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Etiqueta: informalidad laboral

Un debate sobre la democracia (para qué sirven las cifras)

Gilberto Lopes

Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.

Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.

¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?

La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.

El sistema democrático tradicional

Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.

El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.

Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.

Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.

Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.

El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.

Entonces ¿a qué atenernos?

Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.

En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.

En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.

En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.

Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.

No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.

Volvamos a hablar sobre la democracia.

La calidad de la democracia

Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.

Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.

Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.

Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.

¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.

Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.

Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.

Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?

Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.

Cómo retomamos el camino perdido

Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.

Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.

De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.

En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.

FIN

De la subsistencia al crecimiento: El futuro estratégico gestado desde el sector microempresarial

Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador-Académico

Observatorio de Futuros-OdF de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), llevó a cabo un análisis comparado desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares-España, el cual propone transformar la política pública costarricense, pasando del asistencialismo a la acción anticipada para combatir la informalidad y potenciar el desarrollo local.

El diseño de las políticas públicas suele adolecer de un mal bastante común: responder a las condiciones del presente con herramientas del pasado, frente a esto, una reciente investigación internacional titulada “Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la microempresa de España y Costa Rica; un análisis comparado” propone transformar el sistema. Para ello, se apoya en los postulados de la prospectiva estratégica del Dr. Michel Godet (Economista francés, titular de la cátedra de prospectiva estratégica) y el Dr. Francisco José Mojica (Docente Investigador – Consultor en Prospectiva Estratégica), el estudio parte de una premisa poderosa: “El futuro no está predeterminado y es la acción anticipada de hoy la que puede salvar o condenar al sector productivo más grande del país, la microempresa”.

Bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, el Observatorio de Futuros-OdF (EPPS-UNA) se constituye en una iniciativa académica que se enfoca en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.

Dr. Ángel Ortega Ortega. Académico EPPS-UNA

En este sentido, la investigación, realizada por el académico e investigador de la EPPS-UNA, Doctor Ángel Ortega Ortega, durante una estancia académica (2026) en el prestigioso Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá de Henares España, cobra una relevancia monumental para la economía costarricense: “No se trata de una simple comparación académica; sino que marca una hoja de ruta que utiliza la experiencia de un país desarrollado y adaptado a los estándares de la Unión Europea para desnudar las carencias estructurales de Costa Rica y ofrecer líneas de política pública para el largo plazo”, indicó el académico Ortega, quien describe tres criterios dignos de tener presentes:

  • Dos realidades un mismo motor

Dentro de los hallazgos de la investigación se resalta una asimetría profunda pero un punto de encuentro crítico. España es una economía diversificada con apenas el 2,2% de informalidad laboral. Costa Rica por su parte, arrastra un 37% de empleo informal y un 18% de hogares en condición de pobreza (INEC), el cual tiene alguna relación con el desarrollo de este sector.

Sin embargo, en ambos países las microempresas son el corazón del parque empresarial.

En Costa Rica, según datos analizados, representan al menos el 81% del tejido productivo (y supera las 435.000 unidades si se consideran las no registradas). En España, el sector representa poco más del 90% del parque empresarial. En ambos contextos, el sector funciona como un gigantesco colchón social de autoempleo, pero con una diferencia fundamental: mientras la microempresa española opera en un mercado ampliado y formalizado, la costarricenses sobrevive invisibilizada y condenada a sobrevivir en pequeños espacios territoriales.

  • La radiografía del dolor:

Según los datos del INEC citados en el estudio, el 80.1% de las microempresas costarricenses no tienen registros contables, el 98,3% carecen de cédula jurídica o registro en Hacienda y el 45.9% nacieron estrictamente por necesidad o falta de empleo formal, estas condiciones dejan en desventaja a este sector para asegurar su inserción en el mercado formal e internacional, cosa muy distinta se visualiza en la microempresa española.

  • Sobre lo estratégico:

El estudio desarrolla un análisis exhaustivo del estado del arte como base para la identificación de hechos portadores de futuros, señales débiles y factores de cambio que están configurando las áreas estratégicas clave para potenciar la contribución del sector al desarrollo de la economía costarricense.

Para este académico y Miembro del Observatorio de Futuros-OdF de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS (Costa Rica), entre los principales factores portadores de futuro identificados destacan la exposición de PYMES a tensiones geopolíticas, nivel de apoyo del Estado al sector MYPIME, la contribución de la microempresa al empleo nacional, la efectividad de los programas de financiamiento, los niveles de productividad, el aporte de la microempresa a la economía, el grado de informalidad del sector, la prevalencia de enfoques asistencialistas en los programas de apoyo, entre otras.

Cabe indicar que la prospectiva estratégica es una disciplina que analiza y anticipa los futuros posibles y deseables para iluminar la acción presente y tomar decisiones estratégicas más acertadas, tanto Michel Godet (Francès) como Francisco Mojica (Colombiano), quienes son referentes de la Escuela Francesa o Voluntarista, esta corriente sostiene que el futuro no está predeterminado, sino que se construye activamente mediante las decisiones de los actores sociales, de esta manera, el Dr. Ángel Ortega (Costarricense) agregó que, en seguimiento a la prospectiva estratégica, el análisis efectuado (microempresa de España y Costa Rica),conduce a la construcción de cuatros escenarios posibles de evolución del sector: “El primero corresponde a un escenario crítico o catastrófico, asociado a la ausencia de acciones enfocadas a mejorar la tendencia actual. Los otros dos intermedios combinan factores favorables y desfavorables que podrían materializarse en función de las decisiones adoptadas y de las dinámicas del entorno. Finalmente, se plantea un escenario deseable, caracterizado por la convergencia de condiciones positivas que permitirían maximizar el aporte del sector MIPYME al desarrollo económico y social del país”.

Universidad Pública de Alcalá España (UAH)
ubicada en Madrid-Alcalá de Henares

Para el señor Ángel Ortega, académico, investigador y ex director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la investigación realizada describe sus propias dimensiones, componentes, criterios y evidencias: la narrativa de este último escenario plantea un contexto en el que el Estado fortalece al sector mediante la formulación de políticas públicas y marcos normativos claros, complementados con programas y proyectos orientados a la formación, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento efectivo. Estas acciones se enfocan principalmente en el desarrollo de capacidades de anticipación y respuesta ante cambios, acontecimientos y disrupciones tanto favorables como adversas.

De manera paralela, el sector asume un papel activo en su propio desarrollo, aprovechando los instrumentos de apoyo disponibles, promoviendo la asociatividad y la conformación de clústeres según sus actividades económicas, fortaleciendo sus competencias mediante procesos continuos de capacitación e incorporando avances tecnológicos que impulsen la innovación permanentemente en sus procesos y modelos de negocio.

Como resultado, las microempresas logran mejorar significativamente sus niveles de productividad, competitividad y resiliencia, incrementando su aporte al desarrollo económico y social del país. Todo esto se sustenta en una estrategia sectorial clara, articulada y de largo plazo, capaz de orientar los esfuerzos de los distintos actores y la institucionalidad pública y privada afín, hacia objetivos comunes de desarrollo económico y social.

Con base en los resultados del estudio, se concluye con una serie de lineamientos para el diseño de política pública más efectiva. Entre ellos destacan dos propuestas innovadoras: la conformación de núcleos de formación y el diseño de un observatorio nacional de futuro, destinado al análisis de tendencias estratégicas que generen insumos tanto para la toma de decisiones del sector como para el diseño de programas y proyectos de apoyo”.

Los núcleos de formación constituyen una estrategia para articular a las microempresas según sea su ubicación geográfica y actividad productiva, permitiendo el desarrollo de programas de capacitación diferenciados y pertinentes a las características de cada grupo. Estos programas incluyen formación técnica, gestión empresarial, mercadeo, fianzas y otras áreas estratégicas. De manera complementaria, se promueve el acceso a instrumentos de financiamiento y recursos tecnológicos que impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible de las unidades productivas.

Ortega considera pertinente el trabajo de un Observatorio de Futuros del sector, que se oriente a la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de monitorear de manera permanentemente los acontecimientos del mercado y del contexto, que puedan representar oportunidades o amenazas para este sector. Este observatorio emitiría informes de forma continua y retroalimentaría los contenidos de los procesos de formación y asistencia técnica dirigidos al sector: “El estudio concluye que, considerando las diferencias entre los sectores de la microempresa de ambos países, estas dos propuestas son viables y necesarias para fortalecer la generación de capacidades tanto en España como en Costa Rica. Además, ambos países cuentan con la institucionalidad y las capacidades necesarias para su ejecución, requiriendo únicamente de la articulación interinstitucional y el diseño del proyecto correspondiente”, concluyó el Dr. Ángel Ortega, académico de EPPS-UNA, para quien, a partir de las particularidades de cada contexto sectorial, la investigación formula además una serie de recomendaciones adicionales para la formulación de políticas de apoyo al sector en Costa Rica.

Pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.

El Observatorio de Futuros -OdF- de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), seguirá impulsando desde varios ámbitos el planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.

Mayor información:
angel.ortega.ortega@una.cr

Nos hace falta una idea de país que entusiasme a la ciudadanía

Gilberto Lopes
10 de mayo de 2026

Demolido sistemáticamente lo que quedaba del esfuerzo de construir una sociedad solidaria en Costa Rica, durante más de cuatro décadas la paulatina privatización de los recursos del Estado tuvo dos efectos: por un lado, redujo las opciones para contener el déficit fiscal; por otro, concentró la riqueza, alimentando una creciente polarización social.

¿Qué país se podía construir así? El que tenemos hoy. Una de sus expresiones más dramáticas es que más sectores han quedado marginados. Por un lado, las costas: en el Caribe, en la Pacífico, en Guanacaste. Por otro, la juventud que, sin educación adecuada, sin expectativa de ingresos, sin horizontes, es reclutada por el crimen organizado, que la seduce con la oferta de riqueza rápida y una vida corta.

¿Es ese el país que queremos?

Avanzamos por ese camino hasta terminar –en mi opinión, mediante cinismo político y engaño de la oferta electoral– poniendo un candado a cualquier eventual intento de retomar un camino solidario. Mediante la regla fiscal se precarizó el empleo público y se amarró la mano al Estado, indispensable para atender las demandas públicas y privadas de nuestra sociedad.

No es que no se necesitara enfrentar el crecimiento de la deuda pública. Había que hacerlo. Pero hay varias formas de hacerlo. La más importante es empezar a revertir un proceso de privatizaciones que deja el Estado impotente para hacer frente a las necesidades de la población. Pero no. La decisión fue recortar el gasto público, mientras trataban de convencernos de que esa era la mejor alternativa para enfrentar el problema.

Calculen, por ejemplo, cuantos miles de millones fueron a parar a manos privadas por la privatización del sector bancario, cuya nacionalización fue a base de la Segunda República. O los miles de millones que se transfieren todos los días de los bolsillos de los costarricenses a los concesionarios de una carretera privatizada y cada vez menos eficiente, como la 27, recursos que podrían destinarse al desarrollo de obras públicas en el país, en vez de financiar las vacaciones en el mediterráneo de los beneficiados con una concesión leonina.

¿Qué sentido tienen proyectos como esos? ¿Qué idea de país se puede forjar así? Me parece que ninguna. Además, desprestigiados los políticos que nos llevaron por ese camino, se abrieron las puertas para que cualquier aventurero que los atacara contara con el apoyo entusiasta de la mayoría. Naturalmente, no tardó en aparecer el oportunista capaz de hacerlo y de hacerlo de la manera más soez.

Tampoco fue capaz la oposición de renovar una idea de país. En vez de presentar sus propias propuestas políticas, su agenda se centró en la crítica a las del gobierno existente. A levantar la voz contra los riesgos del “populismo” y del “autoritarismo” con los que cada uno califica, a su modo, el gobierno. Sin que eso ayude a aclarar una alternativa o a debilitar el apoyo de los que simpatizan con el gobierno.

Siempre he desconfiado de los conceptos de se pretenden por encima de la política, que reivindican la extraordinaria calidad de poder servir para criticar, por igual, a la derecha y a la izquierda. Nos eximimos así de la obligación de ofrecer una alternativa política a la población, muchas veces aliados a la idea de que derecha e izquierda son conceptos inútiles para enfrentar el escenario político actual.

“Populismo” y “autoritarismo

Naturalmente, no comparto esos puntos de vista. Quiero sugerir algo distinto. Mientras una oposición (cada vez más minoritaria) ponía el grito en el cielo por lo que consideraba amenazas a la democracia, se consolidaba una política conservadora que quedará mejor delineada en este nuevo gobierno, con una cómoda mayoría parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, que en el gobierno anterior no tenía ninguna importancia pues la política oficial consistía en descalificar a la oposición (no a negociar con ella), ahora tendrá una tarea distinta: mantener el orden en una fracción mayoritaria y tratar de sumar algunos votos que les permitan conformar una mayoría calificada.

Por otro lado, desde Hacienda, se trata de la aplicación radical de la regla fiscal, consolidando una política conservadora sustentada, además, por la criminalización de la protesta social y la limitación de la inversión pública.

No se trata de “populismo” ni “autoritarismo”, sino de algo más importante: de una política conservadora, surfeando la ola de desprestigio de líderes políticos que se encargaron de ir vaciando toda idea de país que pudiera entusiasmar a la ciudadanía.

La indispensable tarea de hacer saltar la regla fiscal

Aquí es donde se renueva la responsabilidad de quienes no compartimos ese rumbo. Es evidente que hace ya muchos años hemos sido incapaces de reivindicar una indispensable y renovada idea de país.

¿Por qué no denunciar una regla fiscal que, tal como está concebida, no es más que una cadena que inmoviliza todo posibilidad de responder a las demandas, a las necesidades, de nuestra población? Dirán que esa es una pelea imposible. Lo es hoy, porque hemos renunciado a darla. Pero la política, al contrario de lo que se repite con majadería, no es el arte de lo posible. Me parece que es el arte de hacer posible lo que es indispensable para construir un país.

Hacer saltar esa regla es quizás el objetivo más urgente y más fácil de explicar a la ciudadanía, si nos empeñamos en hacerlo. No es complicado. Hay más de un estudio sobre el tema, barridos para debajo de la alfombra por los intereses conservadores empeñados en aplicarla. A nosotros nos corresponde recuperarlos.

Me permito sugerir uno, escrito por el economista español Juan José Torres. En un artículo titulado “Vuelve a demostrarse: las reglas fiscales de la Unión Europea son un engaño” (puede ser visto aquí: https://juantorreslopez.com/vuelve-a-demostrarse-las-reglas-fiscales-de-la-ue-son-un-engano/), Torres se refiere a los resultados de esas reglas fiscales, establecidas en el Tratado de Maastricht en 1992 para la Europa comunitaria. Estipulaban que los déficits públicos no podían superar el 3% del PIB de cada país, ni la deuda pública el 60%, tal como se estableció en la regla fiscal de Costa Rica.

La excusa para eso –dice Torres– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Como aquí.

Sin embargo –agrega– las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito no lograron ese objetivo: “la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público”.

Torres insiste en que no hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al tres por ciento del PIB o del 60 por ciento de la deuda pública redundará en una reducción de la deuda. Tampoco se puede negar que eso reducirá la actividad económica. Más bien sucede lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada, dice Torres. Lo cierto es que esa regla fiscal, que el nuevo ministro de Hacienda tratará de aplicar a rajatabla, solo nos llevará por el mismo camino.

No dejo de pensar en que enfrentar desde ya ese escenario, cuyas dramáticas consecuencias son evidentes, nos abre un horizonte hacia el que caminar, con el posible apoyo los sectores que han ido quedando en el camino en esas décadas de privatizaciones: trabajadores del sector privado, empresarios de los más diversos sectores, funcionarios públicos, pensionados, jóvenes, la educación, la salud, todos los sectores están siendo afectados por la amarra impuesta al país por esa regla fiscal.

Una alternativa para el país

La lucha nos obligará a ir buscando caminos, a ir ensanchando horizontes, a ir sumando voluntades, a ir sugiriendo una nueva idea de país que durante décadas las privatizaciones han venido demoliendo.

El exdirector del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, enumeró, en un artículo –“Hablemos del futuro”– publicado el 19 de abril pasado, algunos de los problemas que enfrenta el país.

El éxito no ha sido para todos, afirmó. Entre los rezagos citó la desigualdad territorial (un problema de importantes repercusiones políticas, como quedó en evidencia en las elecciones de hace cuatro años), los mediocres resultados de la educación pública, la falencia de la estructura vial, el deterioro de la seguridad social, el desfinanciamiento de lo público, los efectos de una política monetaria sobre la competitividad de la producción nacional, “la falta de direccionalidad de la política del estado en su conjunto”.

No es poca cosa. Esa falta de direccionalidad de la política del estado resume, de cierta manera, la falta de una propuesta que entusiasme a la ciudadanía y le de sentido a un nuevo proyecto político.

No se puede construir una país con zonas francas, ni con un modelo de turismo como se ha venido desarrollando. Las zonas francas son un modelo de desarrollo para las empresas que se aprovechan de los beneficios que se les otorga (sobre el tema sugiero el artículo de los economistas Luis Carlos Olivares y Daniel Vartanián, “Cuatro mitos sobre las Zonas Francas y una errata política legislativa”, publicado el 8 de junio del 2020). Son ellas las que se desarrollan, mientras que, para el país, representa algunos empleos mejor pagados, siempre muy limitados, mientras los trabajadores nacionales son empujados a la informalidad. Ya en 2020 cifras de Hacienda revelaban que en Costa Rica había 1.040.025 personas en la informalidad, casi 55% del empleo en el sector privado.

Nuestro desarrollo tiene que estar basado en el desarrollo de empresas nacionales, de servicios, agrícolas, industriales. ¡Pero empresas nuestras! Públicas, ¡sí! Pero también privadas. Solo así se puede construir un país.

No se trata de oponerse a las zonas francas. Pero se trata de entender que ese no es un modelo de desarrollo. Se trata de ofrecer nuevas ideas.

Mientras no logremos avanzar en una visión propia seguiremos machacando la agenda del gobierno, discutiendo sobre el tono del discurso de la presidente, criticando la patanería del que se fue, sin ofrecer una alternativa, ni un camino distinto al que hemos venido recorriendo desde fines del siglo pasado, fundamento de la desesperanza que alimenta nuestro escenario político actual.

FIN

Defensoría plantea a la CCSS ruta alternativa para fortalecer el IVM

  • Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.

Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.

La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.

En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.

La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.

La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.

Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.

La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.

La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Creación de empleo en el país se estanca, a seis años de la pandemia

Roxana Morales Ramos, M.Sc.
Economista, Coordinadora OES-UNA
Escuela de Economía, Universidad Nacional

Costa Rica no ha logrado crear empleo en términos netos en los últimos seis años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC.

El nivel de ocupación se ha mantenido prácticamente estancado: en el cuarto trimestre de 2019, previo al inicio de la pandemia por covid-19, se contabilizaban 2.182.818 personas ocupadas, mientras que en el cuarto trimestre de 2025 la cifra apenas alcanzó las 2.183.473. En consecuencia, el aumento neto del empleo en el periodo fue de 655 personas, en un contexto de crecimiento poblacional superior a 294 mil habitantes.

Este estancamiento en el empleo se da en un contexto de contracción significativa del mercado laboral, reflejada en la caída de la tasa neta de participación. Este indicador, que mide la proporción de personas de 15 años y más que trabajan o buscan activamente empleo, se redujo en 8,4 puntos porcentuales, al pasar de 62.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 54.5% en el mismo periodo de 2025. En otras palabras, cada vez menos personas están disponibles o dispuestas a integrarse al mercado de trabajo, lo que plantea riesgos importantes para el crecimiento económico, la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y seguridad social, así como para el sistema de cuidados.

La contracción de la fuerza laboral afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor intensidad en estas últimas. Entre 2019 y 2025, la fuerza de trabajo masculina se redujo en un 5.4%, mientras que la femenina lo hizo en un 8.1%, profundizando las brechas de género existentes en el mercado laboral.

Un empleo que no crece, solo se redistribuye

Aunque el empleo total no aumenta, sí se observa una recomposición significativa de su estructura. Por nivel educativo, la ocupación crece entre personas con secundaria completa y educación universitaria, mientras que disminuye entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Algo similar ocurre por calificación: durante estos años únicamente se han creado empleos que requieren alta calificación, mientras que los de calificación media y baja se han reducido.

La redistribución también es etaria. El crecimiento del empleo se concentra en personas de entre 24 y 44 años, mientras que en el resto de los grupos de edad el número de personas ocupadas es inferior al observado en 2019.

Sectores ganadores y perdedores

La recomposición del empleo se manifiesta igualmente a nivel sectorial. Entre las actividades que más puestos de trabajo han perdido destacan la agricultura, ganadería y pesca (-64.795 empleos), los hogares como empleadores (-38.037), el comercio y reparación (-13.707) y hoteles y restaurantes (-12.181). En este último sector, el impacto ha sido particularmente desigual por sexo: mientras que entre las mujeres se perdieron 13.068 empleos, entre los hombres se registró un leve aumento de 887 puestos.

En contraste, algunas actividades sí muestran creación de empleo, entre ellas transporte y almacenamiento (28.300 nuevos puestos), comunicación y otros servicios (19.109), intermediación financiera y seguros (17.803) y actividades profesionales y administrativas de apoyo (16.980). La industria manufacturera también destaca, con la creación de 24.278 empleos.

Turismo: caída del empleo y mayor vulnerabilidad laboral en mujeres, jóvenes y microempresas

El sector turismo sintetiza con claridad las transformaciones recientes del mercado laboral. En términos netos, entre 2019 y 2025 se perdieron 6.216 empleos. No obstante, esta cifra oculta fuertes desigualdades: mientras se crearon 2.108 empleos para hombres, las mujeres perdieron 8.324.

La pérdida de empleo turístico se concentró en zonas urbanas (-13.730), mientras que en áreas rurales se crearon 7.514 puestos. Asimismo, afectó principalmente a personas jóvenes de entre 15 y 34 años (-15.255 empleos) y a microempresas de 1 a 9 personas trabajadoras (-14.648). En contraste, los establecimientos con 10 o más personas empleadas generaron 8.535 nuevos puestos, lo que evidencia que las microempresas han sido las más golpeadas por el ajuste.

Adicionalmente, la destrucción de empleos se dio principalmente entre personas en condición de subempleo y en la informalidad. En el caso de las mujeres, la mayor pérdida se registró en las actividades de provisión de alimentos y bebidas, con 11.274 empleos menos.

Menos desempleo, pero no por más empleo

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo periodo de 2019 (309.465). No obstante, esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral.

Casi la mitad de la población desempleada (48,7%) cuenta con secundaria incompleta o menos, lo que evidencia las crecientes dificultades de inserción laboral para personas con menor nivel educativo, en un contexto donde las actividades más dinámicas de la economía demandan perfiles de mayor calificación.

En paralelo, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243 personas. Aunque el mayor incremento se observa entre quienes tienen 60 años y más (59.7%), el aumento se registra en todos los grupos etarios, confirmando un proceso generalizado de contracción del mercado laboral.

Un mercado laboral más pequeño y más excluyente

En síntesis, Costa Rica enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos. Cada vez menos personas participan en el mercado de trabajo y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.

Este patrón afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos. En este contexto, la disminución del desempleo no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente. Esta dinámica no solo limita el crecimiento potencial de la economía, sino que también plantea la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a ampliar la participación laboral —en particular de las mujeres— y a promover una generación de empleo más diversificada e inclusiva.

Fuente de los gráficos: OES-UNA con datos del INEC.
Nota: Las escalas de los ejes fueron truncadas para facilitar la visualización de los fenómenos analizados.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Ni sobrevivir en las calles ni “emprender por necesidad” es solución: Exigimos empleo digno, salarios justos y derechos sociales

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular condena de manera categórica las políticas que han empujado a miles de costarricenses a “ganarse la vida” en las calles con ventas informales, pequeñas actividades económicas de supervivencia o autoempleo forzado. La más reciente información publicada por medios nacionales evidencia que una proporción significativa de personas emprende no por oportunidad sino por necesidad, lo que es reflejo de un mercado laboral colapsado donde no existen empleos formales, no hay salarios dignos, no se generan oportunidades reales de vida ni se garantiza acceso a una vivienda, educación o seguridad social básica.

Estas prácticas no son un signo de innovación o de desarrollo sostenible. Son la expresión cruda de una economía que falla y de políticas públicas que han abandonado al pueblo a su suerte. “Emprender” por necesidad significa que miles de familias no tienen más alternativa que vender en la calle, trabajar en la informalidad sin seguridad, sin derechos, sin protección social y sin futuro para sus hijos. Esto no resuelve la falta de empleo formal, ni crea industria ni fortalece la producción nacional, ni resuelve la crisis de viviendas, ni asegura educación de calidad para nuestros jóvenes.

Lo que estos datos reflejan es que las familias están siendo condenadas a la pobreza, al hambre y a la precariedad. Mientras un porcentaje enorme de microempresas opera en la informalidad sin acceso a seguridad social y sin poder emitir comprobantes fiscales, millones de trabajadores quedan fuera del sistema de protección social y sin la seguridad de un salario digno o un trabajo estable.

El Partido Vanguardia Popular rechaza las falsas narrativas que celebran el “autoempleo” como si fuera la solución estructural a una crisis de décadas. Detrás de esas estadísticas hay madres y padres de familia, jóvenes sin opciones, personas que han perdido toda esperanza en una política que prioriza la riqueza de unos pocos por encima de las necesidades básicas del pueblo.

Reafirmamos que ni sobrevivir en la calle ni los parches informales sustituyen al empleo digno con derechos laborales, ni al derecho a una vivienda, ni a la educación, ni a la seguridad social universal. La lucha de nuestro pueblo no debe ser por sobrevivir, sino por vivir con dignidad.

Esto no es tema de los candidatos a la presidencia, no hay propuestas concretas ni estrategia de desarrollo del país, para ellos “la pomada canaria” es entregar soberanía nacional a cambio de empresas extranjeras vengan a Costa Rica, se llenen de privilegios arancelarios, se llevan las ganancias fuera del país y luego tirar a los trabajadores y trabajadoras a la calle, como siempre ha sucedido.

Exigimos políticas públicas reales de empleo formal y estable, con salarios que cubran las necesidades de las familias. Acceso universal a vivienda digna, educación realmente gratuita y de calidad para todos, el pago de la multimillonaria deuda del Estado a la salud pública efectiva y una seguridad social integral.

También, protección real a los trabajadores y trabajadoras, no sustitutos informalizados ni autoempleos de subsistencia y un modelo de desarrollo productivo y soberano, que impulse la industria nacional, la producción agropecuaria sostenible y la generación de empleo digno, bien remunerado.

El Partido Vanguardia Popular se pone del lado de quienes trabajan, de quienes luchan por una vida digna y de quienes se niegan a aceptar como destino inevitable la pobreza y la miseria.

Del empleo pleno a la sociedad del riesgo: hacia una redefinición del trabajo en Costa Rica

Fernando José Méndez Castellanos*

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.

El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados

El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.

Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.

En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.

La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.

En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?  

Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.

Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.

En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.

¡Feliz día de la independencia!
Para los empresarios…

* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

Una síntesis política de lo ocurrido en Perú

Carlos Herz.

Carlos Herz, periodista
15-01-23

El Perú vive una persistente crisis de gobernabilidad desde hace decenios, caracterizada por la fragilidad institucional, principalmente política; por un déficit de construcción de ciudadanía; y por los limitados espacios de participación ciudadana, mayormente existentes por las presiones y movilizaciones populares que han ido conquistando diversos derechos y demandas. Esta crisis se da en el contexto de una enorme informalidad en la economía nacional –agudizada en el período de pandemia–, como expresión del abandono histórico del Estado en la atención a las necesidades elementales de las personas, quienes se han visto obligadas a desarrollar múltiples estrategias de sobrevivencia material. Esta dinámica económica y hasta social ha estado acompañada de la implementación de un modelo de acumulación basado en la exportación de commodities y materias primas diversas (principalmente minerales y productos agropecuarios) que dependen de las condiciones internacionales y que no se han visto en lo fundamental afectados, salvo por la variación de los precios globales. Cabe añadir que buena parte de la informalidad está vinculada con la ilegalidad y la corrupción en sus diversas formas, la cual también mueve la base económica del país. Se puede decir que junto a la crisis de gobernabilidad, convive un modelo neoliberal extremo que articula todas las formas de acumulación mencionadas.

  1. En ese contexto surge el gobierno actual que, más que una opción de aceptación programática, fue resultado del rechazo a una posible administración fujimorista, ya conocida por su esencia represiva, corrupta y entreguista de los bienes del país al capital. El triunfo por escaso margen del presidente Castillo nunca fue aceptado por la derecha en sus diversas facciones ni por la mayoría de los medios de información a su servicio, a lo que se agrega un fuerte componente de racismo y discriminación, que ha sido y es una de las características constantes hasta la fecha, ahora más agudizada. Después, la total ineficiencia y los visos de corrupción crecientes del gobierno favorecieron la práctica golpista y desestabilizadora implementada por el Congreso y estimulada por la prensa. Lo cierto es que, en cualquier circunstancia, aun con un buen gobierno de Castillo, no hubiera sido distinta la respuesta de la derecha peruana, aunque otro hubiera sido el devenir político, como resultado de un esperado apoyo popular que no recibió el presidente durante su errática gestión. Inclusive muchas de las medidas gubernamentales fueron atentatorias contra los derechos ciudadanos como en educación y género, coincidentes con los enfoques retardatarios de la derecha.
  2. Las evidencias de corrupción gubernamental, que debieran ser procesadas judicialmente como en cualquier Estado de Derecho, fueron suficiente razón para poner por delante las acusaciones a la gestión presidencial, siendo atendidas con mucha diligencia por el Congreso y el Poder Judicial, en comparación con muchos otros casos de mayor escándalo, sospecha y pruebas de corrupción. La consigna política concertada de la derecha en el Congreso y en la mayoría de la prensa fue desde inicio la de censurar a Castillo y su entorno, manteniendo siempre en vilo a su A esta persistente campaña de desestabilización y de vacancia, hay que sumar la terrible dosis de un discurso clasista y racista aprovechando de la impericia y el origen popular del presidente para agredir a su persona y a su familia. Esto último es uno de los factores centrales que ha despertado la reacción de la población mayormente rural; es decir, ésta no ha sido provocada sólo porque las élites han desconocido el triunfo electoral de Castillo sino, sobre todo, por el tratamiento despectivo que han dado a los sectores sociales más pobres, mayormente campesinos y del sur del país, poniendo en evidencia la fragmentación social y cultural en el país.
  3. Los últimos acontecimientos para muchos significaron una sorpresa en diversos sentidos:
  4. Primero, porque no estaba en la previsión política que al entonces presidente Castillo se le ocurriera dictaminar el cierre del Congreso y la intervención del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sin ningún tipo de apoyo de los poderes militares y políticos De allí su rápida caída y detención, así como la juramentación de su sucesora, la vicepresidenta de la república y la designación de su gabinete.
    1. Segundo, porque tampoco se consideró que esta situación devendría en una masiva reacción favorable hacia el presidente, por su libertad, justificando su frustrada medida de cierre del Congreso como una legítima acción frente a su continua práctica Lo que ha ocurrido –y se viene incrementando– es la movilización de diversos actores sociales en las ciudades y el campo, mayormente en la macrorregión Sur y en la costa sur del país, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de las elecciones; además, en varios casos piden la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente Castillo. Mientras el Congreso y la nueva presidenta persisten en su propósito de no querer leer la realidad social y política, el movimiento popular incrementa sus paralizaciones y recibe como respuesta una violenta represión, con situaciones trágicas como la elevada cantidad de pérdida de vidas humanas, que ya llegan a 48, y decenas de heridos, mayormente por proyectiles de bala y perdigones, prohibidos por la legislación peruana para estos casos. Los departamentos de Puno, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Huancavelica son los más activos en estas protestas y se avecinan otras de mayor rango nacional, como la de los estudiantes y comunidades campesinas e indígenas. Lima ha venido tardando en reaccionar y en los últimos días ya se percibe un incremento de movilizaciones urbanas en la capital y en otras ciudades del país.
    2. Ahora el panorama es No ha funcionado el acuerdo del Congreso por iniciativa presidencial para un adelanto de elecciones para marzo del 2024, plazo señalado supuestamente para tener condiciones de realizar reformas políticas que permitan enfrentar la crisis extrema de gobernabilidad; ni tampoco ha funcionado el compromiso del nuevo gobierno de contar con equipo técnico y eficiente. Por el contrario, la mayoría congresal viene propiciando contrarreformas que le sean funcionales a su propósito de mantenerse en el poder, así como aprobar medidas económicas y sociales que agreden los derechos de la ciudadanía, y en particular de las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana. Igualmente, el gobierno sigue mostrando las mismas limitaciones que las que se observaron a los gabinetes de Castillo, a lo que se añade sus medidas fuertemente represivas y autoritarias. De allí que ha crecido la desconfianza de la población movilizada ante los actuales representantes políticos tradicionales, y con mayor vigor exigen la disolución del Congreso y la renuncia de la presidenta, así como elecciones generales inmediatas, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Como nunca antes las organizaciones sociales campesinas se están movilizando masivamente hacia las capitales de Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, mayormente. Se configura progresivamente un sentimiento lleno de malestar, de agresiones a sus derechos más elementales, de amargura e indignación por el maltrato clasista y racista tan presente hasta la actualidad. La solidaridad de un sector de la población con el presidente depuesto tiene que ver con este sentimiento de exclusión y no tanto con su capacidad de gestión.
  5. ¿Qué hacer? Lo primero es que debemos exigir que se investigue a profundidad los asesinatos contra peruanas y peruanos y que se sancione severamente a los responsables políticos y No puede haber borrón y cuenta nueva. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad que le compete. Las actuales movilizaciones sociales, mayormente espontáneas han abierto una gran oportunidad de transformación social y se requiere mirar mejor el panorama actual y hacia el futuro. Los eventuales resultados políticos que se logren ahora, no implicarán aún cambios sustanciales para el país, sino que –en el mejor de los casos– serán parte de un largo proceso de construcción de nuevas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ciudadanas. Las tendencias autoritarias no solo están presentes en los tradicionales grupos de poder en el gobierno y el congreso, sino que se extienden a los diversos sectores e instituciones estatales y de la sociedad, e incluso se manifiestan en diversos liderazgos populares, pudiendo generar situaciones complejas de mayor violencia o de decisiones que refuercen liderazgos antidemocráticos, además del continuismo de las dinámicas económicas neoliberales y degradantes del ambiente, como ocurre con las actividades ilegales de extracción de recursos naturales. En ese proceso debemos encarar con seriedad la gran fragmentación social que afecta al país y que deviene en la aceptación de la existencia de personas de primera y de segunda categoría.
  6. La realidad actual ha vuelto a mostrar la necesidad de contribuir a crear nuevas condiciones para la gobernanza, particularmente a partir de acompañar procesos renovados de desarrollo de capacidades enfocado a jóvenes, hombres y mujeres, y a líderes de las organizaciones campesinas e indígenas. Se requiere reforzar las alianzas interinstitucionales y superar la dispersión actual de esfuerzos y Necesitamos esclarecer y definir un rumbo que deje de lado los viejos paradigmas del desarrollo y nos conduzcan hacia la construcción de condiciones por los Buenos Vivires. Es hora de que Ong, proyectos y agencias de cooperación nos sentemos juntos a reflexionar y actuar de manera diferente, hacia esos nuevos desafíos.
Caricatura que interpreta el momento político de Perú publicada por el diario La República de ese país.

 

Información compartida con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.