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Absurdo excluir a Recope de la investigación, desarrollo y producción de energías limpias y combustibles alternativos

Escrito en 21/10/2021. Publicado en Análisis.

José León Desanti Montero. Expresidente de RECOPE.

Con enorme sorpresa leo la noticia de que la Comisión de Ambiente del Congreso al determinar positivo el dictamen al expediente 20.461 decidió excluir a Recope de la investigación, desarrollo y producción de energías limpias y combustibles alternativos, y dándole al ICE nuevas tareas para que asuma esa producción de energías limpias y combustibles alternativos. Nada más absurdo que eso.

El mismo Presidente José María Figueres, actual candidato a la Presidencia de la República reconoció que Recope es LA empresa de combustibles que produce, distribuye y vende los combustibles de más alta calidad en Centroamérica y a los precios más bajos de la región incluyendo Panamá, descontando los impuestos al combustible que existen en todo el área.

Manifiesta José María Figueres que su idea sobre Recope es mejorarla, haciéndole los cambios que la tecnología y las buenas prácticas permitan para que realice esas tareas y vaya incorporando gradualmente biocombustibles mezclándolos con los derivados del petróleo, que importa, almacena, distribuye y vende en todo el país con gran eficiencia y eficacia.

Esa es la experticia de Recope, no del ICE, cuyos atributos son muchos, pero son distintos, y enfocados a la producción de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Usan argumentos falaces, sobre los cuales escribiré en otra oportunidad, pero lo más grave es que contradicen las ideas y proyectos de don José María, sin siquiera tener la cortesía de discutirla con él, pues si lo hubieran hecho jamás hubieran actuado de esa manera, a mi parecer, irresponsable, oportunista y demagógica.

Gobierno se somete a generadores privados de electricidad

Escrito en 20/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(2 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Reinicio del negocio privado de la electricidad

En términos generales podemos decir que, a partir del 8 de abril de 1949, cuando se creó el ICE con el Decreto Ley No. 449, en Costa Rica se empezó a perfilar una supremacía relativa de la electricidad pública frente a la privada, y que el 18 de octubre de 1990, cuando se publicó la Ley 7.200, iniciamos un retroceso hacia la electricidad privada.

A modo de resumen varias fechas son indispensables: el 18 de octubre de 1990, durante la administración Calderón Fournier, entró en vigor la “Ley n° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”. Esta ley fue modificada durante el gobierno de Figueres Ólsen. El cambio del capítulo II de la Ley 7.200 se conoce como Ley. No.7.508 y rige desde el 9 de mayo de 1995. En 2011 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda le dio el mandato al ICE de “llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”. Esta directriz ya no está vigente, pero sí las leyes indicadas. De acuerdo con el capítulo I de la Ley 7.200, los privados pueden operar y venderle al ICE electricidad proveniente de proyectos de no más de 20.000 kW (20 MW). Otros contratos pueden ser de hasta 50.000 kW (50 MW) gracias a la Ley 7.508 (capítulo II de la 7.200), y entre ambas modalidades, la generación privada no puede ser superior al 30% de la capacidad de generación de todo el Sistema Eléctrico Nacional (15% cada tipo de contratos).

La diferencia entre ambos contratos es que los proyectos de hasta 50 MW, denominados “Build, Operate and Transfer” o B.O.T, siglas en inglés para Construcción, Operación y Transferencia, deben pasar a propiedad del ICE luego de los veinte años de su duración. Los contratos, el precio de compra por parte del ICE, su renovación y las condiciones, que hemos tildado de extremadamente favorables para los privados en detrimento de la sociedad costarricense, los hemos revisado en otros textos como “Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada”, en el que analizamos los supuestos bajo los cuales se justifica la generación privada de electricidad y su posible exportación.

Asociado directamente con esa pretensión de apertura para la exportación, fue presentado a la Asamblea Legislativa el Expediente n° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, y ya no sólo a las empresas del grupo ICE, como es en la actualidad. Ese proyecto busca que puedan exportar electricidad “todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”. En el artículo “Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad”, explicamos cómo la falta de controles del ICE y “errores” de cálculo de tarifas por parte de ARESEP, favorecieron directamente a los generadores privados con cientos de miles de millones de colones. A modo de ejemplo, según la Contraloría General de la República se trata de “sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones”, sólo para algunos contratos.

Otros intentos de privatizar la electricidad

Durante la segunda Administración de Óscar Arias (2006-2010) fue relevante el proyecto “Ley general de electricidad” que tenía un clarísimo barniz privatizador. Hacia mediados de 2009 parecía inminente su presentación al Poder Legislativo, pero fue postergada hasta el siguiente gobierno. Fue presentado a la Asamblea Legislativa como expediente N.° 17.812 en el gobierno Chinchilla Miranda. Pretendía abrir el mercado a los generadores privados eliminando “trabas” de la legislación vigente. Enfatizaba la meta de propiciar condiciones para la exportación de electricidad al mercado regional centroamericano por parte de los generadores privados. El artículo 3 de la propuesta “Acceso al Mercado Eléctrico Regional, MER”, señalaba que “Las empresas generadoras nacionales que utilicen energías renovables para producir electricidad podrán colocar sus excedentes de energía en el MER, una vez cumplidos sus compromisos de suministro nacional, bajo la reglamentación que promulgue la Aresep”.

Tras la no aprobación del Proyecto Ley general de electricidad, el ya expresidente Oscar Arias, en un artículo titulado “Cuestión de sentido común” (La Nación. 17/03/2013), dijo que ese proyecto hubiera acabado “con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada”, y se lamentó de que “…Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años más…”.

Las presiones para que en Costa Rica opere un mercado eléctrico abierto y con cada vez mayor participación privada, no sólo han estado permanentemente en la agenda de los empresarios privados de la electricidad. También han sido un anhelo antiguo de distintas administraciones. Es decir, privados y gobiernos coincidían, y siguen coincidiendo, en debilitar al ICE y fortalecer la generación privada. El 23 de setiembre de 2010, Teófilo de la Torre, titular del MINAE, expuso en el Foro Apertura y Desarrollo del Sector Electricidad. Reforma del Subsector Electricidad, un “modelo de mercado” en el que el ICE, “privados” y “alianzas”, serían competidores del mercado eléctrico en condiciones de plena igualdad, con una inversión (ideal) de 9.000 millones de dólares dividido en 3 partes iguales.

Otro intento privatizador fue un nuevo proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”, Expediente N.° 18.093, que la presidenta Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello, presentaron a la Asamblea Legislativa el 11 de mayo de 2011. Esa propuesta abogaba por “una participación más activa del sector privado en el desarrollo de proyectos” y “la participación de múltiples actores en la industria eléctrica e incentiva la inversión en este subsector”. Una nueva variante de proyecto de ley para atender una supuesta “contingencia eléctrica” nacional, fue publicado en La Gaceta el 27 de enero de 2014 y presentado a la Asamblea Legislativa. Ambas iniciativas fracasaron gracias a múltiples oposiciones, que en su momento discutimos.

De manera amenazante contra el servicio público de electricidad, las propuestas de ley de contingencia avanzaron notoriamente hacia la privatización, pues pretendían declarar “…de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”. Esta idea hubiera flexibilizado de manera letal las regulaciones y permisos para la generación de electricidad privada. Hasta hoy la “idea” es que esa declaratoria sea el resultado de un exhaustivo análisis de variables que permitan decidir sobre la aprobación o rechazo de un proyecto. Es una “idea” porque la historia reciente registra tanto usos nefastos como positivos de esta figura legal. 2 ejemplos son la declaratoria ilegal conveniencia nacional para el proyecto minero Crucitas, y otro fue el rechazo de la conveniencia nacional para el PH San Rafael, de la constructora HSolís, firmado por el otrora ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el lunes 15 de julio 2019, tras casi 7 años de disputas en las que organizaciones sociales y comunidades demostramos la absoluta inconveniencia de ese proyecto. Ese negocio hidroeléctrico privado de 7,2 megavatios le hubiera costado a la sociedad costarricense 57 millones de dólares.

Imagen ilustrativa, ICE.

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en 07/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”. Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW). Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Kölbi realiza primer evento de sensibilización en territorio indígena Rey Curré

Escrito en 06/10/2021. Publicado en Derechos.

Por Uriel Rojas

Kölbi, la marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), inició este viernes 01 de octubre de 2021, en la comunidad indígena Rey Curré –en Buenos Aires de Puntarenas– el primer evento de sensibilización dirigido a la población local.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer los beneficios de los servicios de telecomunicaciones en este territorio.

Un equipo del ICE, especializado en el uso seguro de herramientas de infocomunicaciones –encabezado por Mauricio Rojas, gerente de Telecomunicaciones–, compartió estos espacios con los habitantes de Rey Curré.

Estas charlas forman parte del proyecto Territorios Indígenas, del programa Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Durante las reuniones, los habitantes de Rey Curré son informados sobre Comunidades Conectadas, así como de conceptos básicos de internet, buscadores, aplicaciones, seguridad, redes sociales y la iniciativa e-Mentores.

Este último es un proyecto de la Fundación Paniamor para proteger a menores de los riesgos digitales.

Estas actividades son coordinadas entre la marca comercial Kolbi, Fonatel y por supuesto, la Asociación de Desarrollo Indígena de Yímba Cájc.

El espacio de hoy se llevó a cabo en el Salón Comunal el cual inició a las 3 p.m. y se extendió hasta las 4:30 p.m. en donde participaron diferentes representantes de las organizaciones comunales de Rey Curré.

Yímba está tomando impulso para dar el salto a la conectividad de todos los poblados que integran su territorio.

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Escrito en 29/08/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Procuraduría General de la República ratifica posición de ASDEICE y actores sociales amigos del instituto, a favor del rol del ICE constructor

Escrito en 25/08/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

PGR y Sala Primera respaldan al ICE Constructor: En días recientes la Procuraduría General de la República mediante dictamen PGR·C·228 2021 ratificó que el ICE puede incursionar en obras de construcción. Dicho órgano superior consultivo, técnico y jurídico de Ia Administración Pública no encontró problemas en que el ICE pueda ofrecer servicio de construcción de obras, aparte de telefonía y electricidad. Debido a ello su criterio en mención, plasmó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puede incursionar en obras de ingeniería civil, metalmecánica, hidráulica, subterráneas, electromecánicas y de construcción.

A dicho dictamen de la PGR le antecedió semanas atrás, la sentencia de la Sala Primera de la Corte, mediante el cual los magistrados que la integran fueron enfáticos en afirmar que la Contralorla General de la República (CGR) se atribuyó estas potestades que no le correspondían al prohibir la participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la supervisión y administración de obras viales. La sentencia mencionada, dictaminó que a la CGR no le competía opinar sobre la participación del ICE en la supervisión de la carretera a San Carlos (obras entre Sifón y La Abundancia).

Nada nuevo bajo el sol: Sin embargo, a pesar de la importancia de que se pronuncien en esta dirección instancias como la Sala Primera de la Corte o la Procuraduría General de la República, lo cierto es que lo afirmado no es nada nuevo bajo el sol. ASDE·ICE ha dado desde hace años el sustento legal para que el ICE pueda hacer obra pública, y hemos defendiendo la posición del ICE constructor.

Descubriendo el agua tibia: Con respecto a la posición que la cúpula gerencial ha tenido sobre la consulta y el criterio de la PGR, desde ASDE· ICE consideramos que parecieran descubrir agua tibia. La actual Administración preguntó a la Procuraduría lo que ya se sabía, pero con preguntar no es suficiente. Lo consultado no alcanza como mérito de gestión. Es claro que no se esperaron a la respuesta de la Procuraduría, para implementar otras acciones, que borran con el codo la consulta realizada.

Debilitaron desde adentro la capacidad Constructiva: Lo Más allá de la consulta y el criterio de la PGR, con su medida de reorganización, de la que siguen sin demostrar los estudios técnicos que la justificaron, la actual administración, en la práctica han desmantelado el proceso de ingeniería y construcción, debilitando la capacidad instalada que tenía el ICE en materia constructiva. La prensa ha denunciado cómo se ha venido maquinaria a precios mucho menores de su costo y desagregado procesos claves. Ahora con su política de cero inversión, ¿cómo van a reconstruir la capacidad constructiva? Por eso desde ASDE ICE pensamos que sobre este tema, desde la administración superior, no ha habido coherencia entre el decir y el hacer.

Las instancias externas desde ASDEICE consideramos que en materia de construcción de obra pública, si esto no se le ha permitido antes al ICE,ha sido por capricho de la clase política, y de quienes los últimos gobiernos, han puesto a administrar la institución. En la actualidad y desde años atrás, presidentes y diputados, han sido laxos ante las presiones o el lobby político de algunas cúpulas empresariales, que se han opuesto a la posibilidad del ICE constructor.

Recientemente el país ha sido testigo de los actos que investiga el Ministerio Público sobre el llamado caso Cochinilla. A la luz de esa investigación vale la pena preguntarse: ¿será que las grandes empresas constructoras, han visto en la eficiencia del ICE un obstáculo a sus intereses?, ¿será acaso que quienes siempre hablan de la libre competencia han buscado el foul técnico, para que el ICE no entre a competir y a dar su aporte en construcción de obra pública?

También hay como excepciones, diputados defensores del ICE constructor: Han sido muy pocos los diputados que han coincidido con ASDE-ICE la defensa del ICE para hacer obra pública, también es cierto,que han habido diputados defensores del ICE constructor, incluso en la actual legislatura, lo cual es necesario de clarificar.

En días recientes el Diputado Welmer Ramos, presentó a corriente legislativa el proyecto 22570, que busca impulsar este tema del ICE constructor, mediante esta iniciativa, no solo se daba la oportunidad de demostrar la experiencia que la valiosa cantera de talento humano de la organización tiene sobre el tema, sino que además esta iniciativa estaba orientada a dinamizar y dar trabajo a cientos de compañeros y compañeras de la Dirección de ingeniería y Construcción (IC) hoy profundamente debilitada por las directrices de la actual administración.

En honor a la verdad, la posición del Diputado Welmer Ramos en defensa del ICE constructor no es nueva ni algo que se reduzca a la presentación de este proyecto de ley. Ramos ha promovido desde hace más de 7 años que el ICE tenga la oportunidad de construir obra pública. Su posición siendo ministro de economía industria y comercio, contribuyó de forma significativa, para que en momentos de emergencia nacional luego de la tormenta tropical Otto, la rehabilitación de Bagaces y Upala en la Región Chorotega,se logrará con el ICE en buena medida.

Hoy consideramos que pronunciamientos como el más reciente de la CGR, no sólo se deben a la posición sostenida que ASDE-ICE ha tenido sobre el tema, sino también a gestiones, impulsos, proyectos e iniciativas que actores sociales amigos del ICE constructor también han realizado sobre el tema.

Desde ASDE-ICE seguiremos impulsando el rol y aporte del ICE en la construcción de obra pública, y realizando las gestiones necesarias para que se frene el debilitamiento de IC y se dinamicen las oportunidades de demostrar su experiencia a las y los compañeros de esta área de la Institución. Seguiremos informando…

Adjuntamos la imagen oficial del comunicado:

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en 20/08/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

¿Podría el ICE construir obras públicas?

Escrito en 21/07/2021. Publicado en Derechos.

La represa del PH Reventazón con una altura igual a un edificio de 40 pisos, consumió la misma cantidad de concreto que necesitaría una carretera de cuatro carriles entre Liberia y San José.

¿PODRÍA EL ICE CONSTRUIR OBRAS PÚBLICAS?

Compartido con SURCOS por Freddy Pacheco León.

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Escrito en 11/07/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”, el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.

Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad

Escrito en 29/06/2021. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro

Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Sobrepagos por 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019, recibieron algunos generadores privados de electricidad gracias a la ARESEP. Pero además, el mismo ICE favoreció a otro grupo de generadores privados con 2.049,00 millones de dólares entre 2010 y 2018. Esos son datos que nadie, y mucho menos el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, deberían ignorar. La electricidad privada siempre fue, es y seguirá siendo, una estafa para la sociedad costarricense, que el Gobierno y la Asamblea Legislativa quieren ampliar mediante una ley que permita la exportación de esa electricidad al mercado centroamericano.

No sorprende que el Gobierno anunciara el 25 junio 2021 que ya está “Listo proyecto de ley que permitiría a generadores privados exportar sus excedentes a mercado eléctrico regional”, porque eso no es más que la confirmación de su línea en favor de consolidar los privilegios para algunos grupos empresariales. Lo que sí sorprende es que el Gobierno, el MINAE y el ICE, ignoren, engaveten, incumplan y ni se inmuten ante los numerosos dictámenes, estudios y directrices de la Contraloría General de la República, que desde hace años explican con detalle cómo es que se ha permitido, favorecido y hasta protegido el traspaso de millones de dólares a unas cuantas empresas.

Ya los generadores privados habían logrado que el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la diputada María Inés Solís Quirós presentaran el 1 de octubre de 2019 el proyecto de ley Expediente N.° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. Esa propuesta adiciona al artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, un texto para que los “agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica”, ya no sólo fueran las empresas del grupo ICE. Se indicaba que adelante “son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”.

Lo que la Presidencia de la República y el MINAE hacen es copiar esa iniciativa privada y oficializarla como línea del Ejecutivo, argumentando que se trata de “habilitar los mecanismos para que aquellos generadores de electricidad que han sido parte de contratos establecidos bajo los términos de la Ley No. 7200, puedan exportar sus excedentes de energía, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional, lo cual también permite incrementar la participación del sector energético a nivel regional”. Esto no es más que una directa contribución para consolidar los negocios privados, pues el Gobierno en general, y el Viceministro del MINAE, Rolando Castro, deben, obligatoriamente, conocer que el aporte de la generación privada a la demanda nacional, ha sido un simple argumento para obligar el ICE a comprar esa energía a precios mucho más elevados que la generada por el ICE.

Esta iniciativa de ley no se puede comprender sin atender que la generación privada desde que se inició el 28 de setiembre de 1990 con la Ley 7.200 ha sido un saqueo permanente de recursos públicos, que ahora se busca blindar obteniendo ganancias en los demás países de la región centroamericana. Dado que el MINAE es el ministerio rector del sistema energético del país, es que debemos atender que ante las reiteradas dudas sobre la necesidad de contratar y comprar electricidad privada, y también por las dudas sobre la eficiencia y los elevados costos reconocidos reiteradamente por el ICE, la Contraloría General de la República en su “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, No. DFOE-AE-IF-15-2016, le indicó al Ministro de Ambiente, en ese momento, Edgar Gutiérrez Espeleta, que debe “Establecer y aplicar las directrices que aseguren que los proyectos de generación eléctrica propuestos por el ICE, distribuidoras eléctricas y cooperativas de electrificación rural, se sometan a un análisis de rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio que garantice la cartera óptima de proyectos y el desarrollo de aquellos técnica y económicamente eficientes para el Sistema Eléctrico Nacional” (negrillas ODC) (CGR. 2016. p37). Esta indicación dejaba en claro, una vez más, que el sistema eléctrico requería revisiones fundamentales, incluidas la evaluación de la generación y compra a privados.

Siguiendo la escala descendente en ese mismo Informe la CGR le indicó a Carlos Obregón Loría, Presidente Ejecutivo del ICE, “analizar la suficiencia y pertinencia de las variables explicativas del modelo de estimación de demanda eléctrica, desde el punto de vista económico y estadístico, así como, los supuestos de proyección” (negrillas ODC), lo que apuntaba en dirección de lo que desde hace muchos años hemos explicado con relación a la sobreoferta de electricidad en el país y por tanto la no pertinencia o necesidad de contratar con los generadores privados. Cuando en 1990 los privados empezaron a venderle electricidad al ICE, “la demanda de energía eléctrica era del 5,5%” indica la CGR en su Informe No. DFOE-AE-IF-00009-2019 (p6). Pero “…desde 2007 hasta la fecha no hemos logrado tener una tasa de crecimiento de la demanda, superior al 4%. De hecho en los últimos años, el año pasado no llegó al 1%, y en 2018, tampoco va a llegar la tasa de crecimiento de la demanda a más de un 1%.”, según lo explicó la Presidenta Ejecutiva del ICE, Irene Cañas en la Comisión permanente especial de ambiente de la Asamblea Legislativa el 08 de noviembre de 2018. Una revisión actualizada nos confirma que, por ejemplo, el 23 de junio de 2021 a las 12 del día, una hora pico de consumo, la demanda o consumo máximo fue de 1.680 MW, lo que indica un excedente relativo de 1.937 MW; más del doble de lo consumido, si comparamos ese consumo con la capacidad instalada total disponible en el país, que según la CGR era de 3.617 MW en el 2019. Esto demuestra que desde hace años, si es que algún día lo fue, la generación privada ha sido absolutamente prescindible, y constituye una estafa legalizada facilitada por las leyes que la propician, y además muchas veces facilitada por autoridades de la burocracia estatal, incluido el mismo ICE.

Es ya bien sabido que parte del elevado sobrecosto de la electricidad privada se origina porque las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”. Esos servicios, advirtió la Contraloría, “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”, y aclara de seguido que “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad. Así, la energía producida por estas empresas refleja un costo menor al que implica la generación, lo cual, de ser considerado en la formulación de los proyectos, puede incidir en la decisión de desarrollo de estos a futuro” (negrillas ODC). Este, entre muchos argumentos técnicos, aclaran la mentira de que la electricidad privada es más barata que la del ICE, como los generadores privados agremiados en ACOPE y empresas comerciales de información lo señalan.

¿Por qué si se cuenta con toda la información técnica oficial que documenta esa transferencia indebida de dinero, no se ha frenado el saqueo de recursos? La respuesta en corto es que la institucionalidad de este país, incluidos el MINAE y el ICE, es cuando menos permisiva y lenta para ejercer sus obligaciones de justificar técnica, financiera y desde la perspectiva de la “sostenibilidad ambiental”, la generación, compra y consumo de la electricidad privada. Mucho menos al día están con la tarea de ejecutar las órdenes de la Contraloría General de la República (CGR) para hacer eficiente su labor de control sobre las condiciones de ese negocio. Particularmente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha actuado con una negligencia y desobediencia tal, que da todas las razones para preguntarse si existe una colusión de intereses para favorecer a los privados y dañar y debilitar al ICE y, al final, a toda la sociedad que termina pagando cifras millonarias al grupo de empresas privadas que siguen abultando sus cuentas.

Precisamente, con la creación de las leyes de generación privada 7.200 y 7.508, una de las entidades a las que se le delegaron obligaciones puntuales fue a la ARESEP. Para los contratos de empresas privadas nacionales amparados en el “Capítulo I de la Ley n.° 7200, Decreto Ejecutivo n.° 37124-MINAET del 19 de marzo de 2012, las tarifas que rigen los precios de compra de electricidad son establecidas por la ARESEP, tomando en cuenta estructuras desagregadas por épocas del año, horas del día, energía y potencia” (CGR. 2019. P8).

Aunque ya mismo no revisaremos en detalle las innumerables falencias de la ARESEP ni las reiteradas órdenes giradas por la Contraloría General de la República para corregirlas, sí hay que destacar que en el Informe de la Auditoría, No. DFOE-AE-IF-15-2016, la CGR se le ordenó “A ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO (mayúsculas del original). Resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia. Remitir a la Contraloría General la resolución en la que se apruebe la metodología, a más tardar el 30 de junio de 2017” (negrillas ODC) (p38). Esos desajustes que le costaban al ICE y al país millones de dólares, nunca fueron atendidos por la ARESEP y directamente por el Regulador General Roberto Jiménez (antiguo funcionario de ICE). La gravedad de esa negligencia, y se podría argüir que complicidad, se puede demostrar con numerosos ejemplos, como que para “la tarifa calculada con información de plantas hidroeléctricas se utilice también para la compra de energía generada con plantas eólicas, a pesar de que difieren en tecnología, vida útil, costos de inversión y operación; así la tarifa aplicada a plantas hidroeléctricas y eólicas fue de US¢ 7,0309 por KWh en 2019”. Si ese cálculo de costos y tarifas a pagar, se hubiera hecho “con información exclusiva de plantas eólicas en cuanto a sus costos de explotación, inversión, factor de antigüedad, rentabilidad y factor de planta, es una disminución de tarifa a US¢ 5,8991 por KWh para las compras de energía eólica” (GCR. 2019. p10).

Otras faltas gravísimas destacadas en el Informe N.° DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre, 2019, “Informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados”, están relacionadas con las “Desaplicaciones de las metodologías de fijación tarifaria”. Dice la Contraloría: “Se determinó que la ARESEP no aplicó correctamente las metodologías de ajuste tarifario para la compra de energía a generadores privados bajo la modalidad de BOO, al momento de ejecutar los cálculos respectivos. Lo anterior, se presentó en la fijación tarifaria del 2017, 2018 y 2019 para los contratos renovados, así como, para las tarifas de referencia del 2016, 2017 y 2018 para plantas hidroeléctricas nuevas, y del 2015, 2017 y 2018 para plantas eólicas nuevas. Estas desaplicaciones fueron detectadas en las memorias de cálculo de las propuestas tarifarias sometidas a audiencia y de las que sustentaron las resoluciones finales de las tarifas” (negrillas ODC) (CGG, 2019, p13).

Ante la magnitud de los errores de entidades como la ARESEP para favorecer a los generadores privados, el Gobierno, el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, no deben asumir ignorancia técnica. Traducidos a dinero, estos errores o posibles faltas voluntarias, son descomunales. El mismo Informe de 2019 de la Contraloría explica con total claridad que “el Órgano Contralor estimó el monto que corresponde a las diferencias tarifarias para los contratos renovados, obteniendo las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones” (negrillas ODC) (CGR, 2019, p5 y 17). Eso equivale a 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses. Si se reforma la ley para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, no se hará más que consolidar ese saqueo de dinero. En ese caso quedará claro, una vez más, que la institucionalidad costarricense actúa directamente en favor de esas empresas privadas y en contra de la colectividad.

Otra constatación que hay que reiterar es que el mismo ICE ha favorecido a los generadores privados. Así como para los contratos privados de la Ley 7.200 que no pueden ser de más de 20MW, es la ARESEP la que fija las tarifas, para los contratos BOT (construcción, operación, transferencia), que son convenios entre privados y el ICE, “las compras deberán realizarse mediante licitación pública con “…competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica, financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida, en apego al proceso establecido en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE n.° 5777, del 19 de diciembre de 2006” (CGR. 2019. P8). Es decir, es al ICE a quien corresponde hacer todos los estudios y establecer las tarifas, esperando que se justifique cualquier compra a los privados de acuerdo con parámetros razonables y justos. Pero no ha sido así. Tampoco el ICE ha cumplido sus obligaciones.

Queda por discutir un amplísimo “archivo” a partir del cual se puede fundamentar que al menos algunas administraciones de la institución favorecieron directamente el negocio de la generación privada ya que, como argumenta la CGR en su Informe del 2019 citado, “se determinó que el ICE no acredita el fundamento que respalda la decisión de contratar por primera vez o renovar los contratos de compra de energía eléctrica a privados” (negrillas ODC). Resulta gravísimo constatar que desde adentro del ICE se realizaron contratos de compra de energía privada sin sustentar técnicamente su necesidad ni justificar financieramente de cara a favorecer el consumo de todos los clientes con tarifas razonables, competitivas y sobre todo justas. Ni qué decir de los estándares de “sostenibilidad” que desde siempre han sido un álgido asunto de disputa entre las empresas privadas y comunidades y organizaciones sociales, dados los atropellos de los derechos comunitarios y los permisos ambientales, incluida la aprobación de estudios de impacto ambiental de la más dudosa calidad técnica. Un ejemplo de antología sobre una hidroeléctrica avalada por SETENA, la Dirección de aguas del MINAE, ARESEP y hasta el mismo ICE, es el PH San Rafael de la empresa HSolís, derrotado en 2019 por las comunidades y organizaciones sociales, tras demostrar un descomunal conjunto de falencias técnicas y ausencia de cualquier viabilidad social.

Volviendo a la justificación o no de la compra a privados, la documentación de la Contraloría permite constatar, con total demérito para la entidad estatal, que “para las contrataciones efectuadas por el ICE entre el 2010 y 2018 que corresponden a 19 renovaciones de contratos de compra de energía a privados, así como 11 contratos nuevos de BOO y 2 de BOT, no constan las motivaciones de orden técnico, económico, ambiental, social y de oportunidad que respaldan la conveniencia de la decisión de ejecutar dichas compras. El valor total de estos contratos nuevos y renovaciones se estima en USD 2.049,00 millones” (negrillas ODC) (CGR. 2019 p18). Según el mismo ICE, entre 2008 y 2018 los generadores privados recibieron ₡850.000 millones.

De aprobarse la ley para exportar electricidad privada, el nuevo escenario asegurará mayor debilitamiento para el ICE, mayores ganancias para un grupo ya de por sí privilegiado de empresas que venden un servicio innecesario para el país, una renovada y clarísima incongruencia entre el discurso “verde” oficial que busca que los privados puedan “colocar la energía limpia que generan” en el mercado regional y el “mundo real” que soporta los impactos destructivos de las represas en los ecosistemas y las incursiones agresivas de las empresas en las comunidades. Además, y sobre todo, no es admisible que el Gobierno de la República promueva ese negocio en Centroamérica mientras desconoce el desfalco que la generación privada ha significado para la sociedad costarricense. Los datos no mienten y el Gobierno no debe asumir ignorancia y complacencia. Este proyecto de ley se promueve casi en la víspera de realizar en Costa Rica (setiembre 2021) el Congreso mundial de hidroeléctricas, que será sin duda un campo de confrontación técnica y social entre el Gobierno, el MINAE y ese empresariado, con las comunidades y organizaciones nacionales a las que ya se han sumado voces técnicas, científicas y sociales de todos los continentes que desmienten los resultados de las llamadas energías “limpias” o “verdes”.

Los 2.049 millones de dólares pagados en 8 años y otros 23,8 millones de dólares en 18 meses, son sumas muy parciales que muestran los privilegios de las empresas privadas de electricidad. Por eso resulta cuando menos infame indicar que este proyecto de ley para privilegiar a esas empresas “apoyará el bienestar de quienes ahí trabajan y la recuperación económica”, como dijo el Presidente Alvarado Quesada.