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Etiqueta: institucionalidad democrática

En defensa de la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Javier Francisco Cambronero Arguedas

Escribo desde la sala de mi casa, con la tranquilidad aún de que nadie me puede interrumpir o sacar de mi hogar a la fuerza, o hacerme sentir temor por lo que escribo y pienso. Vivo aún en una de las veinte democracias más plenas del mundo. Y eso no es fruto de la causalidad. Eso ha costa construirlo …y ahora debemos cuidarlo. He sido heredero de la Costa Rica edificada por mis padres y abuelos, y claro, ellos no fueron perfectos, pero de lo que no puedo dudar es que todo lo que hicieron, fue por nosotros; con sus errores y demás, este país es perfectible, y ellos nobles y honestos. Nací en un país donde la familia de mi mamá eran ardientes calderonistas. Y la de mi papa, fervientes liberacionistas. En eso, posiblemente no me debo diferenciar mucho de mi generación. En tanto, la Costa Rica en la que creen mis hijos y nietos, es un país multipartidista, el de la democracia bicentenaria y donde se requiere por parte de los gobernantes, mayor habilidad, mesura y prudencia para discernir el signo de los tiempos; sobre todo si se trata de política electoral. Pues por ahí andan unos pocos lobos con piel de oveja tratando de confundir a la gente noble y buena. ¿Si nuestra democracia es la mejor del mundo? No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero de lo que sí estoy seguro es que nuestros antepasados no fueron tan tontos n sinvergüenzas como ahora nos quieren hacer creer. Ella ha sido instrumento transformador de la realidad, para que cada generación de costarricenses viva mejor que la anterior y disfrute a plenitud del conjunto de derechos y libertades de las que hoy disfrutamos, y que costó sangre, sudor y lágrimas de muchos. Nuestra historia no es lineal, es la suma de hechos consumados por un pueblo de hombres y mujeres estudiosos, sabios, trabajadores. Doscientos años de historia que nadie nos la robará; ni mucho menos nos confundirán ofreciéndonos la errada y pobre idea de que en el pasado todo fue malo, oscuro y malévolo. Como hijo de la educación pública costarricense, de mi padre afanoso trabajador y comerciante que alcanzó hasta séptimo año en su formación, de mi madre laboriosa mujer de hogar y que llegó hasta cuarto grado de primaria, no puedo callar ante la infamia y mentira levantada por quienes hoy nos gobiernan y desean golosamente seguir en el poder, arrebatándonos nuestros más grandes logros democráticos y republicanos. Damos hoy esta lucha por la patria que hemos de heredar a esta y futuras generaciones. Lucía, Víctor Emiliano, Leonora, Julián Gabriel, Camila y Leonel Mariano, esta patriótica lucha contras anarquistas, fascistas y “confundidos” es por ustedes.

Hay personajes que, en la historia, inmerecidamente han pasado desapercibidas. En esta caso, hago referencia al pensador florentino Brunetto Latini, quien en el siglo XII habitó Florencia, en Italia. Y que, con su sabiduría y aporte a la política, contribuyó a marcar derroteros de bien, decencia y humanismo, Brunetto abogó por la república y reconoció en ella, la mejor forma de gobierno para combatir tiranías, autarquías y monarcas injustos. A través de la Republica se incubaba la existencia de un conjunto de libertades y derechos en aquellas sociedades medievales, que poseían gérmenes democráticos. Mientras que el resto de Europa se desangraba en guerras, caos, violencia y muerte. Las ideas de Brunetto contribuyeron a que la paz prevaleciera y Florencia prosperara; allí el arte, la cultura, la música y el comercio, florecían en ese momento como en ningún otro sitio de Europa e Italia. Sus aportes a la política y la filosofía estaban imbuidos del sano y bien uso del lenguaje, disciplina y habilidad que privilegiaban para buen gobernar, para poder comunicar bien y desarrollar el difícil don de la escucha. Abogo para que, en la instrucción ofrecida en la época, partiera de las bases de las enseñanzas de los humanistas latinos de la Antigüedad. Sus ideas, poco a poco permitieron salir de la oscuridad a muchas de las sociedades medievales. Se tradujeron en prosperidad, progreso y buen gobierno para esos pueblos.

Desde días atrás he venido escribiendo y compartiendo algunas preocupaciones que me embargan sobre el futuro de nuestra democracia y su salud. Escribí el 4 de mayo de 2022 “En el poder político el traje también se lleva por dentro”. El 6 de diciembre de 2023 “Crisis educativa y golpe de timón”. El 14 de julio de 2024 “Songo le dio a Borondongo”. El 13 de setiembre de 2024 “Haca una sociedad más justa y equitativa”. El 14 de enero de 2025 “De cómo Tío Conejo no aparece en el cuento Domingo Siete”. El 26 de enero de 2025 “De aprendices y absolutistas”. El 30 de marzo de 2025 “De colmillos desafilados y felinos desdentados”. A través de estos escritos, he diseccionado el particular estilo de gobierno de Chaves Robles y las amenazas que desentrañan, que el poder político en Costa Rica continuara en las manos por el grupo que lo acompaña. A mí me embarga gran pena cuando algunos ciudadanos de a pie, defienden y confían ciegamente en lo que Chaves o Cisneros digan sobre esto o aquello. Y menciono “digan” porque en tres años y medio de allí no han pasado. Serán recodados ambos, por un periodo de gobierno absolutamente insulso e improductivo, lleno de retórica vacía, hueca, y mal intencionada muchas veces. Quienes sí deberían defender a este gobierno son los pequeños y endogámicos grupos de poder, que están detrás de él y que, desde la campaña política anterior, intentar permanecer ocultos tras el anonimato y las sombras. Por ejemplo, Calixto Chaves y otros financistas, poderosos empresarios con pérfidas intenciones, que ya no disimulan, sus ambiciones siguen siendo amasar mayor fortuna a través de los negocios que desde lo público, pueden llegar a establecer. Esos son los directamente beneficiados. Tras tres años y medio aun no comprendo la ceguera que acompaña a los acólitos de Chaves que lo presentan y creen en él y Cisneros como verdaderos mesías y redentores; que reescriben la historia patria a través de fugaz paso por el poder. Serán recordados por el cuatrienio de las fallidas y ruinosas Ruta de la Educación, la Ruta del Arroz, la Ruta del rebajo de los medicamentos, los récords en homicidios. El chavismo entregará un país más endeudado, pasando la deuda pública de 32 billones de colones en 2021 a 35,3 billones de colones en 2024; de simular inauguraciones de vías, como la punta sur hacia San Carlos, en mayo de este año, semejante más a inaugurar con carretillos trillos y trochas para perros y monteadores, con cutacha en mano. Así llega el chavismo al cierre de su periodo constitucional; exhausto, sin logros, vacío, profundo, amorfo y extremadamente peligroso.

En el ámbito educativo, esta administración disminuyó el aporte estatal de poco más del 7% del PIB a un 5,2%, agravando de esa manera las carencias que el sistema ya venía arrastrando y que no fueron acometidas con seriedad, dedicación y esmero. Como muestra, tan incapaces han sido que, en cuatro años, no fueron capaces de postular un solo educador o educadora para el Premio Nacional Mauro Fernández A. Diay una educación empobrecida limita severamente el salto cualitativo de muchas generaciones, hacia el futuro.

He hecho un esfuerzo para entender a los seguidores de Chaves y Cisneros, arropadas sus ideas e intenciones ahora en un partido taxi financiado por un exliberacionista -curioso, tanto que dan alaridos contra PLN y otros partidos- “que Chaves y Cisneros nos han abierto los ojos y oídos sobre lo que venía ocurriendo en CR”. “La verdadera dictadura de los Arias ha sido desenmascarada”. “Es que no lo han dejado trabajar”. “sus enemigos son la prensa canalla, los diputados, la contralora, la Sala Constitucional y ahora el Tribunal de Elecciones”. “Este gobierno esta haciendo historia porque aquí nadie roba y no hay corrupción”. “Que los corruptos fueron otros y eso se acabó el 09 de mayo de 2022”, “que la ola de homicidios y violencia es culpa de otros y de un poder judicial blandengue”. “Que la CGR estorba su trabajo y últimamente el TSE no lo deja anunciar “sus obras”. Veremos como desmenuzamos cada una de esas afirmaciones, que han contribuido a elaborar un relato de desinformación, mentiras y que han contribuido a cimentar un mensaje de odio y división. Y que amenazan seriamente nuestra democracia y régimen de libertades.

Estos elementos y otros diviesos más son los síntomas de una grave crisis de educación ciudadana, que carcome al país y que inició aproximadamente hace unos 25 años; cuando un conocido político nacional, contribuyó a cimentar un discurso venenoso que todo lo que oliera a política era nefato y corrupto. Que en este país había dos tipos de personas los corruptos -que son ellos- y los no corruptos -nosotros-. Esas peligrosas divisiones maniqueas, de separar la sociedad en dos bandos, ellos y nosotros; los corruptos y nosotros, es una manera reducida y perversa forma de dividir. Y esa división es malvada y deliberada. Por eso Chaves en sus estridencias, no viene a descubrir el agua tibia; se monta en esa retórica y un discurso que ya llevaba algún tiempo fraguándose en nuestro medio. Se enfoca sobre todo en el PLN, y en realidad ya Costa Rica a partir del 2000 iniciaba su tránsito del bipartidismo hacia el multipartidismo, lo cual debería conducir a afinar las capacidades de los gobernantes, pues los costarricenses, cansados del bipartidismo estaban ampliando el abanico electoral con lo cual habría mayor representación en otros partidos en la Asamblea Legislativa, de manera que la negociación se transforma en virtud para asegurar la gobernabilidad. Chaves y sus seguidores aún no entienden que no se gobierna solo. El PLN perdió el poder político desde 2014 y desde entonces sus fracciones parlamentaras cada vez son menores. En consecuencia, requerimos de una mayor sagacidad de nuestros gobernantes. Y aquí no defiendo al PLN, pues quienes me conocen saben que mi único familiar que fue liberacionista fue mi papá. El chavismo no contribuye a la creación de una nueva Costa Rica, pluripartidista; todo lo contrario, ese proceso ya inició desde años atrás y más bien Chaves y Cisneros representan una especie de contrarreforma antidemocrática. No les gusta la democracia, les molestan los controles y que se piense diferente a ellos. La democracia tiene sus propias reglas, y sigue siendo la mejor forma de gobierno conocida. A pesar de que un diputado afín a Chaves y a su candidata, ya nos esté amenazando de que mejor nos vayamos a vivir a otro lado, antes de que “ellos lleguen al poder otras vez” porque entonces se encargarán de hacerlo. Olvida este infame personaje, que el voto directo y secreto cumple cien años en Costa Rica. Esa opinión de que la política es nefasta y es de corruptos en nada ha contribuido a cimentar el civismo costarricense con mayor fuerza. Ha sido contraproducente y ha ocasionado que la gente se aleje de la política y renuncie a participar en ella y a asumir una actitud más activa sobre la res pública. No todas las personas que nos gobiernan o han gobernado han sido corruptas. La política es el arte del servicio y la búsqueda del Bien Común. No vamos a renunciar a soñar con mejores condiciones de vida para todas las personas. Por eso la educación cívica debe ser reforzada. La reforma impulsada desde 2010 ha contribuido a su debilitamiento y que se diluya; debemos construir ciudadanía y de esa manera cambiar programas de estudio y no seguir lo propuesto en programas de estudio vigentes. Creo más bien, que un año más en enseñanza secundaria, es necesario, semejante a los colegios técnicos y Bachillerato Internacional. Con predominio de formación cívica. Las ciencias y por qué no, otra lección más de filosofía.

Sobre la lucha contra la corrupción, qué podemos decir de este gobierno donde Chaves y varios su acólitos, seguidores de poses autoritarias, verborreas y confrontaciones estériles y amenazantes, no ocultan sus simpatías por Bukele u Ortega. Sobre este último el gobierno ha evitado tres años y medio señalarlo como dictador. Ahora que se abrieron los fuegos electorales, cómo entender que en la componenda Chaves-Cisneros, su candidata a través del partido del exliberacionista Calixto Chaves, es sujeto de diversas causas penales, así como el exvicepresidente y ahora candidato a diputado, el señor Brunner. ¿Que no han sido sentenciados y hay presunción de inocencia? Bendito Dios, eso es cierto, ¿pero hay mínimos de decencia y decoro que no deberían ser traspasados, por nadie y mucho menos por los que aspiran a gobernar? Las candidaturas de Pueblos Soberano suman 59 causas judiciales, ¡qué manera! Entre sólo 14 personas se concentra esa abrumadora y nada desdeñable cantidad, y quien encabeza esa lista tan particular es la flamante exministra de educación, con 8 causas. ¿Que algunas de estas causas van a ser subestimadas?, es muy probable, lo sé, pues el sistema funciona, y la presunción de inocencia sigue siendo algo invaluable en Costa Rica y así debe ser. Sin embargo, mucho cuidado han de tener los votantes sobre todo de Alajuela, San José y Heredia, para no dejarse engatusar por gente cuestionada. Los costarricenses no recordamos nada semejante en la historia política moderna del país. Y en el caso de Heredia, Marta Esquivel encabeza a pesar de que no le ha dado la gana devolver salarios que cobró a la CCSS. Los electores costarricense han de ser más exigentes para exigir mayor decoro y decencia a las Asambleas Nacionales de los partidos políticos a la hora de designar a las personas candidatas a los puestos de elección popular. Es muy probable que el cartel que presenta el partido chavista y su ungida, acumule mas causas que todos los demás partidos juntos. Cuando en realidad toda persona que aspira a un puesto de elección debería de llegar sin mácula.

¿Que este gobierno ha desenmascarado la corrupción de otros y que son paladines de la justicia? ¡por favor! Así como en el pasado ha habido tragos amargos asociados a casos de corrupción, ya la administración Chaves ha cosechado sus propios bochornosos casos. Hay otros hechos bajo investigación que también podrían ser configurados como tales. ¿A quién le va a echar la culpa ahora? Veamos: a) Caso Barrenador en la CCSS. Donde intentaron impulsar contratar a diversas cooperativas varios EBAIS del Área Metropolitana, con un perjuicio a la CCSS por 126 mil millones de colones, que nos costaría a todos los costarricenses. B) Caso Comején por favorecimientos a empresarios cercanos al gobierno en talas e incumplimientos ambientales en Caribe Sur, concretamente áreas protegidas de Gandoca Manzanillo. Estas conductas facinerosas presumiblemente son parte de favorecimientos a empresarios turísticos cercanos al gobierno, y otros que ahora aparecen en caso de Papagayo. C) Caso Richter en materia electoral, donde hay involucrados funcionarios de esta administración y políticos del PUSC, hoy algunos tránsfugas al chavismo. Pues hay favorecimientos en contrataciones del MEP y contribuciones no reportadas al TSE en elecciones del 2022 y para municipales de 2024. No nos debería de sorprender que investigaciones llevadas a cabo en el ICE y RACSA con posibles favorecimientos a empresas como CISCO y DATASYS sobre red 5G, por $42 millones y $160 millones respectivamente, sin mayor disimulo. Posible implicación de altos funcionarios del ICE y RACSA de esta administración.

¿Y sobre el mismo don Rodrigo Alberto Chaves qué podemos decir? Enfrentó días atrás un proceso de desafuero que no prospero en la Asamblea Legislativa, pues -gracias a Dios, nuestro sistema que, aunque imperfecto, funciona-, destaco el hecho de SI hubo 34 de 57 votos a favor de levantarle su inmunidad, ese es un número que habla por sí mismo. Esta misma semana el país ha sido testigo de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones eleva ante el primer poder de la República, solicitud de investigación para levantamiento de inmunidad por 15 causas, de 27 que mantiene abiertas aún. Su carencia de humildad y tacto político no le han permitido entender que esto no es una monarquía, es un régimen republicano con presencia de varios poderes y una constitución que él mismo juró respetar. Ahora esta causa, es por beligerancia política. Su arrogancia y temperamental conducta, no le han permitido mirar más allá de sus narices. Intentó meter sus narices en un banco público para indagar sobre el estado de un crédito para un cliente. O sea accedió a información sensible de manera indebida e irregular, así como podría fisgonear en cualquier asunto de la vida privada d cualquier costarricense. En su berrinche destituyo la Junta Directiva de ese banco y al hacerlo con violencia y sin razón, ahora la sala constitucional restituyes a eso señores. De igual manera meses atrás lo había hecho con la Junta Directiva de la CCSS la cual los tribunales restituyeron, al haber sido destituida sin seguir los procedimientos ordinarios y dejarse llevar por enojos calenturientos poco aconsejables para una persona de su investidura.

Ha atacado la prensa desde el día uno de su administración; pero no olvidemos que el 1 de diciembre de 2022, Chaves otorgó un premio doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica, como paladín de la libertad. Sin embargo, él y su séquito no han escatimado esfuerzos para basurear a ese medio. ¿Quién los entiende?

Han atacado Chaves y Cisneros a Asamblea Legislativa un día y otro también. Sin embargo, ese grupo de diputados, o al menos la mayoría, le han votado todos los préstamos que él ha solicitado. Y el mismo presidente en sus berrinches y poses de adolescente, ha decidido prescindir de un ministro de la presidencia que, en una democracia sana y madura, constituye el vínculo entre ambos poderes. En casi 4 años torpemente ha intentado avanzar con dos de su proyectos estrella: vender el Banco de Costa Rica, cuya estratagema se le cayó y ya algunos de sus amigos financistas se fueron del país. Y el otro el de jornadas 4X3 metido en procedimiento de vía rápida; éste chocará con pared, de lo cual estoy seguro. Nefasto proyecto que además atenta sobre todo contra las mujeres. Es en el escenario legislativo donde ha mostrado menos capacidades de gobernante, pues ante 10 vetos que ha ejercido sobre leyes aprobadas por los diputados, en cinco de ellas ha sufrido resellos. ¡Todo un récord! ningún otro presidente había llegado a ese nivel.

Que la cantidad de homicidios -esta administración ha roto el tristemente célebre récord año tras año- es culpa del Poder Judicial porque los jueces carecen de mano dura. Bueno, si las leyes y su aplicación no son las adecuadas -según el chavismo cisnerismo-; han tenido el control de la mitad del tiempo de los diputados, a través de las sesiones extraordinarias. Eso lo descubrió el chavismo, tiempo después, por favor ¡Entonces que no hayan tenido la capacidad para enviar proyectos bien redactados y/o viables, ¡es otra cosa! “Lo que natura no da, Salamanca no presta”.

Peligrosa la coyuntura de su segundo año de gobierno cuando mediante referéndum intento impulsar una ley para reformar normas de control presupuestario y lucha contra la corrupción. Deseaba debilitar a la Contraloría General de la República y normas de contratación. Gracias a Dios no lo lograron

Si efectuamos “una disección” de las manifestaciones de políticas de Cisneros y Chaves, veremos que su visceral obsesión anti-PLN, es pura pose. Esta misma semana presentan a una exvicepresidenta PLN para un importante puesto internacional. Y en las papeletas diputadiles del oficialismo, hay varias figuras exmilitantes del PLN. ¿¿Entonces??¡¡¡

Y para muestra un botón, hubo que recurrir a la Sala Constitucional para que se revelara que hay troles pagados desde la mismísima Casa Presidencial. Que manera de utilizar los recursos públicos, torpedeando nuestro régimen democrático desde Zapote. ¡Patético!

Em esta administración hemos visto como el narco-chavismo-cisnerismo ha utilizado tácticas como el miedo y la intimidación. Utilizan el grito y la mentira desparramar para una narrativa que hasta hace poco nos era desconocida. Utilizan la polarización como recurso y ello asfixia el discernimiento sensato de muchos.

Uno de los mayores errores de Carlos Alvarado, fue dejarse convencer por otros para que Chaves fuera ministro de Hacienda, en el gobierno del PAC, y allí no duró mucho. Desde que era ministro, temprano mostro simpatías por el desmantelamiento y ataque a la CCSS. No olviden que, siendo ministro de Hacienda, propuso que el impuesto de la renta se cobrara sobre salarios de 500 mil colones en adelante. Bajo su administración ha debilitado la CCSS, al ICE y su papel estratégico en el desarrollo nacional. Este gobierno, sobre el cual aquella muchacha pide continuidad…oh ingenuidad por Dios, ha entregado 27 mil bonos de la vivienda menos que las últimas cinco administraciones. Los recursos del IMAS orientados a la lucha contra la pobreza, llegó el año anterior a un 5% de hogares menos. El gasto social, paulatinamente en estos 4 años fue disminuyendo paulatinamente a pesar de que sus fuentes fundamentalmente están en FODESAF y leyes especiales. Movieron las bases de guardacostas en ambos océanos quien sabe con qué espurias e inconfesables intenciones; ha perseguido a quienes piensan distinto a ellos, me refiero a doña Patricia Navarro y al sr. Bulgarelli y su familia. Han permitido la operación de células sandinistas en territorio nacional que persiguen a opositores del régimen de Ortega. Y a raíz de la cercanía con la administración Trump que facilitó el ingreso de personas deportadas desde EEUU, deberían este gobierno preguntar por qué un costarricense -Randall Gamboa Esquivel. Habiendo sido detenido por autoridades migratorias en diciembre de 2024 en EEUU, lo enviaron al país casi como un vegetal.

Han atacado severamente la educación pública, la salud pública. Le han restado capacidades básicas al ICE que está en régimen de competencia. Han arruinado a los arroceros y han favorecido la importación masiva de papa, cebolla y otros. Pronto acabarán con la producción nacional de alimentos. Esto último para favorecer a algunos amigos cercanos al grupo económico que está tras Chaves y Cisneros. ¡Pero lo que no nos van a poder robar es la esperanza que esto puede cambiar!

Como sociedad sabremos reencontrarnos con la ruta del desarrollo, progreso y bienestar, pues nuestros jóvenes y niños merecen mucho más, más que circo y la continuidad de una engañosa y vacía propuesta, además de amorfa y peligrosa, antidemocrática, que amenaza con cambiar nuestra forma de vida para siempre.

Seria irrespetuoso de mi parte indicar por quién debiera de votarse en febrero; lo que SI estoy muy claro es por quién NO voy a votar.

Concluyo con estos versos del bellísimo poema de Jorge Debravo del poema Nosotros los Hombres … “Vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema que es traer el mundo a las espaldas. Soy como un perro que ruge a solas ladra a las fieras del odio y de la angustia de echar a rodar la vida en mitad de la noche”.

El principio de autoridad y la beligerancia política

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

A raíz de la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa, para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por quince de veinticuatro denuncias presentadas por beligerancia política, quedando pendientes nueve; han surgido sus defensores políticos y de oficio, como era de esperar. Pero hay tres que me han dejado sorprendido, la diputada y jefa del oficialismo Pilar Cisneros y dos abogados, uno su defensor de oficio y otro oficioso, analista por la prensa; una dice que estamos ante un “golpe de estado institucional”, y los otros hacen todo un galimatías entre la Constitución y el Código Electoral, para tratar de demostrar que no existe una normativa constitucional y legal que permita levantar ese fuero al presidente y que, por lo tanto, es improcedente y “legalmente equivocada y temporalmente inoportuna”, como dijo uno de ellos.

Ante semejantes afirmaciones chavistas, creo que vale la pena tratar de desenredar la madeja que tratan de montar, y ver las cosas simplemente dentro del marco y letra de la ley que nos dice primero la Constitución Política, como norma fundamental, sobre el principio de legalidad. Dice su artículo 11:

– Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes…

Entonces, como primera cosa a tener en cuenta es que don Rodrigo y doña Pilar no pueden ni hacer ni interpretar la ley como les dé la gana, pues juraron, sino por Dios por ser ateos disimulados o declarados, aunque sea ante un quipu o por lo más sagrado que tengan, el respeto de la Constitución y las leyes que de ella se derivan.

Pero, además, el artículo 102 de la Constitución la otorga al TSE atribuciones especiales y exclusivas, como, por ejemplo:

– Interpretar en forma exclusiva y obligatorias las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral.

– Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el Tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de dos años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren exigírsele. No obstante, si la investigación realizada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno…el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación.

Bien, puede verse claramente que el TSE si tiene potestad legal para sancionar sobre todas las denuncias que haya por cualquier incumplimiento de la ley. Y bien, de lo hasta aquí transcrito de la letra constitucional, eso es lo que ha sucedido, ni más ni menos. Como dice el dicho, no hay que brincar mucho pues el suelo está parejo.

Ahora bien, ¿qué sigue después? Para esto, debemos referirnos al artículo 121 inciso 9 de la Constitución sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa que dice:

– Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, vicepresidentes, ministro de Gobierno… declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamientos…

Queda demostrado por lo tanto que, al contrario de lo que dicen algunos leguleyos “chavestistas”, la Asamblea Legislativa si tiene potestad para conocer las acusaciones por clara beligerancia del presidente Chaves pues incumplió en cada una de ellas, con las prohibiciones legales de participación política, violando la Constitución y el Código Electoral. Así, la Asamblea deberá juzgar con base en el 121 inc.9 transcrito y el segundo párrafo del artículo 270 del Código Electoral, si la acusación que le remite el TSE es admisible o no, cumpliendo así con el trámite legal correspondiente a lo interno de la Asamblea Legislativa. Si ésta considera que los delitos electorales cometidos, en este caso beligerancia, justifican el levantamiento de la inmunidad, el expediente del presidente Chaves regresa al pleno Tribunal Supremo de Elecciones que, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 270 resolverá según corresponda. ¿Y qué corresponde en este caso?, lo que señala claramente el último párrafo del artículo 146 del Código Electoral que dice:

– El TSE podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contenidas en este artículo.

Los funcionarios citados en el 146 son, entre otros, el presidente, vicepresidentes, ministros y una extensa lista, a los cuales en ese mismo artículo se les prohíbe:

– … Participar en las actividades de los partidos políticos, asistir a clubes o reunión es de carácter político, utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar avisos en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género… únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y condiciones establecidas en este Código…

No se puede ocultar el sol con un dedo, es muy claro que el presidente como es su costumbre ha violentado y violado… la ley en infinidad de oportunidades y, además, ya en campaña, cada vez que consiente la presencia de los candidatos de su partido-taxi en actos oficiales, él y ellos violan la ley. Y cuidado, a lo mejor pueden llegar a ser excluidos de las elecciones si a alguien se le ocurriera presentar una acusación.

Por supuesto que todas las teorías legales y políticas para desacreditar esta acusación no son más que eso, formas de ocultar la verdad y los procedimientos ilegales y fraudulentos del chavismo. No hay tal golpe de estado institucional, absurdo de quien sufre una “termocéfala de poder” y cuyas consecuentes isquemias le impiden la suficiente claridad mental para darse cuenta de sus absurdos, o bien otros por ínfulas de notoriedad profesional, necesaria en quienes no han logrado madurar en los conceptos básicos de la profesión o los que siempre tienen a disposición un Sinpe.

Pero unos y otros, incluyendo los que nos amenazan con acabar con la democracia y sacarnos de nuestro país, sepan que no les será tan fácil; no se les teme y sabemos defender un país que construyeron con grandes sacrificios nuestros abuelos.

Sedición, traición e instigación al delito

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Muy pocas figuras penales tienen el privilegio de ser mencionadas en la Constitución Política, sin duda por la relevancia y gravedad que tienen para la estabilidad de la República y la convivencia democrática. Es el caso del delito de Traición contemplado en el artículo 3 (Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de Traición a la Patria); de igual manera se menciona el delito de Sedición en el artículo 4 siguiente (Ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos, o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición). Las prohibiciones se dirigen a no usurpar la soberanía, que reside en “la nación”, ni “al pueblo” como depositario natural y último de esa soberanía. En ninguno de estos dos supuestos se contempla una sanción a aplicar, razón por la cual hay que descender a la ley ordinaria (Código Penal) para completar su perfeccionamiento como conductas previstas en tipos penales específicos.

La Sedición se relaciona con una amplia gama de conductas particulares que están debidamente tipificadas en la ley. Conviene recapitular algunas para estar alerta. Tales son, por ejemplo, los casos de la Instigación Pública, art. 280 (para el que instigare a otro a cometer un delito que afecte la tranquilidad pública sin que el hecho necesariamente se produzca); la Apología del delito, art. 283 (el que hiciere públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito); la Traición, art. 284 (para el costarricense que tomare armas contra la nación o se uniere a sus enemigos…); la Conspiración para Traición del art. 288 (el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer Traición). Asimismo la Sedición se relaciona con el delito de Rebelión, art. 301 (para quienes se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los órganos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales); además está el delito de Propaganda contra el orden constitucional, art. 303 (para el que hiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los órganos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra.); el Motín (para quien se alzare públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión.). También está el delito de Conspiración, art. 307 (para el que tomare parte en una conspiración de tres o más personas para cometer el delito de rebelión); la Seducción de fuerzas de seguridad, art. 308 (para el que seduzca fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas… para cometer una rebelión o motín…); y la Infracción al deber de resistencia, art. 309 (para los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o motín por todos los medios legales a su alcance).

Todos estos delitos están sancionados con penas de prisión que pueden ir hasta los diez años de privación de libertad. Buscan tutelar bienes jurídicos fundamentales como la tranquilidad pública, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Se trata, por otra parte, de figuras dolosas que exigen el conocimiento y la voluntad expresa de realizar la conducta prohibida, y admiten las formas de participación básicas: la autoría-coautoría, la instigación genérica y la complicidad.

En Costa Rica hemos asistido en los últimos años, en el contexto de decisiones constitucionalmente legítimas, -tomadas o a tomar-, por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema, la Sala Constitucional, el Ministerio Público, la Contraloría General y otros órganos constitucionales, a ver que los chavistas, con el Presidente a la cabeza, en medios de comunicación, redes sociales y hasta desde despachos ministeriales y curules diputadiles, han insinuado venganzas, amenazado con expatriar costarricenses e instigado a la desobediencia, la rebelión y el motín; han hecho llamados explícitos al odio y la violencia contra instituciones y funcionarios públicos; y lo peor, se han apoyado en el delirio de que ellos son los únicos que representan al pueblo y encarnan su voluntad, evidente falacia ad populum que no resiste el más mínimo análisis lógico, puesto que, por muchos que fueran (lo que está por verse), no les autoriza, porque es delito, arrogarse la exclusiva propiedad de la soberanía nacional, ni el monopolio de la representación popular. Esas aspiraciones son ebrias ambiciones de tiranuelos.

Ante semejante despropósito sólo queda un camino: las autoridades públicas, de toda calidad y rango, tienen que cumplir sus competencias y obligaciones con diligencia y voluntad férreas. Durante el régimen surgido a partir de 1948, no se habían vivido semejantes desafíos. Los ciudadanos conscientes, comunes y corrientes, tenemos que denunciar, organizar y resistir. La indiferencia o el temor sólo envalentonarán a los acosadores de todo pelaje. Esta democracia sólo sobrevivirá llamando a cuentas a quienes se han creído intocables y por encima de la ley.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fraude electoral

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

Pensamientos sueltos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Chocheras de Poder: Pilar y el sillón mullido de sus contradicciones políticas

Ya no soy un chiquillo, me acerco ya al “sexto piso” y celebro que, hasta ahora, no me han dado ‘chocheras’ de viejillo… a la que si parece que le dieron es a doña Pilar Cisneros, ahora que decidió al llegar a la etapa más madura de su vida, el meterse en una aventura política extremista, de clara inclinación populista de derecha autocrática, al ser la caja de resonancia del máximo líder de esa tendencia que ha conocido el país, cuidado y, más bien, no es ella la creadora del personaje ’mesiánico’ de Rodrigo Chaves Robles, lo que contradice la imagen seria y objetiva de la antes presentadora y directora de Telenoticias, que tenían la mayoría de costarricenses.

Pilar Cisneros llegó al Parlamento con la autoridad mediática que le dio la pantalla, y con ella trajo un rosario de contradicciones que hoy ya no son anécdotas sino piezas centrales de su trayectoria política; la diputada que advertía del peligro de “un Chávez” terminó siendo una de las principales voces que amplifican al líder al que antes temía.

En una entrevista difundida en medios y en su paso por programas como el de Claudio Alpízar, Cisneros dijo con sorna que quienes la esperaban entrando en política debían “buscar un sillón bien mullido, para que esperen sentados porque nunca me verán en política”, una frase que hoy choca con su activismo legislativo y su rol como jefa visible del oficialismo.

Esa capacidad de virar resulta especialmente inquietante cuando se observa que quienes la cuestionan públicamente la acusan de incoherencia ideológica y déficit técnico; analistas y comentaristas han destacado el contraste entre su desempeño actual y la imagen profesional que cultivó como periodista, criticando su conocimiento sobre mecanismos electorales y su papel como oradora sin teleprónter.

La cercanía evidente con la agenda ejecutiva se ha traducido en decisiones prácticas: desde iniciativas para retransmitir las conferencias presidenciales por canales propios hasta gestos de defensa frontal de la gestión gubernamental, incluida la compra simbólica de un trípode para “ayudar” en las transmisiones o el pago de troles en redes sociales, actitudes que alimentan la percepción de que su paso del periodismo a la política fue menos una conversión de convicciones que una alineación estratégica con un proyecto de poder concreto.

Los medios que han seguido su carrera han documentado un patrón de promesas rotas y declaraciones previas que hoy suenan contrarias a su práctica política; la narrativa de “yo no voy a entrar en política” figura hoy como un eje de esa acusación sobre una carrera marcada por contradicciones públicas que antes eran puntos de credibilidad profesional y ahora son munición para quienes la califican de oportunista.

Las controversias no se limitan al discurso: Cisneros figura entre los señalados en la investigación por supuestas irregularidades en el financiamiento electoral vinculadas a la campaña de 2022, una contradicción más que la Pilar periodista hubiera indagado y denunciado con vehemencia y, ahora, más bien la lleva a defender y negociar en la Asamblea Legislativa, la inmunidad presidencial, por ese y otros de los casos que siguen su curso en la Fiscalía y en la Corte.

Sus ataques a instituciones y críticas duras al Poder Judicial han provocado respuestas públicas de esas mismas instituciones, que han cuestionado sus cifras y su relato sobre presupuestos y eficiencia, lo que alimenta la tesis de que su storytelling mediático muchas veces se sostiene más en la contundencia retórica que en la verificación documental.

Cisneros encarna hoy la mayor contradicción: fue la periodista que advirtió sobre el caldo de cultivo para un populista y es la política que, con micrófono y redes, orienta y dirige la narrativa del gobernante al que aquella advertencia parecía destinada. Esa mutación merece, más que insultos o risas, un escrutinio riguroso porque lo que está en juego no es solo la coherencia personal de Cisneros, sino la salud de las instituciones cuando figuras públicas cambian de rol y de lealtades sin saldar las preguntas que dejan detrás.

Porque, como dijo Rubén Blades, parafraseando a Lord Acton, “el poder no corrompe, el poder desenmascara”.

Ahí se los dejo…

El antejuicio presidencial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El pasado lunes se puso a prueba la democracia costarricense. Se puso a prueba la institucionalidad democrática. Se puso a prueba el Estado de Derecho, con su independencia de los Poderes Públicos, afirmando la exclusividad, la especificidad y la indelegabilidad de sus funciones.

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa fue un triunfo de la Democracia Política nacional, independientemente de cómo se aprecien los resultados de la sesión parlamentaria.

El sistema democrático tiene un escudo protector sobre sus principales funcionarios públicos, los que ocupan la mayor jerarquía constitucional de la estructura de los poderes, el presidente, los vicepresidentes, los ministros, de los ministerios oficialmente establecidos por ley, los diputados, todos los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones y algunos pocos más funcionarios del Estado.

Se les protege, en lo que se llama inmunidad, contra la detención o procesamiento judicial en la vía penal, salvo que se les capture en flagrante delito. Si así fuere, se puede ordenar su detención inmediata, pero comunicando inmediatamente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Supremo.

El propósito de esta inmunidad es asegurar que puedan ejercer su función y desempeño institucional libremente, sin temor a persecución política arbitraria, o de ser sometidos a cascadas de denuncias sin fundamento, para poder garantizar así la independencia y el funcionamiento, trabajo y desempeño de estos altos funcionarios, que impida a la vez paralizar u obstruir el funcionamiento de uno de esos poderes de la República, o que distraiga la atención de estos funcionarios de sus principales obligaciones, trabajos y desempeños.

La inmunidad de que gozan, por privilegio así establecido, no exime a estos funcionarios de su responsabilidad. Lo único que hace es retrasar, postergar procesos judiciales en su contra hasta tanto pierdan esa inmunidad que gozan, o hasta que, en nuestro caso, la Asamblea Legislativa lo autorice, en lo que se resulta un levantamiento de la inmunidad o desafuero, que es el acto por el cual se elimina la restricción procesal que impide que ese alto funcionario pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

La inmunidad asegura que los representantes del pueblo, electos popularmente, puedan ejercer sus funciones sin temor a ser víctimas de represalias y, así, mantener el vínculo entre ellos y los ciudadanos que los eligieron. Así se garantiza la representación popular. Igualmente, evita que los poderes públicos puedan utilizarse para accionar procesos penales que conduzcan a intimidar, presionar o alterar decisiones, incluso alterar el equilibrio de poderes. Con la inmunidad se garantiza también la independencia de los poderes públicos.

Lo que se discutía en el fondo de la sesión de parlamentaria del lunes era la inmunidad, no la inviolabilidad del funcionario presidente. La inmunidad para que no pudiera ser detenido ni enjuiciado penalmente mientras permanezca en su puesto. La inviolabilidad no se alteraba porque no se trataba de su libertad de pensamiento y opinión dentro del ejercicio de su cargo, como lo hace en su estilo todos los miércoles.

Así las cosas, para procesar penalmente al presidente la Asamblea Legislativa es la que debe levantar la inmunidad que le protege.

El procedimiento seguido para levantar la inmunidad, en este caso del presidente, pasa por el envío, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de un expediente que contiene la información necesaria y suficiente, para que lo diputados la evalúen y decidan si levantan o no esa inmunidad. Para ello, cuando reciben la información se nombra del seno de los diputados una Comisión evaluadora de esos documentos, los analiza y rinde un informe al pleno de los diputados, quienes en votación razonada deciden si levantan o no la inmunidad. Esto es lo que se llama un antejuicio legislativo, que no se pronuncia sobre el fondo, tan solo da o no el visto bueno para que la causa penal que se persigue pueda realizarse inmediatamente, o se posterga para cuando el funcionario pierda su inmunidad. El antejuicio así se convierte en un procedimiento penal especial establecido para proteger a los altos funcionarios públicos, de acusaciones infundadas o temerarias que puedan perturbar el ejercicio de sus funciones. Es una antesala procesal, a nivel parlamentario, del proceso judicial donde finalmente el funcionario cuestionado tendrá que enfrentar su cuestionamiento.

El antejuicio parlamentario no es un juicio político. Juicio político pueden hacer los diputados todos los días de 3 a 4 p.m., en la hora que llaman control político, que es lo que menos hacen. Los parlamentos han desarrollado este control político sobre el poder, especialmente Ejecutivo, y sobre todos los funcionarios de los poderes públicos, que juzguen someter a esa evaluación política. Es la actividad orientada a controlar el ejercicio de la Administración Pública.

El antejuicio parlamentario no es una censura, lo cual también puede hacer la Asamblea Legislativa, sin que en Costa Rica tenga mayores consecuencias. Es como un canto a La Luna. En otros países la censura puede significar la pérdida de confianza en el funcionario y puede obligar a su dimisión o renuncia, que en los sistemas parlamentarios también conduce al cambio completo del Consejo de Ministros, o del Gabinete Ministerial.

El lunes no se enjuició ni censuró al presidente. Tan solo se dispuso no someterlo por ahora a ningún proceso penal, que se le seguirá, de conformidad a su expediente, en el momento en que no esté cubierto por la inmunidad o prerrogativa que le protege por su cargo, en esta causa que conoció la Asamblea Legislativa.

El lunes, en este sentido ganó el régimen republicano, la democracia política costarricense, el sistema de pesos y contrapesos políticos, la independencia de los poderes públicos, la libertad de opinión de los legisladores respecto a la valoración de los documentos que les fueron presentados. Los diputados era natural que estuvieran fragmentados en torno a esta evaluación documental, a favor, en contra o con dudas.

El presidente no salió ganando nada. Lo que ganó fue atrasar su juicio, pero no lo canceló, no se agotó. Si la Asamblea hubiera levantado su inmunidad, su juicio se hubiera trasladado a la vía ordinaria, como la de cualquier ciudadano, y allí podría haber durado muchos meses en su trámite, y finalización de juicio.

El trámite legislativo que esta causa tuvo si se politizó, desde dentro y desde fuera de la Asamblea Legislativa, entre los que querían que le levantara la inmunidad y los que se oponían, casi condenándolo de previo.

Eso puso en evidencia la fragilidad, la debilidad hoy de los partidos políticos, la volatilidad o inestabilidad de diputados. Los partidos políticos hace mucho tiempo se desdibujaron como organizaciones sólidas, poderosas, de pensamiento, de acción compartida. Sus estructuras dirigentes se debilitaron perdiendo toda capacidad de cohesión alrededor de sus comités políticos superiores, de sus dirigentes políticos, históricos, nacionales. Los partidos políticos dejaron de formar a sus partidarios y a sus militantes principales en valores, doctrinas y principios de esos partidos. Los partidos dejaron de ser opciones programáticas hacia el país y dejaron de ser alternativas de desarrollo nacional institucional y democrático.

Los partidos se han montado en ejes del desarrollo impuesto por estructuras y organismos internacionales que poco tienen que ver con los valores sustantivos de la nacionalidad y del ser costarricense. Los organismos internaciones ponen las agendas de gobiernos y obligan a que se les sigan. De allí que altos ejecutivos de esos organismos, en gobiernos, operan como si trabajaran de cola de esos organismos.

Los partidos políticos dejaron de dirigir a sus diputados hace mucho tiempo. Los soltaron y se soltaron. Los diputados de los partidos, como fracciones, asemejan la cola del perro gobernando al perro, sustituyeron a los comités políticos nacionales y a sus dirigentes. Los partidos políticos, como organizaciones, no se sienten en el interior de la Asamblea Legislativa, no emiten pronunciamientos sobre el quehacer parlamentario o nacional.

El lunes pasado como partidos coherentes, sólidos, actuaron en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio, Nueva República y Liberación Nacional y la fracción de Pilar Cisneros, la fracción realmente de gobierno identificada plenamente con el presidente Chaves. Liberación Nacional tuvo una disidente en su votación. El Partido Liberación Nacional y su candidato a la presidencia Álvaro Ramos habían solicitado a sus diputados votar a favor del levantar la inmunidad. Hicieron un buen trabajo. Otro grupo de diputados compacto fue el de los llamados independientes, que se han salido de sus partidos. El partido Unidad Social Cristiana hizo un esfuerzo importante como partido, con su candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, como líder superior hacia la campaña electoral actuó correctamente, acompañado de su Asamblea Nacional partidaria, que no fue suficiente, habida cuenta que 5 de sus 9 diputados se enfrentaron a ellos. A mi modo de ver, Juan Carlos Hidalgo y la Asamblea Nacional de ese partido salieron ganando hacia la campaña electoral, mostrando compactación, cohesión, unidad. Los diputados van de salida.

En el trabajo político partidario con los diputados de la Unidad Social Cristiana se evidenció la poca educación, cultura, identificación y disciplina partidaria. Recuerdo dos situaciones, ajenas a nuestro medio político, de lo que son los principios. Un dirigente político, parlamentario español, en una ocasión sometido a una votación difícil. Su partido había dispuesto votar de una manera, que él no compartía. A la hora de la votación hizo una intervención haciendo la defensa de sus tesis, señalando que, a pesar de sus argumentos, votaba como había dispuesto su partido. Un alto Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, igualmente, una vez votó jurídicamente una tesis en conciencia que él no estaba de acuerdo, pero que jurídicamente había que votarla de esa manera.

El elemento alucinante del día lunes fue el anuncio de Laura Fernández advirtiendo que si gana la presidencia su ministro de la Presidencia será Rodrigo Chaves Robles. Esta fue la cereza del pastel del lunes. Si así fuera, Rodrigo Chaves prorrogaría su inmunidad, su fuero privilegiado, “de tico con corona, con privilegio”, como le gusta llamar a algunos ciudadanos. Eso lo sabremos en dos instancias. El primer domingo de febrero, si Laura gana o pasa a la segunda vuelta; y, en caso de que haya una segunda ronda electoral el primer domingo de abril. Si no gana ni pasa a la segunda ronda, hasta allí llega Rodrigo Chaves para ser perseguido judicialmente y, eventualmente enjuiciado. Mientras no haya elecciones no hay ganador. El lunes lo que hubo fue un simple trámite procesal penal.

¿Aun así, Rodrigo Chaves podría escaparse de la justicia? Sí. Si Laura pierde Rodrigo Chaves no se queda en Costa Rica. Sale en carrera, huyendo…con la cola del jaguar entre las piernas.

En 1948, a mediados de abril, terminada la Guerra Civil y en trámite las conversaciones de la Embajada de México, para entregarle al Gobierno a Otilio Ulate, que se lo dejó don José Figueres, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, ya se había ido para Nicaragua, para evitar represalias y eventual apresamiento. El Lic. Teodoro Picado, presidente pidió permiso de salida del país, hacia Nicaragua, dejando la presidencia en el Primer Designado, Ing. Santos León Herrera, quien entregó el poder, al terminar el período presidencial, el 8 de mayo de 1948, no a Ulate, sino a José Figueres Ferrer. ¿El 8 de mayo del 2026, quien entregará el Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles o su vicepresidenta Mary Munive Angermüller?

Compartido con SURCOS por el autor.

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.

La fundación de la República no fue un acto simbólico. Fue un acto de afirmación nacional – estudiante Adriana Shaleth Sánchez Moya

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La fundación de la República de Costa Rica no fue un acto simbólico. Fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional, de reconocimiento como nación, libre, soberana y responsable de su destino.

(Discurso pronunciado por la estudiante Adriana Shaleth Sánchez Moya, del Liceo Dr. José María Castro Madriz, en el acto cívico oficial, organizado por la Dirección Regional de Educación de San José Central, en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Fundación de la República de Costa Rica, celebrado el domingo 31 de agosto del 2025, frente al busto del Dr. José María Castro Madriz, ilustre fundador de nuestra República, ubicado en la Avenida Central, calle 4, ciudad de San José.)

Es un honor dirigirme a esta distinguida audiencia, conformada por representantes del Estado costarricense, por miembros de nuestra comunidad educativa y por ciudadanos que, con su presencia, reafirman el valor de la memoria histórica y el compromiso con nuestra nación.

Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la historia de Costa Rica: el 177 aniversario de la Fundación de la República. Un 31 de agosto de 1848, el entonces Jefe de Estado, José María Castro Madriz, emitió el Decreto 134, mediante el cual se oficializó el cambio de nombre de “Estado de Costa Rica” a “República de Costa Rica”, marcando así un momento decisivo en nuestro camino hacia la plena soberanía y consolidación institucional.

Este acto no fue meramente simbólico ni un simple ajuste jurídico. Representó la culminación de un proceso que había iniciado décadas atrás cuando Costa Rica, como parte de las Provincias Unidas del Centro de América, comenzó su tránsito como Estado libre tras la Independencia de España en 1821. La disolución progresiva de la Federación Centroamericana entre 1838 y 1841 permitió que Costa Rica asumiera de facto su autonomía, pero fue en 1848 cuando esta independencia se consolidó jurídica y políticamente con la proclamación de la República.

La decisión de constituirse como República fue un acto de afirmación nacional, de visión política y de madurez institucional. Fue entonces que Costa Rica se reconoció como nación, libre, soberana y responsable de su destino.

Este hito fue liderado por uno de los estadistas más notables de nuestra historia, José María Castro Madriz. Su figura merece un reconocimiento especial no solo por haber fundado la República, sino por su incansable labor a favor de la educación, la libertad de prensa y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Bajo su liderazgo se sentaron las bases del sistema educativo costarricense moderno, se promovió la participación ciudadana y se consolidaron las instituciones democráticas que hoy nos definen.

Castro Madriz comprendió que la educación era la herramienta más poderosa para construir un República sólida. Por eso impulsó la creación de escuelas, el acceso a la educación para todos y la formación de ciudadanos críticos, informado y comprometidos.

Su legado sigue vivo hoy en cada aula, en cada maestro, en cada joven que estudia con la esperanza de forjar un mejor país.

La proclamación de la República no fue el final de una lucha, sino el inicio de un proyecto nacional que continúa hasta nuestros días. Ser una República implica mucho más que una forma de gobierno. Significa asumir un compromiso permanente con los valores de la libertad, la justicia, la equidad y la participación ciudadana.

Y es precisamente aquí, donde radica el verdadero valor de esta conmemoración. No celebramos solo un hecho del pasado. Celebramos una decisión valiente que nos permitió construir una identidad propia, una institucionalidad sólida y una democracia que, aunque perfectible, es ejemplo en la región.

La defensa de esa República, fundada hade 177 años nos convoca hoy. Nos recuerda que la democracia no se sostiene sola; necesita ciudadanos comprometidos, instituciones firmes y servidores públicos éticos. Nos exige recordar que las conquistas de la historia deben ser protegidas con educación, participación y respeto mutuo.

Por eso, en este día especial, renovemos nuestro compromiso con Costa Rica. Sigamos honrando la visión de aquellos líderes que nos dieron patria, y trabajemos cada día por una nación más libre, más justa y solidaria.

Que el aniversario de la República no sea solo una efeméride, sino una oportunidad para reafirmar los valores que nos definen como costarricenses.

Y en ese mismo espíritu de compromiso nacional, reconozcamos también que la República se construye desde la diversidad que nos conforma. Por ello, al conmemorar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, establecido por la Ley No. 8938, y reforzado por la Ley No. 9526, destacamos el valor de todas las culturas que han contribuido a la historia costarricense.

Esta efeméride, también celebrada cada 31 de agosto, honra los aportes históricos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes en nuestro país, y nos recuerda que la República que conmemoramos hoy debe ser inclusiva, respetuosa y consciente de su riqueza multicultural.

Que el aniversario de la fundación de la República nos inspire a seguir construyendo una Costa Rica donde todas las voces sean escuchadas y todos los ciudadanos tengan un lugar digno en la historia que compartimos.

Hacer política en un mundo en crisis

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.

Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.

Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.

Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.

Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.

Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.