CIDH analizará situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas.
Este lunes 14 de marzo, a las 9:00 am (hora de Guatemala), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán la grave situación de derechos humanos que impera en Nicaragua en un contexto de impunidad.
Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:
Graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018 y la impunidad en la que éstas permanecen.
Restricciones al derecho de las personas a votar y ser votadas que impide el ejercicio de la democracia y la ausencia de mecanismos para acceder a la justicia electoral.
Cooptación del sistema de administración de justicia.
Medidas legislativas que promueven la impunidad e impiden el escrutinio público. Necesidad de la adopción de mecanismos extraordinarios internacionales de verificación y rendición de cuentas.
En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas. El Estado está llamado a comparecer, sin embargo, no hay seguridad de que asista.
La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH.
Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas #NicaraguaEnImpunidad, #SOSNicaragua y #MecanismoParaNicaragua
El pasado viernes 11 de marzo, indígenas y defensores de derechos humanos se reunieron con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza Espinoza, para solicitar acceso real a la justicia, ante los hechos de extrema violencia de los últimos meses y la gran cantidad de casos acumulados de intentos de asesinato, agresiones, amenazas de muerte y muchas otras denuncias que sufren cotidianamente, los pueblos originarios del país.
En la reunión demandaron el compromiso para que se inicien nuevas investigaciones, y que las pendientes o en curso indicadas, sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del OIJ. Esto debido a que muchas causas no han sido recibidas por funcionarios de OIJ y otras han sido archivadas casi de oficio, lo que evidencia, en algunos casos, el racismo y discriminación con el que son atendidas las personas de Pueblos Originarios, cuando realizan diligencias ante distintas instancias judiciales, incluido el OIJ; por lo cual el director dijo que esa situación “no es aceptable y se va a trabajar sobre eso”.
En otro de los puntos solicitados, el director del OIJ informó que acaba de ser elaborado un protocolo para investigaciones del Organismo Judicial para establecer un manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados Pueblos Originarios, el cual ahora debe ser consultado con los Pueblos Originarios.
Sobre la solicitud de establecer los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes, el director del OIJ se comprometió, desde hoy lunes en adelante, que, a todas las denuncias interpuestas ante esta instancia por personas de los pueblos Originarios, se les daría una copia física para respaldarla.
Finalmente, el OIJ aseguró que dará respuesta al documento presentado en el plazo establecido por la ley y ofrecerá todos los contactos y mecanismos necesarios para mejorar la comunicación entre el OIJ y los Pueblos indígenas.
En la reunión se solicitó un informe pormenorizado del actuar del OIJ en al menos 22 causas y expedientes que se ventilan en los Tribunales de Matina, Pérez Zeledón, Buenos Aires de Puntarenas y en San José.
Destaca el caso del de tentativa de Homicidio contra el dirigente cabécar Leonel García Segura y por la misma causa del dirigente Bribri Mainor Ortiz que fue archivada con solicitud de desestimación en el 2013.
Otro de los hechos donde se piden mayor explicación, son los ataques del 7 de marzo 2020 y 25 de feb 2022, donde turbas atacaron a personas recuperadoras del Pueblo Cabécar de China Kichá, agrediendo físicamente a varios, amenazando de muerte a otros, quemando casas y fincas. En esta misma comunidad se realizó la detención arbitraria del cabécar Carlos Antonio Zúñiga Ríos por agentes del OIJ el pasado 25 de marzo de 2021.
En la reunión se hizo especial énfasis en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, al acercarnos al tercer aniversario de estos hechos aún impunes, como los casos entre 2020 y 2021 de varios líderes y lideresas de Pueblos Originarios de la zona sur que han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Efraín Fernández Zúñiga, Doris Ríos Ríos, Clarita Quiel Torres, Minor Ortiz Delgado, Pablo Sibas Sibas y otras personas indígenas, que a pesar de las denuncias públicas y judiciales, éstas no han sido resueltas satisfactoriamente por el Poder Judicial.
– Territorio Cabécar de Bajo Chirripo.
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
El próximo miércoles 16 de marzo a las 5:00 pm, el programa Voces y Política estará dedicado a conversar sobre el “tercer aniversario sin Justicia del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas”. Se contará con la participación de representantes del Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre, con voces de los pueblos originarios y personas defensoras de los derechos humanos.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!
El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Comunicado de prensa
Representantes de China Kichá, Bajo Chirripó y Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) serán recibidos por el director del OIJ.
La reunión se realizará este viernes 11 de marzo a las 2:00pm de la tarde en el OIJ y a las 3:00 pm de la tarde las personas participantes darán declaraciones a los medios de comunicación interesados en las afueras del edificio
Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás.
Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos.
Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas.
Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune.
Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
Transcribo literalmente el mensaje enviado por doña Digna Rivera al programa Voces y política de la Radio Universidad de Costa Rica. Aunque el Semanario Universidad publicó algunos fragmentos de esta intervención, considero fundamental conocer lo que esta madre angustiada tiene que decirle a toda la sociedad costarricense:
“Un saludo para todos aquellos luchadores hermanos y hermanas indígenas de los territorios indígenas. Para toda aquella persona solidaria que nos entiende y nos apoya, un gran saludo.
Con respecto a la conmemoración del segundo año de la muerte de mi hijo, ha sido para mí una situación que he enfrentado con humildad ante Dios y con esperanza en que las leyes se cumplan un día en Costa Rica. Hoy nos encontramos a dos años y espero que durante lo que dure el proceso de esta situación poder tener la oportunidad de pedirle a Dios justicia por lo que ha sucedido anteriormente y por lo que puede suceder, que nos dé la tranquilidad de no pasarnos, de entender las cosas porque el asesinato de mi hijo, en estos dos largos años que he tenido de análisis y comprensión, de buscar una respuesta por lo menos en mi corazón, me parece que les sirve a los grandes políticos. Son los grandes interesados de que nosotros no tengamos las tierras.
Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que como territorio indígena nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. Consciente de que no todos los territorios viven lo que nosotros vivimos porque nuestro territorio ha sido pequeño siempre y en una gran extensidad, pues seguro no se echa de ver tanto el acoso, el asedio, el robo de las tierras como sí lo vivimos nosotros.
Felicito a todos aquellos hermanos y hermanas valientas que nos han acompañado, que han hecho lo posible de adquirir tierras en nombre de mi hijo. Eso para mí ha sido una gran ayuda, una gran satisfacción.
Hoy a ustedes como noticieros[1] que no desmayen, que no descansen, que siempre se pueda denunciar lo que sufrimos los pueblos indígenas. Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos.
Si bien es cierto que tenemos unos territorios declarados, quizás no conocemos todo lo interno, lo que se habla y no se escribe, pero que llevan en las mentes muchas personas y que se valen hoy de hacer caso omiso a los sufrimientos, a las denuncias que hacemos, al reclamo territorial que hacemos, al sufrimiento que muchos no se atreven a decir porque temen por su vida, todo lo entendemos, pero de eso se está valiendo el sistema político que habla de derechos, que habla de respeto a los derechos humanos, que se habla de que somos un país de leyes, un país de democracia, pero yo creo, a mi poco entender, la democracia debe ser donde todos tengamos lo que nos corresponde y se nos respete donde estamos y lo que nos corresponde también en este caso del territorio indígena, porque eso es lo que nosotros necesitamos.
A nosotros no nos interesa de que nos hablen de grandes riquezas, de grandes desarrollos del país que tampoco los vemos en ninguna parte, cuando en nuestro territorio no podemos desarrollarnos ni siquiera en competir entre nosotros mismos porque todos estamos viviendo una marginación, un despojo, un desprecio de la presencia de nosotros como humanos en el país.
Para mí, como pueblo indígena, y como una india que soy y como una madre luchadora que he sido y como una hija de una madre luchadora que también tuve, no puedo aceptar que simplemente nos vengan a decir una mentira los políticos y a irse. Esto que estoy diciendo es porque el 24 de febrero o el 26 de febrero del año 2020 que sucedió este caso, el gobierno se sentó aquí, sus representantes que enviaron, se sentaron aquí a decirnos que no estuviéramos metiéndonos en las tierras porque en dos meses nos las iban a entregar porque el gobierno tenía una deuda con los pueblos indígenas y que esa deuda estaba pendiente y por eso nos iban a entregar las tierras que estábamos tomando en esos días.
Eso fue, como dicen, una tomada de pelo, una burla y me lastima porque muchas veces esos representantes son algunos indígenas, otros que estaban en el gobierno, otros que representan el sistema legal en Costa Rica y otros que los enviaron como representantes o escuchadores del diálogo ciudadano. El diálogo ciudadano no simplemente es que hablemos, tampoco es que nos estén mintiendo porque no somos niños, somos personas luchadoras que entendemos muy bien, pero por la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nuestros hermanos y sobrinos, a veces tenemos que ceder no porque creamos sino porque nuestra lucha no es enseñar a nuestros hijos o nuestros descendientes a ser criminales a la vista y a la paciencia de los estados, no ellos son seres humanos que necesitan vivir disfrutando de sus tierras y de sus territorios, de sus culturas.
Por eso he vivido dos años de angustia”.
Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz contra el atropello cotidiano que viven los y las habitantes de los territorios indígenas.
Isabel Ducca D.
[1] Se refiere al programa Voces y Política de la Radio Universidad de Costa Rica.
Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.
Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.
Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.
De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:
Las innumerables agresiones contra indígenas se agravaron desde el 2010 y sigue prevaleciendo la resistencia del sistema judicial para no resolver el expediente judicial 19-000178-0990-PE, de Sergio Rojas Ortiz. Esa evasiva incluye la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo cual no se logró por presión nacional e internacional.
En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tampoco hay avances notables aunque hay al menos un acusado bien identificado y había suficientes testigos en el mismo sitio y hora del asesinato.
En el caso de Leonel García, ya señalamos el riesgo de que procese el caso como un atentado de violencia ordinario y el sinsentido de que él mismo esté acusado por su agresor.
Los asesinatos y la violencia contra esas personas de los pueblos originarios, lo mismo que las usurpaciones de sus tierras, no se deben juzgar como casos penales ordinarios o aplicando la legislación agraria y cualquier otra, pues se trata de situaciones originadas en el incumplimiento de derechos de propiedad que el mismo Estado otorgó.
Los asesinatos y agresiones contra personas indígenas como los que hemos señalado no son hechos aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas.
La violencia es parte de la denigración que se vive desde la época colonial, y que se manifiesta en distintas formas de racismo, odio, vejaciones, desconocimiento y falta de equiparación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales, para la gente de los pueblos originarios.
En esas condiciones, en general, la gente de los pueblos originarios, hasta llega a “aprender” a vivir con miedo e incertidumbre.
Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.
Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.
Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.
Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.
El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.
Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera. Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.
La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.
Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.
En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.
En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.
En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.
La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.
Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.
*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED
Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se comparte el video documental «El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción» del colectivo NO PASA NADA. Gracias al apoyo por la lucha de los derechos de los Pueblos Originarios, así como la confianza y coordinación con la CLSS para la producción del material.
En el 2021 inició una investigación para intentar exponer, desde la perspectiva de algunos pueblos indígenas, la complicada situación que viven hoy ante la inacción del gobierno costarricense.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El día lunes 7 de febrero, 2022, familiares de Keyla Martínez, organizan una vigilia en homenaje a Keyla, al cumplirse un año de impunidad y encubrimiento de pruebas y de hechos en torno al atroz feminicidio cometido dentro de las celdas la Estación Policial N°10, La Esperanza, Intibucá. Esta actividad forma parte de la campaña internacional justicia para Keyla, no más feminicidios en Honduras, impulsada a partir del 28 de diciembre, 2021, por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras – CR.
En esteacto se suman de manera incondicional la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras. También, participan integrantes del Cuerpo de Paz y de COPINH, Red de Defensoras de Intibucá, Salvador Zúñiga y otras organizaciones, colectivas, colectivos y comunidad, en general.
Durante la vigilia un grupo de valientas jóvenes con amor, fuerza y creatividad, elaboraron una hermosa gigantografía con la imagen de Keyla para recordar y reafirmar que Keyla está presente, ahora y siempre, en una de las paredes de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, siendo víctimas de amenazas por parte de dicha policía, inclusive, contra miembras del Copinh.
Nos unimos a la familia de Keyla y a la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras para condenar que, en un acto de memoria y exigencia de JUSTICIA como éste, la policía utilice, una vez más, la violencia machista y misógina al punto de querer borrar un rostro que está y seguirá estando presente en nuestra lucha.
Pueden borrar el rostro de Keyla Martínez, pero no podrán silenciar a quienes exigimos, a nivel nacional e internacional justicia para Keyla y castigo a los autores directos y todos los responsables de su muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras colectivodesolidaridadhn@gmail.com
Compartido con Surcos por Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras.
En los últimos años hemos sido testigos y testigas del nivel desproporcionado de violencia que sufren los pueblos indígenas y la amenaza a su modo de vida, la llamada ley indígena delimitó como territorios indígenas, muchas de las tierras donde los pueblos originarios resisten tratando de conservar su estilo de vida, sin embargo las transnacionales del monocultivo, y los grandes terratenientes ocupan hoy en día la mayor cantidad de este territorios (70%), esto a pesar de ir en contra de dicha ley, sin embargo desde 1977 hasta 2009 el estado nunca mostró interés en que esta ocupación violenta no solo se mantenía sino aumentaba, es por eso que los pueblos en 2009 se organizan y toman la asamblea legislativa para exigir que se les devuelvan sus tierras, sin embargo esto concluyó con desalojo por la fuerza contra las personas indígenas, lo que originó que la determinación de recuperar los terrenos usurpados desde de los territorios indígenas, con lo cual iniciaron los procesos de las recuperaciones del territorio indígena.
La violencia organizada y la complicidad del Estado Las recuperaciones del territorio indígena por parte de las comunidades, han tenido que enfrentar una serie hostilidades y agresiones contra las comunidades indígenas que buscan hacer cumplir su derecho a la tierra, las continuas amenazas por parte de los terratenientes y sus peones, sin olvidar trasnacionales del monocultivo que usurpan los territorios, las hostilidades han ido desde amenazas, hasta auténticas “cacerías” donde turbas de terratenientes y peones llegan a intimidar incluso con armas de fuego alas comunidades, todo esto ante presencia de la policía, sin que esta intervenga a desarmar o dispersar estos grupos de atacantes, y es así como la violencia ha llegado incluso a la quema de las casas de las personas indígenas, cabe resaltar el cobarde asesinato de Sergio Rojas a tiros en su casa en Salitre, después de haber sido preso político del estado, las agresiones de este tipo son bastante frecuentes, por lo que la Corte Interamericana ordeno en 2015 darle protección especial a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre además devolver las tierras usurpadas sin embargo esto es algo que nunca paso del papel y la violencia contra los pueblos sigue en aumento, así estas “turbas” fueron también responsables de la muerte del activista indígena Jhery Rivera asesinado en su comunidad, con un arma de fuego por personas ajenas a la comunidad que llegaron en manada a intimidar y amenazar al pueblo de Térraba, sin embargo el estado continua con oídos sordos sobre esta problemática, y existen ya un numero muy grande de agresiones, amenazas e intentos de asesinato contra activistas indígenas que siguen siendo constantes, el ultimo perpetuado el 30 de diciembre de 2021 donde Leonel Garcia fue macheteado en todo su cuerpo (brazos, piernas, tronco cabeza) hecho que casi acaba con su vida y lo mantuvo hospitalizado 2 semanas en condición grave, el ataque fue perpetrado por un finquero no indígena de la zona, quien ya previamente lo había amenazado de muerte, ante todo este panorama de violencia y a pesar de los fallos de la corte interamericana de derechos humanos, el estado sigue sin responder, mostrando con su silencio la complicidad en contra de los pueblos indígenas.
Exigimos un alto a la violencia contra los pueblos indígenas
No daremos nuestro silencio ante estos ataques y queremos que las medidas de protección se cumplan de verdad y se extiendan a todos los territorios indígenas, también que el estado cumpla con lo históricamente adeudado y devuelva por fin las tierras de los territorios indígenas
Invitamos a las organizaciones autónomas, que luchan por la defensa de la tierra, de los pueblos originarios, de los derechos humanos, a quienes luchan por la libertad total, que desde sus individualidad o colectivos firman este comunicado para brindar su apoyo, y/o colaboren con la difusión de esta información, y que las personas se mantengan informadas sobre esta situación.
Firman:
-Frente de Resistencia Animal y de la Tierra -Feminismo Antiespecista -Rinconcito Animal
Furia Antiespecista -Acción Animal – Sembrando Libertad – Yo no voy al zoo
-Frente Ecologista Universitario (FECOÜ) -Hablemos de Derechos Humanos -Red Punto Violeta
-La Cadejos Comunicacion Feminista -GuanaRED Red de arte y gestión cultural comunitaria
-Handmaids Costa Rica -Debate Feminista Costa Rica -Bloque Nacional de Vivienda
-Colectivo Solidaridad con el pueblo de Honduras -Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) -Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
-Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) -Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)
