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Etiqueta: impuestos

La posición más “cómoda”

Carlos José Cabezas Mora (*)

 

El ministro de Trabajo y otras autoridades de gobierno nos han dicho en varias ocasiones algo así como que: el aumento de impuestos permitirá que se financien los salarios, no suban las tasas de interés de los créditos, si se piensa de manera ligera y bastante egoísta podría fácilmente concluir que tienen razón “a los funcionarios públicos podría convenirnos un paquete fiscal”.

Es importante aclarar que el porcentaje de ingresos tributarios para que cualquier gobierno cumpla con sus deberes es menor al necesario, o sea se requiere más impuestos, por eso existe la deuda interna como una medida casi desesperada para cubrir los gastos, aumentando lógicamente el más serio problema que tiene el gobierno dentro del déficit fiscal (50%).

El movimiento sindical podría hacerse el “chancho” y dejar que la “paz social” mantenga la dinámica de atornillar a las mayorías, sin tocar a los poderosos con más impuestos, esa sería la posición más cómoda, pues la población seguiría “detrás del palo” y simplemente tendría que pagar el costo de esta solución pero…

Nosotros somos parte del pueblo y también tendríamos que pagar el aumento de los impuestos y para poner una “flor en el ojal” el paquete fiscal tiene una serie de medidas que afectarán los servicios públicos, al reducir el gasto público a la fuerza además de poner reglas para el pago de los salarios de los funcionarios que podrían rebajar de manera brutal lo que recibimos.

¿Nos piden propuestas? ¡Mentirosos! Cuando el movimiento sindical ha propuesto soluciones que implicarían repartir entre las diferentes clases sociales el costo de mantener los servicios públicos, simplemente nos ignoran, porque nuestra visión no es “políticamente viable”, lo que significa que los diputados representantes de los poderosos no lo van a aceptar.

¿Y saben porque proponemos afectar a los ricos? Porque contrario a la posición de gobierno que “no quiere afectar los precios internacionales de exportadores” debido a que eso “quita competitividad”, creemos que el país es uno solo y que todos los que creamos riqueza, más los que se la apropian, debemos contribuir al desarrollo nacional, no dejando esa responsabilidad solo en los que menos ganan.

Además consideramos que los grupos poblacionales más poderosos que se dejan más del 50% de la riqueza país producida en un año y también están dentro del grupo de los que más evaden el pago de impuestos (8% del Producto Interno Bruto), deben ponerse en cintura, eso ayudaría mucho en otro problema bien ignorado: la justicia social.

Si el escandalo mundial de los Papeles de Panamá tiene ricos nacionales involucrados, los que no pueden acusarse de evasión porque aquí no existen los delitos en nuestra legislación, cualquiera en su sano juicio diría que ese es una camino de solución de nuestro grave problema.

Estamos tan lejos de las palabras del presidente que impuso el impuesto a la renta, Alfredo González Flores “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” lo que le costó un golpe de Estado.

 

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores

 

Enviado por el autor.

Empleo público: ¡otra vez a transitar por un camino empedrado!

  • La mezcla tóxica de negociar impuestos a cambio de empleo público nada bueno augura
  • Comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

 

La necesidad del actual Gobierno de la República para tener ingresos frescos en las arcas públicas, vinculando iniciativas de ley en materia de impuestos con reformas salariales en el empleo público nada bueno augura, ni dentro ni fuera del parlamento, pues se trata de una mezcla tóxica generadora de un gran estrés sociopolítico de potencial confrontacional, al menos en algunos casos. Veamos, seguidamente, cuáles son las “nuevas” iniciativas que impulsará el Gobierno en este período electoral ya en desarrollo a fin de obtener aprobación a su peculiar paquete de impuestos.

Si bien es cierto el detestado Expediente Legislativo No. 19.506 está en una especie de coma político inducido, otras iniciativas conexas que el Gobierno del Presidente Solís Rivera piensa impulsar en los próximos días, nos obligan a la más estricta vigilancia y alertas sindicales.

Desde la perspectiva de la ANEP iniciativas de ley como ponerle límite a las remuneraciones totales en la función pública para que ningún salario supere los 5.3 o los 5.5 millones de colones mensuales, son necesarias y contarían con gran respaldo popular.

Eso sí, sin excepciones de ningún tipo como esa de que hay que excluir los salariazos de aquellas entidades en “regímenes en competencia”; o que pretenda dejar por fuera sistemas salariales con nombres y apellidos propios los cuales, como en el caso de la salud pública costarricense, hace que existan abusivos salarios que ni los países nórdicos con sus avanzados sistemas de Seguridad Social pagan.

Así las cosas, los expedientes legislativos números 19.156, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); o el 19.883, promovido por el Frente Amplio, merecen ser vistos con seria responsabilidad sindical sin rechazos dogmáticos ad portas.

En este tipo de regulación deberían comprenderse los casos salariales del propio Presidente de la República, de los ministros y de los viceministros de Estado.

Por su parte, un expediente de cuidado para la clase trabajadora asalariada del sector público en sus niveles medio y bajo (salarialmente hablando), es el que promueve directamente el presente Gobierno, vía Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Expediente Legislativo No. 19.787.

Las anualidades solamente se reconocerán en aquellos casos de calificaciones de muy bueno y de excelente. En ANEP pensamos que la promoción de la excelencia en la prestación de los servicios públicos merece el más fuerte apoyo de todas las organizaciones sindicales y gremiales responsables, con visión-país y que no estén raptadas por un corporativismo gremial abusivo y miope.

Sin embargo, debe analizarse con gran cuidado y sigilo la metodología de la evaluación del desempeño para descontaminarla de ingredientes subjetivos (“sacaclavos”), de la politiquería y de incluso pedidos de favores sexuales no otorgados.

Bien es sabido que en no pocos casos el poder de los mandos medios se impone y darles una especie de cheque en blanco para manejar, a su antojo, parámetros de evaluación de calificaciones de muy bueno y de excelente sin la debida posibilidad de defensa del servidor en escrutinio, puede ser muy peligroso y hasta potenciar un eventual despido.

Esta iniciativa de Mideplan, Expediente Legislativo No. 19.787, será sometida por parte de la ANEP al más fuerte y minucioso escrutinio.

Como suele suceder con los proyectos de empleo público generados desde el extremismo político ubicado a la derecha del poder del capital, la iniciativa “libertaria” (Expediente Legislativo No. 20.224), para que solamente reciba reconocimiento por anualidad una quinta parte de la clase trabajadora del sector Público, “huele a lirio” no más de entrada. No nos merece mayor esfuerzo en comentarla.

Por otra parte, el nuevo intento de la distinguida señora diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber en materia de empleo público y para ver cómo algo de esto queda con su sello personal, nos plantea la iniciativa legislativa No. 20.349, “ley reguladora del pago por restricción” que no variaría el reconocimiento de un 55 % para licenciados y de un 20 % para bachilleres en materia de dedicación exclusiva; y, en cuanto a prohibición, ésta no puede dársele a quienes no sean licenciados, manteniendo el actual 65 % para quienes sí lo son y un 30 % para bachilleres. Lo novedoso sería imponer un sobresueldo de 30 % por concepto de dedicación exclusiva solamente para profesores universitarios.

La nueva iniciativa de la diputada Piszk Feinzilber pareciera inocua si la comparamos con la detestada 19.506; sin embargo, ésta nueva, la 20.349, merece la más incisiva auscultación para buscar en qué artículo, frase, procedimiento y/o lugar está la trampa a fin de que esos pluses, dedicación exclusiva y prohibición, los reciba el menor número posible; o, si hay en ella otras cosas que de manera endodérmicamente semántica tienen dobles propósitos políticos como ocurrió cuando desenmascaramos los verdaderos contenidos del Expediente Legislativo. 19.506.

Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de confrontar, hasta derrotarla completamente, la perversa tesis neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, tenemos que recalcar que es una mezcla tóxica vincular empleo público e impuestos, por más “light” que parezcan en la superficie iniciativas legislativas para regular algo del empleo público.

Las transformaciones tributarias estructurales urgentes que ocupa la sociedad costarricense de hoy en nada tienen que ver con cambios en el sistema de salarios del sector público, a no ser los que se ocupan para parar los excesos que vienen ocurriendo en ciertas partes de la más alta estructura político-gerencial de la máxima cúpula estatal del país en todas sus modalidades.

ANEP procederá con debida urgencia y responsabilidad al análisis puntual de estas iniciativas que sobre empleo público anuncia el Gobierno querer negociar con los diferentes partidos (y fracciones de éstos), en los próximos días para ver si consigue apoyo su peculiar propuesta de paquete de impuestos.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

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ANEP: razones del fracaso del Proyecto Contra el Empleo Público

  • Expediente legislativo 19.506

 

Se impone el debate de ideas, el real diálogo social

y la construcción de soluciones

para la integración social, no para la exclusión.

“El que se enoja pierde”:

El insulto, la rabieta y el enojo iracundo

no conducen a nada bueno.

La actitud de «chiquito malcriado»

no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.

Fue desarmado el chantaje neoliberal:

“¿Quieren impuestos?…

Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.

“Ni compadre hablado”…

“Ni miedo a los sindicatos”:

Al descalificar argumentos

se han descalificado a sí mismos.

 

Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.

Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…

¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…

Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.

Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de «chiquito malcriado», planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:

1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?

2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?

3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?

4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…

Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.

Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?

El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.

Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.

La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.

El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.

La rabieta de ustedes dos, esa actitud de «chiquito malcriado» que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.

Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con “miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de «chiquito malcriado».

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por ANEP.

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BUSSCO: Gobierno y diputados llaman a «guerra»

El gobierno del Partido Acción Ciudadana – Administración Solís Rivera – traiciona a la clase trabajadora, cediendo a la presión de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP, al tranzar con la oposición un agresivo aumento de impuestos para el pueblo a cambio de la aprobación del Combo del Empleo Público.

Proyectos de ley como los de empleo público, el aumento de impuestos, la rebaja generalizada de los salarios y las reformas a pensiones, deterioran los programas sociales, desmantelan y privatizan servicios fundamentales como salud y educación, desmantelamiento de todo el sistema de protección social, pilar fundamental de nuestro régimen democrático.

El BUSSCO condena esta nueva arremetida de los diputados y candidatos del partidos Liberación Nacional, el PAC, el PUSC, Movimiento Libertario, el diputado Mario Redondo y la UCCAEP contra la clase trabajadora y que empobrecerá, aún más a los costarricenses.

El BUSSCO, en una encerrona este lunes 9, medio centenar de dirigentes sindicales y sociales establecieron los comités de huelga y la logística del movimiento de huelga nacional, asimismo, las acciones unitarias que el movimiento sindical en su conjunto estará realizando.

El BUSSCO se encuentra en sesión permanente y está presto a responder a esta conspiración de la clase política empresarial y llama a la clase trabajadora a estar preparada para atender, en forma inmediata, al llamado a defender el derecho a trabajo digno y a condiciones sociopolíticas que beneficien a las grandes mayorías.

¡En BUSSCO estamos cada vez más unidos!

San José, 11 de enero de 2017.

UNDECA: https://undeca.cr/article/gobierno-y-diputados-llaman-a-la-guerra/

Imagen tomada de undeca.cr

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ANEP: ¡14 billones es la deuda pública del Gobierno Central!

  • Empleo público e impuestos son una mezcla tóxica
  • Cada tico está “debiendo” 3.111.111 colones en estos momentos y solamente por la deuda del Gobierno Central…y la deuda sigue creciendo.
  • Reiteramos: el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos

 

Una y otra vez, y otra vez más, incansablemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, reitera su tesis fundamental en esto del déficit fiscal y empleo público: los salarios que devenga la clase trabajadora asalariada del Estado no son los responsables del déficit fiscal. ¡Nada que ver! ¡Punto!

ANEP ajusta ya poco más de dos año analizando el tema: investigando, estudiando, leyendo, consultando, analizando para ser tan contundentes. Las razones del déficit fiscal son otras, ¡no los salarios públicos!

Por el contrario, los necesarios cambios que requiere el sistema tributario costarricense son modificaciones en materia de impuestos para que se le dé vuelta a la tortilla: poner a pagar más a quienes más tienen y que son los que más evaden sus responsabilidades tributario-fiscales.

En tal sentido, rechazamos tajantemente que en la Asamblea Legislativa se impongan nexos indecentemente políticos de mezclar cambios, completamente inaceptables, en materia de salarios del empleo público, para facilitar la discusión (y eventual aprobación parlamentaria) sobre los impuestos de ventas (transformándolo a impuesto al valor agregado -IVA-), y renta.

Empleo público e impuestos es una mezcla tóxica que solamente conduce al desastre social. Continuar por esta vía, hace que el tema del empleo público se convierta, radicalmente, en un asunto de corte ideológico, estrictamente; y, por tanto, opaca, obstaculiza, bloquea, discusiones puntuales de empleo público que ameritan abordajes particulares, de corte abusivo, como pueden serlo los “salariazos” que se devengan en algunas partes de la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado.

Además, el espantoso endeudamiento del país exige esa discusión sobre los cambios estructurales que ocupa el sistema tributario costarricense, aparte de que se va imponiendo la necesidad de una especie de auditoría ciudadana de la deuda, planteamiento que recientemente hemos decidido promover, contando ahora con el apoyo del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA al respecto.

La ciudadanía debe exigir explicaciones de cómo es que hemos llegado hasta aquí: al terminar agosto pasado, solamente la deuda del Gobierno Central, ascendió a 14 billones de colones: 14.000.000.000.000.00. Repetimos, solamente la del Gobierno Central sin contar la deuda de instituciones fuera de este ámbito del Estado. Los datos provienen de la unidad de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Cada costarricense, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y con base en una población promedio de 4.5 millones de ticos y de ticas, está debiendo, en estos momentos, es decir per cápita, 3.111.111 colones. Y mañana será más, y pasado mañana será más…

Para peores, cada vez hay más y más costarricenses en condiciones económicamente difíciles y sin ninguna responsabilidad por ese alto nivel de endeudamiento-país.

Nuevamente insistimos en la imperiosa necesidad de que los empleados públicos y las empleadas públicas, incluidos los de las municipalidades, mantengan una vigilia política constante de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, pues se está jugando con su futuro salarial-social y familiar; y, a la vez, estén en total disposición para movilizarse de manera contundente apenas se les convoque.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

Imagen tomada de http://www.anep.or.cr/

Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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En un país de alta evasión fiscal la solución de los diputados: Bajar las penas por evasión

Carlos José Cabezas Mora (*)

Carlos Cabezas

En medio de una campaña por “salvar” al Estado costarricense del “gasto que produce” el déficit fiscal, los sectores económicamente poderosos han pegado alaridos e impulsado a través de sus diputados proyectos de empleo público que afecten los salarios de los servidores públicos, añadiendo de que tenemos ingresos de privilegio, claro que en comparación con las miserias del sector privado podría considerarse, de estirarse mucho la fantasía, que esas diferencias son “abusivas”.

Conscientes de que gracias a los TLC el Estado costarricense pasó de recibir del 6% a un 3% de la riqueza que produce nuestro país (PIB), además de que el actual gobierno promueve modestos proyectos de ley (para mejorar la recaudación fiscal) ha emergido una corriente para más bien disminuir penas.

Los proyectos de fortalecimiento del fisco encontraron la resistencia esperada en las cámaras empresariales, haciendo eco en los diputados de oposición que intentaron rebajar las penas de prisión a dos años, tal descarada posición que consideramos antipatriótica, refleja muy bien la forma de comportarse de ese sector social acostumbrado a buscar mecanismos para estar exonerado o bien eludir o evadir el pago de los impuestos.

Recientemente conocidos de un planteamiento que hace referencia a la práctica de algún país donde se dejó de perseguir a los evasores fiscales estableciéndose un solo impuesto, el cual por voluntad empresarial más bien aumentaron las recaudaciones.

Un expositor mexicano narró que el seguro social de su país tiene serias limitaciones presupuestarias para brindar sus servicios, pero como empresarios aducían que era muy altas sus contribuciones, el Gobierno Federal decidió de un día para otro rebajarles sus pagos, el resultado fue un deterioro muchísimo mayor de la seguridad social, algo muy parecido al nuevo proyecto del Partido Libertario.

La realidad de la evasión fiscal en nuestro país supera por mucho el déficit fiscal, donde la práctica es no asegurar en la CCSS a los trabajadores pero sí rebajarles las contribuciones sociales, acostumbrados a que la absoluta mayoría de los impuestos son indirectos lo que significa que a las mayorías somos los que cargamos sobres las espaldas al fisco, dudamos seriamente de la voluntariedad o bondad en pagar, si no se les exige y menos si pueden quedar impunes. Ese efecto soñado por la derecha nacional e internacional le denominan los expertos economía vudú, por considerarla técnicamente absurda y destinada a arrojar resultados negativos para la sociedad y van claramente en contra de la misma racionalidad del sistema capitalista en el que nos correspondió vivir.

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores, Costa Rica.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.justiciafiscal.org

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Movimiento Cívico Cruceño exige cancelar credenciales a alcalde municipal

Vecinos de La Cruz exigen cancelación de credenciales del Alcalde Municipal

La Cruz, Guanacaste. Denuncian procesos viciados en cobro de impuestos, falta de transparencia en la gestión municipal, despidos arbitrarios, contrataciones de personal sin requisitos e impedimentos a la participación ciudadana en las sesiones municipales.

El Movimiento Cívico Cruceño (MCC) nace a finales del 2013, producto del trabajo de distintos vecinos del cantón fronterizo y de la necesidad de articular un movimiento social independiente para defender los derechos de los pobladores ante múltiples injusticias y problemáticas socio-económicas. Tras realizar sondeos con los vecinos del cantón, inicia con la investigación de los temas de principal interés: el cobro de un impuesto para mantenimiento del parque, el mal manejo de los desechos sólidos y uso continuo de un botadero a cielo abierto, inconsistencias en la inversión de fondos públicos, la prevista demolición de la Escuela Salvador Villar Muñoz y las incompetencias demostradas en el caso del desarrollo del Mirador.

La agrupación ciudadana recolecta más de 500 firmas para detener la demolición del inmueble histórico y se espera contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, para lograr una declaratoria de Patrimonio Cultural Nacional e implementar el proyecto “Rescatemos Nuestra Identidad”: también elaborado por el MCC. Tras exponer numerosas inconsistencias y ejercer presión ciudadana, el MCC logra la suspensión del impuesto al parque exigiendo de igual manera un estudio inmediato por parte de la auditoría interna, con respecto a la onerosa propuesta fiscal. Contemporáneamente, los vecinos tramitaron con éxito una denuncia ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, resultando en una investigación y la elaboración de un informe detallado que señala un sinnúmero de insuficiencias y problemas en el inmueble y espacio público.

Investigando los integrantes del Concejo Municipal y sus expedientes abiertos en la Contraloría General de la República, el MCC acude al despacho del diputado Ronal Vargas Araya y se empieza un proceso de seguimiento y re-activación de los mismos, en aras de asegurar que se lleven los procesos hasta las últimas instancias.

El MCC también denuncia las incompetencias, inacción y falta de transparencia en el manejo del desarrollo del complejo turístico del Mirador. En el 2010 la Municipalidad recibió la obra tras una inversión de más de 400 millones de colones, sin embargo hasta la fecha no ha sido inaugurada ni alquilada, tal como fue la intención. Se calcula que en estos cuatro años la autoridad local ha perdido la oportunidad de percibir por concepto de alquiler, patentes y otros rubros alrededor de 70 millones de colones y que el estado de deterioro del inmueble en la actualidad es grave. A pesar de que el alcalde haya admitido su culpa, sigue el estatus quo con respecto a este proyecto municipal, con causa abierta en la Contraloría General de la República.

“La Cruz es el cantón menos desarrollado de Guanacaste y estamos entre los más rezagados a nivel nacional. Los jóvenes profesionales, capacitados y con mucha energía no pueden encontrar empleo digno a menos de que formen parte de la argolla local. Nuestro cantón no es una finca privada, aquí vivimos 20 mil personas y hemos decidido hacer algo al respecto porque durante años nuestro pueblo ha aguantado inconsistencias y faltas de transparencia: exigimos que la Contraloría se pronuncie y que se cancelen las credenciales del alcalde.” Resumió el secretario del MCC, José Corrales Medrano, refiriéndose a una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, de diligencias de cancelación de credenciales, resultado de una denuncia interpuesta por el entonces auditor municipal Jorge Sánchez Rojas.

 

Información enviada a SURCOS por Salvatore Coppola Finegan.