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Por Marlin Oscar Ávila
11 de abr. de 22

Hemos presenciado la prolongada fiesta que se ha vivido en Honduras por la aprobación del larguísimo tramite judicial y administrativo sobre la extradición del ex presidente Juan Orlando Hernández hacia la Corte Sur de Nueva York, EUA. Ahora, “la extradición ya está firme de pleno derecho: el juez natural la otorgó, la Corte Suprema de Justicia la confirmó al denegar el recurso de apelación, y luego una corte ad hoc declaró inadmisible el recurso de amparo. Al haber estas tres sentencias judiciales conformes, se agotaron las vías legales y ya no cabe ningún otro recurso, por lo que conforme a derecho el otorgamiento de la extradición es una sentencia firme. Solo restan los meros trámites para cumplimentar su salida del país.”[1]

Es difícil no contagiarse de esa alegría popular y de parte de la clase política nacional. Desde luego, hay un pequeño sector social popular y otro de la clase política que ha sustentado ese poder, que no celebra ese hecho, porque estuvo gozando de los beneficios que obtuvo mientras el Partido Nacional sustentó por casi 13 años ese poder conservador, dictatorial y criminal, quien se aprovechara usurpando e interrumpiendo fraudulentamente el proceso de recuperación de la democracia electoral iniciada en 1982.

Los grandes medios del poder fáctico, muchas redes sociales y burócratas del actual gobierno, e incluso algunos sectores de la izquierda nacional, han hecho creer que el procesamiento judicial que le espera al ex presidente Hernández, líder de uno de los mayores carteles del narcotráfico continental, es lo mejor que le puede ocurrir a Honduras en el presente año. Como trasfondo esta sociedad tiene el juicio y condena al hermano menor del expresidente, el ex diputado, Antonio Hernández, por el mismo delito de narcotraficante hace 13 meses[2], solamente que Juan Orlando Hernández no fue el operador, sino el cerebro de todo este largo crimen organizado.

Sin embargo, esos trámites de extradición parecen más lentos que el fin de la guerra en Ucrania, territorio donde se libra una batalla entre las grandes potencias mundiales.

Lo que la clase política y el sistema de justicia pareciera olvidar es que, la familia Hernández y su círculo mafioso no solamente se dedicó al tráfico de estupefacientes hacia EUA, por lo cual la Corte de Nueva York los ha solicitado en extradición. Este grupo de mal nacidos, desde que tomaron el poder político de la nación, son supuestos causantes de otros delitos, como la persecución a ciudadanos inocentes, asesinato y desaparición de personas inocentes, incluyendo a defensores de los derechos humanos y a políticos opositores al Partido Nacional. Muchas familias tuvieron que emigrar de Honduras por causa de sus políticas contra el bienestar social y desfalcos al erario público. Bajo la administración de ese gobierno, se “aseguraron” bienes y fortunas de empresarios e inversionistas que luego se extraviaron en la OABI u otros funcionarios.

Sí hubiese un sistema de justicia adecuado y una clase política que piensa en todas las victimas que dejaron los Hernández, la extradición de JOH, no sería la prioridad, porque los gringos no se interesan por los daños sufridos por la ciudadanía hondureña y la información que extraigan no será vinculada a las víctimas hondureñas, pero a las estadounidenses consumidoras de drogas. Los familiares catrachos de las victimas que lloran a sus parientes, podrán seguir lamentándose, porque el castigo, aunque fuesen dos o más cadenas perpetuas no es ni será por los crímenes contra hondureños.

Así es que los hechos de los círculos criminales y mafiosos en Honduras, prácticamente quedarán impunes, el poder judicial y muchos abogados involucrados de su defensa, se considerarían exitosos en haber mantenido la impunidad que reina en este país centroamericano.

[1] Dr. Ramón Romero  (8 de abril, 2022)

[2] https://elpais.com/internacional/2021-03-30/ee-uu-condena-a-prision-de-por-vida-por-narcotrafico-al-hermano-del-presidente-de-honduras.html