Ir al contenido principal

Etiqueta: igualdad

¡Conmemorando el 8M: Juntas Somos Resistencia!

Por José Daniel Gamboa Araya

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebramos la valentía, la perseverancia y la lucha constante de las mujeres en todo el mundo. Bajo el lema «no somos competencia, juntas somos resistencia», recordamos y honramos las innumerables batallas que las mujeres han librado a lo largo de la historia en busca de igualdad, justicia y derechos fundamentales.

El 8 de marzo no es solo una fecha para conmemorar los logros alcanzados, sino también para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos en la lucha por la igualdad de género. Es un día para reconocer las múltiples formas de opresión y discriminación que persisten en nuestras sociedades y para renovar nuestro compromiso con la causa feminista.

Las mujeres de todo el mundo continúan enfrentando obstáculos en su camino hacia la igualdad: la brecha salarial, la violencia de género, la falta de representación en los espacios de toma de decisiones y la negación de derechos reproductivos, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las mujeres siguen demostrando una fuerza inquebrantable y una determinación incomparable.

Este 8 de marzo, rendimos homenaje a las mujeres que han liderado y continúan liderando las luchas sociales en todas partes. Desde las pioneras del movimiento sufragista hasta las activistas contemporáneas que luchan contra la discriminación racial, la violencia machista y la exclusión social, cada una de ellas ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad.

Es importante recordar que la lucha por la igualdad de género no es solo responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad. Todos y todas debemos comprometernos a promover la equidad, el respeto y la justicia para todas las personas, sin importar su género, raza, orientación sexual o identidad de género.

En este Día Internacional de la Mujer, unámonos en solidaridad y sororidad para construir un mundo más justo, inclusivo y equitativo para todas y todos. Recordemos siempre que «no somos competencia, juntas somos resistencia».

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Consejo Universitario de la UNA reitera el compromiso de invertir recursos públicos hacia las mujeres

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emite el acuerdo UNA-SCU-ACUE-083-2024 en el cual hace un repaso histórico sobre los grandes hitos que han acompañado la lucha incesante en búsqueda de una efectiva equidad, igualdad y respeto a los derechos de las mujeres, destaca además los retos que deben afrontarse y realza las acciones que desde la UNA se han emprendido. Asimismo, reitera su compromiso para garantizar la inversión de recursos públicos dirigidos a las mujeres.

Pronunciamiento sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer:

CONSIDERANDO:

  1. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908; según los datos de la Unesco (2024).
  2. Lo definido en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y aprobó la celebración del “Día de la Mujer Trabajadora”, que se comenzó a celebrar al año siguiente: la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, desde entonces se ha extendido a muchos países.
  3. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y luchar por «Pan y Paz» en el último domingo de febrero (8 de marzo en el calendario gregoriano), lo cual llevó eventualmente a la adopción del voto femenino en Rusia.
  4. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1974 invitó a los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. (ONU, 2024).
  5. A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador y esto fortalece el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, científico, cultural y económico.

El 8 de marzo, se reivindican los derechos fundamentales de las mujeres, tanto su igualdad en la sociedad como su participación en todos sus ámbitos y se pone de manifiesto la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación de género.

  1. En esta fecha se conmemora una lucha histórica que las mujeres han continuado hasta nuestros días y que, actualmente, sigue en marcha. Algunas de las mujeres que han hecho historia: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-Italia), primera mujer en recibir un diploma universitario; Aletta Henriëtte Jacobs (Holanda-1854), primera mujer en ejercer el voto en el mundo, y Bernarda Vásquez Méndez (1918 -Costa Rica), primera mujer en emitir el voto en Costa Rica. Las científicas Caroline Herschel (1750-Alemania), Ada Lovelace (Inglaterra-1815), Marie Curie (1867-Polonia) Lise Meitner (1878-Suecia), Rosalind Franklin (1920-Inglaterra), Margarita Salas (1938-España), Elizabeth Blackburn (1948-Australia) y Flora de Palo (1952-España).
  2. El sitio web Un Women (http://www.unwomen.org) informa que “al 10 de enero de 2024, hay 26 países donde 28 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años”; esto es un aspecto para reflexionar y actuar desde nuestra casa de enseñanza.
  3. Lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible que señala lograr la igualdad de género de aquí a 2030, requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada.
  4. En el 2024, la ONU Mujeres propone el cambio con el lema de invertir en las mujeres para acelerar el progreso mediante las siguientes acciones:
    1. a) Invertir en las mujeres es un imperativo desde los derechos humanos, para crear sociedades inclusivas.
    2. b) Acabar con la pobreza, desde el 2020 los desastres climáticos y la situación económica ha empujado a 75 millones de personas más a la pobreza severa. Si se sigue esa tendencia para el 2030, tendremos 342 millones de mujeres y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
    3. c) Poner en marcha un financiamiento transformador para la igualdad de género. Según las estimaciones de la ONU, el 75% de los países mantendrán los recortes en el gasto público en el 2025. La austeridad repercute negativamente en las mujeres.
    4. d) Avanzar hacia el desarrollo sostenible y una sociedad del cuidado. El actual sistema económico exacerba la pobreza, la desigualdad y el deterioro medioambiental, lo cual afecta desproporcionadamente a las mujeres.
    5. e) Apoyar los feminismos que impulsan el cambio. Las organizaciones que lideran la lucha contra la pobreza y la desigualdad están trabajando casi sin recursos, pues reciben un escaso 0.13% de la ayuda oficial para el desarrollo, según los datos de la ONU Mujeres (2024).
  1. Lo indicado en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030, con respecto a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y la igualdad efectiva, sustentado en la convencionalidad ratificadas por Costa Rica que protegen los derechos de las mujeres; en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1984) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará, OEA 1994); así como declaraciones, acuerdos, plataformas sobre la materia y objetivos de desarrollo sostenible cuya finalidad es que nadie se quede atrás en el desarrollo (INAMU, 2024).

Lo señalado en el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia (artículo 1, Ley 8688), (Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 2024).

  1. La misión histórica de la Universidad Nacional es crear y compartir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propicien la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana.
  2. Lo establecido en la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional, publicada en la UNA-GACETA º 07-2017, del 29 de mayo de 2017, y en su Plan de Acción.
  3. Las acciones afirmativas que desde la Universidad Nacional se promueven para garantizar el cumplimiento de la Política para la Igualdad y Equidad de Género.

Por tanto, se acuerda:

  1. Reiterar el compromiso de la Universidad Nacional para garantizar la inversión de los recursos públicos en las mujeres para acelerar el progreso y la igualdad de género. Acuerdo firme.
  2. Solicitar a la rectoría que, a más tardar el 14 de junio 2024, un informe sobre el estado de situación relacionado, a indicadores sobre la contribución de la Universidad Nacional en la consecución del ODS 5, la participación de las mujeres en la acción sustantiva, para ser compartido con la comunidad universitaria. Acuerdo firme.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

ANEP: Pronunciamiento  de la seccional de personas con discapacidad ante extensión de la vida útil de autobuses

La Seccional de Personas con Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha emitido un enérgico pronunciamiento en respuesta a la reciente aprobación en segundo debate de la ley para extender la vida útil de los autobuses. La población con discapacidad, según expresaron en un video, se siente profundamente indignada y considera que se están vulnerando sus derechos.

En el video, los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad manifestaron su repudio ante la aprobación de la ley, destacando que esta medida afecta directamente a la accesibilidad del transporte público para las personas con discapacidad. «Hoy en día, el poder tener transporte público accesible se les está impidiendo a las personas», lamentaron.

Consideran que la extensión de la vida útil de los autobuses viola de manera flagrante los derechos de las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan numerosos obstáculos en su día a día. «Violentan los derechos de las personas con discapacidad al privarles de un servicio de transporte público que debería ser inclusivo y accesible para todos», expresaron los representantes de la seccional en el video.

Desde la seccional, expresaron su molestia y urgieron a la población a unirse en solidaridad ante esta situación, ya que consideran que enfrentan un desafío que no pueden abordar solos. «Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha, porque nosotros solos no podemos», afirmaron en el video.

Recalcando el lema «Nada sobre nosotros sin nosotros», los representantes de la Seccional de Personas con Discapacidad hicieron un llamado a la reflexión sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Consideraron «insólito» que esta extensión de la vida útil de los autobuses haya sido aprobada sin tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad.

La información detallada se encuentra en el video adjunto:

Igualdad, salud sexual, y derecho a la participación son clave para desarrollo de niñez y adolescencia

Académicos del Ineina expusieron los principales resultados de las investigaciones relacionadas en temas de igualdad de género, acceso a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la participación.

Como parte de la Plataforma para el diálogo social, desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe, que impulsa el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), para los próximos años, se organizó del 17 al 21 de julio enManizales, Colombia ,la V Bienal Latinoamericana y Caribeña en primeras infancias, niñeces y juventudes, donde participaron Rolando Barrantes Pereira, Luis Diego Conejo Bolaños, y Miroslava Bonilla Cabañas, del Instituto de Estudios en la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA).

Los participantes presentaron investigaciones relacionadas con el derecho a la participación de escolares, el mejoramiento de los derechos en la salud sexual y reproductiva de adolescentes en la zona norte de Costa Rica y la promoción de la igualdad de género.

El ejercicio de la participación ciudadana, cita Barrantes, es esencial para la vida democrática en diversos ámbitos como el familiar, comunitario y educativo. Para el investigador, la sociedad históricamente ha ignorado la capacidad de las personas menores para expresar sus opiniones en asuntos que les afectan directamente, lo que limita sus derechos.

Con el fin de promover la participación ciudadana entre los menores, se llevó a cabo desde el Ineina la actividad: Promoviendo la participación ciudadana en personas menores de edad en una escuela primaria de Santo Domingo de Heredia, donde se realizó un sondeo para evaluar el conocimiento sobre la participación ciudadana, con los resultados obtenidos, se desarrollaron talleres lúdicos abordando el tema en tres dimensiones: personal, política y social.

Dentro de las conclusiones se menciona el que los participantes pudieran reconocer sus características físicas y cualidades personales, así como aquellos elementos que los unían o diferenciaban de sus compañeros de clase como elementos fundamentales para el respeto.

“Adicionalmente se pudo explorar el constructor de comunidad y los elementos que debe tener la misma para ser un lugar agradable, pacífico y respetuoso de los derechos de niños y niñas. Finalmente se trabajó sobre los derechos y la democracia como pilares de la participación”, citó Barrantes.

Acceso

Por su parte Conejo junto a Marilyn León González, realizó un trabajo colaborativo con grupos locales de jóvenes, padres, madres y la sociedad civil para mejorar la demanda y oferta de servicios de los derechos a la salud sexual y reproductiva (DSSR), planificación familiar y anticonceptivos, y educación sexual y afectiva.

“El proyecto logró capacitar a 510 jóvenes y adolescentes en temas de habilidades para la vida, prevención de la violencia y DSSR. Más de siete mil personas de la zona norte participaron de las campañas informativas en colegios de secundaria y e capacitó a 165 padres, madres y encargados de familia en temas de crianza, proyecto de vida, afectividad y sexualidad de las personas adolescentes para dar un acompañamiento idóneo al desarrollo integral de los jóvenes”, detalló Conejo.

Promover la igualdad de género desde la infancia es fundamental para el desarrollo completo de niñas y niños, contribuyendo a una sociedad justa y equitativa. Tomando en cuenta lo anterior, se desarrolló desde el Ineina, una actividad académica, con niños y niñas de una escuela primaria de San Rafael de Heredia.

La actividad comenzó con la evaluación de los conocimientos previos sobre igualdad de género, lo que llevó al diseño de 10 talleres lúdicos abordando temas como roles de género, tareas cotidianas, deconstrucción de estereotipos y derechos infantiles.

De acuerdo con Bonilla, las conclusiones indicaron que, aunque hubo avances en áreas como la corresponsabilidad y la desmitificación de roles de género en deportes y profesiones, aún persisten normas sociales que afectan el comportamiento de niñas y niños. Por ejemplo, ciertos cuidados y expresiones siguen siendo asignados según el género, perpetuando desigualdades y discriminación.

Estos resultados admiten reflexionar, de que las niñas y los niños evidencian de que se les educa y socializa de forma diferente dependiendo de su género; el resultado es una desigualdad social en la que las niñas llevan la peor parte, porque va en contra de sus derechos humanos, llevándoles a situaciones de discriminación y subordinación.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

La economía de los cuidados como base para la igualdad: La perspectiva de las mujeres costarricenses

Pro Mujer y Alterna en el marco del proyecto: Enfoques Escalables basados en el Mercado para Reducir, Redistribuir y Reconocer el Trabajo de los Cuidados en las Mujeres, extiende una cordial invitación a participar en el Encuentro: “La Economía de los Cuidados como Base para la Igualdad: La perspectiva de las mujeres costarricenses” que se realizará el viernes 22 de septiembre de 08:30 a 11:30hrs, en el Hotel Radisson San José – Salón Cedral Torrealba.

El objetivo del encuentro es crear un espacio para conversar sobre las distintas experiencias y acciones que como lideresas de sus organizaciones han llevado a cabo para contribuir la igualdad desde los cuidados.

Para confirmar su participación ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/3pYWEJ3unGPmk7wx9

Carlos Manuel Vega propone presentar coadyuvancias ante la Sala Constitucional

El 30 de mayo de 2023 la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ANEP. La acción tiene como objetivo declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP) por considerar que violan diversos derechos y principios constitucionales y de derechos humanos.

ANEP argumenta que los artículos impugnados lesionan los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, debido proceso, autonomías constitucionales, principio de retroactividad y derechos adquiridos. Señala que la LMEP otorga al MIDEPLAN funciones y decisiones que afectan el principio de división de poderes y las autonomías constitucionales. Además, se argumenta que la ley viola el principio de irretroactividad de la ley y afecta los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.

Tambien criticó el «salario global» establecido por la ley, que representa una rebaja encubierta de salarios y una violación del principio de igualdad. Menciona la falta de compensación de la inflación anual y su impacto negativo en otros derechos económicos y sociales. Cuestiona la creación de una doble categoría de funcionarios en las instituciones públicas, con diferentes condiciones laborales y salariales. Además, argumenta que la ley concede al MIDEPLAN poderes para reducir las planillas de instituciones con independencia y autonomía constitucional, lo cual vulnera principios constitucionales y de seguridad jurídica.

ANEP, además, critica el nuevo proceso administrativo de despido establecido por la LMEP, que no cumple con los principios del debido proceso y las garantías reguladas en otras normas. Además, se menciona la limitación de las convenciones colectivas y la creación de una plataforma integrada de empleo público que manejará información sensible de los trabajadores sin definir límites claros.

Puede encontrar la resolución completa en: https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-1157845

Ante esta situación Carlos Manuel Vega sugiere presentar coadyuvancias al proceso iniciado por ANEP para darle más fuerza.

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Marco de Empleo Público

– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea

La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.

En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).

Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.

Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.

En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.

En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.

Una voz interior con ecos que restringen las políticas sociales

Miguel Sobrado

¿Qué es la voz interior para la psicología?

Es la voz con la que dialogamos a todas horas, en ocasiones llamada «la voz de la conciencia», «voz mental» o también «diálogo interno». Aunque, en términos científicos, sería más adecuado referirse a ella como la voz del córtex pre-frontal.

“A modo de definición, se puede decir que es una narración que nace en el interior de todo ser humano y se proyecta, generalmente, hacia el futuro a modo de preparación para los acontecimientos venideros”.

El diálogo interno es un fenómeno complejo y multifacético que tiene un enorme impacto en la estructura de nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Es necesario para ordenar nuestras ideas y planificar nuestras acciones.

La sociedad en la voz interna

Pero ¿Qué sucede cuando este diálogo no nos ayuda, sino que más bien nos boicotea o nos limita? Aquí es donde intervienen la estratificación y las relaciones sociales que se articulan alrededor de la familia, y cimientan los valores de la cultura prevaleciente.

Existen condicionantes sociales que configuran la voz interna y que tienen fuertes implicaciones

El contexto familiar trasmite desde la más temprana edad valores que configuran la posición social de las personas según el medio en que viven. Son muchos los estudios que describen cómo operan los prejuicios en las sociedades racistas y de clase generando minusvalía y dependencia. Debilitando la autoestima y promoviendo “techos mentales” que configuran socialmente las voces interiores de quienes se encuentran en estratos de bajo prestigio social.

Los estudios realizados en los Estados Unidos con niños negros de 3 a 7 años a quienes se les mostraron muñecas blancas y negras preguntándoles cual era buena y bella son muy significativos por sus respuestas. En esas edades tiernas ya habían asimilado a través de su entorno más cercano el prejuicio hacia su propio color, contestando que la blanca era bella y buena. De tal forma en el contexto social se dieron las condiciones configuraron una voz interna que va actuar posteriormente reduciendo sus aspiraciones y autoestima.

Estudios similares que se realizaron en México con niños indígenas, en un país donde la mayoría de la población es de ese origen, revelaron resultados similares de auto desvalorización por su origen étnico. En otras palabras el racismo ha calado tan profundamente en la cultura que se ha internalizado y pienso que en estos grupos y comunidades forma parte de esa voz interior que aconseja que acciones emprender y cuales mejor no.

Fenómenos similares han constatado los movimientos feministas y por eso demandan legislaciones y espacios sociales de igualdad.

La acción organizada y la ruptura de techos sociales que inciden sobre la voz interna

El racismo y el clasismo conllevan por lo general la exclusión social por las disminuidas oportunidades para el estudio, de acceso a los servicios de salud y superación social, de tal forma que las posibilidades de avance social se reducen. Y no solo se reducen, sino que los resultados se comportan en la práctica como las profecías que se auto cumplen. Esto es si la persona fracasa o tiene resultados mediocres es por su origen.

Operación tenazas

La exclusión social no se puede superar si no es con dos palancas fuertemente entrelazadas. Por una parte, la acción organizada de los excluidos o marginados para demandar su espacio y articular y poner en marcha sus propios proyectos y por otra con una política social, no asistencialista, sino proactiva de largo aliento centrada en una educación moderna y de amplia cobertura, que incluya a quienes a quienes perdieron la oportunidad educativa y tienen obligaciones familiares a su cargo. Esto último en procesos de autoorganización realizados en sus comunidades. Esta operación “tenazas” basa en la simbiosis de propósitos de las organizaciones que ajusten los servicios institucionales a sus necesidades. Son los efectos de la actividad organizada o vitamina “O” las que le dan poder efectivo a los excluidos y transforman su visión y perspectivas sociales. En este sentido rompen las voces internas que los inmovilizaban y se pueden transformar. Este proceso no solo cambia los horizontes, sino que posiblemente incida sobre la biología misma de los participantes, como lo sugiere las experiencias de la neurociencia.

El caso de las niñas prostituidas de Camboya citado por la siquiatra española Marian Rojas Estapé, donde se les registraron a las niñas el tamaño de los telómeros, medidores de edad de las células, cuando estaban en el burdel tenían 80 años y posteriormente de sacarlas de ese antro, en un nuevo contexto con capacitaciones ya habían recuperado su edad biológica.

Las transformaciones en gran escala que requiere la eliminación de la exclusión social no se pueden realizar por razones obvias a partir solo del trabajo de los siquiatras, requieren de un contexto favorable para la inclusión organizada y proactiva masiva de los afectados.

Esto nos obliga a trascender los enfoques individuales de autoayuda. No basta ponernos positivos, ni alejarnos de personas y contextos tóxicos. La realidad es social y nosotros estamos dentro de ella. Es preciso crear condiciones y procesos de apoderamiento social a través de las políticas sociales que destapen y promuevan el potencial real de las personas. Transformando el sustento subjetivo a las voces interiores que promueven la pasividad y resignación.