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Etiqueta: inclusión financiera

RENASES: el sobreendeudamiento no se resuelve educando al consumidor si no se cambian las prácticas del mercado crediticio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) presentó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sus observaciones al borrador de la Política Pública de Educación Financiera 2026-2036. En una carta del 28 de setiembre de 2026, dirigida a Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y a Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la organización advierte que la política, tal como está planteada, está pensada para enseñar a las personas consumidoras, pero no para cambiar las prácticas del mercado que las llevan al sobreendeudamiento.

RENASES agrupa a 170 organizaciones sindicales, comunales, cooperativas de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, grupos juveniles y movimientos sociales de base de todo el país. «No somos una entidad financiera ni una academia: somos la voz organizada de las personas trabajadoras y sus familias», señala la carta. La organización explica que atiende el sobreendeudamiento a diario en comunidades, sindicatos y asambleas, que ha promovido una agenda legislativa de protección al consumidor financiero y que sus afiliados han participado en espacios de consulta del MEIC. «No llegamos como invitados de cortesía: llegamos como actores con propuesta».

El diagnóstico: un problema que no se explica por falta de educación

Según la carta, al 30 de abril de 2026 el Poder Judicial registraba 771.279 casos activos de cobro judicial presentados por prestamistas formales. RENASES compara esa cifra con poco más de dos millones de personas trabajadoras, y concluye que casi cuatro de cada diez tienen una deuda que ya llegó a los tribunales. Detrás de cada expediente, afirma, hay una persona trabajadora que no pudo pagar, una familia que recortó su alimentación para abonar una deuda o una mujer que buscó un segundo empleo para cubrir los intereses. Además, esos procesos saturan el sistema judicial y retrasan la justicia pronta y cumplida para toda la población.

Para la organización, esta situación «no se explica por falta de educación de los consumidores», sino por un mercado que empuja el crédito de manera agresiva, sin evaluar la capacidad real de pago y sin que nadie frene las prácticas más dañinas. «Enseñarle a alguien cómo hacer un presupuesto cuando ya tiene tres deudas que superan su salario es un gesto bienintencionado, pero insuficiente y tardío».

Cinco problemas de fondo

RENASES reconoce el valor del borrador y el trabajo técnico que lo sustenta, pero identifica cinco problemas estructurales:

  1. Se enseña al consumidor, pero no se cambia el mercado. Una educación financiera que solo pide a la ciudadanía comportarse mejor, sin exigir lo mismo a quienes venden el crédito, tiene un sesgo profundo. RENASES propone formación obligatoria para ejecutivos y asesores de crédito sobre colocación responsable, evaluación honesta de la capacidad de pago y conocimiento de los sistemas de avales públicos (FODEMIPYMES, Sistema de Banca para el Desarrollo y FIDEIMAS) y de las garantías mobiliarias.
  2. No se enseñan los derechos que las personas ya tienen. Entre ellos, la prescripción de deudas antiguas, la protección legal contra el acoso de las gestoras de cobro, el derecho a conocer y corregir la información crediticia, y los canales de denuncia ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la DAC. Según la organización, son herramientas que pueden cambiar la situación de una persona hoy, no en diez años, y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) debe priorizarlas con urgencia.
  3. Quién define qué se enseña. El Comité de Coordinación de Educación Financiera (COCEF) otorga peso mayoritario a quienes ofrecen el crédito y a los entes que los regulan. Las organizaciones de defensa del consumidor tienen un único asiento, sin acceso a las subcomisiones donde se deciden los contenidos. «El conflicto de interés existe, aunque nadie actúe de mala fe: un banco no puede enseñar de manera imparcial cuándo no conviene endeudarse». RENASES pide abrir esas subcomisiones a sindicatos, academia, asociaciones solidaristas e iglesias, entre otras organizaciones.
  4. El Estado invierte en supervisar a los bancos, pero casi nada en proteger a quienes los financian. El sistema financiero se sostiene con el dinero de ahorrantes, cotizantes, familias asalariadas y personas trabajadoras cuyos fondos de pensión alimentan los activos de los intermediarios. Sin embargo, según la carta, son el único actor sin voz ni voto en las decisiones. RENASES sostiene que la rectoría del sistema ha sido «colonizada» de forma progresiva por quienes tienen interés directo en sus resultados, mientras el Estado destina cada año decenas de miles de millones de colones a supervisar la solidez de las entidades. Por eso pide que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) financien una política activa, independiente y robusta de educación y defensa del consumidor financiero, «como obligación del Estado».
  5. Se mide lo fácil de medir, no lo que importa. Contar talleres y asistentes no dice si la situación de las familias mejoró. RENASES propone indicadores de impacto: si bajaron los expedientes de cobro judicial, si mejoró el nivel de endeudamiento de los hogares, si aumentaron las denuncias por prácticas abusivas, cómo evolucionó la morosidad y cómo se comparan las tasas de interés con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dos ausencias urgentes

La carta señala dos vacíos. El primero es que Costa Rica no tiene una ley que permita a una persona sobreendeudada reestructurar sus deudas de manera ordenada y comenzar de nuevo; hoy, la única salida es el embargo y la exclusión financiera durante años. RENASES propone articular la ENEF con una iniciativa legislativa y con un Plan Nacional de Reestructuración de Deudas Personales y limpieza de récords crediticios. El segundo es la definición misma de inclusión financiera, que según la organización no consiste en tener una tarjeta o una deuda, sino en acceder a servicios financieros formales, seguros y a un costo razonable. «Una persona con tres deudas impagables no está incluida: está atrapada».

Diez solicitudes al MEIC y a la DAC

RENASES solicita:

  1. Abrir un espacio formal de participación de la sociedad civil en las subcomisiones técnicas del COCEF, donde se definen los contenidos y se evalúan los resultados.
  2. Que los programas de educación financiera los ejecuten entidades desvinculadas de quienes colocan deuda, como iglesias de todas las denominaciones, sindicatos, universidades, asociaciones solidaristas y organizaciones gremiales con amplia base territorial.
  3. Concebir la educación financiera como formación para la vida, que enseñe a planificar ingresos, construir ahorro y tomar decisiones con criterio propio, y no como instrucción para administrar cuotas.
  4. Incluir con carácter urgente un capítulo sobre cómo salir de las deudas: negociación con acreedores, prescripción de obligaciones, refinanciamiento con orientación independiente y asesoría legal gratuita.
  5. Incorporar como contenido obligatorio los derechos del consumidor financiero: prescripción de deudas, protección contra el acoso financiero, acceso a los registros crediticios y canales de denuncia ante la SUGEF y la DAC.
  6. Incluir a ejecutivos y asesores de crédito como destinatarios de programas formativos de la ENEF, con énfasis en colocación responsable, evaluación real de la capacidad de pago e instrumentos públicos de aval y garantía.
  7. Financiar la educación y defensa del consumidor financiero con cargo al BCCR y al CONASSIF, con independencia real de quienes ofrecen el crédito.
  8. Establecer un sistema de evaluación con indicadores de impacto sobre el sobreendeudamiento de los hogares y los expedientes de cobro judicial activos.
  9. Articular la ENEF con una iniciativa legislativa que cree un mecanismo de reestructuración de deudas para la persona sobreendeudada.
  10. Conceder una audiencia para ampliar lo planteado y explorar mecanismos de implementación conjunta.

La carta, firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, cierra con una advertencia: «Una política de educación financiera que no escucha a quienes trabajan con las familias endeudadas, que no incorpora sus derechos como contenido central y que se financia con los recursos de quienes les prestan el dinero, no es una política pública: es una hoja de publicidad con sello de Estado. RENASES cree que Costa Rica merece algo mejor, y está dispuesta a construirlo».

Contacto: renases.cr@gmail.com

Puede descargar la carta original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Carta-RENASES-MEIC-ENEF-28-setiembre-2026.pdf

OMERCON advierte que proyecto sobre microcréditos trasladaría mayores costos a las familias de menores ingresos

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para archivar el Proyecto de Ley N.º 24.103, denominado Promoción de la Inclusión Financiera mediante la Flexibilización del Microcrédito, al considerar que la iniciativa no promueve una verdadera inclusión financiera, sino que permitiría elevar significativamente las tasas de interés de los créditos de menor monto, afectando principalmente a las personas y familias con menores recursos económicos.

Según el comunicado, el proyecto elevaría la tasa máxima aplicable a los microcréditos del 36,65% al 51,74% anual, lo que representa un incremento de 15,09 puntos porcentuales. Para OMERCON, esa diferencia no responde a un mayor riesgo financiero, sino que se traduciría en mayores ganancias para las entidades prestamistas a costa de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito. La organización resume esta idea señalando que «la diferencia entre el 11,21% real y el 51,74% propuesto no mide el riesgo del deudor. Mide la ambición del prestamista».

Los números muestran el impacto económico

El observatorio sostiene que los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica contradicen la justificación del proyecto. Explica que la tasa promedio de interés que actualmente cobran las entidades financieras para prestar dinero ronda el 11,21% anual, nivel que, afirma, ya permite obtener elevados niveles de rentabilidad.

Con base en cifras del propio Banco Central, OMERCON estima que si únicamente ¢1 billón de los ¢8,5 billones que actualmente conforman la cartera de crédito de consumo quedara sujeto al nuevo límite de intereses, las entidades prestamistas obtendrían aproximadamente ¢150.000 millones adicionales cada año.

El comunicado explica que ello significaría que:

  • la tasa máxima para los microcréditos pasaría del 36,65% al 51,74%;
  • el incremento sería de 15,09 puntos porcentuales;
  • las entidades financieras recibirían alrededor de ¢150.000 millones adicionales al año sobre una cartera de ¢1 billón; y
  • mientras tanto, la tasa promedio utilizada por el sistema financiero para prestar dinero continuaría alrededor del 11,21%, por lo que la diferencia constituiría, según explica la organización, una ganancia extraordinaria para los prestamistas.

«No es microcrédito, es deuda de consumo con otro nombre»

OMERCON sostiene que Costa Rica carece de una definición legal que diferencie claramente el microcrédito productivo del crédito destinado al consumo. En consecuencia, considera que el proyecto terminaría aplicándose sobre deudas de consumo ordinario y no necesariamente sobre financiamiento para emprendimientos o actividades productivas.

El comunicado afirma que una parte importante del crédito existente corresponde precisamente a consumo y describe un mercado caracterizado por una amplia oferta de préstamos mediante mensajes de texto, publicidad en medios de difusión, farmacias, supermercados y otros espacios comerciales. A juicio del observatorio, esas ofertas buscan colocar deuda de consumo y no financiar proyectos productivos, educativos o de vivienda. Por ello resume esta sección afirmando que «esto no es microcrédito, es deuda de consumo con otro nombre».

Más endeudamiento y mayor exclusión

Otro de los aspectos desarrollados en el documento es el posible impacto sobre el sistema judicial y sobre las familias deudoras.

El observatorio plantea que, si las entidades financieras justifican una tasa cercana al 52% con base en una pérdida esperada del 30% de los préstamos, ello equivaldría a aceptar que aproximadamente 300 de cada 1.000 créditos terminarían en procesos de cobro judicial.

Añade que actualmente Costa Rica registra alrededor de 776.000 procesos de cobro activos, equivalentes al 62% de todos los expedientes del Poder Judicial, por lo que considera que la aprobación del proyecto agravaría esa situación. OMERCON resume esta preocupación con una frase que atraviesa todo el comunicado: «Prestar dinero a alguien sabiendo que no podrá pagar no es un modelo de negocio. Es una trampa.»

La inclusión financiera, sostiene OMERCON, requiere otras herramientas

El comunicado afirma que los países que han ampliado exitosamente el acceso al crédito productivo no lo han hecho incrementando las tasas de interés, sino mediante instrumentos públicos de apoyo.

Entre ellos menciona fondos de avales, garantías mobiliarias, seguros crediticios, banca de desarrollo, acompañamiento técnico, compras públicas para pequeñas empresas y mecanismos de transferencia tecnológica.

Para el observatorio, esas medidas constituyen verdaderas políticas de inclusión financiera, mientras que el Proyecto de Ley N.° 24.103 únicamente «se limita a hacer más caro el dinero para quienes menos tienen».

Solicitud de archivo del proyecto

En la parte final del documento, OMERCON solicita formalmente el archivo del Proyecto de Ley N.° 24.103 y de cualquier otra iniciativa que, bajo el argumento de ampliar la inclusión financiera, incremente las cargas económicas para las familias costarricenses.

La organización sostiene que la experiencia internacional demuestra que las crisis de sobreendeudamiento benefician únicamente a quienes obtienen ganancias extraordinarias mediante el crédito y no fortalecen el desarrollo económico de los países.

Como cierre, el observatorio afirma que proteger a las personas más vulnerables no constituye un obstáculo para el desarrollo económico, sino una condición indispensable para alcanzarlo, al considerar que las políticas públicas deben priorizar la protección de quienes enfrentan mayores dificultades económicas antes que facilitar mayores niveles de endeudamiento.

Comisiones de tarjetas: cómo Costa Rica frenó un abuso silencioso

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

Durante décadas, el mercado de pagos con tarjeta en Costa Rica operó como una caja negra. Los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pagaban comisiones excesivas, sin transparencia ni capacidad real de negociación. El argumento era siempre el mismo: no se debe regular, el mercado se autorregula. Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley 9831, los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) demuestran exactamente lo contrario. Regular fue necesario. Y regular dio resultados.

Antes de la Ley 9831, las comisiones que los bancos cobraban a los comercios permanecieron prácticamente intactas por más de 30 años. Esto ocurrió a pesar de una transformación tecnológica profunda: pagos electrónicos masivos, automatización, reducción de costos operativos y un crecimiento exponencial del número de transacciones.

El Estudio Técnico del BCCR 2025 es claro: en 2019 muchas pymes en Costa Rica pagaban comisiones hasta del 12%, una de las cifras más altas del mundo. No había justificación técnica ni económica. Era, simplemente, el reflejo de un mercado altamente concentrado y con prácticas oligopólicas. Cuando no hay competencia real, hay abuso.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio del BCCR es el impacto económico agregado de la regulación. Entre 2020 y 2025, la reducción de comisiones significó un ahorro acumulado equivalente a cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, distribuido entre comercios y consumidores.

Ese dinero no desapareció:

– se tradujo en precios más bajos,

– mayor liquidez para pymes,

– más inversión,

– y mayor inclusión financiera.

Regular no destruyó valor: lo devolvió a la economía real.

El estudio también confirma que, si bien aún existe dispersión en las comisiones, el rango se ha reducido de manera significativa. Hoy, los comercios pagan comisiones que van aproximadamente del 0,1% al 1,95%. En 2019, ese rango iba del 0,1% hasta el 12%.

Esto importa —y mucho— porque esa dispersión extrema generaba competencia desleal: pequeños comercios pagando varias veces más que grandes cadenas por exactamente el mismo servicio. Aún queda mucho por hacer en este aspecto. La cancha todavía no está completamente nivelada, pero ya no está inclinada de forma escandalosa.

La regulación no eliminó la competencia: eliminó el abuso.

Contrario a los augurios catastrofistas, el estudio del BCCR muestra que hoy hay más competencia de los oferentes de datáfonos y mayor dinamismo en el mercado.

Además, los datos reflejan que:

– el volumen de transacciones electrónicas crece a tasas anuales cercanas al 10%, reflejando un uso cada vez más intensivo de tarjetas en la vida cotidiana;

– el monto total transado aumenta año a año a ritmos del 8% al 12%, incluso en un contexto de desaceleración económica, lo que evidencia mayor confianza y penetración del sistema;

– y los pagos electrónicos continúan ganando terreno frente al efectivo, cuyo uso relativo se reduce de forma sostenida, especialmente en comercios formales y servicios masivos.

La disputa por nuevos nichos —como el transporte público, plataformas digitales y pagos masivos— evidencia una mayor penetración de los medios electrónicos de pago en la vida cotidiana de la población.

Cuando bajar precios abre mercado, todos ganan.

El mensaje de fondo del estudio es contundente: los mercados oligopólicos y altamente concentrados no se autorregulan en favor del bienestar general. El mercado de tarjetas —dominado por pocos entes financieros y grandes marcas internacionales— requiere límites claros para evitar abusos y proteger la sanidad del sistema. Los oligopolios no se autorregulan

La fijación anual de tarifas máximas, lejos de ser contraproducente, ha sido —en palabras del propio estudio del BCCR— una medida técnica, efectiva y positiva, que no frenó la innovación ni la inversión. Poner topes no destruyó el mercado: lo hizo funcionar mejor.

Costa Rica no está sola en la regulación del oligopolio.

El estudio recuerda que muchos países de la OCDE regulan las comisiones de tarjetas, precisamente porque reconocen las fallas estructurales de estos mercados. Europa, Australia y otras 20 economías avanzadas aplican límites para proteger comercios, consumidores y la competencia. Regular no es una rareza. Es una buena práctica internacional.

Lo que falta por hacer

El propio BCCR señala que Costa Rica aún tiene espacio para mejorar. Las tarifas promedio siguen siendo más altas que las que enfrentan los grandes comercios en mercados más competitivos. El desafío ahora es seguir reduciendo brechas, fortalecer la transparencia y garantizar que las pymes accedan a condiciones similares.

Cinco estudios, una conclusión

Durante la discusión de la Ley 9831, bancos, marcas internacionales de tarjetas y algunos economistas sostuvieron que la regulación de comisiones sería ineficiente y contraproducente. No obstante, la teoría económica reconoce desde hace décadas que en mercados con estructuras oligopólicas o monopólicas, donde existen fallas persistentes de competencia, altos costos de cambio y poder de mercado, la intervención regulatoria es necesaria para corregir precios, evitar rentas excesivas y proteger el bienestar social.

Cinco estudios técnicos elaborados por el Banco Central de Costa Rica confirman empíricamente este principio: la regulación de comisiones no debilitó el sistema, sino que contribuyó a mejorar la eficiencia, fortalecer la competencia y reducir distorsiones regresivas que recaían desproporcionadamente sobre comercios y consumidores. Defender esta ley implicó ir contra intereses consolidados, pero la evidencia es concluyente. Cuando el análisis empírico es consistente, los argumentos ideológicos pierden sustento técnico.

CGR alerta sobre profundas desigualdades en el acceso ciudadano a créditos financiados con recursos públicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer un análisis que revela fallas estructurales en el sistema de créditos para el desarrollo administrado por 17 entes y órganos públicos, entre ellos Conape, Inder, Infocoop, Fonafifo, Fonade, Fodemipyme, Conarroz, Corbana, Judesur, Fideicomisos N.°955 y fondos especiales del Banco Popular, entre otros.

Este sistema, cuya cartera total supera los ₡908 mil millones y que atiende a cerca de 77 mil personas, fue diseñado para ampliar la inclusión financiera y llevar recursos a sectores tradicionalmente excluidos de la banca. Sin embargo, los hallazgos de la CGR muestran que en la práctica opera como un sistema fragmentado, desigual y con importantes riesgos financieros.

Principales problemas detectados por la CGR

1. Recursos no llegan a quienes más los necesitan

El estudio muestra una profunda desigualdad en la distribución de estos créditos:

  • El 10% de los beneficiarios con más altos ingresos concentra 19,6% del dinero prestado.

  • Mientras tanto, el 40% de quienes tienen menores ingresos recibe apenas 21,3% del total.

La propia CGR resume esta contradicción con una “pirámide invertida”: las personas con ingresos bajos reciben proporcionalmente menos recursos que sectores con capacidad de acceder al sistema bancario tradicional.

2. Debilidad en los controles y alto nivel de informalidad

Los datos muestran una ausencia de mecanismos de debida diligencia:

  • El 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no está inscrito en la CCSS.

  • El 28,8% no aparece registrado en Hacienda.

Esto compromete la trazabilidad, fomenta la informalidad y genera riesgo de legitimación de capitales.

3. Créditos duplicados y concentración extrema

El sistema carece de una plataforma unificada de información crediticia, lo que favorece prácticas indebidas:

  • 693 personas recibieron dos o más créditos para el mismo fin, sumando ₡183.972 millones.

  • Solo 10 beneficiarios acumularon 684 operaciones crediticias, por ₡6.434 millones, en un patrón que la CGR califica como una severa distorsión del propósito social del sistema.

4. Morosidad elevada y riesgo financiero

La morosidad general del sistema es del 5,53%, casi el doble del estándar bancario (≈3%).

Pero la situación es mucho más grave en varios entes:

  • Judesur: morosidad de 56,9%.

  • Fideicomiso Palma Aceitera N.° 955: 34,66%.

  • Fonafifo: 16,33%.

  • Corbana: 15,29%.

  • Conarroz: 12,77%.

La CGR señala que esta condición se agrava con condonaciones de deuda recurrentes, que afectan la sostenibilidad financiera y distorsionan la verdadera situación del sistema.

Un sistema desarticulado que limita la inclusión financiera

El informe subraya que la estructura actual —un “archipiélago” de 17 entes que operan en silos— impide la eficiencia, genera duplicidad, promueve filtraciones y obstaculiza la llegada del crédito a quienes más lo necesitan: personas de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar, agricultores pequeños, emprendedores informales y población adulta mayor.

Incluso se documentan casos de créditos agrícolas otorgados a productores cuya actividad principal registrada no corresponde con el fin del préstamo, lo cual evidencia fallos en la verificación básica de elegibilidad.

Recomendaciones estructurales de la CGR

La Contraloría concluye que el sistema requiere una transformación profunda, basada en tres pilares:

1. Integración

  • Crear una Política Nacional de Inclusión Financiera.

  • Establecer una instancia rectora que articule a todas las instituciones.

2. Eficiencia

  • Implementar un sistema único de información crediticia para evitar duplicidades y filtraciones.

  • Reducir la fragmentación y reestructurar entes que duplican funciones.

3. Sostenibilidad

  • Incorporar supervisión financiera no prudencial a cargo de SUGEF.

  • Regular y limitar las condonaciones de deuda.

  • Fortalecer la gestión de riesgos y el seguimiento de cartera.

La CGR calcula un costo de oportunidad mínimo de ₡31.949 millones en 2024 derivado de filtraciones, morosidad y condonaciones, recursos que pudieron beneficiar a más de 1.390 personas adicionales.

Descargue el informe completo

SURCOS pone a disposición el documento íntegro publicado por la Contraloría General de la República para quienes deseen profundizar en los hallazgos y recomendaciones:

🔗 Descargar informe completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Desigualdad-acceso-credito.pdf