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Etiqueta: indignación ciudadana

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte II)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

En nuestra primera columna repasamos cómo Costa Rica construyó un Estado de Bienestar ejemplar y cómo, a partir de los años 80, ese modelo empezó a fracturarse bajo la receta neoliberal. Pero el cambio de rumbo no solo nos trajo recortes; trajo consigo una cultura donde la función pública dejó de ser un servicio para convertirse, en muchos casos, en un botín.

Hoy vamos a hablar de esa herida abierta: la corrupción del bipartidismo, la factura social que nos cobraron y cómo esa indignación parió un movimiento político que prometió salvarnos de nosotros mismos.

El festín del bipartidismo y el descaro institucional

A partir de los años 90, los ticos empezamos a desayunar con escándalos de cuellos blancos. Ya no eran rumores, eran millones de colones de los fondos públicos esfumándose frente a nuestros ojos.

Recordemos el sonado caso del Fondo de Emergencias, uno de los primeros grandes golpes a la confianza institucional. Pero la verdadera sacudida llegó con el saqueo del Banco Anglo Costarricense. Durante la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (PUSC, 1990-1994), el banco más antiguo del país fue desangrado mediante inversiones ruinosas. El detalle que no se nos puede olvidar es que miembros de la Junta Directiva y la Gerencia de la institución eran socios o allegados al bufete de la familia Calderón Fournier.

A su llegada al poder, y bajo la presión y recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), la administración de José María Figueres Olsen (PLN, 1994-1998) se apresuró a decretar el cierre definitivo del Banco Anglo en septiembre de 1994. Fue un golpe durísimo a la economía y al orgullo nacional, aunque, para la historia, queda el consuelo de que por lo menos en esa ocasión los responsables, incluyendo al gerente Carlos Hernán Robles y a su Junta Directiva, terminaron en prisión.

A partir de ahí, la bola de nieve no se detuvo:

En el año 2000, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (PUSC), el país estalló en las calles contra el famoso “Combo del ICE”, un intento de apertura disfrazado que la ciudadanía leyó como un claro intento de privatización a medida.

En 2004, bajo el gobierno de Abel Pacheco, el país se paralizó: estallaron los casos CCSS-Fischel y ICE-Alcatel, tramas de comisiones ilegales que llevaron a los mismísimos expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez a la cárcel preventiva, aunque no llegaron a cumplir penas definitivas, y que mantuvieron al expresidente Figueres Olsen fuera del país, a pesar de que su causa no por años.

Más adelante, durante el segundo mandato de Óscar Arias Sánchez (PLN, 2006-2010), se gestó el Caso Crucitas, un desastre ambiental y legal tras la declaratoria de “conveniencia nacional” de la minería a cielo abierto.

Y como si no fuera suficiente, bajo la administración de Laura Chinchilla (PLN, 2010-2014), nos topamos con el vergonzoso Caso de la Trocha Fronteriza (Ruta 1856), donde el pretexto de la defensa nacional ante Nicaragua sirvió para que empresas fantasmas y funcionarios corruptos drenaran miles de millones.

La factura: El campo abandonado y la clase media asfixiada

Mientras las cúpulas del PLN y el PUSC se repartían el pastel y los tribunales, ¿qué pasaba con la Costa Rica real?

Se gestó una crisis sostenida. Mientras se perdían millones en corrupción, la excusa para el pueblo seguía siendo “no hay plata”. Esto provocó un abandono sistemático de nuestros agricultores y ganaderos, a quienes se les dejó a la libre competencia frente a mercados internacionales subsidiados, sin apoyo técnico ni crediticio. Paralelamente, la histórica clase media costarricense —el gran orgullo del Estado de Bienestar de los años 50— empezó a endeudarse para sobrevivir, viendo cómo el costo de la vida subía mientras la brecha entre los más ricos y los más pobres se ensanchaba a niveles históricos.

El advenimiento del PAC: La indignación como bandera

Fue exactamente en este caldo de cultivo de asco y frustración ciudadana donde germinó la ruptura. A finales de los años 90 e inicios del 2000, un grupo de dirigentes históricos del Partido Liberación Nacional, indignados por la podredumbre interna y el abandono de la socialdemocracia, decidieron que ya era suficiente.

Así nace el Partido Acción Ciudadana (PAC) en el año 2000, fundado por Ottón Solís Fallas. Pero Ottón no se fue solo. Detrás de él caminaron nombres que eran verdaderos pesos pesados de la política nacional, figuras de una moralidad y un peso histórico indiscutibles: don Alberto Cañas Escalante (fundador del PLN), don Guido Miranda (arquitecto de la CCSS moderna), y Margarita Penón Góngora, entre otros grandes intelectuales y ciudadanos.

Todos se cobijaron bajo una sola bandera suprema: la lucha frontal contra la corrupción.

El discurso era impecable. Era la promesa de la ética en la función pública. Sin embargo, con el paso de los años, Ottón Solís se adueñó por completo de la narrativa y de la estructura del partido que ayudó a crear. Lograron convencer a un país herido de que ellos eran los únicos depositarios de la decencia política.

Pero el poder es el ácido que prueba los metales. Y cuando finalmente les tocó gobernar, la historia dio un giro que nadie —o muy pocos— esperaban.

De eso hablaremos en nuestra tercera entrega, bajo un título que resume lo que nos pasó a todos como país: “¿Más cara la medicina que la enfermedad? Cuando te conviertes en esclavo de tus palabras”.

¡No traten de enredar lo que está claro!

Freddy Pacheco León

Cisneros, Chaves y Nogui, en orden de mayor a menor jerarquía, responden a la indignación ciudadana, enterada de la póliza de la vergüenza, «justificando» que es para mejorar la acción gubernamental. Que los jefes de los ministerios, instituciones autónomas, entes «desconcertados», Y el presidente, requieren protección especial, de una póliza del centenario INS, ante demandas, muchas veces injustificadas.

Podría ser; en la de menos. Pero ¡ese no es el punto en discusión! Lo injustificable, ilegal, abusivo, desvergonzado, es que, todos los que pagamos impuestos, incluyendo a la olvidada señora de Purral, tengamos que financiar los ¢248 millones anuales, que cuesta la póliza, para que, especialmente el Chaves, cuente con un seguro con el cual enfrentar procesos judiciales, que no corresponde al Estado pagar.

Si quiere cubrirse de eventuales demandas personales y sus consecuencias, pues que busque a sus conocidos en el INS, y contrate con ellos, ¡con su plata!, las pólizas que más le convengan.

La oferta de la excelente aseguradora del Estado, la misma que los tres citados arriba quieren vender, es amplia y atractiva. Aparte de que, si se faja a gobernar bien, acorde con las leyes que nos rigen, seguramente no tendría necesidad, de buscar cómo protegerse las espaldas.

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)