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Etiqueta: impacto ambiental

FECON: Investigación de la UCR en la Zona Norte evidencia expansión piñera descontrolada y sus impactos socioambientales

  • Solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA para el cultivo de 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en el cantón de los Chiles
  • Entre 2004 y 2015 la extensión territorial de las plantaciones creció más de veintitrés veces

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada

La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.

El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”

Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf

Investigacion de la UCR en la Zona Norte evidencia expansion pinera descontrolada3

Enviado por Presidencia FECON.

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Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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Impacto ambiental del Teleférico al Chirripó

Impacto ambiental del Teleferico al Chirripo

Este 4 y 5 de mayo se llevará a cabo las charlas sobre el tema del “Impacto del Teleférico al Chirripó”, en el cual estarán participando el Dr. Osvaldo Durán Castro y MSc. Ariel Robles Barrantes.

Jueves 4 de mayo:

Hora 2 p.m.

Lugar: Salón Comunal de San Gerardo de Rivas

Viernes 5 de mayo:

Hora 2 p.m.

Lugar: Auditorio de la UNA, Campus Pérez Zeledón.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de backpackingcostarica.wordpress.com

Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.

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Los Chiles a la calle contra expansión de la piña

  • Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA

 

La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales del cantón convocaron a una manifestación el pasado martes 2 de mayo a las 7 a.m.

En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acodó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La moratoria contemplaba el cese por cinco años el otorgamiento de permisos, sin embargo, meses después La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos.

Según el Informe del Estado de la Nación 2012 los cultivos de piña “causan problemas directos por su descomposición, e indirectos, por la aplicación de herbicidas quemantes, como paraquat, para desecar el rastrojo. Además, en el rastrojo prolifera la mosca del establo (Stomoxyscalcitrans), que ocasiona graves daños a la ganadería en áreas aledañas a las plantaciones”. En el caso de los Chiles este ha sido una de las razones de mayor conflicto con los pequeños ganaderos y el sector piñero.

La piña ya es el principal cultivo del cantón según la comparación de datos del Censo Nacional Agropecuario 1984 y 2014, pasó de sembrar yuca, frijol y maíz sobre todo por pequeños o mediados propietarios a convertirse en extensas fincas de piña en manos de grandes empresas. En 2014 el censo registró unas 3000 hectáreas de piña en los Chiles, pero esos datos han sido cuestionados tanto por una investigación de la UCR (Valverde et al., 2016) y por un reciente estudio del PNUD (MOCUPP, 2016).

La investigación de la UCR incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte (Valverde et al., 2016 Estado de la Nación N° 22) que evidenció la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.

El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.

Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.

Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.

Contacto en los Chiles: Freddy Arias 8492 3310

Los Chiles a la calle contra expansion de la pina

Enviado a SURCOS por FECON.

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“Decreto Pro Petroleras” en espera de un fallo de la Sala IV

Freddy Pacheco
Dr. Freddy Pacheco León

Consecuencia de un decreto ejecutivo dictado en 1998 por el Presidente José María Figueres y su Ministro de Ambiente René Castro (redactado por el entonces Secretario General de la Setena, Allan Astorga) las empresas petroleras extranjeras, como lo hiciera MKJ Xploration (luego Harken) pueden firmar contratos de explotación petrolera con el Estado, sin haber obtenido ANTES la aprobación de los estudios de impacto ambiental que mandaba el erosionado Reglamento a la Ley de Hidrocarburos.

Por eso, en el 2011 presentamos una acción ante el Tribunal Contencioso que pretende anular dicho decreto, para así restablecer todo el Capítulo Ambiental reglamentario que fuere derogado. De lograrse (¡como ya se había logrado en un fallo unánime y contundente en el 2013!) no se podría REPETIR lo sucedido con la transnacional MKJ Xploration que lograra firmar con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y la Ministra Elizabeth Odio, un contrato de explotación petrolera SIN CONTAR ANTES con un estudio de impacto ambiental propiamente dicho.

Y sucedió así porque el llamado DECRETO “PRO PETROLERAS” permite a las petroleras darle el nombre de “estudio de impacto ambiental” hasta a un proyecto de revisión bibliográfica o de reflexión sísmica sin impacto, para que, aprobado por la Setena dicho mal llamado “estudio”, puedan firmar con los más altos representantes del Estado, el compromiso formal contractual que les permita seguir adelante con los trámites conducentes a explotar petróleo en Costa Rica. Todo amparados en una Ley de Hidrocarburos que casi no dejaría beneficios ni siquiera financieros al Estado.

Cuando se presentó la acción hace seis años, tanto la Procuraduría como la petrolera Mallon Oil, alegaron que había vencido el tiempo para que se pudiera presentar la solicitud de anulación del decreto. Que el plazo había caducado y que no debería de conocerse el recurso. SIN EMBARGO, el Tribunal sentenció “que es posible impugnar los actos administrativos de alcance general con efectos normativos, mientras SUBSISTAN EN EL TIEMPO sus efectos continuados. Lo que se impugna es un acto de alcance general el cual si bien fue rubricado el 27 de febrero de 1998 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de marzo siguiente, ha estado vigente y HA CONTINUADO SURTIENDO EFECTOS hasta la fecha”.

PERO cuando se esperaba un fallo igualmente favorable, pues el jueves 15 de diciembre prácticamente se repitió la vista oral en atención a un fallo dividido de la Sala I ordenándolo así, un hecho fortuito, ajeno al caso, ha obligado al Tribunal que esta vez le correspondió conocer los alegatos escritos y orales de ambas partes, dejar EN SUSPENSO el dictado de la sentencia que habría de darse en días pasados. Ello en virtud de que hay una Acción de Inconstitucionalidad presentada en el 2014 por la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, contra el Transitorio III del Código que regula los procesos contenciosos, que también tiene relación con la alegada caducidad que ya había sido resuelta antes.

En vista de ello, el Tribunal nos comunicó que no debe dictar sentencia hasta que la Sala IV no resuelva, en fecha indeterminada, la acción presentada por empleados judiciales, por lo que seguimos en espera de que se resuelva lo que nos interesa.

Aclaramos que, en vista de que el Presidente Luis Guillermo Solís ha ampliado hasta el 2021, una MORATORIA que impide nuevas solicitudes de explotación petrolera en Costa Rica, los efectos del decreto son nulos en estos momentos. Lo cual se une al deseo que nos manifestara personalmente el expresidente José María Figueres, en el sentido de que ESTÁ DE ACUERDO en que se anule el decreto que él firmara al término de su mandato en 1998…

 

Dr. Freddy Pacheco León

Biólogo

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com

Enviado a SURCOS por el autor.

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Juicio podría revivir Decreto Pro Petroleras

El juicio oral y público mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo, por unanimidad, había anulado en sentencia del 12 de junio del 2013, el conocido como “Decreto Pro Petroleras”, emitido por el expresidente José María Figueres, por su ministro de Ambiente René Castro, sería realizado este jueves 15 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el mismo Tribunal, en el II Circuito Judicial, frente a la fábrica de Café Dorado, en calle Blancos, Goicoechea.

La petrolera Mallon Oil Company y la Procuraduría General de la República, alegaron que el señor juez había notificado la sentencia dos días después del plazo, y en votación de 3×2, la Sala Primera les dio la razón, por lo que hay que repetir el juicio.

Breve explicación

Antes del decreto ejecutivo Nº 26750-Minae el 27 de febrero de 1998, las empresas petroleras tenían que cumplir estrictos requisitos ambientales para acceder a la firma con el Estado, de los contratos para explotación de hidrocarburos. El decreto Figueres Castro, emitido cuando ya se había adjudicado la licitación para explotación petrolera a la empresa Harken Oil (antes MKJ Xploration) le permitió a ésta firmar el contrato de exploración y explotación de petrolera, sin tener que cumplir con la presentación de un estudio de impacto ambiental integral que señalaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos de 1995.

Y sucedió así pues el decreto que aspiramos anular, eliminó los 20 artículos del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, del Título “De la Protección Ambiental – Del Estudio de Impacto Ambiental –“ que formaba parte de los requisitos necesarios para que las empresas petroleras pudieran suscribir contratos de explotación petrolera con el Estado. Al suceder así, la empresa Harken suscribió el respectivo contrato con el Presidente Miguel Ángel Rodríguez y su ministra Elizabeth Odio, año y medio después de la publicación del decreto…Decreto mediante el cual se sustituye ese importante requisito, por la presentación de “proyectos” que, según las normas de Setena no requieren estudio de impacto ambiental, alguno pues se trata de actividades de muy bajo impacto, como son un estudio de reflexión sísmica o un “proyecto” de estudio bibliográfico, como sucediera con las petroleras Harken y Mallon Oil, respectivamente.

Proyectos que, ante el “muy especial” decreto ejecutivo, la Setena consideró obligatorio ver como “proyectos” y los documentos como “estudios de impacto ambiental”, por lo que les otorgó, en su momento, la “viabilidad ambiental”.

En la sentencia apelada, según el Tribunal, ni la Procuraduría ni la Mallon Oil demostraron en el juicio “Que la realización de un Estudio de Impacto Ambiental único o total desde el inicio de las etapas de una concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos sea muy oneroso e innecesario”, argumento esgrimido en defensa del decreto que favorece a las empresas petroleras en general- Los testigos no pudieron demostrar, según el Tribunal, la existencia de “parámetros técnicos y científicos que dan sustento al reglamento impugnado” -.

Lo que pretendemos lograr nuevamente este jueves 15 de diciembre, es que a partir de su anulación, toda empresa petrolera (china, latinoamericana, estadounidense, etc.) interesada en explotar petróleo en Costa Rica, deba antes de firmar los respectivos contratos de explotación petrolera con el Estado, elaborar un verdadero Estudio de Impacto Ambiental para con él, buscar la declaratoria de viabilidad ambiental de parte de la Setena, según lo determinaba el derogado Título del Reglamento, emitido acorde con la Ley de Hidrocarburos (art.41), la Ley Orgánica del Ambiente (art.17) y reafirmado eventualmente por la Ley de Biodiversidad.

 

Dr. Freddy Pacheco León

Biólogo

Especialista en estudios de impacto ambiental

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.petroleoamerica.com

Enviado por Dr. Freddy Pacheco León.

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Costa Rica sede de la innovación social latinoamericana

  • II Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público (ELIS 2016)

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Este 24 de noviembre, se llevó a cabo el II Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público (ELIS 2016) que busca generar espacios de diálogo, compartir buenas prácticas y generar recomendaciones para promover la innovación social en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica. Asimismo, este evento estuvo dirigido al público en general, representantes de gobierno, academia, así como ONG´s o actores del emprendimiento social.

El evento se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Rectores CONARE.

Para la apertura de esta actividad, se contó con el mensaje de bienvenida de Ana Mercedes Botero, Directora Innovación Social de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y Asia quien por medio de Videconferencia mencionó la importancia de este espacio para el aprendizaje de nuevas prácticas que involucren a las personas para el diseño de soluciones a las problemáticas de sus comunidades, reunir esfuerzos para la innovación social, que ayuden a construir sociedades justas y más humanas en el contexto latinoamericano.

Por otra parte, el señor Javier Sandoval, Presidente de la Federación de Organizaciones Sociales-FOS rescató que desde esta federación se ha emprendido todo un proceso de reeducación, de innovación permanente buscando colaborar con el gobierno y generar nuevas formas de abordar las problemáticas que atañen al país, por lo cual se unen a este encuentro para seguir aprendiendo de las personas y gobiernos que han venido adelantándose en ese proceso de lucha y acciones en pro de un compromiso con el país y Latinoamérica: “ En Costa Rica existen por lo menos 6000 proyectos de innovación social, lo que suma un volumen muy apreciable de experiencias e impactos positivos que pueden ser compartidos. Hay que comprender que los emprendimientos no solo se dan en la esfera empresarial o los esfuerzos de subsistencia; un emprendimiento puede ser social porque tiene un impacto que supera lo económico. Cualquier organización que trabaje por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores o el ambiente… son esfuerzos con objetivos, metodología, un plan y evaluación de impacto. En el país estamos hablando de que hay más de 6000 organizaciones y si cada una tiene al menos un proyecto, sabemos que como mínimo hay 6000 iniciativas sociales, aunque una organización puede llegar a tener hasta tres o cuatro proyectos simultáneamente”, explicó Sandoval. Dentro de los temas puntuales que se abordarán, se encuentran conceptos como «economía circular» la cual plantea modelos para reutilizar los recursos generando un impacto ambiental muy bajo a través de modelos de negocio innovadores – concepto importante para lograr ciudades sostenibles – Otro concepto será el de «Inversión de impacto” el cual se refiere a un tipo de inversión donde lo más importante no es sólo generar beneficios económicos, sino que los recursos invertidos generen incidencia social y ambiental. Bajo este tipo de inversión, por ejemplo, en el mundo se están financiando emprendimientos sociales de diversas índoles, concluyó el Presidente de la FOS.

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Izq. Lic. Enrique Corriols. Der. Msc. Hernán Alvarado Ugarte.

Para el Vicerrector de Extensión, Msc. Hernán Alvarado Ugarte, desde la Universidad Nacional, se busca formar estudiantes con una visión integral que genere y visualice conocimientos que contribuyan al bien de la sociedad mediante la docencia, extensión e investigación. Agregó que este encuentro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales que participarán en foros de exposición de buenas prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas en la promoción, gestión y articulación de la innovación social a través de cuatro grandes temas con son: Emprendimiento Social, como una herramienta para el desarrollo local; Intervenciones locales, orientadas a la generación de ciudades inclusivas y sostenibles; Inversión de Impacto, como mecanismo de impulso a la Innovación social y la participación ciudadana como dinamizador de la innovación social.

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Dr. Alberto Salom Echeverría. Rector de la UNA, inauguró el Encuentro, haciendo énfasis en que este tipo de actividades forman parte de una visión de la Universidad Pública, del Gobierno de Costa Rica y de Organizaciones Sociales en la que se busca dialogar y fortalecer la estructura de apoyo a la innovación social, los emprendimientos sociales y las empresas con impacto social como puntos clave para el desarrollo sostenible del país.

Para el Vicerrector, la innovación social modifica las interacciones sociales y las conduce a un estado de cooperación y solidaridad en búsqueda de un desarrollo integral con impactos positivos a escala social, ambiental y económica con el acompañamiento de las instituciones y gobiernos locales: “Rescatamos en este importante Encuentro que las distintas problemáticas existentes en América Latina se pueden abordar desde las ideas de la innovación social, así como de la necesidad de agruparnos en torno a un pensamiento constructivo, en la que la práctica de la innovación sea capaz de producir un cambio en las comunidades. En este sentido, desde este evento se ha tenido la oportunidad de recolectar experiencias, para crear un camino diferente, en la que la innovación produzca un impacto social, o sea una herramienta que ayude a producir sinergias en pro del desarrollo y además formas de distribuir el bien social”, manifestó Don Hernán Alvarado.

El Lic. Enrique Corriols, Asesor académico para la participación estudiantil de la Vicerrectoría de Extensión-UNA, dijo que este Encuentro Internacional ha contado con espacios de co-creación donde los expertos nacionales e internacionales han posibilitado generar sugerencias de mecanismos, acciones y política pública en el país, insumos que servirán para generar guías de buenas prácticas y recomendaciones para implementar la innovación social en Costa Rica y América Latina – guías que serán publicadas en el 2017.

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Este Encuentro fue promovido por la Oficina de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría y recibió el apoyo del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, a través de la Mesa de Innovación Social y de la Universidad Nacional.

Ana Elena Chacón, Vicepresidenta de la República señaló que, por medio de estos eventos se fortalece la visión y creencia de muchos sobre la posibilidad del cambio para tener una proyección del futuro con ideas frescas y novedosas en este mundo globalizado en el cual estamos inmersos. También, es de suma importancia apoyar a quienes se esfuerzan por hacer algo distinto para afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana, por lo cual la innovación social y la incidencia en políticas públicas ayudan al progreso de las sociedades: “el ELIS 2016 posiciona al país como referente en la región en temas de innovación social. Desde el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano hemos venido dándole seguimiento a estos temas, además hemos sido el primer Gobierno que pone en su agenda formal, espacios de discusión y análisis sobre cómo promover y fomentar la innovación social en Costa Rica”, indicó la Vicepresidenta.

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En este encuentro, gracias a la experiencia y las ideas de la juventud se busca una ruta de democracia respirando paz y justicia social, así como acceso a la información y educación que involucre a las y los ciudadanos y se espera de ELIS insumos para formar resultados que apoyen a los proyectos que se dan desde el sector público. Como Universidad es nuestro compromiso y deber apoyar estas iniciativas para procurar el cambio de la sociedad hacia mejores condiciones de vida.

 

Colaboración:

Gabriela Corrales Alfaro, Estudiante Sociología, UNA

Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA

Fotógrafo: Eliécer Berrocal Sánchez, Oficina de Relaciones Públicas, UNA

 

Enviado por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Guacimal se manifiesta en SETENA-MINAE

Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua

Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares

guacimal se manifiesta

El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.

Con respecto al contexto nacional declararon que:

  • Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
  • Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
  • Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
  • Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
  • Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!

Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:

  • Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
  • La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
  • Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.

Así mismo manifestaron que:

Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.

Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.

 

Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

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SETENA reactivó conflicto de agua en Guacimal

Comunicado de la Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas

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Guacimal, Puntarenas. En febrero de este 2016 la Sala Constitucional de Costa Rica ordenó excluir al Proyecto de Riego “Sudaguas” en el Plan de Emergencia por Sequía de la CNE en 2015. Se ordenó con ello detener las construcciones que el SENARA y la Sociedad de Usuarios de Aguas de Los Ángeles habían realizado sin licencia ambiental a los largo de unos 15 kilómetros con gruesas tuberías que hoy están enterradas en el subsuelo de las fincas beneficiarias, varias de ellas propiedad de sociedades anónimas de la zona, que se excusaban en la emergencia para tomar las aguas del río Veracruz, pasando por encima a la oposición de la comunidad de Guacimal, que se considera afectada por el censurado impacto ambiental del proyecto.

Las construcciones llegaron hasta el cruce de Santa Rosa, donde el pueblo de Guacimal detuvo con presencia social el trabajo de las maquinarias en enero, semanas antes de que lo hiciera oficialmente la nueva sentencia de la Sala Constitucional que hizo triunfar nuevamente al pueblo de Guacimal.

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Al llegar al territorio de la comunidad local opuesta por años contra este proyecto ¿Cómo pretendían pasar por la fuerza en medio de una comunidad sabiendo que construían sin permisos ambientales ni municipales de ley? ¿Cómo iban a pasar por encima a un pueblo que sabía que no había una emergencia que justificara entubar agua del río Veracruz y pasar por encima a la comunidad y la Sala Constitucional? ¿Estaría en los planes reprimir la protesta justa del pueblo de Guacimal y “traer perreras”, como insinuaron algunos personajes en la comunidad?

No imaginamos el escenario que pudo haber sido, pero hoy vuelve la amenaza, ante la ligereza en actuar desapegado al ordenamiento jurídico de la SETENA en su resolución 1639-2016, con la que dio continuidad a la evaluación del proyecto de riego “Sudaguas” y a la vez insistiendo en mantener criterios que dejan desprotegido al ambiente como bien público y a la comunidad como actor social clave en la defensa de su territorio.

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El pasado lunes 12 de septiembre, la comunidad presentó una apelación contra la reactivación ilícita de la evaluación ambiental del proyecto que SETENA ratificó con la citada resolución. El expediente del proyecto estaba archivado.

Con la apelación se pide a la Comisión Plenaria de SETENA exigir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, o caso contrario, elevar a la apelación al Ministro de Ambiente e investigar y sancionar a la Comisión Plenaria de SETENA por sostener el incumplimiento del ordenamiento jurídico del país al inventarse los procedimientos que piden en esa Resolución que reactiva un proceso de evaluación que estaba “muerto”.

Dichos procedimientos ni siquiera existen en los Reglamentos de SETENA, pero se establecieron en lugar de pedirles a los desarrolladores el Estudio de Impacto Ambiental como es potestad de la SETENA, lo que favorece que terminen de imponer este proyecto contra la comunidad, que se ha construido ya en un 80% con irregularidades y omisiones que llevan años de denunciarse y hoy parecen no contar, aumentado el potencial conflicto de intereses: lo público vrs lo privado.

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En este recurso se ha denunciado como se usan datos falsos y erróneos por parte de los desarrolladores, manipulando la Significancia de Impacto Ambiental de su proyecto mientras que la SETENA no ha observado tan importante detalle. También se denuncia la desconsideración del estudio hidrológico del río que permita estimar el impacto de la pretendida explotación de agua y evitar un desastre ambiental más, en un contexto de disminución de las fuentes por efecto del cambio climático.

Además la SETENA ha pedido hacer un “taller participativo” a los impulsores del proyecto, básicamente planteando “informar” a los actores locales sobre la justificación del proyecto, el impacto ambiental esperado y sus beneficios, lo que impide la participación efectiva de los habitantes en la decisión sobre este proyecto en detrimento de la Ley ambiental y el Derecho Internacional. Este mecanismo de taller además no existe en el Reglamento de SETENA y demuestra cómo se menosprecia completamente la situación de conflicto provocada por la falsedad de información inicial de los desarrolladores, que no tienen legitimidad alguna para convocar al pueblo para presentarle un proyecto sin estudios claves ni la aceptación social en la comunidad.

La pretensión del recurso de apelación es anular la Resolución 1639-2016 de SETENA, hacer que se EXIJA el Estudio de Impacto Ambiental a los desarrolladores, además de sancionar como corresponda a los responsables de violar los procedimientos que debe cumplir por obligación la administración pública del país, en un tema de interés social como es el ambiente. (Fotografías del conflicto).

Informes: Dany Villalobos V. 8509 4712, Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas.

 

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FECON: Denuncian proyecto para construir carreteras en Parques Nacionales

El proyecto Nº 19.899 para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060) que se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, pretende darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales. Este proyecto fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El experto en evaluación ambiental, Dr. Allan Astorga aseguró que “esto es, nuevamente, querer meter tractores en las Áreas Silvestres Protegidas. Estoy convencido que eso tiene que ver con el Canal Seco, pues si este proyecto se aprobara, podrían pasar el trazo de la vía por humedales, parques nacionales, reservas forestales y todo lo que entre en categoría de área silvestre protegida y patrimonio natural del Estado….aprobar este proyecto significaría el principio del fin de la Costa Rica verde y protectora del ambiente.”

Esta reforma estaría más bien incentivando la realización de carreteras dentro de áreas protegidas pues solo con cumplir con un simple Estudio de Impacto Ambiental ante la SETENA – institución debilitada y laxa porque “todo lo aprueba”, ya tendría todos los permisos cumplidos, sin necesidad de expropiar.

Los proyectos de carreteras dentro de Parques Nacionales han resultado un gravísimo daño, como lo demuestran todos los inconvenientes de la Ruta 32 en el tramo del Parque Nacional Braulio Carrillo. El desarrollo de proyectos viales en áreas vulnerables implica una seria cadena de impactos ambientales negativos que, con el tiempo, se transforman en daños ambientales irreversibles.

El Departamento de Servicios técnicos del Poder Legislativo (AL-DEST-IJU-249-2016) determinó que: El proyecto de ley podría contener vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, en virtud de que se deja un permiso abierto al MOPT para que puedan intervenir en áreas de protección sin requerir la declaración de conveniencia nacional.

Además señala que “con ello, tácitamente se estarían restringiendo las áreas de protección sin que se establezca mediante ley cuáles serán estas áreas, ni tampoco se aporta un estudio técnico de que dicha restricción produce un perjuicio al Patrimonio Natural del Estado”.

Flexibilizar la ejecución de obras para el mantenimiento y conservación de las vías públicas mediante la corta de los árboles que crecen en el derecho de vía, es otra de las reformas propuestas en el proyecto pues este momento se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía para efectuar tal corta en el área de influencia directa que ya formaría parte del área silvestre protegida o del Patrimonio Natural del Estado.

 

Proyecto: http://www.feconcr.org/doc/proy19899.pdf

Informe de Servicios técnicos: http://www.feconcr.org/doc/Serv_Tec19899.pdf

Más información: Mauricio Álvarez M 88709165, Presidente FECON

 

*Imagen tomada del Facebook de Bloque Verde.

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