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Etiqueta: independencia judicial

Independencia judicial: de las palabras a los hechos

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez
Ex magistrado y Profesor Catedrático UCR

            Con frecuencia oímos discursos, reflexiones, conferencias; o bien se organizan debates, seminarios y congresos; o se escriben artículos, tratados, listas de mandamientos, tesis de graduación y un sinnúmero de manifestaciones académicas en torno al tema de la independencia judicial. Todas esas palabras están bien. Pero no son suficientes. Hacen falta las actuaciones y los hechos.

            Lo cierto, digo yo después de una vida profesional dedicada a la función pública y a la carrera judicial, es que el juez independiente es aquél que, por vocación, por valores y por integridad personal decide serlo. Hay muchas tentaciones y amenazas ahí afuera. No hay protecciones legales, constitucionales ni materiales que puedan detener la debilidad o el oportunismo de quien, desde la privilegiada posición de la judicatura, decide traicionar la misión esencial o el rol social decisivo que le corresponde jugar.

            Las principales amenazas a la independencia judicial vienen de los otros poderes, los formales y los de facto. El poder de los políticos, los personajes influyentes social, económica o religiosamente; el poder de los superiores dentro de la estructura misma del Poder Judicial; y ni qué decir la poderosa influencia de los medios de comunicación que presionan en uno u otro sentido. Y de otra parte, están también los poderes informales o de facto, el de los delincuentes comunes, y los peores, los de la delincuencia de cuello blanco o las mafias del crimen organizado. Venderse es la tentación más frecuente y fácil en la cual caer. Y no se trata sólo de la manera más pedestre o vulgar recibiendo dinero a cambio de favores. Están las formas sutiles como archivar una denuncia, dejar que prescriba la causa, absolver al culpable, condenar al inocente. Hay gente tan vendida que el agente poderoso no necesita ni siquiera llamarla, insinuarle o hacerle el depósito bancario. Su servilismo olfatea, adivina, intuye lo que se espera de él (o ella).

            Una tentación peligrosísima es trazarse una carrera judicial ascendente dispuesto a pagar cualquier precio; llegar a la cima con una encomienda que cambie la jurisprudencia para servir a los señores que prestaron ayuda; meterse en el mundillo de las cámaras y reflectores para ganar protagonismo público (pasando información a ciertos periodistas para contar con “buena imagen” y favores), o ser capaces de la infamia y la calumnia en los procesos de nombramientos (“si no soy lo suficientemente virtuoso inventaré vicios inconfesables en mis contendientes”; “si tengo que olvidarme de los amigos de ayer, pues cultivaré nuevas amistades”).

            Pero ante todo, esto de ser juez o jueza, tiene que ser una auténtica vocación. He visto jóvenes profesionales, competentes y valiosos, que tiran la toalla a medio camino. El trabajo judicial siempre es complejo y excesivo; exige muchas renuncias, sacrificios y ciertamente a veces es riesgoso, si es que se quiere hacer como es debido. La vocación auténtica, en el caso de los profesionales del derecho en general y particularmente respecto de los funcionarios judiciales, radica en el valor Justicia. Ese valor se refiere no sólo a la justicia del caso concreto, sino al valor de Justicia Social. No puede haber un buen juez que no recienta la desigualdad, la inequidad o la discriminación de seres humanos en su acceso a los derechos fundamentales. Serían como sacerdotes sin fe en Dios o como médicos a los que no les importe la salud de sus congéneres. Por cierto, que los hay, los hay.

            La última frontera de esa vocación auténtica está cuando el buen juez, llevado por sus principios y su integridad moral, enfrenta la amenaza, la descalificación, y hasta la agresión o violencia contra su vida, sin hacer concesiones, sin traicionarse a sí mismo ni traicionar el juramento de actuar conforme a la ley y sólo la ley. Es ahí cuando recuperamos la esperanza.

            La valentía no es un adorno más, prendido a la toga. Es un requisito sin el cual no hay justicia que valga.

Sabanilla, 17 de febrero de 2021.

Proceso de reelección de presidente de la Corte evidencia la necesidad de mejorar procedimientos legislativos

Para el Foro de Justicia, el controversial episodio legislativo durante la reelección del magistrado de la Sala Constitucional y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, evidencia la necesidad de mejorar el proceso de selección de magistraturas.

San José, 09 de octubre de 2020- El Foro de Justicia externa públicamente su más alta preocupación por los acontecimientos del pasado 5 de octubre en la Asamblea Legislativa, con motivo de la votación para la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Fernando Cruz Castro; lo cual justifica reiterar el llamado para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas y ajustarlo a los estándares internacionales.

El ingreso de dos diputados y una diputada al Plenario legislativo por zonas no habilitadas al efecto, burlando el cierre formal del recinto de votación, empaña este acto formal y debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo. Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional.

Asimismo, el Foro de Justicia considera inaceptable que una vez más, se votara de manera secreta y sin fundamentación, la reelección de una magistratura.

Resulta también preocupante la decisión de la Presidencia del Congreso, de conminar con la nulidad de su voto a aquellas diputadas y diputados quienes, amparándose en los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, pretendieran hacer su voto público. Se vulneró así el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de sus representantes y a fiscalizar los actos del poder público.

Además, desde el Foro de Justicia se reprueba la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistratura para ajustar cuentas con las personas magistradas por los votos emitidos en determinados casos. La Constitución Política señala a la Asamblea Legislativa requisitos específicos a cumplir en caso de considerar que un magistrado o magistrada no debe seguir en su cargo: que exista una causa justificada para no continuar en el cargo y que se cuente con el voto de una mayoría calificada (38) de los y las legisladoras. Adelantándose a su tiempo, la fórmula ideada por los constituyentes de 1949 garantiza la estabilidad en el cargo y fomenta la independencia del Poder Judicial, a efectos de que, los máximos jueces y juezas no deban su puesto a fuerzas políticas particulares.

Cabe recordar que la independencia judicial es un derecho de todas las personas a que sus conflictos se decidan por terceros conforme al derecho vigente y sin sumisión a criterios partidarios o personales.

Actuar contrariamente a los preceptos constitucionales y los estándares internacionales en la materia, propicia la instauración de una judicatura complaciente con los intereses de los grupos dominantes, los cuales pueden variar en cada momento, perdiéndose la protección de la independencia judicial para la resolución de los conflictos sociales.

El Foro de Justicia insta respetuosamente a los señores diputados y a las señoras diputadas a que asuman la responsabilidad de modificar el Reglamento Legislativo eliminando todas las normas que suponen la votación secreta para estos casos y fortalezcan los mecanismos para la designación de las magistraturas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a mostrarse vigilante de sus representantes legislativos, exigiéndoles transparencia y rendición de cuentas.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.comluisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

Reelección de magistraturas e independencia judicial

Ana Marcia Aguiluz Soto *

En los próximos días la Asamblea Legislativa conocerá la solicitud de reelección del magistrado Fernando Cruz Castro, quien actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política, en su artículo 158, establece que la reelección opera en forma automática, salvo que una mayoría calificada decida lo contrario.

Esta solicitud constituye una buena oportunidad para analizar la figura de la reelección de magistraturas y su vínculo con la independencia judicial.

En su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público”. Para que ello sea posible, y se preserve el Estado de Derecho, es indispensable que la administración de justicia esté integrada por personas idóneas y competentes que puedan ejercer sus cargos con independencia de cualquier grupo de poder.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que exista independencia judicial deben establecerse tres garantías fundamentales: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

Respecto de la reelección, la Comisión Interamericana ha considerado que esta figura es “factor de fragilidad en la independencia de jueces y magistrados”, esto por cuanto se corre el riesgo de que las personas titulares del cargo se comporten de cierto modo con el fin de obtener el apoyo de la autoridad responsable de la decisión. Considerando este riesgo, la CIDH considera deseable que las y los operadores de justicia tengan nombramientos por un periodo definido y suficiente que permita contar “con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar sujeto a una confirmación o ratificación superior”.

No obstante, si la figura existe, la CIDH y también el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados (sic) han dicho que, “esta debería operar en forma automática, a menos que exista una falta grave”. Precisamente, en aras de garantizar la estabilidad en el cargo y proteger contra presiones externas, una eventual decisión de no reelección solo sería legítima si se fundamenta en razones objetivas las cuales deben surgir de un análisis sobre la integridad, la idoneidad, la formación apropiada, el mérito personal, la capacidad profesional y la eficiencia de quien ostenta el cargo, según lo ha señalado por la Corte IDH. No resultaría admisible que la no reelección se justifique en criterios ideológicos o políticos.

Ahora bien, pese a las obligaciones que tiene Costa Rica para cumplir con los anteriores estándares, hasta el momento la Asamblea Legislativa no ha implementado metodologías de evaluación objetivas tanto de las personas que se postulan a las magistraturas como de las que buscan la reelección. En este sentido, existe un vacío en la práctica y en la norma que abren un portillo que atenta contra la independencia judicial y le puede producir responsabilidad internacional al Estado costarricense.

Por otra parte, persiste una deuda con la transparencia y la publicidad de este tipo de procesos. De esta manera, en la medida en la que los y las diputadas razonen su voto y lo hagan público se reducirá la posibilidad de injerencia de otros poderes o grupos de poder dentro del Poder Judicial por razones no admisibles. Esta debe ser una demanda ciudadana.

Así las cosas, al conocerse la solicitud de reelección de don Fernando Cruz, a menos que exista una razón objetiva, la reelección debe operar de forma automática, caso contrario, se estaría adoptando una decisión discrecional y arbitraria que afectaría la independencia judicial y que invitaría a los restantes magistrados y magistradas a revisar constantemente sus conductas para agradar a quienes integran la Asamblea Legislativa.

Analizando la trayectoria del magistrado Cruz, es mi opinión que hoy más que nunca necesitamos personas que, como él, ejerzan su investidura con decoro, integridad, competencia e independencia.

En momentos de crisis y enorme inestabilidad en el país, la Asamblea Legislativa debe recordar lo dicho por la Sala Constitucional en la sentencia 2013 – 6247 en cuanto que “Todos los órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser garantes del control de convencionalidad, a fin de hacer respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente”. No es momento de enviar mensajes de intimidación a otros poderes de la república. Todo lo contrario, es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar su independencia.

* Abogada costarricense, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, defensora de derechos humanos

Foro de Justicia lanza campaña #VotoPúblicoYA para el proceso de selección de magistraturas

  • Se promueve la eliminación del voto secreto en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y en el plenario de la Asamblea Legislativa

  • Diputadas y diputados deberían aprobar un cambio en el Reglamento Legislativo

Las organizaciones integrantes del Foro de Justicia, los paneles independientes de observadores de las elecciones a Magistraturas, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, otros grupos y personas expertas han realizado una serie de propuestas para mejorar el procedimiento de selección de magistraturas. En esta ocasión, el Foro de Justicia hace un llamado especialmente urgente para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todo el proceso de selección, desde la valoración en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN), hasta la votación final en el plenario, de tal forma que así, al menos se elimine la opacidad y falta de rendición de cuentas, mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son indispensables para que estos procesos cumplan con los mejores estándares internacionales.

Solo en el período 2014-2018 se han efectuado ocho procesos de elección de magistraturas y cuatro de reelección, que impactan sustancialmente la dirección del Poder Judicial, institución que garantiza los derechos y el acceso a la justicia a todos los habitantes. La escogencia de estas magistraturas ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario mediante una votación secreta. Además, los informes finales sugieren nombres para la terna, generalmente sin motivación o fundamentación alguna.

Para empeorar el clima de opacidad, una vez trasladado el informe o los informes al Plenario, los diputados y diputadas votan también en secreto, no solo por los nombres sugeridos, sino que pueden votar por cualquier persona que tenga los requisitos constitucionales, aunque no haya participado en el proceso de selección.

Estas prácticas contradicen abiertamente los principios constitucionales de representación, idoneidad y rendición de cuentas. Perjudican no solo la imagen del Poder Legislativo, sino también a las personas que se eligen y a aquellas que sometieron sus nombres al proceso. Además, se mina la posibilidad de fortalecer el Poder Judicial con personas que ejerzan sus cargos de manera independiente.

La votación secreta en la CPEN puede ser fácilmente revertida si los diputados y diputadas que la integran así lo aprueban, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el Plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Es decir, solo se requiere de la voluntad política de quienes integran este poder de la República. Ambos temas, valga mencionar, se encuentran pendientes de resolución en diversas acciones que está conociendo la Sala Constitucional.

Ante esta situación el Foro de Justicia lanza su campaña #VotoPúblicoYa en la Asamblea Legislativa, la cual busca exigirle a la Asamblea Legislativa un ejercicio de transparencia mediante dos acciones clave: 1) que se introduzcan los cambios necesarios al Reglamento Legislativo y la metodología de la CPEN para garantizar la publicidad del voto en futuras elecciones de este tipo; 2) que mientras se gestan dichos cambios normativos, los legisladores y las legisladoras hagan público su voto.

El Foro de Justicia alienta a la ciudadanía a exigir estas acciones en redes sociales mediante estas sencillas acciones:

  1. Etiquete el usuario de los y las integrantes de la Asamblea Legislativa
  2. Exíjales que hagan su #VotoPúblicoYa

También instamos a los medios de comunicación a unirse y difundir la campaña #VotoPúblicoYa en la Asamblea Legislativa. Esta es una manera de recordarle a las legisladoras y legisladores que son nuestros representantes, y que cómo tales, deben rendirnos cuentas sobre qué tipo de decisiones y negociaciones están realizando en un tema tan trascendental como la elección de quienes dirigen el rumbo del Poder Judicial. Este es un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos sin discriminación alguna.

El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com

 

Foto: https://www.ucr.ac.cr/

Enviado a SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

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Exponen iniciativa ciudadana que busca independencia de magistradas y magistrados

En Desayunos de Radio Universidad, Marcia Aguiluz y Héctor Ferlini-Salazar exponen la iniciativa ciudadana que busca, mediante una acción de inconstitucionalidad, lograr la transparencia legislativa en la elección de magistradas y magistrados para asegurar la independencia de la judicatura.

La invitamos a ver el programa, comentar y compartir.

Buscan fortalecer independencia judicial con acción de inconstitucionalidad

Comunicado de prensa

El pasado 11 de setiembre, más de treinta personas presentaron una acción de inconstitucionalidad en relación con los procedimientos para elegir los puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta iniciativa legal recoge una serie de críticas identificadas y propuestas en diversos foros en el país, pero hasta ahora han sido desatendidas por los diputados y las diputadas. A la fecha, Sala Constitucional todavía no ha resuelto la admisibilidad del asunto.

Las personas firmantes, entre las que destacan personalidades provenientes del mundo académico, científico, cultural y de los derechos humanos, solicitaron a la Sala Constitucional ordenar a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que respete el Derecho de la Constitución costarricense y las obligaciones internacionales sobre este tipo de procesos, incluyendo el lapso máximo para la designación, ya que constantemente incumplen el plazo establecido por la misma Constitución Política para hacer esas designaciones.

Según los y las promoventes, los procedimientos actuales no son transparentes, cambian de manera arbitraria de un concurso a otro, y no cumplen con criterios objetivos de idoneidad. Asimismo, los diputados y las diputadas gozan de una alta discrecionalidad y no rinden cuentas por la elección que realizan, pues ni siquiera justifican o fundamentan la selección de personas que hacen.

Hoy, en conferencia de prensa, las y los accionantes se refirieron a la importancia de esta acción que tiene como principal objetivo la defensa de la independencia judicial. Además, expresaron:

Como habitantes de Costa Rica, tenemos el derecho de contar con jueces y juezas independientes, que tengan la capacidad y las condiciones para juzgar todo tipo de casos sin ningún tipo de presiones. Nos preocupa la falta de objetividad que está caracterizando este tipo de procesos y lo que eso implica para nuestro derecho de acceder a la justicia. No se trata de una acción en contra o a favor de alguien en particular, sino del deseo de mejorar sustancialmente, en forma permanente, un tema que, desde hace décadas ha empezado a afectar la institucionalidad democrática”.

Las y los accionantes hacen un llamado a todas los y las habitantes de Costa Rica para que se sumen a la exigencia de una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos.

Dado en San José, a los 8 días del mes de octubre de 2019.

 

Enviado por Rosaura Chinchilla Chacón.

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Nuevos desafíos de la Sala Constitucional al celebrar sus 30 años

• Costa Rica enfrenta diversos desafíos que están poniendo en riesgo la esencia del Estado democrático, entre ellos, el proceso de elección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El nacimiento de la Sala Constitucional marcó un hito en el fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos en Costa Rica. Vino a frenar los abusos de poder y con ello se fortaleció la división de poderes que es clave para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho.

A partir del inicio de sus funciones, los y las habitantes de Costa Rica aprendimos a apropiarnos de la Constitución Política y, por ende, a exigir el respeto y garantía de nuestros derechos fundamentales.

A través de los años, la Sala ha conocido miles de asuntos trascendentales para la vida de las personas. Con sabiduría, valentía e innovación, ha logrado desarrollar de manera amplia el Derecho de la Constitución, brindando protección a numerosos derechos como la salud, el debido proceso y la libertad; impactando con ello a las poblaciones históricamente excluidas que encuentran en la Sala un árbitro confiable que escucha sus voces y les otorga un lugar en la sociedad.

Hoy, 30 años después, Costa Rica enfrenta diversos desafíos que están poniendo en riesgo la esencia del Estado democrático. Emergen actores sociales que promueven el autoritarismo y que abogan por visiones restrictivas de nuestros derechos humanos, fuerzas políticas que, sin vocación democrática, quieren controlar la institucionalidad para minar el sistema de frenos y contrapesos.

Un ejemplo de esto es el proceso de elección, por parte de la Asamblea Legislativa, de quienes integran la Corte Suprema de Justicia. Este se está llevando a cabo de manera poco transparente, sin motivación ni respeto a los estándares internacionales. Los resultados de este tipo de prácticas pueden afectar seriamente la institucionalidad democrática y poner en riesgo nuestro derecho de acceder a una justicia independiente e imparcial. Es por ello que un grupo de personas interpusimos una acción de inconstitucionalidad (expediente No. 19-016721-007-CO) para solicitar a la Sala que fije límites a la arbitrariedad que caracteriza los procesos que actualmente lleva la Asamblea Legislativa. Con ello pretendemos no solo asegurar una adecuada garantía de nuestros derechos sino también defender la independencia de la judicatura.

Hoy más que nunca recordamos las palabras de la propia Sala en el voto 04091-94

Los artículos 9, 10, 121, 140, 152 de la Constitución, entre otros, claramente asignan funciones especializadas a diferentes órganos -Poderes- del Gobierno, y han diseñado un complejo sistema de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante si se quiere, de la libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca y la autolimitación de esos poderes, se yergue como un valladar de protección de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de todos los habitantes del país. Por ello, la función de un tribunal constitucional está alejada de esas discusiones de conveniencia política respecto de las otras áreas del gobierno, limitándose a garantizar ese mínimo constituido por las normas y principios del Derecho de la Constitución y, especialmente, los derechos y libertades fundamentales.

Confiamos que la Sala reconocerá, una vez más, el importante rol que se le ha dado en nuestra sociedad, y tanto en este como en otros casos que implican desafiar a las estructuras de poder, podrá estar a la altura de las circunstancias.

San José, 25 de setiembre de 2019

FIRMANTES:

Ana Marcia Aguiluz Soto

Walter Antillón Montealegre

Gabriela Arguedas Ramírez

Larissa Arroyo Navarrete

Roxana Arroyo Vargas

Francisco Barahona Riera

Yolanda Bertozzi Barrantes

Ana María Botey Sobrado

Yadira Calvo Fajardo

Daniel Camacho Monge

Paula Dobles Trejos

Alda Facio Montejo

Héctor Ferlini-Salazar

Luis Antonio González Jiménez

Milena Grillo Rivera

José María Gutiérrez Gutiérrez

Miguel Gutiérrez Saxe

Vilma Ibarra Mata

Alexander Jiménez Matarrita

Marcela Martino Aguilar

Emilia Molina Cruz

Arnoldo Mora Rodríguez

Manuel María Murillo Castro

Jaime Ordóñez Chacón

Gilda Pacheco Oreamuno

Cristina Rojas Rodríguez

José León Sánchez Alvarado

Carlos Sandoval García

Miguel Ángel Sobrado Chaves

Manuel Antonio Solís Avendaño

Ciska Raventos Vorst

Henriette Raventós Vorst