Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), junto a otras organizaciones del país, invita a la presentación del “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero a diciembre 2022)”.
Este informe consiste en un ejercicio de justicia popular, de memoria histórica y una acción concreta ante la impunidad imperante. Ante la impunidad, violencia de parte del Estado, de individuos y organizaciones particulares, la CLSS se da la tarea de documentar, sistematizar, publicar y denunciar una serie de incidentes de seguridad que afectan a los Pueblos Originarios que se encuentran inmersos en procesos de recuperación de tierra-territorio en la Zona Sur del país. Labor que ya ha venido siendo realizada desde el 2020.
El cronograma de actividades será es el siguiente:
– Martes 12 de setiembre – 5p.m, presentación y discusión en el Auditorio de Geología en la Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio).
– Miércoles 13 de setiembre – 10:30a.m, presentación oficial en la Sala de Conferencias de Prensa de la Asamblea Legislativa.
Contarán con la participación de personas voceras de organizaciones propias de los Pueblos: Bribris de Salitre y Yäbami Dí Kàtá (Cabagra), Brörán de Térraba y Cabécar de China Kichá. También los estará acompañando Nery Chaves García, encargada de investigar y sistematizar el informe, e Isabel Ducca integrante del Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok.
En las actividades se presentarán los principales resultados de la investigación y escucharemos los testimonios de distintas personas recuperadoras de los Pueblos Originarios.
La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.
En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.
Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.
En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).
Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.
Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.
“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.
No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.
En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.
Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.
En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.
Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.
Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.
“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.
La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.
Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.
En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.
Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.
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General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.
II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.
Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.
El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.
Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.
En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.
En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada.Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.
A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.
En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.
Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.
El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.
“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.
Si nosotras que no hemos pasado por el calvario de tener que enterrar a un hijo asesinado porque era una persona honesta, luchadora, defensora de la Madre Tierra, hoy 17 de julio del 2023 sentimos una indignación y un dolor profundos por constatar la destrucción de los principios más elementales del derecho y la justicia, ¿cómo se sentirá usted?
Sabemos que estas palabras no pueden, aunque lo deseamos, aliviar su pesar.
¡La impunidad reina una vez más en los territorios ancestrales! ¡El asesino de Jerhy Rivera puede pasear nuevamente su crueldad por las calles de Buenos Aires! Las personas orgullosas de escupir violencias y agresiones contra nuestros pueblos originarios lo aplaudirán y saldrán a saludarlo cual mesías enviado por los conquistadores del pasado y del presente.
Hoy, el Estado costarricense y el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 al anular la sentencia del Tribunal Penal de Buenos Aires de Puntarenas del 1 de febrero de 2023, reafirman su vocación de aplicar el racismo, la discriminación y el uso de la violencia contra los pueblos originarios.
Este fallo es la expresión de la ruina del Estado social de derecho, es la expresión del racismo en la estructura judicial, y con ello la protección al asesino de Jerhy Rivera y otra muestra de impunidad.
El asesino de Jerhy Rivera y de quienes han estado acuerpando estos hechos son la cara actual de aquellos que llegaron a estas tierras a usurpar lo que no les pertenecía. Es un simulacro de los fariseos que Jesús sacó del templo y vinieron aquí a matar para saciar su hambre de oro.
El asesino de Jerhy es un alumno destacado de la escuela del terror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso, pavonearse en espacios públicos diciendo que era el asesino y luego declarar que fue en defensa propia.
Doña Digna, aunque sabemos que no podemos aliviar su dolor, sí podemos unirnos a su indignación ante este infame e injusto proceder del Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago.
Desde el corazón de las mujeres luchadoras de Costa Rica, le tendemos una mano porque la lucha sigue y sigue.
A usted, que es un símbolo de la dignidad y la valentía de las mujeres indígenas, le pedimos que nos señale el camino para la solidaridad.
Usted es quien tiene la palabra para indicarnos cómo la podemos acompañar.
¡Presentes en la lucha!
Firmas responsables: Isabel Ducca Durán María Trejos Montero 18 de Julio, 2023 Costa Rica
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas calificó como «devastadora» la decisión del Tribunal de Apelación de Cartago de anular la sentencia de 22 de años de cárcel que se había dictado contra un hombre de apellido Varela por el homicidio del líder indígena, Jerhy Rivera.
Puede ver en este enlace las declaraciones de Pablo Sibar, del FRENAPI.
Lunes 17 de julio de 2023. El Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263, anuló la sentencia del Tribunal Penal de Buenos Aires de Puntarenas del 1 de febrero de 2023, en la que se había condenado a Juan Eduardo Varela Rojas por el homicidio de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba.
Varela Rojas fue condenado en primera instancia a 22 años y quince días de prisión por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de armas y amenazas agravadas, por medio del Voto 033-2023, expediente 20-000108-0990-PE.
El asesinato de Jerhy Rivera se dió en un contexto del ejercicio del derecho a la tierra por parte del Pueblo Brörán de Térraba ante lo cual, parte de este Territorio fue invadido y tomado por la fuerza por ocupantes ilegales del Territorio, peones y personas afines que situaron el Territorio durante el 23 y 24 de febrero de 2020.
Las turbas violentas de más de 200 personas, atacaron y amenazaron a personas del Pueblo Brörán que estaban recuperando el Territorio que les pertenece, quemaron terrenos y en la noche del 24 de febrero en medio de un ataque de una turba Varela Rojas ejecutó a Jerhy Rivera con un arma de fuego.
El 17 de agosto de 2022 Varelas Rojas aceptó de manera jubilosa en una actividad organizada por el Poder Ejecutivo en Buenos Aires de Puntarenas, haber asesinado a Rivera Rivera, ante lo cual fue ovacionado por las y los miembros y simpatizantes de la Asociación Multiétnica y Pluricultural.
El Estado de Costa Rica es responsable por este asesinato, ya que habiéndose emitido una alerta temprana e informado a las autoridades respectivas sobre las agresiones planificadas y en curso realizadas por turbas durante el 23 y 24 de febrero de 2020, la Fuerza Pública no cumplió con su obligación de garantizar la vida e integridad del Pueblo Brörán.
La decisión del Tribunal de Apelaciones es un retroceso para los derechos de los Pueblos Originarios del país y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores de los Pueblos Originarios y la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos.
La lamentable resolución es otra muestra de que para los Pueblos Originarios no hay justicia, mucho menos pronta y cumplida y ahora se tendrá que realizar un nuevo debate.
Al día de hoy sigue en total impunidad el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortíz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre; quien fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación el 28 de marzo del 2019 y por lo cual nadie ha sido condenado.
Exigimos al Estado de Costa Rica cumplir con las Medidas Cautelares MC 321 – 12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Brörán de Térraba y Bribri de Salitre y acatar las recomendaciones del Relator Especial de Derechos Humanos de los Pueblos Humanos de la ONU en su Informe de la visita a Costa Rica en el 2021.
SURCOS recibió la siguiente información desde el territorio indígena de Térraba:
«Quiero por este medio informarles que el Tribunal de apelaciones de sentencia Penal de Cartago, puso en libertad a Juan Eduardo Varela Rojas, quien como todos saben, es la persona a quien se había condenado por el asesinato de Jerhy Rivera. El tribunal anuló la sentencia y tendrá que haber un nuevo juicio, es una pésima noticia, un pésimo antecedente para los derechos de los pueblos indígenas».
Dentro de todas las noticias que se han dado y a pesar de que he ido dejando el ver noticias, el saber que una mujer que fue encontrada culpable dese hace varios años de al menos 32 delitos, y que no haya recibido ninguna sanción dado que ningún tribunal decide fundamentar la pena que se le impuso, es una verdadera aberración al sistema judicial y a la seguridad jurídica este país.
Desde luego que todos esos delitos los cometió siendo parte una persona humilde, la que fue una costurera.
Ahora resulta que la nueva fecha para establecer los fundamentos por los cuales se le impusieron 9 años de prisión es hasta noviembre del 2024, y esto por las presiones públicas que ha habido.
Es evidente que es un caso más de corrupción y que tiene que ver con las acciones en el Poder Judicial, caso contrario hace años estaría en la cárcel.
El 29 de agosto del año 2019, la ex Defensora de los Habitantes fue sentenciada por el Tribunal Penal por 32 delitos de uso de documento falso.
A ella se le demostró que utilizó a una costurera de San Carlos para reportar pagos millonarios a nombre de las empresas de ex Defensora de los Habitantes en el año 2014.
Justicia pronta y cumplida es un slogan constitucional que no se hace efectivo y que llena de decepción a quienes seguimos creyendo en la justicia y queremos reivindicarla.
No conozco a esta señora condenada, pero pienso en la mujer utilizada por ella y la frustración que debe sentir por el daño ocasionado.
Esto es una muestra terrible del tráfico de influencias y de ese poder político que el PLN ha entronizado en nuestro sistema democrático, da asco ver cómo han utilizado las instituciones democráticas para su beneficio y así ir poco a poco erosionando la democracia, porque no hay nada, pero para la democracia que la corrupción y en todos los niveles.
Dios quiera que se haga justicia, aunque sea en una fecha tan lejana pudiéndola haber asignado para la próxima semana, ¿por qué será?
Cuando se nos confían dinero o bienes que no son nuestros, el comportamiento de quienes hemos sido llamados a ese compromiso debe ser de tal manera que respondamos a esa confianza.
Desgraciadamente, no todos han sabido responder a esa confianza y por el contrario en muchos casos han abusado y ese dinero o esos bienes han sido descuidados y en ocasiones apropiados. Esos son precisamente los actos de corrupción que han venido en aumento desde hace 40 años.
La confianza que depositamos en quienes van a administrar dinero y bienes se ha visto traicionada muchas veces, y a pesar de que las evidencias son muchas, han sido mínimas las acciones que se han tomado, primero para impedir que se repita y segundo para sancionar a los actores de esos actos de corrupción.
Desgraciadamente las acciones de apropiación de dinero y bienes han sido tan frecuentes que para muchos es normal y más bien se oyen manifestaciones como: “sería muy bruto si no se aprovecha”. Es decir, una vez más lo malo se ve bueno y la costumbre se hace regla y casi que se acepta sin cuestionamientos. Es triste y decepcionante y por eso es por lo que muchísimas personas deciden no involucrarse en política y lo peor es que ni siquiera hacen un esfuerzo por sacar a los corruptos y prefieren quedarse en casa que salir a votar y propiciar un “hasta aquí…no más corrupción”.
Sí es posible revertir este proceso y sí hay gente honesta dispuesta a asumir la responsabilidad de cambiar lo que tenemos y demostrar que es posible servir sin servirse, y que es posible hacer sin corromper y es también salir del callejón de la corrupción.
Dios quiera que arda en los corazones de todas esas personas el espíritu patriota, y en un arranque de ira decidan acabar de una vez por todas con este sistema corrupto y salgan a votar para cambiar. Merecemos algo mejor y estamos obligados a dejarle algo mejor… mucho mejor, a las nuevas generaciones.
Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña…
Una publicación que hice un 18 de marzo por el aniversario del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas, ahora, a un año más de impunidad vuelve a tomar vigencia.
“Tu belleza me atrapó, el reflejo de esas pupilas que no entienden de divisiones ni razas, fundido a su mascota en un abrazo solidario.
Evocación de nuestros abuelos, de lo real y auténticamente costarricense.
Tú no sabes de videojuegos porque tienes la luna y el bosque, no tienes miedo porque la tierra te cuida. Sos el dueño de este país donde se bota el pescado a los dos días de estar en el supermercado mientras tu pueblo camina dos lunas para poder pescar en el Térraba.
Tratan de arrancarte la tierra, lecho de bruma donde descansan tus antepasados.
Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña.
No puedo dejar de mirarte «niño indígena» y siento vergüenza de la inacción propia y ajena”.
Estamos a punto de cumplir cuatro años del asesinato del hermano Sergio Rojas. Un asesinato que sigue en la impunidad, un asesinato que el Estado-gobierno de Costa Rica no ha querido ratificar, no ha querido investigar a profundidad. Es para nosotros los pueblos indígenas un problema grave de que realmente este proceso de este asesinato no se logre identificar a los culpables. Realmente hay cosas muy claras que dicen, sin embargo, las investigaciones no se han querido llevar por el lado que se deberían de hacer.
Nosotros igual en la finca Crun Shurin estamos cumpliendo cinco años de una recuperación de 1000 hectáreas, donde estamos ubicados 16 familias y cerca de 80 personas viven acá, donde se trabaja, donde se cultiva, donde hay una esperanza de vida y un nuevo renacer.
Esas recuperaciones son vida, son el sueño que tenemos donde podemos cultivar nuestra cultura, nuestra espiritualidad y todo el proceso. Dentro de esto es que las recuperaciones tienen que continuar, no podemos aceptar que el gobierno de Costa Rica desde el gobierno de Chávez diga que las recuperaciones no van, que nos meterá a la cárcel. ¡Pues tendrá que meternos a la cárcel!
Porque las recuperaciones continuarán siempre y cuando el gobierno no cumpla con los derechos legales establecidos que tenemos los pueblos indígenas sobre la tierra. Esta tierra nos pertenece, esta tierra es vida y esperanza para las nuevas generaciones que vienen. Desde ahí es que tenemos que trabajar e impulsar este proceso de lucha para que la tierra quede realmente en manos de esas futuras generaciones. Que no les pase lo que nos pasó a nosotros que no teníamos ni siquiera donde sembrar una yuca.
Hoy estas recuperaciones cambian, en esta recuperación (Crun Shurin) hay una vida diferenciada, hoy no hay ganado en la intensidad que había, hoy hay venados, saínos, tepezcuintes, miles de pajaritos que están en esta recuperación y que son lo que generan la recuperación, esperanza y vida.
Pablo Sibar es un defensor de los derechos indígenas y de la tierra de Costa Rica, que trabaja desde hace más de 40 años en la defensa de los derechos de los indígenas y en las últimas décadas para recuperar pacíficamente tierras indígenas que fueron arrebatadas ilegalmente. Es miembro del Consejo de mayores del pueblo indígena Brörán. Su labor en materia de derechos humanos empezó en 1980, junto al defensor Sergio Rojas y conformaron el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).
Sibar ha sido atacado en múltiples ocasiones y recibido múltiples amenazas de muerto, de la misma forma que sucedió con Sergio Rojas y Jerhy Rivera. “Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias estamos en peligro, que en nuestras propias tierras estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibar.
Por ejemplo, en mayo 2012 sufrió dos ataques uno cuando tres personas no indígenas se le acercaron y la emprendieron contra él a golpes, patadas y hasta mordiscos causándole heridas en todo el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica del Seguro en Buenos Aires de Puntarenas. Una semana en la comunidad de Macho de Monte, fue atacado nuevamente por 2 personas -uno de las mismo de la semana pasada. “Esta vez fueron más allá” dice el comunicado de los Térraba, “lo persiguieron por la Carretera Interamericana y a la altura de la catarata lo insultaron y cuchillo en mano intentó cortar a Pablo que conducía su carro con niños, niñas y familias de la comunidad de Macho de Monte”.
El 2020 en los procesos de recuperación en el sitio de Cancha Rayada, liderado Elides Rivera y su hermana, tías de Jehry Rivera, y que culminaron con el asesinato de Jehry una turba de cerca de 400 personas, quienes llegaron con machetes, incluyendo el asesino de Jehry. En esa oportunidad relato Elides Rivera, se encontraba con ellas Pablo Sibar, y “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”. Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial.
Uno días después el 3 de marzo de 2020, personas no identificadas incendiaron la finca de Pablo Sibar. Al día siguiente, hubo ataques incendiarios en otros dos lugares de la finca. Tres casas de familias indígenas fueron parcialmente quemadas, y muchas hectáreas de cultivos y pastos fueron completamente destruidas.
Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria VAS-UCR, Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y Proyecto Pueblos Originarios y Universidades (CONARE)
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