heredia, 8 de octubre de 2018.

Enviado por el autor.

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La reforma procesal laboral en el ojo de la tormenta

Escrito en 02/10/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Hernández Venegas

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde?” (Benedetti)

La Reforma Procesal Laboral (RPL), a poco más de un año de vigencia, está pasando la primera prueba de fuego, al calor de la huelga ejecutada contra el trámite y aprobación del Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580.

Ya van seis sentencias, por lo menos hasta ahora, dictadas por los jueces y juezas de trabajo que al hilo han declarado, una tras otra, la ilegalidad de los movimientos de huelga ejecutados en diferentes instituciones públicas, que por cierto, le llama a uno la atención la rapidez mediática con que circulan las sentencias, en la de menos primero que a las propias partes litigiosas.

Esta seguidilla de pronunciamientos judiciales, por uno u otro motivo, han declarado ilegales estos movimientos. Veamos muy resumidamente estos motivos:

1.- En la primera sentencia, porque el juez consideró que la causa del conflicto, de carácter político-laboral, contra aquel proyecto legislativo, no tiene amparo en el Código de Trabajo (CNP).

2.- En la segunda, se consideró que no se cumplió con el porcentaje mínimo de apoyo al movimiento de huelga que exige el artículo 381 CT (Ministerio de Vivienda).

3.- En la siguiente, porque además que no se cumplió con el anterior requisito de apoyo, se determinó que la actividad prestada por la institución respectiva constituye un servicio esencial, de conformidad con el inciso d) del artículo 376 CT (CNE).

4.- En la posterior resolución, se echó de menos el cumplimiento del requisito de apoyo y determinó también que los trabajadores participantes prestan un servicio esencial (Municipalidad Santa Ana).

5.- En las dos últimas, se declaró ilegal porque amén de no cumplir con el requisito de apoyo, tampoco se cumplió con el agotamiento previo de las alternativas de conciliación, previstas en el inciso b) del artículo 377 CT (JPS, BCCR).

Esta línea de pensamiento de los operadores judiciales desnuda los requisitos exorbitantes, harto difíciles de cumplir, particularmente el desproporcionado porcentaje de apoyo al movimiento de huelga, que impuso la Reforma Procesal Laboral, a raíz de cuya inobservancia, según lo pronunciaron los jueces, la mayoría de las anteriores huelgas fueron declaradas ilegales.

La proclamada titularidad del derecho de huelga en cabeza del sindicato, entonces, vino a menos que una declaración lírica o fue una conveniente técnica de publicidad engañosa.

De la mano con los anteriores requisitos, la RPL resucitó, de un sólo plumazo, el requisito del agotamiento previo de la conciliación, que por larga data, desde 1992, no se exigía, por cuya omisión dos huelgas fueron declaradas ilegales.

Además, la nueva legislación mantuvo la espuria prohibición de la huelga en los servicios esenciales, que está alegremente sirviendo de comodín a los jueces para terminar de hacer nugatorio el derecho fundamental de huelga en el sector público.

¡Pero hasta aquí no llegan los alcances de esos pronunciamientos judiciales! Como si lo anterior no fuera poco, en todas las sentencias, salvo dos, al amparo del artículo 562 del Código de Trabajo, también incorporado por la RPL, de manera inédita, los jueces también están condenando a los sindicatos contradictores a pagar las costas, condenatoria que a más de uno nos deja pasmado. ¡Cosas veredes que harán hablar las piedras!

Hay que destacar que nunca antes de la vigencia de la RPL se condenó a ningún sindicato a pagar costas por promover o participar en un movimiento de huelga, que ahora estos pronunciamientos judiciales vienen a constituir un deleznable precedente.

Sin lugar a duda, con esta ejemplarizante condena económica se pretende castigar las acciones colectivas de los sindicatos y desestimular, desde el primer aniversario de la RPL, el ejercicio de un derecho fundamental. Otra manera más de penalizar el derecho de huelga, como si las restricciones y prohibiciones que estableció el ordenamiento jurídico, urdidas por la consensuada Reforma, no fueran más que suficientes.

Las sentencias ciertamente no están aún firmes, por lo que no pueden producir, por tanto, todavía ningún efecto, ni disciplinario, ni salarial, aunque algunos desenfrenados jerarcas ya amenazaron rebajar salarios, a contrapunto de los artículos 379 y 385 CT, pero por el momento la cuestión está así: todas declaradas ilegales, con plus incluido de condenatoria en costas.

¡La tierra que prometieron los febriles promotores de la RPL ya está dando sus primeros frutos!

*Imagen ilustrativa tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

Enviado por el autor.

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Lucha social y criterio jurídico complican plan fiscal del gobierno

Escrito en 01/10/2018. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Entre sábado 29 y domingo 30 de setiembre las organizaciones sindicales que forman parte de la Unidad Sindical acordaron no aceptar el documento de arreglo con el gobierno, que proponía el inicio de una comisión de diálogo sin garantizar que el actual expediente 20,580 sería modificado. Eso implica, como ha circulado en redes digitales, que la huelga continúa.

A ese panorama de lucha social se suman acciones en el campo jurídico, como la presentación de un recurso de amparo por parte de pueblos indígenas por la ausencia de consulta sobre un tema que les afecta, esto, acorde con el Convenido 169 que Costa Rica firmó con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este documento, compartido en redes digitales, puede consultarse aquí:

Recurso de Amparo de Laura Espinoza Bejarano

A lo anterior, siempre en el campo jurídico, se suma el criterio ya conocido en torno a que el trámite del plan fiscal no ha seguido la ruta correcta, pues al afectar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial requiere mayoría calificada (38 votos) y por tanto no se puede aplicar la llamada vía rápida que ha seguido el proyecto.

En este enlace del Semanario Universidad puede conocerse a fondo este tema:

https://semanariouniversidad.com/pais/criterio-de-la-corte-que-podria-traerse-abajo-la-reforma-fiscal/

SURCOS ha publicado material didáctico acerca de este tema, para localizarlo en nuestra página puede utilizar el buscador con las siguientes palabras clave: material didáctico fiscal.

Organización internacional llama atención sobre impedimento a trasladado de manifestantes

Escrito en 28/09/2018. Publicado en Derechos.

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), expresión sindical más importante del continente, que representa a más de 50 millones de trabajadores/as, expresa su repudio anta la actitud antidemocrática de las autoridades costarricenses. Para tratar de impedir la masiva movilización en el día de hoy, que demuestra la solidaridad del pueblo con la huelga sindical y la consciencia del carácter profundamente antipopular del Combo Fiscal, la policía ha impedido la llegada de manifestantes, vedando el paso de buses en las regiones y mandando que la gente se baje. Es un atentado al derecho a la libre circulación de las personas.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado oficial.

D18 19 Costa Rica 04

Imagen con fines ilustrativos tomada de CEP-Alforja.

Enviado a SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Mapa muestra puntos de acción durante la huelga de oposición al paquete fiscal

Escrito en 28/09/2018. Publicado en Derechos.

Un mapa elaborado por el geógrafo Dani Villalobos muestra los puntos de acción durante la huelga nacional contra el llamado «combo fiscal».

Dany Villalobos es investigador comunitario en un proyecto del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, y además, es integrante de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.

El mapa fue compartido en redes digitales por su autor.

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Kioscos UCR se pronuncia ante «combo fiscal»

Escrito en 25/09/2018. Publicado en Derechos.

CONSIDERANDO:

1.El país atraviesa una grave crisis fiscal. Es claro que se necesitan tomar medidas pertinentes para poder atacar las causas estructurales de dicho déficit y encontrar una solución justa para todos los sectores.

2.El proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, también conocido como “Combo Fiscal” fue presentado a la Asamblea Legislativa sin un proceso de consulta y consenso que integrase a diversos sectores sociales, a pesar de las implicaciones que un proyecto de esta magnitud traerá para la sociedad costarricense.

3.Frente a este escenario, distintas organizaciones sociales y sindicales se han sumado a un paro nacional indefinido desde hace más de dos semanas, exigiendo el retiro de este proyecto de ley del plenario legislativo, buscando construir una alternativa en conjunto que integre la posición de todos estos sectores.

4.Varias instancias de las universidades públicas, y en específico de la Universidad de Costa Rica se han unido a este paro nacional, donde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del SINDEU se ha declarado en huelga.

5.En la última negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el presente año, se dejaron de lado aspectos fundamentales para la necesaria sostenibilidad presupuestaria de nuestra universidad pública, supeditándose a un adendum sujeto a la “buena voluntad” del gobierno de turno.

6.Además, la administración de la Universidad de Costa Rica ha anunciado una serie de medidas presupuestarias que afectarán el buen desempeño de las áreas sustantivas de la Universidad.

POR TANTO:

1.Exigimos un proyecto de ley tributario progresivo y que ataque las verdaderas causas estructurales de la crisis fiscal, como son la elusión y la evasión fiscal.

2.Rechazamos el proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, también conocido como “Combo Fiscal” pues consideramos que es un proyecto regresivo y que recae sobre sectores sociales que no han provocado dicha crisis fiscal.

3.El cuerpo docente del Programa Kioscos Socioambientales se une a la huelga declarada por el SINDEU. Además, el equipo de estudiantes asistentes del Programa se ha unido al movimiento nacional contra el “Combo Fiscal”.

4.Rechazamos las medidas de contención de gasto anunciadas por la Rectoría en el Oficio R-5254-2018, pues son parte de los ajustes tomados por la actual administración que han estado afectando varios sectores de la comunidad universitaria, como son el recorte de horas extra y combustible en el sector transportes, y la reducción de cargas académicas. Estos recortes han afectado con mayor medida a las sedes y recintos universitarios.

5.Exigimos que la adenda al acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) posea un sustento de ley y no se delegue a voluntades individuales.

6.Llamamos a nuestras compañeras y compañeros de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), así como otras personas de la Universidad de Costa Rica, a que se sumen a la huelga para realizar una campaña socio-educativa que dialogue con diversos sectores sociales sobre las implicaciones de este proyecto de ley.

Equipo Programa Kioscos Socio-ambientales

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Unión sindical internacional insta al gobierno a dialogar sobre plan fiscal

Escrito en 25/09/2018. Publicado en Derechos.

La Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines envió una carta al Presidente Carlos Alvarado, en la cual señala que «las empresas transnacionales, agrupadas en la Alianza Nacional Agropecuaria, han promovido una campaña contra la huelga proponiendo además públicamente mayores niveles de represión contra los huelguistas. Las empresas bananeras y piñeras no sólo son cómplices de la crisis fiscal sino que están tratando de legitimar la represión, la criminalización y la violencia contra movimientos y organizaciones sociales«.

La organización señala que más del 65% de la población costarricense se pronuncia por la negociación del plan fiscal e insta al mandatario a considerar esa petición.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta completa.

Unión sindical internacional insta al gobierno a dialogar sobre plan fiscal

*Imagen tomada de http://www.rel-uita.org

Enviado por Maikol Hernández.

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Rector: »La UCR no está en huelga»

Escrito en 24/09/2018. Publicado en Derechos.

Todas las actividades universitarias siguen según lo programado
El Consejo Universitario aprueba el llamado al paro activo, el rector Jensen vota en contra

La Universidad de Costa Rica no está en huelga. Así lo reafirmó el rector Dr. Henning Jensen, tras el llamado a paro activo acordado por el Consejo Universitario la tarde del viernes 21 de setiembre, para el cual el rector votó en contra.

“La paradójica y contradictoria expresión ‘paro activo’ utilizada en este acuerdo no es un llamado a la huelga. El Consejo Universitario carece de competencia para autorizar a las y los trabajadores de la Institución a suspender sus labores; por ello, cuatro miembros de este órgano votamos en contra de este acuerdo”, acotó el Dr. Jensen.

El rector reiteró que cada persona tiene la potestad de decidir si ejerce su derecho de acogerse a una huelga, y esto lo puede hacer a título individual, sin necesidad de estar sindicalizada, cumpliendo los requisitos establecidos por el Código de Trabajo.

Además, aclaró que el Estatuto Orgánico de la UCR (en sus artículos 94 y 106) faculta a los decanos y directores de unidades académicas a “suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia particular indique la conveniencia de la medida”. Los estudiantes pueden dirigirse a las direcciones de sus escuelas o decanatos, como es usual, en caso de tener dudas sobre las actividades programadas.

De acuerdo con el jefe de la Oficina Jurídica de la UCR, Dr. Luis Baudrit, un «paro» en el Código de Trabajo es la suspensión de labores acordada por dos o más patronos. En este caso, la Universidad de Costa Rica es el patrono y se representa en la figura del rector, por lo cual no le compete al Consejo Universitario hacer llamados ni decretos a la cesación de labores.

Según el Dr. Jensen, se mantiene vigente la llamada de la Rectoría a que la comunidad busque espacios de análisis y diálogo para entender y construir soluciones compartidas ante la difícil coyuntura que atraviesa el país.

Caterina Elizondo Lucci

Periodista de Rectoría

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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