Defender el 0,25% del Banco Popular es defender una visión integral de la seguridad social

Vivian Rodríguez Araya
Lideresa Sector Cooperativo
Comunicadora

Costa Rica ha sido reconocida por construir un modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la búsqueda del bienestar colectivo. Muchas de las instituciones que hoy sostienen nuestra democracia social no surgieron por casualidad, sino gracias a decisiones visionarias impulsadas por sectores sociales, trabajadores, empresarios y líderes políticos que comprendieron la importancia de pensar en el largo plazo. Una de esas conquistas históricas es el aporte patronal del 0,25 % destinado al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Este aporte no debe verse únicamente como una fuente de financiamiento institucional. Su origen responde a una visión estratégica que entendía la necesidad de crear mecanismos complementarios de protección económica para las personas trabajadoras, fortaleciendo así el sistema de bienestar más allá de las pensiones tradicionales. Fue una apuesta por la inclusión financiera, la democratización del crédito y el desarrollo de oportunidades para sectores que históricamente han tenido dificultades para acceder a la banca tradicional.

Gracias a este fondeo y otros, el Banco Popular es una institución de movilidad social, colocando créditos en condiciones más accesibles para trabajadores, familias de ingresos limitados, pequeños productores y emprendedores. Miles de costarricenses han podido iniciar o fortalecer sus negocios, adquirir vivienda, enfrentar situaciones económicas complejas o desarrollar proyectos productivos que generan empleo y dinamizan la economía nacional.

Nuevamente, las propuestas legislativas impulsadas para trasladar ese 0,25 % con el fin de financiar el Régimen No Contributivo (RNC) plantean una discusión que debe analizarse con profundidad y responsabilidad. Sin duda, el fortalecimiento de las pensiones de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad constituye un objetivo noble, justo y necesario. Nadie puede cuestionar la importancia de garantizar ingresos mínimos a quienes enfrentan la vejez sin una pensión contributiva.

En ese contexto, ya señala un conocido principio popular, no se puede desvestir un santo para vestir otro. Resolver las dificultades financieras de ese régimen mediante la reasignación de recursos que ya cumplen una función social y económica estratégica puede generar consecuencias negativas para miles de personas que dependen del acceso a crédito inclusivo y del apoyo a iniciativas productivas.

Lo que realmente necesita Costa Rica es una discusión integral sobre el futuro de su sistema de pensiones. Las dificultades actuales no pueden recaer únicamente sobre una institución o sobre un fondo específico de financiamiento. El desafío requiere corresponsabilidad y compromiso colectivo. El Estado, los trabajadores, los empleadores y los diversos actores sociales deben participar en la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan fortalecer el sistema sin sacrificar instrumentos que también generan bienestar.

Nuestro país cuenta con un sistema multipilar de pensiones que, aunque enfrenta retos importantes, ofrece la oportunidad de construir soluciones equilibradas a tiempo. Lo que se requiere es voluntad política para impulsar una reforma integral que analice cada uno de sus componentes, identifique las fuentes de financiamiento necesarias y garantice la sostenibilidad de todo el Sistema Nacional de Pensiones.

La discusión de fondo debe enfocarse en cómo fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones en su conjunto, preservando los instrumentos que promueven el desarrollo económico, la inclusión financiera y la protección social.

Defender el aporte del 0,25 % al Banco Popular no significa oponerse al fortalecimiento de los regímenes de pensiones. Por el contrario, significa reconocer que ambos cumplen funciones sociales esenciales y que ambos deben fortalecerse. La solución no puede surgir de la confrontación entre necesidades legítimas, sino de una visión compartida que permita construir consensos en beneficio de toda la sociedad costarricense.

Las grandes conquistas sociales de Costa Rica nacieron cuando el país fue capaz de pensar de manera integral y actuar solidariamente. Hoy, más que nunca, se necesita recuperar ese espíritu visionario para garantizar que las futuras generaciones cuenten con pensiones dignas, acceso al crédito y oportunidades reales de desarrollo. Esa debe ser la ruta de una reforma responsable y verdaderamente transformadora.