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Etiqueta: impunidad

Pronunciamiento por la justicia para Jerhy Rivera Rivera líder indígena y defensor del medio ambiente

Escrito en . Publicado en Derechos.

A la comunidad costarricense:

En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.

Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.

El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.

Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.

Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.

Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.

Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.

Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.

En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.

¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!

¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!

Firman

Organizaciones:

Costa Rica

Alianza Escazú
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica
Bloque de Vivienda
Casa del Migrante
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811
Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok
Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT
Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra
Coordinadora por la Liberación Animal
Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS)
Ediciones Libres, Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica
Fundación Nuestramérica
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Jornadas Solidarias, Costa Rica
Micro-santuario el Rinconcito Animal
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope
Movimiento yo no voy al zoo
Red de Mujeres Rurales
Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo)
PATRULLAJE, Costa Rica.
Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto Jirondai, Costa Rica.
Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista
Orgullo Disidente, Costa Rica
Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG)
Unidos por el Agua, Costa Rica.

Argentina

Asociación Cultural América Nativa (ACAN)

Ecuador

SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro
Unión Nacional de Educadores-UNE

España

Confederación Intersindical Solidaria, España
Ensenyants Solidaris, ONG
Ribaborza SOS Ribarboza

Honduras

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras
Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz
Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.

México

Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato
Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca
CLETA-UNAM, México.
Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México
Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México
Museo Comunitario Alfredo Almeida, México
Red Académica de Solidaridad con Palestina, México

Internacional

Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Personas físicas:

Alejandra Davis, Estados Unidos.
Alex Ramos, Costa Rica.
Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica.
Allen Cordero, Costa Rica.
Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica
Ana Mena Morelli, Costa Rica.
Aren Vindas Álvarez, Costa Rica
Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica.
Ashley Padilla, Costa Rica.
Bruno Coto Barboza, Costa Rica.
Carol Davis, Estados Unidos.
Carolina Rivera, Estados Unidos.
Cecilia Castillo Nanjarí, Chile.
Celeste Rivera, Estados Unidos.
Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica.
Daniel Ramírez, Estados Unidos.
Daniela María Salas Monge, Costa Rica.
Danilo Alizaga, Costa Rica.
Denis Cálix, Costa Rica.
Edgar Atencio, Costa Rica.
Edwin Buezo, Estados Unidos.
Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica.
Elidies Rivera Navas, Costa Rica.
Emily Quirós Víctor, Costa Rica.
Estela Ceballos, Argentina.
Fátima Gómez Campos, Costa Rica.
Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras.
Félix López Zambrana, Costa Rica.
Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica
Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica.
Johan Davis, Estados Unidos.
José Amesty, Costa Rica.
José Luis Reyes, Estados Unidos.
Josué Fernández Baldizón, Costa Rica.
Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica.
Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica.
Leslie Andino, Estados Unidos.
Luis Fernando González Marín, Costa Rica.
Luis Salas Sarkis, Costa Rica.
Madeline Kiser, Estados Unidos.
Magda Solís Alpízar, Costa Rica.
Marbella Martin Fragachan, Costa Rica.
Marco Antonio Hernández Moreno, México.
María Julia López, Honduras.
María Trejos Montero, Costa Rica.
Marielos Muñoz, Costa Rica.
Marshall Valverde Chacón, Costa Rica.
Miguel Barrios Gutiérrez.
Miriam Miranda, Honduras.
Nidia Fonseca, Costa Rica.
Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica.
Pilar Bravo Pemjean, Chile.
Roberto Gavarrete, Costa Rica.
Sara Rodas, Estados Unidos.
Sara Unda, UNAM, México.
Sisa Pacari, Ecuador.
Sofía Becerra, Estados Unidos.
Suy Wong, Costa Rica.
Tiryth Vindas Campos, Costa Rica.
Zaida Docouto, Estados Unidos

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Unión Sindical de la CCSS manifiesta repudio ante la impunidad por el crimen contra Jerhy Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente carta:

Señora Digna Rivera:

Desde el colectivo sindical que representamos, le enviamos un saludo fraterno.

En conocimiento del vil asecinato cometido contra su hija, nos solidarizamos y así mismo exigimos justicia por Jerhy. 

Somos plenamente consciente de que fue un asecinato político orquestado por los intereses de los grandes neolatifundista que sin reparo y sin pudor cometen diariamente hechos delictivos contra los pueblos originarios, en complicidad de las grandes compañías  extractivistas nacionales y transnacionales de la zona sur, que en muchas partes de territoria nacional han dejado una profunda huella de destrucción ambiental, contaminación del suelo y subsuelo, así como del envenenamiento de la fauna y de fuentes hídricas indispensable para la vida. estas barbaridades se han perpetrado con la complicidad de las autoridades, usurpadores todos de las tierras que por derecho ancestral corresponden a los pueblos originarios. 

Condenamos enérgicamente que un asesino confeso, quien atentando contra el principio de justicia fundamental para la convivencia armoniosa y paz social, es inadmisible que un agresor de la población indigena camine, incluso haciendo alarde de su crimen e impunidad.

Nos ponemos a la orden de la familia y amigos de Jerhy para seguir adelante en la lucha, hasta que se haga justicia. 

Solidaridad popular con la lucha de los pueblos indígenas, por la recuperación de las tierras ancestrales y por la memoria de sus muertos caídos en combate por la lucha en claudicar por sus derechos.

¡No más impunidad, exigimos justicia para Jerhy! 

Jerhy no murió se multiplicó!

Quisieron enterrarlo pero germinó su semilla.

¡El pueblo unido jamás será vencido!

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”

UNDECA, BUSSCO, SIPROCIMECA, SINASSASS, SISSS, AESS, SINAREDES, SITRAHOSGUA, SITRAS, SINTAF, ACODIMED, SINASS, SINTRASAS, SITEPP, SIACCSS.

Dramático testimonio de Jerhy Rivera Rivera después del atentado de homicidio que sufrió en 2013

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colectivo de Apoyo a doña Digna

El Estado es cómplice del homicidio por inacción y fomentar la impunidad cuando se trata de agresiones a los pueblos indígenas.

Si el Estado costarricense hubiera cumplido con las medidas cautelares “MC 321-12” del 2015, en las que se definió que debía garantizar y resguardar la vida e integridad física de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera no se hubieran dado.

¡Es hora de que el Estado garantice justicia y paz en los territorios indígenas!

El juicio contra el asesino confeso Juan Eduardo Varela Rojas continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.

Les invitamos a ver el breve video con el testimonio de Jerhy Rivera Rivera:

¡URGE NUESTRA PRESENCIA Y SOLIDARIDAD!

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile se reúne con el director de la Policía de Investigaciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Félix Madariaga Leiva

Por Félix Madariaga Leiva

Santiago, 23 de agosto 2024

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, se entrevistó con el Director Nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, para solicitarle mayor dedicación de parte de la institución en la captura de ex agentes de la DINA y la CNI que aún se encuentran prófugos de la justicia y que no están cumpliendo las sentencias dictadas por los tribunales de justicia en la cárcel, en particular, han solicitado que se refuerce con más policías la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, ubicada en la calle Condell, en Santiago.

Así lo comentó Alicia Lira, “visitamos al Director de la PDI para solicitarle el refuerzo en la búsqueda de los victimarios de violaciones a los derechos humanos que se encuentran fugados de la justicia, y continuar con el avanzando en otros temas relacionados con derechos humanos, por lo que es fundamental el aumento de efectivos de la Brigada de Derechos humanos de la PDI“.

Alicia Lira comentó que la reunión con el director fue positiva, afirmando que “existe una buena disposición de parte de ellos, además, nos dio una buena noticia: se logró la detención de uno de los criminales que se encontraban prófugos, se trata de Juan Daniel Marambio suboficial en retiro del ejército, lo que nos demuestra que hay un trabajo en la búsqueda de estos criminales“.

La Presidenta de la AFEP  manifiesta que “sabemos que tanto en Carabineros como en el Ejército hay un pacto de silencio y de protección a estos victimarios, no es posible que desaparezcan del mapa y no los puedan encontrar, eso sólo es posible porque ciertos sectores siguen protegiendo a los criminales de lesa humanidad. Esa protección también viene de parte de la derecha que ha tenido un rol en el negacionismo que se intenta instalar en Chile, una insolencia que pasa a llevar el dolor de miles de chilenos, 1100 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados sin encontrar sus restos y que han luchado por 50 años y aún esperan encontrar a sus familiares y lograr verdad y justicia“.

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 24 de febrero del 2020, fue asesinado Jerhy Rivera Rivera en el territorio Bröran de Térraba, mientras un grupo de personas defendía los territorios ocupados ilegalmente por terratenientes de la zona. Elides Rivera Navas, su tía materna, señala que Jerhy fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida: “Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos”.

Está documentado que el 18 de agosto del 2022, durante una reunión pública y oficial, con representantes del gobierno, en Buenos Aires, Luis Eduardo Varela Rojas afirmó haber asesinado a Jerhy Rivera en defensa propia. Recibió fuertes aplausos y alabanzas de parte del público ahí reunido. El 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a 22 años y 15 días de prisión a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio del líder indígena de Térraba, Jehry Rivera Rivera, y por amenazas a una testigo del asesinato. Según el juez del proceso: “El tema de quién mató a don Jehry, no es un tema controvertido, está claro que fue el imputado quien lo asesinó y eso no es discusión para este Tribunal”.

El 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Luis Eduardo Varela Rojas, alegando vicios en la valoración de la prueba.

Del 19 al 23 de agosto 2024, se programó un juicio en el Tribunal de Pérez Zeledón; el mismo que había dictado una sentencia mínima por el cargo de homicidio.

Surgen preguntas frente a estos hechos: ¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasean tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que le deben dar trámite? ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares “MC 321-12”, en las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física de Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre?

Exigimos al Estado costarricense que cumpla sus compromisos: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957; la Ley Indígena 6172 de 1977; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007.

Por su inacción, el Estado costarricense es responsable del asesinato de Sergio Rojas ocurrida en marzo del 2019 y del asesinato de Jerhy Rivera llevado a cabo en febrero del año siguiente.

Basta ya del racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto. El problema de fondo es la violación a los Derechos Humanos, a la legalidad costarricense y a los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado para asegurar que en los territorios ancestrales se respeten las normas, la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas.

¡Es una vergüenza que en nuestro país la justicia se vista con ropajes colonialistas y racistas! ¡Justicia para Jerhy es sembrar una semilla de paz en los territorios indígenas!

¡Que un asesino confeso ande libre amenazando y alardeando de lo que hizo nos deshumaniza a todas las personas!

¿Qué modelo de ciudadanía se está fomentado con esos actos?

Por eso, exigimos, con doña Digna Rivera Navas, justicia para su hijo Jerhy.

Firma responsable: Comité de Solidaridad con doña Digna. Costa Rica

Cc. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Nos unimos a este pronunciamiento las siguientes personas, organizaciones, colectivas y colectivos:

En el documento adjunto puede ver las firmas que respaldan este documento.

¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!El 24 de febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera fue asesinado en el territorio Bröran de Térraba mientras defendía las tierras indígenas de ocupaciones ilegales. Su muerte no solo fue brutal, sino que además, la impunidad que ha rodeado el caso refleja un profundo problema de racismo estructural y violación de derechos humanos en Costa Rica.A pesar de que Luis Eduardo Varela Rojas confesó públicamente haber asesinado a Jerhy en defensa propia, fue liberado en julio de 2023 debido a vicios en la valoración de la prueba, a pesar de haber sido condenado inicialmente a 22 años de prisión. Este hecho, junto con la falta de acción del Estado en cumplir las medidas cautelares y proteger a los pueblos indígenas, evidencia una grave negligencia en la justicia costarricense.Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus compromisos internacionales y nacionales, y que se garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la justicia en Costa Rica siga siendo cómplice de actos de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas.¡Justicia para Jerhy Rivera! ¡Es hora de acabar con el racismo y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país!

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La Red de Mujeres Rurales y ecologistas solicitan justicia para Jerhy Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

En la mañana del martes 20 de agosto refrentes de la Red de Mujeres Rurales, la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON) y el Frente Nacional de Lucha se manifestaron fuera de los Tribunales de Justicia en San Isidro de Pérez Zeledón en el marco del segundo juicio por el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera Rivera el 18 de marzo d 2019. Las organizaciones sociales piden justicia para el líder indígena y castigo para el responsable.

Jerhy Rivera Rivera, fue asesinado con cinco disparos en la zona de Térraba el 24 de febrero del 2020 pese a gozar de medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2015, salvaguardas que no lo salvaron de las balas.

Este esta es la segunda vez que se repite el juicio contra el asesino confeso, Luis Eduardo Varela Rojas, quien en una actividad el 18 de agosto 2022 confesó haber asesinado al líder indígena Jerhy Rivera de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Construcción de la Ruta de Trabajo y la Atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, en la Escuela Rogelio Fernández, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

En una cuestionada resolución el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, dejó en libertar a Varela Rojas y ordenó la iniciar el nuevamente el juicio debido a que «al determinar que se presentaron vicios en la valoración de la prueba” se puede leer en la resolución número 2023-262, del expediente, 20-000108-0990-PE.

Esta resolución que echó para atrás la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón en la que Varela Rojas había recibido una condena de 20 años por el delito de homicidio calificado, dos años por portación ilegal de armas y 15 días por amenazas agravadas en perjuicio de Melisa Garbanzo, testigo del Ministerio Público.

El crimen contra Jerhy Rivera Rivera se sumó al asesinato de otro líder indígena del Territorio de Salitre, Sergio Rojas, integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) ultimado a disparos en su casa la madrigada del lunes 18 de marzo de 2019 en la localidad de Yery del cantón de Buenos Aires.

Esta mañana, Fany Reyes, líder de la Red de Mujeres Rurales, fue enfática en señala que “estamos acá para reclamar justicia para el compañero recuperador del territorio de Térraba: Jehry Rivera Rivera”. Reyes además señaló que además el asesinato de Sergio Rojas sigue impune. “Justicia, justicia no más impunidad gritaban frente a los Tribunales de en Pérez Zeledón las y los manifestantes ante el segundo juicio contra Varela.

Red de Mujeres Rurales presente en solidaridad con doña Digna, la mamá de Jerhy Rivera al inicio del juicio por su asesinato

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

La Red de Mujeres Rurales está presente junto a doña Digna, en el juicio en torno al asesinato de Jerhy Rivera, cuyo asesino confesó, pero se mantiene libre, por decisión del Tribunal de Apelación de Cartago.

¡Exigimos justicia para Jerhy!

¡No más impunidad para agresoras y agresores de pueblos indígenas!

Es fundamental movilizarse al Tribunal Penal de Pérez Zeledón para que ese órgano judicial experimente que estamos en alerta presencial junto a doña Digna.

Se invita a las distintas organizaciones y movimientos a designar representantes que puedan desplazarse a Pérez Zeledon y hacerse presentes en el Tribunal, para expresar al apoyo a doña Digna, a la memoria de Jerhy, y a la justicia necesaria para evitar la impunidad ante un asesinato confesado por su autor.

19 al 23 de agosto

Pérez Zeledón, 19 de agosto, 2024

Frente Nacional de Pueblos Indígenas ante el inicio de audiencias por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

19 de agosto, 2024

Este 19 de agosto inician las Audiencias del «Nuevo Juicio» por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, compañero Brörán, de Térraba, activista y luchador por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, asesinado por un usurpador al querer «recuperar su propia tierra/territorio», que según la Ley Indígena, es propiedad exclusiva de las y los indígenas que los habitan de ese Territorio (Ley #6172 de 1977).

Acompañamos al Pueblo Brörán y a la familia de Jerhy, enviamos nuestra fuerza, estamos presentes con integrantes de FRENAPI, llevamos energías positivas para quienes pueden estar ahí en los Tribunales de Pérez Zeledón, esperando justicia. Este es un crimen más contra los Pueblos Indígenas, desde que se inició la «guerra de conquista», de crimen y saqueo, usurpación de tierras, robo, explotación laboral y sexual, abuso y violaciones, la mayoría de estos delitos y sus perpetradores físicos e intelectuales, quedaron y quedan impunes, incluyendo a reyes y reinas, militares, religiosas y religiosos, políticos y empresarios, son 532 años de violencia impune, PERO TAMBIÉN DE RESISTENCIA, como lo seguimos demostrando.

El Estado es responsable de todas las «violencias y violaciones» contra los Derechos Humanos (DDHH), ocurridas dentro del Territorio Nacional, esa responsabilidad lo es por Acción y por Omisión, según los Convenios Internacionales de Derechos DHH.

El Estado Costarricense al NO cumplir con las Leyes que protegen los DDHH Indígenas, actúa violando por Omisión esos Derechos, lo que nos ha llevado como Pueblos, a luchar y defender las Tierras/Territorios y otros Derechos, a riesgo de agresiones, amenazas y asesinatos, como los más recientes, el caso de Uniwak Sergio Rojas Ortiz (Bribri de Salitre, Coordinador de FRENAPI) y el de Jerhy Rivera Rivera (Brörán de Térraba). Si todo el Estado, cumpliera, es decir: Poder Ejecutivo (sus Instituciones como por ejemplo INDER y Policía que no sacan a usurpadores); La Asamblea Legislativa (por ejemplo, que No aprobó Ley de Autonomía) y el Poder Judicial (por ejemplo, No aplica el Derecho Indígena según Convenios y otras Resoluciones nacionales e internacionales), NO tendríamos que estar yendo al Juicio de Jerhy, ni dejando Impune el asesinato de Sergio. Si el Estado cumpliera, otra sería la situación para nuestros Pueblos Indígenas.

Pero además de NO cumplir, o sea violar nuestros Derechos por Omisión; el Estado nos agrede, persigue y amenaza con cárcel y Violenta nuestros Derechos, en complicidad con «usurpadores» y sus matones, sicarios; esta complicidad del Estado es a través de sus Agentes policiales y otros funcionarios de PANI, INAMU, INDER, IMAS, Defensoría y Jueces y Fiscales entre otros; las denuncias que presentamos contra ellos, nunca avanzan, ni se investigan o se declaran prescritas y se archivan por falta de mérito.

Nadie detiene a los «grandes» Medios de Comunicación en sus «Campañas» racistas y de odio contra nuestros Pueblos por salir a recuperar nuestros Territorios y a defendernos. El asesino de Jerhy, confesó su crimen delante del Ministro de Justicia y otros funcionarios y fue «ignorado» por esas grandes empresas de comunicación medios, que no informan la verdad y solo publican a su conveniencia. Los Asesinatos de Sergio y Jerry, son Responsabilidad del Estado de Costa Rica, racista, agresor, violento y cómplice de los delitos contra nuestros Pueblos.

QUEREMOS PAZ para nuestros Pueblos; Desalojo de Usurpadores de nuestros Territorios; NO más violencia ni amenazas, no más asesinatos. Que se cumplan las Leyes Indígenas y los Convenios Internacionales que protegen los DDHH.

¡NO MAS IMPUNIDAD!

#SergioRojasVIVE

#JeryRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

APOYA: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena (integrado por Movimientos y Organizaciones sociales, sindicales, eclesiales, estudiantiles, universitarias, ecologistas, mujeres, Derechos Humanos y Paz).

Corrupción e impunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.

Urge acompañar a doña Digna, madre de Jerhy Rivera

Escrito en . Publicado en Derechos.

El líder indígena Jerhy Rivera fue asesinado el 24 de febrero de 2020 por Luis Eduardo Varela Rojas, este último fue inicialmente condenado a 22 años y 15 días de cárcel. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, menos de seis meses después, una apelación en el Tribunal de Cartago ordenó dejarlo en libertad alegando vicios en la valoración de la prueba.

Queremos hacer constar nuestro apoyo a doña Digna haciendo presencia en el Tribunal de Pérez Zeledón. La comunidad de Longo Mai, junto a FECOU y Ríos Vivos darán hospedaje solidario, transporte (ida y vuelta) y almuerzo colectivo, el punto de contacto es Jiri al 8880-6385.

Por último, al número 8766-7980 (Cedeño Rivera Carlos Enrique) se puede hacer Sinpe autorizado por doña Digna para gestiones familiares durante el juicio y a los numeros 8993-2274 (Alejandra Bonilla) y 8505-83-72 (Fanny Ortiz) también se puede hacer Sinpe para apoyar la movilización de las compañeras Red de Mujeres Rurales quienes viajarán hasta Pérez Zeledón.

Para firmar:

Firmas con doña Digna Rivera, exigimos ¡Justicia para Jerhy Rivera! ¡No más impunidad!

Para mayor información puede contactarse al numero 8432-6503 (Maria TM) o al correo electrónico colectivodeapoyodignarivera@gmail.com