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Etiqueta: impunidad

ABACOTE DE CARLOS ALVARADO HONRÓ EL DIABLO AMBIENTAL

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”1.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo2. Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas3,4 .

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas10, organizaciones sindicales11, campesinos, ambientalistas12, etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica13. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando16 la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas17 y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo18, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible19, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 202220. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta22; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid23, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 202126.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”27. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas28, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME29 que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

 Año D1 D2 D1+ D2 % D2
2022 149*  345*  494* 69.8
2021 609 1276 1.885 68.0
2020 692 1.013 1.705 59.4
2019 848 709 + 579** 2.136 60.3
2018 986 1.172 2.158 54.3
Total 3.213

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA30,31 y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA34. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas35, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo36 sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

1.https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/04/ocde-reconoce-el-liderazgo-de-costa-rica-en-materia-ambiental-como-un-componente-que-fortalecera-a-la-organizacion/

  1. https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

  1. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

  1. https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

8.https://costaricaintegra.org/comunicados-de-prensa/bicentenario-sin-derecho-pleno-de-acceso-a-la-informacion/

9.http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

10.https://semanariouniversidad.com/pais/mas-de-80-agresiones-contra-pueblos-indigenas-fueron-documentadas-en-la-zona-sur-durante-2020/

11.https://anep.cr/dirigentes-sindicales-perseguidos-en-el-gobierno-de-carlos-alvarado-violador-de-derechos-humanos/

12.https://www.informa-tico.com/29-03-2016/jairo-mora-justicia-impunidad

13.https://www.cepal.org/es/noticias/presidente-costa-rica-vicesecretaria-general-la-onu-secretaria-ejecutiva-la-cepal

14.https://www.monumental.co.cr/2021/02/09/fiscalia-abrio-17-causas-penales-contra-presidente-carlos-alvarado-en-lo-que-va-de-su-mandato/

15.https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/473293/presidente-tiene-13-causas-penales-abiertas

16.https://www.dw.com/es/chile-quiere-recuperar-el-liderazgo-del-acuerdo-de-escazu/a-61246221

  1. Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas | Diario Digital Nuestro País (elpais.cr)

18.https://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/474527/8-000-personas-presentaron-su-curr-culo-a-chaves-

  1. ttps://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Energ_(Costa_Rica)

20.https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-04-20/solo-12-paises-han-ratificado-hasta-ahora-el-primer-gran-tratado-ambiental-de-latinoamerica.html

21.https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/noticias/banca-multilateral-ocde-consideran-fundamental-acuerdo-escazu-generar-un-clima-inversiones

  1. https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
  2. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/carlos-alvarado-dejamos-la-casa-ordenada-y-eso-es-un-logro/10001-4772294

24.https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC

25.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC

26.https://rebelion.org/la-inconsecuente-politica-ambiental-de-costa-rica-un-producto-de-las-alianzas-publico-privadas/

27.https://www.setena.go.cr › documentos › Informes/Informe anual de labores 2021

28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

  1. https://www.larepublica.net/noticia/denuncias-ambientales-aumentaron-un-86-en-2018

31.https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/290-21-denuncias-sitada

32.https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-estrena-seccion-especializada-en-dano-a-mantos/JS66LPNS2JE2NNXQIV2REJSENE/story/

33.https://enbcr.go.cr/sites/default/files/informe_labores_2019_comision_nacional_seguridad_ambiental.pdf

34.https://www.larepublica.net/noticia/54-del-total-de-trabajo-que-realiza-setena-se-hara-en-linea

35.https://www.elpais.cr/2022/04/26/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

36.https://www.elpais.cr/2022/04/28/alvarado-abogo-porque-costa-rica-continue-liderazgo-ambiental/

Imagen tomada de civilsocietyreview.org

La impunidad local del Cartel Hernández

Por Marlin Oscar Ávila
11 de abr. de 22

Hemos presenciado la prolongada fiesta que se ha vivido en Honduras por la aprobación del larguísimo tramite judicial y administrativo sobre la extradición del ex presidente Juan Orlando Hernández hacia la Corte Sur de Nueva York, EUA. Ahora, “la extradición ya está firme de pleno derecho: el juez natural la otorgó, la Corte Suprema de Justicia la confirmó al denegar el recurso de apelación, y luego una corte ad hoc declaró inadmisible el recurso de amparo. Al haber estas tres sentencias judiciales conformes, se agotaron las vías legales y ya no cabe ningún otro recurso, por lo que conforme a derecho el otorgamiento de la extradición es una sentencia firme. Solo restan los meros trámites para cumplimentar su salida del país.”[1]

Es difícil no contagiarse de esa alegría popular y de parte de la clase política nacional. Desde luego, hay un pequeño sector social popular y otro de la clase política que ha sustentado ese poder, que no celebra ese hecho, porque estuvo gozando de los beneficios que obtuvo mientras el Partido Nacional sustentó por casi 13 años ese poder conservador, dictatorial y criminal, quien se aprovechara usurpando e interrumpiendo fraudulentamente el proceso de recuperación de la democracia electoral iniciada en 1982.

Los grandes medios del poder fáctico, muchas redes sociales y burócratas del actual gobierno, e incluso algunos sectores de la izquierda nacional, han hecho creer que el procesamiento judicial que le espera al ex presidente Hernández, líder de uno de los mayores carteles del narcotráfico continental, es lo mejor que le puede ocurrir a Honduras en el presente año. Como trasfondo esta sociedad tiene el juicio y condena al hermano menor del expresidente, el ex diputado, Antonio Hernández, por el mismo delito de narcotraficante hace 13 meses[2], solamente que Juan Orlando Hernández no fue el operador, sino el cerebro de todo este largo crimen organizado.

Sin embargo, esos trámites de extradición parecen más lentos que el fin de la guerra en Ucrania, territorio donde se libra una batalla entre las grandes potencias mundiales.

Lo que la clase política y el sistema de justicia pareciera olvidar es que, la familia Hernández y su círculo mafioso no solamente se dedicó al tráfico de estupefacientes hacia EUA, por lo cual la Corte de Nueva York los ha solicitado en extradición. Este grupo de mal nacidos, desde que tomaron el poder político de la nación, son supuestos causantes de otros delitos, como la persecución a ciudadanos inocentes, asesinato y desaparición de personas inocentes, incluyendo a defensores de los derechos humanos y a políticos opositores al Partido Nacional. Muchas familias tuvieron que emigrar de Honduras por causa de sus políticas contra el bienestar social y desfalcos al erario público. Bajo la administración de ese gobierno, se “aseguraron” bienes y fortunas de empresarios e inversionistas que luego se extraviaron en la OABI u otros funcionarios.

Sí hubiese un sistema de justicia adecuado y una clase política que piensa en todas las victimas que dejaron los Hernández, la extradición de JOH, no sería la prioridad, porque los gringos no se interesan por los daños sufridos por la ciudadanía hondureña y la información que extraigan no será vinculada a las víctimas hondureñas, pero a las estadounidenses consumidoras de drogas. Los familiares catrachos de las victimas que lloran a sus parientes, podrán seguir lamentándose, porque el castigo, aunque fuesen dos o más cadenas perpetuas no es ni será por los crímenes contra hondureños.

Así es que los hechos de los círculos criminales y mafiosos en Honduras, prácticamente quedarán impunes, el poder judicial y muchos abogados involucrados de su defensa, se considerarían exitosos en haber mantenido la impunidad que reina en este país centroamericano.


[1] Dr. Ramón Romero  (8 de abril, 2022)

[2] https://elpais.com/internacional/2021-03-30/ee-uu-condena-a-prision-de-por-vida-por-narcotrafico-al-hermano-del-presidente-de-honduras.html

FRENAPI: Memorial PÖ PATÖK, de Uniwak Sergio Rojas Ortiz a 3 años de su asesinato impune

Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, en apoyo con el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena les compartimos una recopilación del memorial PÖ PATÖK, de Uniwak Sergio Rojas Ortiz, a 3 años de su asesinato impune.

¡Su memoria vive!

¡Sergio Vive, la lucha sigue y sigue!

El video está disponible en Facebook en el siguiente enlace: Memorial Pö Patök de Sergio Rojas Ortiz

 

Compartido con SURCOS por FRENAPI.

Gabriel Pimenta: por el derecho a defender derechos

Comunicado de prensa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública los días 22 y 23 de marzo sobre el caso Gabriel Sales Pimenta vs Brasil. La audiencia comenzó a las 11:00 am de Brasilia y fue transmitida en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

Gabriel Sales Pimenta nació en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 1954. Hijo de Geraldo y Maria da Glória, tenía seis hermanos: Sérgio, Zé, Marcos, Rafael, André y Daniel. A lo largo de su vida estudiantil estuvo muy involucrado en los procesos políticos donde mostró mucho interés por los desafíos que planteaba el derecho a la tierra en el país. Se graduó en Derecho en la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF) y luego trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Pará donde fue asesinado el 18 de julio de 1982, luego de recibir varias amenazas.

Los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales del asesinato fueron identificados, pero nunca llevados al juicio. El proceso terminó con la prescripción de los principales imputados 24 años después del crimen, fruto de la indulgencia y connivencia del Estado, que incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral da Tierra (CPT) denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y, recientemente, el caso llegó a la Corte.

Aunque han pasado casi 40 años desde el asesinato de Gabriel, su caso ilustra un patrón de violaciones cometidas por el Estado brasileño contra los defensores de los derechos humanos, especialmente los que trabajan por el derecho de acceso a la tierra y al medio ambiente.

Según datos de la CPT, de 1980 a 2020, 115 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el estado de Pará. De ese total, sólo 26 de ellos tuvieron sus causas concluidas y sólo algunos de los responsables de los crímenes fueron juzgados.

La impunidad de estos crímenes alimenta la violencia en el campo y la persecución contra las personas defensoras que luchan por la justicia, la igualdad y la democracia. Brasil es el tercer país del mundo con mayor tasa de homicidios de defensores de derechos humanos según la organización Front Line Defenders y hasta la fecha no existe en el país un mecanismo efectivo para la prevención y protección de estas personas, ni datos oficiales sobre su ocurrencia.

El caso de Gabriel permite a la Corte Interamericana analizar el deber agravado del Estado brasileño de investigar, juzgar y, eventualmente, condenar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos en Brasil, así como la necesidad de adoptar medidas de debida diligencia en la persecución de estos delitos.

Asimismo, se discutió la falta de adopción por parte del Estado de medidas efectivas para atacar las causas estructurales de esta violencia, como es el derecho a la tierra. Igualmente, el caso garantizará el derecho a la verdad sobre lo sucedido a Gabriel y la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia.

De ser condenado, se espera que la Corte Interamericana determine que el Estado brasileño debe adoptar medidas tales como fortalecer el programa de protección de defensores de derechos humanos y establecer protocolos para la actuación diligente en estos casos, con el fin de prevenir estos crímenes y que casos como el de Gabriel Pimenta no se vuelvan a repetir.

Enlace para la audiencia:

https://www.facebook.com/CorteIDH/videos/383917843277714

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Tercer aniversario del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak

SURCOS comparte la siguiente información:

A tres años del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz, se le agradece colaborar y acompañar durante todo el mes de marzo de la siguiente manera:

  • Compartiendo en sus redes sociales la serie de gráficas que incluyen frases de Sergio Rojas y frases acerca de Sergio Rojas disponibles en la página de Facebook del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y del Comité de Apoyo de la Autonomía Indígena. También usted puede agregar su propia frase acerca de Sergio Rojas, su lucha, su reclamo de justicia y puede compartirla. Pueden compartir además el video de la campaña. Agradecemos compartir usando el hashtag #JusticiaParaSergio.
  • Compartiendo comunicados del FRENAPI disponibles en la página de Facebook del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y del Comité de Apoyo de la Autonomía Indígena.
  • Participando en la actividad memorial del Concejo Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre. Que se realizaría el 19 de marzo del 2022 a las 7:00 am.

Alerta temprana: Insultan, amenazan de muerte a personas recuperadoras y dañan rancho en nueva recuperación del Territorio Yamabí Dí

Concejo Iríria Sat Kök del Territorio Yamabí Dí

El viernes, 18 de marzo del 2022, a las 12:25 de la tarde en horas del inicio de la nueva recuperación de tierra-territorio en el Territorio Yamabí Dí (también conocido como Cabagra), dos sujetos no indígenas, mostraron sus armas de fuego y amenazaron de muerte a las personas recuperadoras, insultándolos y dañando un rancho que construyeron como parte del proceso de reafirmación territorial.

Esta nueva recuperación se encuentra a 1 kilómetro al sur de la carretera a las Palmas, en el Territorio Yamabí Dí (conocido como Cabagra). La recuperación fue realizada el día de hoy, 18 de marzo, en conmemoración al tercer aniversario de la siembra de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak, del Territorio Bribri de Salitre.

A la 1:10 p.m., no se había hecho presente la Fuerza Pública en la finca, a pesar que desde el inicio de la recuperación de tierra-territorio se reportó la necesidad de su presencia en el lugar. Aunque los dos sujetos se habían retirado del lugar, se reporta la llegada de tres sujetos a la 1:30 p.m.

Se exige presencia policial permanente en el lugar, y se demanda al Poder Ejecutivo que garantice la integridad física y la vida de las personas recuperadoras. Cualquier agresión en contra al Pueblo Bribri de Yamabí Di es responsabilidad del Estado costarricense.

 

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

Imagen: Territorio indígena Yamabí Dí. Imagen de CLSS.

Salitre se despide de Sergio Rojas

Más de 200 personas acudieron al entierro de Sergio Rojas en Salitre, en la tierra que reclamó durante años. Hoy, el 18 de marzo del 2022, tres años después del asesinato del líder indígena, su caso sigue impune. Aunque la investigación sigue vigente, según Oscar Retana, el abogado de la familia de Rojas, dos de los tres principales sospechosos huyeron del país.

Se estima que la mayoría de los terrenos en Salitre están en manos de no indígenas, y Sergio Rojas denunció la constante violencia física y patrimonial en el territorio indígena de está zona.

A continuación, compartimos el video en el siguiente enlace: https://fb.watch/bQr9yk-xg4/

 

Foto: Reuters

Compartido por SURCOS por Interferencia

Canción: Sergio Rojas vive

Filmado el 22 de febrero del 2020 por Buen Vivir Costa Rica, Oscar Espinoza Ramos nos comparte esta canción en homenaje a Sergio Rojas. Este líder Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica, fue asesinado el 18 de marzo del 2019 en su propiedad, debido a sus esfuerzos por la recuperación de territorio indígena. Después de tres años, este asesinato permanece impune ante la mirada cómplice de las autoridades.

Compartimos la canción:

Tercer aniversario del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz del clan Uniwak

Este 18 de marzo son tres años de impunidad del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, Bribrí de Salitre del Clan Uniwak, Defensor de Derechos Humanos miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019, por 14 balazos, en su casa de habitación en Yeri de Salitre.

Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado Costarricense, en su conjunto, de cumplir y garantizar los Derechos Indígenas. El FRENAPI, se mantiene en lucha por la recuperación de todas las Tierras/Territorio indígenas, avanzando en el Proceso de Afirmación Territorial. 

Exigimos el esclarecimiento del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, y que se detenga la ola de violencia contra nuestros pueblos. 

#JusticiaParaSergio

 

Publicado en: https://www.facebook.com/306824652789688/posts/2404792522992880/?sfnsn=mo

Tres años de impunidad. ¡Sergio Rojas tu semilla florece!

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Viernes 18 de marzo de 2022. Hace 3 años las voces del odio acabaron con la presencia física del compañero Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, al sur de Costa Rica.

Ante la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios por parte de personas no indígenas y la inacción del Estado; Sergio y el Pueblo Bribri de Salitre comenzaron a recuperar las tierras – territorios que les pertenecen, luego otros Pueblos siguieron su ejemplo.

Ante este ejercicio del derecho a la tierra, la respuesta de los ocupantes ilegales y grupos de poder ha sido la violencia, y por parte del Estado la violación a los derechos humanos de estos Pueblos perpetuando además la impunidad.

Ante las múltiples agresiones contra los Pueblos Originarios, ninguno de los agresores ha sido sancionado penalmente; el único que estuvo privado de libertad 7 meses por razones políticas fue Sergio Rojas en el 2014; en una causa judicial donde hasta el día de hoy  no se ha presentado la pieza acusatoria.

A pesar de las amenazas de muerte y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015 a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba, el Estado de Costa Rica fue incapaz de garantizar la vida e integridad de Sergio y de los Pueblos Originarios.

Después de 3 años de su asesinato, el Poder Judicial ha sido incapaz de avanzar en el establecimiento de los autores intelectuales y materiales del crimen, esto a pesar de que en el Buenos Aires de Puntarenas es «vox populi» o de conocimiento público quienes mandaron a asesinar a Sergio.

A pesar de que la Fiscalía General conformó un equipo «especial» para atender el caso; 3 años después no hay ningún avance significativo, ni resultado alguno para que se haga justicia.

La misma Fiscalía solicitó en el 2020 el archivo temporal del caso y el Juzgado Penal de Buenos Aires se había negado a ordenar  allanamientos y otras diligencias importantes para el caso.

Ante esta impunidad, los Pueblos Originarios han continuado con los procesos de recuperación de sus territorios y denunciando la agresiones y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado de Costa Rica por omisión o acción; exigiendo justicia.

¡Sergio vive, la lucha sigue!

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

 

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