La Defensoría de los Habitantes solicitó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) una explicación respecto a si se suspendió o no la aprobación de nuevos casos para la transferencia económica del subsidio dirigido a la red de cuido infantil.
La alerta ocurre a partir de un oficio que recibe la Defensoría por parte de la Contraloría de Servicios de esa institución, donde se indica que, con base al oficio No IMAS-DDS-0067-2026 relativo a la ejecución de la transferencia monetaria condicionada; cuidado y desarrollo infantil 2026, emitido por la Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Bienestar Social “no se autoriza la aprobación de casos nuevos, ni siquiera por la vía de sustitución y las solicitudes correspondientes a la TMC Cuidado y Desarrollo Infantil deben permanecer en el registro de elegibles, hasta tanto la Dirección de Desarrollo Social emita una instrucción distinta”.
Ante ello, la Defensoría solicitó al IMAS conocer si están suspendidos los nuevos casos en esta línea de subsidios y, de ser positiva la respuesta, explicar las razones por las cuales se adoptó esa determinación y el plazo que se proyecta estará vigente.
Adicionalmente, se solicitó indicar el monto del presupuesto asignado al IMAS por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para el ejercicio presupuestario 2025 y el previsto para el 2026. Otra inquietud va relacionada con la distribución del presupuesto destinado del programa de la Red de Cuido, TMC Cuidado y Desarrollo Infantil en el IMAS entre las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDES) en el año 2025, y los criterios de priorización que se utilizaron.
Por último, se requirió conocer la cantidad de cupos de la RedCudi aprobados en el año 2025 y cuántos nuevos cupos se han logrado incorporar en lo que se lleva del 2026, e informar de la cantidad de personas menores de edad en lista de espera con el fin de ser incorporadas al programa de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por cada ULDES.
La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.
La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.
En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.
En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.
El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.
En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.
Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025
Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.
En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.
En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.
Los principales hallazgos fueron:
1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.
2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.
3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.
4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.
5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.
6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.
7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.
8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.
La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS- sobre la eficacia en la entrega del beneficio temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, implementado en 2022 y 2023, cuyo fin fue contribuir a la satisfacción de necesidades básicas alimentarias de hogares en condición de pobreza. La entrega del beneficio no alcanzó la meta de cobertura de hogares programada y se presentó unasubejecución significativa del presupuesto asignado de ₡20.000 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Principales hallazgos de la auditoría
– Cobertura insuficiente:Se benefició un equivalente al 75% de los más de 111 mil hogares planificados. Poco menos de 27 mil hogares no recibieron el beneficio pese a tenerlo aprobado y presentando condiciones de pobreza extrema, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, o condiciones simultáneas de estas.
– Mala asignación:Un 3% de los hogares beneficiados, correspondiente a ₡529 millones, recibieron el beneficio pese a no cumplir los criterios de otorgamiento o aspectos como: beneficiario fallecido, privado de libertad, o personas que recibieron previamente otra ayuda estatal.
– Subejecución presupuestaria:Ejecución únicamente del 77,2% del total de ₡20.000 millones presupuestados, asignados por FODESAF, dejando un saldo final no ejecutado de ₡4.024 millones.
En la imagen se muestra el nuevo grupo de compañeras de la Zona Sur que partieron hoy para la provincia de Cartago a capacitarse durante 3 meses en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO).
Lo hacen mediante el programa «Mujer Semilla», impulsado por la institucionalidad pública: INA, IMAS e INAMU.
Les deseamos lo mejor y les esperamos en nuestros grupos y organizaciones sociales de la Zona Sur, integrantes de la Comisión Sureña.
¡Hasta pronto, compañeras!
Información compartida con SURCOS por Renier Canales Medina.
La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.
A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.
La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.
También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.
La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
COMUNICADO PÚBLICO: IMAS Y PANI HOSTIGAN A RECUPERADORES (AS) DE KAPLEÑA, EN EL TERRITORIO BRIBRI DE SALITRE
– El IMAS y el PANI se hicieron presentes en Kapleña alrededor de las 8 a.m. del día de hoy para hostigar a las personas recuperadoras y a insistir en los trámites del desalojo judicial.
– Poder Ejecutivo continúa sin dar respuesta a las solicitudes de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña, familias recuperadoras exigirán respuesta en la jurisdicción constitucional.
Martes 20 de junio del 2023. Alrededor de las 8 a.m. las tres familias recuperadoras de los Clanes Kolkiwak y Bubolwak, que pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, fueron visitadas por el Patronato Nacional de Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en la recuperación Kapleña, en la comunidad de Puente de Salitre. La visita, según las y los funcionarios de las instituciones, se encuentra dentro de las diligencias a realizar para el desalojo judicial en contra de las familias recuperadoras de Klapeña; proceso judicial en el que todavía está pendiente la resolución de un recurso de nulidad interpuesto recientemente.
En la visita el IMAS indicó a las personas recuperadoras que se encuentra buscando casas de habitación en Buenos Aires, aludiendo a que ahí serían trasladadas las personas Bribris luego de que se realice el desalojo que da posesión al no indígena, Edwin Guevara Mora. Por su parte, el PANI insistió en que las personas menores de edad no deben de permanecer en la recuperación y, mucho menos, en el momento del desalojo.
De esta manera, ambas instituciones desconocen las normas y derechos culturales y ancestrales de los Pueblos Originarios, de lo contrario sería impensable que tres familias del Pueblo Bribri sean expulsadas de su Territorio para vivir en una casa de habitación urbana, en una comunidad profundamente racista y violenta como lo es Buenos Aires. Tampoco el PANI insistiría en sacar a las y los menores de edad de la recuperación, del seno de sus familias, en la protección de su territorio y cosmovisión que sólo es posible con el acceso a la tierra-territoria. El accionar hostigador y violento por parte del PANI es ya una historia conocida por las mujeres de los Pueblos Originarios.
Desde el 2021, la recuperación de Kapleña está amenazada por un desalojo judicial de acuerdo con la sentencia 40-2021 del 30-6-21 y Ejecución de Sentencia del 22-6-22 y el voto N.373-F-22 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José en un proceso interdictal que se conoce en el expediente 19000045-655-AG-2. En estos se ordena el desalojo de las personas recuperadoras y poner en posesión al no indígena Edwin Guevara Mora.
El Departamento Legal de la Dirección de Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública presentó ante el Juzgado Civil de Buenos Aires, una Solicitud de Aclaratoria con fecha 8 de junio de 2023 en la que indica “Si a raíz, de lo dispuesto por la sala Constitucional en la resolución 2022024725 del 19 de octubre de 2022… se genera una imposibilidad material de ejecutar el desalojo y puesta en posesión ordenado por el Juzgado…” duda que tampoco ha sido respondida.
Desde el lunes 11 de julio de 2022 representantes de las familias recuperadoras y del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña; así como la referencia formal del caso a conocimiento de Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), en aplicación del Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIS (Decreto de CAID), hasta el día de hoy no hay respuesta a la solicitud por parte del Ministerio de Seguridad, por lo que amparados en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional las familias recuperadoras ejercerán su derecho de petición y pronta respuesta en la jurisdicción constitucional.
El Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) envió el 13 de junio un documento al poder ejecutivo externando sus preocupaciones y desacuerdo con el desalojo, ante lo cual, la Defensoría de los Habitantes por medio del oficio N.DH-DIND-0574-2023 del 14 de junio, solicitó al Ministerio de Seguridad Pública “1. Informar sobre el estado en que se encuentra el presunto procedimiento de desalojo a efectuarse en el territorio indígena de Salitre.2. Indicar si existe alguna declaratoria de vulnerabilidad social ante este presunto desalojo…”. Varias organizaciones de Pueblos Originarios y sociales solicitaron la semana anterior al Poder Ejecutivo se dé respuesta a la solicitud realizada desde julio del 2022, ante lo cual no se tienen ni siquiera un recibido.
Además, el 15 de junio anterior, una representante de las familias recuperadoras y del CODIAW solicitó a la Defensoría interponer sus servicios para que el Ministerio de Seguridad declare la vulnerabilidad social del desalojo y presentó ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) una solicitud para iniciar el proceso administrativo ordinario sobre el terreno conocido como “Kapleña para determinar si el señor Edwin Guevara Mora es poseedor o propietario de buena fe, en los términos que ha establecido la Ley Indígena, normativa concordante y jurisprudencia aplicable.
Guevara Mora, no indígena, ganadero, altamente reconocido por su agresiones y racismo contra el Pueblo Bribri de Salitre ha sido denunciando judicial y públicamente por tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas, entre otros.
Esto quiere decir que el desalojo judicial no sólo vulnera el derecho a la tierra-territorio para el Pueblo Bribri sino que también aumenta el riesgo y amenaza en contra de la integridad física y del Pueblo Bribri. De llevarse a cabo el desalojo, el Estado costarricense sería responsable directo de aumentar los riesgos a los que sobrevive el Pueblo Bribri de Salitre. Pueblo que a su vez es sujeto de las Medidas Cautelares 321/12 establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) como organización propia del pueblo Bribri de Salitre exigimos al estado de Costa Rica que cese el hostigamiento contra las familias recuperadoras y de respuesta inmediata a la solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Kapleña.
-Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW). -Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Dr. Juan Robalino Herrera, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR).
Voz experta
El país se enfrenta a importantes dilemas que podrían socavar su tradición de protección social y poner en peligro logros en áreas claves como la educación y la salud.
Históricamente, Costa Rica ha sido un país donde la protección social ha jugado un papel clave para crear una sociedad más justa y para contribuir con el desarrollo social y económico.
La protección social ha contribuido a que el país alcance indicadores envidiables, por ejemplo, en las áreas de salud y educación, cuando se compara con países de la región. Sin embargo, en este último año, esta se ha visto afectada significativamente con las restricciones de gasto en el sector público.
Estos recortes tendrán un impacto directo sobre el bienestar de miles de costarricenses en el corto y largo plazo, y también, en las finanzas públicas en el futuro. Una población con menos educación tendrá salarios menores, tasas de inactividad y desempleo más altas. También producirá menos, lo que afectará la recaudación de impuestos, pero además demandará más ayudas sociales, lo cual terminará aumentando la necesidad de gasto social.
Los resultados de este análisis indicaron que eliminar las becas de estudiantes de colegio tendría un impacto importante sobre la deserción. Por cada 100 becas que se eliminen, alrededor de 15 jóvenes dejarían las aulas. Una vez afuera, es difícil que se vuelvan a incorporar. De hecho, hay estudios que también evidencian una asociación importante entre recibir Avancemos en secundaria y la reducción en el trabajo infantil.
Las personas adultas que no cuentan con educación secundaria completa tienen también tasas más altas de desempleo e inactividad, y por lo tanto, tasas más bajas de ocupación, en comparación con aquellos que culminaron secundaria. Por otro lado, en primaria, los efectos de Avancemos sobre la permanencia no son tan grandes. Esto se explica por las altas tasas de cobertura en primaria, incluso con la ausencia de las becas, ya que la asistencia en ese periodo es obligatoria.
El estudio también indica que las becas contribuyen a una parte muy importante de los ingresos de los hogares que las reciben. Las becas representan un 39 % del ingreso total de los hogares en pobreza extrema y un 22 % del ingreso total de los hogares pobres no extremos. Esto significa que las familias que dejan de recibir Avancemos de primaria o secundaria tendrán una condición económica substancialmente peor. En este contexto, donde los niveles de ocupación se han reducido, sobre todo para aquellas personas menos calificadas, el impacto del recorte en Avancemos sobre el bienestar de la familia será significativo.
¿Dónde recortar? Una desagradable encrucijada
Escoger a quien recortarle la beca es una decisión sumamente difícil. Deben considerarse distintas dimensiones y sopesar la importancia de cada una de ellas. Nuestro sistema democrático delega estas decisiones a las personas que escoge la ciudadanía cada cuatro años.
Es clave para el país que las decisiones que toman jerarcas se sopesen con evidencia. Dentro de los múltiples insumos que probablemente utilizaron las autoridades para decidir en donde hacer recortes de las becas, se incluyó el estudio que se realizó en el IICE-UCR, el cual mostraba potenciales impactos de las becas en diferentes dimensiones (permanencia, pobreza extrema, pobreza no extrema, pobreza infantil, importancia en el ingreso de los hogares, entre otros).
Seguramente, en el ejercicio que realizaron las autoridades del IMAS para decidir los recortes en Avancemos, se ponderaron algunas dimensiones más que otras, tratando de minimizar el impacto de este recorte sobre los más vulnerables. Sin embargo, la situación a la que se enfrenta el IMAS es a consecuencia de una decisión anterior y ajena a su ámbito, que tiene que ver con la manera en cómo se distribuyen los escasos recursos públicos en diferentes instituciones y la priorización que se hace sobre las distintas áreas.
El lamentable recorte que recibe el IMAS es tan alto que, además de eliminar becas en primaria, se reducirán becas en secundaria a aquellas personas en situación de vulnerabilidad pero que no están debajo de la línea de la pobreza. Este recorte tendrá un impacto fuerte sobre la deserción y, aunque hoy no se encuentren en condición de pobreza, engrosarán la población pobre del país en el mediano y largo plazo.
Estos recortes también afectarán en forma importante la ocupación, y por ende las tasas de desempleo y de participación en el mercado laboral. Las repercusiones serán mayores en el sector rural, donde los niveles de pobreza y de vulnerabilidad ya son más altos. Como mencioné previamente, una población más pobre y con menos educación también constituye una amenaza para las finanzas públicas en el futuro.
Juan Robalino Herrera
Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), UCR
El Programa Conjunto del Fondo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible «Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo», implementado por ONU Mujeres, PNUD, FAO y OIT, con el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fideicomiso del IMAS (FIDEIMAS), está desarrollando una plataforma de comercio electrónico para que mujeres empresarias y emprendedoras en situación de pobreza o vulnerabilidad económica vendan sus productos en línea.
Con el fin de recolectar información clave para este proceso, le pedimos su amable ayuda completando la siguiente encuesta sobre sus prácticas y preferencias de comercio electrónico, la cual ayudará a orientar el desarrollo de la plataforma y la estrategia de mercadeo.
Evasión de impuestos y desvío de fondos producen anemia severa al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Evasión llegaría a los ₡2.2 billones anuales y desvíos acumulados a ₡49.5 billones. – (Parte 6)
MSc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático.
No coma cuento cuando le digan que hay que aumentar edades de retiro y bajar beneficios en IVM solo porque desde hace décadas usted vive más o tiene poca familia. Esas personas o grupos de poder no aportan ninguna prueba o evidencia, pues el objetivo que tienen es ocultar la verdad y que usted no ofrezca oposición alguna. Aquí les dejo estas cifras para que la malicia tica que tenemos evite que nos “agarren de chancho”, con referencias claras para que no crea que es un cuento. Aclaro que no es mi intención que las cifras que mostraré ocasionen que las moscan entren a su boca, por lo que recomiendo mucho cuidado.
En el documento de la CEPAL de las Naciones Unidas “Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe Avances en su medición y panorama de las medidas recientes para reducir su magnitud” del año 2020, páginas 28 a 31, disponible en [1], aparecen datos sobre la evasión del impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto sobre la renta o las utilidades (IR) en países de la región. En el caso de Costa Rica les muestro los siguientes datos. En el año 2016 la tasa de evasión del IVA fue de un 31% o un 1.9% sobre el Producto Interno Bruto (PIB). El monto de IVA evadido ese año rondaría los ₡527,459 millones. En el caso del IR de las personas físicas en informe de la CEPAL dice: “(…) en Costa Rica la tasa de evasión estimada del impuesto sobre la renta en el caso de las personas físicas fue del 57.3% en 2013. Este porcentaje se pudo descomponer en una tasa del 17.5% en el caso de los asalariados y pensionados y del 91.3% para quienes realizan actividades lucrativas (…)”. El monto evadido en 2013 del IR por las personas físicas fue un 1.6% sobre el PIB, o ₡382,427 millones (₡53,809 millones los trabajadores asalariados y ₡328,618 millones los trabajadores independientes). En 2015 la evasión del IR de sociedades o empresas fue 2,7% del PIB dice el estudio, es decir, ₡692,293 millones. La evasión total en IVA e IR es 6.2% sobre el PIB, por lo que, si en este año 2021 la tasa de evasión fuese la misma, el monto que el Estado costarricense dejaría de recibir sería de ₡2,173,883 millones (Ver el Cuadro N° 1). Si ese monto de evasión anual aún no le hace “clic”, le comento que es equivalente a dos veces el ingreso anual de aportes de IVM y 1.6 veces el gasto anual de IVM.
Cuadro N° 1: Evasión estimada de IVA e IR en 2021 suponiendo las mismas tasas de evasión dadas en [1]
Si suponemos que la tasa media de evasión de impuestos en los últimos 25 años es 6.2% sobre el PIB, como la observada en el estudio de la CEPAL y una tasa de interés igual a la tasa de variación anual del PIB, el monto acumulado a 2021 de evasión de impuestos durante los últimos 25 años, sería equivalente a 1.55 veces el PIB, o sea, ₡54,347,079 millones. ¡Le advertí tener cuidado con las moscas!! Este monto es equivalente a la reserva que hoy tendría el IVM para financiar el 100% de los beneficios futuros sin tener que realizar cambios en edades de retiro ni reducir los beneficios, si la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hubiera respetado lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y lo ordenado en los artículos 32, 34 y 43 de la Ley del seguro social N° 17.
Lamentablemente la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos de turno, en lugar de cerrar los portillos a la evasión de impuestos, eligieron un camino torcido, cómodo y fácil, recargando sobre las espaldas de los trabajadores asalariados y de los patronos honrados, las obligaciones del Estado con la CCSS y desviando fondos y reservas de los seguros sociales para otros fines no autorizados por la Constitución, ni por el ordenamiento legal. Al mismo tiempo, fomentaron la creación de diversos regímenes de pensiones insostenibles y sin ningún sustento técnico actuarial.
El monto estimado de fondos del seguro social desviado para otros fines no autorizados, dejados de recaudar y otros rubros, asciende a ₡49,522,050 millones al 31/12/2020, cifra que representa 1.48 veces el PIB y un 90% de la reserva que el IVM debería tener de conformidad con la normativa vigente antes señalada si hubiese sido respetada por las autoridades de la CCSS y de diversos gobiernos (Cuadro N° 2). ¡Mantenga la boca cerrada, recuerde que en 2017 don Luis Guillermo Solís se tragó una avispa (ver [2])!
Cuadro N° 2: Monto acumulado al 31/12/2020 de desvíos de fondos del seguro social que afectó al IVM
En cuanto al desvío de cuotas del seguro social correspondiente al 7.5% sobre los salarios o ₡34,185,326 millones, los remito a mi artículo publicado en [3]. Para el monto que las jefaturas de la CCSS y su Junta Directiva “olvidaron” cobrarle al Estado por concepto del artículo 9 de la ley 7374, que asciende a ₡7,828,131 millones, recomiendo ver mi artículo publicado en [4]. En [5] y [6] explico que el monto de ₡3,595,584 millones dejado de recaudar es debido al tinte político y sesgado con que la Junta Directiva de la CCSS maneja la Base Mínima Contributiva. El detalle de la deuda del Estado de ₡2,234,540 millones puede verse en [7]. En [8] encontrará el origen del monto de ₡600.000 millones dejado de recibir por IVM relacionados con el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. En [9] y [10] se encuentra información sobre el origen de las cuotas en mora de patronos y trabajadores independientes. Los intereses que IVM pagó al seguro de salud nacieron por la negligencia de pagar al día el costo de atención de la salud de los pensionados (ver [11]) y la reducción de precio corresponde a la venta al seguro de salud de una propiedad de IVM situada en San José, av. 2, calles 5 y 7 (Ver [12]).
Así fue como al IVM le dio una anemia severa por déficit de hierro (plata, fondos) y atención, que está empeorando con los efectos de la pandemia de covid 19 sobre el empleo y la economía. La reserva que hoy tiene el IVM cubre escasamente dos años de gastos de los pensionados actuales y según mis estimaciones podría agotarse en los próximos cinco años, como muestro en el Cuadro N° 3.
Cuadro N° 3: Estadísticas y estimaciones de IVM al 31/12/2020
Nota: Salarios, gastos, aportes, aportes menos gastos, intereses, excedentes y reservas en millones de colones. El radio de soporte es la cantidad de cotizantes por pensionado.
Si la anemia severa del IVM no se trata pronto, los resultados inmediatos serán que IVM no podrá pagar el 100% de los beneficios a los actuales y futuros pensionados (solo un 45% de los beneficios). Si la anemia se atiende con una receta inadecuada, como la que propone la Junta Directiva de la CCSS (Ver [13]), el efecto inmediato sería la misma receta; es decir, aumento en las edades de retiro, reducción del monto de los beneficios futuros y el IVM seguiría con el mismo mal. Por el contrario, si a esa anemia por deficiencia de hierro se le da el tratamiento adecuado, es decir, “dar hierro para que la médula ósea se recupere”, como dicen expertos en [14], el IVM no solamente logrará recuperarse, sino que incluso podría permitir que los varones se retiren a partir de los 60 años de edad con 40 años cotizados. Ese es el tratamiento propuesto por la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) con mi orientación técnica (ver [15]), que en resumen consiste en devolverle gradualmente a IVM el hierro (7.5% sobre los salarios) que le han desviado para otros fines durante varias décadas. La receta gradual es la siguiente:
Año 2022: Un 1% anual de hierro Año 2023: Un 2% anual de hierro Año 2024: Un 3% anual de hierro Año 2025: Un 4% anual de hierro Año 2026: Un 5% anual de hierro Año 2027: Un 6% anual de hierro Año 2028: Un 7% anual de hierro Año 2029 y siguientes: Un 7.5% anual de hierro Suplemento adicional en 2030: 0.34% anual de hierro
Como el reglamento de IVM ya incluye un 12.16% de hierro a partir de 2029, se tendría que para quitarle a IVM la anemia durante 25 a 30 años, ocuparía un 20% (7.5% + 0.34% + 12.16%) de hierro a partir del año 2030.
