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Etiqueta: impunidad

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

El peligro de callar: soberanía, vida y democracia en riesgo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Instituto Sindical de Formación Democrática manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante el ataque a una embarcación en aguas costarricenses, que dejó como resultado la muerte de dos trabajadores del mar y un herido de gravedad.

Más allá de la gravedad del hecho, lo que hoy está en juego es algo aún mayor: el respeto a la vida, la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

Se pretende cerrar el caso con una etiqueta fácil: “narcotraficantes”. Pero en una democracia ninguna etiqueta sustituye la verdad, la prueba ni el debido proceso. Cuando la fuerza letal se utiliza sin explicaciones claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas, no estamos ante seguridad: estamos ante abuso de poder.

Cuando el poder actúa sin explicar, se impone el autoritarismo

Denunciamos con firmeza:

• Que no existe claridad sobre quién ejecutó el ataque, bajo qué marco legal y con qué autorización.

• Que se pretende imponer una narrativa donde preguntar es visto como sospechoso y exigir explicaciones como innecesario.

• Que se está normalizando el uso de la fuerza sin control, lo cual representa un grave retroceso democrático.

Costa Rica no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, acciones militares o de fuerza en su territorio o en sus aguas sin plena transparencia, legalidad y respeto a la soberanía nacional.

Los trabajadores no pueden ser víctimas de esta lógica

Como organización comprometida con la defensa de los trabajadores, advertimos:

• Que, una vez más, los sectores más vulnerables pagan con su vida decisiones que no controlan.

• Que la militarización y la lógica de “disparar primero y explicar después” no resuelven los problemas estructurales del narcotráfico, pero sí destruyen vidas y derechos.

• Que aceptar el silencio y la opacidad es abrir la puerta a más abusos y más impunidad.

Exigimos al país y a sus autoridades

1. Una investigación inmediata, independiente y transparente de los hechos.

2. El esclarecimiento de responsabilidades, incluyendo posibles actores extranjeros.

3. Una posición firme del Estado costarricense en defensa de su soberanía.

4. Respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos, incluso en contextos de lucha contra el crimen.

El silencio no es opción

Hoy no se trata solo de un hecho aislado. Se trata de una señal peligrosa: cuando la sociedad deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

El mayor riesgo para Costa Rica no es solo el crimen organizado, sino que, en su combate, se pierdan los principios que sostienen nuestra democracia.

No se trata de defender delincuentes. Se trata de defender el derecho del pueblo a saber, a cuestionar y a vivir en un país donde el poder tenga límites.

¡NO AL SILENCIO CÓMPLICE!
¡RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL!
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS!
San José, 25 marzo 2026

A 7 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz organizan plantón por su memoria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este próximo miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizará un “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”, al cumplirse siete años de su asesinato, que continúa en la impunidad. La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.

Ante la pregunta ¿Quién lo mató?, las personas organizadoras responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.

¿Quién fue Sergio Rojas Ortiz?

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un reconocido líder del movimiento por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país. Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

 A lo largo de los años fue objeto de agresiones, persecución, criminalización e incluso encarcelamiento por su labor de defensa territorial. En la madrugada del 18 de marzo de 2019 fue asesinado mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa, para ese momento tenía 59 años y con tres hijos.

La violencia contra Sergio Rojas no comenzó con su asesinato. Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.

A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a juicio. Esta decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público.

La resolución llega después de un largo y tortuoso proceso judicial. Desde etapas tempranas del caso se intentó cerrar la causa: en 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento y archivo del expediente, lo que generó el rechazo de familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, así como presión nacional e internacional. Tras una audiencia oral realizada en diciembre de 2020, en febrero de 2021 un juez resolvió que la investigación debía continuar.

Durante el proceso también se conoció la filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios de testigos e intervenciones de comunicaciones. Según ese informe, los investigadores lograron identificar mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen, en los que incluso se mencionaba la posibilidad de que el día del asesinato “lo cazaran”.

El asesinato de Sergio Rojas Ortiz constituye un crimen político ocurrido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica contra los pueblos indígenas. Esta situación está profundamente vinculada tanto al racismo institucional como a la falta de acciones efectivas del Estado costarricense para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular aquellos relacionados con la recuperación y protección de sus territorios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Los retratos

Escrito en . Publicado en Cultura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Breve relato de ficción)

Cuando el demagogo-autoritario tomó control de los gobiernos en aquella república tropical, el senador en retiro supo que todo estaba consumado. Sin embargo, sabía también que el principio del fin de la democracia había comenzado mucho tiempo antes. Desde décadas atrás había síntomas propicios para la debacle. El viejo exsenador reparaba, sobre todo, en un hecho de particular valor simbólico: los retratos al óleo de los políticos corruptos con gestos de inmortal señorío, a pesar de los escándalos, los juicios, las condenas y los autoexilios, nunca fueron removidos de las paredes: paredes de las galerías de honor en los colegios donde estudiaron; paredes de salones de ex presidentes; paredes de los gremios profesionales de pertenencia…

El demagogo autoritario, tanto o más corrupto que aquellos figurones fijados en los fríos murales del tiempo, tomó control de los gobiernos con su manido discurso contra la corrupción y la impunidad, mientras aquellos figurones le daban la razón al seguir pisando alfombras rojas, sentándose en primera fila en aniversarios y fiestas patrias, lanzándose de nuevo como candidatos o dando sonoras adhesiones en justas electorales… como si nada hubiera pasado.

Jerhy Rivera, seis años después: la herida que sigue abierta en Térraba

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Mauricio Álvarez Mora, ecologista y Docente UCR UNA

Hoy, 24 de febrero, se cumplen seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, joven dirigente indígena Bröran del territorio de Térraba. Son seis años de impunidad, dolor y una herida abierta que interpela de manera directa al Estado costarricense y a su sistema de justicia.

Jerhy nació el 1.º de noviembre de 1974 en Térraba. Desde muy joven se destacó como un dirigente valiente y vehemente, comprometido con la lucha contra el despojo territorial, la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y la defensa de los bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos en la resistencia frente a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquís, defendiendo el río Grande de Térraba con una claridad que aún resuena: “El río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

Jerhy fue asesinado por la espalda, a balazos, dentro del territorio indígena Bröran de Térraba, a los 46 años. Su asesinato fue el resultado de un linchamiento promovido por personas no indígenas que usurpan tierras indígenas desde hace décadas. Este crimen no puede comprenderse sin señalar la responsabilidad directa del Estado: la Fuerza Pública estaba presente, fue testigo directo de los hechos y no intervino.

La mañana de ese día, hace seis años, varias familias del pueblo Bröran iniciaron un nuevo proceso de recuperación territorial. Entre ellas estaba la familia Rivera. Antes de estas recuperaciones, el pueblo Bröran apenas ejercía control efectivo sobre el 10 % de su territorio, mientras que el 90 % permanecía en manos de personas no indígenas, incluyendo fincas ganaderas de hasta mil hectáreas concentradas en una sola persona. Muchas familias indígenas fueron expulsadas de sus tierras legalmente asignadas y forzadas a migrar.

La respuesta a esa recuperación fue brutal. Una turba de personas no indígenas se organizó con el objetivo, según sus propias expresiones, de “tajadear” al líder indígena Pablo Sibar Sibar, quien también ha sobrevivido a múltiples atentados y actos de violencia. Por milagro no hubo más víctimas mortales. La familia de Jerhy relató que la noche anterior al asesinato sobrevivieron a un ataque armado perpetrado por más de cien personas no indígenas, que actuaron con total violencia, a la vista y paciencia de la Fuerza Pública.

En 2020, el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas elevó a juicio la causa contra un hombre de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma. En agosto de 2022, este mismo sujeto se presentó de noche a una actividad pública con autoridades en la Escuela de Buenos Aires de Puntarenas y declaró, con cinismo y agitación: “yo fui el que lo maté”. El público lo aplaudió. Todo quedó registrado y fue transmitido en vivo por Facebook.

El 1.º de febrero de 2023, un tribunal de Pérez Zeledón lo condenó a más de 20 años de prisión por homicidio calificado, portación ilegal de arma y amenazas agravadas contra una testigo. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó su liberación, anuló el juicio y dispuso la realización de uno nuevo, alegando vicios en el procedimiento. A finales de 2024, el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió al principal imputado, argumentando que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la familia querellante.

Este asesinato y el largo proceso judicial que le siguió han dejado al sistema de justicia seriamente cuestionado, con evidentes signos de racismo institucional. Han dejado a la familia de Jerhy profundamente herida y abatida; al pueblo Bröran con la amarga lección de cuánto vale la vida de una persona indígena en este país; y a quienes hemos acompañado durante años estos procesos de defensa del territorio y de los derechos humanos, en un estado de indignación profunda.

A seis años del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, la impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje político. Un mensaje que normaliza la violencia contra los pueblos indígenas protege a los usurpadores y castiga, una y otra vez, a quienes defienden la vida, el territorio y la dignidad. Recordar a Jerhy no es un acto simbólico: es una exigencia de verdad, justicia y reparación, y una denuncia permanente contra un Estado que sigue llegando tarde -o no llegando- y que, cuando llega, protege y legitima a los agresores, no a los pueblos originarios.

Notas sobre el Codo del Diablo

Escrito en . Publicado en Formación.

Trino Barrantes Araya
camilosantamaria775@gmail.com

Han transcurrido 77 años de un horrendo crimen político y los autores intelectuales nunca fueron juzgados. Pero hagamos un breve recorrido antes de los acontecimientos del Asesinato del Codo del Diablo, a fin de reconocer los elementos más representantes de la coyuntura que antecede al Codo del Diablo.

Señalamos lo siguiente. Aunque desde un principio la posibilidad de inscribir un Partido Comunista ha sido imposible, aun en nuestros días, también es cierto que el papel de los comunistas por vía del proceso electoral no es nada despreciable.

Así, en 1932, en los primeros comicios electorales en los cuales tiene participación nuestro glorioso Partido, con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, logra elegir dos diputados, el Zapatero Efraín Jiménez y al estudiante de derecho Manuel Mora Valverde; para la municipalidad de San José, fueron electos los obreros Guillermo Fernández y Adolfo Braña.

No debemos olvidar que, dos años antes, en 1934, se logra una de las principales derrotas al imperialismo yanqui, en el corazón de uno de sus enclaves más poderosos, la United Fruit Company. El papel destacado de la dirigencia del Partido Comunista fue muy significativo.

El primer lustro de los años 40 deja una impronta que definitivamente marca el ritmo del siglo XX. El Código de Trabajo, Las Garantías Sociales, La Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, van ampliando el sello en donde se materializó la influencia de los comunistas costarricenses, en donde la militancia del Partido Vanguardia Popular inscribe su sello revolucionario.

En ese mismo orden de las grandes conquistas del partido de los comunistas costarricense, debemos señalar que, en el año de 1946, se promulgó el primer Código Electoral impulsado por el Partido Vanguardia Popular. Le correspondió al camarada Lic. Luis Carballo Corrales, diputado Vanguardista ante el Congreso, la redacción del mismo. Lo novedoso de esta propuesta es que por primera vez se limitaba la potestad al Poder Ejecutivo de intervenir directamente en la organización, dirección y supervisión del proceso electoral (Arce,1987:36).

La cita nos sirve para reconocer los antecedentes que servirán de marco general a lo que la historia nacional conoce como la Guerra Civil del 48.

La Guerra Civil del 48 sirvió para desenmascarar el verdadero contenido dominante de la burguesía criolla. Al menos así lo demostraron los hechos surgidos desde la represión, consolidados en dicho proceso, mediante todos los mecanismos coercitivos contra la izquierda histórica de este país, cuyo punto más álgido lo constituyó, entre muchos otros crímenes resultado del conflicto, el asesinato del Codo del Diablo.

Enrique Benavides, con una pluma prístinamente incisiva, en su libro: “El crimen del Codo del Diablo”, nos narra lo siguiente.

“…El viaje a San José se haría en el Motocar 156 de la Northern Railway Company. A las 7:30 PM, salieron de Limón, justo el 19 de diciembre de 1948; custodiados por el Capitán Manuel Zúñiga Jirón, el Subteniente Clarencio Aulud Alvarado y Hernán Campos Esquivel…”

Por su parte Eduardo Mora, escribe parte de los procesos que vivió esa época, de la manera siguiente:

“…a 15 miembros de la Juventud del Partido los fusilaron en Quebradillas; a 60 militantes en El Tejar, y a dos, liberados de la Penitenciaría Central por orden de un juez, los llevaron hasta La Cangreja, en Cartago, y allí los mataron. Uno de ellos fue Edwin Vaglio, hijo de Tobías Vaglio. (Mora,2000:189).

No solo la historiografía costarricense ha tenido que ver con este evento. También la literatura costarricense ha expuesto sobre el acontecimiento del Codo del Diablo.

José Jacinto Brenes Molina en su artículo sobre el tema en referencia,

“…estudia tres obras de la literatura costarricense (Los vencidos, El eco de los pasos y Final de calle de los autores Gerardo César Hurtado, Julieta Pinto y Quince Duncan, respectivamente) las cuales se producen durante la década de 1970. Significativamente las tres novelas se refieren a los hechos de la Guerra Civil de 1948 con una intención que pueda ser comparada literariamente…”

Por su parte el novelista Gerardo César Hurtado, refiriéndose al texto anterior indica lo que sigue:

“…La figura de José Figueres y su principal obra política es puesta en la balanza literaria de tres narradores costarricenses. Mediante un análisis de base sociológico-literario, el artículo demuestra que las novelas: Los vencidos, El eco de los pasos y Final de calle se estructuran alrededor de la tesis de que los ideales que inspiraron el surgimiento de la Segunda República liderada por José Figueres Ferrer fueron traicionados en la práctica política posterior…”

En otro texto, pero en el mismo contexto que referimos, el poeta y ensayista Alfonso Chase, subraya lo siguiente:

“…La historia es fácil, ahora que se tiene nueva información. Fue un asesinato selectivo. Rumores que corrieron en Limón, en esos días previas a la Natividad, sobre un escarmiento que se iba a hacer en la persona de algunos militantes del Partido Vanguardia Popular, para prevenir un alzamiento interno. Los detenidos fueron capturados en sus casas y encarcelados, días antes, sin ningún cargo específico, cuando no fuera su militancia política y el respeto de que disfrutaban entre sus amigos, vecinos, militantes y entre la gente honrada de Limón”.

Nos corresponde a las nuevas generaciones y principalmente a la juventud, reescribir la nueva historia. Pero la historia no puede ser desprovista de una clara visión política e ideológica y en consecuencia, reescribir desde una perspectiva clasista.

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

No es solo un caso más

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Regresó a casa de la peor forma posible: humillado, lacerado en todo su cuerpo, en estado vegetal y sin poder hablar. Es esta una de las maneras en las cuales la política migratoria de Estados Unidos trata a los migrantes deportados: los animaliza y barbariza hasta el extremo.

No hablamos de los cientos de miles de centroamericanos que han recibido para sí la dureza del sistema migratorio emprendido este año por el ¿presidente? Donald Trump y que ya en las administraciones demócratas de Obama y Biden habían sido duramente castigados con las peores y antihumanas acciones de detención, rechazo y deportación.

Hablamos del costarricense Randall Barboza Esquivel, quien fuera detenido en diciembre anterior por encontrarse en estado irregular en aquel país. De inmediato fue recluido en el sistema de detención de ICE y durante varios meses mantuvo comunicación con su familia hasta perderla por completo en junio de este año.

A partir de allí fue declarado desaparecido; las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en setiembre, siendo otra persona, en condiciones deplorables de salud.

Al tiempo de escribir esta columna se conoce del deceso de Randall en el hospital de Pérez Zeledón, siendo quizá uno de los casos que quedarán en la impunidad para siempre.

Es uno de los cientos de costarricenses que conforman el sistema migratorio desde el sur del país (Pérez Zeledón-Zona de Los Santos) hacia los Estados Unidos. Con el afán de mejorar sus condiciones de vida, emprendió la experiencia migratoria, que se vio truncada con las condiciones ya conocidas.

Saber exactamente qué le ocurrió entre junio y setiembre es una impronta para sus familiares, que ahora claman justicia una vez fallecido. Una y otra vez “pegaron” contra la impenetrable muralla de la institucionalidad migratoria del país del norte buscando respuestas. Nunca las obtuvieron.

Su política, ya lo dijimos en varias ocasiones, es una vergüenza. Como vergonzoso fuera el que el gobierno de Costa Rica aceptara dos vuelos con personas deportadas al promediar la primera parte del año.

La situación de Randall no es un número más en la indigna estadística de la peor estructura migratoria a nivel global. Se trata de humanidad y justicia, dos conceptos que hoy en día se han difuminado hasta volverse invisibles.

Nos toca a quienes creemos en ellos restituirlos, traerlos al presente, volverlos letra viva para que esta civilización deje la barbarie y vuelva a creer en sí misma.