SURCOS recibió de Uriel Rojas un texto publicado por Gilbert González Maroto en Facebook. Compartimos el escrito:
«LICENCIADO HUGO LÁZARO DETENIDO POR SER DEFENSOR LEGAL DE CAUSAS INDÍGENAS PARA RECUPERAR TIERRAS
El día de hoy en horas tempranas, el Licenciado Hugo Lázaro Estrada, indígena brunca de Yimba Cajc, fue detenido por supuestamente amenazar una persona no indígena, a quien la Asociación de Desarrollo Indígena de Yimba Cajc le recuperó una tierra adquirida ilegalmente. Lázaro Estrada es asesor legal de varias causas donde intervienen asociaciones de desarrollo indígenas que han recuperado sus tierras despojadas ilegítimamente. La persona que acusa al licenciado Lázaro, presentó una certificación que lo acredita como indígena, donde aparece como garante la firma de una señora de apellido Ortiz. Sin hacer una indagatoria previa, la Fiscalía Indígena ordena la captura y hace pocos minutos liberan al compañero Hugo Lázaro por falta de pruebas.
La Fiscalía debe dar una amplia explicación de su actuar a los pueblos indígenas, porque cuando los indígenas son los amenazados, ya sabemos las consecuencias, o más bien, no hay consecuencias.
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San José, 07 de diciembre de 2018. Compartir los resultados obtenidos mediante los proyectos de Becas Taller 2018, ejecutados desde abril y hasta diciembre del presente año, en torno al rescate de prácticas ancestrales en la comunidad indígena de Rey Curré, es lo que pretende esta comunidad indígena, mediante un convivio cultural que se realizó el pasado sábado 08 de diciembre.
La iniciativa es promovida por la Dirección de Cultura (DC) del Ministerio de Cultura y Juventud, junto con los coordinadores de los proyectos, y se realizará en la Casa del Mayor Santos Rojas Morales.
Becas Taller es un programa de la DC, que mediante estímulos y sinergias tiene como propósito impulsar el quehacer de gestores y organizaciones que trabajan en el campo de la cultura, apoyando proyectos que reconozcan, visibilicen y fortalezcan las distintas expresiones de la Herencia Cultural presentes en el territorio costarricense.
“La importancia de este convivio es la posibilidad de que quienes estuvieron encargados de este fondo puedan compartir con otras personas de la comunidad que tal vez no formaron parte de los talleres o de los diferentes espacios que abrieron diálogo. Lo que se busca es que la comunidad conozca un poco sobre el trabajo que se realizó, que se enteren de todo lo que se compartió y escuchen la experiencia; además, que se pueda visibilizar este trabajo dentro de la comunidad”, manifestó Daniela Mora Parra, funcionaria del Departamento de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura del MCJ, destacada en la zona sur.
En esta ocasión, los proyectos de Becas Taller promovieron en Rey Curré una serie de talleres que ensañaron cómo cultivar y conservar sus propias raíces ancestrales, asociados al arte indígena, tradición oral, idioma, así como el tallado de jícaros y máscaras.
Para Doris Rojas, coordinadora de estos talleres en Rey Curré, “estos espacios han sido una gran oportunidad para todos, pero especialmente para aquellos que realmente se interesen en valorar su cultura. Se puede incluso ver como una opción de ocupación laboral, diseñando obras artísticas que le puedan permitir obtener algún ingreso a las familias. De esta manera, se beneficia el artista y se continúa conservando estas prácticas ancestrales”, subrayó la becaria.
Este convivio inició a partir de las 2 p.m., del día sábado 08 de diciembre y comprende una agenda de actividades informativas y de compartimiento comunal.
Fotografías: Comunidad de Rey Curré
Producción – Oficina de Prensa y Comunicación – MCJ / Consecutivo 448 / GGU/ 07-12-2018
Fuente: Prensa Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica
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Fabiola Pomareda García / pomaredafabiola@gmail.com
El primero de setiembre de 2016 un grupo de no indígenas dispara al menos en seis ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro, en las montañas de Cabagra, provincia de Puntarenas. Dentro del grupo agresor se identifica a Sebastián Córdoba Rodríguez, Álvaro Solís Moreno y Víctor Hugo Vargas Valderrama.
El 17 de setiembre, unos días después, un grupo de no indígenas ataca a balazos a Allan Delgado Torresy Baldomero Waisa en la misma recuperación de Brazo de Oro. Los agresores fueron identificados como Marlon Sandí Morales, Yordani Sandí Morales, Elvin Picado Altamira y Esteban Córdoba Rodríguez.
Estos son sólo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur: Pueblos originarios y comunidades campesinas”. Si estos ataques se hubieran dado en cualquier barrio de clase media de San José; o al final de un partido de futbol en Cartago, lo más probable es que ya se hubiera dado un juicio, una sentencia y cárcel para los responsables. Pero poco le importa a la gente y a las autoridades lo que ocurre en las montañas de Cabagra, en ese lugar lejos de todo, donde pareciera que ya no hay ley.
Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cabagra, confirma que las amenazas y ataques físicos que han sufrido son a raíz de las recuperaciones que hicieron.
“El 17 de setiembre de 2016 se dio un ataque violento, donde dos de nuestros hermanos fueron heridos. Fueron impactados con balas, les dispararon y tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente; pero hasta la fecha no ha habido resolución. Los agresores siguen libres y, hasta donde sé, tenían medidas cautelares, pero siguen por la comunidad transitando como si nada. No ha habido sentencia”, cuenta Luz.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
El 5 de julio un grupo de no indígenas con matones a sueldo queman ranchos de familias indígenas recuperadoras en Cebror, Salitre y los persiguen por las montañas. Bloquean la entrada al territorio indígena. El 6 de julio más de 100 no indígenas amenazan y disparan, bloqueando el acceso al territorio con piedras y arena que llevan en dos vagonetas. Cortan la electricidad en Cebror. Este es otro hecho recopilado en el documento citado.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre y relata: “Estábamos en una finca que pertenecía a Pindeco y se había recuperado, en Salitre. Habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se habían organizado y habían bloqueado la carretera por Cebror. Nos corretearon. Muchas mujeres tuvieron que huir hacia la montaña; estuvieron escondidas por varias horas. Y así nos quemaron el rancho. Encontramos las botellas con gasolina”.
“La mayoría de los ataques que se han cometido, se han hecho las denuncias pero no se llega a ningún castigo ni a ninguna condena. Lo único que hacen es que archivan los casos. Los ataques han sido de los terratenientes no indígenas que viven en los territorios indígenas. Unos son de Salitre o Cabagra; otros de Buenos Aires. No ha habido ningún castigo. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes porque dentro de los territorios uno sigue viendo a los mismos agresores. No hay nada que nos favorezca. No se han cumplido las leyes a favor nuestro”, afirma Leandro.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señala que “en los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar sus territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quema de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus territorios”.
“Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales y hasta el momento ha habido una impunidad total, en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley, sino que siguen en la mayor impunidad. Las y los funcionarios judiciales del cantón de Buenos Aires no están cumpliendo con sus obligaciones; entonces, las investigaciones que en muchos casos se han iniciado, no han llegado a nada. En otros casos, por la inacción de las y los funcionarios judiciales nisiquiera se llegan a desarrollar los procesos judiciales. Es absolutamente necesario que se establezcan las sanciones legales ante estas agresiones”, subraya Oreamuno.
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas dispara en seis ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente, por apoyar las recuperaciones de tierras.
Rojas se encuentra libre y el 9 de agosto participó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Hemos enfrentado la persecución de los invasores, encarcelamientos, agresiones físicas y verbales en Salitre, Cabagra y Térraba y hemos logrado enfrentar y salir adelante de estas agresiones. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares; pero el Gobierno no las ha cumplido”, añade Rojas.
“En el caso del territorio bribri de Salitre, hay varias causas judiciales que han sido desestimadas. Otras que han sido archivadas porque dicen que no hay suficiente pruebas, que no hay testigos, que no saben si la tierra es de indígenas o de no indígenas; entonces que por eso no pueden resolver el caso, porque no están seguros de quién es la tierra”, explica el líder.
“Cuando tratan de resolver un tema de agresión de usurpadores, los jueces lo que hacen es desvirtuar la demanda original, para decir que no castigan al agresor porque no saben si la tierra es del agresor o era de los indígenas, y declaran libre de culpa al agresor”, critica Rojas.
El 22 de febrero de 2016 Clarita Quiel Torres y su familia recuperan una finca en Palmira, territorio indígena de Cabagra. El no indígena Mario Espinoza, quien era el usurpador ilegal de la finca, los alemanaza con arma de fuego. Al día siguiente regresa con otros seis hombres a amenazar de nuevo. Posteriormente llegan dos oficiales de la Fuerza Pública y únicamente pidieron los datos a la familia de Clarita y se fueron. La noche del 22 alguien prendió fuego y destruyó el ú-sure o casa cósmica, en Cabagra, construido por el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, que apoya las recuperaciones.
Clarita Quiel Torres también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto. “Hasta el momento no han habido resoluciones en contra de los agresores. Algunas resoluciones han habido en contra de nosotros los bribris. Hay algunos casos cerrados. En el caso mío la denuncia que pusimos de amenazas contra mi persona está cerrada. La fiscalía la cerró”, refiere.
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad, incluyendo defensores públicos, fiscalía, tribunales, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones.
La Coordinadora gestionó, junto con la Defensoría de los Habitantes una reunión con representantes del Poder Judicial. Finalmente esta se realizó el 24 de agosto en Buenos Aires. Asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba y representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba. De parte del Estado participaron distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, de la fiscalía, de la Contraloría de Servicios y Carmen María Escoto, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas”, recuenta un comunicado de la Coordinadora.
El Poder Judicial se comprometió “a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados”.
Para Luzmilda Delgado, “el objetivo de retomar lo que era de nosotros es algo que nos da fuerzas para seguir adelante hasta el final porque una vez empezado un proceso de esa magnitud sabíamos que enfrentaríamos cosas” y afirmó: “Creemos que tenemos todo el derecho de retomar lo que por derecho nos corresponde”.
Leandro Morales, por su parte, expresó: “Hemos seguido con nuestra visión, con nuestra lucha, que es recuperar las tierras. Aprendemos de lo que sucede y agarramos más valor para hacer que se cumplan las leyes y demostrar que el territorio es nuestro”.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
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El domingo 4 de noviembre, un grupo de habitantes del territorio indígena de Yimba Cajc, o Rey Curré, decidieron hacer un paseo, una especie de caminata. Ese día unieron sus fuerzas y, después de un proceso planeado y meditado, recuperaron una finca de aproximadamente 280 hectáreas, ubicada aproximadamente a tres kilómetros al noreste del centro de Yimba Cajc, sobre la Carretera Interamericana.
El terreno se ubica cerca de la antiguamente llamada Finca Potomac, que en marzo de este año también fue recuperada por 16 familias indígenas Broran Térraba. La finca fue renombrada como Crun Shurin, “tierra de venados”.
De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc, la recuperación del 4 de noviembre se hizo de manera pacífica y desde entonces trabajan reparando cercas y limpiando. Su plan es construir una cocina, un lugar para reuniones e instalar servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios y calle de acceso. La tierra será otorgada a indígenas, organizaciones o comités con proyectos agropecuarios, de reforestación o de protección de bosques.
El 3 de agosto esta Asociación también impulsó la recuperación de otra finca de unas 250 hectáreas; pero que se ubica dos kilómetros al sur de Rey Curré, también sobre la Interamericana. Según la agrupación, se “está haciendo un movimiento social de reivindicación de derechos ancestrales y defensa de su territorio en el sitio arqueológico Dú Túj, donde está la finca. La propiedad estaba en manos de una persona no indígena, a pesar de ser un sitio arqueológico, registrado ante el Museo Nacional de Costa Rica. La Asociación quiere que ahí se reubiquen algunas familias afectadas por la tormenta Nate, en octubre de 2017, así como el Colegio de Curré, que se inundó totalmente durante la tormenta.
Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas son una problemática que afecta sobre todo a los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba y Curré.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Según datos de Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, se calcula que desde el 2008 se han recuperado 1.200 hectáreas en Salitre y 1.950 en Cabagra.
Para Oreamuno, estas recuperaciones de tierras son legítimas y justas “porque de acuerdo a la legislación nacional e internacional, los territorios de los pueblos originarios les pertenecen a ellos”.
“Los territorios ancestrales son territorios que ellos han trabajado, donde han vivido desde antes de la conquista y de la creación del estado nación. Y actualmente los territorios de estos pueblos han sido invadidos en diferentes procesos, en diferentes etapas, por personas no indígenas. Esto es contrario a la ley”, dijo.
“Las recuperaciones también son legítimas porque de acuerdo a su costumbre, a su cosmogonía, estos territorios son parte de sus formas de vida, y están en todo el derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus culturas para recuperar estos territorios donde han convivido, los cuales han cuidado, y de los cuales en muchos casos sale agua, no sólo para sus comunidades sino para sus alrededores”, agregó Oreamuno.
Para don Irene Flores Rodríguez, indígena de Abrojo Montezuma e integrante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, las recuperaciones son legítimas “porque los indígenas antes no era que habían venido de otros lugares; eran nativos del mismo territorio”.
“Muchos dicen que los indígenas no quieren trabajar, por eso nos devaloran lo que tenemos. No es que se las hemos quitado las tierras [a los usurpadores no indígenas]; es que son nuestras”, expresó don Irene.
Emmanuel Buitrago, indígena bribri de Talamanca, refirió que después de que en el año 2010 el Gobierno desalojó de forma violenta a las personas indígenas que estaban en la Asamblea Legislativa, demandando la aprobación de una ley que defendiera sus derechos y autonomía, ellas y ellos decidieron “reivindicar esa autonomía a partir de la recuperación de tierras”.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 9 de agosto en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José, Buitrago y otras lideresas y líderes indígenas denunciaron como el gobierno costarricense sigue atentando contra los derechos de los pueblos originarios, desde todos los poderes de la República. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Los pueblos indígenas no vemos la tierra como mercancía, no vemos los recursos como símbolo de monetarización, sino que tienen otras connotaciones espirituales y exigimos el respeto a esas espiritualidades”, aclaró Buitrago.
“Por eso en los ultimos años hemos venido recuperando las tierras en manos de usurpadores, que han hecho daños incalculables en territorios, especiamente cuando destruyen las tierras, destruyen los bosques, ponen precio a nuestra biodiversidad, a nuestros recursos, a nuestras aguas y eso es sumamente peligroso para la humanidad y el pueblo costarricense”, añadió.
Todo esto ocurre pese a que el derecho internacional de los pueblos indígenas exige el respeto a la autonomía y a la reivindicación de su espiritualidad, cultura, educación, vivienda y de todas sus formas de vida.
“Por eso que hacemos este llamado a la ciudadanía y a todos los poderes, para que desde los tribunales de justicia y desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se sigan atropellando esos derechos”, concluyó Buitrago.
El líder también contó que están planeando un congreso nacional indígena, que posicione la agenda de los pueblos indigenas en pro de los derechos humanos, “frente a la agenda de exclusividad, de violencia y de etnocidio sistemático del estado costarricense contra los pueblos indígenas”.
Doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena de Conte Burica, también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto, y afirmó: “Nosotros seguimos aquí de pie, con la intenció de continuar la lucha por nuestros derechos porque cuando en el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa fue por reclamar nuestros derechos, por querer hacer valer nuestros derechos y hasta el momento el Gobierno no quiere darnos ese reconocimiento”.
“Siempre he dicho que el Gobierno quiere darnos atolillo con el dedo y nosotros, los compañeros de esta lucha, de este movimiento, no queremos eso. Ya han pasado muchos años en que nos han humillado. Creo que ya es el momento en que nosotros continuemos la lucha porque sinceramente: si nosotros no vamos a luchar, nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo doña Luisa.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Fuente original: http://www.vocesnuestras.org
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