Los problemas que aquejan a la sociedad como corrupción, narcotráfico, crimen organizado, falta de oportunidades, pobreza etc. no tienen soluciones simples, ni dependen solo de personas, demandan entender los problemas y actuar sobre las causas para poder resolverlos.
Soluciones aparentemente radicales para acabar en con el crimen organizado, tales como cárceles más grandes o leyes más fuertes, si no afectan el origen y causas del delito, terminan llenando las cárceles de delincuentes menores, mientras los autores intelectuales permanecen impunes.
En países como los latinoamericanos, donde la corrupción tiene raíces históricas y está profundamente arraigada en las estructuras de poder, desde donde se propaga en cascada, las medidas represivas tienen poco impacto si prolifera la impunidad en la parte superior de la pirámide institucional.
La corrupción como se sabe es la base en que se fundamentó el clientelismo político, esto es el manejo del poder por dádivas para manipular las decisiones de las personas impidiendo su desarrollo ciudadano y organizacional. A su vez el clientelismo le abre las puertas al poder económico del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Estamos condenados, por ser endémica la corrupción, a seguir siendo países imposibles de gobernar y destinados a ser pasto del crimen organizado? No, en absoluto si actuamos sobre las verdaderas causas generadoras, esto es, por una parte, sobre la impunidad en las altas esferas y por otra en la descentralización depositando los controles en las sociedades organizadas local y regionalmente. Comunidades y regiones con capital social, no articuladas por las mafias clientelistas.
Tenemos como ejemplo a países como Singapur, China o Vietnam afectados en el pasado seriamente por la corrupción, que decidieron acabar con la impunidad en los altos mandos con medidas ejemplares que desalentaron a los subordinados, que se cobijaban con el paraguas de los altos jerarcas, de seguir por un camino de alto riesgo personal.
Una vez que se acaba la impunidad en los altos mandos, disminuye la corrupción en los niveles inferiores y los recursos y servicios empiezan a alcanzar para todos. Por otra parte, la descentralización y la alfabetización organizacional generada en la práctica por las comunidades, sirve de control efectivo sobre la forma en que se utilizan los recursos acelerando el progreso de las comunidades.
A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.
Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.
Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?
RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.
Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.
Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.
En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.
Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?
RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.
Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.
El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?
RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.
En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.
Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.
EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?
RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.
Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.
Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.
Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?
RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.
Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.
Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.
Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?
RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.
Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.
Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.
Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.
¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.
La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.
La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.
Regresó a casa de la peor forma posible: humillado, lacerado en todo su cuerpo, en estado vegetal y sin poder hablar.Es esta una de las maneras en las cuales la política migratoria de Estados Unidos trata a los migrantes deportados: los animaliza y barbariza hasta el extremo.
No hablamos de los cientos de miles de centroamericanos que han recibido para sí la dureza del sistema migratorio emprendido este año por el ¿presidente? Donald Trump y que ya en las administraciones demócratas de Obama y Biden habían sido duramente castigados con las peores y antihumanas acciones de detención, rechazo y deportación.
Hablamos del costarricense Randall Barboza Esquivel, quien fuera detenido en diciembre anterior por encontrarse en estado irregular en aquel país. De inmediato fue recluido en el sistema de detención de ICE y durante varios meses mantuvo comunicación con su familia hasta perderla por completo en junio de este año.
A partir de allí fue declarado desaparecido; las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en setiembre, siendo otra persona, en condiciones deplorables de salud.
Al tiempo de escribir esta columna se conoce del deceso de Randall en el hospital de Pérez Zeledón, siendo quizáuno de los casos que quedarán en la impunidad para siempre.
Es uno de los cientos de costarricenses que conforman el sistema migratorio desde el sur del país (Pérez Zeledón-Zona de Los Santos) hacia los Estados Unidos. Con el afán de mejorar sus condiciones de vida, emprendió la experiencia migratoria, que se vio truncada con las condiciones ya conocidas.
Saber exactamente qué le ocurrió entre junio y setiembre es una impronta para sus familiares, que ahora claman justicia una vez fallecido.Una y otra vez “pegaron” contra la impenetrable muralla de la institucionalidad migratoria del país del norte buscando respuestas. Nunca las obtuvieron.
Su política, ya lo dijimos en varias ocasiones, es una vergüenza. Como vergonzoso fuera el que el gobierno de Costa Rica aceptara dos vuelos con personas deportadas al promediar la primera parte del año.
La situación de Randall no es un número más en la indigna estadística de la peor estructura migratoria a nivel global. Se trata de humanidad y justicia, dos conceptos que hoy en día se han difuminado hasta volverse invisibles.
Nos toca a quienes creemos en ellos restituirlos, traerlos al presente, volverlos letra viva para que esta civilización deje la barbarie y vuelva a creer en sí misma.
Ante la denuncia por abuso sexual interpuesta contra un candidato presidencial y actual diputado de la República, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo, que ha decidido hacer pública una denuncia por abuso sexual contra un diputado y candidato a la presidencia de la República, por hechos ocurridos cuando ella tenía trece años y él treinta y dos.
Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia. Denunciar en estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente han revictimizado a las mujeres y minimizado las agresiones cometidas por figuras con poder.
Recordamos que, en Costa Rica, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley N.º 9685, Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo. Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los dieciocho años, y puede interponer la denuncia hasta veinticinco años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.
El hecho de que el denunciado sea actualmente diputado de la República y aspirante a la presidencia plantea una responsabilidad ética y política de mayor magnitud. El fuero parlamentario, o inmunidad, no puede ni debe convertirse en un escudo de impunidad ante denuncias de delitos sexuales, en especial aquellos que involucran a menores de edad. En un Estado de Derecho, todas las personas deben ser investigadas con igualdad ante la ley.
Por ello, el Instituto de Estudios de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que solicitan a la Asamblea Legislativa valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de permitir una investigación judicial transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.
El Estado costarricense tiene la obligación internacional, derivada de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos de derechos humanos, de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia sexual y de protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.
Como institución académica comprometida con la igualdad y la no violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer:
● Rechaza toda forma de descrédito por la violencia sexual sufrida o manipulación política de la víctima; exhorta a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad, transparencia y perspectiva de género; e insta a los medios de comunicación a abordar el caso con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian.
● El Instituto reafirma su compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género y sexual, y con la defensa del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia.
Este caso nos recuerda la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, y la necesidad de que el poder político sea ejercido con responsabilidad, ética y transparencia.
El silencio social y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia. Por eso, acompañar, creer y respetar a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática.
Firma responsable: Dra. Fannella Giusti Minotre Directora Instituto de Estudios de la Mujer Universidad Nacional de Costa Rica Heredia, 8 de octubre de 2025
Esta es una versión adaptada para el Semanario Universidad de la UCR del artículo del mismo nombre y publicado en: CENTROAMÉRICA-Rendir Cuentas para que la Gente Cuente; Arroyo, J.M. et altere; Coordinación e Introducción Luis Guillermo Solís y Sergio Ramírez; Editorial Sexto Piso, S.A., de C.V., Madrid, España, 2025.
José Manuel Arroyo Gutiérrez
La historia reciente de la democracia en Centroamérica -y con ella el Estado de la Justicia en la región- , tiene como punto de partida los Acuerdos de Paz: Esquipulas I (25 de mayo de 1986) y Esquipulas II (7 de agosto de 1987).
En el primero de estos pronunciamientos hay un llamado genérico al desarme de los grupos en conflicto, al diálogo constructivo, y a la instauración de una paz duradera a través del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Se establece que la paz sólo es posible mediante un proceso democrático, pluralista y participativo, con promoción de la justicia social, respeto a los derechos humanos, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones. Se visualizaba, como mecanismo idóneo para alcanzar estos propósitos, un Parlamento Centroamericano (PARLACEN) que sirviera como mecanismo promotor e integrador de la región.1
En cuanto a Esquipulas II, se declaró la necesidad de tomar medidas como promover la reconciliación a lo interno de cada nación; finalizar las hostilidades armadas; impulsar la democratización y las elecciones libres; eliminar la asistencia externa para fuerzas militares irregulares, así como negociar el control de armas y la atención a los refugiados.
Estos acuerdos declarativos de buenos propósitos nunca descendieron a las cuestiones concretas de cómo debían organizarse el Estado, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Todo quedó en referencias generales a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y al respeto de los derechos humanos.
El principal resultado de esta perspectiva fue la sobrevivencia de diseños constitucionales bastante anacrónicos, anclados en lineamientos decimonónicos, tanto para el modelo de Estado –liberal y republicano clásico-, como respecto de la organización y funcionamiento de los poderes judiciales dentro de ese esquema.
Se conservaron poderes judiciales hechos a imagen y semejanza del modelo napoléonico francés de principios del siglo XIX, es decir, organizaciones burocráticas a imagen y semejanza de los cuerpos militares, piramidales, rígidamente verticalistas, con ocupación total del territorio nacional mediante instancias y especialidades por materia y, lo más sobresaliente, una cúpula constituida por la Corte Suprema, en la que se concentra no sólo la última instancia jurisdiccional, sino todo el poder político y administrativo para la gestión de la función judicial del Estado. De esta manera, la Corte Suprema no sólo tiene la última palabra en los asuntos que procesalmente tengan acceso a esta instancia, sino que además atiende asuntos presupuestarios, administrativos, nombramientos, capacitaciones, asuntos disciplinarios y un largo etcétera.
Salvo algunos tímidos intentos de delegar en consejos de la judicatura o consejos superiores (Guatemala, El Salvador, Costa Rica), algunas de las tareas de administración, las organizaciones judiciales de la región siguen aferradas a la concentración de poderes y facultades, lo que las hace tremendamente ineficientes y con frecuencia corruptas.
Por otra parte, desde la perspectiva de los principales temas y problemas de fondo de la justicia centroamericana y de América Latina en general, los casos constituidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enunciados por su ex Presidente, identifican las cuestiones de mayor gravedad: el rol de las empresas en la protección de los derechos humanos; el derecho al medio ambiente y de equidad intergeneracional; el derecho a la salud; la libertad de expresión; la violencia de género; las garantías del debido proceso; los alcances y uso de la prisión preventiva; el plazo razonable en casos de adopción; la guarda y custodia de menores de edad; las limitaciones a las actividades de inteligencia con base en el alcance a los derechos humanos; el derecho a la autodeterminación informativa; los derechos de reunión y circulación en contexto de protesta social; la obligación de delimitar, demarcar y otorgar títulos de propiedad colectiva sobre los territorios de las comunidades indígenas y tribales; y diversas medias de reparación integral.2
En esta tercera década del siglo XXI, el Estado de la Justicia en los países centroamericanos está determinado por factores estructurales y coyunturales.
El principal de los aspectos estructurales consiste, como ya quedó dicho, en diseños institucionales anacrónicos, a imagen y semejanza de una organización militar: piramidal, rígidamente verticalista, burocrática, con amplia concentración de poderes jurisdiccionales y administrativos en la cúpula (Corte Suprema) y, en consecuencia, muy ineficientes y antidemocráticas.
Los pocos esfuerzos por delegar funciones en consejos administrativos o de la judicatura, han tenido, en el mejor de los casos, alcances limitados como es el caso de Costa Rica y, en la peor de las situaciones, se ha tratado de ensayos poco tiempo después revertidos, sea por reformas legales, sea por declaraciones de inconstitucionalidad, como ha pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se evidencia también una profunda brecha entre el mundo normativo (el deber ser) y la cruda realidad operativa de nuestros sistemas de justicia (el ser). La simple lectura de cualquiera de las constituciones políticas de las repúblicas de la región, evidencia la propuesta de una justicia emanada de la soberanía popular; así como un supuesto compromiso con los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías propias de democracias liberales avanzadas. Pero cuando se desciende a cómo funcionan esos buenos propósitos en la práctica, comienzan a revelarse una serie de falencias, ineficacias y vicios que terminan por pintar un cuadro harto decepcionante.
En Costa Rica, la vigencia del Estado de Derecho todavía resiste, pero se arrastra un sistema de nombramientos en la cúpula judicial plagada de vicios y procedimientos amañados. Con altibajos, las mayorías parlamentarias han privilegiado la lealtad partidaria e ideológica a la excelencia académica e independencia profesional. Recientes leyes promulgadas al calor de ajustes fiscalistas amenazan la estabilidad funcional y laboral de la policía técnica, la fiscalía y la judicatura. Se han destapado escándalos por manejos irregulares de casos por claros tráficos de influencias y corrupción. En este punto, sin embargo, las buenas intenciones de procurar reformas de fondo, han naufragado en una cúpula que se niega a soltar los poderes tradicionales que ostenta. Las debilidades y falencias tradicionales han sido aprovechadas por las tendencias autocráticas del gobernante actual, que pretende destruir, no mejorar, el orden constitucional y la institucionalidad vigentes. En El Salvador se ha producido una quiebra del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, sustentado en un amplio apoyo popular, ha implementado una política pública de prisionización indiscriminada con la cual, el debido proceso ha sido arrasado. La prensa independiente es perseguida y acallada. El Poder Judicial fue desmantelado y puesto al servicio incondicional de esas políticas represivas. La mayoría Parlamentaria ha bendecido esas estrategias y obedece fielmente los dictados presidenciales. Todo ha sido impuesto gracias a un estado de sitio que lleva ya varios años. El ejemplo salvadoreño es de manual, respecto a las nuevas formas de dominación oligárquica, no por medio de la bota militar, sino a través de estrategias dictatoriales con apariencia democrática. El caso de Guatemala presenta sus características propias. Como respuesta a los avances logrados en el sistema de justicia gracias a la intervención de Naciones Unidas a través de la CISIG, la clases dominantes, que vieron amenazados su impunidad y privilegios, ha arremetido tomando posesión de los poderes públicos, incluidos Corte Suprema y Ministerio Público, para revertir los logros obtenidos y asegurar que la justicia no toque a ciertos sectores con poder económico y político. Los jueces y fiscales que lograron condenas históricas contra ciertos intocables, han sido destituidos, perseguidos y en muchos casos obligados al exilio. Hoy la República de Guatemala se debate entre retomar la senda de un Estado de Derecho o continuar por la ruta de la corrupción institucional y la impunidad. La situación en Honduras es similar a las anteriores en varios aspectos. Hay serios cuestionamientos al sistema de nombramientos de la cúpula judicial y de la judicatura en general, por presiones e influencias indebidas de grupos poderosos en lo político y en lo económico. También se han registrado casos de corrupción, sobre todo de personajes influyentes que buscan impunidad ante acusaciones por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y otros beneficios indebidos. Por último, la situación de la justicia en Nicaragua es la propia de un Estado de Facto, como en El Salvador, pues se han conculcado y neutralizado todos los mecanismos de balance y control propios de un Estado de Derecho. Se han prohibido y criminalizado manifestaciones públicas, así como las críticas y protestas mediáticas de opositores al gobierno. Se ha privado de la nacionalidad nicaragüense a activistas de derechos humanos, organizaciones no-gubernamentales y adversarios políticos. De hecho, se controla por parte del Ejecutivo a todos los demás órganos y poderes del Estado. El sistema judicial penal se ha manipulado para perseguir opositores, encarcelarlos y obligarlos al exilio. El colmo de la represión ha alcanzado a la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas a las que se les han prohibido rituales o manifestaciones públicas de sus celebraciones.
Por su parte, el principal factor coyuntural que marca el estado de la justicia centroamericana, es de carácter universal. En nuestros días estamos frente a una verdadera crisis de la democracia liberal republicana, y hay fuertes tendencias en todo el mundo que apuntan a sustituirla por regímenes autoritarios que pretenden concentrar el poder político. Si bien han cambiado las estrategias tradicionales de los golpes de estado conducidos por cúpulas militares contra las instituciones democráticas, en la actualidad se han impulsado formas no menos agresivas para tomar por asalto esa institucionalidad.
Guardando las apariencias democráticas, se trata en la mayoría de los casos, de manipular los procesos electorales controlando las autoridades electorales, eliminando de hecho la oposición, o perpetrando abiertos fraudes. Se trata asimismo de tomar el control de los otros poderes, asegurándose amplias mayorías parlamentarias, que autoricen cualquier capricho del Ejecutivo; o bien se trata de conformar poderes judiciales y ministerios públicos serviles, que se olviden de su independencia y función contralora, dando con sus resoluciones apariencia de constitucionalidad o legalidad a toda clase de tropelías y abusos.
En este último supuesto, cuando de controlar el Poder Judicial se trata, en todos los países de la región es más que evidente los esfuerzos de grupos de influencia y político-partidarios por manipular los nombramientos de las cúpulas y demás cargos en la judicatura y el Ministerio Público. De nuevo se observa con claridad todo tipo de maniobras para revestir estos procesos de una cierta apariencia de objetividad y tecnicismo, cuando en realidad se imponen criterios partidarios o, peor aún, criterios contaminados por loa intereses de sectores delictivos y corruptos que buscan impunidad.
En ese desventurado contexto, no es de extrañar las malas -a veces pésimas- calificaciones que reciben nuestros sistemas de justicia cuando son evaluados por organismos globales o regionales. Con alguna ventaja de Costa Rica en estas evaluaciones, pues aún se reconoce cierta capacidad de resistencia y fortaleza institucional, el resto de los países de Centroamérica exhiben cifras y posiciones muy negativas en aspectos fundamentales como respeto a los derechos humanos, acceso a la justicia, control a los gobernantes, o eficiencia y eficacia del Estado de Derecho en su conjunto.
Compartido con SURCOS por el autor.
1 Costa Rica nunca se adhirió a este organismo y el tiempo se ha encargado de exhibirlo como un cascarón burocrático ineficiente o peor aún, refugio de políticos en busca de impunidad.
2(Pérez Manrique, Ricardo C; Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Informe Anual 2023).
Durante la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles como candidato presidencial recorrió el país y clamó a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que lucharía contra la corrupción y los corruptos que, según él, se habían robado este país; tema que ha mantenido vigente en sus discursos presidenciales.
Por eso es importante que empecemos transcribiendo el primer párrafo que encontramos en la página 6 de su “Plan de Gobierno”, que tiene como flamante título: Freno a la Corrupción. Dice así:
– “La desenfrenada corrupción nacional nos empobrece a todos, nos roba a todos, nos reduce en cantidad y calidad los servicios públicos. Nuestra propuesta empieza por poner jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres para los puestos y no los mejores puestos para los amigos…” (El destacado no son del original, pero quisimos resaltar el párrafo)
Llevaba razón el candidato, la corrupción carcome las instituciones públicas en contra del ciudadano; pero como presidente de la República se olvidó de aquella afirmación y, por el contrario, se ha reído del pueblo de Costa Rica y, en especial, de aquellos que obnubilados siguen creyendo en sus discursos altisonantes, irrespetuosos y palabrotas de albañal y no se dan cuenta, o se niegan a aceptar su grave error, cuando eligieron al gobernante y equipo de gobierno más corrupto e incompetente de la Historia de Costa Rica. Veamos por qué lo digo.
Nunca un presidente de la República, a ocho meses de terminar su mandato, ha acumulado 120 acusaciones penales en la fiscalía general de la República, dos solicitudes de levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema de Justicia y otra a punto de ser votada en la Asamblea Legislativa. No se trata de perseguir a nadie, sino de hacer respetar la ley, esa que tanto le estorba y pone en evidencia su permanente accionar corrupto; porque corrupción no es solo apropiarse indebidamente del dinero, sino mentir y tergiversar la verdad e incumplir la ley y las promesas hechas ante el pueblo.
Al listado acusatorio contra el presidente en la fiscalía, se unen los de sus excolaboradores, supuestos “jerarcas honestos, los mejores hombres y mujeres” que ofreció en campaña, citemos algunos de esos ex…que hoy aspiran a ser diputados para ampararse en cuatro años de inmunidad y oprobiosa impunidad, que han sido dados a conocer por diversos medios de comunicación: Nogui Acosta (Hacienda) 11 causas penales pendientes, Marta Esquivel (CCSS y Planificación) 14 causas pendientes, Ana K. Müller (Educación) 8 causas pendientes, Stephan Brunner (Vicepresidencia) 5 causas pendientes; Royner Mora (Deportes) y Robert Barrantes (Influencer en planilla de la Presidencia) 2 cada uno, Esmeralda Britton (Junta de Protección), Nayuribe Guadamuz (Cultura y Juventud), José Ml. Quesada (Recope y Acueductos y Alcantarillado), Raül Zamora Trejos (Asesor y Financista Campaña) María Isabel Camareno (CCSS), Osvaldo Artavia Vastillo (INDER) todos con una causa penal en la fiscalía y, por último, el abogado del presidente José Miguel Villalobos, con una causa en fiscalía y tres suspensiones profesionales en el Colegio de Abogados. Y no citamos otros nombres de ministros como André Tinoco o el depredador ambiental Franz Tattenbach que también están acusados ante la fiscalía, por no ser aspirantes a diputados.
Nunca, óigase bien, nunca se ha visto en la Historia de Costa Rica el que, aún sin terminar un gobierno o después, haya una lista tan extensa de posibles encarpetados en los juzgados penales, nunca se ha visto semejante colección de posibles hechos corruptos en un gobierno. Donde quedó la oferta de campaña que citamos al inicio de este artículo, donde la lucha contra los actos corruptos que, por el contrario, se convirtieron en una costumbre abierta e insultante en este gobierno. Entre el presidente y sus “honestos” colaboradores suman más de 160 expedientes abiertos en la fiscalía general de la República, un verdadero festín de coyotes… ¡habrase visto vergüenza mayor!
Pues sí, la encontramos en las papeletas a diputados del eso que llaman partido Pueblo Soberano, que no es más que someter a este pueblo al hecho inaudito de votar por estos encartados en la fiscalía y que encabezan las papeletas de todas las provincias del país. Con ello, el chavismo lanza un manto protector a sus corruptos, la impunidad se convierte en coraza y los votantes en cómplices de esa corrupción contra la cual creen, engañados por desinformados o indiferentes, que están votando. Y usted ciudadano, ¿va a seguir engañado para ser cómplice de este desafuero, o por fin va a despertar en defensa de nuestra democracia?
Si, estos desvergonzados en vez de presentarse a los tribunales penales como será su destino corren a inscribirse como candidatos a diputados para refugiarse en una inmunidad impúdica, como parte de la pandilla de los 40 que pide Chaves para robarnos la institucionalidad, al estilo de Ali Babá.
Saludamos a toda la comunidad nacional e internacional en esta XXXI conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a 15 años de la toma del Salón de Benemérito de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
A 15 años del Desalojo Violento (arrastrada) de 27 Indígenas de diferentes territorios y pueblos de la Asamblea Legislativa, arrastrados por las fuerzas de seguridad legislativas (encabezadas por Magaly Camacho, jefa de Seguridad) y la policía, tirados a la calle, por solo el hecho de exigir que aprobaran la Ley de Autonomía Indígena. De los 27 compañeros/as, 3 fundadores de FRENAPI, que ha hoy han retornado al espacio espiritual, con los ancestros: Esperanza Jurado (Ngöbe), Mariana Delgado y Sergio Rojas (Bribris), quién fuera asesinado y se mantiene Impune.
Celebramos la vigencia de los 8 pueblos indígenas, presentes en Costa Rica y reafirmamos nuestro compromiso con la agenda de los pueblos indígenas: espiritualidad, tierra, estructuras propias, salud y educación propia, ambiente e idioma.
Nuestro proyecto de VIDA, basado en la espiritualidad propia trasciende de las coyunturas electorales, discursos vacíos y la folclorización del saber y las celebraciones.
Por su parte el Estado, mantiene pendiente justicia para los compañeros Sergio Rojas y Jerhy Rivera, asesinados impunemente por usurpadores y con la complicidad del Estado por omisión e inacción programada de manera sistemática.
Repudiamos la nefasta práctica de los gobiernos, que han realizado acciones aisladas, haciendo politiquería por coyuntura electoral, utilizando los derechos de los pueblos, consagrados, por decretos, leyes y convenios, como indicador, de que asume un compromiso, mientras viola y omite muchas de sus responsabilidades e impone sus políticas públicas, homogenizando la sociedad y realidades.
El Estado costarricense no tiene una proyección real y planificada, que sea construida, desde las comunidades, para sanear los territorios, por el contrario, impone negocios de carbonos REDD+, desfinancia planes sobre las necesidades, impone planes como el RTI sin resultados significativos, ni financiamiento, la falta de adopción de medidas administrativas y la falta de acciones afirmativas.
Este colectivo insistimos y seguiremos en la ejecución de la agenda propia construido desde el I COIN– Congreso Indígena Nacional 2019, construido desde la palabra, propuestas y recomendaciones de las comunidades de los pueblos, en espacios denominados PreCOIN – Precongreso.
Fundamentado en la autonomía y autodeterminación, anunciamos la preparatoria e instalación de los PRECOIN 2025, desde el corazón de las comunidades, vísperas al II COIN – Congreso Indígena Nacional 2026.
Este proceso será desarrollado desde la palabra, participación y representación de las estructuras propias, con soporte de los idiomas propios, tiempo y contexto de los territorios y pobladores.
Inspirados en el Proyecto de VIDA de los pueblos, consagrados en los derechos y legislaciones sobre los pueblos, nuestra lucha es colectiva, es por el bien común, es por la VIDA, es por las mínimas condiciones y respeto a los derechos, seguiremos reafirmando y posicionando, nuestros sueños que tenemos derecho a tejer con la sabiduría de ancestral.
Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.
En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.
El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.
O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.
En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.
El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.
Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.
Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes»,como era su deber, según la legislación anotada.
Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!
Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.
Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.
Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.
Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.
En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.
Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.
Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.
Dos noticias recientes publicadas en el diario La Nación retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera publicada en la página 11 del viernes 04 de julio del año en curso que menciona la condena a Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste a 3 años de cárcel, con ejecución condicional de la pena. La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó haber ordenado atascos en el rio Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarla en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía el atasco que hizo en el rio Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia a Zamora se le había condenado a 2 años y medio de prisión y al pago de 184 millones de colones al Estado por daño ambiental. Pero en segunda instancia se le subió la prisión a 3 años, pero se le eximio del pago de 184 millones.
La segunda noticia es de la página 11 de domingo 06 de julio bajo el título de “Hombre deberá pagar 20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2023 cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera de Puntarenas en la intersección de El Guarial y Praderas. Hernández el condenado, que viajaba en moto como pasajero aprovecho que el motociclista aceleró, cometió el delito sexual, para luego huir del sitio. El tribunal lo condenó por este delito a 3 años de prisión y al pago de 10 millones por daño moral y psicológico y otros 10 millones por daño físico, además deberá desembolsar 2,5 millones por costas personales.
Aunque se trate de jueces diferentes que dependen de las leyes aprobadas por los diputados, el sistema judicial es uno solo y como tal lo valoran los ciudadanos.
En Ecuador donde existe una élite que menosprecia a sus poblaciones originarias que se visten con ponchos, se dice que “las leyes se hicieron para los de poncho”, queriendo decir que se aplican especialmente para controlar a estos sectores sociales, no para sus amos. Aquí, por lo visto, aunque cubriendo las apariencias a la tica, las cosas no son muy diferentes cuando afectan a los poderosos. Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias.
Esto es muy grave, no solo porque hace perder la confianza del ciudadano en el sistema judicial, sino porque los grandes jerarcas políticos son un marco referencial como modelo para la población. Cuando estos montan redes de corrupción y resultan impunes de sus delitos, provocan un efecto en cascada que corrompe al resto de la estructura social soñando que pueden delinquir y ser protegidos por las redes montadas desde arriba.
Corrupción y justicia aplicada por parejo, afectando en primer lugar a los jerarcas.
De hecho, la corrupción se ha vuelto un mal, que conjuntamente con la organización criminal, se ha vuelto endémico en el mundo contemporáneo y amenaza la estabilidad política del planeta. Algunos países han podido resistir por cultura y estructuras institucionales muy sólidas especialmente en el norte de Europa, pero son pocos los que han caído en las garras del clientelismo y las organizaciones criminales, que han podido salirse de esa situación. Cabe mencionar algunos ejemplos destacados de Asia, donde la actuación de la justicia ha sido implacable con la corrupción entre los jerarcas, tal es el caso de Singapur, Vietnam y China donde se ha aplicado la pena de muerte a quienes se han enriquecido abusando de su posición. Esta medida que nos puede parecer muy radical y no tiene por qué reproducirse tal cual en nuestros países, ha cumplido la función de invertir el efecto cascada de la corrupción. Esto es muy importante, porque el castigo del jerarca, al cuestionar la impunidad en los niveles más altos, desalienta las tentaciones de enriquecimiento fácil en las bases de la institución.
Desde luego un sistema de justicia recto no es la única solución, es imprescindible, pero debe ir acompañado de un sistema que genere oportunidades de educación, salud y bienestar ambiental, esto, es de oportunidades de vida digna para la especie.
Compartido con SURCOS por el autor. Publicado además en La Nación.
La crisis mundial de la democracia liberal se refleja, entre otros síntomas, en un conflictivo desbalance entre los poderes republicanos. En especial, está en cuestión el principio de “contrapeso” por medio del cual cada Poder puede actuar dentro de su competencia, pero claramente vigilado y equilibrado por los otros.
La situación particular de cada país suele tener diversos matices y hasta grandes diferencias. Se trata de realidades más complejas y específicas de lo que en principio parecen. El ejemplo de Guatemala es atípico puesto que en la mayoría de los casos, digamos El Salvador y Nicaragua, es el Poder Ejecutivo el que asume un rol dominante y avasallador respecto de los otros órganos de control, mientras que en la antigua Capitanía General, el fenómeno es el inverso.
En Guatemala, la víctima del desbalance y abuso de poder, es en efecto el Presidente Arévalo. En Costa Rica, las víctimas de ese conflicto son, por el contrario, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los demás órganos constitucionales de control.
Como ya son varias las ocasiones en que de manera pública el Presidente Chaves Robles se compara con el Presidente Arévalo de León, para insinuar que ambos sufren el mismo problema de acoso en su relación con los otros poderes públicos, he querido desmentir este infundio recordando algunos hechos históricos, para destacar las radicales diferencias entre uno y otro caso.
Después de siglos de incompetencia, corrupción e impunidad en el sistema judicial guatemalteco, en diciembre de 2006 se constituyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mediante convenio entre ese Estado y la Organización de Naciones Unidas. Se trataba de una misión de intervención y acompañamiento al sistema judicial que diera respuesta, especialmente a graves casos de impunidad contra personajes de gran poder político, económico y militar. Se trataba también de fortalecer al Ministerio Público como ente investigador y acusador, así como hacer realidad el principio de independencia en los tribunales de justicia.
Importantes procesos contra el crimen organizado y anticorrupción público/privada pudieron llevarse a buen término; se desmantelaron amplias redes de corrupción y se obtuvieran sentencias condenatorias contra personajes muy poderosos. También se invirtieron grandes recursos en capacitación, equipamiento y fortalecimiento del Ministerio Público y de los juzgados y tribunales de justicia.
La reacción de los sectores políticos tradicionales no se hizo esperar. Con la elección de Jimmy Morales a la Presidencia de la República, en 2019 no se amplió el Convenio de la CICIG, y a partir de este momento, el Congreso Nacional se aseguró de nombrar una Corte Suprema (que incluye una Sala de lo Constitucional), decidida a arrasar con todos los avances que se habían logrado.
Se tergiversó todo el procedimiento de nombramientos de altos jueces (magistrados y jueces de apelación), a cargo del Congreso Nacional, mediante el control de la Comisión de Postulaciones, donde en principio había representación de varios sectores académicos y profesionales, pero que revelaron acciones corruptas donde políticos y agentes del crimen organizado, mediante la compra del voto, intervinieron para colocar sus fichas.
La Corte Suprema despojó de sus competencias al Consejo de la Judicatura y volvió a concentrar poder para hacer nombramiento del resto de los jueces y personal relevante del Poder Judicial. Se han hecho denuncias fundadas por realizarse nombramientos de personas en que no concurren los requisitos, la idoneidad profesional o la constancia de honorabilidad.
Se aseguraron de colocar en la cabeza del Ministerio Público, a personas adeptas a las fuerzas político-partidarias en mayoría, poniendo a este importante órgano de persecución penal al servicio de intereses y vendetas particulares.
Para sólo mencionar dos consecuencias aberrantes de este proceso, mediante excusas pueriles, el Ministerio Público quiso impedir que el Presidente Arévalo asumiera como Presidente de la República legítimamente electo. Sólo la enorme presión interna e internacional impidieron este despropósito. Y lo que resulta más grave aún, la Corte Suprema y el Ministerio Público actuales, se han encargado de levantar procedimientos disciplinarios y denuncias penales (auténticos ejemplos de Law Fare) contra aquellos fiscales y jueces que en su momento –el de la CICIG- cumpliendo con sus obligaciones condujeron investigaciones y pronunciaron sentencias condenatorias en sonados casos de corrupción y crimen organizado. En su mayoría, estos profesionales han pagado el precio del desempleo, la cárcel y, en su mayoría, el exilio por temor a atentados contra su integridad y la de su familia.
Se vuelven claras las diferencias cualitativas. Chaves fue electo y asumió de la manera pacífica y respetuosa con la que se conducen los procesos electoras en Costa Rica. A nadie se le ocurrió cuestionar la voluntad popular que lo llevo al poder. Fue él solito el que creyó, por ignorancia y prepotencia, que podía gobernar mediante decretos ejecutivos, por cierto chapuceros, brincándose las disposiciones legales y los obligados controles de la Administración; fue él quien quiso paralizar o desechar toda la obra pública en marcha, por puro capricho y para crear ruido, sin tener después capacidad para llevar a buen término nada importante, con los costos descomunales que tenemos que pagar ahora entre todos. Ha sido él quien ha manifestado absoluta incapacidad para el diálogo y la negociación, lanzando la consigna de destruir todos los puentes. Es él quien tiene que responder a los cuestionamientos sobre los gastos de la campaña que lo llevó a la Presidencia; y dar cuenta de la opacidad en relación con concesiones, licitaciones y negocios con algunos de sus financistas, vecinos y amigos. Será él, por último, quien tenga que responder por los llamados a la sedición y al derramamiento de sangre. Aquí no hay ningún aparato judicial persiguiendo sin motivo ni razón a un político (Law Fare); sólo existen hechos y conductas que deben investigarse a la luz de las reglas del debido proceso, como tiene que ser en una auténtica democracia.
La única ruta que Chaves Robles nos ha trazado con claridad a los costarricenses, es la de Nayib Bukele. Sueña con irrumpir con la Fuerza Pública y las brigadas paramilitares en el recinto parlamentario. Sueña con 40 diputados para destituir, aunque sea mediante medidas de facto, a los magistrados constitucionales, a los de otras materias y a los magistrados electorales. Sueña con un Fiscal General que se ponga a sus órdenes, archive todas las causas por abuso de poder y corrupción que puede enfrentar a futuro y, al contrario, comience a perseguir a sus críticos y adversarios. También sueña con despojar a la Contraloría de sus competencias para poder hacer los negocios que le plazca, con sus financiadores y allegados, y con el dinero de todos los costarricenses.
Queda entonces demostrado que Chaves Robles no es Arévalo de León. El Presidente de Costa Rica quiere confundir a un público desprevenido que no tiene por qué conocer los detalles de circunstancias históricas muy distintas entre dos países centroamericanos con grandes diferencias. Chaves sólo pretende seguir, con patetismo, la ruta de Bukele.
